DERECHOS HUMANOS
DERECHOS HUMANOS
Crueldad penal en la vejez
Sevicia de Estado
La abogada cuestiona las condiciones en que cumplen sus penas las personas de edad avanzada, especialmente aquellas que presentan enfermedades graves o dependencia física. A partir de normas nacionales y estándares internacionales de derechos humanos, sostiene que la ejecución de una condena no puede traducirse en tratos crueles, inhumanos o degradantes, y advierte sobre la eventual responsabilidad del Estado por la falta de atención y protección de estos internos.
08 de noviembre de 2026·5 min de lectura
ChatGPT/Elke
La palabra es antigua y no admite atenuantes: sevicia, crueldad excesiva, trato cruel. Gayo cuenta en sus Instituciones que el emperador Antonino Pío, consultado por gobernadores de provincia sobre esclavos que buscaban refugio junto a las estatuas imperiales, ordenó que los amos cuya sevicia resultara intolerable fueran obligados a venderlos, y cerró la regla con una frase que merecería estar grabada en la puerta de cada cárcel: male enim nostro iure uti non debemus, no debemos usar mal de nuestro derecho. El amo era dueño del esclavo. Lo que no tenía era derecho a la sevicia. Dieciocho siglos más tarde, un Estado que no es dueño de nadie mantiene presos a hombres de ochenta y noventa años en condiciones que aquel emperador pagano habría castigado.
Chile acaba de descubrir que una pena puede cambiar después de dictada. Lo descubrió con las cincuenta y seis rebajas de condena concedidas, en su mayoría, a abusadores de menores, y la reacción fue inmediata: el Presidente de la República reconoció el error y el Congreso recibió en días el proyecto que cierra la puerta. Todos entendieron que lo que pasa con una pena mientras se cumple importa. Esa convicción tiene un reverso, y en el reverso hay ancianos.
La proporcionalidad de una pena se mide una sola vez, como si toda pena fuera una multa que se agota con el pago. El presidio no se agota con nada. Comienza con el fallo y el Estado lo vuelve a ejecutar cada mañana, decidiendo a diario el lugar, el régimen y el médico, y cada una de esas mañanas es un acto de poder público sujeto a la Constitución igual que la sentencia. Una sanción de treinta años exige un juicio de proporcionalidad de treinta años, y en Chile se hace una vez y se archiva.
El condenado tenía sesenta años cuando el tribunal fijó la pena, y la fijó bien. Hoy tiene noventa, no camina y no reconoce a quien lo visita. La resolución no cambió una línea. Cambió el cuerpo sobre el cual se ejecuta. El artículo 80 del Código Penal prohíbe ejecutar pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ley prescribió presidio. No prescribió la dependencia total sin cuidador, ni la peritonitis tratada como dolor de estómago, ni el anciano cuyo pañal cambia otro preso porque no hay quien lo haga. Esas circunstancias y esos accidentes no figuran en ningún fallo, y el exceso que agregan tiene, desde Gayo, un solo nombre.
El Código Penal chileno lo conoce con otro, igual de preciso. El artículo 150 D castiga al empleado público que, abusando de su cargo, aplique, ordene o consienta apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y con la misma pena al que, conociéndolos y pudiendo impedirlos, no los haga cesar. La pena sube un grado si la víctima está en situación de vulnerabilidad por discapacidad, enfermedad o vejez. Y el propio artículo traza la frontera: no son apremios las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, o inherentes o incidentales a ellas. Todo lo que la condena no contiene y el encierro añade cae del otro lado de la línea.
La Convención Americana lo dice en su artículo 5.2 y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo aplicó en 2004 en Farbtuhs contra Letonia: un condenado de 84 años, parapléjico, sentenciado por las deportaciones a Siberia de 1940 y 1941, calificadas como crímenes contra la humanidad y genocidio, y preso durante un año, nueve meses y trece días. Estrasburgo no tocó la condena ni rebajó el reproche; declaró que mantener a ese hombre en prisión era un trato degradante y condenó al Estado letón a indemnizarlo.
La Corte Interamericana, en la Opinión Consultiva OC-29/22, pidió a los Estados evaluar medidas sustitutivas de la prisión para las personas mayores. La Corte Suprema, al cumplir la sentencia Vega González contra Chile, dejó escrito el 31 de diciembre de 2025 que la calificación de lesa humanidad no cierra el acceso a formas alternativas de cumplimiento, y ese mismo año concedió reclusión domiciliaria a varios condenados ancianos. Lo que falla está más abajo: jueces que rechazan el cumplimiento domiciliario de hombres de noventa años teniendo a la vista la misma Convención que la Corte Suprema invocó para concederlo, y un Ministerio de Justicia que mantiene sin respuesta, mes tras mes, solicitudes de indulto de hombres que podrían no vivir para leerla.
La sevicia, a diferencia de la pena, no respeta el artículo 5.3 de la Convención, según el cual el castigo no puede trascender de la persona del delincuente; trasciende siempre. La sufre la esposa de ochenta años que viaja dos horas para una visita de dos horas, los hijos que se enteran de la hospitalización cuando ya pasó, los nietos que conocen al abuelo a través de una reja. A ninguno de ellos lo condenó nadie.
Mientras eso continúe habrá falta de servicio, y se paga. El artículo 38 de la Constitución y los artículos 4 y 42 de la Ley N° 18.575 no exigen que la víctima despierte simpatía: quien resulte lesionado en sus derechos por la Administración puede reclamar y el Fisco responde. Lo que hoy se acumula en las cárceles del país es la prueba de los juicios que vienen: solicitudes sin resolver, informes médicos desoídos, resoluciones favorables posteriores al certificado de defunción. Toda esa prueba la produce el propio Estado, y toda lleva fecha.
Es tiempo de reclamarlo ahora, mientras queda a quién devolverle la dignidad, y no sólo después, cuando lo único pendiente sea el monto. Antonino Pío no abolió la esclavitud; se limitó a recordar que ningún poder, ni siquiera el del amo, autoriza la crueldad, y quitó el esclavo a quien no lo entendió. El Estado de Chile tiene sobre sus presos un poder mucho menor y lo ejerce con menos escrúpulo que aquel emperador. A lo que hace con los ancianos encarcelados lo llama cumplimiento efectivo. Gayo lo llamó sevicia, y desde entonces ningún derecho la ampara.
Carla Fernández Montero
Abogada
🇨🇱 ESTADO DE CHILE COMETE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN CÁRCELES La abogado Carla Fernández M. denuncia al Estado de cometer,a diario, delitos de Sevicia de Estado, o sea Crímenes de Lesa Humanidad. Su carta👇🏼 diarioconstitucional.cl/cartas-al-dire… El delito de SEVICIA👇🏼 chatgpt.com/share/6af0ee86…