Instituto Nacional de Derechos Humanos

Las señales de apertura que está dando el INDH son una buena noticia, y para que pueda cumplir su función es indispensable que sea respetado y valorado por todos los ciudadanos…

No ha sido fácil para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) intentar convertirse en factor de unidad para todos los que buscan construir un país respetuoso de la dignidad de la persona, dejando atrás una cierta lógica de trincheras en el combate ideológico o político contingente, especialmente en cuanto a las consecuencias de las violaciones de derechos humanos cometidas en el período comprendido entre 1973 y 1990. El INDH debe ser patrimonio y baluarte de todos los chilenos, aunque en su interior -igual que en el país- existan diferencias no menores sobre la forma de entender la persona, la sociedad y el rol del Estado. La inmensa mayoría de los temas que competen al INDH pertenecen al vasto campo en el que estas diferencias, si es que existen, deberían ser superadas con miras a la protección de aquello que en forma directa e incontrovertible afecta la dignidad de la persona en sus dimensiones más elementales.

La legitimación de las funciones del INDH ante toda la ciudadanía y más allá de las inevitables diferencias políticas pasa tanto por identificar y potenciar los puntos de consenso como por poner en la agenda del consejo del Instituto -y, por esta vía, en la agenda pública- todos los temas que afectan a los diversos sectores de la sociedad, sin restringirse a las legítimas preocupaciones de algunos de ellos. Así, por ejemplo, en su momento resultó complejo asumir que el Instituto, preocupado de otros temas de su competencia, no le diera toda la prioridad que ameritaba la gravísima situación que venía afectando desde hacía tanto tiempo a los distintos centros del Sename, en especial a aquellos que dependen del Estado.

Las actas del consejo correspondientes a los primeros meses de este año, a las que tuvo acceso “El Mercurio”, dan cuenta de una clara y positiva preocupación por recuperar terreno en estos aspectos. Por un lado, se advierte un interés serio en la situación de las víctimas de la violencia en La Araucanía, que comprende a todos los habitantes de la zona, con independencia de si se consideran o no pertenecientes a un pueblo originario; el Instituto no puede abanderizarse con el sufrimiento de un solo sector. Por otro lado, y desafiando precisamente la lógica de trincheras, se ha abierto el debate en torno a la situación de los presos que padecen enfermedades terminales y neurodegenerativas. El tema es complejo, pues cuando se trata de promover y adoptar medidas que se fundan en la protección de la dignidad de los condenados, ellas deben hacerse extensivas a todos los que se encuentren en una situación similar, más allá de los delitos por los que hayan sido condenados.

Las señales de apertura que está dando el INDH son una buena noticia. El país necesita una institución como esta, y para que pueda cumplir su función es indispensable que sea respetada y valorada por todos los ciudadanos como salvaguarda y enclave de humanidad. En caso contrario, si terminara entregada a la retórica que los divide entre amigos y enemigos, buenos y malos, no será sino un instrumento más para la perpetuación del odio político.

Publicado en editorial de El Mercurio