Traspié de la Justicia de Izquierda

La tarea principal y conjunta de la izquierda, la DC “vuelta de chaqueta” y la derecha piñerista “arrepentida” después de 1990, ha sido demonizar a Pinochet. Una de las primeras estrategias que adoptaron fue buscar acusarlo de corrupción, ya que en lo político no podían ocultar que salvó al país de la guerra civil, lo devolvió a la democracia, lo sacó de la retaguardia subdesarrollada y lo puso a la cabeza del crecimiento latinoamericano.

Pero en medio del denigratorio “juicio por los diarios” se toparon con que Impuestos Internos examinó todos los ingresos y gastos del ex Presidente, de 1973 a 1990 y sólo encontró, en casi 17 años, una diferencia de apenas 544 mil dólares (“La Tercera”, 08.10.05), que poco después se demostró ridícula, porque desde los Presidentes y ministros para abajo los gobernantes de la Concertación se llevaban gastos reservados “para la casa” en sobres con billetes y sustraían CADA DOS MESES lo mismo que el Director socialista del SII le imputaba a Pinochet haber percibido extra en casi 17 años.

Con el acuerdo de Longueira y su gente los receptores concertacionistas de sobres con billetes no sólo fueron perdonados (“hecha la trampa, hecha la ley”), sino que premiados, pues el monto que antes sustraían clandestinamente fue incorporado a sus sueldos. En ese tiempo don Patricio Aylwin, bajo cuyo gobierno comenzó esa práctica, le confesó a “El Mercurio”, con su candor característico: “Fue una corruptela”.

El famoso caso del Banco Riggs, usado para enlodar a Pinochet, se generó en 1996, cuando el dueño de ese banco vino a Chile, le manifestó su admiración política al general y lo convenció de que, si depositaba sus ahorros en ese banco obtendría una alta rentabilidad. Como la Concertación buscaba por todos los medios, en alianza con la justicia de izquierda, perseguir a Pinochet hasta desprestigiarlo y arruinarlo, éste hizo lo que el instinto aconseja en casos como ése y “ocultó la billetera” en el Riggs y otros bancos del exterior.

Cuando el Consejo de Defensa del Estado, controlado por la izquierda, descubrió una cuenta de Pinochet en el Banco Espíritu Santo de Miami, demandó a la institución en Estados Unidos acusándola de prestarse para un “lavado de dinero”, “fraude fiscal” y “malversación de fondos públicos”, con enorme publicidad y la complicidad de la prensa dominante local. El banco mandó a un abogado a Chile, con quien me reuní y al cual probé que Pinochet había sido un gobernante honesto y, finalmente, el Banco Espíritu Santo ganó el juicio al Consejo de Defensa del Estado y la justicia norteamericana declaró que los fondos depositados en Miami eran bienhabidos. Por supuesto, esta noticia no se dio en Chile, donde quedó flotando sólo el escándalo de los anuncios iniciales de las odiosas abogadas de izquierda que había interpuesto la demanda y seguido otro “juicio por los diarios” contra el ex Presidente.

La persecución inicialmente quedó en manos del más izquierdista de todos los jueces, Carlos Cerda, que partió por sí y ante sí ordenando la detención de toda la familia del ex Presidente. Su tinglado se vino abajo completo y la familia resultó sobreseída, pero entonces Cerda y sus sucesores en la causa descubrieron que los ayudantes personales del ex Comandante en Jefe habían abierto, desde hacía muchos años, cuentas para gastos en el exterior que necesitaran hacer, en el Banco Riggs. Y así, el “caso Riggs” pasó a ser el de las cuentas de los oficiales ayudantes y pudieron seguir voceando que había “lavado de dinero”, “malversación de caudales públicos” y “fraude al fisco” para formar “la fortuna de Pinochet”.

Tras su paroxismo inicial de ordenar la detención de toda la familia, Cerda alcanzó su epifanía cuando fue a interrogar a su casa al ya anciano y decaído ex Presidente y comenzó con la siguiente pregunta de antología: “A ver, cuénteme sus diabluritas”.

Eso escandalizó hasta a los más críticos de Pinochet, como lo expresó el historiador Gonzalo Vial en su columna de “La Segunda”.

Hace pocos días la Corte de Apelaciones de Santiago ha terminado de absolver a los ocho oficiales que fueron ayudantes o secretarios personales del Comandante en Jefe del Ejército entre 1981 y 1997, a seis de los cuales el último ministro sumariante de izquierda a cargo de la persecución, Manuel Valderrama, había condenado a cuatro años de presidio por supuesta malversación para enriquecer al Comandante en Jefe.

Con esto se viene abajo el tinglado armado por Cerda, premiado hace no mucho por la “Alianza del No”, que va desde el comunismo hasta el piñerismo, con el ascenso a la Corte Suprema. Cerda, merced a su tesis de que si él no estaba de acuerdo con las leyes, peor para las leyes, estuvo al borde de ser marginado del Poder Judicial en los ’80, pero como era de izquierda se salvó y con el tiempo cayeron en sus manos las querellas comunistas y socialistas contra el ex Presidente, acusándolo de enriquecerse con el uso de gastos reservados del gobierno.

Como era un proceso político, el ministro sumariante y sus sucesores se aferraron a esa última tabla que flotaba, las cuentas en el Riggs de cada uno de los ocho oficiales secretarios privados o ayudantes personales del Comandante en Jefe desde 1981 hasta 1997 y que utilizaban tal cuenta para las compras en el exterior. El movimiento en ellas era, en general, de poca monta. Cuando cada uno terminaba su gestión, cerraba la cuenta y se abría otra a nombre del sucesor, a la cual se trasladaban los fondos de la primera. Para mala suerte de los ministros sumariantes de izquierda, hubo dos oficiales que conservaban hasta hoy la documentación del movimiento de la cuenta, Guillermo Garín y Gustavo Collao, y el respectivo sumariante se vio obligado a sobreseerlos, porque todos sus comprobantes estaban en orden y no había constancia de uso indebido de fondos públicos. De los seis restantes, hubo uno que fue procesado y condenado por haberse limitado a depositar, una vez y por orden del Comandante en Jefe, un cheque de 23 mil dólares en la cuenta y simplemente no recordaba, después de más de veinte años, ni el motivo ni el origen del depósito, “delito de olvido” que no está en el código, no obstante lo cual fue condenado a cuatro años de presidio.

Ahora la Corte de Apelaciones lo ha absuelto también a él y los otros cinco oficiales condenados, por haber prescrito el supuesto delito. Y como era la única causa en que se basaba el “caso Riggs”, el embargo o comiso de los bienes de la sucesión del ex Presidente ha debido alzarse.

Este proceso era el altavoz de los del “No” para denostar al ex Presidente y exponer propagandísticamente, en el acostumbrado “juicio por los diarios”, la llamada  “fortuna de Pinochet”. Cuando el sumariante fue Sergio Muñoz, hoy en la Corte Suprema, propagó la cifra de 27 millones de dólares, sólo había embargado dos millones, teniendo facultades para incautar el total. Lo malo era que no existía.

El último sumariante, Manuel Valderrama, pidió –de manera igualmente innecesaria– otro informe, ahora a la Universidad de Chile, y rebajó la “fortuna” a 21 millones de dólares. Pero la sucesión del ex Presidente había encargado a un perito la misma tasación y determinado un patrimonio de siete millones de dólares. Sin embargo, de hecho, el tribunal del “caso Riggs”, con atribuciones para incautar cualquier bien del ex Presidente en Chile o el mundo, sólo incautó seis millones de dólares, que es el monto ahora liberado.

Debe advertirse que el general Pinochet había hecho una declaración jurada de bienes en 1973, al asumir el poder, que en plata de hoy equivaldría a unos dos millones de dólares. Su fortuna real en 2005 se explica fácilmente con sus ahorros como gobernante y la posibilidad de invertir sus fondos previsionales en acciones del capitalismo popular, como lo hicimos seguramente todos los que teníamos derecho a indemnización por años de servicio, la cual se permitió emplear para comprar acciones de Endesa, Compañía de Teléfonos y otras empresas privatizadas que, con el tiempo y gracias a la privatización, multiplicaron su valor.

También hay que reiterar que su cuenta personal en el Banco Riggs la abrió Pinochet a invitación del dueño de ese banco en 1996, cuando éste visitó Chile y le manifestó su admiración política al general. Esto consta del informe del Senado norteamericano que dio cuenta de la investigación sobre las inversiones del mandatario chileno, informe en el cual, aun adjudicándole la propiedad de 125 cuentas de personas que estimó “de su entorno”, se llegó a una cifra total de siete millones de dólares.

Ayer en la mañana fui entrevistado por CNN sobre la sentencia recaída en el “caso Riggs” y dije las cosas escritas más arriba. Salí “en vivo y en directo” a las nueve de la mañana, pero en el resto del día sólo han repetido las declaraciones del abogado comunista Hugo Gutiérrez y de la abogada socialista Carmen Hertz criticando el fallo de Apelaciones. De mí “nunca más se supo”, porque no es políticamente correcto defender la memoria del principal estadista chileno del siglo XX, cuya denigración es la tarea común que tienen la izquierda, el centro y la centroderecha piñerista.

Hermógenes Pérez de Arce