A RAÍZ DEL TRATO INDIGNO Y VEJATORIO RECIBIDO POR UN GENERAL EN RETIRO DEL EJÉRCITO DE CHILE

A raíz de los hechos vejatorios y el trato indigno que ha recibido el General (R) Héctor Orozco Sepúlveda, ingresado al Penal de Punta Peuco en la jornada del día lunes 21 de agosto, la Bancada de la Unión Demócrata Independiente declara lo siguiente:

1. El General (R) Héctor Orozco S. fue ingresado el día lunes 21 de agosto tras ser condenado al recinto penal de Punta Peuco.

2. Respetuosos de la Constitución Política vigente, entendemos el principio por el cual los miembros del parlamento no debemos pronunciarnos sobre los fallos que en derecho dicte el Poder Judicial en causas civiles y criminales. Sin embargo, tenemos la más absoluta convicción que en este caso estamos en presencia de actuaciones que, en los hechos, desafían los más elementales estándares de dignidad humana independiente del fallo en el que consta la condena.

3. Los medios de comunicación informaron que el General (R) Orozco fue detenido por efectivos de la PDI mientras se encontraba en su casa, desde donde fue trasladado hasta Punta Peuco “vistiendo pijama y bata de levantarse puesto que no lo dejaron que fuese vestido en su domicilio”. Asimismo, detallaron que Orozco, quien posee un avanzado estado de demencia senil, llegó al penal en pésimas condiciones. Esta forma proceder ha sobrepasado cualquier límite de sentido común, de justicia y de humanidad. No es admisible que en el marco del cumplimiento de una resolución judicial –que esta declaración no busca cuestionar- un chileno se vea enfrentado a situaciones vejatorias que no se condicen ni con las normas constitucionales vigentes –que obligan a toda a persona, institución o grupo a garantizar el derecho constitucional a la integridad física y psíquica de las personas- ni con los tratados internaciones sobre derechos humanos ratificados por nuestro país.

4. Convencidos que el trato que se le ha dado a un chileno –que no por perder su libertad está condenado a perder la dignidad– es vejatorio, y sumado a otros similares en contextos análogos, es que creemos que acá no se busca la justicia sino derechamente una venganza que se aleja profundamente de los anhelos de reconciliación que como país debemos pretender. En ese sentido, hacemos un llamado urgente al Gobierno para que repudie cualquier actuación de un organismo del Estado que, en el contexto de la autoridad que confiere la constitución y las leyes, otorgue tratos inhumanos, degradantes y fuera de los mínimos márgenes de dignidad.

5. De la misma manera, emplazamos al Gobierno a promulgar cuanto antes la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, adoptada el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el cual ya fue aprobado por este Congreso Nacional, y que en su artículo 13 dice:

“Los Estados parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente convención

Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto de privación de libertad, de acuerdo a sus ordenamientos jurídicos internos”.

6. Dicho acuerdo internacional, en lo que se refiere al Congreso, fue aprobado por la unanimidad en el Senado, con amplísima mayoría en la Cámara y fue despachado para su promulgación el 17 de marzo. Exhortamos a la Presidencia a dar cumplimiento pronto a la promulgación de dicho acuerdo para proceder a su posterior ratificación con el fin que sea parte de nuestro ordenamiento jurídico.

7. La Bancada de Diputados de la Unión Demócrata Independiente no puede ni quiere pensar, que la dilación en la promulgación como ley de la República de éste Tratado Internacional se debe a una maniobra dilatoria inexcusable, que de ser cierta constituiría una infracción grave a las obligaciones emanadas de la propia Constitución Política de la República, para establecer derechos y deberes a nuestros adultos mayores cualquiera sea su condición, incluidos los chilenos que se encuentran en una situación delicada de salud en cualquier recinto penitenciario del país como lo es también Punta de Peuco.

8. Nuestro país necesita transitar por caminos de justicia y de encuentro, y no de venganza y división. Lo ocurrido con el General (R) Orozco y con tantos otros presos de la tercera y cuarta edad que viven situaciones degradantes en sus condenas –como el caso del padre de la Diputada de nuestro partido Marisol Turres quien ha sido condenado y que sufre del mal de Alzheimer por lo que también venimos en solidaridad con ella-, independiente de las causas y en qué recinto penal se encuentren, deben ser alicientes para que el Gobierno y todos los poderes del Estado, reafirmen su convicción que en Chile no debe haber tratos inhumanos y degradantes bajo ninguna circunstancia.

Felipe Ward E.                                                                                              Ignacio Urrutia B.

Jefe de Bancada                                                                                          Subjefe de Bancada

Unión Demócrata Independiente