Lorena Fries: La Subsecretaria del odio

La amiga de Bachelet ha sido cuestionada por su desempeño cuando estuvo en el INDH y ahora se le sindica de estar detrás de levantar el secreto de los antecedentes de la Comisión Valech I.

¡Los plazos no se respetan y sigamos mejor con medidas populistas! Ésa pareciera ser la consigna de este segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y que se quiere aplicar con celeridad, sobre todo porque se vienen las elecciones de noviembre y, de alguna manera, utilizando cualquier resquicio, la Nueva Mayoría necesita sacar más votos y ganarle a la centro derecha, en las presidenciales y parlamentarias. El último anuncio de la Mandataria en relación al tema de los derechos humanos y su idea de la discusión inmediata del proyecto de ley que busca levantar los antecedentes recabados en la llamada Comisión Valech I, es un reflejo de esa consigna.

El problema es la pretensión y los intereses de la administración de Bachelet y de los partidos que, cuando les conviene, se cuadran detrás de ella y, otro asunto muy distinto, es cuando se intentan pasar por alto los compromisos. En 2003, se formó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el gobierno de Ricardo Lagos y se estableció el secreto de la información obtenida por un espacio de 50 años, es decir, hasta 2053.

Sin embargo, como el actual gobierno está apurado moviendo proyectos a última hora, quiere, ahora, que se levante la reserva del secreto 14 años antes de la fecha pactada y permitir que la información que está en poder del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pueda ser entregada a los tribunales y, entonces, los jueces llamarían a la víctima para que declare o, bien, decida no hacerlo, evitando que sus antecedentes sean parte de una causa. De alguna manera, se estaría re-victimizando a quienes entregaron hace años su testimonio.

Muy orgullosa de esta propuesta se mostró esta semana la Presidenta, Bachelet al afirmar: “El conocimiento de la verdad es anterior a cualquier otro proceso para el reencuentro en una patria aún fracturada. Esta semana, dotaremos de discusión inmediata el proyecto que levanta el secreto sobre antecedentes aportados a la Comisión Valech I. Esa información se pueda entregar a los tribunales, de manera de avanzar en los procesos”.

Sin embargo, las críticas a la propuesta de la mandataria no se hicieron esperar, y el ex Presidente Ricardo Lagos manifestó que se trata de una materia compleja y que tiene que ser analizada de manera cuidadosa, no con urgencia. Al respecto, sostuvo: “Hay que entender que en 2003 fue la primera vez en la historia en donde en post dictadura se atrevieron a ver el drama de la prisión política y dictadura (…) Es muy fuerte tomar la decisión de hacer y escuchar lo que ocurrió, precisamente donde las víctimas hablan. Y para muchos de ellos era volver a algo muy duro y doloroso”, agregando que “ha pasado de eso muchos años, y ahora, si se entiende que no se afectan el dolor y el honor de los que declararon, me parece bien que el Parlamento lo apruebe (…) Me parece, entonces, que es un anuncio que debe ser analizado en su mérito, pero estoy conforme con la idea de que durante 14 años se ha respetado la voluntad de las personas”.

Lagos, en todo caso, apuntó al tema central, al terminar su declaración indicando. “Hay muchas personas que no habrían declarado si hubiesen sabido que tendrían que exponer públicamente las humillaciones de las que fueron objeto”.

Fries: la menos competente en DD.HH.

En este nuevo y polémico capítulo que protagoniza el gobierno, una de las personas que estaría detrás de la iniciativa de adelantar el plazo para que se levanten los antecedentes de la Comisión Valech I, sería nada menos que la Subsecretaria de Derechos Humanos (desde el 11 de septiembre de 2016), Lorena Fries, otra de las amigas íntimas de Bachelet y quien antes fue directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INHD) y cuyo paso por esa entidad estuvo marcado por críticas.

Fries, después del anuncio de la Mandataria relacionado con la Comisión Valech I, señaló a los medios de comunicación que con esta medida, según ella, no se busca exponer a las víctimas, sino que se pretende dar acceso a la información a los tribunales de justicia. “Lo que estamos haciendo es nada más entregarles la posibilidad a los tribunales de justicia que cuenten con información que no sabemos si les va a ser útil, pero el intento hay que hacerlo”, dijo la funcionaria pública, agregando, después, en el Congreso –en el marco de la discusión del proyecto que se quiere tramitar rápido- que “sabemos que hay más verdad por ahí”.

Además, en T13 Radio Fries aseguró que “no es que salgan a la luz pública (los antecedentes) para que sean conocidos por cualquier persona, quedan en la misma condición que Rettig y Valech II, cuando los tribunales de justicia necesitan información, pueden recurrir a Valech I”, añadiendo que “el proyecto es cauto, porque lo que hace es combinar dos cuestiones que se nos venían diciendo desde el ámbito internacional: que puedes establecer secreto sobre estos antecedentes, pero que el secreto no puede obstaculizar el trabajo de investigación de los tribunales de justicia…”.

Cabe preguntarse algo concreto: ¿por qué a Lorena Fries le interesa tanto que el gobierno saque adelante esta polémica iniciativa? Una de las respuestas es que al Gobierno le conviene mantener el tema de los DD.HH. en primera plana, pues es una materia que permite unir a la izquierda y sacarla de su apatía electoral e impulsarla a votar en las próximas presidenciales. Lo anterior, además, tendría la ventaja de continuar y aumentar los juicios por DD.HH. en contra de ex militares, manteniendo así la histórica división del país en esta materia, y que tantos réditos ha dado al Gobierno.

En definitiva, la iniciativa perseguría mantener vivo el “odio” entre los chilenos en materia de DD.HH. objetivo en el cual Lorena Fries estaría cumpliendo un rol fundamental.

Otra explicación la entrega, a este diario electrónico, una fuente del oficialismo que asegura que “Ella (Lorena Fries) lo único que pretende es sacar réditos políticos con esto, anotarse un punto a su favor con la Presidenta, a ver si así consigue, cuando termine este gobierno, un buen trabajo en Estados Unidos, en ONU Mujer, por ejemplo, donde su amiga del alma de seguro le dará una manito”. La misma fuente precisa que “Fries en términos profesionales ha sido cuestionada, no es eficiente, todo lo contrario, está donde está gracias a Bachelet”.

Cabe recordar que la amiga de la Presidenta siempre ha estado en el blanco de los cuestionamientos por el trabajo que ha realizado en el ámbito de los derechos humanos, o mejor dicho, de lo que no ha hecho y de su tendencia a preocuparse del color político de una persona, no de lo social o de lo humano propiamente tal.

Durante seis años Lorena Fries dirigió el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con un desempeño puesto en tela de juicio por diversos sectores, incluso del oficialismo, y catalogado de parcial, al manifestar una férrea defensa sólo contra las víctimas de algunas transgresiones a los derechos humanos y, por otra parte, intentar demonizar la acción de Carabineros, en el marco, por ejemplo, de las movilizaciones callejeras el 21 de mayo de este año.

Una fuente de la Nueva Mayoría advierte a este diario electrónico: “Ya no sabemos qué está pasando en la cabeza de la Presidenta Bachelet, porque la designación de Lorena Fries como Subsecretaria de DD.HH. también fue un error y aunque hubo cuestionamientos, a la Presidenta le dio lo mismo. Lo complejo del tema es que en derechos humanos no se ha avanzado, seguimos entrampados en varias aristas y con Lorena Fries no tenemos ninguna certeza de que no opere dependiendo de los colores políticos. Aquí lo que vemos es un cuoteo asqueroso, de instalar a funcionarios por cercanía y amistad, pero que (en el caso de Fries) no ha dado pruebas de que su lucha real sea a favor de las víctimas de la violencia y no a favor de ella misma y de su entorno”.

¡Los falsos exonerados!

El 23 de marzo de 2016, EL MURO publicó un artículo en que se denunció la indolencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos –dirigido, entonces, por Lorena Fries, desde julio de 2010-, respecto de los falsos exonerados políticos. Son tres mil personas que reciben una pensión mensual, de manera fraudulenta y este costo reporta al Estado, el desembolso de $900 millones mensuales. Y, en medio de ese escándalo, 54 parlamentarios fueron sobreseídos en 2016 por la Corte Suprema, los que fueron acusados de emitir, entre 1996 y 2007, certificados que permitieron que falsos exonerados políticos accedieran a la pensión de por vida.

¿Y qué hizo cuando fue directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Nada. ¿Y qué ha hecho, frente a este mismo tema, en su calidad de Subsecretaria de DD.HH? Nada.

Hay que recordar que la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados Políticos remitió varias solicitudes, precisamente, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuando estaba a cargo de esa entidad, Lorena Fries. Esta institución que, pese a estar delineada para promover el respeto de los derechos humanos, en el caso de las demandas de los exonerados políticos, ha mantenido silencio, un doloroso silencio como lo califican las propias víctimas, mientras no respondió a las solicitudes que, por escrito, les hicieron llegar los afectados.

Daisy Castillo Triviños/EL MURO