Los tribunales locales supieron sopesar el mérito de los actos de violencia y mantenerse firmes frente a toda influencia.

Luego de que el Gobierno cediera a las presiones y modificara su querella en contra de los supuestos autores de la quema de un templo evangélico en La Araucanía en junio de 2016, la Justicia en la región ha demostrado que la línea procesal que venía siguiendo no dependía de una u otra circunstancia, sino de fundamentos sólidos.

Como se recordará, al cabo de la cita que reunió el viernes pasado a la Presidenta Bachelet con los familiares de los imputados en este caso -que entonces se encontraban en una huelga de hambre que iniciaron el 7 de junio-, el ministro del Interior se apresuró a comunicar el retiro de la calificación terrorista del delito para permitir la revisión de las cautelares. Al rato, sin embargo, el Tribunal de Garantía de Temuco resolvía mantener la prisión preventiva de los imputados, lo que fue ratificado días después por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, en rechazo del recurso de apelación presentado por el Gobierno.

A diferencia de lo que sucede en Santiago, donde las posturas respecto de los actos de violencia en La Araucanía pueden reflejar conveniencias políticas más que una observación desprejuiciada de los hechos, especialmente en un año electoral, los tribunales locales supieron sopesar el mérito de estos y mantenerse firmes frente a toda influencia. Esto, que ejemplifica la independencia del Poder Judicial, merece además reconocimiento, porque da fe de un obrar acucioso que se apega a derecho y da garantías de un justo proceso.

A la postre, y al revés de la intención original, el contraste producido entre la firmeza de los tribunales y la actuación acomodaticia del Gobierno acabó por devolverle a este el problema. Así, por ejemplo, el fiscal general señaló que la intervención del Ejecutivo no variaba su convicción de perseguir el delito bajo la Ley Antiterrorista. La influencia que tuvo el PC en el giro del Gobierno, por otra parte, también dio que hablar, produciendo críticas cruzadas entre los partidos de la coalición y también de parte de los candidatos presidenciales. Pero más decisivo y vistoso fue el proceder del subsecretario Aleuy, quien en protesta por el repentino vuelco en la línea que venía siguiendo el Ejecutivo, y de la que él era su cara visible, no tuvo empacho en responder con la misma moneda, tomándose unos días de descanso sin aviso ni explicaciones.

En un tema tan sensible como la violencia, más aún si tiene carácter terrorista, lo que se espera de las autoridades, según ha quedado demostrado, es una línea de acción clara y firme, un actuar que en este caso la Justicia ha sabido encarnar. Esta actitud se confirma con el rechazo que el día jueves hiciera la segunda sala del mismo tribunal de alzada de Temuco del recurso de amparo presentado por los ocho imputados por asociación ilícita en el marco de la operación Huracán

Editorial de El Mercurio