Los Jueces Chilenos Ante el Derecho Internacional

Los ministros sumariantes de izquierda están acostumbrados a hacer lo que se les ocurra en persecución de los militares, porque se sienten amparados en su impunidad por la sala penal de izquierda de la Corte Suprema y con mayor razón ahora por el presidente del tribunal. Y así han metido presos ilegalmente a no menos de doscientos en Punta Peuco y otros recintos de detención del país, atropellando todas las leyes, pero en particular las de amnistía, prescripción, cosa juzgada, presunción de inocencia, principio de legalidad, principio pro reo e irretroactividad de la ley penal, que son básicos del Derecho Penal ancestral y universal. Y además han atropellado la verdad, a través de su ardid más utilizado, el del “secuestro permanente”

Pero ahora les salió gente al camino. Un oficial en retiro de la Armada, Patricio Villalobos Lobos, condenado por ministros de izquierda a cadena perpetua por un delito que no cometió, ha interpuesto un recurso de amparo constitucional por violación de los derechos que le garantizan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ambos suscritos por Chile y que están vigentes de acuerdo al art. 5° de la Constitución. Porque los jueces chilenos también están violando el derecho internacional.

Por lo menos el recurso ha sido admitido a tramitación en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, porque estamos acostumbrados a que haya presentaciones llenas de argumentos jurídicos sólidos que la justicia de izquierda despacha con tres palabras: “no ha lugar”. Ojalá esto no suceda en este caso.

El oficial (r) Villalobos comandaba en 1973 una patrulla que velaba por el toque de queda en la zona de Valparaíso, cuando sorprendió a un sujeto centroamericano llamado Juan Andrés Blanco transgrediendo la prohibición de circular a esas horas.

Lo entregó al cuartel de Investigaciones de Quilpué, que estaba cargo de los detenidos extranjeros. Y 44 años después, atraídos por los incentivos económicos creados por la prevaricación de los jueces chilenos, que condenan ilegalmente a uniformados por hechos de hace cerca de medio siglo y en seguida ordenan al fisco pagarles millonarias sumas a los familiares (sumas de las cuales una parte sustancial queda en manos de sus abogados, que son los promotores del negocio), interpusieron una querella contra la patrulla naval que lo detuvo y los ministros sumariantes Julio Miranda y Jaime Pinto, sin prueba seria alguna, condenaron a cadena perpetua al oficial (r) Villalobos por el secuestro del centroamericano, secuestro que según ellos persiste hasta hoy.

Pero la patrulla entregó en 1973 al detenido a Investigaciones. Y este servicio dice que después de una semana otra patrulla naval lo retiró de su cuartel y que un tiempo después fue encontrado muerto y fue enterrado en el Cementerio de Quilpué. Pero como esto significaría que el delito está prescrito tras 44 años, los jueces dan cuenta de lo anterior pero prosiguen impávidos el juicio como si Blanco estuviera vivo hasta hoy.

Por añadidura, nadie prueba nada. Y el recurso se funda en eso y tiene la originalidad de que también está interpuesto en beneficio del supuesto secuestrado, Blanco, y pide a la Corte indagar qué hicieron los jueces Miranda y Arancibia para proteger sus derechos y tratar de averiguar dónde se encontraba estos 44 años y dónde está hoy. ¿O los jueces están mintiendo, afirmando que sigue privado de libertad, a sabiendas de que ya ni siquiera existe hoy?

Pues no hay prueba de que el oficial Villalobos haya retirado a Blanco de Investigaciones. Los jueces Miranda y Arancibia afirman que se encontró su cadáver en 1974 cerca de Quilpué, pero no hay constancia en el Instituto Médico Legal ni hay certificado de defunción. Investigaciones no presenta ningún documento en que conste la entrega del detenido a petición del oficial Villalobos de la Armada, pero a éste los jueces lo condenan a cadena perpetua y a los detectives e inspectores que estaban a cargo del preso no los condenan a nada.

Es que como en Chile a los uniformados es cosa de acusarlos y condenarlos sin pruebas, sin fundamentos legales y sin debido proceso, y van a tolerar todo e “irse para adentro”, los ministros Miranda y Pinto dictaminan presidio perpetuo para ellos y saben que no va a pasar nada.

Pues ¿por qué los detectives o inspectores de Investigaciones, que fue a quienes “se les perdió” Blanco, no son procesados, en circunstancias que fueron los últimos que lo tuvieron bajo su responsabilidad y, por tanto, deberían ser los primeros sospechosos como autores, cómplices o encubridores de su muerte y posterior desaparición?

Yo les voy a decir por qué: porque en Chile los jueces de izquierda le interesa liquidar a los militares y se dieron cuenta en 1998 de que podían hacer con ellos lo que se les ocurriera, cuando Juan Guzmán sin ninguna base, sin pruebas y sin leyes que lo respaldaran obtuvo el desafuero del senador Pinochet por delitos en que éste no tenía nada que ver y que estaban, además, amnistiados, prescritos y ya juzgados, y le pasó el texto del procesamiento al abogado comunista Hugo Gutiérrez para que se lo comunicara a la ciudad y al mundo, “urbi et orbi”, como si el juez hubiera sido él, lo que no estaba lejos de la verdad real.

Ese fue el comienzo del fin del debido proceso para los uniformados, porque lo vieron suceder y no hicieron ni dijeron nada, pensando, seguramente, “es que yo no soy Pinochet y a mí no me van a hacer nada”. Pero a todos lo que han caído les han hecho lo mismo.

Ahí se dejó establecido que iban a aguantar cualquier cosa con la cabeza gacha e irse para adentro. Y desde entonces el abuso no ha parado y va cada vez para peor, con la ley odiosa de Michelle Bachelet ahora enviada al Congreso para privarlos hasta de sus derechos carcelarios y humanitarios esenciales, que les son reconocidos a los peores delincuentes, pero no a ellos.

El recurso de amparo constitucional de Valparaíso puede servir de base para que la justicia internacional se interese por saber por qué en Chile se violan, a expensas de los militares, los derechos básicos de los procesados que les garantizan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que los ministros de la Corte porteña, Julio Miranda y Jaime Pinto se han pasado por salva sea la parte, tal vez porque no contaban con que el abogado Javier Gómez, del oficial Patricio Villalobos, no les iba a dejar pasar impunemente su prevaricación.

Publicado por Hermógenes Pérez de Arce