El pago de chile, libertad a los presos políticos militares!!!

Un día de vuelta de clases iba pasando junto a mis padres al frente de la cárcel Punta peuco, ellos me contaron cosas, primero me dijeron que el penal Punta peuco albergaba hasta el 31 de julio de este año a 122 reclusos, que se encuentran cumpliendo condena por violaciones a los derechos humanos, además me dijeron que este lugar comenzó a funcionar en el año 1995 y hoy vive uno de sus días más complejos, ya que cada vez se suman más voces que exigen su cierre.

¿Por qué quieren cerrar una cárcel? Aquí les contare.

Parlamentarios de la nueva mayoría (PS, DC, PPD, Radical, PC, Mas, IC)  organizaciones de los derechos humanos han manifestado su rechazo al centro penal, argumentando que va en contra de la igualdad de los reclusos, entregando condiciones de privilegios a los ex militares.

El día 11 de noviembre del 2016, se aprobó un proyecto de resolución que hacía que la señora Michelle Bachelet cierre, en un corto plazo, Punta peuco, el centro penitenciario donde están los detenidos militar y agentes del estado implicado en violaciones de los derechos humanos bajo el mando del General Pinochet, supuestamente por ser (la cárcel) donde los prisioneros tienen una privilegiada situación, quienes imaginariamente tienen buenas habitaciones, calefacción, internet, telefonía, piscina etc.

Tras la aprobación del inminente cierre del recinto penitenciario, la diputada comunista Karol Kariola, publico en su cuenta twitter, la lista de quienes votaron a favor (62), en contra (36), abstenciones (3).

Informándome, encontré una pequeña carta del ex coronel Fernando Gómez Segovia, el cual envía una denuncia por violación a los derechos humanos, que afectan a los oficiales en retiro que se encuentran presos, por procesos políticos muchas veces prescritos o dentro de la ley de amnistía que no se aplica en Chile, muchos de ellos están presos bajo el concepto de “secuestro permanente”, lo cual no tiene ningún sentido o lógica, ya que después ce 40 años o estando presos, es imposible que mantengan a una persona secuestrada. Esta denuncia nos deja claras muchas cosas, como por ejemplo, como son las vergonzosas situaciones cometidas hacia ancianos enfermos que poco pueden recordar lo que sucedió, donde se han violado todos sus derechos y que hasta ahora nadie lo asume.

Les expondré algunos casos para sus conocimientos, pero antes de eso les daré información para entender graves irregularidades, que se confabularon para condenar a uniformados adultos mayores después de 41 años de producidos los hechos. Todos ellos están procesados o condenados por delitos de “lesa humanidad”, por casos ocurridos en su mayoría entre los años 1973 y 1974.

Como les mencione con anterioridad, existe una ley de amnistía “vigente” que cubre desde los años 1973 a 1978, que faculta a jueces a investigar los casos, pero que impide a estos dictar un tipo de sentencia.

Esta ley sirvió de base para los tres primeros gobiernos de la concertación (Aylwin, E. Frey y R. Lagos), se indultara a más de 900 personas condenadas, por delitos terroristas, de los cuales una gran mayoría reincidió en hechos delictuales de sangre. Hoy se argumenta que la ley de amnistía no se aplica para delitos de “lesa humanidad” pero el decreto que tipifica estos crímenes, se publica en Chile en el diario oficial del 26 de mayo de 2009 (ley N° 20.352), por ende rige desde entonces y no de antes. En efecto Chile ratificara su adhesión al estatuto de Roma  el 29 de junio de 2009, el cual en su artículo 24 expresa claramente “que sus normas no pueden aplicarse a hechos anteriores a su vigencia”

Vuelvo a reiterar, muchos de los condenados están en esta condición, por tener secuestrado a una persona hace 40 años, situación legalmente absurda y cuya figura jurídica no existe.

Hay un libro, que expresa claramente casos de venganza pura, procesos sobre violaciones de derechos humanos, inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades, de  Adolfo Paul La Torre, donde aborda detalladamente cada caso.

El caso que a mí me llego a desconcertar, por la maldad demostrada, fue el caso del capitán de carabineros, Guillermo Cofre Silva, condenado en el año 2009 a 5 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autor de” secuestro” calificado de María Edith Vásquez Fredos, delito cometido supuestamente en octubre de 1973 y que según el fallo supuestamente, ella seguiría secuestrada por el condenado hasta el día de hoy, por lo absurdo del caso se le pidió al gobierno que lo liberaran, por su estado grave de salud, un cáncer terminal, estando óstrado en cama, pero no se aceptó por ser un “peligro para la sociedad”.

Hay otro claro ejemplo, el capitán de carabineros Don Marcelo Castro Mendoza, que se encuentra sentenciado a cinco años y un día, padece de diabetes avanzada, ceguera total de un ojo, sordera bilateral profunda (no dispone de audífonos), fue amputado de un pie a consecuencia de su diabetes y debe dializarse cada dos días, él también es considerado en Chile un “peligro para la sociedad”, por lo tanto debe cumplir su condena sin ningún tipo de beneficio.

Otro ejemplo que puedo presentar luego de investigar, es el del General en retiro Manuel Contreras Sepúlveda, tenía  hasta el 2016, 85 años de edad, padecía leucemia (transfusión de sangre permanente) Colostomía, daño irreparable al hígado (diálisis tres veces por semana), poca capacidad motora, hernia en la columna, tampoco tuvieron piedad de él.

Son innumerables los casos de uniformados condenados o procesados con enfermedades graves, la edad de ellos varía entre los 70 y más de 90 años (65% son mayores de 83 años)

Como expresaba en una conferencia el general del ejército, Humberto Oviedo,-“todos están sentenciados encubiertamente a la pena de muerte” expresándose hacia los prisioneros militares.

Por enfermedades graves han muerto a la fecha 17 hombres, de edad muy avanzada, en condición de “prisioneros”, otros tanto han fallecido por enfermedades en condición de “procesados”, y se han quitado la vida aproximadamente 15, que según mi opinión y mi punto de vista, no han sido motivados (a suicidarse) por algún cargo de conciencia, sino por haber sido condenados a morir Indignamente, condenados a la humillación pública, condenados a torturas diarias y de eso no me cabe duda alguna.

Hay otros ejemplos obscenos e inmorales como el del coronel de la FACH (fuerza aérea de chile) Mario Jahn Barrera, fue condenado a 15 años de cárcel y ratificado por la corte de apelaciones de Santiago, un año después de su deceso. Otro es el del general de carabineros don Osvaldo Muñoz Sanhueza, procesado por el juez Carroza el mismo día de su funeral, por tener “supuestamente” una persona secuestrada desde el año 1973, hay otro, y este para mi es uno de los más fuertes y tristes, es el caso del general de carabineros, Osvaldo Arriagada Pazmiño, es condenado y solo se percatan de su estado de salud agónico, junto a una severa demencia senil, producto de sus 89 años de edad, cuando el personal de la PDI(policía de investigaciones) lo van a buscar al hospital, para cumplir su condena.

¿Qué quiero decirles con estos ejemplos?

Que los jueces, condenan, procesan a personas que no conocen, pues jamás le han tomado una declaración.

Al Brigadier Don Miguel Krassnoff Martchenco, le ocurrió lo mismo al ser condenado, reiteradamente por el ex juez Alejandro Solís, sin que este lo apersonara declarar.

Me pregunto si ¿habrá otro país en el mundo, donde el estado de derecho ejerza de esta forma?

Insistentemente en caso de DD.HH. contra uniformados, jueves dictaminen una sentencia sin que el acusado pueda entregar su testimonio o alejar su irresponsabilidad, suplantando la “persecución de inocencia”, por una obsesionada y forzada “culpabilidad”, y ante eso no se justifica hablar con el imputado, ni conocer su edad y estado de salud.

Me da hasta  a mi vergüenza de esto, porque cuando una confabulación de venganza se introduce a la fuerza en el alma nacional, porque durante 24 años se ha escuchado una sola voz, sin ninguna posibilidad de réplica; cuando la prensa en general se hace cómplice de la venganza y no quiere mostrar la otra cara de la moneda; cuando los poderes del estado, sin excepción, aúnan fuerzas para concretar la venganza, entonces tenemos como resultado que a nadie le importa el incumplimiento de las leyes y la constitución, y los jueces, pueden cometer estos abusos a su antojo.

Realmente me parece insólito que chile se atóllame respetuoso por los “derechos humanos” de sus ciudadanos, pero sinceramente no es verdad.

Cuando asesinan a un carabinero a una pareja de adultos mayores, como es el caso de Luchsinger Mackay, ningún organismo de DD.HH. se hace presente o alza la voz, pero si lo hacen en masa para amparar al victimario, me pregunto, ¿Por qué ellos no están en la cárcel, cumpliendo una condena, y pobres ancianos con miles de enfermedades que hace 41 años hicieron algo, lo están?

Como dice además el coronel Gomes, “esto le pasa a ancianos que vistieron con orgullo el uniforme de su institucionalidad, hombres que tuvieron una carrera brillante, que escalaron a los más altos grados jerárquicos por condiciones profesionales y de honorabilidad a toda prueba, que mandaron regimientos, cuarteles generales, divisiones, que tuvieron bajo su mando miles de soldados, armamento y equipo, que en su vida militar y civil nunca hicieron algo reñido con la moral y siempre cumplieron con la normativa legal del país, pero después de 40 años, los fueron a buscar a sus casas, los encarcelaron en una fría celda, por ser un “peligro para la sociedad”.

Excelentes palabras, para mi persona expresan la pura verdad, pero al otro lado de la moneda, la justicia no es como la de los ex uniformados, en esta están los que han gozado los privilegios de la injusticia, esos que nunca cumplieron las normas, reglas, leyes ni nada. Como un connotado ex senador de la república (Carlos Ominami, PS) que comando un grupo extremistas que dinamito el puente Queronque, de Limache, donde asesinaron a más de 63 civiles inocentes que viajaban en tren.

O ese otro señor diputado (Guillermo Teiller, PC) que en el año 2008 confeso el asesinato de los escoltas del presidente Pinochet y que interno miles de toneladas de armamentos de guerra, para provocar el peor holocausto del país.

Ahora ellos mismos nos indican que el único terrorismo que existe es el que proviene del estado, que el asesinato de un senador, de un intendente, de cientos uniformados, de un matrimonio de ancianos o la quema de cosechas, casas, galpones, maquinarias, camiones etc. Nada de eso constituye a un acto terrorista o los que lo genera un peligro para la sociedad.

Opino claramente que el odio a sobrepasado todo limite, no basta con tenerlos en la cárcel viejos y enfermos de por vida, ahora quieren  que se apruebe en la cámara de diputados, el cierre de Punta Peuco con el principal argumento de que es un hotel 5 estrellas, sin conocer si quiera el penal. Pero la venganza no podía estar completa sin aprobar la degradación y quitarles su pensión, porque de esa forma también destrozan a sus familias.

Es por eso que mi opinión va hacia que no cierren el penal Punta Peuco y que los uniformados mayores de cierta edad o que sufren enfermedades puedan pasar sus últimos años dignamente hogar.

¡”Libertad a los presos políticos    militares!, ¿su delito?
Salvar y liberar a chile del marxismo económico/ideológico.

COLUMNISTA Nicolás Retamal Contreras