Editorial diario El Mercurio de Santiago, domingo, 21 de abril de 2019

Inquietantes situaciones empiezan a rodear la investigación respecto de tres ministros de la Corte de Rancagua, suspendidos de sus funciones y objeto de gravísimas acusaciones.  La denuncia formulada por el fiscal de alta complejidad contra su superior, el fiscal regional de O’Higgins, abre una nueva arista en este caso, cuyos alcances -dada la incompleta información de que por ahora se dispone- son difíciles de evaluar, pero suscitan inevitable desconcierto. Como reiteradamente se ha dicho, la eventual venalidad de un juez supone grave afectación del Estado de Derecho. Frente a ello y a la desconfianza ciudadana, solo cabe como respuesta el compromiso del Poder Judicial y del Ministerio Público con la clarificación total de los hechos, y la persecución y sanción de las eventuales responsabilidades involucradas.

Lamentablemente, varias de las señales recibidas por la opinión pública durante la semana a propósito de esta indagatoria han resultado confusas. En ese sentido, cabe mencionar también la precipitada votación realizada por la Corte Suprema respecto de abrir desde ya un cuaderno de remoción a los tres jueces suspendidos. Encontrándose en marcha las investigaciones, dicha votación solo produjo un efecto que era anticipable, cualquiera fuese su resultado, en cuanto a distraer la atención en relación a lo que debe ser hoy su único foco, esto es, el avance de la investigación, y dio pie a innecesarias especulaciones.

Por último, las explicaciones que se han conocido respecto de la gestión de un senador de la zona ante el fiscal nacional el año pasado tampoco han resultado particularmente felices.