Pedro Pierry: “Lo que está ocurriendo es la más grave alteración al orden institucional”

N. Espinoza y C. Carvajal
El Mercurio

Abogados y expertos dan sus impresiones sobre la crisis desatada en los tribunales en Rancagua. 

Investigaciones en contra de magistrados, denuncias por tráfico de influencias, por obstrucción a la justicia y violación de secreto, entre otras. Rencillas entre fiscales, cuestionamientos a la objetividad y transparencia del Ministerio Público y el Poder Judicial, escenario que tiene a estas instituciones en el ojo de la opinión pública.

Para abogados y expertos se trata de una crisis delicada que debe ser asumida con la mayor atención. El exministro de la Corte Suprema Pedro Pierry señala: “La vida social descansa en el sistema judicial, en sus jueces. Su idoneidad, conducta ética, moralidad, probidad y profesionalismo aseguran el funcionamiento de la sociedad. Sin ello, las personas no se sienten obligadas por las reglas y se destruye la convivencia social. Puede parecer un lugar común, pero es algo básico. Sin jueces ni fiscales idóneos no hay Estado de Derecho, ni tampoco democracia”.

Por esto, al ser consultado por el panorama actual que se vislumbra en las instituciones de justicia, dice: “Considero que lo que está ocurriendo es la más grave alteración del orden institucional de la República desde el retorno a la democracia. Mucho más grave que el fraude del Ejército, de Carabineros y del financiamiento irregular de la política”.

Por eso, Pierry cree que “se requiere urgente un cambio en la legislación que regula todo el sistema de nombramiento de jueces y fiscales, así como su régimen disciplinario”, y que en el caso de comprobarse las denuncias, que estas “sean debidamente sancionadas y en forma ejemplar”.

En la misma línea, el exsupremo Patricio Valdés evalúa los hechos investigados como de una “gravedad extraordinaria”.

“Durante toda la época en que yo estuve en el Poder Judicial jamás se vio algo, a mi juicio, de tal gravedad”, donde, aparentemente, “hay tanta gente involucrada”.

Rediseño institucional

Mauricio Daza -abogado de Ciudadano Inteligente y querellante en los casos Penta, Corpesca, Cascadas y SQM- alude a que existe un problema serio de liderazgo en cada una de estas instituciones.

“Son indicios claros de que hay una crisis no solamente de credibilidad, sino también de gestión en el Ministerio Público y en el Poder Judicial”, a lo que señala la existencia de mecanismos de control “desde la Corte Suprema a las distintas cortes del país, los cuales claramente no han funcionado”.

En cuanto a las denuncias efectuadas por el fiscal Moya en contra del fiscal regional Emiliano Arias, dice que “esto pone en entredicho la credibilidad de las instituciones”, y agrega que el fiscal nacional debiese “garantizar una investigación completa y transparente, además de transferir la investigación a una fiscalía que no se encuentra acéfala, sino que tenga un liderazgo en causas complejas vinculadas a hechos de corrupción”.

El abogado Mauricio Duce, profesor de derecho procesal penal de la U. Diego Portales y presidente ejecutivo de Espacio Público, plantea que se presentan dos desafíos. “A corto plazo, es que esta investigación se haga con mucha profundidad, para que de esa forma se esclarezca cuál es el alcance de esta eventual corrupción y hasta dónde se extiende, y así se sancione a quienes deban ser sancionados”.

A mediano plazo, Duce cree que se debería repensar el diseño institucional actual, la forma de designación de cargos, además de fiscalizar a quienes tienen el poder de designar, ya que “podría ser un factor en la conformación de un escenario riesgoso para la corrupción”.

“Se requiere un urgente cambio en la legislación que regula todo el sistema de nombramiento de jueces y fiscales, así como su régimen disciplinario”.

PEDRO PIERRY
EXSUPREMO Y ABOGADO INTEGRANTE DE LA CORTE SUPREMA