No es la reunión, es la intolerancia

Las críticas a la reunión de la presidenta de la Corte Suprema con familiares de internos de Punta Peuco reabren el debate sobre la independencia judicial, el rol institucional y los límites de la presión interna y externa sobre la judicatura.

27 de abril de 2026

ChatGPT/Elke

Cuando una autoridad actúa conforme a su deber, sin atender a presiones ni cálculos de conveniencia, lo mínimo exigible es respeto. Pero en Chile ocurre lo contrario: aparecen de inmediato las críticas, las presiones y ese afán permanente de algunos sectores por decirles a las instituciones cómo deben comportarse. La reunión de la presidenta de la Corte Suprema con familiares de prisioneros militares de Punta Peuco no es lo cuestionable; lo inquietante es la forma en que algunos han reaccionado frente a ella.

En esa línea se inscribe la declaración de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial, que, más que aportar al debate, intenta fijar un límite impropio: quién merece ser recibido y quién no. No es su rol. Y, más grave aún, constituye un precedente peligroso. Cuando desde dentro del propio sistema se busca condicionar el actuar de la máxima autoridad judicial, lo que está en juego ya no es una reunión, sino la autonomía misma de la institución.

La fortaleza de la justicia radica en su capacidad de actuar al margen de presiones ideológicas, incluso cuando eso incomoda. Es en esa independencia donde encuentra su verdadero sustento: en aplicar reglas iguales para todos, sin ceder ante quienes quisieran una institucionalidad más selectiva, moldeada según sus propias convicciones.

Algunos sostienen que recibir a representantes de la Agrupación de Hijos y Nietos de Prisioneros del Pasado por parte de la máxima autoridad de la Corte Suprema equivale a validar. Es una afirmación tajante, pero equivocada. Escuchar no es ceder, ni mucho menos respaldar; es cumplir con un principio esencial: que las instituciones deben garantizar canales formales abiertos para todos. Lo preocupante sería lo contrario: una justicia que comienza a cerrar puertas según la presión del momento.

Se afirma, además, que este tipo de encuentros “daña” la confianza en la justicia. Pero la confianza no se sostiene en exclusiones arbitrarias. Se fortalece cuando las instituciones actúan con coherencia, sin discriminar interlocutores según su nivel de aceptación. Una Corte Suprema que escucha sin distinción no debilita su rol; lo reafirma.

Hay, además, una contradicción evidente. Se habla de independencia judicial como un valor fundamental, pero cuando se ejerce de verdad, se la cuestiona. Se la aplaude solo cuando coincide con ciertas posiciones partidistas. Eso no es defensa de la institucionalidad; es un intento de controlarla.

Y no olvidemos lo esencial: estamos frente a un grupo de personas que recurrió a los canales formales, como corresponde en un país serio. Negarles ese espacio no fortalece a la justicia; la debilita, al convertirla en un sistema que selecciona a quién escuchar según la conveniencia del momento.

La presidenta de la Corte Suprema hizo lo correcto. No pidió permiso, no buscó aprobación, no se dejó amedrentar. Cumplió con su rol, que es precisamente lo que se espera de quien encabeza uno de los poderes del Estado.

Más allá de la reunión, lo que está en juego es la autonomía institucional y su capacidad de sostenerse frente a presiones externas.

Y una justicia que se deja presionar, simplemente deja de ser justicia. Así de claro.

Jorge Ravanales Arriagada

Sitios de memoria

¿Realmente estamos preservando la memoria histórica de manera objetiva o estamos intentando imponer una visión unilateral de los hechos? ¿Chile necesita más sitios de memoria, o es hora de poner la atención y recursos en resolver los reales problemas que enfrentan los ciudadanos más vulnerables?

por Eduardo Villalón Rojas1 mayo, 2026

En Chile, un grupo minoritario de personas han convertido los sitios de memoria en un campo de lucha ideológica, tratando de imponer un relato unilateral de la historia, lo que ha sido objeto de controversia ya que lejos de sanar las heridas del pasado persiguen perpetuar la división y el conflicto social.

En la actualidad y a pesar de no existir una ley que respalde la designación de sitios de memoria, en los últimos años se han declarado más de 70 en la categoría de Monumento Histórico, muchos de ellos ubicados en terrenos baldíos o sin infraestructura, como es el caso de la Rocas de Santo Domingo y recientemente en el sector de las Machas, Arica, entre otros. Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos es la manera acelerada (tiempo récord) con la que en las postrimerías del gobierno anterior declararon 11 nuevos sitios. Esta rapidez llama la atención especialmente en el Consejo de Monumentos Nacionales que se caracterizó por su burocracia extrema, dejando entrever lamentablemente un indiscutido sesgo ideológico en sus decisiones.

Un caso especial revisten los sitios de memoria al interior de cuarteles militares, indudablemente que esta situación es más compleja por vulnerar la seguridad, tal como lo hizo presente en su oportunidad el Ministerio de Defensa con una opinión desfavorable, ya que en ocasiones se debe permitir el ingreso a personas ajenas a los recintos, que podrían implicar posibles afectaciones a la seguridad por ser lugares estratégicos de la defensa nacional, convirtiéndose en definitiva en un patrimonio incómodo, sólo porque un grupo minoritario promueve estos sitios como hostigamiento a las fuerzas armadas y de orden, ensalzando el odio por hechos ocurridos hace más de 50 años y con un afán de reescribir la historia.

Adicionalmente se agrega una preocupante desviación de recursos. Prueba de ello son los $2.407.131.539 para la conservación del memorial de detenidos del Cementerio General de Santiago (22 de octubre 2024 al 21 de marzo 2026) y el monumento mujeres del Paseo Bulnes que sólo su reubicación le costó al Estado el año 2024 la suma de $230.529.000 (Ley de Transparencia), lo que genera una reflexión por el uso indiscriminado de los dineros públicos. Mientras los recursos fluyen hacia la preservación de recuerdos del pasado, muchas familias siguen luchando por la seguridad, la falta de acceso a servicios de salud y la educación de calidad.

En medio de esta situación, surgen las siguientes preguntas: ¿realmente estamos preservando la memoria histórica de manera objetiva o estamos intentando imponer una visión unilateral de los hechos? ¿Chile necesita más sitios de memoria, o es hora de poner la atención y recursos en resolver los reales problemas que enfrentan los ciudadanos más vulnerables?

Para evitar la crispación política que erosiona nuestra convivencia, la memoria histórica no debería convertirse en un ejercicio de imposición de un relato único, sino lugares que permitan un diálogo constante sobre el pasado para la construcción de una convivencia civilizada, por lo que invito a todos los chilenos a trabajar junto a la empresa privada (Ley de donaciones culturades), para la puesta en valor de sitios de memorias que realmente unen a todo el país, como: el sitio histórico de la Casa de O’Higgins en la comuna de Quilleco, ruta histórica de Tarapacá, ruta histórica de Chacabuco, proyecto museo Morro de Arica, entre otros, y así lograr la necesaria cohesión social sin veleidades para enfrentar los verdaderos problemas que afectan a nuestra sociedad: la seguridad y las perspectivas económicas.

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Eduardo Villalón Rojas

Exconsejero del Consejo de Monumentos Nacionales Más de Eduardo Villalón Rojas

2 Comments

1. Carlos Souper Quinterosdice:

30 abril, 2026 en 23:00

Excelente

2. Christian Slater Escanilladice:

1 mayo, 2026 en 10:56

Una columna necesaria, porque permite mirar los llamados sitios de la «mala memoria»⁸ desde una perspectiva ética y no solo ideológica. La ética, cuando se toma en serio, no sirve para repetir consignas, sino para ejercer un análisis crítico sustentado en principios, en la verdad, en la justicia, en la prudencia y en el bien común.
Por eso cabe preguntarse: ¿dónde queda la memoria de todos aquellos chilenos, civiles y uniformados, que fueron asesinados por organizaciones terroristas o grupos armados que, entre los años 60 y 70, recurrieron a asaltos, secuestros, raptos y los llamados “ajusticiamientos” para imponer una revolución? ¿Dónde está el memorial que recuerde también a esas víctimas, a sus familias y a una clase política que fue incapaz de impedir que Chile avanzara hacia una división extrema entre compatriotas?
A ello se suma otra pregunta incómoda, pero necesaria: ¿con qué criterios se están usando los recursos fiscales destinados a estas obras, muchas veces de alto costo, y con qué estándares de transparencia, austeridad y rendición de cuentas? Cuando el Estado financia memoria, cultura o patrimonio, debe hacerlo con seriedad profesional, no para sostener burocracias ideológicamente afines ni para alimentar relatos de odio, revancha o división.
Un Ministerio de las Culturas debiera prestigiar la cultura nacional, difundir nuestra historia completa y convocar a personas valiosas por su conocimiento, preparación y aporte real al país. No puede reducirse a un espacio para administrar consignas, instalar relatos parciales o transformar la memoria en una industria política financiada por todos los chilenos.
Una memoria verdaderamente ética no puede ser parcial, selectiva ni usada como instrumento de poder. Debiera ayudarnos a comprender todo el drama histórico, incluidas las responsabilidades políticas, ideológicas e institucionales que permitieron la proliferación de grupos armados, escuelas de guerrilla y discursos que justificaron la violencia. Chile necesita memoria, pero una memoria completa, honesta y orientada a la reconciliación, no a perpetuar una versión única de la historia.
Christian Slater E.