Diputado defiende proyecto que podría beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad: “Tiene un aspecto humanitario”

16- 10- 2026 09:36

Por

Michel Nahas Miranda

El diputado independiente de la bancada del Partido Republicano Enrique Bassaletti defendió el proyecto que impulsa para permitir que determinados reclusos puedan cumplir el resto de sus condenas bajo arresto domiciliario total por razones humanitarias, beneficio que podría alcanzar también a condenados por crímenes de lesa humanidad.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario recalcó que la iniciativa es distinta a un indulto presidencial, ya que no elimina la condena ni deja en libertad a la persona beneficiada.

“No es libertad, la condena se mantiene, sigue recluido, pero en su casa”, explicó.

Según Bassaletti, el proyecto está pensado para personas con determinadas condiciones, como enfermedades terminales, dependencia severa o edad avanzada.

Consultado sobre si la iniciativa podría aplicarse a condenados por crímenes de lesa humanidad, el diputado defendió que el criterio central debe ser la situación humanitaria de cada persona.

“Este proyecto de ley lo que tiene es un aspecto humanitario”, afirmó.

Decisión quedaría en manos de un juez

Bassaletti enfatizó que el beneficio no sería automático para quienes cumplan las condiciones establecidas.

“No es una ley que todas las personas que estén en esa condición vayan a recibir ese beneficio, porque lo tiene que ponderar un juez”, sostuvo.

El parlamentario señaló que el procedimiento contemplaría informes de Gendarmería y organismos médicos, además de una audiencia en la que puedan participar las víctimas antes de que el tribunal adopte una decisión.

Asimismo, explicó que la propuesta contempla excepciones para determinados delitos sexuales cometidos contra menores.

El diputado argumentó que mantener a personas con enfermedades terminales o altos niveles de dependencia dentro de recintos penitenciarios también supone dificultades para Gendarmería, debido a las necesidades de atención médica permanente.

“Cuando yo he conversado con Gendarmería (…) representa una carga tremenda mantener en las cárceles personas que requieren atención permanente”, sostuvo.

En ese contexto, Bassaletti defendió la aprobación de la iniciativa y afirmó: “Yo creo que, en sensatez, esta ley debiera ser aprobada, salvo que lo que permanezca sea un sentido de venganza”.

El parlamentario insistió en que el proyecto no busca desconocer la gravedad de los delitos cometidos ni modificar las sentencias judiciales, sino establecer una modalidad excepcional para el cumplimiento de las penas bajo determinadas circunstancias.

Obispo Soto solicita indulto para condenados por crímenes de DDHH: “No ser esclavos del pasado”

Escrito por:Alejandro Alarcón

Emiliano Soto, obispo emérito de la Mesa Ampliada de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, instó al Gobierno, a la oposición y a la sociedad en su conjunto a permitir que se materialicen indultos presidenciales para quienes estén condenados por delitos contra los DD.HH. u otros delitos y que padezcan enfermedades terminales.

En un comunicado, Soto señaló que esta medida serviría para “abrir caminos de humanidad y reconciliación”, argumentando que “no podemos ser esclavos del pasado. La memoria de nuestra historia debe servir para aprender y sanar, no para perpetuar el dolor”.

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Añadió que, en su opinión, “mantener una postura intransigente en este tema convierte a la justicia en una herramienta de venganza, y la venganza nunca construye paz”.

Soto afirmó que quien se considera cristiano no puede “permanecer en silencio mientras hombres y mujeres, más allá de sus culpas y condenas, finalizan sus días privados de dignidad. La fe nos enseña que la misericordia es más fuerte que el rencor, y que la compasión es el verdadero rostro de la justicia”.

No pretende eliminar responsabilidades ni borrar la memoria

No obstante, el mismo comunicado puntualiza que el llamado de Soto “no busca eludir responsabilidades ni negar la memoria de las víctimas. Por el contrario, pretende afirmar que la grandeza de una nación también se mide por su capacidad de tratar con humanidad a quienes están en el ocaso de su vida”.

“Que Chile no sea recordado como un país que dejó morir a sus enfermos en condiciones indignas, sino como una nación capaz de mirar hacia adelante con justicia, pero también con misericordia”, concluye el escrito.

Reconciliación y misericordia

Señor Director:

Cada cierto tiempo se reabre el debate sobre indultos a personas que llevan largo tiempo cumpliendo penas por violaciones a los derechos humanos, terrorismo o delitos comunes. Es una discusión legitima, pero difícil de aceptar para las víctimas que han sufrido las consecuencias de esos delitos.

Con acierto, nuestra sociedad decidió que no habría impunidad, sino que se buscarían la verdad y la justicia. Hace 36 años recuperamos la democracia y marchamos —no sin zozobras ni riesgos— por una senda de respeto a la dignidad de las personas y al Estado de Derecho, y de rechazo a la violencia.

Sin embargo, no hemos logrado una reconciliación profunda. Persiste una mirada antagónica sobre los sucesos políticos que marcaron a Chile entre los años 60 y 90, agravada por la polarización global, que obstaculiza el desarrollo del país.

Ninguno de nuestros problemas se resolverá en un clima de división.

Necesitamos gestos que vayan contra la corriente polarizante y aporten nuevas formas de entendernos, para concentrar nuestras energias en mejorar la vida en común y atender las demandas postergadas.

Hace ya un tiempo que estamos abogando por un nuevo paso hacia la reconciliación: que quienes tengan una edad muy avanzada, o padezcan enfermedades terminales, demencias o fragilidad extrema, puedan conmutar su condena al arresto domiciliario. El beneficio sería extensivo a todos los condenados que cumplan estas condiciones, independientemente de la gravedad de los delitos.

No es indulto, amnistía ni punto final: la condena se mantiene, al igual que la verdad y la responsabilidad. Cumplir la pena en reclusión domiciliaria no disminuiría la responsabilidad, sino que demostraría que es posible compatibilizar justicia, certeza jurídica y reconciliación.

Mientras se defina un nuevo marco regulatorio en el régimen penitenciario, y con el fin de evitar arbitrariedades у demoras innecesarias para personas a quienes el tiempo se le acaba, proponemos una fórmula tipo Comisión de Personas que generen confianza para que resuelvan caso a caso conforme a informes médico-legales y judiciales que validen la elegibilidad para el beneficio.

Esta propuesta no exige el perdón – es algo íntimo y extraordinario, sobre todo cuando no ha habido

arrepentimiente ,no pide el olvido —perderíamos nuestra condición de seres humanos si pudiéramos olvidar los traumas que quebraron la vida de tantas familias— y rechaza la impunidad: que la justicia opere también con un espíritu de misericordia en casos excepcionales por razones humanitarias.

La verdad establecida por las comisiones Rettig y Valech, por los tribunales y las FF.AA. y Carabineros ha dado pasos concretos. No pedimos visiones exculpatorias: buscamos erradicar el espíritu de venganza para incorporar el valor de la misericordia.

Gestos como el del senador Fidel Espinoza y Carolina Tohá son un gran paso hacia un país reconciliado.

MARIANA AYLWIN OYARZÚN

MARÍA ALICIA RUIZ-TAGLE ORREGO