Esencia del problema: pugna entre partidarios de imponer una sociedad socialista y otros que quieren mantener una sociedad libre

Aun cuando la época, las circunstancias, los medios tecnológicos y los actores son distintos, me parece que la crisis política que estamos viviendo es, en esencia, equivalente a la que existía en el año 1973: una pugna entre un sector que quiere imponer —”por las buenas o por las malas”, en palabras de Fernando Atria; lo que incluye, evidentemente, la violencia revolucionaria— un modelo de sociedad socialista (marxista) y otro que desea mantener el modelo de sociedad libre que establece la Carta Fundamental que actualmente nos rige (otra cosa es que nuestras autoridades ejecutiva, legislativa y judicial no la cumplan y no la hagan cumplir…).

Luego de haber presenciado el estallido terrorista y delincuencial que hemos vivido a partir del 18 de octubre, me da la impresión que la base de apoyo de este socialismo del siglo XXI es más que nada el lumpen, los narcoterroristas, las “barras bravas” y los jóvenes que ni estudian ni trabajan, no la “clase trabajadora”; que en gran medida ha tomado conciencia de los beneficios de una economía social de mercado.

También hay diferencia en la estrategia subversiva e insurreccional aplicada, que sigue el modelo de revolución molecular disipada de la que nos habla Alexis López Tapia; aunque las tácticas de guerrilla y terrorismo urbanos son similares a las de los años 70 del siglo pasado. Al respecto, adjunto archivos con las técnicas de acción de masas del MAPU, el BLACK BLOC y el Manual de Guerrilla Urbana de Carlos Marighella.

Otra diferencia es la penetración del “discurso de los derechos humanos” que —como lo he venido diciendo desde diciembre del año 2018— es “un arma estratégica del comunismo”; arma que ha sido utilizada exitosamente para inhibir a los gobernantes de usar la violencia física legítima del Estado, quienes por deber de autoridad deben aplicarla a fin de cumplir sus funciones esenciales de conservar el orden público y la seguridad de la comunidad nacional, reprimir la violencia ilegítima y el crimen, y proteger los derechos humanos de los ciudadanos; especialmente la vida, la propiedad y la libertad.

Evidentemente, no es razonable emplear armas letales para reprimir manifestaciones pacíficas —me refiero a las que se realizan sin violencia destructiva y sin ataques a los miembros de las policías; puesto que sí constituyen violencia aquellas manifestaciones realizadas en lugares no debidamente autorizados por grupos de personas que obstruyen el libre tránsito de los ciudadanos—, pero sí lo es para reprimir a delincuentes o terroristas que están intentando destruir una torre de alta tensión, una fuente de abastecimiento de agua potable, un puente para cortar el flujo de camiones con alimentos o combustibles, incendiar un supermercado, asaltando cuarteles militares o policiales, lanzando bombas Molotov, etc.

Si bien la esencia del conflicto es similar a la del año 1973, considerando las particularidades de la situación actual y las diferencias con las de aquella época, la solución al problema difícilmente podría ser exactamente la misma.

Esperemos que nuestros políticos no conduzcan a Chile nuevamente a un callejón sin salida y que sigan a Nicanor Parra —”la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas”— de modo que no tengamos que recurrir a una “solución catastrófica”, a la que podríamos llegar si se continúa en la senda de polarizar al país en dos bandos irreconciliables, que tratan de imponer modelos políticos, económicos y sociales absolutamente diferentes y excluyentes; en que uno de los bandos lo trata de imponer no por medios democráticos, sino que por la violencia; con el agravante que el Estado o el otro bando renuncia a defenderse con todos los medios de los cuales dispone. En tales circunstancias, es fácil pronosticar cuál de los dos bandos prevalecerá…

Y, como nuestra experiencia histórica nos lo muestra, quienes impulsan o ejercen la violencia revolucionaria, si fracasan en su intento —al ser reprimidos por las fuerzas militares, de orden y de seguridad del Estado— pasan a ser “víctimas” y “héroes” que merecen ser generosamente indemnizados con el dinero de todos los chilenos; y quienes se les enfrentaron exitosamente pasan a ser “violadores de derechos humanos” que deben ser perseguidos políticamente en sede judicial, sometidos a inicuos simulacros de juicio y condenados a penas de prisión extremadamente duras e inclementes; que no obedecen a un afán de justicia sino que a satisfacer una sed de odio y de venganza.

Adolfo Paúl Latorre, Abogado.