Por qué las Fuerzas Armadas estiman que no se justifica que cumplan funciones policiales

Por Ex-Ante 11 Ago. 2026, 4:05 pm

Los altos mandos de las Fuerzas Armadas han trasmitido al ministerio de Defensa las razones por las que no estiman adecuado asumir tareas de seguridad pública, como establece  el proyecto de reforma constitucional del presidente Kast. Entre las razones está la falta de dotación y presupuesto, una regulación jurídica más clara y entrenamiento en esas tareas. Y particularmente que el Estado no ha agotado los recursos institucionales en esa materia.

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Operaciones, copamientos e inteligencia. La agenda de seguridad presentada por el Presidente José Antonio Kast y el ministro Martín Arrau asigna un rol a las ramas castrenses en labores de seguridad interna. Entre los proyectos está la reforma constitucional para establecer como deber del Estado la protección de las personas, y la creación de un nuevo estado de excepción por “grave alteración de seguridad”.

• Arrau señaló que “se deja abierta la puerta a que puedan colaborar las Fuerzas Armadas en cuanto a operaciones, copamientos, a inteligencia, a ciertas habilidades y medios específicos que ellos tienen, porque estas son operaciones muy acotadas”.
• Sin embargo, parlamentarios de las comisiones de Defensa y fuentes cercanas a las FF.AA. advierten que existe reticencia entre los mandos militares -que históricamente han rechazado asumir tareas policiales-  por varias razones.

Mensaje interno. Las tres ramas de las FFAA no harán ninguna declaración pública. Al ser no deliberantes, sólo emiten su opinión en el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), que debe ser convocado por el Presidente de la República. Así ocurrió por ejemplo, en febrero de 2024, cuando manifestaron reparos a la Ley de protección de infraestructura crítica, que pedía participación de militares en labores de custodia de locaciones estratégicas.

• En el entorno de las FF.AA. señalan que el deber de comandantes en jefe es entregar sus observaciones verbalmente y por escrito al ministro de Defensa sobre proyectos que puedan afectar su labor. Así lo hicieron respecto a la propuesta de EE.UU. de crear una alianza militar con países de la región para combatir el narcotráfico.
• Y también sobre la participación en labores policiales.
• Uno de los puntos fundamentales que han planteado es que aún no se encuentran aprobada las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), que regula la actuación de las  FFAA y las policiales en esos casos. El proyecto duerme hace tres años en el Congreso.
• El gobierno también proyecta incluir una nueva norma sobre legítima defensa de carabineros y militares.
•  Este martes Arrau se reunirá con la comisión mixta del Congreso para abordar el tema, y los comandantes en jefe fueron citados para las próximas sesiones.

Obstáculos.. Otro asunto complicado para los militqres es que el proyecto que crea el nuevo estado de excepción constitucional dejaría subordinada la labor de los efectivos del Ejército a un general de Carabineros. Por ello este punto deberá ser debatido en el Congreso.

• Otro problema es que las FF.AA., tras la modificación de la ley de financiamiento, ya no registran holgura presupuestaria. Su dotación tampoco es lo que era y, además, han tenido que asumir nuevas tareas, como el control de la frontera norte y el despliegue en La Araucanía.
• Tampoco disponen de armamento adecuado ni entrenamiento en funciones de seguridad. Durante el 18/0 salieron a las calles con armamento de alto calibre, sin contar con escudos o elementos disuasivos para operar en las calles. En las escuelas de formación, además, no se les instruye sobre funciones policiales, y una modificación podría requerir mucho tiempo.
• En las FF.AA. existe el convencimiento que el Estado debe agotar todas las fórmulas posibles, como despliegue amplio de policías o reformas a la Justicia, antes de pedir que las ramas castrenses participen en el combate al narcotráfico o el crimen organizado.
• Legalmente consideran, que se debe definir la protección judicial que tendrán, si se realiza en Tribunales Militares o ordinarios, para evitar arbitrariedades en los procesos.

Las dudas de Cordero. El exministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó en La Tercera que intervenir en barrios críticos “supone un entrenamiento muy específico en función policial, que es completamente distinta en su educación, formación, manera de entender el mando y la doctrina institucional, en las Fuerzas Armadas que en las policías”.

• José Gaete, presidente de generales (r) dijo en La Segunda que por la naturaleza de su función las FF.AA. no son para el combate a la delincuencia: “Las FF.AA. tienen que actuar bajo el mando militar, no se pueden subordinar a las policías (…) cuando la fuerza militar sea empleada, va a haber muertos”, por la naturaleza de su función.

El antecedente del Cosena. En febrero de 2024, el Presidente Boric citó al Cosena para escuchar sus opiniones sobre la crisis de seguridad del país.

• Según las actas de la reunión, el excomandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, expresó que existían “dudas razonables sobre la estructura de mando en esas tareas”. Agregó, además, que “comparte la inconveniencia de desplegar a las Fuerzas Armadas en los barrios de las zonas urbanas”.
• El almirante Juan Andrés de la Maza, de la Armada, planteó que las instituciones cuentan con pocos recursos humanos y requieren mayor financiamiento. Su par de la Fuerza Aérea, general del aire Hugo Rodríguez, habló de que no está claro cómo su rama se integraría en funciones policiales.

Reglas de uso de la fuerza

Por René Norambuena Véliz. 

Señor Director: La agenda de seguridad del Gobierno es una necesidad país. Creo que un tema muy importante que debe ir acompañado de detallada reglamentación y leyes…

12 agosto, 2026

Señor Director:

La agenda de seguridad del Gobierno es una necesidad país. Creo que un tema muy importante que debe ir acompañado de detallada reglamentación y leyes, son las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) ya que estas regulan cómo, cuándo y con qué intensidad el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de las Fuerzas Armadas, pueden emplear la fuerza en funciones de orden público o resguardo fronterizo.

La acción de los efectivos en materias como el grado de fuerza que pueden emplear o la regulación del uso de armas, necesita de un claro y fuerte respaldo jurídico ya que mientras no existan garantías suficientes en la propuesta para las Fuerzas Armadas, el actuar de ellos será muy arriesgado, complicado y limitado.

El ridículo y absurdo protocolo de las RUF que escuché decir por políticos hace algunos años, creo que era una regla insólita y de protección absoluta al manifestante y al delincuente.

Creo que el uso de la fuerza en la frontera norte y en la macrozona sur son medidas absolutamente distintas a la acción de una protesta organizada tipo estallido de octubre de otros años que algunos le llamaban protesta a sus derechos sociales.

Este tipo de acciones no debe contar con la intervención física de militares, ya que tiene que tener una regla de uso de la fuerza absolutamente distinta y solo para policías, por su instrucción y medios.

Los grupos de protesta del mal llamado estallido social copiaron modelos de otros países donde las fuerzas policiales se ven impedidas de emplear sus armas de fuego, ellos en Chile   no llevaban armas convencionales, pero sí llevaban bombas molotov, ondas de gran potencia, piedras, rocas, escudos, cascos, dispositivos láser, pinturas, arcos con flechas y extintores, así asaltaron, quemaron iglesias, supermercados, saquearon decenas de locales, atacaron a Carabineros y la disuasión no llegó por la acción de la policía, llegó por el inicio de la pandemia.

Si algunos grupos contrarios al gobierno buscaran repetir este tipo de acción delictual argumentando que son derechos sociales, la acción de empleo directo con armas convencionales sin apoyo jurídico es un riesgo para las instituciones y su personal, así mismo, la posibilidad de defensa es también difícil a pesar que ante una agresión física o incendiaria el militar o el policía deben defenderse, pero si no hay garantías o un marco jurídico claro, el actuar de los militares y policías, sin amplia mayoría en el Congreso, será de un riesgo lamentable y seguiremos con uniformados dados de baja y condenados aumentando la larga lista de ellos en Colina y Punta Peuco.

Ojalá que esta gran iniciativa del gobierno, tan necesaria para el país, tenga el apoyo de todos los sectores.

René Norambuena Véliz – General (R)

Almirante (R) Miguel Ángel Vergara: “Las FF.AA. no están preparadas para cumplir funciones policiales”

Por Marcelo Soto

12 Ago. 2026, 3:18 pm

Miguel A. Vergara Villalobos, excomandante en Jefe de la Armada y Doctor en Filosofía, rechaza la idea de que las FF.AA. puedan realizar acciones policiales contra el crimen organizado. El riesgo es que “se termine eternizando a las FF. AA en funciones de orden público, descuidando su función prioritaria que es la Defensa”.

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– ¿Qué le parece la propuesta del gobierno del Presidente José Antonio Kast de crear un nuevo estado de excepción constitucional para enfrentar al crimen organizado en barrios críticos? ¿Las FF.AA. están preparadas?

-En principio parece políticamente muy rentable desplegar militares en zonas urbanas críticas, porque es lo que solicitan muchos alcaldes apoyados por el clamor popular. Sin embargo, asumo que esta iniciativa despierta aprensiones en las FF. AA. En primer lugar, no están preparadas para cumplir funciones policiales que, aunque se presenten como una acotada y transitoria “protección de un perímetro” o de cierta “infraestructura crítica”, no podrían estar exentas de tener que enfrentar al crimen organizado, que cuenta con armamento de guerra y no tiene escrúpulos en utilizarlo. Eso necesariamente conlleva la posibilidad de enfrentamientos con muertos y heridos.

De allí surge un segundo problema, cual es, el desamparo político, legislativo y judicial que probablemente enfrentarían los miembros de las FF. AA., en caso de muerte de uno o más delincuentes. Al menos hasta ahora la experiencia no resulta muy halagadora para quienes deben hacer cumplir la ley.

Un tercer problema es el riesgo de que, en vez de potenciar a las policías, se termine eternizando a las FF. AA en funciones de orden público, descuidando su función prioritaria que es la Defensa. Esto porque, aun cuando el crimen organizado sea cada vez más avezado y potentemente armado, es políticamente complejo pasar de una situación prioritariamente policial a una militar. Así, es grande la tentación de perpetuar una ambigua situación policiaco-militar en desmedro de la Defensa.

-El propio Kast puso una primera condición para avanzar hacia un eventual despliegue militar: que antes sean aprobadas en el Congreso las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), actualmente en comisión mixta.  ¿Está de acuerdo?

-Sin duda es fundamental tener claras Reglas para el Uso de la Fuerza (RUF), con un robusto respaldo político y legal. Pero éstas no deben ser elaboradas desde un escritorio, donde no se palpa el apremio que significa una situación de vida o muerte, con escaso o nulo margen para cumplir con determinados pasos secuenciales antes de reaccionar.

Las RUF que hasta ahora se han discutido parecen más bien destinadas a salvaguardar de cualquier demanda a la autoridad política que dispuso el uso de la fuerza. En cambio, deja a los militares desamparados ante una justicia civil que poco entiende de situaciones de apremio militar y mucho de garantismo para los delincuentes.

Además, es un error asumir que la sola presencia militar es disuasiva, ignorando que ésta opera en la mente del potencial adversario, ante la posibilidad cierta de enfrentar a unas FF.AA. no solo con capacidades superiores, sino con la voluntad de emplear todos los medios necesarios para vencer. Si el crimen organizado, los delincuentes o los subversivos detectan que los militares tienen las manos amarradas por temor a la “judicialización”, pasarán a ser meros espantapájaros.

El “buenismo” y el garantismo judicial no solo no disuaden, sino que incentiva el accionar del crimen organizado y la subversión, aumentando los procesamientos y condenas contra los militares. Tampoco basta con las RUF. Se debe tener muy clara la línea de mando y dependencia de las FF. AA actuando en funciones policiales. No se puede cambiar la subordinación jerárquica propiamente militar a una policial sin que se produzca confusión de procedimientos y se pierda la eficacia en el accionar.

-¿Cómo evalúa la experiencia durante el estallido? ¿Carabineros y militares fueron sobrepasados?

-La experiencia del mal llamado “estallido social” muestra a las claras el desamparo político, legal y judicial en que se encuentran quienes debieron reprimir la subversión, que a estas alturas es difícil negar que se proponía derrocar al gobierno democráticamente elegido. En los hechos, los subversivos pasaron a ser víctimas generosamente compensadas, mientras las fuerzas del orden han sido enjuiciadas y condenadas. Es el mundo al revés.

Más allá, en lontananza, esta Punta Peuco, Colina I y san Joaquín, donde muchos inocentes –hombres y mujeres– cumplen condenas gracias a un arbitrario sistema judicial penal ya suspendido en Chile, excepto para los militares. Para muchos civiles resulta más cómodo aliviar sus conciencias metiendo a todos los militares acusados por violaciones a los DD. HH., en el saco de los “criminales de lesa humanidad”. Para otros tantos, lograr condenas es un buen negocio por las compensaciones económicas o por la promoción de carreras funcionarias; todos ganan, menos los militares condenados.

De indultos, nada. Ni siquiera para los mayores de 80 años, enfermos terminales que no saben de su cabeza. Con estos antecedentes me temo que los miembros de las FF. AA deben estar intranquilos por su eventual participación en tareas del combate a la delincuencia en zonas urbanas críticas.

-¿Usted diría que las FF.AA. deben priorizar la defensa nacional?

-Por supuesto que las FF.AA. deben dedicarse fundamentalmente la Defensa Nacional, que ya ha sido descuidada por la prolongada presencia militar en el Norte para efectos de control de la migración y, en La Araucanía, por la subversión armada. Las FF.AA. llevan cuatro años cumpliendo estas tareas ajenas a su función prioritaria, lo que hace desconfiar de la supuesta transitoriedad con que cumplirían las funciones policiales que se anuncian. Es como los impuestos: una vez que se imponen difícilmente son suprimidos.

A eso se suma el sensible tema del presupuesto de las FF.AA., dado que no se ha cumplido en absoluto la ley que vino a reemplazar a la Ley del Cobre. Se están realizando ingentes esfuerzos para mantener las capacidades estratégicas y cumplir con los estándares de entrenamiento. Estas nuevas funciones policiales, que previsiblemente se eternizarán, debilitarán aún más nuestra capacidad disuasiva ante unos vecinos que se están potenciando militarmente.

-¿Qué piensa de las exigencias de EEUU de alinearse a su política y a sus intereses? ¿Cuál debe ser la postura frente a China?

-Es complejo mantenerse en la cuerda floja, haciendo equilibrios entre EE. UU y China, puesto que ambos son socios importantes para Chile. No obstante, deberíamos mantener nuestra dignidad y tomar las decisiones que más convengan al interés nacional. En todo caso, es preocupante la unilateralidad con que actúa el presidente Trump. Confío en que nuestra Cancillería sabrá manejar este sensible asunto.

Fuerzas Armadas y de Orden: ¿Fusibles Desechables?

 Director 07/03/2025 4

Señor Director:

Chile repite los mismos errores. En 2020, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, se implementaron las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que desarmaron legalmente a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, condenándolas a una absurda indefensión frente a terroristas y delincuentes. Hoy, en 2025, el gobierno de turno insiste en profundizar esta política suicida.

Se nos ha vendido la falacia de la “proporcionalidad” en el uso de la fuerza como la gran solución. Es un error fatal. La proporcionalidad no protege al ciudadano honesto ni a la autoridad; protege al delincuente. La autoridad debe tener superioridad operativa, respaldo jurídico y la facultad de emplear la fuerza de manera efectiva y disuasiva. Pero este gobierno prefiere convertir a nuestros uniformados en fusibles desechables, seres humanos de segunda categoría cuyo sacrificio es aceptable, mientras que la vida de un delincuente parece valer más que la de un carabinero o un militar.

Además, jamás debió normalizarse el empleo de las Fuerzas Armadas en situaciones de orden público. Su rol es otro, y su intervención en estas circunstancias debe ser una excepción absoluta, no una solución permanente ante la incompetencia política o la falta de voluntad para fortalecer a las instituciones encargadas del resguardo interno.

Por el contrario, Carabineros de Chile debe ser el primer y más celoso guardián de su propio mandato. La mantención del orden público es su tarea, y nadie debería arrebatársela. Sin embargo, vemos cada vez más casos en los que carabineros son dados de baja por haber cumplido con su deber, y en otras ocasiones, sin el respaldo institucional necesario, han tenido que costear de su propio bolsillo su defensa legal. ¿Cómo puede esperarse que un funcionario policial actúe con determinación si sabe que, al hacerlo, se arriesga no solo a perder su carrera, sino a enfrentar un calvario judicial en total abandono?

Si un comandante, en cualquier época y en cualquier país, tuviera que enfrentar una situación donde sus subordinados estuvieran desprovistos de herramientas para cumplir su misión, expuestos a la agresión sin respaldo legal y convertidos en blanco fácil de turbas violentas, ¿no sería su deber moral y profesional exigir condiciones adecuadas para su seguridad y cumplimiento del deber?

Las Reglas de Uso de la Fuerza no pueden ser una excusa para la inacción ni una herramienta política para eludir responsabilidades. Si el costo de proteger la seguridad pública es seguir sumando nombres de carabineros, militares y policías caídos en cumplimiento del deber, entonces la historia juzgará con severidad a quienes, teniendo la posibilidad de corregir este error, optaron por la comodidad del silencio.

Mientras nuestras Fuerzas Armadas y de Orden estén sometidas a estas reglas injustas, seguirán muriendo soldados, carabineros y policías abandonados por un Estado que los considera prescindibles. ¿Quién protege a quienes nos protegen?

Chile está al borde del abismo de la anarquía. O corregimos este rumbo ahora o nos enfrentaremos a una nación sin ley, donde los delincuentes seguirán siendo intocables y los hombres y mujeres de uniforme seguirán cayendo sin justicia ni honor.

Basta ya de cobardía política y sumisión institucional.

Christian Slater Escanilla.

Coronel (R) del Ejército de Chile.