Estos son los apoyados por Boric:

Detienen a sujeto por traficar fentanilo en Ovalle:

Recibió pensión de gracia por el estallido. En 2024 fue detenido tras permanecer un año prófugo por conducir bajo los efectos de una droga.

16 de Junio de 2026 | 09:30 | Redactado por M. Silva, Emol196

CarabinerosCarabineros detuvo el pasado viernes a un sujeto de 29 años, identificado como Benjamín Huerta, por traficar ampollas de fentanilo en Ovalle, Región de Coquimbo. Entre sus antecedentes figura una pensión de gracia otorgada por el Estado en 2022 tras ser considerado afectado del estallido social de 2019. En el marco de una investigación desarrollada por el OS7 de Carabineros en el Limarí y el Ministerio Público, se llevó a cabo una orden de entrada y registro en un domicilio investigado por tráfico de drogas. En el lugar, sorprendieron al Huerta saliendo de la vivienda con dos ampollas de fentanilo.

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Al interior del inmueble, personal policial encontró otras 45 ampollas del mismo opioide sintético, totalizando un total de 235 mililitros de sustancia incautada. Asimismo, requisó al imputado dos frascos de remifentanilo, 37 gramos de marihuana elaborada y cerca de $1.100.000 en efectivo. “Este procedimiento es el reflejo del trabajo permanente que desarrollamos como Carabineros en conjunto con el Ministerio Público, para identificar y desarticular focos de tráfico de drogas, fortaleciendo la seguridad y la tranquilidad de los vecinos mediante investigaciones especializadas orientadas a prevenir delitos y proteger a la comunidad. En este caso, estamos hablando de casi cincuenta ampollas de fentanilo que evitamos que llegaran a los barrios de la comuna”, indicó el Mayor Fabián Pérez, de la Tercera Comisaría Ovalle.

Durante el allanamiento realizado por el OS7, también se detuvo a una mujer por atacar a personal policial. Carabineros destacó la importancia de esta investigación considerando la peligrosidad del fentanilo, una droga sintética de alta potencia cuyo consumo puede provocar graves daños a la salud, dependencia severa e incluso la muerte por sobredosis. Imputado cuenta con amplio prontuario Benjamín Huerta, chileno de 29 años, cuenta con un amplio prontuario policial por múltiples delitos. Entre estos destaca maltrato de obra a carabineros, receptación de vehículos motorizados y hurto.

En 2022, fue uno de los beneficiados por la pensión de gracia que otorgó el Estado a las víctimas del estallido social de 2019. Según indicó el Diario El Día, el origen de la pensión se remonta al 19 de octubre de 2019, cuando el entonces capitán de Carabineros Hugo Navarro detuvo a Huerta en la calle Ariztía Poniente de Ovalle. Según determinó la justicia, el funcionario disparó su arma de servicio, hiriéndolo en la zona inguinopélvica.

En 2022, Huerta fue detenido por Carabineros tras permanecer más de un año prófugo por una causa que lo buscaba juzgar por conducir bajo la influencia de drogas. En octubre de 2023 había sido detenido por conducir sin licencia y drogado con cocaína y anfetaminas, y se ausentó en varias ocasiones a la audiencia de formalización.

Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/06/16/1202950/sujeto-trafico-fentanilo-pension-gracia.html

¿Una democracia amenazada?

Por Max Silva Abbott 

Pese a la contundente victoria de José Antonio Kast en las últimas elecciones, han surgido varias conductas de diversos sectores vinculados a la extrema izquierda, que generan poderosas dudas respecto de la salud de nuestro actual sistema democrático que no deben pasar inadvertidas.

Lo anterior se debe básicamente a dos razones. La primera, es que desde la administración saliente se ha intentado “amarrar” a un sinnúmero de funcionarios públicos, incluso de aquellos que corresponde nombrar por razones de absoluta confianza a cualquier gobierno de turno. Lo cual busca boicotear la labor del próximo presidente, impidiéndole ejercer como corresponde parte de sus funciones.

Y la segunda, más grave aún, ha sido el llamado de varias voces de extrema izquierda a tomarse las calles desde marzo, propiciando así por un nuevo “estallido social”, no sólo para protestar contra el futuro gobierno, sino también para ocasionar su caída, lo que reconocen y propugnan abiertamente. Ello, pese a la notable votación obtenida y a que estos mismos sectores ahora inconformes, se consideran a sí mismos los únicos verdaderamente democráticos, autoatribuyéndose así una más que discutible superioridad moral.

De esta forma, ambas situaciones muestran muy a las claras que sus promotores consideran que se encuentran más allá e incluso sobre la decisión popular, la que sólo resultaría legítima a sus ojos si los favorece. Todo lo cual es absolutamente inaceptable.

Esto confirma que buena parte de la izquierda no cree realmente en la democracia, pese a sus insistentes dichos en sentido contrario; situación que por desgracia ha ido contagiando a la izquierda tradicionalmente considerada democrática.

Y no cree en ella, porque la estima una creación burguesa, que además, está inspirada en una antropología incompatible con el colectivismo que profesa. De ahí que como en el fondo no la considera legítima, no tenga ningún problema en usarla como un instrumento más para llegar al poder, respetándola si le sirve para dicho fin o desconociéndola en caso contrario.

Todo esto debiera generar un amplio, decidido y contundente rechazo, tanto de la población como de la clase política en general. Sin embargo, y aun cuando ha habido diversas voces y reacciones, no deja de llamar la atención la poca fuerza que ellas han tenido; lo cual parece indicar que un sector no menor de nuestro país no es realmente demócrata.

En consecuencia, el horizonte inmediato se ve poco halagüeño. Con la agravante que ante posibles desórdenes y actos de vandalismo, y la necesaria respuesta que tiene la obligación de dar la fuerza pública, se añada el consabido problema de los “derechos humanos”, esgrimidos de manera mañosa tanto por instancias nacionales como internacionales, que sólo defienden a los antisistema y no al resto de la ciudadanía, cuyos derechos parecen no tener importancia alguna.

Nos encontramos así, ante una grave amenaza a nuestro sistema democrático. Por eso, si realmente queremos mantenerlo, es necesario un rotundo y contundente rechazo hacia estas actitudes y conductas por parte del grueso de la población.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho, profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián y miembro del Capítulo Concepción de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile.

¿Qué pretende la izquierda?

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Por Jaime Jankelevich

En las dos últimas semanas el país ha sido testigo de acciones violentas por parte de la izquierda que desacreditan sus credenciales democráticas. El primero en recibir una agresión verbal fue el Presidente Kast, pues durante la primera Cuenta Pública al país el lunes 1 de junio, desde las tribunas del Congreso un hombre lo interrumpió gritándole mentiroso.

El diputado Manouchehri se dio el gustito de decir que el nombramiento del expresidente Frei era “una ordinariez” que le daba “vergüenza ajena”, que el Presidente Kast “se cubre” con el apellido Frei para parecer pluralista, y criticó también a Frei.

En la misma semana le hicieron una encerrona al ministro Francisco Undurraga que en el día del Patrimonio asistió a una representación de la Pérgola de las Flores en el Centro Cultural CEINA. Lo trataron de nazi, ladrón, hijo de… le desearon que tuviera problemas físicos, mofándose de su condición al decir “este gallo no se puede levantar” cuando le costó bajar las escaleras. Además, amenazas de muerte. Y como si todo esto fuera poco, cambiaron parte de la letra de la Pérgola de las Flores para incluir dichos del Presidente en la cuenta pública sobre metáforas e hipérboles.

Todo esto debidamente organizado previamente para intentar que se retirara, lo que no lograron porque estoicamente, el ministro permaneció en el evento para disgusto de los que organizaron la encerrona.

Y ya antes le había tocado el turno a la Ministra de Ciencia y Tecnología Ximena Lincolao Pilquian, quien fue agredida por estudiantes de la Universidad Austral en una encerrona en el Aula Magna donde fue a inaugurar el año académico.

Como si fuera poco, el viernes antepasado, a la diputada Javiera Rodríguez, que participaba en la charla “Experiencias Universitarias: Una Mirada del Liderazgo de Derecha”, un grupo de estudiantes mantuvo pancartas y le gritaron consignas en su contra, para enseguida lanzarle agua a la cara, la escupieron, la empujaron y tuvo que salir bajo protección. Previo a su participación en dicho evento, recibió amenazas de muerte, lo que denunció ante la PDI.

Que ironía que esto haya ocurrido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuando se supone que los que allí estudian aprenden la importancia de que se respete el Estado de Derecho en el país lo que implica, entre otras cosas, el derecho irrestricto a la libertad de expresión.

Y por supuesto, volvieron las protestas violentas. El miércoles, la Confech, presidida por el Partido Comunista, convocó a una marcha, citando la misma en la Plaza Baquedano cuando sólo se les autorizó hacerlo desde Los Héroes hasta la estación Ecuador. Esto derivó en graves incidentes, dejando como saldo 35 detenidos, uno de ellos por porte y manipulación de bombas molotov, tres civiles heridos y tres carabineros lesionados entre los cuales hay una oficial mujer.

A menos de tres meses de asumido el actual gobierno, no son casualidad todos estos incidentes por lo que es importante reflexionar sobre las intenciones de la izquierda.

Durante los cuatro años que gobernó Boric y pretendieron refundar Chile, acabar con el capitalismo, potenciar al Estado como solucionador de todos los problemas, nada de esto ocurrió. Pero cómo olvidar el octubrismo, cómo olvidar lo que le hicieron al Presidente Piñera, cómo olvidar el parlamentarismo de facto, la violencia que incendió iglesias, quemó el Metro, saqueó negocios… hasta que asumió Boric. De ahí en adelante, por arte de magia, desaparecieron las protestas, no hubo violencia en las calles, las organizaciones sociales no tuvieron ningún problema que reclamar, todo en orden.

Pero bastó que asumiera el Presidente Kast para que reapareciera el lenguaje de intolerancia contra quienes no piensan como ellos; los que se manifiestan violentamente en las calles escondidos en overoles blancos con bombas molotov, piedras y acelerantes. Esa soberbia injuriosa e insolente está de vuelta y cabe preguntarnos qué pretenden.

¿Están pensando en activar los rescoldos aún calientes del octubrismo para repetir lo de 2019? ¿Están agrediendo a ministros y parlamentarios para amedrentarlos y no hagan la tarea de reconstruir el país? ¿Están intentando causarle la mayor cantidad de problemas al gobierno y que este fracase para volver al poder en 2030? ¿Todas las anteriores o más?

El tiempo lo dirá. Por el momento, comparto estas reflexiones para que cada uno saque sus propias conclusiones.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el domingo 7 de junio de 2026.

La mater de todas las batallas

Por Pablo Ortúzar

Una de las características principales de los primeros cien días de José Antonio Kast ha sido abrir un conflicto con toda la izquierda atrincherada en el ámbito de la educación y la cultura: desde la intelligentsia académica hasta los gremios de actores, pasando por el Colegio de Profesores y el movimiento estudiantil. La impotencia de las respuestas desde estas trincheras confirma las vacas flacas, flaquísimas, por las que pasa la izquierda. A Piñera el movimiento estudiantil le desarticuló el primer gobierno y los escolares dieron el puntapié inicial del estallido. Los artistas de izquierda, por su parte, le botaron un ministro en dos días; diversos gremios académicos le cuestionaron todas y cada una de sus medidas (especialmente durante la pandemia), y el Colegio de Profesores logró hacerse primero con las que parecían ser las mejores vacunas contra el Covid y aun así no volver a clases. Ahora languidecen y se ven lastimosos y hasta ridículos, como Mario Aguilar afirmando frente a las cámaras que las manifestaciones estudiantiles son perfectamente pacíficas mientras un grupo de encapuchados, portando bombas molotov, atraviesa la toma. O, hablando de tomas, los estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile tomándose su facultad y destruyendo hasta dejar convertida en chiquero la oficina de la decana. Corren aires de poca compasión con les cabres y les académiques.

Sin embargo, estos son laureles engañosos, que bien podrían mostrarse estériles, un mero gustito de la “batalla cultural”, si es que el gobierno no se prepara y se decide a recuperar posiciones en el campo en disputa. Enojar al adversario es distinto a hacerlo retroceder. La madre del cordero la tocó, sin querer, el ministro Quiroz en su poco afortunada frase sobre las vocaciones profesionales. La gratuidad es una de las políticas públicas más caras de la historia de Chile, y hoy está financiando una fábrica de cesantes ilustrados. El CAE hace visibles los efectos de la combinación de malas decisiones y mala fortuna en el bolsillo de los estudiantes que se endeudan para estudiar. La tragedia y el costo del título inútil lo carga cada uno. Pero la gratuidad simplemente cubre ese mal con dinero de los impuestos, sin arreglar el problema mayor. Quita la deuda, pero no la cesantía posterior. Los perdonazos prometidos por Boric durante todas y cada una sus campañas políticas eran también un parche curita.

El poder del Frente Amplio se construyó sobre la promesa de una revolución cultural: la expectativa de educación pública (es decir, de libre acceso), gratuita y de calidad para todos. Cualquier cosa por debajo de este estándar era, en teoría, mera segregación. No más selección, no más mérito. Todos merecían lo máximo. Todos tendrían lo máximo. No sólo no habría más educación selectiva, sino que el título universitario sería un derecho universal. Este nuevo pacto, instaurado por Bachelet II, reemplazaría el desgastado acuerdo social de la transición, que prometía acceso a la universidad, y por tanto a una vida profesional estable y lucrativa, sólo a los mejores y más esforzados. Una década y millones de dólares después, la productividad de los chilenos no ha mejorado un ápice y la cesantía ilustrada, tal como en Estados Unidos o en el Reino Unido, crece a un ritmo vertiginoso. La educación superior está a punto de sucumbir a la misma banalidad en la que ya se hundió la educación básica y media (de donde los profesores se retiran en masa). Y los sueños rotos se los llevan Uber, Only Fans y otras plataformas. ¿A nadie le llamó la atención que entre los ejecutados de altos ingresos del CAE aparecieran influencers como “Otakín” y emprendedores como el dueño de Descuentos Rata, cuyo ingreso en nada se relaciona a lo que estudiaron? Hasta algunas de las “historias exitosas” eran a pesar de la universidad y no gracias a ella.

El gran desafío de la derecha gobernante es plantear un nuevo contrato social y educativo a la sociedad chilena, y avanzar en él. Ni más ni menos. Y el tiempo para mostrar ese horizonte se agota. Esa es la madre de todas las batallas, y si no logra avanzar en una propuesta, la izquierda cultural habrá sufrido un mal rato, pero no una merecida derrota.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el sábado 13 de junio de 2026.