Gobierno y Política
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Auditoría del Gobierno detecta 1,4 billones en transferencias a fundaciones que no acreditan rendición
Periodista de Prensa en BioBioChile
Con información de Bárbara Paillal
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Ética y transparencia de BioBioChile
Captura de video – Gobierno de Chile
El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno informó los resultados del tercer reporte del denominado Plan de Inspección Total al Estado, señalando que se identificaron más de 1,4 billones de pesos en transferencias a fundaciones que no acreditan su rendición. Además, indicó que se instruirán cuatro nuevas investigaciones en el marco del plan y alertó sobre el aumento del uso del trato directo.
En su cuarta sesión, el comité resolvió instruir investigaciones específicas en los ministerios de Deporte, Energía, Agricultura y Salud, tras detectar antecedentes que requieren una revisión más profunda y la eventual determinación de responsabilidades.
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Según señalaron, en el Ministerio del Deporte la investigación está centrada en el Instituto Nacional de Deportes, en materias vinculadas a la administración, transferencia y rendición de recursos públicos.
En el Ministerio de Energía, en tanto, la revisión se centra en la Agencia de Sostenibilidad Energética, considerando transferencias, rendiciones, contrataciones, ejecución de programas y cumplimiento de objetivos financiados con recursos públicos.
En el Ministerio de Agricultura, se instruyó investigar las transferencias de recursos a organismos ejecutores, revisando rendiciones, regularidad de compras y contrataciones, además del cumplimiento de objetivos y obligaciones por parte de dichos organismos.
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Y, por su parte, en el Ministerio de Salud se solicitó investigar compras y contrataciones, incluyendo subsecretarías, servicios dependientes y entidades ejecutoras.
“Estamos avanzando en cada sesión, no solo en la detección de alertas, sino también en adoptar decisiones concretas. Cuando vemos antecedentes que requieren revisión más profunda, instruimos investigaciones, porque nuestro compromiso es proteger los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control del Estado”, dijo la subsecretaria de la Segpres y presidenta del comité, Constanza Castillo.
Hallazgos en transferencias a fundaciones
Ahora, respecto de los hallazgos sobre transferencias a fundaciones, desde el Gobierno indicaron que durante la administración anterior se identificaron más de 5,4 billones de pesos transferidos que debieron ser objeto de rendición. De ese total, más de 1,4 billones de pesos no acreditan su rendición. Los servicios con mayor proporción no rendida son el Sence, seguido del Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura.
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Además, según consignaron, entre 2022 y 2026 se crearon 177 fundaciones que recibieron más de 11 mil millones de pesos sujetos a rendición. De ese total, más de 6.500 millones de pesos, es decir, cerca del 60%, no cuentan con rendición acreditada. Asimismo, en 79 de esas 177 nuevas fundaciones que recibieron fondos públicos no existe registro alguno de rendición.
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“Cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, no termina ahí su responsabilidad. La obligación pública continúa hasta que esos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos”, advirtió la subsecretaria Castillo.
No obstante, durante la presentación del reporte también precisó: “No afirmamos que en todos los casos exista fraude o delitos, pero sí afirmamos que hay señales de riesgo que el Estado no puede normalizar, y conductas que deben ser corregidas en función del buen uso de los recursos públicos“.
Además, advirtió que se seguirán investigando las transferencias, con énfasis en las fundaciones creadas entre 2022 y 2026 y en aquellas que registran un 0% de rendición. “En el caso de que se detecte una irregularidad, las vamos a derivar oportunamente a los organismos correspondientes y se lo haremos saber”, apuntó.
Y, consultada al respecto, dijo que “sí hay fundaciones que tienen relación con el caso Convenios“, reiterando que harán énfasis en investigar las transferencias a estas organizaciones.
Alerta por aumento del trato directo
Por otra parte, una nueva alerta detectada por el comité corresponde al uso intensivo del trato directo en distintos organismos del Estado. Se identificaron servicios donde más de la mitad de las compras se realizaron sin licitación pública, siendo los principales el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
El análisis evidenció además un aumento en la utilización de distintas causales para justificar las compras por trato directo, especialmente las de “proveedor único”, “confianza y seguridad” y “emergencia”.
Según consignan desde el Ejecutivo, esta última causal merece especial atención, porque su uso supera en un 17% lo registrado durante el período de la pandemia del Covid-19, razón por la cual se revisarán los antecedentes.
Avances de investigaciones ya iniciadas
El comité también revisó el estado de avance de las investigaciones instruidas en sesiones anteriores.
Respecto de Junaeb, señalaron que los antecedentes por más de $14.000 millones pagados en raciones de alimentos no entregadas ya fueron denunciados ante el Ministerio Público.
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En el Ministerio de Transportes, sostienen que se ha regularizado más del 80% de los $30.000 millones heredados sin respaldo administrativo suficiente, pagando a proveedores y normalizando la cobertura de servicios de transporte tanto a nivel regional como nacional.
En el Ministerio de Ciencia, donde se acusaron más de $100.000 millones por incumplimientos en el programa Becas Chile y otras transferencias, se solicitó a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría y, además, se instruyó al ministerio iniciar una auditoría interna.
Finalmente, en el Ministerio de la Mujer, concluyeron que durante las últimas semanas surgieron nuevas alertas que hicieron necesario ampliar el alcance de la investigación.
Entre aliados, la prudencia
Por Gonzalo Rojas Sánchez
No, no es lo mismo disputar con tus aliados cuando estás en la oposición que cuando tienes obligación de administrar el poder.
Por supuesto, las normas éticas que regulan la política se aplican por igual a una y a otra situación. Siempre debes ser veraz, siempre debes ser dialogante, habitualmente se te pide sacrificio y abnegación. Nada de eso cambia, ya sea que formes parte de una pequeña bancada opositora o de una mayoritaria coalición gobernante.
Pero, cuando se está en la oposición, ninguna de esas exigencias obliga a los diversos grupos que la configuran a tener que coordinar programas, estrategias y declaraciones. Precisamente porque son diversos, tienen todo el derecho a plantear sus particulares visiones sobre el modo de enfrentar al gobierno de turno y sobre las fórmulas para acceder a un futuro poder. Es lo que evidentemente sucedió con las diversas derechas durante el gobierno anterior, así como en las elecciones últimas. Republicanos, libertarios y Chile Vamos, cada uno jugó sus cartas presidenciales y parlamentarias dentro de una legítima competencia, en la que era lógico diferenciarse y criticarse mutuamente.
Si uno de los tres iba a ganar la elección, ¿no se hacía exigible intelectual y afectivamente que los partidos no victoriosos entendieran la necesidad de apoyar decididamente al nuevo gobierno? ¿Es que no se logra distinguir entre las reglas de la competencia por el poder y las que regulan su ejercicio? No cambian las exigencias éticas —ya lo decíamos— entre una situación y la otra, pero sí se exige una renovada consideración en el ejercicio de esa virtud decisiva que es la prudencia.
En efecto, la legítima disensión pública entre posturas afines mientras se es oposición, debe plantearse de una manera enteramente distinta cuando diversas fuerzas aliadas —o al menos amigas— han sido favorecidas con una importante representación parlamentaria, y más aún si uno de los suyos ha sido electo para ocupar la Presidencia de la República. No distinguir una situación de la otra revela una carencia grave de aptitud para la política.
Si esta columna entrara ahora a relatar todos y cada uno de los desaciertos con que variados personajes han estado minando el esfuerzo común en que está comprometida la inmensa mayoría de los partidarios del actual gobierno, nuestro texto incurriría justamente en el mismo defecto criticado. Pero tampoco se puede callar: la paradoja consiste en que no clamar “¡callémonos y trabajemos lealmente por hacer un gran gobierno para Chile!”, sería otro modo imprudente de proceder.
Por eso, al hablar y al escribir, se exige la prudencia. La prudencia de quienes ocupan hoy posiciones políticas subalternas, porque sería conveniente que entiendan que su tiempo ya pasó; la prudencia de quienes tienen cámara y micrófono disponibles, porque su afán de protagonismo no se condice con el contenido supuestamente altruista de sus declaraciones; la prudencia de quienes tienen poderes efectivos, para no provocar molestias innecesarias en aliados menos empoderados; en fin, la prudencia de quienes juzgamos los acontecimientos desde una cierta distancia, para reconocer que se nos escapan datos y matices. ¿Quiere el lector que precise más? No, sería una imprudencia.
Lo que en conciencia se considera que hay que decir, ciertamente no se puede callar. Pero ¿a quién se le debe decir? La respuesta fácil es “al público, porque la polis es de todos”. La respuesta correcta es “a quien puede encontrar la solución, porque a la polis hay que servirla”. La diferencia es grande, y en la primera opción no hay más democracia, sino menos eficacia. Desde antiguo se la llama demagogia.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el miércoles 24 de junio de 2026.
*La República de los Intocables*
*_Cuando la política deja de servir al país para comenzar a protegerse a sí misma_*
Hubo un tiempo en que la política chilena discutía proyectos de país. Se debatían modelos de desarrollo, instituciones, crecimiento económico, seguridad nacional y futuro republicano. Hoy, en cambio, pareciera discutirse algo muy distinto: cómo conservar el poder, cómo proteger a los propios y cómo asegurar la próxima elección.
Ese cambio no ocurrió de un día para otro. Fue lento, casi imperceptible. Como sucede con las instituciones que se desgastan, nadie logra identificar el momento exacto en que dejan de cumplir el propósito para el cual fueron creadas. Simplemente un día descubrimos que ya no representan al ciudadano, sino a quienes las administran.
Y ese es, probablemente, el principal problema de Chile.
No la izquierda.
No la derecha.
No el gobierno de turno.
Sino una clase política que terminó construyendo un sistema que, antes que responder ante los ciudadanos, parece responder ante sí misma.
El estadista y el administrador del poder
Un estadista no gobierna para la próxima elección. Gobierna pensando en la próxima generación.
El estadista entiende que el poder no es una recompensa personal, sino una carga histórica. Sabe que la Presidencia no es un trono, ni una plataforma ideológica, ni una empresa electoral. Es la conducción superior de una nación.
Chile tuvo presidentes con aciertos y errores, pero que comprendieron, cada uno a su manera, que gobernar significaba proyectar un país.
Jorge Alessandri representó una visión austera, técnica e institucional del Estado. El General Augusto Pinochet —independientemente del juicio histórico que cada uno tenga sobre su gobierno— condujo una transformación estructural que modificó profundamente la institucionalidad y el modelo económico chileno.
Después vino la etapa en que los partidos políticos retomaron el poder.
Patricio Aylwin intentó actuar como hombre de Estado, pero llegó a la Presidencia como la cara visible del conglomerado que se articuló contra el Gobierno Militar, pero a mi entender fue quien entregó el gobierno de Allende y quisieron que apareciera como el que recuperó lo que ellos llaman “democracia”.
Eduardo Frei Ruiz-Tagle heredó gran parte del capital simbólico de su apellido.
Ricardo Lagos alcanzó la Presidencia convertido en uno de los principales “símbolos” políticos de oposición al Gobierno Militar, allgo así como el niño simbolo de la política.
Los tres buscaron proyectar cierta estatura republicana. Sin embargo, gobernaban dentro de coaliciones cuyo principal objetivo era administrar acuerdos políticos y conservar el poder.
Y esa diferencia no es menor, ya que un estadista conduce una nación y un administrador del poder conduce una coalición, que es lo que realmente fueron.
La política de la silla musical (término de mi estimado amigo Jorge Matthei)
Con el primer gobierno de Michelle Bachelet comenzó una nueva etapa.
Su llegada al poder respondió más a una construcción política, emocional y comunicacional que a una trayectoria ejecutiva de grandes resultados. Su figura se transformó rápidamente en símbolo, y ese simbolismo bastó para llevarla a La Moneda.
Sebastián Piñera, por su parte, alcanzó finalmente un objetivo político que había perseguido durante años.
Hasta ese momento, la alternancia podía interpretarse como una señal saludable de una democracia funcional.
Pero durante el segundo gobierno de Bachelet comenzó a instalarse una lógica distinta, la política de la “silla musical”.
La Presidencia empezó a cambiar de manos entre bloques que prometían corregir los errores del gobierno anterior, pero que una vez instalados reproducían muchas de las mismas prácticas de poder.
Bachelet dio paso a Piñera.
Piñera entregó el poder a Boric.
Boric entregó el gobierno a Kast.
Cambian los nombres, cambian los ministros, cambian las consignas.
Pero para millones de ciudadanos los problemas estructurales siguen exactamente donde estaban.
La inseguridad aumenta.
La deuda pública crece.
El aparato estatal continúa expandiéndose.
La burocracia se fortalece.
La confianza en las instituciones disminuye.
La política cambia de uniforme, pero no cambia de comportamiento.
La nueva élite chilena
Durante décadas se habló de las élites económicas.
Hoy existe otra élite igual de poderosa – La élite política.
Una clase dirigente profesional que ha hecho del Estado su principal espacio laboral y cuya permanencia depende menos de los resultados obtenidos que de su capacidad para mantenerse dentro del sistema.
Muchos llevan veinte o treinta años ocupando cargos públicos, parlamentarios, ministeriales, municipales, asesores o partidarios.
Cambian de gobierno.
Cambian de cargo.
Cambian de discurso.
Pero nunca abandonan realmente el aparato estatal.
Y como ocurre con cualquier organización humana, el instinto de conservación termina siendo más fuerte que cualquier discurso.
El objetivo deja de ser gobernar bien, pasa a ser mantenerse gobernando.
El legado del gobierno de Gabriel Boric
El gobierno de Gabriel Boric dejó un escenario fiscal complejo que Chile deberá enfrentar durante muchos años.
No es el propósito de este artículo entrar en un análisis técnico de las cifras. Pero sí corresponde reconocer una realidad: las decisiones adoptadas por un gobierno no desaparecen cuando ese gobierno termina.
Las deudas quedan.
Los compromisos no desaparecen.
Los programas mal diseñados siguen penando como alma en pena.
Las instituciones debilitadas se mantienen.
Y el ciudadano común termina pagando las consecuencias.
Toda administración deja una herencia. Y toda herencia tiene responsables políticos.
El caso Grau y la protección del sistema
Durante años, quienes hoy gobiernan construyeron buena parte de su discurso criticando —con razón— numerosos errores del gobierno de Gabriel Boric.
Sin embargo, cuando llegó el momento de establecer responsabilidades políticas mediante una acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, gran parte del mundo político actuó de manera muy distinta a la que prometía cuando estaba en la oposición.
El Senado rechazó los cuatro capítulos de la acusación constitucional contra Grau. Esta acusación buscaba inhabilitarlo por cinco años para ejercer cargos públicos y no alcanzó los 26 votos necesarios; el mayor apoyo obtenido fue de 16 votos.
Más allá de las posiciones jurídicas que cada uno pueda sostener, lo relevante es el mensaje que recibe la ciudadanía.
Cuando las responsabilidades alcanzan a quienes pertenecen al círculo del poder, la política parece reaccionar con mucha más prudencia que cuando debe juzgar a funcionarios de menor influencia.
¿Por qué ocurre esto?
No necesariamente porque exista una conspiración.
Basta algo mucho más simple.
La conveniencia.
Hoy se protege al adversario.
Mañana ese mismo adversario puede protegerte a ti.
Los gobiernos cambian.
Las mayorías parlamentarias cambian.
Pero quienes integran la clase política continúan conviviendo durante décadas.
Comparten negociaciones, comisiones, acuerdos e intereses.
Y muchas veces terminan compartiendo también un mismo instinto: preservar el sistema del cual todos forman parte.
Es una lógica profundamente humana, pero a la vez extraordinariamente peligrosa para una República.
La acusación constitucional: el juicio político de la República
La acusación constitucional no es una condena penal.
Es un juicio político.
Es el mecanismo mediante el cual la República puede exigir responsabilidad a las máximas autoridades del Estado cuando han infringido gravemente sus deberes constitucionales.
En el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados acusa y el Senado actúa como jurado.
Si el Senado declara culpable al acusado, la consecuencia es grave: destitución del cargo, si aún lo ejerce, e inhabilidad por cinco años para desempeñar cualquier función pública, sea o no de elección popular.
Desde 1991 hasta 2026 se han presentado 51 acusaciones constitucionales en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, las aprobadas con sanción efectiva han sido muchas menos. Entre quienes han sido castigados constitucionalmente desde que los partidos políticos retomaron el poder están:
Hernán Cereceda, ministro de la Corte Suprema, destituido en 1993.
Yasna Provoste, ministra de Educación, destituida en 2008.
Harald Beyer, ministro de Educación, destituido en 2013.
Andrés Chadwick, ministro del Interior, inhabilitado en 2019.
Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, destituida e inhabilitada en 2024.
Sergio Muñoz, ministro de la Corte Suprema, destituido e inhabilitado en 2024.
Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, destituido e inhabilitado en 2025.
Diego Simpertigue, ministro de la Corte Suprema, destituido e inhabilitado en 2025.
El dato es revelador y muestra que el mecanismo existe, pero su aplicación efectiva es excepcional.
Y cuando se trata de autoridades políticas, especialmente de quienes forman parte del corazón del poder, la barrera se vuelve todavía más alta.
El Presidente de la República: el gran protegido
A mi entender y el de muchos de mis amigos más entendidos en el tema, quien debería haber sido acusado constitucionalmente es el ex presidente Gabriel Boric, por todos los errores bajo su mando.
Ahora aquí aparece una de las mayores contradicciones de nuestro sistema constitucional.
El Presidente de la República concentra el mayor poder político del país. Sin embargo, una vez terminado su mandato, sólo puede ser acusado constitucionalmente durante los seis meses siguientes.
Transcurrido ese plazo, esa posibilidad desaparece y si existen delitos, podrán actuar el Ministerio Público y los tribunales de justicia, lo cual dudo enormemente ocurra.
Si existen irregularidades administrativas, podrá intervenir la Contraloría dentro de sus competencias.
Podrán existir comisiones investigadoras.
Podrán existir responsabilidades civiles.
Pero la responsabilidad política presidencial, entendida como juicio institucional de la República, queda cerrada por el paso del tiempo.
Y eso resulta difícil de aceptar.
Porque las decisiones presidenciales no producen consecuencias sólo durante cuatro años.
La deuda pública puede sentirse durante décadas.
Las reformas mal diseñadas pueden dañar generaciones.
Los nombramientos pueden afectar instituciones completas.
Los contratos pueden comprometer recursos futuros.
La expansión irresponsable del Estado puede hipotecar a gobiernos posteriores.
Cuando finalmente aparecen los efectos reales de una mala administración presidencial, muchas veces el plazo constitucional ya expiró.
La dieta de expresidente
A esto se suma otro punto sensible.
Los expresidentes de la República reciben una dieta y beneficios asociados a su condición institucional. La ley establece que el expresidente que asuma una función remunerada con fondos públicos deja de percibir esa dieta mientras desempeñe dicha función.
Pero aquí aparece la pregunta de fondo.
¿Qué ocurre si un expresidente es acusado constitucionalmente y declarado culpable?
La consecuencia constitucional directa sería la inhabilidad por cinco años para ejercer funciones públicas. Pero resulta legítimo preguntarse si una persona sancionada políticamente por la República debiera mantener beneficios estatales derivados precisamente del cargo cuya responsabilidad incumplió.
No se trata de venganza. Se trata de coherencia institucional.
Si el poder trae honores, también debe traer consecuencias.
¿Qué República queremos construir?
Una democracia madura no sólo se mide por la libertad para elegir gobernantes.
También se mide por la capacidad de exigirles responsabilidad cuando administran mal los recursos públicos, debilitan las instituciones o comprometen el futuro del país.
Mientras mayor es el poder, mayor debe ser la responsabilidad.
Nunca menor.
Y, sin embargo, nuestro sistema parece operar exactamente al revés.
La autoridad con mayores atribuciones termina siendo, en la práctica, una de las más protegidas frente al juicio político de la República.
Eso debe cambiar.
No porque Chile deba vivir acusando constitucionalmente a cada Presidente.
Sino porque ningún gobernante debería sentirse inmune frente a las consecuencias de sus propias decisiones.
Conclusión
Quizás el verdadero problema de Chile no sea solamente quién llega a La Moneda.
Quizás el verdadero problema sea que, gobierne quien gobierne, la clase política ha aprendido a protegerse a sí misma antes que a proteger la institucionalidad que juró defender.
Cuando un ministro es cuestionado, aparecen los cálculos.
Cuando un gobierno deja una pesada herencia fiscal, aparecen las explicaciones.
Cuando existen dudas sobre responsabilidades políticas, aparecen las negociaciones.
Pero rara vez aparece aquello que debería ser el principio rector de toda República: la rendición de cuentas.
En mi opinión, esto es inaceptable.
Quien administra un municipio responde por sus actos.
Aquel que dirige un servicio público responde por sus actos.
Quien ejerce como ministro responde por sus actos.
Entonces, ¿por qué quien ocupa la máxima magistratura del país debe disponer de una protección temporal que, en la práctica, muchas veces termina transformándose en un blindaje político?
Los presidentes no son monarcas de cuatro años – No son propietarios del Estado – Tampoco son figuras sagradas de la historia oficial – Son funcionarios públicos investidos del mayor poder que puede entregar la República.
Y precisamente por eso debieran estar sometidos al mayor nivel de escrutinio.
No existe democracia sólida sin responsabilidad.
No existe República fuerte cuando el poder queda protegido de la evaluación institucional.
Y no existe verdadera igualdad ante la ley cuando algunos servidores públicos quedan expuestos al juicio político mientras otros, precisamente los más poderosos, logran escapar simplemente porque el tiempo transcurrió.
Los presidentes deben responder.
No por revancha. No por odio. No por cálculo electoral.
Deben responder porque gobernar una nación es el acto de mayor responsabilidad pública que existe.
La historia demuestra que las naciones no se debilitan únicamente por los malos gobernantes. También se debilitan cuando sus instituciones dejan de exigir cuentas a quienes gobiernan.
Entonces cuando la política deja de responder ante los ciudadanos y comienza a responder únicamente ante sí misma, la República deja de pertenecer a todos y pasa a convertirse en patrimonio de unos pocos.
Y ese día, Chile deja de ser una República de ciudadanos.
Para convertirse en una República de intocables.
*Juan Ortiz-Rencoret*
*Director Ejecutivo*
*_PazparaChile Fundación_*