Economía:

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 Después de la reforma

Por Álvaro Pezoa Bissières 

La megarreforma económica está prácticamente aprobada. Después de meses de discusión política, negociaciones y tensiones parlamentarias, solo resta resolver un aspecto específico de su tramitación. Es un buen momento para detenerse y mirar más allá del debate legislativo.

Sería un error pensar que con la aprobación de la reforma termina el desafío. Aun tratándose de un gran logro, el reto recién comienza.

Las leyes crean condiciones; no producen resultados por sí mismas. El crecimiento económico no surge automáticamente de una norma publicada en el Diario Oficial. Depende, sobre todo, de las decisiones que miles de personas toman cada día: emprender, invertir, contratar trabajadores, innovar y asumir riesgos. Una buena institucionalidad puede favorecer esas decisiones, pero nunca reemplazarlas.

Por eso, el principal valor de esta reforma quizá no resida únicamente en sus medidas específicas, sino en la señal que el país envía acerca de su voluntad de recuperar una senda de crecimiento sostenido. Los mercados leen incentivos, pero también convicciones.

Durante demasiados años Chile ha convivido con un clima de incertidumbre que debilitó la inversión y redujo las expectativas de crecimiento. No se debió a una sola causa, sino a la acumulación de señales equivocadas: alzas impositivas, cambios regulatorios, rigideces laborales, polarización política y una creciente desconfianza respecto del futuro. Los agentes económicos reaccionan frente a las expectativas.

Sin embargo, sería ingenuo creer que la aceptación de la reforma basta, por sí sola, para revertir años de bajo crecimiento. Chile continúa enfrentando desafíos estructurales por resolver. La productividad permanece estancada, la “permisología” aún sigue retrasando inversiones, el Estado requiere una profunda modernización y la seguridad pública continúa siendo una preocupación cotidiana para las familias y las empresas. Todo ello influye en las decisiones económicas.

La promulgación de la reforma tampoco debiera cerrar el debate público. Al contrario, debería elevar su nivel. La pregunta ya no es si el país necesita crecer, sino cómo lograremos sostener ese crecimiento durante la próxima década. Esa tarea exigirá estabilidad institucional, responsabilidad fiscal, probidad pública y privada, apertura al mundo, innovación tecnológica, mejor formación de capital humano y una colaboración mucho más estrecha entre el Estado, las empresas y la sociedad civil.

Chile ha dado un paso importante. Ahora corresponde demostrar que detrás del avance legislativo existe algo aún más valioso: la decisión colectiva de volver a desplegar un país que crezca, genere oportunidades y recupere la confianza en el futuro. Porque las reformas pueden abrir caminos, pero solo una sociedad que vuelve a creer en sí misma es capaz de recorrerlos. Es una prueba que nos interpela a todos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el lunes 27 de julio de 2026.

El Frente Amplio y la ensoñación estatista

Por Sergio Muñoz Riveros 

Entre marzo y julio de este año, el Frente Amplio realizó su primer congreso ideológico y estratégico, cuyas conclusiones están resumidas en un texto de 44 páginas que se encuentra disponible en el sitio web partidario. Es útil leerlo a la luz de la trayectoria de una fuerza política que constituye un caso único de éxito fulgurante. En 2016, se efectuó el congreso fundacional de los grupos de izquierda que se coaligaron, y solo 6 años después uno de sus líderes llegó a la Presidencia de la República.

La fusión en un solo partido se produjo en 2023, lo que explica que el congreso reciente haya definido una declaración de principios y un horizonte político y programático. Es llamativo, por supuesto, que el empeño por decantar la propia identidad se produzca luego de haber pasado por la experiencia de gobernar. En realidad, los líderes del FA no se imaginaban que en la elección de 2021 se iban a sacar la lotería. La victoria les cayó literalmente en la cabeza, y solo entonces empezaron a ver cómo se las podían arreglar.

Los frenteamplistas sobrevivieron al shock de estar a la cabeza del Estado sin estar preparados para ello. Desde el primer día, fueron evidentes el desconocimiento del Estado, las precarias nociones sobre la tarea de gobernar y, sobre todo, las dificultades para distinguir entre la realidad y la imaginación. Si se releen los pronunciamientos de Boric en la primera etapa, no queda sino concluir que es una suerte que no haya podido cumplir sus propósitos.

Cabía esperar que el congreso ideológico se hiciera cargo de la experiencia vivida en el poder con vistas a mostrar capacidad de autocrítica. Pero, no hay nada de eso en el documento final. Es como si el FA no hubiera pasado por el gobierno y estuviera todavía en la fase de reclutar adherentes y precisar un programa. Su lenguaje sigue siendo el de las disquisiciones sobre los derechos garantizados en abstracto, y los “cambios estructurales” basados en los presupuestos del feminismo, el ecologismo y la lucha contra el neoliberalismo. Es, más o menos, el lenguaje de la Convención, lo que no tiene nada de sorprendente puesto que el FA influyó decisivamente en el proyecto de Constitución de allí surgido.

En realidad, los frenteamplistas deberían sentirse aliviados de que aquel proyecto fuera rechazado cuando llevaban apenas 6 meses en La Moneda. Si se hubiera aprobado, habría sobrevenido un dislocamiento económico, social e institucional de tal magnitud que Boric no habría sabido qué hacer. En rigor, lo salvó el triunfo del Rechazo. Siguió gobernando con la misma Constitución con la que había sido elegido, la que lleva la firma del presidente Lagos, y pudo completar su mandato con el auxilio de los antiguos concertacionistas.

El documento del congreso despeja cualquier duda sobre las definiciones esenciales del FA: “Respecto del conflicto social, la lucha de clases sigue siendo una categoría explicativa central, pues la estructura fundamental de las tensiones contemporáneas continúa siendo económica y de clase”.

Si para el FA la lucha de clases es “una categoría explicativa central”, casi no hace falta agregar nada más. De esa lucha, se deduce que emergerá la sociedad superior. Cuento antiguo, por supuesto. En el punto 43 del documento, se establece: “El horizonte estratégico del Frente Amplio es socialista, entendido como el tránsito hacia una economía democratizada, orientada al bienestar de las mayorías y no a la acumulación del excedente por unos pocos”. Sería interesante escuchar una explicación sobre cómo conciben esa “economía democratizada”. Lo que está más claro es la consagración del principio de tono religioso que debería conducir hacia una sociedad liberada del pecado del lucro.

Se van entendiendo mejor las causas de algunas escaramuzas en las que estuvo envuelto el FA en estos años, el sentido de sus consignas y hasta la sinceridad del propio Boric cuando declaró que una parte de él quería terminar con el capitalismo. Se entienden incluso las trabas puestas al crecimiento económico. En el documento, lo reafirman con todas sus letras: “Como Frente Amplio debemos propugnar que la economía se someta al control democrático y a que el Estado conduzca y regule el desarrollo, congeniando objetivos económicos, sociales y ambientales”.

Para que no haya equívocos sobre el enemigo al que quieren derrotar, el documento define “una elite oligárquica rentista y corporativa”, a la que ven representada por “conglomerados económicos concretos, grandes grupos financieros, AFP, ISAPRES, empresas extractivas y dispositivos empresariales con alta influencia sobre el sistema político, los medios y los espacios técnicos del Estado”. Ni una palabra respecto de cómo creen que debe desarrollarse tal confrontación ni sobre lo que resultaría de ella. No cuesta imaginar el socialismo que tienen en mente.

¿Cuál es el balance que hace el FA de su experiencia como fuerza gobernante? ¿Qué enseñanzas les quedaron a sus dirigentes, además del cariño por el Estado? ¿Qué cosas saben ahora sobre Chile que ignoraban en 2022? Misterio. El congreso ideológico se limitó a describir las motivaciones de un partido que recién está aclarando lo que quiere hacer. Nacieron para hacerle la guerra a la Concertación, y tuvieron éxito, sin duda. Y ahora, levantan como desiderátum del progresismo una visión retrógrada sobre Chile y el mundo.

Sí, retrógrada. Salvo por los tópicos y la jerga de este tiempo, el documento del congreso suena arcaico. La perspectiva que ofrece como novedosa está emparentada con el rudimentario anticapitalismo del FRAP en los años 50 y la Unidad Popular en los 60 y 70. ¿Tienen los dirigentes frenteamplistas alguna información de adónde condujo todo eso? ¿Acaso les están ofreciendo a los chilenos entrar alegremente en una dinámica como aquella? Ahora se entienden los afanes de Boric por hacer del Cincuentenario del golpe el momento de la recuperación de la experiencia de Allende, que él consideraba que había que emular.

¿Qué idea tienen los líderes del FA de lo que es un pensamiento crítico? ¿Llegará la hora en que se muestren dispuestos a aprender de sus errores? Más allá de los intereses partidarios, ¿les preocupa el futuro de la nación? ¿Actuarán contra Kast de la misma manera con que actuaron contra Piñera?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Ex-Ante el lunes 27 de julio de 2026.

EL EMBAJADOR QUE CONFUNDIÓ LA EMBAJADA CON UN PUESTO FRONTERIZO

Ing Jorge Sepúlveda Haugen

Hay personas extraordinariamente competentes para una tarea específica, pero profundamente inadecuadas para otra. Un especialista en torque industrial puede saber exactamente cuánta fuerza aplicar a un perno crítico, pero eso no lo convierte automáticamente en diseñador de un automóvil completo.

Brandon Judd parece estar viviendo esa confusión. Fue agente fronterizo, dirigente sindical y operador de presión. Su mundo profesional se construyó sobre límites, control, disciplina, adversarios y cumplimiento. Pero una embajada no es una frontera. Y un país soberano no es una fila de personas esperando autorización para entrar.

El problema no es que el embajador defienda a Estados Unidos. Ese es su deber. El problema es que parece creer que representar a una superpotencia le concede autoridad para corregir, reprender y ordenar a ministros chilenos dentro de Chile. Cuando un embajador advierte que no habrá acuerdo si ciertas autoridades continúan hablando, deja de explicar una posición diplomática y comienza a administrar obediencia.

Eso no es diplomacia. Es presión política con pasaporte oficial.

La diplomacia verdadera no consiste en humillar al interlocutor, sino en preservar el espacio donde todavía puede existir un acuerdo. Exige lenguaje medido, comprensión histórica, respeto por la soberanía y capacidad para distinguir entre firmeza y prepotencia. Judd, en cambio, parece prolongar el método de su antigua vida profesional: identificar quién está dentro de la negociación, expulsar simbólicamente a quienes considera externos y aumentar el costo para quien rompe la disciplina.

El error es profundo. Chile puede tener ministros descoordinados, declaraciones inoportunas y gobiernos imperfectos. Pero esos defectos se corrigen dentro de las instituciones chilenas. No corresponde que un representante extranjero se transforme en supervisor del gabinete nacional. Estados Unidos puede negociar aranceles; no puede negociar el derecho de Chile a expresar desacuerdo.

La conducta de Judd también refleja una política exterior estadounidense cada vez más transaccional. Bajo Donald Trump, los aranceles dejaron de ser instrumentos estrictamente económicos y comenzaron a funcionar como mecanismos de presión política. Se suben, se bajan o se amenazan según la conveniencia inmediata del poder. El comercio deja de estar regido por reglas estables y pasa a depender del estado de ánimo de la Casa Blanca.

Para Chile, esto tiene efectos concretos. Introduce incertidumbre en exportadores, debilita inversiones, encarece decisiones empresariales y convierte cada relación comercial en una negociación bajo amenaza. Un productor chileno puede cumplir normas, invertir durante años y organizar su cadena logística, pero aun así quedar expuesto a una decisión unilateral tomada a miles de kilómetros. Cuando las reglas dependen del capricho del más fuerte, el mercado deja de ser mercado y se convierte en subordinación.

Lo más peligroso es el mensaje invisible: la amistad con una superpotencia no garantiza respeto. La cercanía ideológica tampoco. Estados Unidos no actúa por afecto, sino por interés. Y cuando percibe debilidad, desorden o silencio, avanza.

Chile debe responder con serenidad, pero también con columna vertebral. No con insultos, porque el insulto reduce la discusión. No con servilismo, porque el servilismo invita a nuevas presiones. La respuesta correcta es institucional: negociar con rigor, diversificar mercados, fortalecer su autonomía económica y establecer un límite diplomático inequívoco.

Brandon Judd no parece haber comprendido que una embajada no es una oficina de control fronterizo y que Chile no es un territorio bajo supervisión. Puede representar el poder de Estados Unidos, pero no gobernar la voz de Chile.

Porque cuando un embajador intenta disciplinar a quienes debe escuchar, no fortalece la relación: revela que ha confundido influencia con mando y cooperación con sometimiento.

Ese límite debe quedar claro antes de que la prepotencia se convierta en costumbre.