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ABRIENDO PUERTAS A LA DELINCUENCIA

Por Gonzalo Ibañez Santa Maria.

El proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno contra la delincuencia ha sido calificado, una y otra vez, como “iliberal” o simplemente como “no liberal”. Pero ¿qué significa ser liberal? Algo que sin duda tiene que ver con “libertad”. Liberal vendría así a ser partidario de la libertad, lo cual parece ser muy razonable. Pero ¿de qué libertad estamos hablando?

Es indispensable hacerse esta pregunta, porque no es lo mismo la libertad para construir dignamente un país que la libertad para destruirlo sin contemplaciones. Tanto más cuanto que en Chile experimentamos con angustia y dolor como esta segunda versión de la libertad es la que está ganando la partida de mano de una delincuencia cada día más agresiva y cada día más poderosa. ¿Cómo ha sido posible llegar a este extremo?

Carlos Peña en su última columna en El Mercurio (Ha llegado carta) sostiene que, si bien Kast avanza algunas ideas que aparentemente son partidarias de la libertad, las ata, sin embargo, a un conjunto de valores y creencias provenientes del cristianismo. En esa hipótesis, continua Peña, “La democracia, la libertad o libertades, y el Estado de Derecho descansarían y encuentran su fundamento en una cierta cultura subyacente”. Lo cual, siempre para Peña, es incompatible con la verdadera libertad “que supone el derecho de las personas a abandonar su identidad étnica, religiosa o lo que fuera”. Kast y su gente, en cambio, “piensan que la libertad no equivale a una simple autonomía. . .”

Algo similar había sostenido Agustín Squella, también en reciente columna del mismo medio (¿Iliberales o Antiliberales?): “la más amplia dimensión ética del liberalismo, consistente en la autonomía de los individuos para formarse y adoptar creencias acerca del bien y de lo que debe hacerse para lograrlo”.

En conclusión,5 para ambos autores, la libertad y, por lo tanto, el liberalismo, son sinónimos de autonomía entendida esta como la posibilidad en virtud de la cual cada uno puede darse a sí mismo los principios por los cuales va a regir su conducta. Y así como se los da, puede cambiarlos a su arbitrio. Esos principios pueden ser los del decálogo de Moisés, pero también pueden ser los que rigen la conducta de los integrantes de la banda del Tren de Aragua. ¿Cómo, entonces, prohibir a otro que mate a su prójimo, o que no lo asalte y robe en plena vía pública? Este liberalismo, llevado a su extremo lógico, niega la existencia de principios objetivos que se conocen en la misma naturaleza humana, común para todos, e impide, en consecuencia, definir y prohibir determinadas conductas: el asesinato, el robo, la mentira, por ejemplo, que ponen en riesgo bienes esenciales de la vida en común. Para el liberalismo, por lo menos para el de estos autores, el bien esencial es la “autonomía individual”: que nadie me venga a imponer normas que yo no quiera. Por esa vía, como puede comprenderse, este liberalismo no hace sino abrir espacios cada vez más holgados a la delincuencia. Es la consecuencia que estamos sufriendo en Chile.

Por eso, más que discutir acerca de la longitud de los estados de excepción, el combate para vencer a la delincuencia exige, antes que nada, aclarar estos puntos.

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