*INFORMAR BIEN*

Señor Director:
Los medios periodísticos tienen el deber de informar sin tergiversar los hechos; lo mismo y con mayor razón corresponde a sus editoriales. El Mercurio de hoy 22, se refiere a la expresidenta Bachelet en los siguientes términos: “se trata de una figura que ha prestado ejemplar y destacado servicio al pais”. Una frase como la anterior es aceptable para el idioma diplomático, que suele disfrazar los hechos, pero no para un medio de comunicación que sabe que el de Bachelet prestó tan ejemplar servicio al país como el de Allende o Boric. En efecto, su reforma Educacional liquidó la educación con el fin al lucro, el copago y la gratuidad; la Tributaria terminó con la inversión; la Laboral produjo cesantía; la Electoral creó el caos politico al reemplazar el sistema binominal por el proporcional. Todo lo anterior, haciendo abstracción de acabar con la Concertación, de buen desempeño, al incluir en su gobierno al Partido Comunista creando la fatal Nueva Mayoría. Creo, señor Director, que su diario no puede elogiar a quien encabezó ese régimen aún sin considerar el “ juicio político que se tenga de ella”. Como he perdido toda esperanza de que El Mercurio publique mis modestas opiniones, copio esta en mis mensajes de difusión para conocimiento de mis lectores.

*Patricio Mackenna Salas*

Liberalismo, iliberalismo y delincuencia

Por Gonzalo Ibáñez Santa María 

El proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno contra la delincuencia ha sido calificado, una y otra vez, como “iliberal” o simplemente como “no liberal”. Especialmente por la longitud que podría tener un estado de excepción dictado unilateralmente por el Presidente de la República. Pero, ¿qué significa ser liberal para entender después por qué algo pueda ser calificado de “iliberal”? La palabra liberal tiene, sin duda, relación con “libertad” por lo que liberal vendría así a ser partidario de la libertad, lo cual parece ser muy razonable. Pero ¿de qué libertad estamos hablando? Veamos las opiniones de Carlos Peña y de Agustín Squella en sus últimas columnas publicadas en El Mercurio.

Carlos Peña en su columna “Ha llegado carta” sostiene que, si bien Kast avanza algunas ideas que aparentemente son partidarias de la libertad, las ata, sin embargo, a un conjunto de valores y creencias provenientes del cristianismo. En esa hipótesis, continua Peña: “La democracia, la libertad o libertades, y el Estado de Derecho descansarían y encuentran su fundamento en una cierta cultura subyacente”. Lo cual, siempre para Peña, es incompatible con la verdadera libertad “que supone el derecho de las personas a abandonar su identidad étnica, religiosa o lo que fuera”. Kast y su gente, en cambio, según él, “piensan que la libertad no equivale a una simple autonomía…”. Algo similar había sostenido Agustín Squella en “¿Iliberales o Antiliberales?”: “La más amplia dimensión ética del liberalismo, consistente en la autonomía de los individuos para formarse y adoptar creencias acerca del bien y de lo que debe hacerse para lograrlo”.

En conclusión, para ambos autores, la libertad y, por lo tanto, el liberalismo, es sinónimo de autonomía, esto es, capacidad para que cada uno pueda darse a sí mismo los principios por los cuales va a regir su conducta. En las hipótesis de ambos autores parece que da lo mismo tanto el Decálogo de Moisés como el Decálogo del Tren de Aragua y que cada persona gozaría de autonomía para elegir uno u otro y así, según el Decálogo elegido, ordenar su conducta. ¿Cómo, entonces, prohibir a otro que mate a su prójimo, o que no lo asalte y robe en plena vía pública? Este liberalismo, llevado a su extremo lógico, impide prohibir determinadas conductas, aunque ellas pongan en riesgo bienes esenciales de la vida en común. Para los autores que comentamos, ese bien esencial en el campo moral es lo que ellos denominan la “autonomía individual”. Pero, por esa vía, no hacen sino abrir la puerta a la peor de las delincuencias, como ha sido la del Tren de Aragua.

Precisamente, en la validación que han tenido estas ideas por muchos de los dirigentes políticos y de sus respectivos partidos, me parece que se puede encontrar una de las razones más poderosas para explicar el inmenso auge que la delincuencia ha adquirido en Chile. Es que, en esta hipótesis, atacarla ha venido a constituir un acto del condenado “iliberalismo”.

Para vencerla, en cambio, es menester volver a ideas fundamentales de nuestra cultura y de nuestra civilización. En primer lugar, que los principios que han de regir nuestra conducta libre no se inventan al arbitrio de cada uno, sino que se conocen en nuestra naturaleza individual y social. El crimen, la mentira, el robo son actos malos porque afectan en forma decisiva la convivencia social. No hay ninguna posibilidad de vida en común si ellos reciben algún tipo de validación. Nadie puede alegar autonomía moral para justificar esos actos.

Las normas de construcción de edificios o las que rigen la práctica de la medicina no dependen de la voluntad de las personas, sino de nuestra naturaleza y de la de los materiales que ocupamos. Por eso, antes de entrar en obras o en una operación quirúrgica es menester estudiarlas para aplicarlas correctamente.  Eso es lo que nos manda la norma moral de la cual, por lo tanto, las normas de la construcción o del ejercicio de la medicina entran a formar parte. Un constructor o un médico que evaden las normas que rigen el actuar de sus profesiones no pueden alegar autonomía para evadirlas y, por lo tanto, se hacen culpables de los daños que puedan causar y deben responder por ellos.

La libertad es una facultad formidable para hacer el bien, pero su riesgo es el de hacer el mal. Este no puede ser aceptado, por lo que impedirlo o castigarlo no constituye una restricción de la libertad sino una defensa de ella. Para vivir en libertad, hemos de reprimir la delincuencia. Darle la pasada, como la hacen Peña y Squella, es la más auténtica demostración de “iliberalismo”.

Dejemos primero estas ideas en claro y, después, discutamos si es conveniente o no autorizar un determinado estado de excepción como el que propone el proyecto del gobierno.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el martes 15 de septiembre de 2026.

Una soberanía amenazada

Por Gonzalo Rojas Sánchez

Si es cierto aquello que declara nuestra Constitución, que “la soberanía reside esencialmente en la Nación”, no debiéramos ponernos nerviosos solo cuando algún vecino “tira una gambeta” para intentar hacernos un gol, sino que debiéramos estar en permanente actitud de vigilancia. Sí, pero con una atención que debiera recaer en primer lugar sobre nosotros mismos, sobre nuestra identidad nacional.

Soberanía y Nación, dos conceptos que solo pueden articularse en una identidad concreta, dos nociones que encuentran su sentido más pleno en el alma específica de Chile, porque es una determinada nación, la nuestra, la que es soberana. Si perdiese su esencia, ¿cómo podría defenderse y proyectarse?

Se discute sobre soberanía y parece que todo tendría que reducirse a ocupación del territorio (imprescindible), a dotación de las Fuerzas Armadas (imprescindible) y a mirada geopolítica (imprescindible). Tres imprescindibles, sin duda, pero debajo de esas dimensiones está la Nación, el Chile soberano.

Una nación con tasas de natalidad paupérrimas arriesga la disminución de la población, con la consiguiente pérdida de masa crítica en todos los órdenes. Una nación que, en cruza con los habitantes de 1540, ha sido forjada durante casi cinco siglos por españoles e ingleses, alemanes y croatas, palestinos, libaneses y judíos, italianos y franceses, peruanos y haitianos, cubanos, colombianos, venezolanos y dominicanos —y tantos otros— no puede rechazar la inmigración ni permitirla a fardo cerrado; tiene que ponderarla en relación con la identidad nacional.

En paralelo, el alma de Chile seguirá resintiéndose si falta el desarrollo económico que anime a las nuevas generaciones a quedarse en esta Patria, a desplegar aquí sus vidas. Si no es así, emigrarán, y perderemos soberanía. Igual cosa si no hay seguridad en los barrios y en las poblaciones. ¡Qué identificación puede sentir con la patria quien apenas logra proteger su pequeña vivienda del acoso delictual! Obviamente, se aísla y deja de sentirse parte de Chile.

También le dan vida soberana al alma nacional la conciencia histórica, los símbolos patrios, las tradiciones y costumbres, y un idioma compartido.

Una historiografía sesgada, destinada a destruir héroes y a demonizar gobiernos, nos aparta a unos de otros, nos deja sin patria, sin padres comunes. Y lo que consiguen aquellas banderas de múltiples colores que buscan reemplazar a la tricolor es solo dejar de reconocernos como hermanos: aquella etnia o aquella minoría, ya no es todo Chile. Y un idioma castellano que hoy ni siquiera es “dialecto chileno”, sino una jerigonza carente de modulación, de vocabulario y de sintaxis, mal puede permitir que nos reconozcamos en el otro, al que simplemente, tantas veces, ¡no se le entiende nada!

Esta Nación, esta Patria, este Chile tan tensionado, tan tironeado hacia la némesis de su historia, de sus símbolos, de sus tradiciones y de su lenguaje, ya pasó por un 4 de septiembre de 2022. Fue un día en que vibró el alma nacional, en que la Nación pareció volver a gemir dolores de parto —con casi cinco siglos de vida en sus entrañas, eso sí— y emitió el veredicto: Chile, Nación soberana.

Y ahora se nos aparece el Dieciocho. Y con las fiestas, la realidad de la soberanía nacional desgarra sus velos y reaparece, en la señera expresión de Octavio Paz. Al atisbarla en estos días, que nos quede claro que no se trata solo de territorios, de capacidad de defensa y de relaciones internacionales, sino que la soberanía reside esencialmente en la Nación, en el alma de un Chile tambaleante pero esperanzado, y ciertamente más amenazado desde dentro que desde sus fronteras.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el miércoles 16 de septiembre de 2026.

11 de septiembre

Por Rodrigo Ojeda 

La salida militar del 11 de septiembre de 1973 es una “acción dolorosa de las Fuerzas Armadas”, en palabras de Gonzalo Vial. El golpe estaba en el ambiente y en las conversaciones de los meses previos. La acción militar puso fin al gobierno y a la época. Una salida inevitable que detuvo a la Unidad Popular (UP). El 11 está inserto en un contexto histórico de crisis, polarización, antagonismo, violencia política e ideologismos. Sumado a los errores propios de la UP y del expresidente Allende. La democracia no culminó ese día, ya agonizaba. “Los que destruyeron este país ahora se convierten en acusadores y defensores de la democracia, cuando aquí lo único que hicieron fue tratar de aniquilarla”, según el expresidente Frei Montalva. Los últimos meses de la UP, estuvieron acompañados de hechos violentos y angustia, rivalidades irreconciliables en las calles y una gran desconfianza en los pocos actores dispuestos a dialogar. La revolución atrapó a sus propios partidarios e ideólogos. El derrumbe de la planificación global socialista no comenzó el 11 de septiembre (11S).

El expresidente Frei Montalva fue testigo y actor de los mil días de Allende. Su testimonio es una fuente histórica relevante sobre lo experimentado entre el fin de su gobierno y la salida militar del 11S. El balance realizado por Frei Montalva sobre la UP representa una voz opositora que llega hasta el presente. Chile era un país fracturado, dividido y afectado por distintas crisis. Para Frei, “la responsabilidad íntegra corresponde al régimen de la Unidad Popular”. Agrega: “es muy difícil ignorar el fracaso y el destrozo sin precedentes que sufrió este país en menos de tres años”; “fui muy franco para decir lo que iba a pasar en Chile”. El expresidente denominó en público a la experiencia socialista como: dramática, catastrófica y fracasada. La oposición de Frei y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se fundaba en el mal manejo económico, el irrespeto por la Constitución y las leyes, el intento de la UP por capturar todas las organizaciones sociales, y la demostración del Poder Popular en las calles mediante agitación y enfrentamientos, la lucha social y el odio de clases. Tras el paro de octubre de 1972, se conformó el primer gabinete cívico militar del gobierno de Allende, con el fin de retomar la “normalidad pública”, el orden y la paz, y aplicar el control de armas. Además de garantizar las elecciones parlamentarias de marzo de 1973.

En ese contexto, el expresidente Frei acepta la petición del PDC y decide ser candidato senatorial. Su campaña electoral por Santiago, representó la reconstrucción y salvación de Chile. Además de su estilo frontal y de interpelación a la UP como responsables, en un escenario electoral que representaba: democracia o socialismo. El senador Frei obtuvo la primera mayoría nacional y es el segundo expresidente en retornar al Congreso. Además, pidió y se convirtió en Presidente del Senado. Las elecciones de marzo fueron ganadas por la oposición a la UP, pero sin obtener la mayoría planificada y requerida. Los dos gabinetes con militares fracasaron. Fueron medidas desesperadas tras el llamado del expresidente Allende. La crisis no se detuvo.

La política se militarizó y los militares se politizaron, parafraseando al historiador Cristián Garay. Desde una parte de la izquierda apostaron a la división de las Fuerzas Armadas, además de dos escenarios plausibles: una dictadura marxista o Guerra Civil. “Los apóstoles de la violencia armada habían proclamado hallarse listos para el enfrentamiento”, según Vial. Declararon repetidamente que la lucha armada era inevitable. El 11 de septiembre de 1973, evitó los escenarios mencionados. “Frei justificó plenamente lo sucedido, no como deseable, pero sí como inevitable”, según Vial. El gobierno actual ha decidido no realizar un acto oficial y concentrarse en el futuro. No hay futuro sin la comprensión de los errores del pasado.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Pingüino el domingo 13 de septiembre de 2026.