La Corte Suprema empieza a aplicar la verdadera justicia:

Una justicia justa

Roberto Hernández Maturana, Coronel en Retiro

En estos días se discute vehementemente sobre la resolución del Senado de plantear la idea de legislar penas alternativas al cumplimiento de penas para mayores de 80 años.

El fondo del asunto desde el punto político mas que judicial es que hay quienes plantean que esta idea de legislar beneficiaría a condenados por delitos de lesa humanidad.

El hecho es que la izquierda en su ánimo de venganza y lucro con las condenas a los ex uniformados y el poder judicial, con su descarada prevaricación, han empujado a buscar estas soluciones político judiciales que en lo personal no me gustan, porque mezclan situaciones de personas presas por delincuencia común con prisioneros por causas políticos militares.

Todos quienes serviamos en las instituciones de la defensa y de orden en 1973 y que hoy seguimos con vida, en esos años ostentábamos grados subalternos. Todos actuamos bajo un contexto político y militar en crisis; todos cumplimos órdenes bajo una legalidad distinta tanto en el país como en el extranjero.

Hoy se nos aplican penas por presuntas violaciones a los derechos humanos contempladas en la legislación internacional que Chile no suscribía en la época de los hechos.

El Estado de Chile depositó el Instrumento de Ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 29 de junio de 2009, incorporandose a la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio, guerra y agresión.

Aunque el estatuto fue adoptado en 1998, su aprobación en Chile se formalizó recien mediante la Ley 20.352 y el Decreto 104 en 2009, convirtiéndose asi nuestro pais en parte de este trato internacional.

Fuimos por tanto juzgados a la bandada y con efecto retroactivo, una monstruosidad jurídica, además bajo un sistema judicial derogado en Chile el año 2005, cuando entró en vigencia el nuevo sistema por las numerosas falencias que mostraba el antiguo sistema procesal penal, especialmente la falta de garantías procesales para los procesados, pero que hoy solo se continúa aplicando a ex uniformados, con pruebas inaceptables bajo cualquier sistema judicial moderno, lo que ha permitido la condena de personas sólo con testimonios de terceros y sin pruebas concretas, después de procesos interminables con todo el desgaste moral, familiar, físico y material y que se tradujeron en condenas, que dada la edad de los condenados, son verdaderas condenas a muerte, aún cuando no se haya podido probar fehacientemente la participación de los condenados en los hechos por los que se les acusaba.

Hoy cientos de ancianos ex uniformados condenados bajo las condiciones antes descritas padecen y mueren en prisión ante una tremenda indiferencia y falta de humanidad.

La clase política ha manoseado este tema hasta el límite, la izquierda nunca ha cedido en su ánimo de venganza bajo excusas de inexistentes pactos de silencio y sin esforzarse por la búsqueda de una verdadera justicia y verdad (aún se encuentra pendiente en el Instituto Médico Legal la identificación de numerosos restos humanos de presuntos detenidos desaparecidos) y la derecha (salvo honrosas excepciones), no ha tenido el coraje, ni las ganas, de buscar una solución justa y definitiva.

Todos los ex uniformados… y creo que todos los chilenos queremos una justicia humanitaria y justa, nada más, nada menos.

En Argentina:

AAJC – A medio siglo del 24 de marzo – Por Una Justicia que No Sea Venganza – Marzo 2026

A medio siglo del 24 de marzo. Por una justicia que no sea venganza.

Al cumplirse cincuenta años del 24 de marzo de 1976, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia considera imperativo dirigirse a la ciudadanía. No nos convoca hoy la reivindicación de un quiebre institucional, sino la denuncia de una degradación jurídica y moral que, lejos de cerrarse, se ha profundizado durante las últimas décadas. Hace más de veinte años que la República Argentina asiste a una persecución implacable y sistemática contra los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Esta acción no se ha guiado por el examen riguroso de la conducta individual de cada hombre, sino por un estigma de origen: el haber combatido y vencido a la subversión que pretendía asaltar el poder por las armas.

La instrumentalización del dolor. La fecha es emblemática. Sin desconocer el dolor sembrado en aquel tiempo de tragedia – dolor que aún persiste en toda la sociedad -, observamos cómo ciertos sectores que se autodefinen como víctimas han desvirtuado una causa que podría haber sido atendible. En su lugar, han diseminado el encono y la retaliación, transformando la bandera de los derechos humanos en un instrumento de enriquecimiento escandaloso a expensas del erario público.

Este proceso no habría sido posible sin la complicidad activa de sucesivas administraciones gubernamentales y la indiferencia – temerosa o pusilánime – de otras. Bajo un relato de supuesta ética, se ha construido un andamiaje de privilegios y prebendas que nada tiene que ver con la verdadera justicia.

El fracaso de las instituciones. Como abogados, denunciamos una vez más, con pena e indignación, la claudicación y el prevaricato serial del Poder Judicial. Salvo pocas y muy honrosas excepciones, la magistratura no ha estado ni está a la altura de su misión moral y constitucional. Gran parte de los jueces se ha comportado como instrumento servil del poder político, permitiendo la vulneración de principios básicos como la irretroactividad de la ley penal, el debido proceso y el plazo razonable. Esta calamidad se ha extendido a todos los fueros e instancias: el Poder Judicial se encuentra hoy en una paupérrima y triste condición, demostrando a diario que no está en condiciones de impartir justicia, esto es, haciendo que la ley se cumpla con eficacia y en tiempo oportuno.

Acompaña este escenario un periodismo que, en su mayoría, opta por mirar hacia otro lado, omitiendo el debate profundo y silenciando las arbitrariedades que se cometen en nombre de una memoria torcida y plagada de cinismo y falsedades.

Un llamado a la superación.

Una nación, si no carece de fortaleza, puede superar cualquier tragedia que le sobrevenga. Pero le será imposible si se muestra incapaz de hacer justicia. Siglos atrás lo expresó San Agustín con palabras certeras: “Arrebatada la justicia, ¿qué son entonces los reinos sino grandes robos? Acaso la justicia es la diferencia clave entre un reino y una banda de ladrones y, por lo tanto, solo si un reino busca la justicia en sus leyes, estas adquieren autoridad.

” La Argentina se encuentra por esto degradada. No existe justicia cuando la ley se aplica con asimetría y quienes atentaron contra el orden constitucional desde la insurgencia no encontraron tiempo, durante medio siglo, para esbozar siquiera una autocrítica. Nadie se hace cargo de la sangre vertida fuera del relato oficial; nadie agradece el sacrificio de quienes preservaron la integridad de la Nación.

Es hora de superar esta etapa de nuestra historia. La concordia no es olvido, sino el restablecimiento del imperio de la ley para todos, sin excepciones. Es momento de clausurar definitivamente las heridas mediante el reconocimiento de la verdad completa y la restauración de las leyes. Solo así la Argentina evitará que se la conozca como una banda de ladrones.

FIRMADO: Alberto Solanet y Juan Antonio Vergara del Carril

Presidente y Secretario