HIPÓCRITAS Y FARSANTES

Los cuidados del sacristán …..

Toribio, había mantenido un sostenido silencio -para quienes lo seguían- refugiado en su voluntario ostracismo, en busca de una cura que la “chimuchina política” que sin orden ni concierto había terminado por agotarlo, y nada mejor que cuando el hilo de la carretilla da señales de un eventual agotamiento, hacer un prolongado “break,” aprovechando las ventajas de su isla.

No obstante, la discusión desatada en torno a la reciente aprobación en el Senado -en primer trámite constitucional- del proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para ciertos condenados, ha logrado sacudir su modorra y sumar su modesta opinión -la que, por cierto, puede que no satisfaga a moros ni cristianos-.

En primer lugar, habiendo fracasado los anteriores esfuerzos para aliviar la suerte de nuestros camaradas de armas, víctimas de una justicia espuria, sostenida en el tiempo por la acción de los diferentes gobiernos, una derecha feble, sin más armas que las asegurasen la conservación de sus cargos en el Congreso y mayor poder, frente a una izquierda ávida de venganza e insaciable, como un Drácula en el cuello de quienes son realmente sus víctimas, -abandonados por quienes los llamaron hace medio siglo a poner orden y recuperar la libertad amenazada- esparciendo su caldo de odiosidad y calumnias en una población presa de anomia y mayoritariamente ignorante; un grupo de parlamentarios, conscientes -en buena hora- ante una situación insostenible, gracias a la valiente y denodada  acción  de sus familiares y amigos que a fuerza de su perseverancia y amor por sus seres queridos -solos ante el mundo- lograron permear la sensibilidad de sus autores en un proyecto amplio  y que incluyera a nuestros camaradas privados de libertad.

Toribio ha percibido que existía una acentuada confianza por la aprobación de este proyecto, que pondría fin al deterioro y abandono de sus familiares ante la crítica situación de salud en que se encuentra un número importante de ellos; y poder así, otorgarles los cuidados correspondientes en el seno de sus hogares en un corto plazo.

Sin embargo, es importante tener en consideración que el camino por recorrer es extenso, por cuanto existen los siguientes pasos: -salvo error u omisión-: Discusión particular en el Senado, artículo por artículo en las comisiones técnicas y luego votación en sala, ya realizado- Segundo trámite constitucional, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, lo recibe la comisión correspondiente, quien debe elaborar un informe y luego pasar a Discusión y Votación, en general y particular artículo por artículo. Una Comisión Mixta se establece en el caso de sufrir modificación en la Cámara encargada de resolver el problema con un texto de consenso, que debe ser aprobado por ambas cámaras; y luego Aprobación Presidencial. El presidente puede promulgar la ley o vetarla parcial o totalmente.

Pero al parecer “los cuidados del sacristán mataron al señor cura”, pues en el propósito de que sea una ley general y no particular que beneficie a los miembros de las FF. AA., ha dado lugar a variadas indicaciones y en especial a especulaciones -según algunas opiniones- ante la falta de un criterio que establezca a qué tipo de delito aplicaría el proyecto, originando una serie de dudas sobre las personas a las que beneficiaría. En esto, la izquierda ha demostrado ser muy eficiente al citar casos emblemáticos que obviamente contarían con la reprobación por parte de la opinión pública, como los casos conocido de “La Quintrala”; el chacal de “Alto Hospicio”; El Asesino del Tambor, etc., a los asesinos del Senador Guzmán, Galvarino Apablaza y Hernández Norambuena, etc., sacando además a la palestra la situación de Miguel Krassnoff. Este a lo largo de todos estos años ha sufrido la falta de un debido proceso y haciéndole partícipe de todos los actos de la DINA -aun cuando ya no servía en ella- por haber sido parícipe en la destrucción de la cúpula del MIR, movimiento terrorista y asesino, encabezada por el padre del ya varias veces candidato a la presidencia de  la república.

En esta cruzada de hipócritas donde hasta ministros, como el comunista de Justicia y el senador Espinoza se consideran víctimas, olvidando que el P.S. encontró legítimo el uso de las armas y de la fuerza para alcanzar el poder en plena democracia; y posteriormente, ser participe de los desórdenes y alentar al campesinado en contra del gobierno militar. Hoy estos farsantes rompen huevos en defensa de los manoseados derechos humanos, omitiendo descaradamente que a partir de 1990 todos los mandatarios, sin excepción, han cursado numerosos indultos: Aylwin: 928, incluyendo todos los que habían cometido delitos de sangre durante el Gobierno Militar, en aras de la reconciliación; Frei: 343, incluyendo un condenado por tráfico de droga y hermano de una concejal D.C.;  Lagos:240; Bachelet I y II: 77; y Piñera I. y II: 38; Boric: 10 indultos (2022) y más de 400 individuos relacionados con el estallido delincuencial, entre los cuales habían cerca de 50 con antecedentes penales, a los cuales además les otorgó una pensión mensual.

El camino para nuestros camaradas de armas -no quisiera desalentar- porque entiendo, comprendo y me hago cargo del dolor que afecta a todos sus familiares, pero no creo que el camino más rápido sea una ley por las razones antes señaladas. Cifro mayores esperanzas en la facultad presidencial, quien ha señalado estudiar caso a caso, para lo cual sería muy importante facilitar su resolución proveyéndole de los antecedentes necesarios por los conductos regulares.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

EstimadoToribio:

Comparto lo expuesto por Usted. Quiero agregar que los errores de apreciación de la situación se pagan caro y eso fue lo que ocurrió a partir de la detención en Londres del C.J.E. Él estimó que su estrecho vínculo con la PrimeraMinistra Margaret Thatcher era una garantía de indemnidad y no fue así. La política, lamentablemente, no es una actividad precisamente transparente, sino que obedece, en primer lugar, al interés y objetivos personales del actor político y la señora Thatcher no fue una excepción.

La tergiversación de la historia de Chile a partir de 1970, con la elección de Salvador Allende como Presidente a la República por el Congreso, ya que en las urnas obtuvo sólo algo más de un tercio de los sufragios, previo Pacto de Garantías con la Democracia Cristiana, que de inmediato fue violado sistemáticamente para lograr el objetivo de instaurar la pseudo “Dictadura del Proletariado”, que no es otra cosa que la del Comité Central del Partido Comunista y sus afiliados y la esclavitud posterior de ese proletariado, como ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela y ocurrió hasta la caída del Muro de Berlín en toda Europa del Este, constituía un riesgo para su imagen que la señora Thatcher no estuvo dispuesta a correr.

El costo político de la libertad y retorno al país del C.J.E. fue altísimo, ya que los intentos previos de procesar militares habían sido refrenados sólo por el respeto y si se quiere, temor a la reacción de las FF.AA., que ya habían manifestado su desacuerdo en dos oportunidades previas. Difícilmente podría haber habido una tercera después de ese episodio en Londres.

Con el control político por parte de quienes habían sido opositores y en muchos casos “enemigos declarados” de los militares, hubo una progresiva renovación de los más altos cargos en el poder judicial, accediendo a ellos miembros que, sin pudor alguno, sentaron una doctrina totalmente opuesta a los principios esenciales del derecho que hacen del mismo una ciencia y lo transformaron en una herramienta para transformarlo en un instrumento adecuado a su concepción de la “justicia”, de la mano con el poder político que, simultáneamente, procedió a indultar a todos aquéllos que, en su oportunidad, recurrieron a la violencia armada para sustituir, incluso, al propio gobierno de Salvador Allende, por uno sistema similar al de Cuba, muy de moda en aquéllos años, con el apoyo y presencia en Chile del propio Fidel Castro, quien en una memorable frase alertó al propio Salvador Allende, advirtiéndole públicamente que si perdía la lucha en el terreno, es decir, en las calles, perdería también el poder, ya que había observado como la violencia de ciertos sectores de su propio gobierno, habían generado un repudio cada vez mayor en la ciudadanía que, sin temor alguno se manifestaba en su contra comenzando a responder a la violencia con violencia. La guerra civil era inminente.

Y oh, paradoja de paradojas!: Siendo público y notorio que el sistema democrático agonizaba el año 1973, debido a la violencia de los grupos extremistas que buscaban instaurar un régimen totalitario similar al de Cuba, denunciado incluso por el poder judicial y el parlamento de la época, el inevitable enfrentamiento que se produjo en el contexto de lo que llegó a ser calificado como una suerte de guerra irregular o guerrilla, en que se impusieron las Fuerzas Armadas, instadas por las referidas autoridades, ha culminado con el indulto y libertad de todos quienes promovieron el enfrentamiento y con la condena de quienes se impusieron y restauraron la democracia y el estado de derecho.

Que hubo excesos, difícilmente podría desconocerse, pero lamentablemente es lo que suele ocurrir en este tipo de confrontaciones. Y la pregunta inevitable es: ¿qué hubiera ocurrido si los vencedores hubiesen sido los vencidos? La respuesta es obvia: Chile habría sido una Cuba más, tras una larga persecución y ejecuciones en el paredón, el ningún respeto posterior y hasta el día de hoy, por los derechos humanos, en medio de una miseria del pueblo que no tiene parangón en América, salvo en los países que se encuentran en un proceso similar, cuyo es el caso de Nicaragua y Venezuela.

Difícilmente se pueda, por vía de una ley, lograr poner término a la vergonzosa, abusiva e inhumana condición de los militares que hoy permanecen en prisión por hechos ocurridos en el contexto antes descrito, ya que nuestros legisladores son personas que velan antes que nada por sus propios intereses y jugarse por la justicia y equidad, en estas circunstancias, implica un eventual costo político cuya mayoría no está dispuesta a pagar.

Sólo tengo la esperanza fundada que el actual Presidente de la República, don José Antonio Kast, fiel a sus principios cristianos y en especial al de la caridad, se compadezca de quiénes, a lo menos, merecen eso: compasión y además, como abogado recuerde y aplique el principio jurídico conforme al cual “donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición”, y si los anteriores Presidentes indultaron a centenares de condenados por delitos cometidos en aquélla época, en aras de una ideología política, otorgue el mismo beneficio a quiénes, cumpliendo órdenes superiores, aún en el contexto de lo que muchos califican de dictadura, debieron reprimirlos.

Evidencia de cómo el Estado de Chile viola sistemáticamente los Derechos Humanos de Ancianos Octogenarios:

En Argentina:

Entrevista con el *Dr Alberto Solanet* para el canal del CES (Centro de Estudios Salta) a 50 años del 24 de Marzo:
– *”El derecho fue sustituido por la política de derechos humanos”:

https://youtu.be/s8VUs3hC6Gk?si=U1gmi2rnLl9enuTt