Crisis de imparcialidad

Querella contra ministro de fuero desata inédita crisis judicial en Temuco

Judicial

inco jueces se inhabilitaron en menos de una semana por dependencia jerárquica del querellado, obligando a derivar la causa fuera de la región.

Imagen: araucaniadiario.cl

Una inédita situación afecta al sistema judicial de La Araucanía luego de que cinco jueces del Juzgado de Garantía de Temuco se inhabilitaran entre el 7 y el 13 de abril para conocer una querella por prevaricación imprudente presentada contra el ministro de fuero Álvaro Mesa Latorre.

Las inhabilitaciones se produjeron de forma sucesiva y por una misma razón: el querellado es superior jerárquico de los magistrados, lo que compromete la imparcialidad objetiva exigida para conocer la causa. En uno de los casos, además, se dejó constancia de un vínculo adicional, al ser el querellado superior jerárquico del cónyuge de una de las juezas.

El 13 de abril, el juez Luis Alberto Olivares Apablaza declaró admisible la querella, señalando que esta constituye una ampliación de una acción previamente ordenada tramitar por la Corte Suprema (Rol N°37.661-2025).

Ante la imposibilidad de que el tribunal local conociera la causa, el Fiscal Nacional resolvió derivar la investigación a la Fiscalía de Los Ríos, con el objetivo de garantizar condiciones de independencia.

La querella fue presentada el 2 de abril por la abogada Carla Fernández Montero, en representación del general (r) Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, y se funda en la condena a presidio perpetuo dictada en su contra por hechos ocurridos en 1973. Según la acción, dicha sentencia habría sido dictada prescindiendo de prueba que situaba al acusado fuera del lugar de los hechos.

En este contexto, se invoca el delito de prevaricación imprudente, contemplado en el artículo 224 N°1 del Código Penal, que sanciona a los jueces que dictan resoluciones manifiestamente injustas por negligencia o ignorancia inexcusable. Pese a la querella en su contra, Mesa Latorre continúa ejerciendo funciones jurisdiccionales y revisando causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos.

El caso ha generado cuestionamientos sobre la capacidad del sistema judicial regional para conocer causas que involucran a sus propias autoridades.