Justicia y DD.HH.

LA REVOLUCIÓN DE LOS SUBALTERNOS

Señor Director:

¡Pobre ejército de 1973! Pareciera que estuvo compuesto solamente por autores, cómplices y encubridores de delitos atroces.

Cualquier acusación, por insostenible que sea, es apoyada para hacer pagar ese gran pecado colectivo de haber actuado jerarquizada y disciplinadamente ante la crisis política desatada hace más de treinta años. ¿Qué querían algunos? ¿Qué nos dividiéramos como en 1891 o 1931y nos matáramos entre nosotros, los militares, mientras los responsables de la irreconciliable división tomaban palco?

Parece que este pobre ejército tampoco tenía organización ni disciplina; salvo una cabeza visible, sólo había subalternos que salían a matar, detener, torturar y hacer desaparecer gente, porque su formación o mentalidad los inclinaba a esas conductas.

Por ello el nombre de este artículo, sugerido por un colega también en desgracia. Recordando la revolución de los tenientes en 1924, que permitió que el gobierno sacara adelante siete importantes leyes sociales entrampadas en el Congreso, seguramente en 1973 el general Pinochet se entendió directamente con quienes estaban más bajo en la escala jerárquica.

La actual situación ha tensionado al máximo algunos aspectos valóricos consustanciales a una institución militar. Lealtad y compañerismo han pasado a ser “pacto de silencio” en la jerga jurídica. La obediencia al mando es, en el mejor de los casos, complicidad. A nivel de unidades dependientes no hay responsabilidad final; ahí tienen que responder esos subalternos que salían a cometer fechorías sin conocimiento de sus superiores.

¿Qué pasa con la reserva en asuntos del servicio, la cual dura para toda la vida, frente a alguien que la considera simplemente obstrucción a la justicia?

Pareciendo que, en este ambiente, la reconciliación es imposible de alcanzar y que tampoco podrá llegarse a la verdad en la medida que los que se supone principales interesados en ella se oponen a cualquier iniciativa en este sentido, sino que lo diga la Sra. Clara Szczaranski, debiéramos, para que la inmensa mayoría pueda por fin vivir tranquila, proceder expeditamente a “administrar” justicia.

Propongo aplicar una tabla que partiendo del grado más bajo condene a la menor pena a todos los conscriptos de 1973. Seguramente esta sería remitida lo que parece justo para quienes eran el último eslabón en la cadena de mando. Así se iría subiendo grado a grado hasta llegar a las mayores jerarquías a quienes correspondería, en principio y salvo circunstancias eximentes, las mayores penas previstas por la ley.

Rápido, automático y económico. Pronto habría unos veinte mil o más condenados, la justicia estaría servida y la verdad olvidada. Podríamos dar vuelta a la hoja de 1973 ya que, ¿qué importan esos veinte mil y sus familias frente a la paz que descendería sobre nuestro país? ¿Puede alguien imaginar la delirante alegría que se apoderaría de quienes hoy nos atacan indiscriminadamente?  Seríamos un ejemplo mundial y podríamos postular alguno de nuestros “estadistas” al premio Nobel de la paz.

Si esto parece absurdo, ¿cuál es la alternativa?

Prolongar la actual situación: más procesados y la verdad más lejana a medida que sigan falleciendo los que, en un momento, sí poseyeron información. Más compensaciones y todas, naturalmente insuficientes. Más odio, falsedad y virulencia que nos retrotraen a los días anteriores al 11 de septiembre de 1973.

¿Y qué pasará mañana, cuando ya los del 73 no existamos y los de hoy ya estén retirados, ante una situación en que nuestro Ejército deba emplearse como tal? ¿Pedirán los subalternos informes “en derecho” antes de cumplir una orden superior? ¿Tendrán que analizar, como recientemente lo ha reiterado el general Balza, si una orden importa la comisión de un delito? ¿Y cómo podrían llegar a determinarlo si sólo conocen una parte del todo, como lo recordó también la Sra. Szczaranski? ¿No habrá más compartimentaje y necesidad de saber? ¿De dónde se obtendrán postulantes para la satanizada función de Inteligencia? ¿El alto mando verá si obedece al Comandante en Jefe que nombre el gobierno?

Esto creo que es finalmente lo preocupante. ¿Qué puede esperarse para el futuro de las relaciones civiles militares y, por ende, para nuestra sociedad, con una institución militar en permanente deliberación y donde nadie quiera asumir sus responsabilidades por temor a las consecuencias?

Muchos señalarán que esto es imposible que suceda. Me alegraría que tuvieran razón.

Por   Humberto Juio Reyes

Magister en Sociología Militar

Capitán Ayudante el 11.Sep.1973

Publicada por el diario La Segunda, el 04 de agosto de 2003