*Autoridad, Coraje y Coherencia*

Por Cristián Labbé Galilea

En toda actividad humana existe una diferencia que suele marcar el éxito o el fracaso de quienes conducen una organización: saber distinguir entre lo estratégico y lo táctico. Lo estratégico define el rumbo, fija los grandes objetivos y proyecta el futuro. Lo táctico, en cambio, enfrenta la realidad cotidiana y resuelve las urgencias.

Naturalmente, ambos conceptos no son compartimentos estancos. Hay decisiones urgentes que terminan siendo estratégicas, así como medidas aparentemente tácticas que producen efectos de largo alcance. El verdadero liderazgo consiste, precisamente, en saber cuándo una decisión urgente adquiere un carácter estratégico.

En política suele escucharse la frase: “Es importante, pero no urgente”. Es una máxima razonable, aunque incompleta, porque hay momentos en que postergar lo urgente termina comprometiendo precisamente lo importante.

Sobre esta materia, nadie duda de que el Gobierno posee un diseño estratégico definido. Ha fijado prioridades y concentra sus esfuerzos en sacar al país de la compleja situación que enfrenta. Sin embargo, en el ámbito de las urgencias ha desaprovechado oportunidades para resolver asuntos que requerían definiciones oportunas, proyectando una imagen de vacilación.

Uno de esos casos es el de los uniformados procesados por actuaciones vinculadas al restablecimiento del orden público durante los acontecimientos de octubre de 2019.

Durante la campaña presidencial, el Presidente manifestó con claridad su disposición a buscar una solución para este problema. Sus palabras fueron interpretadas como un compromiso político. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y las respuestas siguen girando en torno a fórmulas ambiguas, sin una decisión concreta.

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿existe temor a la reacción de determinados sectores políticos? Si esa fuera la razón, sería una señal preocupante. Gobernar exige asumir costos cuando las convicciones así lo demandan.

Respaldar a quienes actuaron en defensa del orden institucional constituye una señal de compromiso con principios fundamentales como el Estado de Derecho, la seguridad pública y el reconocimiento a quienes tienen la misión de proteger a la comunidad.

Existe, además, otro debate aún más complejo: la situación de centenares de militares procesados o condenados por hechos ocurridos hace más de cinco décadas, en el contexto de los acontecimientos de los años setenta.

Muchos de ellos, condenados tras procesos que sus defensores consideran carentes de las debidas garantías, son hoy adultos mayores; varios padecen enfermedades graves o terminales. Esa realidad debiera motivar una revisión a la luz del derecho internacional y de los principios humanitarios aplicables. Desde esa perspectiva, existe una deuda que ningún gobierno ha querido enfrentar plenamente.

Duele decirlo, pero —como suele afirmarse— “con la verdad no se miente”. En amplios sectores del mundo militar en retiro se ha instalado una frase que refleja un sentimiento de abandono: “Primero nos traicionaron; ahora nos están enterrando”. Es una expresión dura, ciertamente discutible, pero que revela la frustración acumulada ante soluciones que nunca terminan de llegar.

En definitiva, a juicio de esta pluma, resolver con urgencia situaciones como las descritas no solo permitiría atender una demanda que muchos consideran legítima; también podría transformarse en una decisión de profundo valor estratégico para el Gobierno. Porque la autoridad se fortalece cuando existe coherencia entre las promesas y los actos; el coraje político se demuestra al adoptar decisiones difíciles; y son precisamente esas virtudes las que proyectan, dentro y fuera del país, la imagen de un gobierno que ejerce el poder con convicción, firmeza y sentido de Estado.

La serenidad también es una forma de lealtad

Por Christian Slater Escanilla

El debate sobre los indultos exige humanidad, responsabilidad y trabajoinstitucional; no estridencia, descalificaciones ni presiones irresponsables.

Hay editoriales que no solo opinan. También orientan. Ponen calma donde otros quieren incendiar; llaman a la responsabilidad cuando algunos prefieren el grito fácil, la descalificación y la presión desmedida.

Eso ocurre con la reciente editorial de la Organización No Gubernamental de Justicia y Reconciliación (ONG JURE), institución que durante años ha asumido una tarea seria, compleja y profundamente humana: apoyar a exuniformados, integrantes de distintas instituciones y civiles enfrentados a procesos vinculados a causas de derechos humanos.

Pero JURE no solo ha acompañado a estas personas y a sus familias. Ha asumido una defensa judicial concreta y sostenida. Al 31 de mayo, sus abogados defendían a 123 personas en 262 causas, obteniendo resultados relevantes en numerosos procesos: absoluciones, libertades bajo fianza, sustituciones de penas, rebajas de condenas, suspensiones de cumplimiento y beneficios de libertad vigilada, entre otros.

Es justo reconocer que JURE no ha estado sola. Otros abogados y equipos jurídicos también han defendido, con dedicación y buenos resultados, a numerosos procesados y condenados, y esa labor merece reconocimiento. Sin embargo, esta columna se refiere específicamente a la trayectoria que exhibe JURE y al llamado responsable contenido en su editorial.

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Su editorial pone sobre la mesa un antecedente que no puede omitirse: los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric otorgaron, en conjunto, 618 indultos.

No se trata, por tanto, de una facultad ajena a nuestra tradición republicana ni de una petición excepcional. Es una atribución presidencial que, ejercida con prudencia, fundamentos y sentido humanitario, permite atender situaciones de especial gravedad, particularmente cuando están comprometidas la edad, la salud, la dignidad y la situación personal de quienes cumplen condena.

Ese antecedente no es una simple cifra. Refleja también la importancia del trabajo sostenido de organizaciones como JURE: reunir antecedentes, sostener defensas, visibilizar casos, acompañar a las familias y mantener vigente una demanda humanitaria que muchas veces otros prefieren ignorar. En ese proceso, la labor jurídica, de acompañamiento y de visibilización ha contribuido a que casos sean conocidos por las autoridades y a que, en distintos períodos, algunos exuniformados hayan accedido a medidas de clemencia, entre ellas indultos presidenciales.

Porque hablar desde las redes sociales, descargar rabia o exigir decisiones inmediatas es fácil. Mucho más difícil es sostener durante años una defensa jurídica, visitar penales, acompañar familias, reunir recursos, contratar abogados, revisar expedientes, presentar recursos y perseverar en causas que muchas veces han sido abandonadas por la opinión pública o tratadas con prejuicio.

Por eso la editorial de JURE merece ser destacada, especialmente en un momento en que se han escuchado voces impacientes, muchas veces desde las redes sociales, que exigen al Presidente de la República decisiones inmediatas en materia de indultos. Algunos lo hacen invocando lealtades, compromisos o expectativas legítimas. Pero otros parecen hablar más desde la rabia que desde la prudencia, como si gobernar fuera un acto instantáneo o como si decisiones de esta naturaleza pudieran resolverse al calor de una publicación o de un comentario. Como si bastara golpear la mesa para enfrentar un problema que lleva décadas acumulando dolor, división, judicialización y abandono.

La situación de los exuniformados y civiles privados de libertad por causas de derechos humanos, muchos de ellos personas de avanzada edad, enfermos o en condiciones de extrema fragilidad, merece ser abordada con sentido de justicia, humanidad y responsabilidad. Pero precisamente por eso debe hacerse bien: no con consignas, amenazas o presiones destempladas, y tampoco destruyendo los pocos espacios que se han logrado abrir con años de esfuerzo.

Quienes realmente han trabajado por estos camaradas saben que nada ha sido fácil. Saben que acompañar a quienes están detenidos en Punta Peuco, Colina, Temuco, Casablanca, San Joaquín y otros recintos penitenciarios no es una tarea de redes sociales. Es una tarea jurídica, humana, familiar, espiritual y muchas veces ingrata. Es visitar, apoyar, gestionar, contener, orientar, defender y sostener.

Pero saben también que esa defensa tiene costos. Quienes dan la cara suelen quedar expuestos a hostigamientos, campañas de descalificación e imputaciones graves e infundadas, especialmente en las redes sociales. No pocas veces deben destinar tiempo, energía y recursos para aclarar o desmentir acusaciones difundidas como si fueran hechos. Aun así, continúan trabajando, muchas veces en silencio, mientras otros solo opinan desde la comodidad de un teléfono.

Cuidar las organizaciones que durante años han defendido y acompañado a nuestros camaradas es una responsabilidad. La editorial de JURE llama a actuar con serenidad, sin reabrir heridas ni profundizar divisiones, y a avanzar hacia soluciones humanitarias y respetuosas de la dignidad de las personas. Pedir resultados es legítimo; pretenderlos mediante presiones, descalificaciones o enojo desbordado no ayuda, sino que debilita una causa que exige respaldo, inteligencia y oportunidad. Esa actitud no solo divide a quienes deberían estar unidos: también puede terminar alejando o inhibiendo a quienes poseen las atribuciones y las posibilidades reales de avanzar, pues nadie querrá exponerse gratuitamente a campañas de insultos, hostigamiento o descalificación en las redes sociales. No se avanza destruyendo los espacios conquistados: se avanza cuidándolos.

Christian Slater Escanilla,

Coronel (R).Oficial de E.M.; Magíster en Ciencias Militares por la Academia de Guerra del Ejército A.G.E.

SOCIO de COSUR.

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