Justicia y DD.HH.
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” QUERELLA POR PREVARICACIÓN CONTRA TRES MINISTROS DE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO ”
Santiago, 13 de agosto de 2026
COMUNICADO
Hemos presentado una querella criminal por prevaricación imprudente —artículo 224 N°1 del Código Penal— contra tres ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago: Antonio Ulloa Márquez, Maritza Villadangos Frankovich y Matías de la Noi Merino, integrantes de la sala que en marzo de 2022 dictó la sentencia de segunda instancia en el proceso conocido como “Caso Quemados”. El 12 de agosto de 2026, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago la admitió a tramitación y ordenó remitirla al Ministerio Público.
La acción apunta al tribunal de alzada: los encargados de revisar y enmendar lo que otros deciden. Esta vez, los papeles se invierten. Ese cauce siempre existió; esta defensa se atrevió a tomarlo.
Se trata de un hombre ajeno a los hechos: el expediente no consigna acto suyo alguno y, con todo, fue condenado como autor. Recibió en primera instancia diez años y un día; los querellados elevaron esa sanción a veinte. Hoy tiene sesenta y seis años, y dos décadas de encierro equivalen, a esa edad, al resto de una vida.
¿En qué consistió la infracción de los ministros? En cuatro faltas precisas. Ratificaron una condena que nada establecía sobre él. Suplieron ese vacío con deducciones, dando por cierto lo que las fojas no muestran. Duplicaron la pena sin decir por qué. Y desatendieron su condición de persona mayor. Nada de eso es interpretación: es resolver de espaldas a la prueba.
El principio quebrantado es elemental. Atribuir autoría exige señalar qué hizo cada cual; no basta cargar al conjunto lo que apenas consta de algunos. Quien presume lo que estaba obligado a acreditar incurre en la negligencia o ignorancia inexcusable que el propio Código reprocha.
De ahí que el asunto exceda a un caso: interpela la conducta de los jueces. Cualquiera que cruza las puertas de un tribunal queda en manos de otro ser humano facultado para privarlo de su libertad. Semejante potestad se tolera únicamente si quien la ejerce rinde cuentas. La independencia judicial resguarda la función; no escuda a quien la vulnera. Un fallo sin razones no es justicia: es fuerza.
Esta querella no pretende reexaminar los hechos de 1986, sino formular una pregunta que Chile elude desde hace demasiado tiempo: ¿rigen para los magistrados las mismas reglas que imponen a los demás, cualquiera sea el delito y quienquiera que sea el acusado?
A quienes estimen temerario emplazar a la judicatura, respondemos que lo temerario es firmar veinte años de presidio sin mirar una sola vez a su destinatario. No ejercemos la abogacía para adaptarnos al entorno, sino para corregirlo cuando se aparta del derecho. Esta causa no se detendrá: si la ley no alcanza a quienes la aplican, nadie estará a salvo. Y lograr que los alcance —a ellos también, a ellos sobre todo— es, sencillamente, el trabajo de un abogado.
Carla Fernández Montero
Abogada penalista
Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo
Por Mariela Herrera, Periodista y Editora de El Líbero
La agenda ya está dando sus primeros frutos. Así se vio en la Cámara de Diputados donde se aprobó, en general, la “ley Naín Retamal 2.0”, que extiende la legítima defensa cuando funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas estén de franco. El proyecto logró 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones. Como se esperaba, el Partido Comunista y el Frente Amplio rechazaron el texto. Para muchos, se configura así, la antesala de cómo será la mano para el resto de la agenda de seguridad. Ahora, ¿cómo conversa esto con la opinión del ex Presidente Boric? Anoche, el ex Mandatario señaló que en temas de seguridad, durante su gobierno, no fueron “creíbles”. Y agregó que “ese es un tema que el progresismo y la izquierda tienen que tomar como bandera”. Sin duda, una noticia en desarrollo considerando que será el tema central de la discusión política para los próximos meses.
Libertarios y republicanos aumentan presión para que La Moneda otorgue indultos a exuniformados
Representantes del Partido Nacional Libertario (PNL) como del Partido Republicano han venido presionando en los últimos días al Gobierno para que avance en la otorgación de indultos presidenciales a exuniformados. Advierten, incluso, que fue un compromiso de la campaña del Presidente José Antonio Kast. Por tanto, plantean una ley general de indultos. Johannes Kaiser estima que el retraso significa que el Gobierno “no entienden lo que está pasando”.
Por su lado, el senador republicano Ignacio Urrutia cree que “sería una señal espectacular que el 11 de septiembre el Presidente Kast empiece a indultar uniformados”.
Justo el jueves de la semana pasada los dirigentes de los diferentes partidos de la derecha realizaron una reunión para comenzar a delinear la celebración del 4º aniversario del Rechazo y abrir el debate sobre el 11S.
(Fuente “El Líbero”)