SOBRE PRESOS Y CÁRCELES

Por Humberto Julio Reyes

El reciente traslado de presos de alta peligrosidad a una nueva cárcel de alta. seguridad, cercana a Talca, ha provocado, como ya es habitual, diversas y encontradas reacciones.

Tratándose de una medida necesaria para reforzar la seguridad en los penales, aislando a quienes podrían insistir, desde adentro, en sus conductas delictivas, un inocente lector podría haber asumido que encontraría un respaldo bastante generalizado, sin embargo, ello no ha sido así.

Rápida ha sido la izquierda en calificar de show la presencia del primer mandatario en esta diligencia, compararlo con Bukele, apelar a la defensa de los derechos humanos de quienes han sido trasladados y criticar diversas medidas del régimen al que estarán sometidos.

También, naturalmente, se han expresado comentarios favorables de parte del ciudadano, como usted o yo, que aprecia todo esfuerzo por devolvernos, aunque sea en parte, la tranquilidad relativa en que vivimos por muchos años.

Entre estos destacan quienes hacen ver que se trata de crueles criminales que, constituyendo un verdadero peligro para la sociedad, es altamente probable que volvieran a delinquir si salieran libres o que, seguirían organizados dentro de la cárcel si el régimen no fuera extremadamente severo en sus controles y, finalmente, que la mayor preocupación debiera ser por los derechos humanos de sus víctimas y no por ellos mismos.

Me cuento entre estos últimos y, por ello, recuerdo a quienes, no representando peligro alguno para la sociedad, siguen esperando el cumplimiento de una promesa presidencial o la aprobación de una detenida ley humanitaria.

No tuvieron derecho a un debido proceso, habiendo recurrido los tribunales a todo tipo de recursos para condenarlos, ignorando la ley de amnistía vigente apelando a delitos de lesa humanidad “inamnistiables”, ignorando las leyes vigentes cuando se cometieron los delitos que se han investigado acudiendo al ius cogens, recurriendo a las presunciones a falta de pruebas y elevando “el secuestro permanente” a la condición de verdad irredargüible.

Todo esto ha sido analizado in extenso en sus escritos por el valiente abogado Adolfo Paul sin que le aparezcan contradictores, pero no es mi propósito sostener la inocencia de los condenados en causas de derechos humanos sino, solamente, precisar que fueron y siguen siendo juzgados por un sistema procesal abolido para el resto de los chilenos por no garantizar un debido proceso y que, dada su avanzada edad y condición de retirados de las filas de sus instituciones, aunque se lo propusieran no representan peligro alguno de que reincidan en las conductas por las cuales cumplen condenas.

Las condenas ejecutoriadas, sin importar si se las considera injustas, deben ser respetadas, aún contra el parecer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es otra cosa que la cosa juzgada.

Pero no menos importante es el empleo de recursos que hace el Estado para mantener en prisión a quienes cumplen condenas por diversas causas.

El penal inaugurado implica un alto costo para el erario nacional, desde su concepción y construcción hasta llegar a su actual empleo, pasando por diversos gobiernos, toda vez que no surgió en el medio año de la actual administración.

También, aunque no con la intención de favorecer a los reclusos sino para agraviarlos mezclándolos con criminales de la peor especie, el anterior gobierno dispuso la ampliación de la cárcel de Punta Peuco, lo que ha permitido ahora una relativa pero insuficiente mejoría de las condiciones de hacinamiento.

Como los procesos y consiguientes condenas por causas de derechos humanos prosiguen sin pausa, sería necesario gastar más recursos en nuevas ampliaciones.

¿Será ello necesario cuando existen otras prioridades que deben ser atendidas con mayor urgencia?

Todos los condenados por el antiguo sistema procesal debieran ser indultados o recibir alguno de los beneficios intrapenitenciarios que correspondan, desalojando progresivamente los penales donde permanecen y que podrían ser destinados a albergar otros condenados.

Se debiera comenzar por los de mayor edad y con problemas de salud, eso es humanidad, y proseguir con aquellos que ostentaban los grados más bajos de sus escalafones, eso sería de justicia.

¿Habrá oposición a los sugerido?

Naturalmente ya que el “ni perdón ni olvido” hermana a la izquierda social demócrata con la extrema del PC-FA que, por lo demás, tienen la batuta en este y otros temas de seguridad, ejerciendo un efecto al parecer inhibidor de la voluntad del gobierno, el que prolonga el estudio “caso a caso”, sin resolver las 80 peticiones de indulto que se habrían presentado por diversas causales.

Finalmente, y como en el pedir no hay engaño, agregaría que en su próxima cuenta el poder judicial, en la persona de la presidente de la Corte Suprema, no esquive el tema del término de la aplicación parcial del antiguo sistema procesal penal.

16 de agosto de 2026

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