Justicia y DD.HH.
Justicia y DD.HH.
Ya era hora de esto, especialmente en los juicios de DD.HH contra militares:
Ética profesional
Presidenta de la Corte Suprema: “No podemos bajarle el perfil a la incompetencia”
Gloria Ana Chevesich se refirió a la importancia que tiene la formación ética al momento de enfrentar el desafío de hacer valer las reglas, en donde también estuvo presente Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados.
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En el marco del inicio de las VI Jornadas Nacionales de Enseñanza Clínica del Derecho, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, lideró el debate sobre los desafíos formativos y deontológicos de la abogacía en Chile, acompañada por el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza. Durante la instancia, la máxima autoridad del Poder Judicial enfatizó la urgencia de fortalecer la integridad en el ejercicio profesional desde las aulas de clases.
Al abordar la relevancia de las clínicas jurídicas y la impronta moral que deben transmitir las facultades, Chevesich remarcó que los principios de probidad no pueden ser tratados como una materia aislada: “La formación ética no puede quedar reducida a un curso, a una asignatura o a un conjunto de reglas de conducta. Debe estar presente en la manera en que se enseña el derecho y, especialmente, en la forma en que quienes estudian aprenden a ejercerlo. No le podemos bajar el perfil a la incompetencia.”
Asimismo, la presidenta de la Corte Suprema hizo un firme llamado a mantener los más altos estándares académicos, advirtiendo que la rigurosidad técnica constituye un pilar indispensable del compromiso profesional: “Quiero ser enfática en un punto: la excelencia técnica y el conocimiento del derecho son en sí mismos imperativos éticos. Un abogado o una abogada que no domina su disciplina no puede servir con lealtad a su clientela ni al sistema”. A juicio de la magistrada, el rigor conceptual resulta inseparable del deber de defensa y del adecuado funcionamiento de la administración de justicia.
Por otra parte, Chevesich proyectó las exigencias éticas hacia los espacios digitales contemporáneos, llamando a la prudencia a docentes, estudiantes y litigantes en un entorno hiperconectado: “Esta ética debe extenderse necesariamente al uso de las redes sociales. Las intervenciones virtuales de abogados, abogadas, docentes y estudiantes no son actos privados aislados; ellas impactan directamente en la confianza hacia la profesión y las instituciones. La libertad de expresión camina de la mano con los deberes de sobriedad, discreción y respeto que exige nuestra investidura”.
Sumándose al diagnóstico de la presidenta de la Corte Suprema, el presidente del Colegio de Abogados de Chile, Ramiro Mendoza, profundizó en la misión social del abogado y su papel en la reconstrucción del tejido ciudadano:
“En algún minuto a mí me gustaría decir: «somos los guardianes del Estado de Derecho», pero el Estado de Derecho es tan etéreo, tan abstracto y tan legal, que a mí me gustaría pensar que somos los guardianes de la confianza en la sociedad civil, en la confianza en las relaciones de las personas y en las relaciones de la sociedad estatal. Tenemos una sociedad que está tremendamente fracturada en confianza”.
En esa misma línea, Mendoza subrayó que los profesionales del derecho son los principales llamados a articular la certeza y la fe pública en la vida diaria:
“Si miran las últimas encuestas, el problema que tenemos desde el punto de vista de la convivencia social es la confianza; y el articulador de confianzas en el vector sociedad son los abogados. Son los que llevan encargos ajenos, los problemas personales, los conflictos corporativos, los conflictos de la libertad de las personas y la vigencia de las garantías constitucionales”. Con ello, el líder del Colegio de Abogados relevó el sentido profundo que cobran los departamentos clínicos para entregar herramientas sólidas al foro nacional.
Al término del encuentro, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, renovó la llamada a consolidar una alianza permanente entre los tribunales, el gremio y las universidades para velar por un ejercicio jurídico que responda siempre con excelencia y responsabilidad ética ante la sociedad.
OFERTA DE LA EMPRESA SUPERABA EN $12.366 MILLONES EL PRESUPUESTO DISPONIBLE
Cinco ministros supremos aprobaron trato directo por $26.889 millones con constructora que había sido rechazada en la licitación ese mismo día
27.08.2026
En julio de 2022, cinco ministros de la Corte Suprema aprobaron un trato directo por $26.889 millones con Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez para construir el Centro de Justicia de Los Ángeles. El mismo día la oferta de la empresa ya había sido desestimada en la licitación de esa obra por el Consejo Superior de la CAPJ, debido a la falta de experiencia de su equipo profesional. Tras adjudicar el contrato, previo cambio del equipo profesional de la empresa, los magistrados permitieron a esta sociedad reemplazar la boleta de garantía que se exigía originalmente por una póliza de seguros, menos onerosa. Además, durante las obras, la Corporación Administrativa del Poder Judicial pagó $594 millones a la empresa por haberse tardado 60 días en responder un requerimiento de información.
Créditos imagen de portada: sitio web Poder Judicial.
El expresidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, y los ministros Mario Carroza, María Teresa Letelier, Diego Simpértigue y María Angélica Repetto aprobaron el 21 de julio de 2022 un trato directo por $26.889 millones con Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez para edificar el Centro de Justicia de Los Ángeles. Esto, a pesar de que la empresa había sido descalificada ese mismo día en la licitación del contrato para esa obra, debido a que su equipo profesional no cumplía con la experiencia exigida.
La decisión –consignada en el Acta 840 del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial– se adoptó aunque la cifra ofertada por la empresa también excedía en $12.366 millones los recursos que en ese momento tenía disponibles el Poder Judicial para realizar la obra, cuya construcción se había licitado con un monto máximo de $14.523 millones.
En respuesta a consultas de CIPER, la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) señaló que antes de firmar el trato directo se le pidió a la empresa que actualizara sus antecedentes y cumpliera “con los requerimientos de la licitación, en especial respecto de los profesionales”.
Asimismo, respecto del monto de pago, la entidad señaló que en esa reunión se asumió que el presupuesto aprobado no tenía relación con el valor de ejecución de la obra, “toda vez que el rubro de la construcción se vio afectado por el alza de precios, la disponibilidad de mano de obra y el alza del dólar” (ver respuesta de la CAPJ).
Pero, estos no fueron los únicos cambios. Una vez asignado el trato directo, los magistrados decidieron flexibilizar, además, las condiciones financieras que debía cumplir esta sociedad para garantizar el desarrollo de la obra. En específico, aceptaron que la empresa presentara una póliza de seguros por el fiel cumplimiento de la obra, en reemplazo de la boleta de garantía exigida por contrato en un inicio, la que es mucho más onerosa.
Además, durante la obra, la CAPJ se retrasó en 47 ocasiones en responder a los requerimientos enviados por la empresa, lo que generó la obligación de efectuar millonarios pagos en favor de esta compañía por el atraso en la construcción que esto generaba, como estaba establecido en el contrato. El pago más voluminoso por este concepto estuvo asociado al requerimiento de información número 86, cuyo retraso de 60 días en la respuesta generó un pago por $594.425.583, lo que derivó en una investigación administrativa que aún no concluye (ver documento).
Es importante señalar que, pese a estos retrasos, la apertura oficial al público y la puesta en marcha del Centro Judicial de Los Ángeles comenzaron a concretarse de forma progresiva durante los primeros meses de 2026, luego de que las obras finalizaran su construcción a fines de 2025.
CIPER recibió diversas denuncias sobre estos hechos, por lo que decidió reconstruir los eventos, paso a paso. Para ello, se revisaron las licitaciones efectuadas y las actas del Consejo Superior de la CAPJ. También se contactó a la empresa -la que declinó hacer comentarios públicos- y al Poder Judicial.
UNA LICITACIÓN DESIERTA
La historia comenzó el 11 de junio de 2021, cuando la Corporación Administrativa del Poder Judicial publicó en Mercado Público las bases administrativas de la primera licitación para construir el Centro de Justicia de Los Ángeles. La obra consideraba edificar 9.851 metros cuadrados en un plazo máximo de 720 días, con un presupuesto de $13.911 millones (verdocumentos). Nueve empresas pidieron antecedentes y visitaron el terreno, pero sólo dos –Claro, Vicuña, Valenzuela S.A. y Omar Alejandro Ricouz Bergen– presentaron ofertas. El 12 de octubre de ese año, ambas fueron declaradas inadmisibles.
El informe que desechó esas propuestas fue suscrito por el jefe de proyectos de construcción, Jorge Quiroga Díaz; el jefe de la sección de licitaciones, Óscar Inzunza Vergara, y la jefa de proyectos de construcción, Ana Espinoza Lobos (ver documento).
Esta situación fue informada el 28 de octubre al Consejo Superior de la CAPJ, integrado por el entonces presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, y los ministros Juan Eduardo Fuentes Belmar, Gloria Ana Chevesich Ruiz, Jorge Dahm Oyarzún y Adelita Ravanales. El 17 de noviembre, la resolución fue publicada, oficializando que la licitación quedó desierta (ver documento).
SIN LA EXPERIENCIA SOLICITADA
Tras ese primer traspié, el 11 de febrero de 2022, la Corporación volvió a intentar adjudicar el proyecto y publicó una segunda licitación en Mercado Público. Esta vez, el presupuesto ascendió a $14.523 millones (ver documento).
En este nuevo proceso, sólo cinco empresas acudieron a la visita en terreno en Los Ángeles: Claro Vicuña Valenzuela S.A., Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez, Moller y Pérez Cotapos, Crig Sucursal Chile y Sociedad Constructora CMG. Pero de esas empresas, sólo Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez presentó una oferta económica, la que ascendió a $26.889 millones, casi el doble del presupuesto asignado. También ofertó Omar Alejandro Ricouz Bergen, pero sin especificar monto.
El nuevo informe de evaluación concluyó que ambas propuestas eran inadmisibles. La oferta de Omar Alejandro Ricouz Berge no incluía toda la documentación exigida, mientras que la de Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez incumplía los requisitos, porque los profesionales a cargo del proyecto no acreditaron la experiencia mínima establecida en las bases.
El documento que dejó desierta la licitación, fechado el 26 de junio de 2022, fue firmado por el jefe de construcción, Raimundo Sáez García; la jefa de proyectos, Ana Espinoza Lobos, y el analista de licitaciones, Paul Fierro Ríos (ver documento).
Corte Suprema (Créditos: Víctor Huenante / Agencia Uno)
TRATO DIRECTO EN DOS SEMANAS
Este nuevo fracaso en la licitación fue informado el 21 de julio de 2022 al Consejo Superior de la CAPJ, como quedó constancia en el acta 840 de esa entidad. En la reunión estuvieron presentes –además de los funcionarios administrativos– el entonces presidente de la corte, Juan Eduardo Fuentes Belmar, y los ministros Mario Carroza, María Teresa Letelier, Diego Simpértigue y María Angélica Repetto (ver acta).
El entonces jefe del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, Jorge Ponce Botton, informó al Consejo que las dos ofertas presentadas en la segunda licitación eran inadmisibles. Además, en la misma instancia anunció que solicitaría un aumento de disponibilidad presupuestaria a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. El objetivo de esa gestión era financiar un trato directo con Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez. Para justificar esta medida, Ponce dijo que “el valor ofertado en la primera licitación fue cercano a $27.900 millones, por lo que esta segunda oferta se encuentra dentro del rango del valor del mercado”, según quedó consignado en el Acta 840.
Los ministros decidieron apoyar este criterio y el Consejo Superior acordó contratar de forma directa a Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez por $26.889.578.607, pese a los problemas –según la propia CAPJ– con la experiencia de su equipo profesional y a que su propuesta excedía en $12.366 millones lo ofertado en la fallida licitación.
En línea con lo acordado, el 11 de octubre de 2022, el jefe del Departamento de Finanzas y Presupuesto de la CAPJ, Leonardo Montiel, emitió un certificado de disponibilidad presupuestaria, en el que señaló que la institución ahora sí tenía en sus cuentas los $26.889 millones requeridos por la empresa y que podía destinarlos a la construcción del Centro de Justicia de Los Ángeles.
Luego, el 20 de octubre de 2022, la CAPJ publicó la resolución que autorizaba el trato directo con Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez. Ese mismo día emitió la orden de compra respectiva (ver documento).
LA NEGATIVA DE LOS BANCOS
Las primeras dificultades en la ejecución del proyecto surgieron apenas tres semanas después, como quedó consignado en el Acta 852 del Consejo Superior de la CAPJ.
En la reunión del 17 de noviembre de 2022, los ministros Fuentes Belmar, Letelier, Simpértigue y Repetto fueron informados por el jefe del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, Jorge Ponce Botton, de que la empresa contratada no lograba conseguir que un banco la respaldara para emitir la boleta de garantía que establecía el contrato. Ante ello, los ministros aprobaron la idea de flexibilizar las exigencias financieras y acordaron requerir a la empresa un documento que certificara “la negativa de a lo menos 3 bancos a otorgar boletas bancarias para garantizar el anticipo y el fiel cumplimiento del contrato de construcción del Centro Judicial de Los Ángeles”. Una vez entregado aquel documento, se procedería a autorizar a esta sociedad a reemplazar la boleta de garantía por una póliza de garantía, como había planteado Ponce, según quedó consignado en el acta (ver Acta 852).
El 23 de noviembre de 2022 se realizó una reunión extraordinaria del Consejo Superior de la CAPJ. Esta vez sólo participaron los ministros Fuentes Belmar, Simpértigue y Letelier. Allí, como quedó registrado en el Acta Extraordinaria 8, Ponce informó a los jueces que cinco bancos habían rechazado otorgar una boleta de garantía a la empresa por problemas de riesgo financiero, pero que existía la posibilidad de que Banco Estado la emitiera (ver acta). No obstante, los magistrados decidieron autorizar que, desde esa fecha, cualquier empresa que documentara que dos bancos le rechazaban la emisión de una boleta de garantía, podía contratar una póliza de seguros, en reemplazo.
Las diferencias financieras entre uno y otro instrumento son evidentes. Por una parte, la boleta de garantía la emite un banco y exige que la empresa deje dinero en efectivo o una línea de crédito aprobada como respaldo. Si hay un problema en la ejecución del proyecto, el beneficiario lo cobra de forma directa al banco. En tanto, la póliza de seguro, la emite una compañía de seguros y funciona como un seguro tradicional donde se paga sólo una prima por el riesgo. Si hay incumplimiento en el contrato, la aseguradora indemniza al afectado una vez comprobado el problema.
Construcción del Centro Judicial de Los Ángeles (Fuente: sitio web Poder Judicial)
REQUERIMIENTOS, ATRASOS Y PAGOS
Una vez iniciadas las obras en Los Ángeles, la empresa constructora emitió 203 requerimientos de información por escrito a la CAPJ, entre febrero de 2023 y junio de 2024, según reveló documentación de la contraloría interna de esa institución (ver documento).
Estos requerimientos son solicitudes de información sobre las decisiones constructivas que deben adoptarse durante la ejecución de la obra. En ocasiones, y como sucedía en este trato directo, no tienen un plazo de respuesta establecido. Pero, los días de demora deben ser compensados a la constructora, como ocurre en otras licitaciones públicas.
En general, estos requerimientos deben ser resueltos por la persona a cargo de la Inspección Técnica de Obras, quien es el profesional independiente contratado por el mandante para fiscalizar en terreno que todo proyecto se ejecute de acuerdo con los planos, las especificaciones técnicas y la normativa vigente.
En este punto comenzaron nuevos problemas. De los 203 requerimientos enviados por la constructora, 47 no fueron respondidos por el mandante ni por el inspector técnico en el plazo establecido. El caso con mayores consecuencias económicas fue el Requerimiento de Información número 86 (RDI 86), cuyo retraso de 60 días en la respuesta generó una obligación de pago por $594.425.583 (ver documento).
La situación escaló hasta el Consejo Superior de la CAPJ. Ante esa instancia, el jefe del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, Jorge Ponce, señaló que el problema con el RDI 86 coincidió con la renuncia del inspector técnico Carlos Boysen, ocurrida el mismo día en que la empresa presentó ese documento.
El Consejo Superior de la CAPJ decidió, el 2 de enero de 2025, instruir una investigación disciplinaria para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en el aumento de contrato por gastos generales a causa de los atrasos en la respuesta del RDI N° 86. Esa investigación sigue abierta.