5ta. Querella acogida en contra del ministro Álvaro Mesa:

El 28 de septiembre, el Juzgado de Garantía de Valdivia declaró admisible y ordenó investigar la querella por prevaricación deducida en representación de Raimundo García Covarrubias y de Pedro Tichauer Salcedo, oficiales del Ejército en retiro, contra el ministro en visita Álvaro Mesa Latorre y contra los dos integrantes de la Corte de Apelaciones de Temuco que confirmaron su sentencia, el ministro suplente Luis Olivares Apablaza y el abogado integrante Cristian Carvajal de Vicenzi, redactor del fallo confirmatorio. Es la quinta querella que se dirige contra el señor Mesa por sus sentencias en causas de derechos humanos y la primera que alcanza a quienes, en la alzada, le dieron su firma.

La sentencia que motiva la querella condenó a ambos como cómplices de hechos ocurridos en el Regimiento Tucapel de Temuco en 1973. Quien la lea buscando el acto de cooperación que se atribuye a cada uno no lo encontrará, porque no está. El fallo no describe una orden ni una intervención cualquiera en los hechos; da por establecida la complicidad a partir de la pertenencia al regimiento, y con eso se conforma. Todo el derecho penal moderno descansa sobre la idea contraria, la de que se responde por lo que se hace y no por lo que se es, y la propia Corte Suprema la ha recordado en el Rol N°25.384-2021 al precisar que la calificación de lesa humanidad no dispensa al juez de establecer qué hizo individualmente cada imputado.

Esa condena fue confirmada el 4 de noviembre de 2025 por una sala en la que había un solo ministro titular, José Héctor Marinello Federici. Ese único titular, con las mismas fojas a la vista, votó por absolver. La mayoría la formaron un suplente y un abogado integrante, los dos miembros que ocupaban esa sala de paso. Nadie discute el valor de los votos disidentes; forman parte del oficio y no pocas veces anticipan lo que la Corte Suprema termina resolviendo. Pero este voto tiene otra naturaleza. Cuando el único ministro titular de la sala deja escrito que no hay mérito para condenar y la condena se sostiene igual, el expediente deja de explicar la decisión, y lo que la explica pasa a ser materia de una investigación penal. En ese sentido, y sin exageración alguna, puede hablarse de una “confesión” firmada desde dentro de la propia Corte.

La querella se presentó en Temuco el 22 de julio, en un juzgado de garantía que hoy preside precisamente uno de los querellados. Lo que ocurrió después no requiere comentario. Ocho jueces se declararon inhabilitados uno tras otro, entre el 27 de julio y el 4 de septiembre, seis de ellos por ser el ministro Mesa su superior jerárquico y dos por su cercanía con Olivares Apablaza, hasta que el propio tribunal dejó constancia de que no le quedaba juez hábil y remitió la causa a Valdivia. Durante más de dos meses la querella estuvo en Temuco sin que nadie pudiera proveerla. El problema que denuncia quedó descrito por el propio juzgado antes de que un juez alcanzara a leerla.

El ministro Mesa Latorre suma a la fecha una decena de sentencias revocadas por la Corte Suprema, que el 7 de julio desestimó además, por unanimidad, los amparos con que intentó impedir la tramitación de las querellas anteriores, y que ha dejado establecido que estas acciones deben investigarse. Lo que se abre ahora es esa investigación, sobre una condena que no señala conducta alguna y sobre una confirmación que el único ministro titular de la sala se negó a suscribir. Quien dictó la condena y quienes la confirmaron tendrán ocasión de explicar ante la Fiscalía aquello que ninguno de sus fallos se ocupó de decir, qué hicieron estos dos hombres.

Carla Fernández Montero
Abogada

¿Hasta cuándo se ríen de todos los chilenos y les siguen regalando nuestros impuestos?:

Comisión Valech: La declaración de Verónica Farías, la testigo falsa en demandas contra el fisco identificada por el CDE

Por Ex-Ante

Detalle del logo del CDE . (CDE)

“En cuántos juicios sobre indemnización por violación a los derechos humanos ha declarado en calidad de testigo”, se le preguntó a la costurera Verónica Farías. “Pueden ser más de 10”, respondió. Según una querella del CDE, testificó en 29 causas de herederos y víctimas registradas en el informe Valech, sólo considerando los tribunales de Concepción. El organismo identificó al menos dos casos de parientes de víctimas de la dictadura donde habría mentido. El caso se suma a los del 18-O.

Lo nuevo. A las 9:30 am del 22 de mayo de 2025 comenzó a declarar Verónica Margot Farías Flores, 55, en una de las 29 causas civiles por violaciones a los derechos humanos en que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) identificó que la costurera de Concepción había sido testigo contra el fisco, sólo considerando los tribunales de la capital del Biobío.

• El caso dio paso a que, el 31 de marzo de este año, el CDE se querellara en su contra por falso testimonio reiterado y se abriera una causa que investiga actualmente la fiscalía regional.
• La causa en la que declaró era la demanda de indemnización por $150 millones interpuesta por Pamela Paris Provoste, 44.
• En ésta, Paris Provoste acusó al estado de ser responsable de los efectos que tuvieron en ella los traumas de su abuelo materno, el obrero forestal Orlando Provoste Labraña, quien está registrado en el informe de la comisión Valech sobre torturas cometidas en dictadura. Según relató en la demanda de 2024, él fue quien la crio.
• Paris Provoste perdió en primera instancia la demanda, que pasó a ser vista por la Corte de Apelaciones de Concepción.
• En su testimonio ante la Corte del 3 de febrero de este año, Paris Provoste fue consultada por el testimonio prestado en su favor por Farías Flores, el que había sido valorado en la resolución de primera instancia.
• “Es efectivo que usted conoce a Verónica Margot Farías Flores”, fue la consulta que se le hizo. “No, no es efectivo”, respondió.
• “Con qué frecuencia se reúne con doña Verónica Farías Flores”, se le consultó. “No, no es efectivo” que se reúnan, dijo.
• Sus respuestas alertaron al CDE por el probable uso de testigos falsos en ese tipo de causas, incluso sin el conocimiento de los demandantes.
• Los 29 casos en que declaró Farías Flores incluían testimonios en favor de herederos, pero también de víctimas registradas en la comisión Valech que recibieron indemnizaciones de $50 millones, $35 millones y otras, se desconoce si en conocimiento de que la costurera había declarado.
• Estos casos se sumaron al uso de testigos falsos detectados en casos del 18-O, donde Humberto Rojas Sánchez testificó en al menos 45 demandas contra el estado, incluyendo tres vinculadas con el estallido social y ocho con la dictadura, consignó otra querella del organismo.

El estudio de abogados. El 2 de junio, el abogado del CDE y ex defensor nacional Georgy Schubert ingresó una ampliación de querella por uso de testigos falsos contra el estudio de Francisco Amigo, que estaba detrás tanto de la demanda contra el fisco de Paris Provoste como de los casos en que testificó Rojas Sánchez.

• “No resiste lógica alguna que un abogado, con experiencia en este tipo de juicios, no observe ni se cuestione cómo es posible que el mismo testigo posea conocimiento de los hechos, en 45 juicios distintos conociendo casualmente a las víctimas por su actividad de transportista o por labores de bombero; en que, en todas, justamente, son coincidentes con demandantes que patrocina en acciones contra el fisco”, dijo la ampliación de querella.
• Estas tres acciones penales (la querella contra Farías Flores, contra Rojas Sánchez y contra el estudio de abogados) son investigadas por la fiscalía de Concepción, sin que haya formalizados a la fecha.
• Este medio consultó por estos casos al estudio de Amigo, sin obtener respuesta a las preguntas enviadas.

La declaración. “Los daños que ella sufrió fueron psicológicos, crisis de pánico que tiene hoy en día, daño económico debido a que no ha podido ejercer bien su profesión, debido a que ha tenido que cuidar a su abuelo, ya que él, a pesar de tener 13 hijos, quedo solo”, declaró Farías Flores.

• “Que diga la testigo quién es la parte demandante y cómo la conoce”, le consultaron. “La parte demandante es Pamela Paris y la conozco en Concepción”, respondió.
• “Hace cuánto tiempo la conoce y en que circunstancia la conoce”, le consultaron. “Hace cómo cinco años más o menos y en casa de unos amigos míos”, dijo.
• “Con qué frecuencia se ha encontrado con la demandante en estos últimos cinco años”, le preguntaron.
• “Poco, como dos veces al año”, dijo.
• “En qué contexto se verifican estos encuentros dos veces al año”, le consultaron.
• “Fiestas familiares, concertadas por las fechas, cumpleaños más que nada de mis amigos”, dijo.
• “En cuántos juicios sobre indemnización por violación a los derechos humanos ha declarado en calidad de testigo”, se le preguntó.
• “En varios, pueden ser más de 10”, dijo.

¿Imparcialidad judicial?:

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