El regreso del octubrismo

Por Alejandro San Francisco.

Chile no quiere volver a vivir la experiencia del 2019, pero el octubrismo no está muerto, aunque se haya desdibujado y pareciera dormido. En la capacidad para enfrentar esa realidad se juega en buena medida el éxito del gobierno, y también de la oposición.

En los últimos años pocas cosas han despertado más resistencia que el octubrismo. Surgió con fuerza e incluso esperanzas en octubre y noviembre de 2019, bajo la sombra del estallido social. Representó un pensamiento, un estilo, una forma de acción política, un ideal, un espíritu. En pocas palabras, el octubrismo implicó la resistencia frente a la autoridad, la violencia destructora, la voluntad de cambio, la revolución en marcha, la tendencia iconoclasta, la intransigencia revolucionaria y la lejanía a la Constitución vigente, a las leyes y a las autoridades políticas, así como a las formas tradicionales de vida.

En un interesante artículo publicado en El Líbero, el intelectual José Joaquín Brunner define así al octubrismo: “el ethos, o sea, la visión de mundo, orientaciones, creencias, actitudes, valores, sentimientos y hábitos que definen la naturaleza de la revuelta. Dicho de otra manera: es la autocomprensión y los relatos que de ella emanan. Y, por ende, la saga, narrativa o leyenda que se teje en torno a la revuelta del 18-O”. Por lo mismo, no es un partido, ni una ideología ni un movimiento. Con todo, como buen académico, en otra oportunidad amplía y administra la información y reconoce que existieron muchos esfuerzos por dotar de contenido al concepto, que iban desde fórmulas difusas a otras más descriptivas, desde meras descalificaciones a esfuerzos de comprensión, como se puede observar en los trabajos y artículos de distintos analistas y columnistas.

“Pronto a acabar marzo, y cuando todavía el gobierno de José Antonio Kast no cumple un mes en La Moneda, pueden advertirse ciertos rasgos que muestran el regreso del octubrismo”

El tema tuvo altibajos en los últimos años. Muchos interpretaron los resultados del plebiscito del 4 de septiembre de 2022 como una derrota definitiva del octubrismo, aunque sea siempre arriesgado predecir la evolución de los acontecimientos. De la misma manera, la segunda parte del gobierno de Gabriel Boric, así como la campaña presidencial de 2025, representaron una verdadera agonía del octubrismo, por cuanto fueron vaciándose muchas ideas y el espíritu que habían animado los últimos meses del 2019 y los años posteriores, que llevó a que la moderación sustituyera al pensamiento más extremo.

En cualquier caso, desde el punto de vista político el octubrismo tiene entidad y algo de historia: fue la revolución de octubre de 2019; de alguna manera la expectativa del gobierno de Gabriel Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista; y, por cierto, también la Constitución de la Convención: no solo su contenido, sino también su espíritu refundacional, su modo contestatario, el estilo de su representantes y la resistencia frente a la tradición constitucional chilena y los símbolos patrios.

Pronto a acabar marzo, y cuando todavía el gobierno de José Antonio Kast no cumple un mes en La Moneda, pueden advertirse ciertos rasgos que muestran el regreso del octubrismo. La calle, las protestas y la rebelión casi había desaparecido en los últimos años, en cualquiera de sus manifestaciones: sea feminista, estudiantil, constituyente, de pensiones o incluso el lumpen que participó de la “revuelta popular”. Pero Chile cambió: la llegada de José Antonio Kast al gobierno es razón suficiente para que comiencen a prepararse la izquierda en sus diversas manifestaciones, el anarquismo, los sectores frenteamplistas, comunistas, socialistas y otros, así como la oposición de los movimientos sociales, que tienden a manifestarse con más fuerza cuando gobierna la derecha.

Esta penúltima semana de marzo hubo un movimiento que muestra la nueva realidad. Ante la crisis del petróleo que ha afectado también a Chile, se produjo una situación propicia para las protestas y la unificación de la oposición. El alza de la bencina ciertamente perjudica a la población, en un país afectado con el exceso de deuda y de aumento del gasto público en los últimos años, sin que ello tenga un correlato en la calidad de vida de la población. Hay razones para estar enojados, para verse afectados en los bolsillos y pensar que las cosas están peor que lo esperado. La lógica es culpar al presente y no al pasado, al gobierno propio y no al de Estados Unidos o de Irán. La política es complicada y dinámica, y cualquier análisis requiere más complejidad e inteligencia que la fórmula fácil de la descalificación.

Respecto del octubrismo renacido –como se ha visto en las protestas y violencia de esta semana–, es bueno considerar ciertas realidades y eventuales problemas. En el primer caso, saber que habrá movilizaciones sociales y políticas contra el gobierno de Kast, a quien muchos no le dejarán pasar una, aunque frente a la pasada administración hubieran actuado con pusilanimidad, desidia o falta de convicciones. Además de eso habrá violencia, destrozos y dificultades de distinto tipo (de traslado y de orden público, por ejemplo). No podemos dejar de mencionar la erosión de la convivencia política, la desmesura, los ataques personales y la proliferación de mensajes, videos y otros en las redes sociales. Es decir, comienza la “fiesta de la calle” y es necesario prepararse para ello.

A pesar de lo anterior, el movimiento octubrista debe comprender la nueva realidad de Chile. Primero, entender que el propio fracaso histórico de los últimos años, que van desde la violencia del 2019 hasta el fracaso del proceso constituyente. En segundo lugar, es preciso comprender el tiempo histórico. José Antonio Kast triunfó de manera contundente en diciembre de 2025 y tiene un tiempo por delante para desarrollar su proyecto y promover los cambios que Chile apoyó en las urnas. Por lo mismo, la tentación antidemocrática debe ser rechazada, especialmente por el socialismo democrático. A ello se suma una cuestión práctica: el ambiente social y político es distinto, y si bien existe enojo por la crisis del petróleo y sus consecuencias en el país, como el alza de precios de la bencina, lo cierto es que los chilenos no están dispuestos a arriesgar tanto como lo hicieron entre 2019 y 2022: no están para aventuras constituyentes, refundaciones o la destrucción de lo logrado en las últimas décadas.

Con todo, el gobierno de Kast también debe considerar algunos aspectos importantes. El primero es que requiere perfeccionar su capacidad política, que es distinta a las cuestiones técnicas. De la política bien administrada deriva la consistencia comunicacional y la habilidad para comprender la complejidad de las decisiones del poder (esto significa que tiene dimensiones varias). Más importante que lo anterior es saber que la revolución de octubre no solo tuvo violencia y rebeldes antisistema, sino que por algún momento confirmó la existencia de diversos problemas sociales y se identificó con los anhelos de la población. Lo peor sería despreciar esos sentimientos y esas realidades, más todavía considerando que Chile está peor hoy que en 2019, en el plano económico y social. Hay menos empleo y más delincuencia, hay más familias viviendo en campamentos y otros problemas se han multiplicado. Es preciso empatizar con los dramas sociales, comprender los reclamos legítimos y trabajar con sentido de urgencia y presencia territorial. En otras palabras, es necesario trabajar más, trabajar antes y trabajar mejor.

Chile no quiere volver a vivir la experiencia del 2019, pero el octubrismo no está muerto, aunque se haya desdibujado y pareciera dormido. En la capacidad para enfrentar esa realidad se juega en buena medida el éxito del gobierno, y también de la oposición, aunque todavía no lo comprenda siquiera ella misma.

Ovación a Presidente Kast:

https://www.facebook.com/reel/2158656654902115

44 millones de pesos en bencina gastó una senadora en Chile en 2025:

https://www.instagram.com/reel/DWfGm17klzB/?igsh=MWZlOXhzenRxbjNxZg%3D%3D

¿Qué nos pasa como sociedad?

Por Iris Boeninger, economista

Hay heridas que no sangran hacia afuera. Que no aparecen en los partes médicos ni en las estadísticas del Ministerio del Interior. Son las heridas que una sociedad se hace a sí misma cuando decide, lentamente y sin declararlo, que ciertas cosas ya no importan. Que ciertos límites son negociables. Que cierta violencia tiene explicación suficiente para ser tolerada. Camus escribió que hay una sola pregunta filosófica verdaderamente seria: ¿Por qué seguir? Pero para una sociedad, la pregunta equivalente es otra: ¿Por qué obedecer? ¿Por qué respetar? ¿Por qué cuidar lo que es de todos? Y cuando esa pregunta deja de tener una respuesta compartida, cuando el contrato tácito que nos une empieza a deshilacharse, lo que aparece no es libertad. Es vacío. Y en el vacío, tarde o temprano, aparece la violencia.

El 27 de marzo de 2026, ese vacío tuvo un rostro concreto. Una inspectora de 59 años murió en el patio de un colegio de Calama. La mató un estudiante de 18 años que esa mañana entró al establecimiento portando dos cuchillos, líquido acelerante, una máscara, cinta adhesiva y candados ocultos en su mochila. En sus armas había nombres inscritos: los de atacantes de masacres escolares de Finlandia, Estados Unidos y Rusia, asesinos que el joven había elegido como referentes. Horas antes había publicado en YouTube un video titulado «Ataque en el Instituto Lezaeta» y en Instagram una imagen sosteniendo un cuchillo contra el pecho de un peluche, con la leyenda «a quien le interese».

Entró al colegio sin que nadie lo detuviera. Sin controles. Sin que ningún protocolo ni ningún adulto advirtiera lo que se aproximaba. No murió una figura pública. Murió una de esas personas invisibles que sostienen el día a día de una comunidad escolar: las que conocen a los alumnos por su nombre, las que están en el patio cuando nadie más está, las que ponen el cuerpo donde el sistema hace tiempo había dejado de poner nada. Ella no murió por accidente. Murió porque llegó hasta ahí una acumulación de omisiones, silencios y complicidades que Chile lleva años construyendo sin querer mirarse en ese espejo. Las sociedades no se quiebran de golpe. Se quiebran como se quiebra el hielo en primavera: desde adentro, en grietas invisibles, hasta que un día el peso de alguien que simplemente camina sobre él es suficiente para hundirlo todo. Cada límite que un padre no sostuvo porque era más fácil ceder. Cada intervención que un profesor decidió no hacer porque sabía que nadie lo respaldaría. Cada director que miró hacia otro lado.

Cada autoridad que relativizó la violencia cuando venía del lado afín. Cada intelectual que le puso nombre bonito a la destrucción. Todo eso fue agrietando el hielo. Lo de Calama fue simplemente el paso que lo rompió. Porque esto tiene un origen preciso, aunque incomode nombrarlo. El 18 de octubre de 2019, jóvenes en su mayoría quemaron estaciones de metro, iglesias, centros culturales y universidades. Destruyeron además comercios y sembraron el terror en barrios que nada tenían que ver con las decisiones que se cuestionaban. Y una parte importante de Chile, en lugar de condenar esa violencia con la misma energía con que condenaba la injusticia que la había precedido, eligió comprenderla. Romantizarla. Darle un relato que la hiciera presentable. Nadie dijo con suficiente fuerza lo que era evidente: que quemar no es protestar. Que destruir no es transformar. Que la violencia no tiene causas que la justifiquen, solo consecuencias que la prolongan.

Esa lección quedó grabada. Y se siguió repitiendo: en las bombas molotov dentro de los liceos, en los encapuchados que tomaban establecimientos como si fueran territorios en disputa, en la destrucción sistemática de lo público sin que nadie pagara un costo real por ello.

Fuimos enseñando, sin palabras, pero con hechos, que la violencia tiene excepciones. Que el deber es negociable. Que las normas son para otros. Antes que las redes y antes que la calle, sin embargo, está la familia. No la familia como ideal religioso ni como modelo cultural de otra época, sino como la estructura más básica y más irreemplazable que existe para formar a un ser humano: el espacio donde se aprende por primera vez qué es un límite, qué significa el respeto, qué se le debe al otro. La familia no necesita ser perfecta ni numerosa ni tradicional. Necesita ser presente. Necesita tener adultos que asuman su rol sin delegarlo ni negociarlo.

Eso es precisamente lo que se ha ido perdiendo. No por maldad, sino por agotamiento, por ausencia, por una cultura que confundió el afecto con la ausencia de consecuencias. Hoy hay padres que llaman a los colegios a exigir explicaciones cuando la nota de su hijo no refleja lo que ellos creen que merece. Que discuten con profesores en lugar de respaldarlos. Que protegen a sus hijos de las consecuencias de sus propios actos, convenciéndolos de que el error siempre es del sistema,

del profesor, del colegio, de la sociedad. Nunca de uno mismo. Y así, sin saberlo, les enseñan la lección más peligrosa de todas: que la responsabilidad siempre es de otro.

Un joven que crece sin autoridad real en casa llega al mundo sin la capacidad de reconocer ninguna otra autoridad. No la del profesor. No la del inspector. No la de la norma. Y un colegio lleno de jóvenes así no es una comunidad educativa. Es un territorio sin ley esperando que algo

lo detone. La familia no es un valor de derecha ni de izquierda. Es el primer lugar donde una sociedad se sostiene o se cae. Y cuando falla, todo lo demás llega demasiado tarde. A eso se sumó algo igualmente devastador: una generación formada más por algoritmos que por adultos. Las redes sociales no son neutrales. Tienen una gramática propia que premia lo extremo, amplifica la rabia y normaliza la agresión como forma de existir en el mundo.

Y a esa soledad se suma, en demasiados casos, la droga. Chile tiene uno de los consumos de marihuana más altos de América Latina entre adolescentes. La pasta base y la cocaína han penetrado sectores que hace una década parecían inmunes, y atraviesan todas las clases sociales, modificándose solamente la sustancia que se consume.

Debajo de todo esto hay una pregunta más profunda: ¿qué nos debemos unos a otros? El contrato social no es un documento. Es un acuerdo tácito que sostiene la convivencia: respeto tus derechos porque confío en que tú respetarás los míos. Acato las normas porque creo que nos protegen a todos. Cuido lo colectivo porque entiendo que lo colectivo también me cuida. Ese acuerdo se está rompiendo. No de manera dramática, sino en la acumulación silenciosa de pequeñas rupturas: el que destruye lo público porque «es del Estado», el que evade su responsabilidad porque el sistema es injusto, el que agrede porque siente que no le debe nada a nadie. Son gestos que parecen menores pero que van educando en una idea profundamente corrosiva: que las obligaciones son opcionales y los derechos son absolutos.

Nada de esto ocurre en el vacío. Ocurre en un país donde la clase política lleva años sin dar el ejemplo que le exige a los demás. Y en ese escenario, el Partido Comunista aprobó formalmente en su Comité Central, antes incluso de que el nuevo gobierno asumiera, impulsar «hitos de movilización» contra la administración de Kast. No como reacción a una medida concreta. Como estrategia anticipada. Un partido con representación institucional, con parlamentarios electos, con acceso al debate democrático, decidiendo en frío que su rol de oposición pasa por las calles antes que por el Congreso. Mientras esa decisión queda sin condena transversal, le seguimos enseñando a los jóvenes que el poder de la presión vale más que el poder del argumento.

Hay una ironía que duele especialmente. Los mismos dirigentes estudiantiles que marcharon en 2011 exigiendo el fin del CAE y educación gratuita llegaron al gobierno en 2022. Boric, Jackson, Vallejo, Cariola: la generación que hizo de la deuda estudiantil su bandera más poderosa tuvo cuatro años para resolver el problema. Y no lo hizo. El FES llegó tarde, mal diseñado, sin viabilidad legislativa ni fiscal. El propio Senado advirtió que no tenía condiciones para prosperar.

Economistas de distintos sectores lo calificaron de inviable. Y durante esos cuatro años, el movimiento estudiantil guardó silencio. No marchó. No exigió. Esperó con una paciencia que nunca había tenido con otros gobiernos. Hoy marchan de nuevo. Con las mismas consignas. Como si nada hubiera ocurrido en el medio. Pero hay algo que no mencionaron en ninguna de esas marchas, algo que debería ser imposible de ignorar: que mientras ellos agitaban carteles en Santiago, en el Medio Oriente, en Ucrania, en Gaza, jóvenes de su misma edad morían en guerras reales. Que el mundo atraviesa una reconfiguración geopolítica y económica de consecuencias históricas que ya está generando impactos en Chile. Que hay crisis que no se resuelven con una marcha y amenazas que no desaparecen con una consigna. Marcharon con la comodidad de quienes no han conocido el verdadero costo de perder lo que tienen.

Y también cabe preguntarse algo más incómodo aún: ¿por qué un joven que tiene trabajo, que ejerce su profesión y genera ingresos, no debería devolver a la sociedad el costo de su formación? La educación superior no es un derecho absoluto sin contrapartida. Es una inversión colectiva que el país hace en sus ciudadanos esperando que esos ciudadanos contribuyan de vuelta. Un sistema donde quien puede pagar no paga, donde es posible estudiar indefinidamente sin costo real y donde la responsabilidad individual desaparece detrás del relato de la deuda injusta, no es justicia social. Es otro síntoma del mismo problema: la idea de que los deberes son opcionales.

La tragedia de Calama es un anuncio más. Lo más grave puede ser lo que viene. Estos jóvenes que crecieron normalizando la violencia, que aprendieron que el deber es opcional, que marcharon siguiendo consignas prestadas sin memoria ni contexto, que nunca supieron de una guerra más que por una pantalla, serán quienes gobiernen Chile mañana. Serán los legisladores, los jueces, los ministros, los directores de escuela. Y lo que son hoy no es un accidente. Es el resultado de lo que nosotros, los adultos, decidimos enseñarles. O decidimos no enseñarles.

Una mujer de 59 años murió en el patio de un colegio intentando proteger a sus alumnos. Eso no tiene vuelta atrás. Pero lo que hagamos con ese dolor sí es una elección.

¿O vamos a seguir eligiendo el silencio?

*¡La Providencia nos está Mirando!*

Por Cristián Labbé Galilea

La Semana Santa no es sólo una tradición religiosa propia de la sociedad cristiana occidental; más allá de toda creencia, es una oportunidad propicia para la reflexión, el recogimiento y la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. No se trata simplemente de un fin de semana largo; es tiempo para fortalecer principios y valores fundamentales, que trascienden lo material, cuya proyección urge en la vida cotidiana, especialmente en quienes ejercen responsabilidades públicas.

En ese contexto, resulta inevitable —y urgente— preguntarse: ¿cuándo la sociedad política hará un verdadero ejercicio de introspección?, porque, mientras se multiplican las críticas apresuradas o simplemente irresponsables, los más necesitados siguen esperando. La política no puede seguir atrapada en la lógica del cálculo mezquino, tiene el deber de ordenar sus prioridades y ponerse, sin excusas, al servicio de los más vulnerables.

Vivimos días decisivos: se instala un nuevo gobierno que carga con el peso de enormes expectativas; a ello se suman serios problemas heredados, y una ciudadanía que exige respuestas inmediatas. Pero hay que decirlo, fuerte y claro: gobernar no es un acto instantáneo, exige tiempo, responsabilidad y, por sobre todo, un mínimo de unidad y disciplina de quienes dicen ser sus partidarios.

Lo que menos necesita un gobierno que recién comienza es esa crítica social solapada —sí, a usted me refiero, mi crítico parroquiano— ya que, sin darse cuenta, se suma a un coro malintencionado de reproches ligeros e infundados.

Peor aún es la crítica que emana del propio sector político, muchas veces impulsada por resentimientos o simples afanes de protagonismo —al que le venga el sayo, que se lo ponga—. Unos y otros —parroquianos y políticos—, no aportan nada con su crítica, y además debilitan un proceso que exige responsabilidad y altura de miras. Si no tienen disposición a sumar, al menos por prudencia… ¡quédense callados!

Después de más de treinta años, tenemos un gobierno que encarna nuestros valores y principios. Desperdiciar esta oportunidad sería imperdonable. Es el momento de impulsar un verdadero “cambio copernicano” en la forma de administrar el Estado… ¡sin titubeos, ni cálculos menores! Eso fue lo que la ciudadanía eligió, y hoy exige ver “a los propios” defendiendo con convicción la acción de su Presidente y de su gobierno, sin ambigüedades. No vale el silencio cómodo ni la distancia oportunista, sólo valen la firmeza en las convicciones y la confianza en el rumbo trazado.

El sentido humano más profundo de esta semana nos invita a todos a poner el foco en el prójimo; en política, eso se traduce en entender que las urgencias sociales requieren decisión, coraje y firmeza. Los sectores vulnerables no pueden seguir siendo rehenes de mezquinas disputas.

Por último, esta humilde pluma invita a nuestros parroquianos y políticos a asumir un compromiso… ¡menos crítica y más compromiso! Ese es el mejor homenaje al espíritu de la Semana Santa… ¡la Providencia nos está mirando!