*UNA DEUDA PENDIENTE*

Por Cristián Labbé Galilea

Septiembre nos regaló, entre otras cosas, banderas, tradiciones, celebraciones, el Te Deum y el homenaje a las Glorias del Ejército. Para muchos fueron días de alegría y encuentro, pero para algunos dejaron un sabor amargo al comprobar que, después de más de medio siglo, no se vislumbran luces de esperanza para aquellos viejos soldados que se encuentran prisioneros del pasado e invisibilizados por una sociedad que dice buscar la reconciliación y la unidad nacional.

Este año, las principales autoridades del país formularon importantes llamados a la concordia y la reconciliación nacional. Sin embargo, sus intervenciones dejaron abierta una cuestión particularmente delicada: la situación de los militares de avanzada edad que permanecen privados de libertad por una justicia que, a juicio de esta pluma, se ha hecho parte de un persistente ánimo de odio y venganza.

En su mensaje de Fiestas Patrias, el presidente José Antonio Kast recordó que los protagonistas de nuestra Independencia, pese a sus profundas diferencias, compartieron la convicción de que Chile era una causa superior a sus discrepancias, e invitó a la unidad nacional, mirando con esperanza el futuro del país. ¡Gran pensamiento!

Sin embargo, sus palabras plantean una interrogante: ¿cómo traducir ese llamado a la unidad en medidas concretas, frente a la indesmentible realidad de los militares implacablemente perseguidos por lo ocurrido en aquellos aciagos días de septiembre de 1973?

El cardenal Fernando Chomali, por su parte, abordó la posibilidad de conceder medidas humanitarias a condenados enfermos o de avanzada edad. Sin embargo, inexplicablemente, vinculó tales beneficios a condiciones como el arrepentimiento y la entrega de información. Su planteamiento, a juicio de esta pluma, puso sobre la mesa exigencias que restan valor a una verdadera misericordia cristiana.

Si la avanzada edad, las enfermedades terminales y las condiciones de reclusión constituyen circunstancias objetivamente verificables, tanto médica como judicialmente, ¿qué hace que esos viejos soldados no tengan los mismos derechos humanos que cualquier mortal? ¿Por qué no garantizarles que, dada la gravedad de sus enfermedades, su invalidez o su fragilidad etaria, reciban cuidados adecuados y puedan cumplir el final de sus condenas en sus domicilios? Ello en ningún caso equivale a concederles impunidad: es un mero acto de humanidad.

A más de cincuenta años de los acontecimientos de 1973, Chile continúa enfrentando el desafío de conciliar memoria, verdad, justicia y humanidad. No habrá una reconciliación compartida si las legítimas preocupaciones por la situación de estos «batallones olvidados» son interpretadas por los sectores políticos como un beneficio extraordinario que pudiera tener costos políticos. Y si así fuera, ¡mayor razón para adoptar estas medidas! La acción humanitaria sería, entonces, meritoria.

En suma, septiembre nos recordó que compartimos la misma historia y la misma patria, pero aún nuestra sociedad política, jurídica y religiosa está «al debe», porque tiene la obligación de encontrar, antes de que sea demasiado tarde, los caminos de concordia y reconciliación que, respetando el derecho, hagan valer la dignidad de quienes envejecen privados de libertad.

*¡Esa es una deuda pendiente!*