*Cuando la verdad procesal se estrella contra la realidad*

Por René Fuchslocher

La noticia de que una mujer considerada durante décadas como “detenida desaparecida” está viva en Argentina —tras haber residido varios años en Suecia— ha remecido al país. No se trata solo de una anécdota, sino de un hecho que obliga a mirar de frente varias dimensiones sensibles: las responsabilidades judiciales, políticas y económicas derivadas de una historia que hoy se demuestra falsa.

La discusión pública se ha centrado en los beneficios previsionales, indemnizaciones y reconocimientos simbólicos recibidos por sus familiares. Es legítimo preguntarse si era posible desconocer su paradero durante tantos años, y qué mecanismos estatales fallaron para que esta ficción se mantuviera incuestionada por décadas. Pero hay una dimensión aún más delicada: las condenas judiciales dictadas sobre la base de hechos que ahora se revelan radicalmente falsos.

En este escenario, cobra especial importancia la reciente *sentencia de la Corte Suprema, Rol N° 37.661-2025, de 23 de septiembre*. En ella, el máximo tribunal rechazó un recurso de amparo interpuesto a favor de un ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, querellado por prevaricación penal en causas de derechos humanos. La Corte recordó que, conforme al artículo 114 del Código Procesal Penal, no corresponde desechar una querella de este tipo en una etapa inicial cuando los hechos denunciados exceden la simple discrepancia con la valoración probatoria. Por el contrario, debe investigarlos el Ministerio Público antes de que un tribunal se pronuncie de fondo.

En palabras del fallo, _“los hechos denunciados por la querella, dada su complejidad, no pueden circunscribirse únicamente a aquellos narrados en la acción penal ejercida por la querellante, debiendo agotarse su investigación por parte del ente persecutor”_ (cons. 5°). La Corte, además, revocó una decisión anterior de la Corte de Apelaciones de Concepción que había acogido el amparo, dejando abierta la vía para que la investigación penal siga su curso.

La coincidencia temporal entre ambos hechos —una desaparecida que nunca lo fue, y una Corte Suprema que permite indagar posibles prevaricaciones en causas de derechos humanos— plantea preguntas incómodas pero necesarias. ¿Cuántas condenas se dictaron sobre la base de relatos nunca verificados a fondo? ¿Qué responsabilidades políticas y judiciales existen cuando el dogma sustituye a la prueba? ¿Y qué pasa con los inocentes que cumplieron condenas por hechos que hoy podrían no sostenerse?

La justicia transicional debe ser tomada con toda la seriedad que merece. *El mismo ahínco con que se investigan las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado debe aplicarse a los abusos, omisiones o errores cometidos al amparo de esa causa*. Solo así se protege la legitimidad del sistema judicial y se evita que la verdad procesal termine estrellándose contra la realidad.

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JanoMatus  Republicano @janomatusmc

¿ Cuántos “Casos Tocornal” hay en Punta Peuco ? Recuerdo el Caso Castañer donde un periodista le pagó a un ex Soldado para que mintiera. El arrepentido hizo una declaración Notarial dando cuenta del hecho. Esto no fue considerado. Castañer está preso.: 

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30 de septiembre 2025   Boletín Cren N° 37   Centenaria Ilustre Corte de Apelaciones de Temuco Mancillada www.ongcren.cl        Un Centenario en Tiempos de Sombra   Celebrar el de la Ilustre Corte de Apelaciones de Temuco, presidida por el ministro Alvaro Mesa Latorre. imputado por Prevaricación, no solo es cuestionable: es una afrenta a la institucionalidad y a la justicia misma.        El largo y sinuoso  camino seguido por la querella presentada por tres oficiales del Regimiento Tucapel de Temuco, representados por la abogada Carla Fernandez, lejos de ser transparente, ha estado marcado por graves irregularidades: fue declarado admisible por un juez de garantía de Temuco, misteriosamente eliminado de los registros del Poder Judicial, sustituido por una resolución contraria del mismo juez, derivado a la Corte de Apelaciones de Valdivia –donde se volvió a declarar admisible–, el juez querellado presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Concepción que acogió el amparo en tiempo record, lo que obligó a recurrir a la Corte Suprema que en fallo dividido (3 votos contra 2) revocó la sentencia de la ICAC y rechaza la acción de amparo, con los votos disidentes de los ministros Manuel Valderrama y Leopoldo Llanos, debiendo agotarse su investigación por parte del ente persecutor, no siendo procedente desestimarlos a priori. No es buena señal el que la ICAT, haya conmemorado su centenario con un presidente imputado y que, además que las más altas autoridades del Poder judicial presentes en la ceremonia fueran precisamente  los ministros Valderrama y Llanos que votaron en contra de la Resolución de la C. Suprema que ordena investigar, es una señal preocupante que no puede ignorarse.       Más aún cuando se recuerda que bajo la égida del ministro Mesa numerosos exmilitares, carabineros y policías de investigaciones, han sido condenados a altísimas penas, que transcurrido más de 50 años de los hechos que supuestamente investigó, ya que sus resultados son practicamente nulos, considerando  la avanzada edad de los condenados, muchos enfermos terminales con capacidades y condiciones de movilidad reducida, hacinados y sin asistencia, equivalen a sentencias de muerte en prisión.       La esperanza de que los ministros de esta ahora centenaria Corte enmendaran los errores procesales del ministro Mesa que condena mayoritariamente por presunciones sin fundamento, leyes no vigentes a la fecha de los hechos, vulnerando el debido proceso, la igualdad ante la ley. en la que además se han observado prácticas cuestionables como: una ministro suplanta a actuario en interrogatorio, fiscales que avalan procesos de más de 10.000 fojas sin en 24 horas les haya sido posible someterlas a la revisión crítica que exige la ley, es una clara señal que no cumplieron con su tarea .   La magnitud de estas irregularidades pone en duda la integridad de quienes integran esta centenaria institución que debería ser pilar del Estado de Derecho. Cuando la justicia se ve empañada por procedimientos irregulares y señales equívocas, se erosiona la confianza de la ciudadanía.   En este contexto, la pregunta que surge es inevitable:   : ¿Qué celebramos realmente en el centenario de la Corte de Temuco: la tradición de la justicia, o la consolidación de sus sombras?     Si prefieres no recibir esta información te puedes desinscribir Para ampliar su difusión compártelo y coméntalo. Contacto y artículos dirígelos a: boletin@ongcren.cl Más sobre el tema los puede revisar https://ongcren.cl/justicia-por-prevaricacio

Detenidos desaparecidos:

Tras el reportaje de Chilevisión que reveló la aparición en Argentina de Bernarda Vera, quien fue considerada ejecutada en 1973, el Diputado Johannes Kaiser lanzó duras críticas a la política de derechos humanos en Chile, acusando manipulación y negligencia.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario subrayó que este caso golpea directamente la confianza en los informes oficiales. Según Kaiser, la revelación demuestra cómo por décadas se ha construido un relato político más que una búsqueda de la verdad. *“El caso de Bernarda Vera desprestigia profundamente toda la labor en materia de derechos humanos y siembra un manto de duda sobre los datos entregados a través del Informe Rettig”,* señaló.

Asimismo, criticó la falta de rigurosidad con la que se ha manejado esta área. Kaiser recalcó que no se puede permitir que historias falsas sigan contaminando la memoria histórica: *“Esto muestra hasta qué punto se han hecho las cosas de manera amateur. Hoy aparecen personas que figuraban como detenidas desaparecidas, y no lo están”.*

Kaiser responsabilizó directamente al Ejecutivo y a la autoridad encargada del plan de búsqueda de desaparecidos. *“El Ministro de Justicia sabe que hay cientos de restos en el Servicio Médico Legal sin identificar y no ha respaldado nuestra iniciativa para avanzar en esa tarea. El Ministro sabe que el plan de búsqueda no tiene ningún sentido si no sabemos siquiera a quiénes tenemos”,* afirmó.

Finalmente, el diputado lanzó un emplazamiento al Gobierno y al propio ministro de Justicia: *“Si lo que se imputa es cierto, el Ministro incurre en una falta ética gravísima. Todo el relato de derechos humanos de los últimos 30 años se desmorona si no está basado en hechos fácticos, y con él se arrastra la credibilidad del Poder Judicial y de toda la política de derechos humanos desde 1990 hasta hoy”.