Por una parte, un oficial de la Fuerza Aérea en retiro recientemente ha cometido suicidio ante la cuasi certeza de que, independientemente de la debilidad de las pruebas, el juez de la causa llegaría a la “convicción” de culpabilidad por un caso de DD. HH ocurrido hace más de cuarenta años; por la otra, diez comuneros mapuches imputados por el atentado incendiario, que el año 2013 causó la muerte del matrimonio Luchsinger, han quedado en libertad porque las pruebas presentadas por la fiscalía fueron insuficientes para logar la “convicción” de los jueces.

 La facilidad con que en el caso de los militares se alcanzan las “convicciones”, comparativamente con la rigurosidad de las pruebas exigidas para condenar a los terroristas, se debe a que son los únicos chilenos sometidos antiguo sistema penal, en que el juez investiga, determina la validez de las pruebas y dicta sentencia. Así, no estaba descaminado el fallecido oficial cuando escribió: “He tomado esta drástica decisión, pues no creo en el Poder Judicial existente en el país, porque todo lo que un uniformado diga no tiene valor, pues los fiscales y abogados de DD.HH. se preocupan de llevar testigos falsos después de 40 años, fabrican peritajes de acuerdo a su conveniencia, etc., con la complicidad de la mayoría de los jueces,que sólo desean ascender como sea”.

Miguel A. Vergara Villalobos. (El Mercurio de Valparaíso Pág.11)