Condenados por servir a la Patria

Señor Director:

La mayoría de los chilenos desconoce que los uniformados que -por destino- le correspondió integrar las FF.AA., Carabineros e Investigaciones de Chile durante el Gobierno Militar, los han acusado por cometer “delitos de lesa humanidad”, lo anterior basado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ya que este tratado tipifica tales delitos, no obstante, para aplicar un tratado internacional debe estar vigente, esto es aprobado por el Congreso Nacional, ratificado por el Presidente de la República y publicado por el Diario Oficial, es decir, sigue el mismo trámite que una ley de la república.

Algunos se preguntarán qué efectos tiene este comentario, la respuesta es mucho. Las leyes y tratados internacionales de acuerdo a los principios del derecho y de nuestra Constitución, se pueden aplicar una vez que están vigente, en el caso específico a partir del 1º de septiembre de 2009, y resulta que los procesados, condenados y presos lo están por haber cometido delitos de lesa humanidad que no existían a la fecha de los supuestos ilícitos y resulta que al aplicarse en forma retroactiva son considerados de lesa humanidad y por tanto no prescriben, o sea todos los militares y policías están injustamente condenados.

Es más, el propio Estatuto de Roma no permite aplicar sus normas con retroactividad, así es: Artículo 23. “Nulla poena sine lege”: “Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto”. Artículo 24. “Irretroactividad ratione personae”: “1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”.   “2. De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena”.

Obviamente que los señores magistrados conocen estas normas, y tienen la obligación de acatarlas, por lo que este año 2024, tenemos la esperanza que la justicia será aplicada por jueces nobles, valientes y no por intereses partidistas, pues el daño que le hacen a la sociedad es inmenso.

 Gabriel Fuentes Campusano 

 3 Comentarios

1. Carlos Souper Quinterosdice:

6 julio, 2024 en 22:28

Todos los chilenos de corazón, bien nacidos, nobles y patriotas, eso esperan, justicia justa, con debido proceso y respetando los derechos de adultos mayores.

2. Humberto Julio Reyesdice:

7 julio, 2024 en 09:39

El poder judicial, en particular los ministros de fuero y la sala penal de la Corte Suprema, no ignora lo señalado pero, fundamentalmente a partir de los acuerdos de la Mesa de diálogo, optó por lavar su imagen pasando por encima de las leyes vigentes para condenar a toda costa. Invito a leer los libros que sobre este particular ha escrito el abogado Adolfo Paul, especialmente el referido al prevaricato que se sigue cometiendo con la mayor tranquilidad.

3. Adolfodice:

7 julio, 2024 en 11:24

Agradezco la mención que hace don Humberto Julio Reyes a los libros de mi autoría que tratan sobre este tema, en especial el «Prevaricato. Análisis crítico de procesos judiciales contra militares que debieron afrontar la violencia revolucionaria», El Roble, Santiago, 2017, 194 pp. y el «Procesos sobre violación de derechos humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades», El Roble, Santiago, 2015, tercera edición, 761 páginas.
En relación con lo antedicho, vengo en manifestar que en Chile no hay condenados por crímenes de lesa humanidad. Todos los militares y carabineros prisioneros no lo están por tal clase de crímenes, sino que por delitos comunes tipificados en el Código Penal —como lo ha reconocido Gendarmería de Chile— cuya responsabilidad penal se extingue por la prescripción de la acción penal; la que ocurre, para los crímenes más graves, al haber transcurrido 15 años desde la fecha de su consumación.
Y tampoco podrían estarlo porque la ley 20.357 que tipificó tal clase de delitos entró en vigor el 18 de julio de 2009, la que de acuerdo con el sagrado principio de legalidad no puede ser aplicada retroactivamente y por establecerlo así, expresamente, la propia ley.
El principio de legalidad es un principio esencial del derecho penal y tiene una primacía absoluta. No existe norma alguna, ni de derecho interno ni de derecho internacional, que pueda pasar por encima de él.
Este principio excluye la posibilidad de aplicar fuentes del derecho que son admitidas en otros dominios del orden jurídico, tales como la jurisprudencia, la analogía, las opiniones de tratadistas de derecho o las doctrinas de los jurisconsultos, la costumbre o unas supuestas normas de ius cogens, los principios generales del derecho o la “conciencia jurídica universal”, pues no tienen fuerza de ley.
La única fuente inmediata y directa del derecho penal es la ley. El monopolio del poder punitivo lo tiene el Estado y éste, en cuanto Estado de Derecho, debe prescindir de toda otra fuente que no sea la ley. Solo la ley puede crear delitos y penas.
El principio de legalidad es un derecho humano reconocido y protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Dicho derecho debe ser respetado y promovido por los órganos del estado, según lo dispone el artículo 5º de la Constitución Política de la República.
La importancia de este principio es tal que, según los precitados tratados internacionales, no puede suspenderse por motivo alguno, ni siquiera “en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado” o “en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación”.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política

Publicado por El Libero

Gobierno de Perú analiza posible retiro de Corte Interamericana de DD.HH. ante rechazo a Ley de Amnistía

Ramón Reyes

La Tercera

El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, señaló que “sentimos que hay una corte de justicia supranacional que está excediendo de una manera insólita sus facultades y está maniatando a los poderes del Estado”, luego que el organismo de derechos humanos pidió que se impida la aprobación de una ley que podría prescribir los delitos de lesa humanidad.

El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, señaló este viernes que su país no descarta el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego que la entidad expresara su rechazo a la eventual aprobación de la Ley de Amnistía para los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes de 2002.

Esto, luego de que el jueves la Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobara la moción legislativa que conduce a una Ley de Amnistía, y que propone la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra antes de 2002, propuesta por fuerzas políticas de derecha, vinculadas principalmente al fujimorismo.

Adrianzén dijo que “sentimos que hay una corte de justicia supranacional que está excediendo de una manera insólita sus facultades y está maniatando a los poderes del Estado. Esto, un Estado soberano que se rige por la separación de poderes, no lo puede admitir”, declaró en entrevista a Canal N., y que recoge un reporte del diario limeño ‘La República’.

En ese contexto, según reseña el mismo medio periodístico, reafirmó que el gobierno de la Presidenta Dina Boluarte emitirá un pronunciamiento conjunto en respuesta al requerimiento de la Corte IDH. “Se me ha ordenado tomar contacto con los líderes de los poderes del Estado para coordinar y emitir una respuesta conjunta, manifestando, por supuesto, el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional”, explicó.

A la vez dijo compartir la posición del Ejecutivo, que consideraba como un “exceso” lo solicitado por la Corte Interamericana y que ameritaba un comunicado en respuesta “en breve”, al tiempo quenno descartó un eventual retiro.

“En un escenario como este, nosotros no estamos en condiciones de descartar ninguna acción de gobierno pero aquella que se vaya a tomar pueden estar seguros que va a ser resultado de un profundo análisis y una reflexión”.

En ese sentido, Gustavo Adrianzén cuestionó que la Corte IDH haya resuelto requerir al Perú que deje sin efecto o no se aplique el proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Considera que es un pedido “insólito” que impide que los poderes del Estado ejerzan sus funciones.

“Absolutamente indignado con lo resuelto por la Corte IDH, que decide de manera insólita, sin precedente alguno en la jurisprudencia de esa corte, dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley. Ni siquiera se ha convertido en ley y lo que resulta intolerable es que llame a los tres poderes del Estado de un país miembro y soberano para impedir que ejerzan las funciones que constitucionalmente les han sido atribuidas”, puntualizó.

Por último expresó que “resulta intolerable que llame a los tres poderes del Estado para impedir que se ejerza las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas”.

COMENTARIO:

Todos sabemos que entre 1980 y 2002 en el Perú se desarrolló un conflicto armado interno en cual el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de corte maoista, iniciaron y desplegaron diversas *acciones terroristas* con el objetivo de derrocar al Estado existente y reemplazarlo por un Estado socialista.

OOII estiman que un total de *69.280* fueron las víctimas fatales, de las cuales el 46% fueron responsabilidad de los grupos terroristas, 30% por agentes del Estado y un 24% por campesinos, organizaciones civiles de autodefensa.
El Estado del Perú, con operaciones contrasubversivas derrotó la subversión armada definitivamente con la captura de su lider Abimael, dando término al genocidio terrorista.

Dadas así las cosas, el Estado del Perú, después de 43 años, es totalmente *soberano de legislar lo que encuentre pertinente para lograr una ansiada una _reconciliación nacional_*, sin intervención de un OI politizado, derogando el concepto que eterniza los conflictos, como lo son los “delitos de lesa” que son sólo aplicables a los agentes del Estado.

La inefable fiscal Ximena Chong y su guerra personal contra Carabineros…:

Las dolorosas y necesarias diferencias de los militares

Por Patricio Amigo Parada (QEPD)

Los uniformados, que se profesionalizan en el uso de las armas, dejan de ser civiles y pierden muchas garantías del Estado de Derecho. Adquieren otras, que son ventajosas y que no tenemos los civiles, pero mi intención es clarificar, si es que puedo, la importante necesidad de la pérdida de los derechos de los uniformados y su tremenda e imprescindible diferencia con nosotros, los civiles.

La diferencia fundamental entre un militar y un civil es que: al profesionalizarse, el militar jura ante Dios y la Bandera obedecer oportunamente las órdenes de sus superiores y defender con su vida la paz y la tranquilidad de la Patria.

Que no tienen derecho a huelga ni a manifestaciones públicas de protesta; que tampoco tienen horario de trabajo ni estabilidad de residencia con su familia, que en el ejercicio de su profesión viven arriesgando sus vidas: enfrentando a enemigos públicos en las calles o en los presidios; volando o navegando, para defender la vida en los accidentes particulares o en los peligros de agresividad interna o externa, son algunos de los detalles que los hace diferentes a nosotros, los civiles. Pero hay otras diferencias muy importantes.

Para ejercer su profesión de Defensores de la Patria y de la Seguridad de sus Habitantes y poder ascender en su carrera, los Militares deben estudiar el manejo de las armas que matan y destruyen, para usarlas generando el mayor daño posible. Estas materias tienen teoría y práctica intensiva. Deben superar especialidades en Academias de Estrategia en Chile y en el extranjero. Ignoro detalles de esos estudios que incluyen espionaje y contra espionaje, pero conocí el arma más importante de estos Profesionales de la Violencia: LA DISUASIÓN.

La Real Academia Española define DISUADIR como: Inducir o mover a alguien a cambiar de opinión o a desistir de un propósito. Esta es un arma estratégica, fundamentalmente, destinada a minimizar los daños de un enfrentamiento armado, con un golpe de violencia extrema, generando pánico, un miedo tan angustioso que el enemigo huya y desista del enfrentamiento.

En el Pronunciamiento Militar del Once de Septiembre, o en el Golpe Militar que derrotó al Gobierno de Allende, las FF.AA. y de Orden aplicaron la DISUASIÓN y de manera magistral.

Había que derrotar a un Ejército internacional, equipado con armas de Alto Poder Destructivo, dirigido por el General cubano Patricio de la Guardia, para una Guerra Civil que instalara en Chile, con Allende a la cabeza, una dictadura cubana.

Esto no admite discusión: está probada la inmigración de 30 mil guerrilleros, que iniciaron el ingreso a Chile, desde los años 60 y el contrabando aéreo de armas y el desembarco de Carrizal Bajo eran suficientes para ese enfrentamiento que, con Un Millón de Muertos, según pronósticos de los guerrilleros, lograría el triunfo.

Pero la genial DISUASIÓN se inició con el bombardeo aéreo de La Moneda y de los pecaminosos refugios del Presidente Allende, que generaron la angustiosa huida y desbande de los guerrilleros.

El proyecto de Guerra Civil murió de miedo.

Después vino la guerrilla sin frente ni cuartel, el terrorismo cobarde y endemoniado contra civiles inocentes y asesinatos por la espalda de carabineros y soldados. Las FF.AA. y de Orden debieron hacer lo suyo: faltaba DISUADIR a países vecinos: que querían aprovechar la ocasión para reducir nuestro territorio y había que reducir a los terroristas y franco tiradores. Era todo muy complejo. La violencia desordenada de las pandillas guerrilleras tuvo que ser reprimida con violencia extrema. “Morir o matar” era la única alternativa.

¿Qué hubo excesos? ¡Sí, los hubo!

Pero los civiles no tenemos capacidad para enfrentar esos escenarios y no podemos entender que éramos las víctimas, que estábamos en peligro y que hoy disfrutamos de la vida como si no hubiese ocurrido nada.

Soy un periodista que fue exonerado del Canal de la Universidad de Chile en una cacería de brujas dirigida por el actual Ministro del Interior, que era un regalón de Pinochet. Pero tengo muy claro que hoy soy feliz, en mi ancianidad moderna, gracias a los Soldados del 73, que están encarcelados por la inconsciencia civil que encubre la venganza de los guerrilleros que fueron derrotados.

 Actividades de la Multigremial FACIR

Para vuestro conocimiento y difusión adjunto envío videos de la última semana de actividades de la Multigremial FACIR

1.- Nuestra meta es que se dicte una “Ley de amnistía para militares y policías”,  Pedro Veas Diabuno presidente de Multigremial FACIR en programa Una Sola Voz en radio Portales de Valparaíso

https://youtu.be/XKQWixi064k

2.- Conversando con Rafael González Camus un porteño a la alcaldía de Valparaíso en programa Una Sola Voz en radio Portales de Valparaíso

https://youtu.be/7ERMuknKWnM

3.- Escuela de Grumetes “Alejando Navarrete Cisterna” desde 1868 formando marinos para Chile – Carlos Valdenegro Oyaneder – Historiador programa Una Sola Voz en radio Portales de Valparaíso

https://youtu.be/41vNqVasIBI

4.- Presentada querella criminal por prevaricación judicial en contra de ministro en visita de la corte de apelaciones de Valparaíso Jaime Arancibia Pinto

https://youtu.be/5AUriQaSb9g

5.- Carlos Flores Ruis un consejero regional para Viña del Mar, Con-Con, Quintero y Puchuncaví

https://youtu.be/kOJz6CbjqzA

6.- Nathalia Soto Salinas se atreve y ella quiere servir a Chile en el cargo de concejal de Valdivia

https://youtu.be/AM_9kLsbyeY

Solicito difundir en vuestros círculos, familiares y amigos

Saludos cordiales

Carlos Fica Cisternas

Multigremial FACIR

Intervencion de Tomás Bengolea en Seminario de Análisis Políticoy Económico de Radio Agricultura:

Joven estudiante se siente adoctrinada en su colegio, se dió cuenta que el malo de la historia no fue Pinochet, fue el egoísmo de Allende,…:

https://www.instagram.com/valak_gold/reel/C9GKUruJJlL/

Un testimonio real:

La farsa del gobierno para subir en las encuestas:

Irlandesa que colaboró con el FPMR en la fuga de la CAS quedó en libertad en Croacia porque Chile demoró en enviar información

La decisión de la justicia europea se basó en que las autoridades chilenas no cumplieron con el plazo de cuarenta días para enviar los documentos respectivos. De esta manera, la decisión adoptada en junio pasado por la Corte Suprema quedó literalmente como letra muerta.

La irlandesa Frances Mery Shannon, quien participó junto al FPMR en la fuga de la Cárcel de Alta Seguridad -en 1996- quedó en libertad, luego de ser detenida en Croacia por una orden de captura internacional emanada de la justicia chilena por su responsabilidad en los hechos.

La decisión de la judicatura croata -de acuerdo a la información obtenida por Interferencia- se basó en que desde su aprehensión, ocurrida el 15 de mayo, las autoridades chilenas no enviaron a tiempo la documentación para iniciar un juicio de extradición en el país europeo, ya que el plazo máximo era de cuarenta días.

La decisión adoptada en el viejo continente ocurrió aún cuando el pasado 25 de junio, la Corte Suprema aprobó la solicitud para traerla de vuelta a suelo nacional y que enfrentara una posible condena. En otras palabras, el excesivo retraso del requerimiento, permitió a Shannon salir por la puerta ancha como si nada hubiera ocurrido.

Lago Rapel

Shannon hoy de 75 años fue procesada en 1998 por asociación ilícita terrorista, secuestro, entre otros delitos.

El rol que cumplió Shannon en la llamada “operación vuelo de justicia” fue fingir de turista junto a su hermana, para crear la cobertura cuando los frentistas robaron un helicóptero en la Región de O’Higgins.

Lo anterior permitió que la aeronave sobrevolara la CAS, lanzara un “chinguito”, donde subieron cuatro frentistas. Se trata de Ricardo Palma Salamanca, Mauricio Hernández Norambuena, Pablo Muñoz Hoffman y Patricio Ortiz Montenegro.

Los dos primeros estaban condenados por su participación en el homicidio del senador UDI Jaime Guzmán y el secuestro del ejecutivo de El Mercurio, Cristian Edwards, ocurridos en abril y septiembre de 1991 respectivamente. Los otros dos cumplían pena por otros crímenes.

El informe

Cuando se trata de terroristas de izquierda los dejan libres, pero a los militres y carabineros que salvaron a Chile los mantienen presos o procesados.” El pago de Chile”

Una emotiva carta clamando JUSTICIA JUSTA:

Bodas de Oro Mancilladas.

6 de julio de 2024

Triste y frustrante, es cumplir las bodas de oro, bajo la injusta condena en primera instancia de mi marido, solo por haber sido subteniente en el regimiento Tucapel el año 1973. Difícil resulta callar y soportar esta pesada carga del pasado, que después de medio siglo, recae de manera tan infausta en jóvenes uniformados que recién iniciaban su carrera militar, a quienes 50 años después se les condena a cadena perpetua como cómplices de un hecho en el que no tuvieron participación alguna.

Hoy, contrario a lo que todo matrimonio ansía alcanzar y, disfrutar en plenitud de aquella fecha de tremendo significado, estamos solos y desconsolados, frente a una venganza que se transforma en maldad, sin importar los verdaderos derechos humanos equitativos, en igualdad para todos los ciudadanos y, ante una sociedad cuyo silencio la hace cómplice de esta injusticia.

Teresita Bunster Herrera

Mientras tanto:

En Perú nos dan clases de Estado de Derecho y humanidad:

GONZALES POSADA: “CORTE IDH HA COMETIDO UN ACTO DE BARBARIE”

4 Julio 2024Guik

El excanciller Luis Gonzáles Podada, dijo hoy que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha cometido un acto de barbarie, al ordenar que los tres poderes del estado peruano suspendan la segunda votación del proyecto de ley  por el cual se establece, entre otros aspectos, la prescripción de los delitos tipificados como de lesa humanidad, que fueron cometidos antes del año 2002.

“Intentan someter al país a su fuero y que nos convirtamos en títeres de esa institución. Los siete jueces de la Corte, presidida por la costarricense Nancy Hernández López, pretenden gobernar el Perú”, indicó.

Dijo que por ello, considera oportuno y legítimo que el Congreso de la República y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén anuncien un firme pronunciamiento “ante esta grosera intervención en asuntos de competencia interna”.

Criticó que la resolución de la Corte IDH haya sido, sin embargo, celebrada “de manera genuflexa” por los sectores de izquierda radical o los llamados caviares. Al respecto precisó que, con esa actitud, no se privilegian los intereses del país ni se defiende la autonomía que tiene el Perú como estado soberano.

Gonzáles Posada, añadió que la protesta de los poderes del Estado frente a lo que se considera como un atropello de la Corte IDH, debería complementarse con una queja formal ante el Consejo Permanente de la OEA y, también, con la presentación de un proyecto que regule las funciones y competencias de dicho tribunal supranacional para evitar los excesos.

En días recientes la Corte IDH aprobó medidas provisionales para los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. En su resolución ordena al Estado peruano para que “a través de sus tres poderes, tome las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia” al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad”.

También dispuso que Perú presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de la resolución, a más tardar, el próximo 9 de agosto

Y “nuestros” legisladores…cuando?

¿Habrá un día después?

Las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior en América Latina

José Miguel Piuzzi C.
Director
General en retiro del Ejército de Chile
Doctor en Sociología y Magister en Ciencias Militares

El empleo de fuerzas militares en tareas de seguridad interior ha sido siempre una decisión muy compleja. Más allá de su aporte conlleva riesgos y consecuencias que deben ser analizados cuidadosamente, antes, durante y después de su resolución. Por ello, junto a la evaluación que haga el poder político sobre el efecto esperado con el empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de funciones, y las apreciaciones de los mandos militares en torno a las misiones específicas que deberán cumplir, es fundamental tener en cuenta las distintas repercusiones que este cometido puede acarrear.

Desde comienzos de este siglo numerosos estudios han abordado el tema de las tareas militares en la seguridad interna. En Europa y Estados Unidos estos han respondido a la preocupación por el despliegue militar dentro de los países, para proteger espacios públicos e instalaciones sensibles, tras una serie de ataques terroristas de diversa magnitud.  En Latinoamérica, por su parte, el foco se ha centrado en el empleo de las fuerzas militares en diversas labores vinculadas al orden interno con especial énfasis, durante la última década, en la lucha contra el crimen organizado.

Actualmente el interés por estos temas radica principalmente en las consecuencias políticas de la ampliación de las funciones militares en actividades que no son inherentes a su naturaleza, y en los efectos que este tipo de quehaceres puede tener en la misión fundamental de defensa que corresponde a las instituciones armadas. Se afirma, por ejemplo, que la utilización de las Fuerzas Armadas como “un remedio urgente para solventar multiplicidad de problemas” implica en el mediano y largo plazo “la militarización de muchos ámbitos ajenos a la defensa” (Martínez, 2022). Desde otro punto de vista, se plantea que el nuevo protagonismo de los militares “tiene menos que ver con un incremento de su influencia política y más con los pobres resultados de los intentos por modernizar las administraciones civiles latinoamericanas” (Ortiz, 2020).

En el ámbito de la defensa y en lo militar, el impacto de las misiones de orden interior en las instituciones armadas es un tema crucial que no puede soslayarse, incluso si se las considera transitorias o se apela a las nociones de polivalencia y de multifuncionalidad militar. Y es que el cumplimiento de estas puede afectar las capacidades de las Fuerzas Armadas para cumplir su función principal: la defensa frente a amenazas externas, la que depende en buena medida de su efectividad como herramienta disuasoria, capaz de inhibir los potenciales intentos de vulnerar la soberanía o los intereses nacionales.

La necesidad extraordinaria de asignar misiones de orden interior a las Fuerzas Armadas exige un análisis que va más allá de concebir los objetivos más inmediatos, y de determinar el estado final deseado, por muy importante que este sea. Es imperativo precisar también las implicaciones a largo plazo y las acciones necesarias para el «día después». Esta perspectiva, esencialmente estratégica, es fundamental para preservar sus capacidades como instituciones encargadas de la defensa exterior del Estado. Es, además, un requisito aplicable a todas sus funciones, pero que adquiere mayor relevancia cuando deben asumir tareas de seguridad interior, a veces de naturaleza policial, como ha sido en varios países latinoamericanos en las últimas décadas. Mas, anticipar el «día después», no es algo sencillo ya que exige proyectar escenarios y el examen de situaciones hipotéticas que resultan problemáticas para los planificadores.

En las próximas líneas, se abordarán dos aspectos básicos que pueden ser útiles para un análisis más exhaustivo en torno, precisamente, al “día después”: en primer lugar, esbozaremos algunas ideas sobre las posibilidades de cambio o permanencia del escenario que motivó el empleo de medios militares en tareas de orden interior. En segundo lugar, examinaremos las implicaciones del cumplimiento de estas tareas en las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta el impacto en su efectividad, en las complejas y cambiantes circunstancias políticas y sociales que caracterizan el contexto actual.

El escenario y las posibilidades de cambio

El incremento de la actividad criminal, con una dimensión transnacional, ha superado las capacidades de los medios policiales, y  en todos los países, la seguridad se ha situado en los primeros lugares de las demandas ciudadanas (Latinobarómetro, 2023; LAPOP, Pulse of Democracy, 2023). Por su parte, los informes de los organismos especializados dan cuenta de las limitaciones que presentan los medios policiales, los sistemas de inteligencia, la legislación, y la tecnología forense, entre otros asuntos. Asimismo, destacan los riesgos de corrupción a los que están expuestas las instituciones estatales – las Fuerzas Armadas entre estas –, y las dificultades para establecer y mantener una cooperación internacional efectiva. (UNODC, 2023; InSight Crime, 2024).

Es más, pese a los programas que aplican los gobiernos con recursos propios y con el aporte de organismos internacionales, como los proyectos para “fomentar resiliencia ante el reclutamiento de grupos criminales” en el segmento de jóvenes, y la “disuasión focalizada sobre grupos violentos”, y varios otros, las cifras muestran un avance sostenido de la criminalidad. De acuerdo con la UNODC (Informe mundial sobre las drogas, 2023), el 50% de los homicidios en la región están asociados al crimen organizado, en comparación con el 24% a nivel mundial. Y según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo la violencia y el crimen organizado le cuestan a América Latina un 3,5% de su Producto Interno Bruto (BID, Hoja Informativa, marzo 2024) lo que es un drama si se tiene en cuenta que la perspectiva económica para este año es de 1,8%, según el Banco Mundial (Global Economic Prospects, junio 2024).

Desde un enfoque más bien cualitativo, los mismos informes coinciden en valorar el creciente grado de conciencia social que se ha manifestado sobre los peligros que entraña el crimen organizado. Evidencian, además, la implementación de nuevas estrategias policiales y judiciales en prácticamente todos los países, junto con algunas mejoras en la cooperación regional e internacional, tanto en el intercambio de información como en el apoyo financiero y técnico.

No obstante, en lo que respecta al crimen organizado transnacional (COT), estos progresos resultan insuficientes, por cuanto su realidad, alcance y contención exigen un esfuerzo sostenido y de largo plazo, en lo político, social, económico, y una colaboración internacional que todavía es muy limitada. El Índice Global de Crimen Organizado 2023 (GI-TOC) lo corrobora al afirmar que «todos los mercados y actores criminales de las Américas están presentes en varios países, lo que subraya el alcance de estos mercados y la importancia que tiene el continente para el comercio ilícito mundial. Estos mercados criminales interconectados y transnacionales explotan las debilidades en la resiliencia de cada país y se aprovechan de situaciones de falta de liderazgo y gobernanza» (GI-TOC, p. 99).

En cuanto a la seguridad pública, los niveles de inseguridad han alcanzado cifras alarmantes, constituyendo en varios países una amenaza a la seguridad nacional. Esta situación se ve agravada por el persistente problema de la demanda de drogas ilegales, como la cocaína. Informes sobre la situación de esta droga, particularmente en el consumo en los Estados Unidos, revelan que a pesar del ingreso del fentanilo y de las aprehensiones sobre la baja en la calidad de la cocaína en los últimos años, su consumo se mantiene o habría aumentado. Estos datos, provenientes de diversas instituciones públicas y privadas como la Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), InSight Crime, y los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ponen de manifiesto la imperiosa necesidad de abordar la demanda como un factor crucial en la contención del crimen organizado. De otra manera, las drogas ilícitas seguirán actuando como un motor fundamental de este, y la lucha por controlar los mercados ilícitos continuará generando altos niveles de violencia e inseguridad, afectando directamente la vida de las personas.

Si bien lo planteado hasta aquí, de manera muy escueta, sugiere que el escenario actual por lo general se mantendría sin cambios, es importante considerar un factor adicional que influye en la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público: la visión de «disuasión integrada» promovida por Estados Unidos en América Latina, en el marco de su Estrategia de Seguridad Nacional 2022.

En este contexto, la postura de la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, resulta particularmente relevante. Durante la XV Conferencia de Defensa Sudamericana (Ecuador, septiembre de 2022), Richardson advirtió que “organizaciones criminales transnacionales (TOC, por sus siglas en inglés), como el Primer Comando Capital, o PCC, en Brasil y cárteles tan lejanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación están desestabilizando nuestro vecindario compartido. Están envenenando a nuestro pueblo con drogas y extendiendo sus tentáculos de violencia y corrupción por toda la región.”   (www.southcom.mil).

Richardson identificó, además, dos «problemas generales de seguridad» que exacerban la situación: la inseguridad ambiental y los «conflictos de zona gris». En el primer caso, se refiere al COT que se involucraría en actividades como la minería ilegal, la tala y la deforestación, generando un impacto ambiental significativo. En el segundo, se menciona la competencia entre potencias como China y Rusia en los dominios espacial, cibernético y de información en América del Sur que crearía un escenario complejo y desafiante.

La visión de «disuasión integrada» de Estados Unidos busca abordar estas amenazas mediante la colaboración entre las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad, y otros actores relevantes. Esta estrategia ha generado debate en la región, con algunos países expresando su preocupación por la creciente participación militar en asuntos de seguridad interna.

Así las cosas, es poco probable que las misiones de orden interior para las Fuerzas Armadas se restrinjan en el corto y mediano plazo. Todo lleva a prever que las demandas ciudadanas por mayor seguridad a lo menos se mantendrán. Además, es muy difícil que los países puedan incrementar en forma relevante las capacidades de las policías en un futuro cercano, y más difícil aun, que conciban, diseñen y organicen, medios o fuerzas de capacidades intermedias para tareas de orden interior (control fronterizo, o bien, protección de instalaciones y de apoyo eventual a las policías).

En este panorama no se pueden desconocer las consecuencias que se presentan para las instituciones armadas, asimismo, en las relaciones civiles militares, e incluso, en la apreciación que se haga de la defensa de cada país, aun cuando la presencia militar en tareas de seguridad pueda tener beneficios para la población, cuya apreciación de resultados es muy cambiante.

Estas consecuencias dependerán, por cierto, del grado de involucramiento que tengan los medios militares en cada situación particular. Así, por ejemplo, si se trata del empleo de medios reducidos, en forma ocasional, y en misiones en que la probabilidad de hacer uso de la fuerza es baja (cercos perimetrales; seguridad de instalaciones), los efectos podrán ser limitados. Sin embargo, sus repercusiones serán mayores en situaciones en que participan medios importantes, en distintos lugares del territorio de un país, con una alta probabilidad de hacer uso de la fuerza, y en periodos extensos de tiempo.

El riesgo de deterioro de capacidades esenciales.

El que las Fuerzas Armadas tengan capacidades que los habilite para actuar en distintos escenarios, o que hayan participado temporalmente, por ejemplo, colaborando frente a desastres naturales o en operaciones de paz, no significa que puedan ser empleadas en cualquier función de apoyo o de asistencia pública, menos aún, en tareas donde la concepción de su empleo y la lógica con que deben actuar tengan repercusiones negativas en su nivel operacional. Es más, los beneficios que puedan traer consigo las misiones de orden interior en labores de seguridad, entre estos, la interacción con distintas organizaciones, la aplicación de nuevos procedimientos, la posibilidad de evaluar de resiliencia del personal, y otras, no se equiparan con el detrimento que se puede producir en su condición de fuerza militar, de acuerdo con la concepción vigente en la mayoría de las instituciones armadas de la región.

Como es sabido las Fuerzas Armadas a diferencia de las policías se encargan de la defensa externa, con ese fin se preparan en el uso de la fuerza frente a un enemigo, y, aun cuando lo hagan en forma racional y en proporción a la amenaza, su propósito es neutralizar y derrotar a quienes enfrentan. De hecho, su contraparte en el empleo de la fuerza tiene que ser apreciado claramente como un enemigo que es parte de una amenaza real para el país. Esto es muy relevante en las fuerzas militares en Latinoamérica por cuanto su sustento anímico y moral se basa en un acendrado componente vocacional de servicio a la patria, especialmente, en su defensa exterior frente a quienes puedan atentar contra la soberanía y la seguridad del país.

Las tareas de orden interior que implican la posibilidad de uso de la fuerza, por muy legítimo que sea su origen, no son solo algo excepcional en el plano institucional, entrañan, asimismo, una contrariedad anímica para un soldado de cualquier nivel, especialmente cuando no existe una definición clara del alcance de su misión, la que debe ser conocida también por la población. De hecho, su contraparte más difícil va a ser un connacional civil, cuya acción, por atentar contra la seguridad interna, ha sido considerada una amenaza por el poder político, lo que generalmente conlleva a la declaración de estados de emergencia, donde no se actúa precisamente frente a un enemigo (algo distinto sería en un estado de guerra interna).

En las condiciones actuales, la diferenciación entre quien es un enemigo y quien atenta contra la seguridad interna, en situaciones de emergencia, está muy presente en la ciudadanía, en los medios de comunicación social, en los organismos de derechos humanos, y está también muy claro en el personal militar. Es así como el uso de las armas frente a un agresor, aún en defensa propia en una situación extrema, demanda una investigación que más allá de las circunstancias y de la correcta aplicación de las reglas de uso de la fuerza, muchas veces termina poniendo al militar como inculpado, y, en ocasiones, es expuesto como culpable, sin presumir su inocencia ni profundizar en la real situación que debió enfrentar.

En lo relativo a las policías la situación es muy diferente. En el ejercicio permanente de su función interactúan con la comunidad y su labor tiene un fuerte componente preventivo, realizando patrullaje, campañas de sensibilización, y trabajando con organizaciones comunitarias para evitar la delincuencia y promover la seguridad ciudadana. En oportunidades, como último recurso, deben usar la fuerza para reprimir o detener la comisión de un delito, con medios que no tienen la letalidad de los militares. Y, si bien en ambos casos se trata de instituciones esenciales para la seguridad del Estado, son vistas por la ciudadanía en forma diferente, por cuanto se está al corriente que su función es distinta y que operan con una lógica y procedimientos diferentes para lograr sus objetivos.

Sin embargo, hay un aspecto fundamental para tener en cuenta en lo singular de las Fuerzas Armadas y que es determinante en la defensa de cada país. Parte importante de su contribución a la seguridad y la defensa lo hacen a través de la disuasión. Esta implica poseer las capacidades y los medios necesarios para llevar a cabo una acción militar, cuya efectividad y resultado previsible inhibe la acción de un potencial enemigo.  Para ello, es fundamental poseer el poder de combate (la preparación, los medios, la disposición de lucha de los integrantes de la fuerza militar, su historia, etc.), y la voluntad política de emplear la fuerza, condición básica para lograr el efecto disuasivo, el cual es esencialmente psicológico.

En las misiones vinculadas a la seguridad pública son muchas y variadas las situaciones en las que, quienes vulneran la ley, desafían y hacen frente a las fuerzas militares (con agravios, amenazas y diversos tipos de agresiones) aprovechando los límites y restricciones que estas tienen para el uso de las armas, a no ser que esté en riesgo la vida. Esta dinámica, con el tiempo deteriora la capacidad de disuasión y distorsiona el propósito para el cual los medios militares fueron empleados; más todavía si no cuentan con un decidido apoyo político y social ante situaciones límites en las que sí deberían utilizar sus armas. Así, se genera un ambiente que conduce a un estado de indeterminación y confusión que degrada la capacidad de disuasión, a la vez que distorsiona el sentido y la condición de fuerza militar. Esto lo perciben las propias fuerzas, la ciudadanía, los grupos delictuales y los potenciales adversarios, con lo cual se pone en riesgo la defensa y seguridad del país.

En este panorama la inconveniencia de emplear a las Fuerzas Armadas no radica en que no puedan operar con gradualidad y cumpliendo las reglas de uso de la fuerza.  El problema que se presenta, especialmente en Latinoamérica, tiene relación con las condiciones en que se hace. Es aquí donde se conjuga, por una parte, un escenario altamente complicado, por otra, cierta indefinición en la misión específica que deben cumplir las fuerzas, y, además, un marco legal que dificulta penalizar a quienes trasgreden la ley, lo que termina por afectar el cumplimiento de las misiones y la capacidad disuasiva que debe mantener una fuerza militar. Todo esto amplifica las posibilidades de riesgo de enfrentamiento, dado que dicho deterioro incentiva y hace más probable el arrojo de quienes violan la ley frente a quienes deben cautelar por la seguridad.

¿Habrá un día después?

El fenómeno del crimen organizado, en sus distintas expresiones, se mantiene vigente en nuestra región más allá de los esfuerzos realizados hasta ahora para contener su actividad y brindar mayor seguridad a la población. Sin duda sus manifestaciones y secuelas son mucho más amplias e intrincadas de lo que aquí se ha expuesto; baste mencionar el incremento del tráfico de armas que ha proporcionado a los grupos criminales una capacidad de lucha que compite con los medios policiales, y que les permite intimidar a la población facilitando el control territorial. Además, en todo esto influye la calidad de la gobernanza, la cultura de la legalidad, la corrupción, la pobreza y la desigualdad, entre otros aspectos.

Respecto a las consecuencias del empleo de las instituciones armadas, especialmente en tareas de seguridad interna, hay mucho que profundizar, por cuanto, más allá de nuestra percepción, no sabemos con suficiente certeza cómo puede estar afectando, por ejemplo, en el reclutamiento o en la preparación profesional de su personal, derivado del continuo empleo en misiones de orden interno, en especial, en aquellos países donde las dotaciones se han visto reducidas en las últimas décadas.

Si hay algo claro, y que está presente en todos los estudios especializados, es que el crimen organizado transnacional COT) se ha transformado en una amenaza tangible a la seguridad de los estados en América Latina, y, lo más probable, es que persista en el mediano plazo. Por tanto, así como se abordan los desafíos del presente, que en este ámbito son muchos, es imperativo hacerlo pensando en las condiciones en que se podría llegar al “día después”, aunque se estime muy lejano. Con esta perspectiva se podrán complementar las apreciaciones que se han hecho, y proyectar en forma más clara y objetiva los efectos de las misiones que se están cumpliendo, a fin de tomar a tiempo las medidas necesarias mitigar aquello que pueda perjudicar las capacidades más propias de las Fuerzas Armadas.

En materia de capacidades estratégicas no caben improvisaciones puesto que, cuando estas se deterioran, son muy difíciles de recuperar. Sería un error sobrestimar las posibilidades de “vuelta a los cuarteles” en los niveles operacionales normales, luego de un periodo en que las fuerzas militares han sido empleadas en tareas de seguridad en el plano interno. Esto puede llegar a ser crítico si se examinan otras situaciones que demandan la presencia de las Fuerzas Armadas, como los desastres naturales (terremotos, inundaciones, “mega incendios”), que exigen una participación cada vez más frecuente en tareas de apoyo y de protección ciudadana, a consecuencia de las limitaciones de los países de la región en materia de agencias y organizaciones especializadas en este tipo de emergencias.

Por otra parte, mientras no se reduzca la demanda de drogas ilícitas principalmente desde los países desarrollados, en particular de la cocaína, será difícil que en Latinoamérica se pueda minimizar de manera sustancial la acción de los carteles y redes delictuales. De aquí surge cierta inquietud frente a la posición de Estados Unidos, donde pareciera que no es posible adoptar una actitud más proactiva en el control del consumo interno, a pesar de que en distintas instancias sus autoridades han reconocido que todo el continente está siendo afectado por la violencia y la corrupción que se origina en el crimen organizado.

Por el momento, exista o no un “día después”, o bien persista la duda de si este tipo de tareas va a terminar siendo parte de los cometidos habituales de las Fuerzas Armadas, es indispensable hacer lo que podríamos llamar una “pausa estratégica”, para realizar una revisión, también estratégica, que permita visualizar, al menos, los cambios que ya han sido asumidos, sus alcances en cada una de las ramas de la Defensa, y establecer lo qué es necesario corregir en distintos niveles. Porque el problema principal no estaría en el empleo de los medios militares en forma excepcional en las tareas de seguridad interna, sino que emerge a partir de un conjunto de factores que inciden en el cumplimiento de las misiones, muchos de ellos ajenos a lo militar; entre estos,  las circunstancias en que estas se llevan a cabo; los plazos en que se desarrollan estas actividades con relación a las dotaciones disponibles; la realidad de los medios y agencias que deben cooperar; el grado  de congruencia del marco regulatorio con el contexto donde se opera, y el respaldo político y social.

Para los líderes militares el momento actual es un desafío mayor en su asesoría a la autoridad política, puesto que, por más que se declare la polivalencia de las Fuerzas Armadas, si las tareas de orden interior perduran, lo que se impondrá es un replanteamiento de la función Defensa. De hecho, el modelo de profesionalidad (explicitado o bien implícito), la doctrina de empleo, las dotaciones, la estructura orgánica y los medios de cada una de las instituciones armadas, no están orientadas hacia tareas de seguridad interna, salvo en situaciones de excepción y de carácter temporal.

En resumen, son muchas y de gran trascendencia las implicaciones que tienen las tareas de seguridad interna en las Fuerzas Armadas, pudiendo afectar tanto sus capacidades para la defensa externa, como también, en las actividades de apoyo al interior de cada país. El reto, como siempre, es mitigar los efectos negativos que se presentan y generar nuevas capacidades, porque de acuerdo con lo tratado, lo más probable es que el escenario se mantenga por un buen tiempo.

Pero, si existe algo indiscutible, es que las amenazas a la seguridad interna, entre estas, el crimen organizado, comprometen al Estado y a las sociedades, y demandan cooperación intrarregional. Por lo cual, cualquier análisis que trate de abordar estos temas es conveniente que comience aplicando la metáfora del iceberg, ya que es muy probable que lo que estamos observando sea una parte menor de un desafío bastante mayor. Por el momento, de cara al “día después”, pausa y revisión son acciones que se imponen, las que por difíciles que parezcan no conviene eludir.

Así actúan los comunistas:

RESIDENCIAL “LA PICHANGA”

Por Fernando Hormazábal Díaz

¡Señor! ¡Dame tu fortaleza!

    Las generaciones nuevas seguramente se preguntarán a que se debe el título de la presente columna y con justificada razón. Fue un programa radial ─cómico─ diario, justo a la hora de almuerzo hace muchas décadas, de manera que tenía una audiencia familiar y versaba en los más variados temas, de ahí la caricatura de “pichanga” y el subtítulo de la presente, por la naturaleza de lo difundido. Y en este tipo de residencial es que algunos “diáfanos y versados” parlamentarios han transformado la “cámara de diputados y diputadas,” conforme a un nuevo proyecto de ley con que se quiere finalmente institucionalizar el nombre de esta tribuna, que más parece una galería de estadio de futbol. Al principio Toribio creía que se trataba de un chiste o de una de las tantas publicaciones de Tip Top, pues era incapaz de comprender que algo así pudiera ser cierto. Un individuo que recibe la dieta parlamentaria más alta del mundo, animarse a presentar una indicación con esos términos para modificar la Ley de Pesca; estaba curado o estaba fumando de la “buena”, ahora que no se quieren hacer el test de drogas. Pero no lo era ni lo uno ni lo otro. El diputado Brito (F.A.) presentó una moción que incluye lo siguiente: El Estado establecerá los mecanismos necesarios para garantizar el correcto manejo de los recursos hidrobiológicos sintientes en la pesca industrial. En todo momento se debe respetar el estado físico y mental del animal, por lo que está estrictamente prohibido generarles estrés y dolor innecesario, tratarlos en forma cruel y prolongar su agonía.“ Como ya ha pasado a ser norma de algunos “beneméritos” parlamentarios, a pesar de contar con fondos especiales para contratar asesores, es más fácil recurrir al “copy paste”, lo que pareció ser en esta oportunidad, al incluir parte del texto de la fundación ambientalista extrema “Veg”: La verdad es que los peces son más que números y toneladas…cada uno de estos peces es un individuo con su personalidad, pensamientos, intereses y memoria, hay peces tímidos y atrevidos…han aprendido a jugar futbol, a hacer trucos y utilizar herramientas.

    De más está decir que cuando Toribio comprobó que no se trataba de “fake news,” como es mal hablado dijo: pero este tipo no es más h….porque no se levanta más temprano. ¡Cómo puede llegar a tanto la estupidez! porque no estamos hablando de ideologismo…   Ya en todo Chile y en el extranjero han circulado los chistes y tomadas de pelos más ingeniosos, como el del centro de tortura en el mercado; o que no se puede comer ostra ni almeja con limón, ya que están vivas y son sintientes; sin duda uno de los más certero llegó de nuestros hermanos argentinos, que vista la eliminación de Chile de la Copa América podríamos haber contratado a los peces que juegan futbol.

    El célebre autor de la indicación expresó que se habría retirado dicha indicación porque se había prestado a malas interpretaciones y lo que busca es el “bienestar animal”. ¡Qué mala interpretación, no podía ser más clara! Y sigue con lo mismo, dele conque va llover, el bienestar del animal acuático. Pero hay hechos más graves aún que las idioteces sugeridas y eso sí, es parte del ideologismo de extrema izquierda. En primer lugar, esta indicación no afectaba a la pesca artesanal, estaba orientada a la industrial, a la que quieren que vaya más allá de las 200 millas a tender sus redes, o sea era una iniciativa discriminatoria. En segundo término, los peces son “seres sintientes”, pero no lo son los niños que se gestan en los vientres de las madres, a los cuales hay que asesinar antes de dar a luz en pro de la libertad de vientre.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

*La Política… una Pichanga de Barrio*

Por Cristián Labbé Galilea

No piense, mi ilustrado contertulio, que esta pluma fue abducida por la pasión de multitudes. Muy por el contrario, el resultado de los últimos acontecimientos futboleros ha sido un factor inspirador para descifrar la contingencia política: si no se juega bien y no se hacen goles, el camino es uno solo… ¡pa´la casa!, y es exactamente eso lo que le está ocurriendo a la oposición.

En lo deportivo se puede ganar o perder, sin más consecuencias que la desazón de los hinchas, más algunos cambios de jugadores, pero en política las repercusiones son bastante más significativas. Cuando no se juega bien no sólo pierden los que juegan, sino toda la sociedad. Una derrota política hace muy difícil recuperar la credibilidad, el rumbo y las ideas que se defienden, especialmente si los responsables se las arreglan para seguir siendo los mismos.

No debiera extrañar a nadie medianamente perspicaz que, a pesar de haber jugado mal en todo, política, económica, social y comunicacionalmente, el gobierno vaya ganando terreno en las encuestas. La razón es muy simple: la oposición, enredada en menudencias electorales, en rencillas internas, y en la defensa de cuotas de poder, ha perdido la oportunidad de aprovechar los respaldos que le ha dado la ciudadanía (4S/7M/17D).

Paradojamente, esta situación ocurre mientras los ciudadanos viven horrorizados con los niveles de delincuencia, violencia, desgobierno, falta de expectativas y tantas otras situaciones que indican que el país está a la deriva.

Un preocupado parroquiano se preguntaba: ¿qué se ha sabido del secuestro y asesinato del Teniente venezolano, del asesinato y quema de tres carabineros, y de cuanto crimen ocurre a diario a vista y paciencia de las actuales autoridades? ¡Nada! ¿Quién puede explicar por qué el Censo no se puede hacer en Temocuicui? ¡Nadie! ¿Quién se hace responsable por la inoperancia para llegar con ayuda a los damnificados de las últimos incendios y catástrofes climáticas? ¡Silencio!

Son muchas las preguntas que están sin respuesta. Mientras, la oposición anda “cazando conejos en el desierto” y el gobierno “tira la pelota para el córner” con temas como: si las especies marinas, incluido el “choro”, son sintientes (ley de pesca); si el voto es obligatorio, pero sin multa; si el reembolso por voto a cada candidato será de $1.500 o $975; si la elección será en uno o dos días…

Lo que podría ser un buen argumento para un reality, es la lamentable situación que vive nuestro país, lo que hace que esta inquieta pluma se pregunte: ¿Cómo despertar a la oposición de este aturdimiento en que se encuentra? ¿Cómo advertir a sus aletargadas directivas que sin un relato encantador, seductor, positivo y con ideas propositivas, no es descartable una derrota en octubre?

Por último, esta optimista pluma concluye que existen las condiciones para que el país recupere la senda de progreso y bienestar, pero para ello es fundamental que los dirigentes de oposición se unan y tomen una actitud que los saque de esta “pichanga de barrio” en la que los ha envuelto la izquierda.

EL SENTIDO COMÚN EXTRAVIADO:

https://youtu.be/kDYdGXI9Y6Q?si=JCChbM8ujq4DT6NT

Como se esta destruyendo la Patria

Vea:

https://youtu.be/XbmXrYS-Z-Q?si=9toVKFQ4XO0Ea_4W

https://youtube.com/shorts/mwZWxo2746Q?si=8b5ACI153iHu_Z_B

Solo ocurre en países tercermundistas:

Por Jorge Correa Sutil

Vea y escuche este programa radial con fuertes denuncias a la falta de Estado de Derecho en Chile:

https://www.youtube.com/live/zuT5M2eS–Y?si=9E9FJBZTY66h2xf3

Aquí se va la plata de sus impuestos:

https://youtube.com/shorts/GEJTELeWG-I?si=qZVqpFvyRnWxaAJU

¡¡¡APROBADO!!!

Enrique Slater @slater_enrique

Bien por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones y su fiscal judicial (s) Jorge Sáez San Martín. Ahora es fundamental que Gendarmería, cumpla oportunamente lo dispuesto.

Una decisión cuerda:

Ministro Cordero descarta adaptar Punta Peuco para embarazadas y argumenta sobrepoblación penal

Publicado por Constanza Carrillo
La información es de Gonzalo Olguín

Martes 02 julio de 2024 |

VER RESUMEN

A través de un oficio dirigido a la Cámara de Diputadas y Diputados, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, desestimó la reutilización de Punta Peuco para internas embarazadas o con hijos.

Recordemos que en uso de sus facultades, la Cámara solicitó al presidente Gabriel Boric el cierre de dicho centro penitenciario y pidió el traslado de sus internos, condenados por lesa humanidad a penales comunes.

De hecho, el pasado 4 de septiembre, desde el oficialismo enviaron una carta dirigida al ministro Cordero. Con dicho documento buscaban respaldo para solicitar la modificación del penal de la comuna de Til Til.

Ministro Cordero adaptar Punta Peuco por sobrepoblación

En un oficio, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, “atendida la situación de sobrepoblación que actualmente enfrentan los establecimientos penitenciarios en todo el país (…) no aparece como conveniente impulsar medidas que impliquen el cierre de establecimientos o el traslado masivo de personas privadas de libertad entre distintos recintos penales”.

“Por otra parte, es del caso señalar que la ubicación geográfica (…) no lo hace un lugar idóneo para la custodia de mujeres embarazadas y/o que permanezcan al cuidado de sus hijos lactantes”, agrega el documento.

Al ser consultado, el secretario de Estado reiteró que se trata de “un problema en general de sobrepoblación y por lo tanto, nosotros no podemos prescindir de ese penal”.

Además porque “la zona donde se encuentra Punta Peuco, es una zona donde además hay un centro del Sename y además hay otro terreno que Gendarmería ha querido tratar de desarrollar, hace un tiempo, y una de las principales dificultades que hay es el acceso a agua”.

“Por lo tanto, no es un recinto que reúna las condiciones para el objetivo de tener madres, mujeres embarazadas, por las características de la zona donde se encuentra y las reducciones agua que tienen”, cerró.

Un video que todo chileno patriota debe ver:

Comandante en Jefe del Ejército le dice unas cuantas verdades a diputada comunista en el congreso:

¡Despierten chilenos, levántense!

     El evangelio de Marcos del pasado domingo, cuando Jesús le dice a la hija de Jairo –no me refiero al cantante, sino al jefe de la sinagoga─ que yacía aparentemente muerta: “Talitha Kum”, “Muchacha  a ti te digo, levántate”, me hizo asociarlo a la necesidad de que los chilenos recibamos un llamado semejante. El país sumido ante una nefasta y mortífera “normalidad.” Ya nada asombra, los crímenes y asesinatos conque nos despertamos a diario; los portonazos, abordazos, encerronas y asaltos a viviendas forman parte del menú cotidiano y cada vez más violentos, no se escapan ni los ancianos; la inmigración ilegal hace su agosto con apoyo del gobierno y del Servicio Jesuita de Inmigración que les otorga transporte hasta el centro del país sin verificar antecedentes ni identidades. Ni siquiera el invierno altiplánico que ha ocasionado más muertes que los producidos por los campos minados parecen amedrentar; las cárceles se nutren cada día de miembros del crimen organizado y de chilenos que han copiado sus formas de delinquir, hasta tal punto que desde la cárcel de Alta Seguridad presumen de su poder causando graves destrozos, ante una Gendarmería temerosa de su actuar ya sea por razones internas o de las amenazas que han sufrido, mientras algunos se ufanan de ser asesinos aquí y donde sea. No estando ausente la corrupción en algunos de sus miembros como en la policía, padrón que se ha dado en todos los países donde se ha entronizado este flagelo. En la macrozona sur la situación sigue latente, pero vigente, por la aparición de grupos más radicales; de hecho hasta el momento nada se ha sabido de los asesinos de los tres carabineros.

    Pero no es solamente la carencia de seguridad la que nos afecta ─propia de las llamadas “repúblicas bananeras”─ sino que, en general pareciera que nuestra nación hubiese sido víctima de un cáncer de grado 4, porque la metástasis se ha extendido por casi todo el cuerpo de la república. Basta señalar la percepción de la opinión pública en instituciones fundamentales, como el Congreso, el Poder Judicial, el MINEDUC, el Ministerio de Desarrollo Social, los partidos políticos; el politizado INDH y el teñido Tribunal Constitucional y un largo etc. La corrupción invade municipios, la JUNAEB, múltiples fundaciones que han mermado los fondos del MINVU y en cualquier organismo público donde haya olor a pesos fáciles de sustraer, con fines aparentemente en beneficio de los más necesitados, pero que van directamente a objetivos políticos y a los propios bolsillos.

    No obstante, la guinda ─súper─ de la torta la tiene el corrupto abogado Luis Hermosilla, que durante 10 años asesoró al PC, formando parte de su estructura y lleva más de 30 asesorando a moros y cristianos, de derecha y de izquierda. El dinero no tiene color político para este sinvergüenza. ¡Se imaginan Uds. cuanta información que afecte a variados connotados se guardan en las 777.256 páginas del informe de extracción de los celulares incautados a este personaje! ¿Pueden Uds. dudar que este tipejo saldrá libre de polvo y paja?

    A lo anterior sumen el problema económico que afecta a todos los chilenos, arrastrados desde la protesta delincuencial promovida, amparada y financiada por quienes actualmente nos gobiernan, gracias al nefasto gobierno de Piñera 2. Diferir por razones políticas la deuda de la energía eléctrica, cuando estas iban a subir un 6%, ha sido tan nefasto como el retiro de los fondos de las AFP que supuestamente se los habían robado; ahora las alzas serán muy superiores y sobre montos mucho mayores. Todo lo anterior, no es solo responsabilidad de la izquierda, sino ha contado con la colaboración de quienes dicen ser de la derecha, cuando esa desapareció hace varias décadas. Ya nos referiremos posteriormente a este conglomerado.

    Toribio lamenta representar esta “casi normalidad”, pero lo más lamentable es que los chilenos estamos como la hija de Jairo, aparentemente muertos, no reaccionamos y dejamos hacer, como si nada no nos afectara, esperando que otros solucionen el problema, como Pedro Pool, que felicitó a los valientes militares de Bolivia por el pseudo golpe militar “y no como otros.”

¡Talitha Kum chilenos!

Por Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

Conozca la verdad sobre quien es el responsable de la subida de las cuentas eléctricas:

https://www.instagram.com/reel/C88Ob7cND96/?igsh=MXVnZnEzOXMwMzhocQ==

Las esquirlas de malas decisiones

El Estado de Chile está en crisis y de continuar la tendencia perversa de más derechos y menos deberes, nuestro país no saldrá de la mediocridad.

por Andrés Montero2 julio, 2024

La mala memoria de los chilenos se hace presente al torcer la historia y esconder a los culpables de malas decisiones pasadas, que afectan hoy a los ciudadanos. Algunos ejemplos de errores manifiestos de los que nadie se hace responsable.

1.- Cambio del sistema binominal. Generó la proliferación de grupúsculos minoritarios que le han hecho mucho daño a Chile. Se legisla lento y mal. Se malgastan recursos y se les paga sueldo a no pocos ignorantes no preparados para formar parte del Parlamento.

2.- Ley indígena. Gran responsable del aumento exponencial de comunidades falsas. El Estado asigna recursos a grupos minoritarios y fomenta privilegios supuestamente originarios. Con el estallido delictual, la bandera mapuche floreció en muchos lugares donde nunca vivieron. Se pretendió dividir a Chile en territorios y se potenció un antihispanismo innecesario.

3.- Estatua del General Manuel Baquedano. La traición a su figura la consuman primero los vándalos que la atacaron y después autoridades de todo nivel, que, con una cobardía inaceptable, hasta hoy no reponen la estatua a su lugar.

4.- Puente sobre el Canal de Chacao. Aunque Eduardo Bitran lo calificará de “capricho faraónico”, nadie tuvo la valentía de priorizar las necesidades de la Isla de Chiloé. Antes de un puente que demorará en ser una realidad, el doble del tiempo planificado y su costo superará por lejos lo presupuestado, se debió haber avanzado con carreteras dentro de la isla. Faltan muelles, hospitales y escuelas de calidad. El puente podía y debía esperar. El carácter del archipiélago se acaba con este puente.

5.- Cierre de Aeropuerto de Los Cerrillos. Nunca debió dejar de operar el otrora principal aeropuerto de Chile. Pudo quedar para vuelos nacionales. Pudo quedar como alternativa y se habría descongestionado el actual. Buenos Aires, Paris, Londres. Nueva York, Sao Paulo y las grandes ciudades tienen más de un aeropuerto. Las autoridades de la época cometieron un error incorregible.

6.- Ley de Reforma Agraria. Destruyó la agricultura, usurpó la propiedad privada de legítimos dueños, sembró odio en el campo chileno y fue el caldo de cultivo para una enemistad entre chilenos que tuvo como consecuencia el golpe militar.

7.- Destrucción sistemática de los ferrocarriles. Chile fue pionero en ferrocarriles en América Latina. Poca visión del futuro de un Chile exportador, subvaloración de externalidades positivas, baja modernización tecnológica, desprecio por el turismo como sector económico y gestión interna capturada por sindicatos.

8.- Destrucción de Valparaíso. Sucesivos gobiernos no han sido capaces de lograr la recuperación del puerto principal. Ni la construcción del nuevo Congreso Nacional en Valparaíso permitió que la decadencia se paralizara. La inseguridad, la basura, el mal olor, el narcotráfico, los grafitis y la destrucción patrimonial son los nuevos “estandartes” del puerto.

9.- Temucuicui. Refleja lugares en donde no hay Estado de derecho. Las autoridades son doblegadas por unos pocos que quieren los beneficios del Estado de Chile, pero impiden el acceso a un enclave ilegal. También hay otros lugares en donde opera la ley de la selva y los narcos son los verdaderos gobernantes. Mientras las autoridades no asuman su rol en plenitud, crece el riesgo real de que se repita en muchos lugares situaciones completamente inaceptables.

10.- Nominaciones de jueces, notarios, embajadores y funcionarios del Estado. Chile sigue siendo un país “bananero” en esta materia. No hay en Chile sistemas objetivos y transparentes para reclutar y nominar a quienes tienen la función de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes y del eficiente uso de los recursos aprobados en el presupuesto de la Nación. El Estado de Chile está en crisis y de continuar la tendencia perversa de más derechos y menos deberes, nuestro país no saldrá de la mediocridad.

Publicado por El Líbero

La izquierda y otros pocos quieren más plata del fisco . Mucha plata. Impresentable!!

Pagadero el año 2031; cuando nadie de estos individuos de gobierno este para pagar. Chile se sigue endeudando sin que el pueblo dimensione los efectos futuros:

Falta poquito … Aguante Chile!!!

Chile es un país soberano:

https://youtu.be/Lav9NC5uJRQ?si=uDWdjmhzrvRaOEMz

No sabemos si reír o llorar.
Esta clase política da vergüenza ajena…:

https://youtu.be/86SFSKz90qY?si=SV4tXlXEqPnCaNEp

UNA CARTA IMPORTANTE DE ANCIANOS INJUSTAMENTA PRESOS:

Santiago, Junio 2024

Estimados,

Nos dirigimos a ustedes con la esperanza de esclarecer algunas realidades a menudo ocultas en la historia reciente de nuestro país.

Queremos exponer nuestra profunda preocupación por la influencia y las decisiones del Poder Judicial en las causas de Derechos Humanos relacionadas con eventos de hace más de 50 años. En la actualidad son pocos en las fuerzas democráTIcas que se atreven a denunciar los abusos judiciales que nos afectan ya que existe temor reverencial a la ultra izquierda, sin embargo, ustedes han demostrado la capacidad de abordar la información de manera libre de prejuicios y objeTIva. Con su habilidad para exponer situaciones complejas representan una nueva voz de esperanza.

Queremos, antes que nada, expresar que nunca hemos negado a que se haga jusTIcia, pero esta debe ser justa, desideologizado y libre de presiones de ONG ́s y querellantes manipulados por el ParTIdo Comunista. La JusTIcia no debe ser Venganza.

El público general desconoce que los miembros de las Fuerzas Armadas estamos siendo juzgados y condenados bajo un sistema procesal anTIguo, establecido en 1906. Este sistema fue reemplazado en el año 2000 por un nuevo proceso penal, al que cualquier chileno puede acceder hoy en día. Sin embargo, nosotros hemos enfrentado condenas bajo un sistema denominado inquisiTIvo, en el que un juez es quien acusa, invesTIga y condena, sin que dispongamos de ningún TIpo de garanTÍas, a veces ni siquiera del derecho a conocer los antecedentes de las acusaciones en nuestra contra y aunque este sistema fue abolido en la reforma procesal penal por considerarse abusivo, anTIcuado e inquisiTIvo, seguimos siendo condenados bajo sus preceptos. Además, una vez condenados, no tenemos derecho a ningún beneficio carcelario, incluso habiendo cumplido gran parte de los requisitos y condiciones. Se nos acusa de Lesa Humanidad, cuando en Chile no existe su definición o de manera especifica en el Código de procesamiento penal. Se escudan en el Estatuto de Roma, cuando a la vez éste establece que no se puede juzgar bajo estos preceptos situaciones ocurridas antes de su vigencia, que en el caso de Chile entra en rigor el año 2009. Usan de manera retroacTIva El estatuto de Roma escondido tras el IUS COGENS. La persecución ha sido implacable, abusando de un sistema que lo permite.

La II Sala penal que trata los casos de militares ha estado durante años desequilibrada, con tres votos claramente inclinados hacia la izquierda. Entre estos jueces se encontraba el Ministro Juica, quién en una entrevista al momento de su reTIro admiTIó su simpaTÍa por las juventudes del ParTIdo Comunista durante sus años estudianTIles. Del mismo modo, el ex Ministro Solís, Haroldo Brito y su pareja Lya Cabello (ex fiscal de la Corte Suprema) TIenen antecedentes que los vinculan a la izquierda, según el abogado Luis Hermosilla (Diario La Tercera 31/03/24 pag. 12-13). Del mismo modo, los abogados alineados con esta ideología han demostrado su influencia a través de los recientes nombramientos efectuados por el gobierno.

A nivel de la Corte de Apelaciones y entre los ministros de primera instancia, la situación no es diferente. Ministros como Mario Carroza anteriormente, o los actuales Marianela Cifuentes y Miguel Vásquez Plaza son conocidos por condenar sistemáTIcamente a militares, y es en el mismo Poder Judicial que varios aseguran que mientras mas miembros de las FF.AA condenen, mas rápido serán considerados para la Corte Suprema.

En los fallos emiTIdos en años anteriores, y especialmente durante el jubileo del 50 aniversario, se han vulnerado garanTÍas procesales y se han empleado presunciones judiciales que no se ajustan a lo dispuesto en el arTIculo 488 del Código de Procesamiento Penal, y es aquí donde se viola uno de los principios básicos de nuestra cons>tución que es la “igualdad ante la ley”.

Se criTIca mucho al Poder Judicial ¿acaso se cree que la única instancia proba es la II Sala que condena a militares? ¿Saben ustedes que para algunos Ministros en visita, les basta simplemente presumir culpabilidad el haber sido militar y haber usado el uniforme en 1973?

¡Esto, ocurre en Chile!

No obstante, en el colmo de la hipocresía, el Poder Judicial acusa a los militares de pactos de silencio, ignorando que para que esto ocurra debe exisTIr “control”. Cosa que no sucede con el personal en reTIro de las Fuerzas Armadas, ya que éstas no TIenen control sobre sus ex miembros, y muchos han entregado información a cambio de beneficios ofrecidos por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. En cambio, en el Poder Judicial si existen pactos de silencio, y podemos mostrar algunos ejemplos;

1. Es reconocido por varios integrantes del Poder Judicial que el ex presidente de la Segunda Sala ejerció durante al menos los dos úlTImos años con serios problemas de memoria y o demencia senil. Sin embargo, nunca se respondió a las interrogantes planteadas, ya que nadie se atrevió a denunciar este grave incumplimiento a pesar de conocer la situación. Es inconcebible que un ministro con tales condiciones pueda seguir dictando condenas, mientras sus colegas encubren este hecho

2. La Fiscal de la Corte Suprema, Lya Cabello es la pareja del Ministro Haroldo Brito. ¿Qué imparcialidad espera un militar, cuando la Fiscal y el Presidente de la Sala se van a dormir juntos?. ¿Cómo podría fiscalizar la Fiscal? ¿ocurrirá esto en un país civilizado?

3. ¿Cuánto se ha pagado en indemnizaciones y falsos exonerados políTIcos, cuando aún hay osamentas conservadas en el SML sin iden$ficar? Si se realizan pagos de reparaciones, es esencial que estos lleguen a los verdaderos familiares. Sin embargo, hoy en día ni siquiera tenemos la certeza de que así sea.

4. En SepTIembre de 2023, el Ministro Mario Carroza visitó la Araucanía con el cuestionado Juez Baltazar Garzón. ¿Cual fue el fin de esta visita? ¿Por que llevar a un juez acusado de prevaricación a una zona tan conflictiva y cuestionada hoy en día como es la Araucanía? A la fecha aún no tenemos información de la razón de este viaje, ni menos el motivo.

Tantas interrogantes aun sin respuesta, tantas atropellos a la verdad jurídica, a la ética y la moral.

Se presenta una imagen engañosa de nuestra realidad carcelaria, como si Punta Peuco fuera una cárcel de excepción y la única, sin considerar que actualmente ese penal alberga a 137 presos, mientras que Colina I cuenta con más de 186 internos y la cárcel de San Joaquín con 15 mujeres. Además de varios ex uniformados que cumplen sus sentencias en cárceles comunes a lo largo de Chile para estar cerca de sus familias, todos con pena efectiva, en condiciones mínimas y con niveles altos de hacinamiento. La edad de la población penal de estos centros es mayoritariamente avanzada, hay internos de 80 e incluso 90 años, todos con exámenes y diagnósticos que son rechazados por los jueces a pesar de su gravedad. Incluso algunos con enfermedades terminales.

Recientemente, la Dra. Van Rysselberghe renunció como experta psiquiátrica del SML, tras ser desacreditado su informe por un ministro en visita, lo que resalta la falta de ética e imparcialidad para nuestro casos.

Los casos son muchos y diversos que no se limitan solo a los casos más emblemáticos, sino que involucran alrededor de 400 miembros de las FF.AA y sus familias, ya que no solo nos quitan nuestra libertad si no también el de nuestros hijos y nietos.

Hemos sido injustamente encarcelados por jueces que usan ficciones y presunciones jurídicas basadas en meras suposiciones, condenando a unidades militares completas, incluso a aquellos soldados conscriptos que se encontraban cumpliendo su servicio militar obligatorio.

Por favor, pongan en su radar este abuso sistemático manipulado por la izquierda y alimentado por millonarias indemnizaciones pagadas con los impuestos de cada uno de los chilenos.

La justicia no debe ser una herramienta de venganza política, sino un pilar fundamental de nuestra sociedad, que garantice la equidad y el respeto por los derechos de todos.

Nosotros, como generaciones mayores, confiamos en que ustedes analizarán críticamente estos abusos e iniciarán investigaciones al respecto. Reflexionen sobre estas situaciones y piensen en cómo pueden contribuir a construir un país donde el sistema judicial sea más justo, imparcial y respetuoso de los derechos humanos de todos. Visibilizar estos abusos es crucial para detener el activismo judicial y promover un cambio hacia un sistema verdaderamente equitativo y justo.

Con profunda esperanza, y a vuestra disposición,

Los internos de Colina 1.

Imparcialidad de mentira

Señor Director:

Las fuentes legales que constituyen el debido proceso en el derecho procesal penal surgen de diferentes cuerpos legales o tratados internacionales aprobados por el legislador chileno, entre los cuales se encuentran el Código de Procedimiento Penal de 1906; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) aprobado en 1989; la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobada en 1991; el Código Procesal Penal (CPP) del año 2000; y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado el año 2009 (ERCPI).

Así, el juez en su función de interpretar la ley para integrar todas las normas legales que constituirán el debido proceso penal, deberá reforzar, por así decirlo, las falencias garantistas que tiene el viejo Código adjetivo de 1906, y que dicen relación básicamente con la falta de imparcialidad inherente a un sistema de juzgamiento inquisitivo, y que el Mensaje del Presidente Jorge Montt del año 1894, en sus párrafos 13 y 14, reconoce expresamente, admitiendo riesgos de “visiones de túnel” o de “sesgos de confirmación” derivados del “exceso de celo” del persecutor/juez, y que son déficits que no tienen las legislaciones más modernas como el PIDCP, la CIDH, el CPP y el ERCPI, creadas con mayores y mejores conocimientos, bajo una concepción del hombre y de la sociedad muy distinta de aquella existente en el Siglo XIX.

Así las cosas, para decir que se está respetando el debido proceso, no basta con hacer una aplicación literal de la letra del antiguo Código de 1906, al margen de lo que manda otra legislación procesal, nacional o internacional. Y más reprochable es ufanarse de estar cumpliendo con este deber judicial, pero en el momento de aplicar la ley, hacerlo con sesgo (contra reo).

Por ejemplo, el artículo 11 del CPP -que regula la aplicación temporal de la ley procesal penal- implícitamente se refiere al Código de Procedimiento Penal cuando alude a los “procedimientos ya iniciados”. Es cierto -por desgracia- que el sentido y alcance de esta norma adjetiva estaría supeditado a las limitaciones orgánicas y funcionales que harían imposible aplicar institutos propios del sistema acusatorio en la investigación y juzgamiento de causas de DD.HH. seguidas ante ministros de fuero -una cuestión que la política chilena no ha querido abordar- y que lamentablemente ha sido refrendada por la mayoría de nuestro Tribunal Constitucional, en una interpretación a nuestro juicio errada de la disposición Octava Transitoria de la Constitución Política.

Sin embargo, el alcance de esta norma del artículo 11 del CPP, sí debería extenderse a las disposiciones que reconocen derechos y garantías, que, en todo caso, reconocen expresamente otros instrumentos nacionales e internacionales como el PIDCP, la CIDH, el CPP y el ERCPI (además de nuestra Carta Fundamental).

Dicho esto, habría que señalar que como abogada defensora de causas de DD.HH., me ha tocado ver cómo los ministros de fuero, cual “exégetas del Código de 1906”, al momento de resolver sobre cuestiones “pro reo”, escudándose en una aplicación textual de este compendio normativo, deniegan diversas actuaciones de la defensa o autorizan actos en los cuales se vulneran los derechos fundamentales de los justiciables, develando una imparcialidad en su actuar (p. ej. causa Rol n° 63.534, seguida ante el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre).

El abuso del secreto de sumario, inclusive post procesamiento; la declaración coaccionada bajo juramento (Nemo Tenetur) o bajo la imposición simultánea de una prisión preventiva (aun sin defensa designada); ni siquiera la posibilidad que abogados defensores acompañen al inculpado en sus indagatorias, careos o reconstituciones de escena, por mencionar sólo algunas, son ejemplos de esta mala praxis judicial.

Y si a ello le agregamos la preeminencia -que bajo el sistema inquisitivo imperante tienen las presunciones judiciales como medio de prueba condenatorio, transformando casi en una utopía la posibilidad de una anulación por infracción a las causales objetivas del artículo 488 del viejo Código, la situación procesal del encartado por estas causas de DD.HH. es de una indefensión y desamparo total.

Porque no se concibe un juicio sin un juez imparcial, y es de la esencia de la existencia de un juez, la cualidad de imparcial. No obstante, para nuestra realidad “chilensis”, la imparcialidad como valor supremo de la justicia, en la práctica, no existe.

Porque de nada sirve decir que está presente, cuando el propio Mensaje del aquel Código del cual pende la vida de una persona (y de su familia), no es capaz de garantizarla, y frente a esta impotencia del Ejecutivo de la época de no ser un “país rico y poblado” que permita adoptar otro sistema más justo (párrafos 9° y 10°), entrega cándidamente la solución, a la praxis de un “juez honrado” (párrafo 14°).

El panorama es simplemente desolador.

Carla Fernández Montero

Abogada, Derecho Penitenciario

 1 comentario

1. Carlos Souper Quinterosdice:

29 junio, 2024 en 01:17

Super claro, el sistema procesal penal antiguo, es una burla a la justicia, al debido proceso y a la dignidad humana, así es hoy la justicia chilena, cuestionada por corrupta y trucha.

Publicado por El Líbero.

Gabriel Zaliasnik: «Hay consejeros del INDH que se sumaron al intento de poner término anticipado al gobierno de Piñera»

El abogado, quien representó al ex general director de Carabineros, Mario Rozas, en causas por presuntos delitos contra DD.HH. en el contexto del 18 de octubre, aseguró que «el INDH forzó un relato que el tiempo va demostrando que se construía sobre falacias». Sostuvo que «la mayoría del consejo del INDH está capturado por ideología de extrema izquierda» y que «se han instrumentalizado las querellas».

por Magdalena Olea26 junio, 2024

Durante los últimos días el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha generado polémica. Primero, por la querella que presentó después de conocerse los mensajes telefónicos del ex juez Juan Antonio Poblete con Mario Desbordes, candidato a alcalde por Santiago.

Esto se suma a las declaraciones que dio la directora del organismo, Consuelo Contreras, en Tolerancia 0, donde defendió la presentación de esta querella, y planteó que en Chile “no hubo violaciones sistemáticas de DD.HH.” durante el estallido, “pero que sí fueron generalizadas”.

Con esto, se evidenció un cambio de postura de Contreras, considerando que en 2022 ella, junto a otros consejeros, firmaron una carta para pedir la renuncia del entonces mandamás de la entidad, Sergio Micco, en la que afirmaban que existían «violaciones sistemáticas a los derechos humanos”. De hecho, muchas querellas fueron presentadas bajo esa premisa.

En el programa «Mirada Líbero», el abogado Gabriel Zaliasnik, consejero del Colegio de Abogados, y quien representó al ex general director de Carabineros, Mario Rozas, en causas por presuntos delitos de DD.HH. en el contexto del estallido de 2019, se refirió a los dichos de Contreras y los últimos acontecimientos.

«A estas alturas lo que dijo Consuelo Contreras no debiera sorprender a nadie»

«Ya se ha hecho una práctica habitual este cambio de posiciones, volteretas, de uso del derecho como una herramienta política desde los hechos de violencia e intentos antidemocráticos posteriores a octubre del 2019. Por lo tanto, a mí no me llama la atención, A estas alturas lo que dijo Consuelo Contreras no debiera sorprender a nadie«, sostuvo Zaliasnik.

«Ellos trataron de forzar un relato, que la perspectiva del tiempo va demostrando que se construía sobre falacias. Es decir, pretender que aquí había casos de lesa humanidad para tratar de impugnar al Presidente democráticamente electo Sebastián Piñera, y a las altas autoridades del país», explicó.

«Hay consejeros del INDH que se sumaron al intento de poner término anticipado al gobierno de Piñera»

Asimismo, dijo que «hay consejeros y gente vinculada al mundo del Instituto de Derechos Humanos que se sumaron a una agenda, que tenía un intento de poner término anticipado al gobierno del Presidente Piñera. Hubo un intento totalitario, de pasar por alto la decisión democrática que el país había tomado. Eso quedará en el registro de la historia».

Agregó que «el INDH, o algunos de sus consejeros, han sido capturados hace mucho tiempo por esos sectores violentos, tanto que le costaron el cargo a Sergio Micco, por confrontar el uso político que se intentaba hacer del INDH», y que «lo que hace hoy día Contreras es que trata de matizar con esa suerte de carácter generalizado, para mantenerse dentro de un ámbito de delitos de lesa humanidad, que los chilenos están conscientes que nunca existieron».

«Fue un intento frustrado de golpe de Estado por mecanismos modernos«

Así, el abogado enfatizó que «bajo ningún punto de vista los hechos subsumían en el carácter de delitos de lesa humanidad», y que «en Chile no existieron violaciones de DD.HH., no existieron delitos de lesa humanidad en forma sistemática y generalizada«.

«En ese momento había un aprovechamiento político de una situación. Había un intento golpista, se intentó desestabilizar al país y al gobierno de turno (…). Fue un intento frustrado de golpe de Estado por mecanismos modernos. Los golpes de Estado hoy día ya no son como antes, aquí no iba a haber un bombardeo a La Moneda. Ahora se hacen a través de redes sociales, a través de la quema del metro, a través de violencia», agregó.

«Van a llegar a la conclusión de sobreseer definitivamente estas causas, que nunca se debieron haber abierto»

Eso sí, en cuanto a las causas que están abiertas, el penalista advirtió que «no por los comentarios de Contreras va a haber un cambio. Los fiscales hacen su labor de forma independiente. No debería afectar este tipo de definiciones (…) van a llegar a las únicas conclusiones que es posible llegar, que es sobreseer definitivamente estas causas, que nunca se debieron haber abierto«. Aunque, dijo que esto «genera un mejor clima, porque la gente empieza a ver cómo se va desenmascarando este uso espurio del INDH, que es querellante en muchas causas».

Añadió que «claramente se ha instrumentalizado las querellas, han sido frívolas, tratando de buscar responsabilidades penales en carabineros que cumplían con su deber». «El INDH está capturado por ideologías de ultraizquierda, de extrema izquierda», cerró.

«Se le ha tolerado al INDH querellarse por delitos en los que no está habilitado»

Además, Zaliasnik afirmó que «el INDH ha exorbitado completamente las atribuciones que le da la ley. Es más, incurren ellos en un delito que es de prevaricación administrativa, que es cuando se toman decisiones que son abiertamente contrarias a derechos. Ninguna autoridad en Chile, por disposición de la Constitución, puede ejercer o exceder el ámbito de sus competencias. Y el Instituto de Derechos Humanos no está al margen».

«Sin embargo, ya desde hace mucho tiempo, ha habido una laxitud en que se le ha tolerado al INDH querellarse por delitos en los cuales no está habilitado para querellarse (…) la pretensión que tienen ahora de hacerse parte en querellas por causas de eventual corrupción, como es el ‘caso topógrafo’, lo que pretenden hacer al final es inhabilitar a una ministra de la Corte Suprema para que no resuelva otras causas en las que ellos tienen intereses. Eso es algo que no debiera tolerarse», enfatizó.

En esa línea, el abogado afirmó que en ese caso «no es tráfico de influencia, porque en esa época, el señor Desbordes no era funcionario público. O sea, ni siquiera tipifica el delito«, y que «en el caso donde involucran a Desbordes, el INDH no tiene ninguna atribución o facultad. Hay que ponerle atajo para que no se haga uso político».

«En los chats de Desbordes o del ex juez Poblete no sólo no hay tráfico de influencias, en las respuestas que da la ministra Letelier no advierto nada impropio en esa conducta», advirtió.

«No basta con pedir perdón. Hay que exigir responsabilidades»

«A estas alturas la reparación del intento de quiebre de la convivencia democrática requiere que quienes fueron parte debieran realmente hacerse cargo. No basta con pedir perdón. Hay que exigir responsabilidades de quienes actuaron irresponsablemente», sostuvo.

Por último, respecto a la reunión del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, con el ministro Luis Cordero, para modificar el sistema de nombramiento de jueces, Zaliasnik dijo: «Soy muy respetuoso del funcionamiento del Poder Judicial y a veces uno advierte una cierta campaña para intentar erosionar la credibilidad del Poder Judicial. El mecanismo de nombramiento de jueces puede perfeccionarse, eso no te asegura que no va a ser efecto de formas de influencia en esa designación (…) No porque cambies a quienes han de designar a los ministros, vas a evitar lo que hoy se cuestiona».

ETIQUETADO:Consuelo Contreras.DD.HHGabriel ZaliasnikindhPiñeraViolaciones sistemáticas

2 Comentarios

1. Carlos Souper Quinterosdice:

25 junio, 2024 en 23:54

Muy claro, directo y acertivo, así fue, un intento de golpe de estado a través de mentiras, montajes, tv comprometida con el golpe. Se usó de fiscalias y jueces corruptos para neutralizar a FFAA con todos los CJ querellado previo al intento de golpe, y durante la ejecución de éste, miles de querellas contra Carabineros. Y todo esto cuadro con un pdte pusilánime, cobarde, y partidos de ese gobierno que daban asco y verguenza

2. Humberto Julio Reyesdice:

26 junio, 2024 en 08:24

Ni siquiera los representantes de la izquierda pueden sostener una supuesta imparcialidad de este organismo pero parece difícil ponerle el cascabel al gato. En el intertanto, sigue interviniendo en diversos procesos, ya que pareciera que todo permite argumentar la violación de algún derecho humano.

Tal como funciona hoy, el INDH no puede continuar.

Por Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante

Es hora de revisar la función que cumple el INDH en nuestra institucionalidad. Son demasiado contundentes las señales de que fue capturado por una corriente sectaria para hacer negocio político. Sus representantes desvirtuaron y desacreditaron una causa que creyeron que podía disociarse de la suerte del Estado de Derecho. Se ha comprobado, una vez más, que en nombre de los DD.HH., se puede hacer baja política. El espíritu de bando ha terminado por quitarle toda autoridad ante el país.

El alevoso ataque sufrido por nuestra convivencia en octubre de 2019 desnudó muchas miserias. Una de las peores fue la instrumentalización de la causa de los derechos humanos en el mismo momento en que la democracia sufría la peor agresión desde que la recuperamos, 30 años antes. En el centro de ello, estuvo el activismo de quienes buscaron poner al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) al servicio de una estrategia que no reparó en medios para “demostrar” que en Chile había surgido una nueva dictadura.

El empeño por probar que el Estado impulsaba una política de violación sistemática de los DD.HH. fue la base del plan de la izquierda golpista para derribar al presidente Sebastián Piñera. Y ya sabemos lo suficiente respecto de quiénes fueron los que se entusiasmaron entonces con la posibilidad de asaltar el poder. Desde las cómodas instalaciones del Congreso Nacional, hubo cómplices descarados de la irracionalidad, a los que solo les interesaba congraciarse con las turbas.

No fueron manifestantes pacíficos los que dieron la partida al 18 de octubre, sino delincuentes dispuestos a todo, saqueadores organizados, grupos de antisociales que no se detuvieron ni ante las iglesias. Es cierto que muchos jóvenes salieron a las calles, creyendo que se movilizaban por la igualdad, y que ello sirvió para exaltar la manifestación del 25 de octubre, en plaza Baquedano, como expresión del genuino espíritu de la protesta. Pero, en ese mismo momento, se cometían desmanes en las cercanías, como el ataque incendiario a la Universidad Pedro de Valdivia, a la entrada de Vicuña Mackenna. Y las organizaciones feministas, ecologistas, indigenistas y animalistas, que llamaron a esa manifestación, nunca condenaron a los violentos.

En ese cuadro, el papel de los activistas que operaban dentro del INDH fue ignominioso. Los revolucionarios con sueldo estatal actuaron sin conciencia alguna de que el fuego que estaban atizando podía quemar a la sociedad entera. Por supuesto que el organismo debía cumplir con su obligación de denunciar los abusos de los agentes del Estado, pero no fueron disturbios corrientes los que hubo entonces, sino una ola de violencia, destrucción y pillaje en una escala que no tiene precedente en nuestra historia. El crimen organizado sacó amplio provecho del quiebre del orden público para golpear a Carabineros y desestabilizar al Estado.

Sin la valerosa actitud del abogado y académico Sergio Micco Aguayo y de otros consejeros del INDH en aquellos días, que se opusieron al frenesí y a la instrumentalización sediciosa del organismo, todo pudo ser mucho peor. Consuelo Contreras, integrante del consejo, sostenía entonces que había una violación sistemática de los DD.HH. por parte del gobierno, lo que buscó potenciar, dentro y fuera de Chile, la falacia de que Piñera era un nuevo dictador que debía ser expulsado del poder a cualquier precio. Ella encabezó la acción interna para inhabilitar moralmente a Micco y sacarlo de la presidencia del organismo, lo que finalmente consiguió. Hoy, es la presidenta.

No obstante que reconoció en el programa Tolerancia Cero que no hubo violaciones sistemáticas de los DD.HH. en 2019, Consuelo Contreras afirmó luego en una carta al diario El Mercurio que, en todo caso, las violaciones fueron masivas y generalizadas, y que hasta podrían constituir delitos de lesa humanidad. Contumacia militante, sin duda.

Para describir la situación de entonces habla de “crisis”, como si inesperadamente y sin razón visible, el orden legal hubiera empezado a resquebrajarse por todos lados. ¿Qué noción tiene ella sobre el terrorismo? ¿Qué idea se ha formado sobre lo que pasó en el Metro? ¿Quiénes cree que atacaron las comisarías y las unidades militares? En materia de DD.HH., ¿le dicen algo los miles de funcionarios policiales heridos? Y, por último, ¿tuvo alguna preocupación personal por la posibilidad de que se hundiera la democracia y se impusiera en Chile la ley de la selva?

No hay otro episodio en la vida del país que pueda compararse con lo que pasó hace 5 años. Y ya está claro que habrá que esperar que vengan otro gobierno y otro Congreso para que se produzca finalmente la investigación que hace falta sobre la oscura trama de 2019, la coalición político-delictual que estuvo detrás de todo y, particularmente, la decisiva intervención extranjera

Es hora de revisar la función que cumple el INDH en nuestra institucionalidad. Son demasiado contundentes las señales de que fue capturado por una corriente sectaria para hacer negocio político. Sus representantes desvirtuaron y desacreditaron una causa que creyeron que podía disociarse de la suerte del Estado de Derecho. Se ha comprobado, una vez más, que en nombre de los DD.HH., se puede hacer baja política.

El INDH no ofrece hoy garantías de responsabilidad republicana. Es un organismo que, por la acción de quienes tienen el control, genera aguda desconfianza en amplios sectores de la sociedad, lo que quedó reforzado por la presentación de una querella en un ámbito ajeno a su competencia, como parte de una maniobra electoral contra el candidato opositor a la alcaldía de Santiago. El espíritu de bando ha terminado por quitarle toda autoridad ante el país. Tal como funciona actualmente, el INDH no puede continuar.

Cómo envidiamos a Argentina:

Esto recién comienza, ya vendrán otras para que paguen los jueces prevaricadores e ideologizados:

QUERELLA CRIMINAL POR PREVARIVACIÓN JUDICIAL

Hay otros jueces que si aplican la Ley como corresponde:

01-julio-2024

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió hoy –lunes 1 de julio– el recurso de protección interpuesto en representación de 171 internos condenados por crímenes de lesa humanidad, recluidos en el pabellón “Asistir” del penal Colina I, y le ordenó a Gendarmería adoptar una serie de medidas para garantizar la integridad física y síquica de los internos.

En fallo unánime (causa rol 2.650-2024), la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Maritza Villadangos, el ministro Fernando Valderrama y el abogado (i) Manuel Luna– estableció que las condiciones de reclusión en que se encuentran los recurrentes, la mayoría septuagenarios y octogenarios, afectan su derecho a la integridad física y sicológica y vulnera la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

“Que, en lo tocante a la normativa aplicable en la especie, es preciso recalcar que el artículo 4 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios expresamente dispone que la actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución Política de la República los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, las leyes y sus reglamentos y las sentencias judiciales”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “El mismo sentido, el artículo 6 el citado cuerpo normativo refiere que ningún interno será sometido a tratos crueles inhumanos o degradantes, además de consagrar que la administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos.
Por su parte, el artículo 10 letra a) del mismo texto normativo, preceptúa que al interior de los centros penitenciarios deberá existir una ordenación de la convivencia, basada en el respeto de los derechos quienes se encuentra recluidos.
Finalmente, en su artículo 13 letra a), dispone que uno de los criterios orientadores para la creación de establecimientos penitenciarios es justamente la edad de las personas que deban ingresar a ellos”.

Para el tribunal de alzada: “(…) sobre el particular, no puede obviarse lo previsto en el artículo 10 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuanto establece el Derecho de estas a no ser sometidas a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

“En igual sentido –prosigue–, deben también tenerse necesariamente en consideración los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, contenidas en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Resolución N° 1/08), en cuyo Principio I, sobre el trato humano, se consagra que: ‘Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad.
Se les protegerá contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución, desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, castigos corporales, castigos colectivos, intervención forzada o tratamiento coercitivo, métodos que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona’”.

“En su Principio II –de igualdad y no discriminación–, párrafo tercero, se dispone que no serán consideradas discriminatorias las medidas que se destinen a proteger, entre otras, a las personas adultas mayores, debiendo estas aplicarse dentro del marco de la ley y del derecho internacional de los derechos humanos, encontrándose siempre sujetas a revisión de un juez u otra autoridad competente, independiente e imparcial”, cita.

“En último término, en su principio X, relativo a la salud, se determina que corresponde a cada Estado el garantizar que los servicios de salud proporcionados en los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordinación con el sistema de salud pública, de manera que las políticas y prácticas de salud pública sean incorporadas en los lugares de privación de libertad”, afirma la resolución.

Para la Tercera Sala: “(…) de las disposiciones antes citadas, se desprende que es deber de la administración penitenciaria proporcionar instalaciones debidamente equipadas para las consultas y tratamiento para atender la salud de las personas privadas de libertad en sus unidades, además de contar con personal de salud suficiente y capacitado para cubrir las necesidades de atención médica de la población, incluyendo la atención de urgencias al interior del establecimiento penal o el traslado inmediato a los servicios públicos de salud”.

“Es decir, tanto las personas privadas de libertad como los adultos mayores y quienes presenten problemas de salud deben ser entendidas sujetos vulnerables respecto de los cuales existe, como correlato, un deber de protección especial por parte del Estado, quien tiene el imperativo de adoptar –con la mayor celeridad posible– todas las medidas tendientes a la salvaguarda de sus derechos”, releva.

“Pues bien, en el caso en análisis estamos precisamente frente a personas hipervulnerables, toda vez que en ellas se presentan varias capas de vulnerabilidad, en cuanto se trata de adultos mayores privados de libertad que además sufren de patologías de gravedad que le impiden autovalerse, sin que el Estado haya adoptado a su respecto todas las medidas tendientes a su resguardo, sin que contara con una justificación objetiva y razonable para no tildar de discriminatorio su actuar”, acota el fallo.

“Que –ahonda–, en ese orden de ideas, las omisiones constatadas en el actuar de la autoridad administrativa, en cuanto esta no ha adoptado medidas tendientes a dar satisfacción a los requerimientos que han sido formuladas por la judicatura –luego de constatadas por la Fiscalía judicial las precarias condiciones de hacinamiento, salubridad y sanitarias en que se encuentran actualmente los internos recluidos en el Pabellón Asistir–, excusándose en argumentaciones que son de carácter general, que dicen relación con lo exiguo del presupuesto asignado para tales fines, sin que se haya demostrado una voluntad real en orden a modificar dicha realidad, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantías fundamentales consagradas en los artículos 19 N° 1 y 22 de la Carta Fundamental, esto es, los derechos tanto a la integridad física y psicológica, como a la no discriminación arbitraria de quienes se encuentran privados de libertad en el denominado pabellón Asistir del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1”.

“Reafirma lo antes concluido, la circunstancia de tratarse las personas en cuyo favor se acciona, en su gran mayoría, de personas mayores que sufren de patologías graves que requieren cuidados permanentes –a quienes se les discrimina en relación a los demás adultos mayores que tienen derecho a una atención preferente del Estado en esta materia–, muchos de ellos no autovalentes, existiendo respecto de ellos una hipervulnerabilidad dada su condición de ancianos y de personas privadas de libertad que no ha sido tenida en vista para los efectos de adoptar medidas inmediatas”, detalla.

“Así las cosas, la acción constitucional de protección deducida en la especie será acogida en los términos que se expondrán en lo resolutivo del presente pronunciamiento”, concluye.

Por tanto, se resuelve que: “SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don Jorge Eduardo Sáez Martin, Fiscal Judicial Subrogante de la Excma. Corte Suprema, en favor de 171 personas, todas privadas de libertad en calidad de condenados, pertenecientes al Pabellón Asistir del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Colina 1 y en contra de Gendarmería de Chile, debiendo la Administración adoptar en un plazo de treinta días desde que el presente fallo quede ejecutoriado, las siguientes medidas:
1.- Disponer la destinación de un vehículo exclusivo para el traslado de los internos del Pabellón Asistir a las horas médicas programadas y a las atenciones de urgencia que éstos requieran;
2.- Contratar a lo menos dos profesionales médicos con horas suficientes para la atención de los internos del antes citado Pabellón;
3.- Adecuar el protocolo de derivación de personas privadas de libertad en situación de urgencia de salud a los centros médicos del medio libre, a fin de garantizarles una atención oportuna y eficaz.
El cumplimiento de tales mandatos deberá ser oportunamente informado tanto a esta Corte como a la Fiscalía Judicial de la Excma. Corte Suprema”.

 Ver fallo Corte de Apelaciones 

Por Humberto Julio Reyes

Los conscriptos que servían en las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre de 1973 y días posteriores, fueron llamados a cumplir con su Servicio Militar Obligatorio y acuartelados durante el gobierno de la Unidad Popular.

Menos que nadie podían imaginar lo que les tocaría vivir mientras cumplían con ese deber ciudadano.

Eran todos menores de edad, salvo casos excepcionales.

Como parte de su formación militar se les inculcó el deber de obediencia respecto a las órdenes de sus superiores y lo juraron ante Dios y la bandera de la Patria.

Dado que se encontraban en el último nivel de la escala jerárquica, no les correspondía analizar el tipo de órdenes que recibían sino que limitarse a cumplirlas con prontitud y puntualidad.

Como contrapartida, sus superiores directos, muchos también menores de edad, entendían que era su deber indelegable responder por las órdenes impartidas.

Sólo en los niveles superiores de la conducción militar cabe la posibilidad de deliberar, no necesariamente para desobedecer o suspender la ejecución de una orden, sino que también para apreciar y resolver la mejor forma de cumplirla.

Hoy, transcurridos 50 años, esos conscriptos que fueron licenciados sin beneficio alguno, se aproximan a la tercera edad, carecen de pensión y han sido enviados a prisión por tribunales ordinarios que los juzgaron como simples particulares que fueron autores, cómplices o encubridores de delitos comunes.

Ignoramos si, en su momento, sus abogados alegaron como minorantes o eximentes su minoría de edad o el haber cumplido con el deber de obediencia, pero ahí están, cumpliendo penas impuestas sin debido proceso, en un remedo de juicio imparcial donde la condena se les iba a imponer a todo trance.

Puede entenderse que, originalmente, los ministros de fuero se ensañaran con aquellos mandos sobre quienes cabía responsabilidad por acciones u omisiones de sus subordinados, pero, normalizar la prisión de los jóvenes conscriptos de esos años, es un despropósito que no sirve a la justicia.

30 de jun. de 24

Una zambullida a la ineficiencia y la corruptela chilena:

Jeannette de Castañer  en X: “Los invito a ver mi entrevista en @informaradio_ @edatvoficial en España junto a @periodistasol1 “Cuando un inocente es encarcelado violando las garantías de un debido proceso, pese a todas las pruebas de inocencia, estamos frente a un Estado Fallido porque nuestras” / X:

https://x.com/jennette42/status/1806358512538161520

Enrique Slater @slater_enrique

Una de las tantas injusticias, de responsabilidad del Poder Judicial, que afectan a muchos militares, hoy olvidados por la sociedad chilena. Coronel (R) Julio Castañer, prisionero del Poder Judicial ideologizado en Chile.

IMPARCIALIDAD DE MENTIRA

Las fuentes legales que constituyen el debido proceso en el derecho procesal penal surgen de diferentes cuerpos legales o tratados internacionales aprobados por el legislador chileno, entre los cuales se encuentran el Código de Procedimiento Penal de 1906; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) aprobado en 1989; la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobada en 1991; el Código Procesal Penal (CPP) del año 2000; y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado el año 2009 (ERCPI).

 Así, el juez en su función de interpretar la ley para integrar todas las normas legales que constituirán el debido proceso penal, deberá reforzar, por así decirlo, las falencias garantistas que tiene el viejo Código adjetivo de 1906, y que dicen relación básicamente con la falta de imparcialidad inherente a un sistema de juzgamiento inquisitivo, y que el Mensaje del Presidente Jorge Montt del año 1894, en sus párrafos 13 y 14, reconoce expresamente, admitiendo riesgos de “visiones de túnel” o de “sesgos de confirmación” derivados del “exceso de celo” del persecutor/juez, y que son déficits que no tienen las legislaciones más modernas como el PIDCP, la CIDH, el CPP y el ERCPI, creadas con mayores y mejores conocimientos, bajo una concepción del hombre y de la sociedad muy distinta de aquella existente en el Siglo XIX.

Así las cosas, para decir que se está respetando el debido proceso, no basta con hacer una aplicación literal de la letra del antiguo Código de 1906, al margen de lo que manda otra legislación procesal, nacional o internacional. Y más reprochable es ufanarse de estar cumpliendo con este deber judicial, pero en el momento de aplicar la ley, hacerlo con sesgo (contra reo).

Por ejemplo, el artículo 11 del CPP -que regula la aplicación temporal de la ley procesal penal- implícitamente se refiere al Código de Procedimiento Penal cuando alude a los “procedimientos ya iniciados”. Es cierto -por desgracia- que el sentido y alcance de esta norma adjetiva estaría supeditado a las limitaciones orgánicas y funcionales que harían imposible aplicar institutos propios del sistema acusatorio en la investigación y juzgamiento de causas de DDHH seguidas ante ministros de fuero -una cuestión que la política chilena no ha querido abordar- y que lamentablemente ha sido refrendada por la mayoría de nuestro Tribunal Constitucional, en una interpretación a nuestro juicio errada de la disposición Octava Transitoria de la Constitución Política.

Sin embargo, el alcance de esta norma del artículo 11 del CPP, sí debería extenderse a las disposiciones que reconocen derechos y garantías, que, en todo caso, reconocen expresamente otros instrumentos nacionales e internacionales como el PIDCP, la CIDH, el CPP y el ERCPI (además de nuestra Carta Fundamental.

 Dicho esto, habría que señalar que como abogada defensora de causas de DDHH, me ha tocado ver como los ministros de fuero, cual “exégetas del Código de 1906”, al momento de resolver sobre cuestiones “pro reo”, escudándose en una aplicación textual de este compendio normativo, deniegan diversas actuaciones de la defensa o autorizan actos en los cuales se vulneran los derechos fundamentales de los justiciables, develando una imparcialidad en su actuar (p. ej. causa Rol n° 63.534, seguida ante el Ministro en Visita Extraordinaria don Álvaro Mesa Latorre).

El abuso del secreto de sumario, inclusive post procesamiento; la declaración coaccionada bajo juramento (Nemo Tenetur) o bajo la imposición simultánea de una prisión preventiva (aun sin defensa designada); ni siquiera la posibilidad que abogados defensores acompañen al inculpado en sus indagatorias, careos o reconstituciones de escena, por mencionar sólo algunas, son ejemplos de esta mala praxis judicial. Y si a ello le agregamos la preeminencia -que bajo el sistema inquisitivo imperante tienen las presunciones judiciales como medio de prueba condenatorio, transformando casi en una utopía la posibilidad de una anulación por infracción a las causales objetivas del artículo 488 del viejo Código, la situación procesal del encartado por estas causas de DDHH es de una indefensión y desamparo total.

Porque no se concibe un juicio sin un juez imparcial, y es de la esencia de la existencia de un juez, la cualidad de imparcial. No obstante, para nuestra realidad “chilensis”, la imparcialidad como valor supremo de la justicia, en la práctica, no existe.

Porque de nada sirve decir que está presente, cuando el propio Mensaje del aquel Código del cual pende la vida de una persona (y de su familia), no es capaz de garantizarla, y frente a esta impotencia del Ejecutivo de la época de no ser un “país rico y poblado” que permita adoptar otro sistema más justo (párrafos 9° y 10°), entrega cándidamente la solución, a la praxis de un “juez honrado” (párrafo 14°).

El panorama es simplemente desolador.

Carla Fernández Montero

Abogada, Derecho Penitenciario

Ya está disponible el MUSEO VIRTUAL DE LA VERDAD HISTORICA DE CHILE.

Este proyecto comenzó a tomar forma hace 10 meses, costó conseguir los primeros aportes para desarrollarlo, pero lo logramos y se pudo materializar justo antes de esta fecha tan significativa: 11 de Septiembre.

Este Museo Virtual es una herramienta comunicacional muy valiosa para contar la “verdad histórica” (palabra que tanto le gusta usar a la izquierda). Sin duda, un gran logro en esta batalla cultural de la que todos formamos parte.

Compartan en todas sus redes sociales, coloquen   “likes”, ¡dejen un comentario! Cada una de estas instancias es importante. Y el día lunes 11 de septiembre, visiten la página web para batir récord en sintonía y demostrar que cuando nos proponemos algo importante, ¡lo podemos lograr! El apoyo de cada uno de ustedes es muy valioso. Reenvíen esta información a todos los contactos que puedan. Esto es tarea de todos! Más información en un próximo correo.

En TWITTER: @MuseoVHChile – INSTAGRAM: museoverdadhistórica – FACEBOOK: Museo Virtual de la Verdad Histórica de Chile.

Cordiales saludos y un excelente fin de semana. ¡A trabajar por nuestro Chile querido!

Miriam

Visitelo en:

https://www.museoverdadhistorica.com/museo

Por Cristián Labbé Galilea

Desde hace tiempo, es “un secreto a voces” que en la justicia las cosas no andan muy bien que digamos. Cada cierto tiempo se conocen situaciones con visos de corruptela, tráfico de influencias, cohechos, prevaricaciones, etcétera, etcétera, pero, qué curioso, desaparecen vertiginosamente de los medios de comunicación; debe ser porque muchos (especialmente los abogados) piensan que… ¡con los jueces, mejor ni meterse!

Pasó con “el caso Hermosilla”, y con tantos otros que han quedado en el olvido. Sin embargo, en estos días se supo de uno que ha causado “un tsunami” en el Poder Judicial: la filtración de mensajes telefónicos dando a conocer, entre otras cosas, gestiones y “ofertones” para lograr nombramientos en distintos cargos judiciales, ha desatado una crisis en la Corte Suprema que no será fácil apaciguar.

Una vez más la ciudadanía se ha enterado por la prensa de casos de corrupción, conflictos de intereses, y faltas a la probidad en la designación de cargos en el sector justicia, llámense Ministros de Corte, jueces, fiscales, notarios, incluso abogados integrantes. A todas luces, lo sabido es una evidencia de algo que no sólo se sospechaba, sino que se tenía por cierta: la justicia está altamente politizada.

Lo anterior es demasiado grave, porque reviste una vulnerabilidad en la institucionalidad republicana, y porque genera una fundada sensación de injusticia y desconfianza en la ciudadanía, cuando comprueba que parte de los miembros de la justicia están comprometidos con determinadas posiciones políticas o ideológicas, lo cual representa una abierta contradicción con lo que debiera ser “la quinta esencia” de una sociedad justa: la independencia del poder judicial.

Muchas vueltas se han dado los responsables de enfrentar este problema: plenarios y más plenarios, conversaciones informales y al oído, y quizá cuantos contubernios más, ¿para llegar a qué?, a convocar a una Comisión de Ética que, dicho sea de paso, “dormía el sueño de los justos” desde hace años, y que ahora se limitará a: “abrir un ´cuaderno reservado´ sobre la materia; y, al finalizar su trabajo, deberá entregar al pleno de la Corte Suprema un informe que, después de tres meses de entregado, será destruido”. (Ex Ante 24 jun) … ¡PLOP!

Sin ser pitonisa, esta osada pluma se atreve a aventurar que “no se verá nada nuevo bajo el sol de los tribunales”, porque primará el precepto bíblico “el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra”. De hecho lo advirtió una de las autoridades cuestionadas: “a ninguno de ustedes los nombró el Espíritu Santo” … A buen entendedor pocas palabras, ¡Mutis por el foro!

Por último, aunque duela decirlo, es poco probable que estas prácticas sean enmendadas. Nos falta mucho como país para que vivamos en un auténtico Estado de Derecho, que es la forma perfecta de convivencia social. Todo indica, lamentablemente, que la justicia seguirá manipulada por quienes buscan aprovecharse de ella. Demás esta decirlo: “Buena es la justicia… si no la tuerce la malicia”.

Algunos pensamientos y artículos de interés sobre la realidad:

Principio Constitucional:

“La justicia es igual para todos”

Aquí una prueba evidente de cómo se falla aplicando el nuevo Código Penal para todos los chilenos, excepto los militares, entre 1973 y 1990.
Muchos de los actuales procesados y condenados militares estarían sin condenas.
(Lo anterior, es válido conforme a las fechas de las querellas presentadas).

Aquí si se está ejerciendo una Justicia Justa:

https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/111185

La estúpida e inentendible razón que esgrime el Poder Judicial para juzgar a nuestros camaradas, es que los supuestos delitos fueron cometidos cuando estaba vigente el anterior Código de Procedimiento Penal, por ende estarían en la “jurisdicción” temporal de dicho código. ¿Hay mayor falsedad que esto?

 Cdte. Crespo en el Congreso con la verdad:

Los Derechos Humanos: ¿Instrumentos de justicia o de confrontación?

Por Gonzalo Ibáñez Santa María 

En su último discurso, el Presidente Boric se refirió varias veces a los derechos humanos insistiendo en que su promoción constituye uno de los objetivos de su política. Sobre esa base, anunció que pronto enviará un proyecto de ley para abrir espacio en Chile al aborto por múltiples causas, es decir a la posibilidad de matar a un ser humano para así dar satisfacción a los derechos de otra persona. Invocó, pues, los derechos humanos de unos para violar los derechos humanos de otros.

El motivo de la rebelión que estalló el 18 de octubre de 2019 fue, por su parte, el de que los derechos humanos habrían estado conculcados por políticas heredadas del gobierno militar y aplicadas durante 30 años por los gobiernos civiles que lo sucedieron. Pero, fue en nombre de esos derechos que los manifestantes practicaron una violencia sin límites que destruyó bienes públicos y privados de una manera que no encuentra parangón en nuestra historia.

En definitiva, aparece que en nombre de tales derechos hay quienes están autorizados para destruir indiscriminadamente la vida humana tanto como la propiedad ajena, pública y privada. Se ha hecho así evidente la enorme contradicción que encierra el concepto de esos derechos: o son los míos o son los tuyos; pero, los tuyos y los míos, imposible.

Lo que está detrás de esta contradicción es el hecho de que, en las declaraciones de derechos humanos, comenzando por la de 1789, cada persona humana está considerada como un absoluto que no tiene más punto de referencia que su propio yo. Cada una es, entonces, sujeto ilimitado de esos derechos. ¿Por qué he de detener mis pretensiones para dar paso a las de otros? ¿Por qué no detienen ellos sus pretensiones para dar paso a las mías? No fue extrañar entonces que, desde el mismo comienzo, surgieran las contradicciones entre los derechos de unos y los derechos de los otros. De entrada, los Derechos del Hombre y del Ciudadano recogidos en la Declaración de 1789 debutaron en la historia por medio de la sanguinaria guillotina que, sólo en París, cortó la cabeza a más de 40.000 personas.

Ha sido el precio que hemos pagado por olvidar muchas veces nuestra tradición jurídica originada en la vieja Roma. Esta tradición nos enseña que las personas somos miembros de una misma comunidad a cuyo bien –el bien común– nos debemos. Ese es el criterio que debe presidir el ejercicio de nuestra libertad y en virtud del cual podemos discernir la moralidad de nuestra conducta. En segundo lugar, el bien de las partes es condición necesaria para el bien de la comunidad y por eso es por lo que debemos participar tanto en la construcción del bien común como en su distribución entre todos.

El criterio de distribución tanto de tareas como beneficios; de premios o de castigos, es el de la proporcionalidad de acuerdo con los méritos o deméritos de cada uno, al aporte que cada uno ha hecho o del daño que ha causado. Lo suyo de cada uno, la proporción que a cada uno le corresponde dentro de lo que se reparte, es lo que tradicionalmente se ha denominado derecho. Esa es la enorme tarea de la justicia a través de la ley: precisar y dar a cada uno lo suyo. Es la base sobre la cual se construye la comunidad, asegurando a cada uno su parte y, por esa vía, asegurando la paz social.

Mientras los derechos humanos se integren en esta tradición, no hay problemas. Estos se suscitan cuando, como decíamos, hay quienes se consideran, como sucede hoy entre nosotros, un absoluto sin más punto de referencia que su propio yo. La confrontación entonces se hace inevitable y la comunidad amenaza ruina. Lo estamos viviendo.

Operación Topógrafo: exjefe de Inteligencia del Ejército arremete y pide cambio de Fiscalía tras filtración de informe y pide cambio de Fiscalía tras filtración de informe

La Tercera

Una nueva arremetida judicial realizó el exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Schafik Nazal, ocurrió durante las últimas horas, luego de que el abogado de quien se encuentra imputado en la denominada “Operación Topógrafo” solicitara al fiscal nacional, Ángel Valencia, el cambio de la Fiscalía que investiga los presuntos 12 delitos de interceptación ilegal de comunicaciones, entre ellos a periodistas.

La acción de Nazal, quien está en prisión preventiva al igual que el exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Antonio Poblete, se da luego de que la semana pasada también solicitara al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago excluir como querellantes al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la arista de la “Operación Topógrafo”, la denominada “tráfico de influencias”.

Tráfico de influencias: exdirector de Inteligencia del Ejército pide excluir al INDH como querellante

Arista que surgió desde un informe de la PDI por la revisión del teléfono de Poblete, donde quedaron al descubierto conversaciones del exmagistrado con ministros de la Corte Suprema en la que se hablaba de obtención de cargos en el Poder Judicial. Conversaciones, dadas a conocer por Ciper, que han afectado la causa original, a juicio del abogado de Nazal, el penalista Juan Carlos Manríquez, que también han influido en la situación procesal del ex DINE.

Y es que la investigación de la “Operación Topógrafos” está en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y dirigida por el fiscal Jaime Retamal. Mientras que la nueva arista, por el tráfico de influencias, fue asignada por el propio Valencia hace algunas semanas a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Misma persecutora a la que la defensa de Nazal pide entregar la indagatoria original.

La solicitud a Valencia

Basándose en esa situación, el penalista Manríquez envió un oficio al fiscal nacional, Ángel Valencia, para que cambie la investigación desde la Fiscalía capitalina a la de Valparaíso. Uno de los primeros argumentos del abogado de Nazal es que los querellantes del caso habían tenido acceso al informe de la PDI antes de que el resto de los intervinientes, apuntando al fiscal Retamal, quien a su juicio no tendría la objetividad requerida.

En esa línea, asegura que “los querellantes contra el Sr. Nazal habían sido tratados privilegiadamente por el Sr. fiscal Retamal”, una semana antes de que se revisara una apelación de la causa en la Corte de Apelaciones de Santiago, cuando el persecutor -según denuncia- “envió el informe policial de la Brigada Anticorrupción de la PDI y eso les dio otra ventaja por sobre la defensa”.

A eso suma que en el acta en el que el consejo del INDH decidió querellarse en la otra arista se puede leer que el fiscal Retamal “se había comunicado EN RESERVA con el jefe de defensa legal del INDH y que había compartido el informe policial de la BICRIM … SOLO CON LOS QUERELLANTES, reiterando la necesidad de ponerse de acuerdo y querellarse por estos ‘nuevos hechos’, sin perjuicio de usarlos también en la audiencia del día 6 de junio de 2024 para afectar la posición del Sr. Nazal”.

Vínculos y relaciones

Junto con apuntar a una falta de objetividad, Manríquez en su requerimiento también cuestiona una serie de conexiones entre los intervinientes. En ese sentido, apunta a que el funcionario del Ejército Rafael Harvey, querellante y víctima en el caso, tiene como abogado al consejero del INDH Francisco Ugaz.

Así como además cuestiona que en la causa también figura como víctima y querellante el periodista Mauricio Weibel, quien -señala- es colaborador con el medio Ciper, el que publicó el informe de la PDI. Por lo mismo, reitera que el fiscal Retamal entregó el informe primero a esos intervinientes.

“De este mapa de relaciones salta evidentemente a la vista que el fiscal Sr. Retamal proveyó solo a los querellantes nombrados de un insumo procesal antes que a las defensas, el que fue usado para diversos fines, menos para su pertinencia en relación con la causa de mi defendido, dejando expuesto un consorcio interesado y falto de objetividad, que vulnera el deber legal estatuido en la ley y en el Código de Ética del Ministerio Publico”, señala el escrito de nueve páginas.

Mario Desbordes (RN) acusa que querella del INDH por tráfico de influencias posee “finalidad política” en su contra

A juicio de la defensa de Nazal, “esto obviamente lo priva de la imparcialidad necesaria para seguir adelante con esta investigación, de la que fluye un claro sesgo confirmatorio y perjudicial hacia mi cliente a todas luces”.

Junto con eso, Manríquez también apunta a que la publicación de Ciper sobre las presuntas influencias de los ministros de la Corte Suprema en nombramientos “podría ser usado como un arma de amedrentamiento o de inhabilitaciones de ese pleno de ministros, afectando también el debido proceso y el derecho al juez natural e imparcial”.

Por último, la solicitud enviada por el abogado con la que pide que la indagatoria quede en manos de Perivancich, concluye que a juicio de Nazal “estos hechos configuran una grave violación del deber de objetividad, configuran una deslealtad procesal, pueden dar lugar a ventajas y aprovechamientos indebidos para otros fines extra causa y siempre y en todo caso causando perjuicio al derecho fundamental al debido proceso de mi defendido, e infectando de prejuicio y sesgo la posición de la Fiscalía”.

En el mismo requerimiento, también el abogado Manríquez interpone una denuncia para que el Ministerio Público investigue el presunto delito de violación de secreto de la investigación tras la filtración del informe de la PDI.

Consultado al respecto, el abogado Juan Carlos Manríquez, sostuvo que “nuestro único interés es que la objetividad sea un estándar alcanzable para todos los justiciables, sean de izquierda, sean de derecha, cualquiera sea su raza, opción sexual o religión. En estos casos, el Ministerio Público es el sostenedor de la acción penal”.

A eso agrega que debe dirigirse “en este caso en particular ha quedado en evidencia que algunos intervinientes fueron tratados con privilegios respecto de la defensa. Y eso es inaceptable en un Estado democrático. Creemos que el señor Fiscal Nacional tiene que tomar decisiones y los tribunales deben tomar decisiones porque este es un caso muy grave en que en definitiva terminan pagando el precão de unas largas prisiones preventivas por hechos completamente impertinentes a sus casos, las personas que se ven envueltas en estas verdaderas maniobras de utilización de la información pública para otros fines”.

A la Corte

Junto con enviar la solicitud al fiscal Valencia, la defensa de Nazal también recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazara la solicitud de revisión de las medidas cautelares del exdirector de la DINE, quien se encuentra preso desde hace 16 meses.

A juicio de la defensa del general (R), “la resolución del tribunal antes transcrita es ilegal y arbitraria, porque impide siquiera debatir la revisión de la medida cautelar en una audiencia oral. El principio de oralidad rige nuestro proceso penal”.

Además de eso, apunta a que el tribunal “excede de sus facultades, resuelve contra derecho y restringe el garantía fundamental de mi representado de revisar la medida cautelar de prisión preventiva”. Por lo mismo, pide al tribunal de segunda instancia que revierta la decisión del juzgado y se fije una audiencia para revisar las medidas cautelares.

Más que pensamiento estratégico, lo que requiere nuestro país es entender su cultura estratégica y modificarla

Puede que nuestros vecinos tengan más claro que nosotros mismos la cultura estratégica de Chile. Es cosa de ver cómo nos han desafiado Argentina, Perú y Bolivia en los últimos años.

por Ramiro Navajas

22 junio, 2024

El pensamiento estratégico no puede asociarse a un país, pues se refiere a la capacidad individual de los líderes y tomadores de decisiones políticas para observar, analizar, planificar, decidir y actuar acorde a los intereses nacionales, que buscan el beneficio colectivo de la nación. También implica poseer una habilidad suficientemente desarrollada para identificar y aprovechar las oportunidades y anticiparse, mediante acciones concretas, a la existencia de riesgos y amenazas.

Estamos de acuerdo que en nuestro país han escaseado en ciertos momentos, líderes que tengan un pensamiento estratégico suficientemente desarrollado para haberse anticipado y actuado ante situaciones como la que vivimos en la macrozona sur y norte, a la insurrección social del 2019, a los problemas limítrofes (especialmente con Argentina que habitualmente nos sorprende), a la llegada y acciones atroces del crimen organizado, etc.

Sin embargo, es justo mencionar la capacidad demostrada en la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto y tsunami del 2010 y el manejo efectivo durante la pandemia por Covid-19. También se debe reconocer el esfuerzo realizado para la renovación de capacidades estratégicas que distintos gobiernos realizaron para enfrentar la demanda marítima planteada por Perú en la Haya.

Mirando desde arriba, como país tenemos que hacer un esfuerzo en formar líderes con pensamiento estratégico, cuyas competencias deben ir esculpiéndose en forma escalonada desde la educación básica hasta las universidades e institutos profesionales. El pensamiento estratégico se requiere en todos los niveles: Para gobernar el país, para desarrollar pymes y grandes empresas, para administrar hospitales, para el servicio público, en las FF.AA. y policías y, en general, en todas las actividades productivas, económicas y sociales.

Otra cosa es la Cultura Estratégica de un país, que está compuesta por los valores, creencias, tradiciones, comportamientos, decisiones políticas, estrategias nacionales y manejo histórico de las relaciones internacionales, entre otros aspectos. Abarca también la forma de implementar las estrategias nacionales, políticas públicas y hasta cómo los países enfrentan los conflictos y van a la guerra. Es justamente este concepto de cultura estratégica el que debemos comprender muy bien en nuestro caso y modificarlo para alcanzar nuestros objetivos de largo plazo y el ansiado desarrollo que buscamos como nación.

Puede que nuestros vecinos tengan más claro que nosotros mismos la cultura estratégica de Chile. Es cosa de ver cómo nos han desafiado Argentina, Perú y Bolivia en los últimos años, intentando modificar tratados que fueron firmados de común acuerdo como muestra de un punto final a distintas controversias y conflictos para alcanzar una paz definitiva y estable.

Lo revelado esta semana en relación con las instalaciones que Argentina construyó en territorio chileno y su intención de fondo de cuestionar la responsabilidad única de Chile sobre el control del Estrecho de Magallanes, es una muestra que nuestros vecinos probablemente tienen muy clara la forma en que respondería nuestro país. Es cosa de escuchar las explicaciones del embajador argentino y las declaraciones de nuestro canciller.  Si bien el llamado realizado por el Presidente a las autoridades argentinas tuvo un efecto positivo y rápido para desmontar los paneles solares, nada se dijo en relación con que el único país que tiene soberanía sobre el estrecho de Magallanes es Chile y no como lo intenta establecer Argentina mediante una idea de control compartido en su Política de Defensa.

En este sentido, la actitud de nuestro gobierno no es muy distinta a la demostrada en 1994 cuando tuvimos que ceder nuestro territorio en la Laguna del Desierto o cuando el 2014 el gobierno celebraba un resultado que no beneficiaba para nada a Chile frente a la demanda del Perú.

Sería extenso definir la Cultura estratégica de Chile con claridad, pero cuando pensamos en cómo enfrentamos las crisis de seguridad interna y externa pareciera haber un patrón más bien pasivo, poco proactivo e improvisador. Sin embargo, cuando enfrentamos conflictos que nos ponen en peligro actuamos con fuerza, determinación y coraje, dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias.

Todo indica que, habitualmente, tenemos debilidades para manejar las crisis y fortalezas para enfrentar los conflictos. Es en esa zona tibia de nuestra cultura estratégica, entre crisis y conflicto, donde nos han maniobrado siempre nuestros vecinos argentinos. Es en esa misma zona tibia que se nos ha instalado el crimen organizado, el conflicto en la macrozona sur y la crisis migratoria en la frontera norte.

La gran pregunta es si se puede o no modificar la cultura estratégica. Pienso que sí, aunque es un proceso lento. De hecho, la nuestra, en mi opinión, ha sido hábilmente modificada por un sector político en las últimas décadas. Asimismo, la primera propuesta constitucional fracasada el año 2022, hubiera impactado a la larga nuestra cultura estratégica.

Volviendo entonces al pensamiento estratégico de nuestros líderes, si lográramos como país mejorarlo e incorporarlo en todos los niveles de acuerdo con lo ya dicho, podríamos modificar positivamente nuestra cultura estratégica, especialmente en la zona tibia (entre crisis y conflicto). Esto llevaría a que nuestros vecinos no dudarían en cumplir con los tratados firmados y la palabra empeñada hacia las autoridades chilenas. El crimen organizado y los inmigrantes ilegales pensarían dos veces antes de venir a cometer delitos en nuestro territorio, porque se encontrarían con un Estado firme y resuelto a hacer bien su trabajo, de acuerdo con el pacto social suscrito con sus ciudadanos que esperan seguridad a cambio de la libertad y recursos que le entregan.

ETIQUETADO:argentinachileEstrecho de Magallanespensamiento estratégico

RAMIRO NAVAJAS

Vicealmirante (r) – MA Defence Studies King´s College London Más de Ramiro Navajas

UNA DIPLOMACIA AL SERVICIO DE UN PARTIDO POLÍTICO

Por Humberto Julio Reyes

El título de esta columna puede parecer provocativo, peyorativo incluso, pero hace un par de días diversos titulares y declaraciones me llevaron a someterlo a la opinión del paciente lector.

Los cito textualmente:

“Diseño estratégico del FA en embajadas clave explica permanencia de Velasco”.

“Nos importa y nos parece bien, como a cualquier otro partido del oficialismo, contar con cuadros en el exterior que estén impulsando nuestras políticas”. Lorena Fries, Diputada de Convergencia Social.

Si yo no hubiera entendido el sentido de lo transcrito, un lector de El Mercurio, don Héctor Ducci, viene en mi apoyo:

Después de citar la declaración de la diputada Fries, señala que “Lo considero indignante. La ciudadanía cuenta con que los diplomáticos tengan como misión única el velar por los intereses de Chile y de todos los chilenos. Esos cargos no deben prestarse para avanzar agendas personales-partidistas.

El problema es pareciera que el interés nacional suele escapar a la comprensión de quienes promueven y nombran en dichos cargos a quienes no son profesionales formados en el servicio exterior y llegan a servirlos sin preguntarse siquiera si cuentan con las necesarias competencias, más allá de su militancia a algún partido político.

Cuando existen razonables dudas respecto al manejo del reciente incidente en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, donde pareciera haberse reaccionado con lentitud ante una información comunicada formalmente en abril, para terminar con una fuerte declaración al más alto nivel que podría haber sido innecesaria si se hubiera desplegado mayor diligencia y profesionalismo en los escalones intermedios, queda nuevamente en evidencia la debilidad de un sistema que no privilegia el empleo de funcionarios de carrera en los cargos de mayor responsabilidad.

Aclaro que el término funcionario de carrera debiera entenderse en sentido restrictivo y referido solamente a quienes han egresado de la Academia Diplomática de Chile y se han formado pasando por los diferentes grados y cargos. Quienes provengan de universidades o institutos, por meritorios que sean, debieran limitarse a proveer asesorías “en subsidio”.

Señalo lo anterior porque un reputado internacionalista, posiblemente pueda defender exitosamente a cualquier gobierno que contrate sus servicios, o ejercer con distinción en algún tribunal internacional, pero algo distinto es abrazar la defensa del interés del propio país con patriotismo y permanente dedicación.

Ojalá que en un futuro gobierno se ponga término o al menos se limite drásticamente la facultad de nombrar discrecionalmente a quienes tienen la responsabilidad de ejecutar la Política Exterior del Estado, no la de los partidos políticos.

22 de junio de 2024

El mejor Presidente que ha tenido Chile:

*Gritos que Sustituyen a la Razón*

Por Cristián Labbé Galilea

El camino para alcanzar el desarrollo integral de una sociedad pasa, necesariamente, por la importancia e impulso que ésta le asigne a la educación, pilar fundamental para construir un futuro de bienestar y progreso, beneficiando con ello no sólo a los educandos, sino a toda la comunidad.

Lamentablemente, esa verdad tan sabida y manida no se condice con lo que estamos viviendo… Una rectora que duerme en su universidad para que no se la tomen, y una alcaldesa que, ante el primer conflicto, en vez de poner orden amenaza con suspender las clases presenciales para hacerlas “online”.

Claramente estamos en presencia de una evidente falta de responsabilidad y de una carencia absoluta de autoridad. Irresponsabilidad, porque ambas autoridades, como en muchos otros casos que vemos a diario, no están cumpliendo con los deberes para los cuales fueron elegidas -dirigir sus organizaciones-, y ausencia de autoridad porque, ante la flagrancia de violaciones al orden y al derecho, prefieren… “mirar para el lado”.

Soslayando lo liceano, que ya topó fondo, sí preocupa que dichas situaciones ocurran en una de las Universidades mas prestigiosas nacional e internacionalmente. ¿Será posible que minorías ideologizadas “acampen” en el hall central de la Casa de Bello?… ¿Que los profesores deban ser “timbrados” para poder acceder a sus facultades?… ¿Que algunos campus permanezcan “tomados”?… Esto a vista y paciencia de todos, incluso de las autoridades del sector.

Si lo anterior no es violencia, desacato, negacionismo, cancelación, violación al derecho de quienes sí quieren estudiar, además de otros etcéteras, esta letrada pluma no sabría cómo definir la situación, excepto como total confusión de las autoridades entre autonomía y politización, tolerancia e inercia, pluralismo y retórica revolucionaria, libertad y libertinaje…

Al respecto, la Rectora, en su “chifladura” intelectual, sostiene que “las tomas eran comprensibles en el 2011 pero ahora no” … ¡OH my GOD¡

¿Cuál es la diferencia?, ¿que “los revoltosos de antes” ahora están en el Gobierno?, ¿que hay tiempos y tiempos para violar la ley?… Claramente la Rectora no entiende nada de nada, mientras su universidad está siendo “asaltada” por activistas radicales motivados por causas ajenas a esa casa de estudios.

Esas minorías que hoy tienen en jaque a la autoridad dicen obedecer a un movimiento GLONACAL (global, nacional y local) en circunstancia que sólo son unos pocos cuya representatividad está claramente en duda (véase las últimas elecciones de la FECH). La gran mayoría “no está ni ahí”; sin embargo, una vez más en nuestro país… “los gritos sustituyen a la razón”.

Por último, esta pluma, convencida que “ningún argumento se fortalece por la violencia”, se pregunta: ¿Cómo no va a haber entre nuestros intelectuales, docentes, o politólogos alguien que le salga al paso a estos “eruditos revolucionarios”, como lo hizo Raymond Aron en la revolución estudiantil de Francia, en 1968, enfrentando a los insurrectos, criticando sus anárquicas ideas, defendiendo -sin gritar, sólo con la fuerza de la razón- el valor de la libertad, la estabilidad democrática y el orden?

 Son unos depravados:

Fuera de la potestad legislativa

Por Gonzalo Rojas Sánchez 

La deliberación sobre el aborto es la puerta de entrada a una discusión mucho más amplia y decisiva (aunque, por cierto, para cada embrión eliminado, lo decisivo ya sucedió).

Y esa discusión es la más radical que pueda entablarse, ya que detrás de ella no hay ninguna otra. Es la pregunta sobre si existe algo respecto de lo que no se pueda legislar, si hay algo —sea lo que sea— que por alguna razón está “más allá de la ley humana”.

(Recuerdo haber oído en Derecho Comercial que hay cosas que están fuera del comercio humano. Por algo será, ¿no?)

Para abordar la respuesta, no se puede omitir la muy lúcida aportación de Julián Marías, publicada hace más de 35 años en este mismo medio, bajo el título de “Totalitarismo ‘legal’”.

Marías decía ahí que “si el Reichstag, después del triunfo mayoritario de Hitler, hubiese aprobado el exterminio de los judíos, lo que se llamó ‘la solución definitiva del problema judío’ eso hubiera sido igualmente monstruoso, sin sombra alguna de legitimidad” porque, afirmaba Marías, “ningún Parlamento, ninguna potestad, aunque sea legítima, aunque sea democrática, puede legislar semejante cosa”.

La clave de su texto está en la expresión “semejante cosa”, porque ¿existen, de verdad, “semejantes cosas” que están efectivamente fuera de la potestad democrática de legislar?

Las posibles respuestas a esta pregunta, obvio, son solo dos.

Habrá quienes sostengan que existen efectivamente algunas “semejantes cosas” —o al menos una— y que, por lo tanto, esas materias están fuera del ámbito legislativo. En la otra opción, por el contrario, se afirmará que en una democracia todo es discutible, que nada queda fuera de la potestad legislativa.

Por chocante que pueda resultar esta segunda alternativa, Gonzalo Vial nos hizo ver que hasta 1973 se practicó “la idea de que la mayoría podía hacer cualquier cosa con la minoría, mientras respetara las reglas del juego, las formalidades de la ley y, por último, las formalidades de la reforma de la Constitución”.

Más de 50 años después, la situación no parece haber cambiado, por lo que el anuncio del Presidente Boric sobre el aborto abre, de nuevo, la posibilidad de discutir a fondo el tema: ¿Será factible llegar al acuerdo de que existen “semejantes cosas” sobre las que no cabe la deliberación legislativa o esa recomposición de un consenso mínimo sigue siendo imposible en Chile?

En el transcurso de la discusión sobre esas dos alternativas, deben abordarse ejemplos muy concretos, deben tenerse presentes los casos más conflictivos. Porque lo que para muchos chilenos es inaceptable —la indefensión del embrión humano ante la fuerza destructiva de uno o más adultos—, tiene su correlato para muchos otros, por ejemplo, en la proscripción de una determinada ideología política y en la consiguiente penalización de su práctica y de su difusión.

Sospecho que unos y otros —aun estando en completo desacuerdo sobre la solución aplicable a cada uno de los casos concretos mencionados— esgrimirían el mismo argumento: sobre “semejante cosa” no existe la potestad de legislar.

La discusión, por cierto, no debiera reducirse a filósofos, juristas, sociólogos y otros humanistas, sino que debiera extenderse a la gente de la calle, a las personas “common and corrient”, según un amigo poco versado en inglés. Ahí, en la vida misma, seguramente afloraría el más arraigado sentido común, y oiríamos la sensatez de “esa línea no se cruza, por ese aro yo no paso, a otro perro con ese hueso”.

Cuánto ganaría la democracia en humilde eficacia si se reconociera signada por el principio de autolimitación, porque solo con él “podrá seguir existiendo la humanidad”, escribió Solzhenitsyn.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el miércoles 12 de junio de 2024.

“Carencia de todo tipo”. Esto es lo que quieren para Chile los izquierdistas ???

“¡¡¡Maravilloso !!! La Justicia tarda pero llega ,Claudio Crespo es INOCENTE…quedo ABSUELTO de TODO…@ClaudioCrespoG:

https://x.com/NenaGodoy8/status/1803132772757733411

Tribunal absuelve a Claudio Crespo por apremios ilegítimos en causa del “Día del Joven combatiente” de 2018

El ex uniformado era investigado por presuntamente atacar con una escopeta antidisturbios a un manifestante en la comuna de Huechuraba.18 de Junio de 2024 | 14:47 |

Por B.Olivares Nieto,.

El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago absolvió en fallo divido al ex carabinero Claudio Crespo, quien era acusado de apremios ilegítimos y otros delitos en un hecho registrado en el denominado “Día del Joven combatiente” en marzo de 2018.

Además, al ex uniformado se le acusaba de cometer los delitos de obstrucción a la investigación y detención ilegal. Según la querella, aquella jornada, un hombre recibió en su cara, boca y cuello el impacto de 11 de los 12 perdigones o postas contenidos en el cartucho utilizado por una escopeta antidisturbios.

Se acusó a Crespo de haber percutado el disparo cuando no existía riesgo inminente. Durante la emisión de un nuevo capítulo del programa Sin Filtro de ayer, Crespo señaló -respecto a la causa fallada hoy- que la Fiscalía había tomado “la decisión de no perseverar” tras un año de investigación. Sin embargo, en el contexto de las indagatorias por el caso de Gustavo Gatica “revive esta indagatoria” del 2018.

Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2024/06/18/1134125/en-fallo-divido-absuelve-crespo.html

DEFENSORES DE MAGALLANES, Por René Norambuena

Hace cuarenta y seis años Argentina no acató un fallo internacional sobre la posesión de las Islas Picton , Nueva y Lenox y procedió a decretar la movilización de su país para que sus Fuerzas Armadas conquistaran esas zonas australes en 1978. Por ese motivo estuvimos un año desplegados en posiciones defensivas para evitar el ataque de nuestros vecinos con centro de gravedad en Magallanes . Los integrantes de las Fuerzas Armadas apegados a nuestro patriotismo y dispuestos a cumplir con nuestro juramento soportamos las difíciles inclemencias del clima y pese a saber de la superioridad numérica y medios del país vecino estábamos dispuestos a rendir nuestras vidas por nuestro territorio , nuestros mares y nuestra población civil .

En estos últimos años nuestros vecinos pareciera vuelven a repetir sus deseos por la Patagonia y Antártica mostrando mapas con una proyección antártica que no es la real y que perjudica notoriamente la posesión y proyección chilena siendo tal su interés por esa región y proyección, que están construyendo un puerto común con Estados Unidos en Ushuaia , este año también adquieren aviones de combate para su supuesta defensa territorial y otras naves especiales para operaciones en el continente Antártico. Hoy curiosa y casualmente en la boca oriental del estrecho y violando varios metros el límite fronterizo con nuestro pais , instalan en nuestro territorio elementos para reforzar un punto de avanzada argentino en la Patagonia. Los veteranos que integramos las Fuerzas Armadas de Chile en mil novecientos setenta y ocho y que cumplimos nuestra misión sagrada , ya más viejos , enfermos , procesados y otros privados de libertad , lo que más deseamos en el crepúsculo de nuestras vidas es que jamás se entregue o se pierda un centímetro de nuestro territorio que tanto amamos y tanto nos ha costado mantener . Con los países limítrofes que tenemos no hay que creer en casualidades .

René Norambuena Veliz
General (R)

Publicado por DiarioChile

Un Diputado legislando con la verdad y la lógica del deber ser:

Algunas verdades que se ocultan:

¿Se puede confiar en la Corte de Apelaciones?

Señor Director:

Para aquellos que no somos expertos en Derecho, entender el proceso judicial puede resultar complicado. Sabemos que existen tres instancias clave: el primer fallo, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Sin embargo, cuando un ministro en visita extraordinaria, como el señor Álvaro Mesa Latorre, forma parte de los seis ministros que componen la Corte de Apelaciones de Temuco, ¿podemos esperar un fallo diferente? ¿Existe la posibilidad que la misma persona reconozca un error en su actuación inicial y busque corregirlo?

En estos días estamos presenciando el caso del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, donde se ha establecido la minuta que existe una “persecución política” y que se espera que la Corte de Apelaciones revoque la prisión preventiva. Tanto la defensa del señor Jadue como sus compañeros del Partido Comunista, confían en la Corte de Apelaciones. ¿Por qué no habría de hacerlo yo? Hace tiempo atrás, la empresa The Not Company logró que la Corte de Apelaciones de Valdivia revocara el primer fallo en la denominada “Guerra de la Leche”. Notco confió en la Corte de Apelaciones y obtuvo un resultado favorable. ¿Por qué no debería confiar yo también?

Hay un caso, que lejos de ser emblemático, no me deja confiar y es el que involucra a militares acusados por hechos ocurridos en Angol hace más de 50 años. Aunque no suelo desconfiar, este caso en particular plantea tres motivos principales por lo que me resulta difícil confiar en las instituciones:

(1) En derecho existe el principio de “cosa juzgada”, que establece que un juicio ha quedado definitivamente resuelto, impidiendo de esta manera que se pueda interponer nuevamente una demanda o recurso sobre el mismo caso. Este caso fue resuelto el año 2005 por la Corte Suprema donde se condenó al autor de los crímenes luego de su confesión. El año 2013 se reabrió el caso (tiendo a recordar la persecución política que reclama la defensa de Jadue) y se designó como ministro en visita al señor Álvaro Mesa Latorre, quien después de un proceso cargado de sesgos e imparcialidades, condenó en primera instancia, como autores de delitos de homicidios a siete oficiales y un soldado conscripto.

Ministro Alvaro Mesa Latorre

(2) Las instituciones creen que las personas reviven o que se les puede dar muerte dos veces o al menos no se respetan los fallos de forma jerárquica, ya que la Corte Suprema “se supone” que es la entidad que tiene la última palabra. Un juez de esta corte falla de una forma un año, pero años después un subsecretario del Interior, sin respetar la autonomía ni independencia de los poderes del Estado, decide hacer justicia a su manera reabriendo un caso para luego designar a un juez para que vuelva a investigar.

(3) Este proceso me recuerda la serie Game of Thrones, cuando uno de los personajes, Ned Stark, dice: “El hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada”. Obviamente él era un señor feudal y todos sus súbditos le debían pleitesía, pero hoy, año 2024 en Chile no puede ser posible que la persona que investiga es la misma que juzga y que además forma parte de la Corte de Apelaciones. Suena bastante irreal y ficticio, quedaría nada más que sea promovido a la Corte Suprema y sea quien falle en la última instancia.

Quiero creer y prefiero confiar, por eso apelo a que la presidenta de la Corte de Apelaciones de Temuco, doña Adriana Aravena, revisará detenidamente este caso y tomará en cuenta todos los antecedentes antes de emitir un fallo en derecho.

Con esto, no pierdo la esperanza que mi padre, una persona con más de 70 años que no representa ningún peligro para la sociedad, pueda vivir su último tiempo junto a su familia.

Rodrigo Tisi

 2 Comentarios

1. Carlos Souper Quinterosdice:

17 junio, 2024 en 23:27

Dios lo lea y lo escuche amigo y que toda esta locura tenga un final justo. Para no transmitir malas vibras, me voy a abstener de opinar sobre mi grado de confianza y esperanza. Suerte, un abrazo

2. Humberto Julio Reyes dice:

18 junio, 2024 en 09:08

Concuerdo en que exista una duda razonable respecto al fallo de la Corte de Apelaciones pero eso ya debiera ser algo habitual en estas causas. En todo caso y sin ser tampoco experto en derecho, entiendo que el ministro de fuero no integra la sala en este segundo fallo. También le deseo mucha suerte y que se imponga la recta justicia.

Publicado por El Líbero

EL DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL ES UN DERECHO HUMANO

Sr Director:

El INDH se ha querellado en una derivación de la causa llamada “Topógrafo” usando un informe de extracción de comunicaciones entre el ex ministro Poblete y varias otras personas elaborado por la PDI, que ese organismo, sus consejeros y un medio de comunicación tenían en su poder varios días antes al que se dio a conocer con una interpelación al ex ministro Mario Desbordes, pero sin haberlo hecho llegar a este abogado defensor, que lo recibió la tarde anterior a la audiencia de revisión de la medida cautelar que pesa sobre el Gral. (r) Shafik Nazal, imputado en dicha causa. Supimos por dicha publicación de la existencia del informe policial, a pesar de pedir regularmente actualización de la carpeta fiscal.

Se ha hecho  usual que la multiplicidad de querellantes institucionales con el mismo objeto central de persecución penal que la Fiscalía -CDE, INDH, municipios, servicios, etc. que luego deben defender el bolsillo fiscal cuando retruquen indemnizar a quienes representan- se acompañe de profusas filtraciones de antecedentes de las causas antes de una formalización o de una revisión de medidas cautelares, que buscan claramente afectar la posición de algunos litigantes, dejándolos en notoria desigualdad de armas e inferioridad numérica en los debates, que muchas veces se ven subsidiados por esas filtraciones previas más que por la macicez de sus estrategias o por las evidencias. Sume usted que rara vez los tribunales los excluyen por “sobre abundantes”.

Esta práctica debe ser reprochada, porque es un atentado gravísimo al núcleo del debido proceso y a la igualdad de armas procesales, y se endereza como una clara deslealtad del Estado y de los intervinientes frente al justiciable, sea cual fuere su credo, raza, identidad o ideario político, ya que con ese “acompañamiento” institucional indebido, el derecho fundamental al proceso racional, justo y honesto del que comparece sólo ante la audiencia plural de acusadores acompañados con el mismo objeto no tiene importancia alguna, y sólo sirve para alimentar estrategias o agendas paralelas extra juicio. Donde la ley no otorga competencias expresas, estas no se pueden inventar.

Juan Carlos Manríquez R. Abogado, LLM Counsel Before the International Criminal Court (ICC), The Hague, The Netherlands

 1 comentario

1. Carlos Souper Quinterosdice:

17 junio, 2024 en 23:39

Así es abogado, una fiscalía trucha, qué decir del CDE y peor aún de ese antro comunista del INDH. Pero todo lo descrito es casi puro, si ud lo compara con la inmundicia y cinismo del sistema penal antiguo, con el cual se hace el show de juzgar en debido proceso e imparcialidad a militares en contexto de los maliciosamente llamados delitos de lesa humanidad, tipificados en Chile sólo a partir del año 2009……

Publicado por El Líbero

Sin duda el INDH es y ha sido un órgano de maniobra de la extrema izquierda, que se ha sumado a la ilegítima persecución contra militares los cuales nunca han tenido un debido proceso, partiendo por el hecho de ser juzgados en un sistema ya eliminado en Chile desde hace muchos años, porque, entre otras situaciones, NO GARANTIZABA EL DEBIDO PROCESO.

Querellas institucionales y debido proceso

Por Humberto Julio Reyes

Recientemente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se ha hecho parte en un proceso en calidad de querellante, lo que, a primera vista, no debiera constituir noticia.

Sin embargo, autoridades y particulares han cuestionado su pretensión, aunque el respectivo tribunal de garantía ha declarado admisible su querella.

El argumento central para intervenir en un proceso iniciado por la fiscalía y donde le correspondería hacerse parte al Consejo de Defensa del Estado, es que lo haría para cautelar un derecho humano que podría ser vulnerado por un juez parcial.

Aclaro que lo que se está investigando es el eventual tráfico de influencias en un nombramiento judicial y no un fallo donde se presuma un sesgo de parcialidad como para alegar la violación del pretendido derecho humano.

Un ex presidente del tribunal constitucional señala que dicha querella viola los principios de competencia y especialidad y que el acuerdo del INDH debiese ser declarado nulo por cualquier tribunal de la República y, por su parte, el ministro de Justicia ha declarado no comprender la justificación jurídica de la querella, pero la directora de dicho instituto se mantiene “en sus trece”.

Para no aburrir al paciente lector, no entraré en detalles respecto a la forma en que se logró aprobar en el consejo del INDH la presentación de la querella, ni a quien apuntaría esta acción. Todo está en la prensa y se cruza con las próximas elecciones municipales por Santiago-Centro.

Lo que yo rescato es escuchar, por primera vez, que nos asiste el derecho a reclamar una justicia imparcial, en tanto derecho humano.

¿Qué dirían a esto los cientos de ex uniformados procesados y condenados por jueces que no han ocultado su absoluta parcialidad y que siguen siendo objeto de negación de derechos, lo que agrava sus condenas?

¿Podrían ellos o sus abogados recurrir al INDH para que se hiciera parte en sus procesos, pero como defensor y no como el habitual querellante?

Como creo no pecar de ingenuidad, asumo que, al igual como alambicadamente se ha justificado esta querella, en la misma forma se buscarían rebuscados argumentos para rechazar hacerse parte en aquellas donde el sesgo de las sentencias está a la vista y que han sido expuestas en los medios últimamente.

Dejo la inquietud, junto con excusarme por abordar un tema recurrentemente planteado y que puede hacerme parecer monotemático: en los procesos de derechos humanos no se pide impunidad, sólo justicia justa.

16 de junio de 2024

Justicia militar para militares y policías

En épocas en que se discute la posibilidad de que vuelvan a la calle, las FF.AA. y las policías toman nota de la forma en que paga Chile a los que han debido cumplir órdenes o simplemente tienen el pecado de haber sido militares o carabineros en la época equivocada.

por Richard Kouyoumdjian24 abril, 2024

Ha quedado claro para muchos que, de no haber cambios en la situación de seguridad interna, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan que tomar un rol más activo es cada vez más real, y es por ello por lo que debemos ver qué cosas hay que arreglar si es que su uso llega a ser requerido.

La equivocada estrategia del gobierno en materia de seguridad que coloca los acentos en ejes que no necesariamente tienen impacto o no aplican a la realidad local, como es el caso de infraestructura crítica no habiendo amenazas terroristas que la pongan en riesgo, o de reglas de uso de la fuerza -que buscan impedir su uso por parte de agentes del Estado-, olvida resolver lo que es el problema principal de cara a poder usar efectivamente la fuerza de las armas que está en manos de militares y las policías.

El problema al que me refiero es la justicia que reciben los militares y policías cuando actúan como agentes del Estado en labores de seguridad interior como las que se generan en estados de excepción constitucional, las que se podrían dar bajo el concepto de infraestructura crítica o toda vez que deben actuar en contra del crimen organizado, insurgentes, terroristas, violentistas y revolucionarios como son por ejemplo los que actuaron en octubre del 2019.

Entendiendo que nadie está por sobre la ley y que la ley debe ser justa, se acepta que sea ciega, pero que en ninguna circunstancia pierda su esencia de ser justa y darle a cada uno lo que le corresponde, incluyendo por cierto a militares y policías que actúan por cuenta y bajo órdenes del Estado de Chile, su Presidente o quienes pertenezcan legalmente a la cadena de mando.

Lamentablemente la justicia militar no tuvo su mejor desempeño durante el gobierno militar, razón principal por la que en tiempos más recientes se haya limitado mucho su campo de acción. Esa reducción es la que deja fuera de su ámbito los casos en que se vean involucrado civiles, sean actuales como son los casos de Robledo, Crespo o los infantes de marina que tuvieron que actuar en Cañete en el 2021, o bien casos antiguos del 73 en que hay jueces designados para investigar y dictar sentencia bajo el antiguo sistema procesal penal.

Puede que las autoridades de la época hayan visto lo anterior como necesario, pero la verdad es que en lo actual el sistema falla, así como también en los casos de casi 50 años de antigüedad.

Me parece que nadie tiene dudas de las injusticias sufridas por Robledo o Crespo, o las que puedan afectar al general Yáñez, o al carabinero acusado por el caso del puente Pío Nono. Todos son ejemplos de la actuación de militares y policías en que el Estado de Chile les ha ordenado intervenir objeto restablecer el Estado de Derecho, siendo ellos acusados por hacerlo con demasiada fuerza o detrimento de los derechos humanos de los victimarios, olvidando que a ellos los atacaban, o bien debían disponer de las fuerzas que se hacían cargo del problema, como era el caso de los principales mandos de Carabineros del 2019 a los que las autoridades políticas dejaron en el más completo abandono, y con los cuales algunos de la ultraizquierda se quieren festinar.

Evidentemente esos casos recién nombrados, así como los que indicaré a continuación de épocas más pasadas habrían sido mejor atendidos por justicia militar, que se especializa en los casos que involucran a militares y policías, y que al igual que cualquier otro tribunal en Chile, tiene la supervisión de instancias superiores, ya que por un lado está la Corte Marcial (integrada por una mayoría de ministros de corte de apelaciones), y por sobre ella, la Corte Suprema, lo que quita los argumentos de falta de independencia y de 100% militarizados que algunos le asignan con el fin de quitarles mérito y que vuelvan a ser usados para casos en que hay civiles involucrados.

En columnas anteriores podrán encontrar más detalles de los casos del soldado conscripto Robledo y del teniente coronel Crespo. Estos son casos actuales que están siendo manejados entre el Ministerio Publico y tribunales civiles, a diferencia de un caso de octubre del 73 ocurrido en Angol, en que lamentablemente murieron dos jóvenes y que involucra a trece militares de la época, de los cuales dos eran soldados conscriptos que hacían su servicio militar.

Este era un caso ya juzgado, en que se había condenado al que era el segundo comandante del regimiento Húsares, quien fue el que dio la orden de matarlos y estaba confeso. Posteriormente en el 2005 la Corte Suprema amnistió al condenado por estar prescrito su delito.

Por alguna razón bajo el primer gobierno de Piñera muchas causas de este tipo fueron reabiertas, y quizás ello podría haber sido lógico en otros casos, pero no en este, en el cual ya había un claro responsable que estaba juzgado y condenado. Las reaperturas no se hicieron bajo la justicia militar. Se hicieron asignando casos a ministros en visita que operaban bajo el sistema de justicia antiguo en que el magistrado investiga, procesa y dicta sentencia, en clara ausencia del debido proceso.

De los 13 a los que se les condena en octubre del 2023, sólo dos tuvieron una participación directa, ya que fueron los que dispararon, pero dicho eso, eran un cabo y un soldado conscripto cumpliendo órdenes, por lo que se les debiera eximir del caso.

Los otros 11 no tienen culpabilidad alguna en las muertes de los jóvenes, condenarlos a su edad, más de 50 años después, por algo que no son culpables y en donde el mando asumió la responsabilidad no suena muy justo, para nada justo. Es mandarlos a morir a la cárcel.

Las Fuerzas Armadas y las policías del Chile actual observan estos casos y los más recientes ocurridos cuando han debido poner orden a los desórdenes, estallidos y revoluciones, o bien cumplir órdenes superiores. En épocas en que se discute la posibilidad de que vuelvan a la calle, toman nota de la forma en que paga Chile a los que han debido cumplir órdenes o simplemente tienen el pecado de haber sido militares o carabineros en la época equivocada.

Es de esperar que en algún minuto vuelva el sentido común y todos los casos en que militares y policías actúan como agentes del Estado de Chile, y en que se determine que debe actuar la justicia, sea la justicia militar la que actúe, ya que la que se está usando actualmente parece no estar dando garantías de justicia, transformando a los buenos en malos, condenando a personas como el general Cheyre por estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto, o que es incapaz de demostrar compasión y clemencia con personas que están entrando a la cuarta edad, encarceladas o pronto a serlas, por casos en que no son responsables o bien sólo son culpables de cumplir órdenes superiores.

Para cerrar, espero que esta columna dé esperanzas a los que están siendo afectados por la injusticia y sufriendo el pago de Chile. No están solos y somos muchos los que queremos que reciban justicia y un trato digno.

Enrique Slater @slater_enrique

Muy claros planteamientos, con respecto a la situación que viven militares y policías, producto de procesos ya cerrados e ilegalmente reabiertos. Lo más grave, es que el Estado y en particular el Poder Judicial, permite que esto ocurra.

Justicia militar para militares y policías – El Líbero

De ellibero.cl

Cunde la preocupación ante una grave situación de Chile en sus relaciones internacionales, en cuyo marco el gobierno no esta defendiendo los intereses nacionales:

El día del Padre

“Esto es tortura”

A propósito de la columna del martes 11 de junio de 2024, en la Tercera, cual se informa respecto de la acción de amparo de los internos del CCP de Punta Peuco contra la medida de Gendarmería de restringir drásticamente el enrolamiento de visitas a sólo 10 personas, y el titular de su periódico que pone énfasis en que para los internos amparados “esto es tortura”, me permito hacer dos reflexiones:
Primero, el inciso 3° del artículo 150 A del Código Penal, tipifica una serie de conductas que cabrían dentro del concepto de “tortura”, entre las cuales, por cierto, se circunscriben los hechos descritos en la acción de amparo impetrada.
Segundo, este titular ha sido descontextualizado en ciertas redes sociales, dando a entender que los internos del CCP de Punta no tendrían derecho a alegar “tortura”, habida cuenta la entidad de los delitos por los cuales han sido condenados.
Están equivocados quienes creen que estas personas privadas de libertad deben “soportar calladitas” el maltrato del Estado, sin hacer valer sus derechos.
Son los tribunales de justicia los únicos entes encargados de poner las cosas en su lugar y afirmar -con sus fallos- el valor de la dignidad humana y el de la inviolabilidad de la persona. Mientras ello ocurra, reinará el Derecho, y por qué no decirlo, habrá esperanza (Isaías 61:8).

Carla Fernández Montero
Abogada, Derecho Penitenciario

Justicia carcelaria.

Carla Fernández Montero

14 de junio de 2024

En un reciente fallo unánime (rol amparo n° 17.856-2024), la Segunda Sala de la Excma. Corte Suprema confirmó la sentencia también unánime de la Tercera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel (rol amparo n° 321-2024), que acogió la acción de amparo de 15 internas adultas mayores y con enfermedades crónicas del CPF de San Joaquín, condenadas por causas de DDHH.

El fallo de alzada en su parte resolutiva declaró, cito: “Séptimo: Que, en tales condiciones, la decisión de modificar el régimen que regulaba las visitas de las recurrentes hasta el mes de marzo inclusive resulta ser ilegal desde que no tiene en cuenta las normas constitucionales aludidas por la recurrente y afecta un aspecto de la libertad ambulatoria y seguridad individual de las internas en el recinto penitenciario, lo que lleva a acoger el presente recurso”. (énfasis agregado)

El destacado profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Harvard Adrian Vermeule dijo: “El poder de los jueces se basa en su legitimidad y en la percepción pública de que están siguiendo las normas”. (EL MERCURIO, 19/05/2019). Ahora bien, ¿cómo se materializa en nuestro Derecho esta directriz jurídica que nos recuerda este destacado académico?

En nuestro sistema jurídico, los jueces no son libres para interpretar la ley del modo que les parezca más adecuado al caso al cual se aplica, y para dicha labor están obligados a seguir las pautas, en un primer paso, fijadas por el Código Civil (arts. 19 a 24) preceptos que establecen el marco donde su proceso de reflexión debe transitar necesariamente. Pero, además, los jueces deben complementar esta labor hermenéutica con la verificación de que sus conclusiones sean coherentes con diversos principios jurídicos, como el principio de vigencia, el principio de unidad sistemática, y en la especie, el principio jerárquico, que impide interpretar una norma de manera incompatible con el texto y espíritu de la Constitución.

En la medida que los adjudicadores vayan cumpliendo con esta dinámica virtuosa -que enaltece el Derecho- en sus diversos fallos sobre un determinado asunto sometido a su conocimiento, se irán creando las denominadas “reglas judiciales”, que no son otra cosa que mejores razones que a lo largo del tiempo traen consigo un enriquecimiento de la jurisprudencia permitiendo con ello soluciones más justas. ¿Por qué es importante esto?

Porque días antes de dictados los dos fallos mencionados más arriba, la misma Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, en un fallo (rol amparo n° 16.535-2024) había confirmado la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago (rol amparo n° 992-2024), que acogió la acción de amparo de los internos del CCP de Punta Peuco, referido a la misma materia de regulación del régimen de visitas.

Hoy la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, está nuevamente llamada a decidir sobre una nueva vulneración al régimen de visitas de los internos de Punta Peuco (rol amparo n° 1.635-2024), debido a que Gendarmería de Chile decidió de manera arbitraria e ilegal, restringir drásticamente la cantidad de personas que pueden ser enroladas por interno en calidad de visitas, fijando de manera arbitraria un número máximo de 10 personas, colocando a los internos en la disyuntiva dramática de tener que elegir entre familiares y seres queridos que deben ser “eliminados del sistema de enrolamiento penitenciario” y quienes no, acotando la visitas a su círculo más íntimo.

De prosperar esta medida de Gendarmería -desproporcionada, arbitraria e ilegal- los internos del CCP de Punta Peuco -la mayoría ancianos de la cuarta edad- no podrán ver nunca más a nietos, hijos, amigos, camaradas de armas, etc., y esto porque el administrador penitenciario decidió que sus listas de enrolamiento debían ser minimizadas al máximo, arguyendo, por ejemplo, que la capacidad del penal no da para más de 10 visitas por interno, cuando es de conocimiento público que por disposición del artículo 49 del Estatuto penitenciario, no pueden ingresar más de 5 personas simultáneamente por visita. Es decir, cualquiera sea el número de personas enroladas como visita, 50, 100, 200, etc. siempre podrán ingresar 5 como máximo simultáneamente. También argumenta Gendarmería para avalar esta absurda medida razones de “igualdad”, “abuso”, desviación de fin” o “ausencia de perjuicio real”, cuando no es cierto que esta limitación de enrolamiento se aplique a las cárceles de todo el país (lo que muy probablemente por el tipo de población penal, llevaría a un motín); tampoco es cierto que exista un “abuso” del enrolamiento, como si le molestara a Gendarmería que los internos tengan amplias redes sociales de apoyo (¿acaso le gustaría verlos lo más solos posible?); también es falso esto de la “desviación de fin”, a tal punto, que Gendarmería no trepidó en atacar directamente a esta abogada y vulnerar su privacidad, publicando el enrolamiento que mantengo respecto de varios internos del CCP de Punta y del CCP de Colina 1, señalando respecto de mis visitas que: “pues es imposible distinguir cuando ingresa a hacer su labor profesional, o cuando solo desea “compartir un rato” con sus clientes”. Más allá de la connotación que el abogado de Gendarmería pretendió darle a su relato, y su evidente falta de delicadeza con una mujer y manifiesta muestra de machismo soterrado, la verdad es que Gendarmería no tiene porque estar al tanto si yo como visita acudo en calidad de abogada o de conocida o de amiga de estas personas. Eso es una invasión a la intimidad no autorizada por el Derecho. Finalmente, tampoco es verdad que “no exista un perjuicio real” con esta medida para los internos, ya que como se indicó, acotar su círculo de visitas a sólo 10 personas, y eliminar el resto, para ancianos con enfermedades crónicas y algunos terminales, la sola posibilidad de dejar de ver para siempre a nietos, bisnietos, familiares o amigos queridos, resulta insoportable de aceptar, y por ende, hace más difícil las condiciones carcelarias y sobrellevar su encierro de una manera acorde a su dignidad y condición de salud.

Las últimas acciones de Gendarmería de Chile en contra de mujeres y hombres condenados por causas de DDHH, demuestra que el administrador penitenciario no se está tomando en serio su labor, ni tampoco los derechos de los internos. Ello es grave, pero más grave sería si nuestros tribunales de justicia no hubieran corregido este actuar arbitrario e ilegal, y afirmado con sus fallos el valor de la dignidad humana y el de la inviolabilidad de la persona humana.

Carla Fernández Montero

Abogada, Derecho Penitenciario

Enrique Slater @slater_enrique

La venganza e injusticia, hacia los uniformados que debieron emplearse por la libertad de Chile, durante la crisis de 1973, continúa. Ahora, no basta con condenarlos: hay que hacer más difícil, para los ancianos y familiares, su permanencia en la cárcel.

diarioconstitucional.cl

Justicia carcelaria. – Diario Constitucional

En la medida que los adjudicadores vayan cumpliendo con esta dinámica virtuosa -que enaltece el Derecho- en sus diversos fallos sobre un determinado asunto sometido a su conocimiento, se irán creando…

Un saludo muy especial en este a todos los padres Prisioneros Políticos Militares que se encuentran injustamente recluidos o procesados.

ONGCREN

Lo que la prensa no muestra ni comenta. Y este es solo un regimiento entre muchos en acción:

¿Justicia?

Óscar Aranda, ex director de Inteligencia de la Armada: “Es preocupante la laxitud de la Cancillería frente al tema argentino”

Marcelo Soto

Armada.

Ex director de Inteligencia de la Armada y empresario ligado al rubro aeronáutico, Óscar Aranda, dice que la polémica por la construcción de un puesto de Argentina en la boca oriental del Estrecho de Magallanes no es menor, pues revela pretensiones geopolíticas de Buenos Aires que contradicen los tratados entre ambos países. Además, considera que España no puede sustituir a Israel como proveedor de armas y que el grave traspié del  embajador es que se le nombró pese a que no es idóneo para el cargo.

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-El embajador Velasco ha sido criticado por proponer que España venda armamento a Chile, considerando los problemas con Israel. ¿Es un error grave?

-España es históricamente un proveedor de armamento a Chile, desde pistolas hasta submarinos. Pero la relación que tiene en defensa Chile con Israel, que ha demostrado ser un proveedor confiable, está basada en un nicho de sistemas de armas de tecnología de punta, que España no tiene. Por lo tanto, pretender que podemos sustituir el nicho que ocupa Israel en las Fuerzas Armadas de Chile, por ejemplo, en sistemas de guerra electrónica para aviones, es un error. La modernización de los aviones F-5 se hizo con tecnología israelí. Eso no lo puede hacer España. Eso lo que refleja, básicamente es ignorancia en el tema.

-¿Del embajador? 

-Claro, lamentablemente. El embajador hizo una declaración inapropiada sobre un área que él no conoce. Es otra muestra de falta de idoneidad de nuestro embajador en España. Porque le falta prestancia y oficio para el cargo.

-¿La tecnología israelí es superior a la española?

-Son nichos tecnológicos distintos. España fabrica portaaviones, pero no fabrica los sistemas de misiles con que cuenta Israel que interceptan los cohetes que lanzan los terroristas en los ataques.

-¿Por qué dices que la relación con Israel era confiable? ¿Acaso con otros países no es así?

-Lo que pasa es que, como recordarás, independiente de la opinión que uno pueda tener sobre el gobierno militar, Israel continuó proveyendo armas cuando Chile pasó por crisis vecinales en la década de los 70 y los 80. Fue de los países que le continuó vendiendo sistemas de armas junto con Francia. Países como Estados Unidos, Inglaterra, dijeron que no.

-¿Cuál es la responsabilidad del Gobierno de Chile?

-Hasta aquí la responsabilidad que le cabe al gobierno es nombrar gente no idónea en los cargos. Lo que cabe recalcar es que España e Israel son proveedores de sistemas de armas, pero en segmentos distintos. Por lo tanto, difícilmente puede España sustituir a Israel. Segundo, que tenemos un embajador que por falta de oficio y de prestancia emite declaraciones inapropiadas para el cargo.

-¿Qué piensas sobre la construcción de un puesto argentino en la boca del Estrecho de Magallanes?

-En el tema del Hito 1, afortunadamente cuando construyeron este puesto de control los argentinos fueron poco prolijos. Pusieron unas placas fotovoltaicas (para energía solar) en lo que es el territorio chileno. Y eso puso en evidencia la construcción de este puesto de control. Lo preocupante no es que hayan puesto la placa en territorio chileno, porque la verdad son unos metros y es irrelevante. Lo grave es por qué están construyendo un puesto de observación y control en la boca oriental del Estrecho de Magallanes.

-¿Con qué motivo?

-El motivo es ejercer observación y control… Este error puso en relevancia una situación, relacionada con las constantes geopolíticas que explican el comportamiento argentino. Primero, Argentina mira hacia el sur. Porque hacia el norte está contenido por Brasil. No hay una posibilidad de crecer, de expandirse, de incrementar su esfera de influencia hacia el norte, donde Brasil hace lo mismo, porque hay un área de roce donde hay pequeños estados satélites que amortiguan que son Uruguay y Paraguay y Bolivia.

La segunda clave es que para los argentinos lo fundamental no es la palabra empeñada, ni los tratados internacionales ni la amistad, sino que lo más importante es el interés nacional.

-¿Qué episodios comprueban tu tesis?

-Argentina firma con Chile un tratado para que la reina Isabel en un laudo decida de quién es el Canal Beagle. Cuando no les gustó el resultado del laudo, lo declararon nulo. Luego, Argentina firma con Chile un tratado para vender gas. Y no lo cumplió en algún momento. Porque su interés nacional va por otro lado. En Argentina, la política interna se refleja en acciones de política exterior. Cuando tenían un problema con el gobierno militar, invadieron Las Falklands. Y en Buenos Aires probablemente pensaron: “Estamos pegándole un apretón financiero importante al país. Bueno, hagamos cosas en otros ámbitos internacionales”.

-Es decir, ¿tiene un trasfondo político?

-Claro. El Tratado de 1881 declara que el Estrecho de Magallanes es chileno. Sin embargo, ya en la primera mitad del siglo 20 hubo pensadores argentinos, que empiezan a desarrollar la teoría de que si bien el Estrecho es chileno, la puerta del Estrecho es de Argentina. Por lo tanto, el control del Estrecho tiene que ser de ambos países.

Esa teoría geopolítica argentina se plasmó por primera vez en forma oficial recién el año 2021. Argentina emite el Decreto 457, donde dice que es fundamental continuar fortaleciendo el control conjunto del Estrecho de Magallanes. Eso provocó una nota de protesta de Chile. Y por vías diplomáticas, Argentina se comprometió a corregir el decreto 457, lo que no hizo.

-¿Qué es lo que pasa ahora? 

-Pasa que por primera vez, una estrategia declarativa se materializa en un hecho concreto. En la construcción de un puesto con el cual Argentina avanza hacia implementar su teoría del control conjunto de la boca oriental del Estrecho.

Llama la atención que eso haya sido construido a metros de la frontera. Pero nadie hizo nada hasta que estaba todo instalado. Es preocupante la laxitud de la cancillería frente al tema argentino. Con Argentina somos naciones hermanas, pero los hermanos también tienen problemas. Sobre todo cuando se trata de repartirse bienes. Dicen que a los hermanos uno los conoce en la herencia.

Y la verdad es que gracias a Dios, cruzaron el límite, porque de esta manera se puso en relevancia el tema de fondo. Es un paso más que desarrolla Argentina pasando de lo declarativo y teórico a lo concreto, hacia el control compartido del tráfico. Lo que significaría desconocer lo que está estipulado en el Tratado de 1881 y que además fue reiterado en el artículo diez del Tratado de Paz y Amistad del 84.

-¿Falta una una reacción más enérgica de Cancillería o del Gobierno de Chile?

-Lo importante es que en esta oportunidad se salvaguarde el interés nacional y se le exija a Argentina abandonar su pretensión de un control compartido de la boca oriental del Estrecho de Magallanes, porque eso se aparta de lo que Argentina y Chile han firmado en varios tratados.  Independiente de que ponga un puesto, que lo pueden hacer en forma soberana donde quieran.

Hay que seguir los buenos ejemplos:

Jueces, notarios, políticos y diplomáticos en un solo cambalache:

¡*Bueno el Cilantro… pero no pa’tanto!*

Por Cristián Labbé Galilea

Siempre la lluvia se ha considerado una bendición, desde chicos nos enseñaron a cantar /que llueva que llueva/ la vieja está en la cueva/ los pajaritos cantan/ … Pero la que ha caído en estos días más parece maldición, porque el chaparrón que se nos ha dejado caer debiera ser visto como un “téngase presente”, “una evidencia” sobre la extrema pobreza en que viven muchos compatriotas.

Es cierto que pocos fenómenos meteorológicos generan tanta magia como la lluvia; musa de poetas y artistas de todas las épocas, la lluvia despierta tranquilidad, armonía, e invita a reflexionar pero, como advierte el refrán, “lo poco agrada, lo mucho enfada”.

Cómo no, si irrita ver los niveles de extrema pobreza a los que hemos llegado. ¿Cuándo habíamos visto tanta miseria, tantos campamentos, tantos rucos, tanta gente en situación de calle? Ni que decir de quienes aún esperan soluciones a pasadas catástrofes; claramente el país va “marcha atrás”.

Algún ecléctico contertulio pensará que no hay motivo para extrañarse, porque la naturaleza cada cierto tiempo nos exterioriza su poder. Es cierto, se desbordan los ríos, las marejadas arrasan con lo que pillan… pero el problema es otro: desde hace tiempo las autoridades, y en especial la sociedad política, se desenfocaron, perdieron el norte; para ellos la pobreza dejó de ser prioridad, la prioridad son ellos.

La falta de recursos será siempre un argumento a esgrimir para explicar por qué no se hacen las cosas, pero en nuestra realidad la falta de recursos tiene dos explicaciones: el nulo crecimiento que experimenta el país, y la nula gestión pública, especialmente en materia social.

Del crecimiento ni hablar. Las señales que recibe a diario el mundo de las inversiones son confusas y poco atractivas; en cuanto a lo social, el foco se cambió a financiar proyectos que apuntan a agendas ideologizadas y políticamente rentables en el corto plazo.

Precisamente en estos días hemos sido testigos de la millonada de pesos que el Estado gastó en las elecciones Primarias recién pasadas, amén del gasto en los fallidos procesos Constituyentes. Ahora los partidos políticos se frotan las manos para recibir los adelantos que el Fisco les hará en agosto para que enfrenten las elecciones de Octubre… Millones y millones que debieran haber ido al sector social.

Además, estas primarias que los contribuyentes han debido financiar no son más que desencuentros dentro de las coaliciones políticas. ¿No hay mecanismos más modernos y económicos para dirimir sus conflictos internos? ¿Por qué no los financian las mismas coaliciones? ¿Por qué comunas como Lo Barnechea reciben recursos, mientras municipalidades de bajo presupuesto como Independencia, Puente Alto… deben destinar recursos para estos efectos?

La respuesta es muy simple… hace tiempo que la política, y en particular este gobierno, perdió el foco social.

Concluye esta pluma que estos aguaceros deben ser vistos como “una alerta” sobre la vergonzosa pobreza que existe en nuestro país; en cuanto al agua caída, habría que agregar: “es bueno el cilantro, pero no pa’tanto”.

A un año del escándalo: Fiscalía investiga $90 mil millones en convenios con fundaciones en todo Chile

Por Néstor Aburto y Javiera Ostertag Franzoy.

Sábado 15 junio de 2024 | 06:00

La Fiscalía ha revelado que al día de hoy el monto investigado por el “caso Convenios” llega a $89.961 millones de pesos, que habrían sido defraudados por contratos con fundaciones por parte del Ministerio de Vivienda y gobiernos regionales. Las investigaciones abiertas en todas las regiones del país, destapan una trama de corrupción que involucra a altos personeros políticos.

Este domingo se cumplirá un año desde que el 16 de junio se conociera por el medio TimeLine los contratos del Seremi de Vivienda en Antofagasta con la fundación Democracia Viva, ligada a personeros de Revolución Democrática.

Desde ese momento, tal como reveló la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío el 22 de junio con el reportaje “¿Caja pagadora?: Gobierno entregó $3 mil millones a fundaciones pro Boric en la región de Antofagasta”, se ha desatado una larga lista de convenios que ahora están siendo investigados por el Ministerio Público.

Sin ir más lejos, el monto que se indaga llega a los $89.961.933.591. Esta suma se divide entre convenios del propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y los gobiernos regionales a lo largo del país.

MINVU BAJO LA LUPA

La Fiscalía en un inicio comenzó la indagatoria sobre el Caso Democracia Viva, causa que tiene a tres personas formalizadas y varios otros en la mira de la justicia, incluida la diputada Catalina Pérez (RD). Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, una verdadera telaraña, muy bien tejida, fue quedando al descubierto.

Ejemplo de ello es que, según el arqueo general que la Fiscalía ha presentado en exposiciones reservadas, del total de fundaciones o corporaciones cuyos contratos con el MINVU fueron analizados, 40 están hoy investigadas bajo la presunción de actos delictuales. El monto que se investiga es de $12.221.799.718.
Es así como Antofagasta se lleva el primer lugar de montos investigados con $3.173.000.000, los cuales se separan en convenios con seis diferentes fundaciones, incluida Democracia Viva.

En Tarapacá, el monto es alto pese a que solamente se indagan los acuerdos con dos fundaciones. La cifra que investiga la Fiscalía llega a $2.496.916.823. En el listado, luego le sigue la región de Valparaíso con seis contratos con fundaciones que están siendo investigadas y que arrojan $1.853.575.397.

La Región Metropolitana también está en la lista de los convenios cuestionados. Según el desglose que se maneja a nivel del Ministerio Público, existen seis contratos entregados directamente a fundaciones o corporaciones por un monto global de $1.822.515.316.

Luego, siempre a nivel de convenios suscritos entre el MINVU y fundaciones, sigue la región de Los Lagos. En esa zona, la firma se llevó a cabo con dos fundaciones en que se transfirieron $833.370.970.

En Rancagua, región de O’Higgins, también se hicieron transferencias. Según la investigación que lidera la Fiscalía en esa zona, se firmaron tres convenios con fundaciones, transfiriendo $618.276.932.

Por su parte, $431.024.765 es el monto que se depositó en la región de Atacama, donde dos fundaciones se llevaron contratos.

La Araucanía también está en la lista. Según los documentos que revisó la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el Servicio Regional Ministerial de Vivienda de Temuco entregó $208.366.902 a través de un contrato con tres fundaciones.

Coquimbo no se quedó atrás. Durante la ejecución del presupuesto 2023 se inyectaron $296.456.570 directos a cuatro fundaciones. En Arica y Parinacota ocurrió algo similar al transferirse $162.076.043 a una sola fundación.

La región de Ñuble también tuvo depósitos. En Chillán, su capital, se resolvió firmar un convenio con una sola fundación, la cual recibió $106.800.000.

Similar a lo que pasó en Chillán, en Talca, región del Maule, la Seremi de Vivienda firmó con una sola fundación el traspaso de $89.000.000. En Los Ríos se usó el mismo modelo y se transfirieron $80.000.000 a una sola entidad.

La Región del Bío Bío firmó convenios con dos fundaciones por un monto de $50.420.000.

GORES AL DESNUDO

El 2023 fue un buen año de recolección de recursos vía proyectos para 67 fundaciones, especialmente a nivel de los gobiernos regionales, los cuales, con una gran billetera de plata transferidas desde el nivel central, los usaron de forma discrecional.

Tanto es así que el monto que indaga la Fiscalía, a casi un año de que se conoció el “caso Convenios” o también conocido como “caso Fundaciones”, asciende a $77.740.133.873.

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso al documento en que se resume región por región cómo los gobernadores, con el apoyo de consejeros regionales en algunos casos, entregaron de forma directa convenios multimillonarios a fundaciones. Estas habrían tenido relación con colectividades políticas o, derechamente, estar involucradas en proyectos de dudosa ejecución, como ocurrió con el “caso lencería” en la región del Bío Bío.

Es así como el Gore Araucanía, liderado por Luciano Rivas (Indep-Evópoli), tiene el número más alto de convenios. Según la indagatoria de la Fiscalía, este suma $44.539.187.304 que fueron repartidos en trece fundaciones.

La región de Los Lagos, liderada por Patricio Vallespín (ex-DC, hoy independiente), firmó diez convenios con fundaciones, habiéndose traspasado $15.130.154.920 para distintos fines, inclusive estudios de propiedad.

En la región del Biobío, que lidera el gobernador Rodrigo Díaz (independiente), reconocido ex intendente de Michelle Bachelet, se traspasaron montos importantes.

Si bien el más reconocido es el “caso Lencería” de Camila Polizzi, también están sujetos a investigación por parte de la justicia las platas que llegaron a la fundación ligada a la ex presidenta Michelle Bachelet.

El Gore Biobío transfirió a veintiún fundaciones un total global de $8.080.178.000.

El gobierno regional de Atacama, liderado por otro antiguo colaborador de Bachelet, Miguel Vargas (independiente), transfirió un total de $2.402.549.546. Estos dineros llegaron a ocho fundaciones.

La puerta norte de Chile también está en la lista de gobiernos regionales investigados. En el caso de Arica y Parinacota, el Gore de esa zona transfirió $1.936.903.000 a tres fundaciones.

En el caso de la Región Metropolitana, dirigida por el también independiente Claudio Orrego (Ex DC), se firmaron decenas de convenios, sin embargo, solamente se está investigando el que suscribieron con ProCultura por $1.683.788.000.

Al igual que la región Metropolitana, el Gobierno Regional de Aysén, que dirige Andrea Macías Palma (PS), mantiene un convenio en investigación por parte de la justicia por $1.673.356.000.

La región de Antofagasta firmó cuatro convenios con fundaciones que están en el ojo de la justicia. La suma de las transferencias cuestionadas llegó a $673.517.414. El gobernador de esa región es Ricardo Díaz (independiente – ex RD).

Otro de los gobiernos regionales del país que ha estado en la palestra es Valparaíso. De hecho, Radio Bío Bío informó este 13 de junio que por orden del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, se le incautó el teléfono celular al gobernador Rodrigo Mundaca (independiente).

La suma investigada en esa zona del país es de $562.164.689 luego que se concretaran dos convenios.

El extremo sur de Chile no se salvó en la indagatoria de la justicia. El Gore de Magallanes y la Antártica Chilena también está siendo investigado luego que traspasaran $543.285.000 con dos contratos con fundaciones.

Las regiones, vecinas entre ellas, de Ñuble y Maule mantiene movimientos similares a nivel de gobiernos regionales. La primera está dirigida por Óscar Crisóstomo (PS) y la segunda por Cristina Bravo (DC). Los montos que se transfirieron en ambas fue solo a 1 fundación con cifras distintas: Ñuble $268.100.000 y Maule $246.950.000.

Danza de millones de pesos que, mirando el cuadro comparativo de cómo se transfirieron las platas, ha llamado la atención de los investigadores que muchos de los $77.740.133.873 iban destinados para programas sociales o ayuda a personas que requerían de la institucionalidad.

FORMALIZACIONES

Cabe señalar que, según la investigación de la Fiscalía, los más de 100 convenios que están siendo revisados en las distintas investigaciones son solo una parte del universo total de convenios que suscribieron tanto el Ejecutivo como los gobiernos regionales. Por ahora, según datos que se pueden revisar en los distintos tribunales del país, no todos los individualizados están formalizados ya que se esperan informes económicos y del Servicio de Impuestos Internos (SII), los cuales resultarán clave para iniciar el proceso de formalización, tal como ha ocurrido con Democracia Viva.

Sin embargo, algunas de las autoridades aludidas dentro de los listados que maneja la Fiscalía todavía no han declarado en la causa, pese a que a algunos se les ha incautado sus equipos tecnológicos, como fue el caso del gobernador de Valparaíso.

Otros, como la gobernadora del Maule, Cristina Bravo, ya están en calidad de imputadas en la causa que se persigue en esa zona, según explicó en un documento que se conoció esta semana la propia Fiscalía de Antofagasta, en la arista Urbanismo Social.

FUNDACIONES QUE DESAPARECIERON

El 22 de junio, el equipo de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío reveló el nexo de una serie de fundaciones, incluida ProCultura, cuyos máximos líderes tuvieron algún tipo de relación con la campaña de Gabriel Boric (2021) o con la campaña del Apruebo (2022). Varias de esas fundaciones, conocido el reportaje, anunciaron acciones legales por el reportaje; sin embargo, a la fecha esas acciones no se materializaron e incluso todas ellas están siendo investigadas por la justicia.

Además, prácticamente todas han anunciado la quiebra de sus organizaciones aduciendo que no tienen ingresos económicos, pese a que no han devuelto los fondos al Estado. Claro, algunos de esos recursos se les congelaron para evitar que se fugaran, como habría ocurrido en la región de Los Lagos.

Vergonzosas actitudes de estas Ordinarias Comunistas en sesión de la Cámara de Diputados:

Otra del mismo lado:

Una venezolana nos dice la verdad del socialismo y comunismo:

Enrique Slater @slater_enrique

Ojalá que la carta sea leída y considerada por los integrantes de la Corte de Apelaciones de Temuco. Es la oportunidad de reparar esta tremenda injusticia, que afecta de similar forma, a muchos jóvenes militares de esa época.

Vicarías

Señor Director:

En tiempos del gobierno militar, se fundó el año 1976 un organismo de la Iglesia Católica, dependiente del Arzobispado de Santiago, con el fin de prestar -especialmente- asistencia jurídica a quienes podrían ser sujetos de violaciones de los derechos humanos.

La iniciativa parecía lógica, dado que podría haber una desigualdad en cuanto a poderes e influencias en relación a la juridicidad.

Pero, desgraciadamente, al poco tiempo se había ideologizado a tal punto, que terminó siendo regida por la izquierda radical.

Tanto es así, que cuando recurrí a ésta a principios del gobierno del presidente Aylwin por la desaparición en una diligencia policial, de un poblador de Lo Hermida, sus máximas autoridades se negaron a prestar ayuda. Su argumento fue que “ya habían cerrado las puertas”, no obstante que continuaba activa esa fundación.

Así, pocos días después, salían a la prensa sus autoridades denunciando hechos ocurridos hacía varios años atrás. O sea, cerradas esas puertas respecto a lo que ocurría entonces, y abiertas a lo ocurrido hacía decenas de años.

Y pese, y no gracias a esa institución, y a través de diligencias solicitadas por el suscrito y acogidas por el Juez del Crimen, pude obtener el hallazgo de los restos del joven desaparecido.

Pues bien, frente a tantas discriminaciones en cuanto al trato de miembros de las FFAA y Carabineros ante instituciones jurídicas como la amnistía, prescripción, cosa juzgada, “lesa humanidad” y debido proceso, pareciera que nuestra Iglesia debiera fundar otra Vicaría en su defensa.

Sergio García Valdés

Abogado

Una buena noticia, está primando la humanidad y la JUSTICIA:

Presos de Punta Peuco recurren a la Corte por cambios al régimen de visitas y denuncian vulneración a los DD.HH.: “Esto es tortura”

El régimen de visitas de la Cárcel Punta Peuco cambió el pasado 3 de junio. Esto, tras una decisión de Gendarmería de aplicar la normativa que limita el número de personas que pueden estar registradas, o “enroladas”, para visitar a un recluso. Decisión que no gustó en los internos del penal, quienes agrupados decidieron presentar un recurso de amparo apuntando a que la medida impuesta por la institución penitenciaria vulneraría, entre otras cosas, sus derechos fundamentales.

El recurso de amparo ingresado por 131 internos, representados por la abogada Carla Fernández, busca que se revierta la aplicación de la Resolución Exenta N° 6.622 de Gendarmería, la cual data del 2020 y que limita a un máximo de 10 personas registradas para visitar a las personas privadas de libertad. 

Punta Peuco

El requerimiento judicial presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago da cuenta que a los reclusos se les informó que debían hacer una lista de “las 10 visitas ‘más importantes’ que les gustaría quedaran enroladas, ya que el resto serían eliminadas del sistema”. Es precisamente esa categorización a la cual los 131 internos apuntan que pondría en riesgo su libertad personal y la seguridad individual.

El texto, de 34 páginas, fue presentado en representación de Manuel Provis, Miguel Arias, Rolando Melo, Arturo Silva, Hugo Fernández, Patricio Ferrer, Juan Duarte, Orlando Altamirano, Osvaldo Muñoz y Juan Moral, entre otros. Todos exfuncionarios de las Fuerzas Armadas o de la CNI y que actualmente se encuentran condenados.

El escrito

Si bien en el documento se fundamenta que el establecimiento de la nueva medida fue argumentado por Gendarmería como dentro de sus atribuciones, los condenados por violación a los derechos humanos apuntan a que este corresponde a “acto inmotivado, arbitrario e ilegal que altera la situación jurídica preexistente de mis representados y afecta la dignidad de las personas recluidas que represento, y hace más duras y complejas las condiciones en que se desarrolla la vida de ellos”.

Lo anterior, debido a que se les hace elegir entre un número de personas, por ende son “obligados a reducir radicalmente su círculo de apoyo familiar y social, enfrentándose a la disyuntiva de tener que elegir entre sus seres queridos o sacrificarlos por otras personas”. Por lo cual piden que la Corte deje sin efecto la medida.

FOTO: Jose Francisco Zu–iga /AGENCIAUNO

Junto con eso, apuntan que Gendarmería actúe dentro de sus atribuciones “no significa por ello que su medida no produzca daño y sufrimiento en la población penal, y que constituya un maltrato o tortura hacia los internos afectados, que termina afectando su seguridad individual y mancilla su dignidad, habida cuenta que Gendarmería les impone una suerte de “costo de oportunidad personal” demasiado alto”.

“Lo que hace el ente penitenciario en la práctica es diluir la red de apoyo de mis representados, minimizándola lo más posible, y colocándolos en una situación francamente incompatible con la dignidad de un ser humano viejo, enfermo y encarcelado”, agrega el requerimiento judicial.

Más adelante, el escrito también asegura que la medida, que no había sido aplicada antes, es arbitraria por parte de la institución y que “resultan violatorias de los DD.HH. de mis representados, y son además actos ilegales, esto es, contrarios a lo establecido por la Constitución y las leyes”.

“Un castigo”

El escrito ingresado por Fernández apunta a que los reclusos de Punta Peuco -asegura-, debido a su avanzada edad y las enfermedades que padecen, requieren de más horas de conexión con sus familiares y amigos.

Por lo mismo, según la abogada que presentó el recurso de amparo, la decisión de Gendarmería es un castigo luego de que la misma Corte de Apelaciones de Santiago -y confirmado por la Corte Suprema- dejara sin efecto, el 3 de mayo, otra de las medidas aplicadas por la institución penitenciaria donde se restringían los horarios y días de visita a los internos de Punta Peuco.

Fotos: Patricio Fuentes Y. – La Tercera

“Ellos perciben más bien como un castigo que como una medida tomada en beneficios de ellos”, sostiene el escrito en el cual la abogada Fernández agrega que sus representados “ven esta actitud de Gendarmería de Chile como una ‘vendetta’ por el reciente fallo”.

Por último, los internos acusan que la decisión de Gendarmería “representa un ‘desacato encubierto’ a estos dos fallos, ya que sus efectos positivos para los internos no se ven materializados en la población penal”.

Ante este recurso de amparo, la Corte ya solicitó a la institución penitenciaria emitir un informe sobre la situación, con el fin de resolver si existe una vulneración a los derechos humanos de parte de Gendarmería en contra de los reclusos de Punta Peuco.

Presos de Punta Peuco acusan violaciones a DDHH por restricción de sólo 10 visitas

Por: Nicole Donoso | Publicado: 11.06.2024

Presos de Punta Peuco acusan violaciones a DDHH por restricción de sólo 10 visitas | Agencia Uno

El 3 de junio se limitó la entrada de visitas, estableciendo un máximo de 10 personas, las ‘más importantes’ según escoja cada condenado por delitos de lesa humanidad, para que quedaran inscritas al sistema.

Durante la jornada, se dio a conocer que 131 internos del centro de detención Punta Peuco presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago acusando sufrir violaciones a los derechos humanos tras la decisión de Gendermería de restringir la cantidad de visitas. 

El 3 de junio se limitó la entrada de visitas, estableciendo un máximo de 10 personas, las ‘más importantes’ según escoja cada condenado por delitos de lesa humanidad, para que quedaran inscritas al sistema.

Con el recurso de amparo, buscan que esta medida sea revertida, pese a que esta se aplicara desde 2020 por Gendarmería en otros recintos penitenciarios, con excepción de Punta Peuco. 

La abogada de los reclusos condenados por delitos contra los DDHH en dictadura, Carla Fernández, calificó esta medida como un «acto inmotivado, arbitrario e ilegal» que además, «afecta la dignidad» de los condenados porque «hace más duras y complejas las condiciones en que se desarrolla la vida de ellos”. 

Si bien Gendarmería justificó la medida como un actuar dentro de sus atribuciones, los condenados manifiestan que constituye «un maltrato o tortura hacia los internos afectados». 

La Corte de Santiago pidió a Gendarmería redactar un informe que esclarezca la situación. 

Vea el Recurso de Amparo: 

AMPARO PP LISTA VISITAS

ROBERTO HERNANDEZ @RAHM52

¿Justicia o venganza? No les basta con vulnerar la DDHH de presos de entre 70 y más de 90 años, condenados mediante ficciones jurídicas y bajo un sistema procesal antiguo y falto de garantías, que se continúa aplicando a los ex uniformados.

Presos de Punta Peuco recurren a la Corte por cambios al régimen de visitas y denuncian vulneración…

De latercera.com

Personaje desaparecido: El sentido común.

         Escenarios muy dispares son los que invaden a nuestra querida y angosta faja de tierra, por lo menos en cuanto a la percepción ciudadana. Por un lado los medios –en especial los escritos que pocos leen– nos hablan de la ley “permisología” para agilizar los procedimientos de las inversiones que son cuestionados por las normas de medio ambiente, que en algunos caso se han ido al chancho; la reciente piedra angular de comunicaciones del Gobierno, la llamada “estabilización” auspiciada por la miss Vallejos –dicho sea de paso, sobándose las manos para callada con el caso Jadue– con una patudez sin límites, cuando el actual embajador en Brasil llamaba a meterle desestabilización al país para propiciar reformas estructurales; por su parte, la barra brava que va por la eutanasia y el crimen del aborto libre no pierden ocasión para agitar sus pañuelos verdes, que representan todo lo contrario: vida y naturaleza; el largo cronograma de las próximas elecciones, partiendo por las voluntarias del 9 de junio que nadie pescó para primarias de gobernadores, luego las obligatorias del 27 de octubre y el 24 de noviembre para gobernadores, alcaldes, concejales, etc., cuyos cyberday de ofertones luego comenzarán para motivar y cautivar a los incautos, con algunos candidatos que esperan con ansias subirse al carro y “sacarle punta al lápiz” porque saben que en chilito los sinvergüenzas y ladrones pasan piola; además del daño consecuente por la suspensión de clases para preparar los recintos electorales. A la fecha hay más de 40 municipios cuestionados por la C.G.R. y no faltan los que tienen el complejo del síndrome de Rodolfo Valentino o de George Clooney; y otros como la alcaldesa Ripamonti de Viña que tiene a colegas de partido con sueldos de $8 millones y con $14 millones a una doctora hermana Hernández Norambuena, el asesino de Jaime Guzmán, de quien dice que es un prisionero político, por nombrar algunos.

         Los que venían a cambiar el país por pertenecer a una generación superior, conscientes de la “cagadita” que tienen en el país ─con más patas que un ciempiés y un cara de raj…mo ─ hoy se atreven a decir: “cuando volvamos ya tendremos más experiencia,” como si gobernar un país fuese un laboratorio, reafirmando lo que hace algún tiempo la coordinadora residente de la ONU en Chile declaró que habían escogido a Chile como modelo para aplicar la agenda 20 – 30 y su experiencia serviría para aplicar en otros países, o sea un país de conejillos de india, por supuesto con resultados funestos.País conejilla

         El gobierno de los aprendices entretanto persiste en una reforma de pensiones auspiciada por el partido comunista, al igual que la ley de 40 horas, lo que sin duda encarecerá la mano de obra, especialmente de las pequeñas, mini empresas y de los independientes que damos trabajo, como por ejemplo a asesoras de hogar. Que lejos de favorecer a las de puertas adentro, las perjudica económicamente por cuanto la ley obliga que los dos días de libre disposición al mes no podrán compensarse en dinero extra, aunque voluntariamente eligieran esa opción; y si a lo anterior se suma la negociación por rama ─otro bastión del PC─ ya no serán solamente las pequeñas empresas que vean su futuro en extinción, sino que además favorecerá la creación de monopolios por aquellos que disponen de grandes capitales extranjeros y buenas espaldas.

        Y a todo esto nos preguntamos en que está la derecha, la actual oposición. Con muy escasas excepciones pensando en las futuras elecciones y repartiendo la torta que se avecina con las próximas votaciones, donde poco ha faltado para agarrarse del moño o a coscachos, dando un espectáculo deplorable, sin hacer centro de gravedad en los graves problemas que nos afectan. Y como hay “pocos partidos” que teóricamente representan a este sector tenemos uno nuevo en formación. Desconozco los principios de cada uno de ellos, pero no creo que se diferencien en mucho, pero las ansias del poder y del control los hacen abandonar el mencionado y escaso sentido. La gran duda que subyace ¿Cuantos precandidatos presidenciales tendrá la derecha? ¿Uno por partido o estarán dispuestos a ir a una primaria? Esto último sería lógico, pero hay ambiciones que matan. De seguir así, es muy probable que tengamos una “Piñera 3” o una “Bachelet 3”, es decir igual o peor a ambos.

       La TV en mano de los llamados progresistas, incluso TVN, y las redes sociales como es natural explotan el morbo “chilensis” y el “copuchentismo” –escoba me dirán algunos– porque en vez de preocuparse con seriedad de lo que está pasando en Chile, en educación por ejemplo, que a espaldas de los padres con los peques de enseñanza básica, de 6 y 7 años el Ministerio de Educación, otrora bajo el mando de un comunista gay y ahora con otro comunista, reparten textos escolares y cuadernos Colón sumergiéndolos en el mundo de la nefasta diversidad sexual; y mucho más grave aún el programa de transición de género impulsado por estos enajenados progresistas. Tampoco tendría rating educar a las jóvenes informarles en detalle en que consiste un aborto y de los peligros de someterse a uno de carácter libre, además de constituir un crimen deleznable; y tantos otros problemas que sacuden a la juventud, como el consumo de las drogas, etc., prefieren volcar sus espacios en los casos que dan mayor audiencia pero con menor o ningún sentido valórico. Algunos canales persisten en la desprestigiada farándula, como el caso de la renombrada diputada Orsini, en que ventilaron las fotografías de sus ex parejas, que según algunos panelistas mal pensados expresaron que la lista era más larga, lo que me hizo recordar la “libreta de la carne” como se conocía hace varios decenios entre los varones –según me han contado–   Hoy el tema es el “asesino del tambor,” condenado el 2005 a 27 años de cárcel, fue dejado en libertad por la jueza Silvana Donoso el 2016, quien luego afirmó que no era un beneficio sino un derecho que daba la ley, pese al informe negativo de Gendarmería. El 2020, Bustamante cometió el crimen de la joven Ámbar volviendo a prisión, y ahora gracias al celo de una periodista se logró conocer que en 1990 había cometido otros dos crímenes, lo que no hizo la policía de investigaciones que cerró el caso tras la denuncia de desaparición. Obvio, ahora consecuentemente vienen las críticas para la justicia, pero si esto no es novedad. Los miembros de las FF.AA. lo vienen sufriendo desde hace 30 años y para ellos no vale el derecho que dice ley; y menos hay una sanción de la Corte Suprema o una acusación constitucional contra el ministro Mesa que ha condenado a inocentes a cadena perpetua solo por el hecho de pertenecer al ejército, sin haber tenido ninguna participación en hechos de hace 50 años.

         Y mientras en todo el mundo se celebraba el día en que se dio inicio a las operaciones por parte de los aliados en Normandía, que lograron poner término a la segunda guerra mundial y al dominio nazi, rindiendo honores a sus héroes, aquí en Chile, el asalto y toma del Morro de Arica que constituyó un hito fundamental para lograr la victoria en la guerra del Pacífico pasó desapercibido; y su comandante en jefe, el General Manuel Baquedano que sufrió el oprobio del ataque de enajenados y delincuentes protegidos y alentados por muchos de quienes hoy nos gobiernan, sufre en silencio la vergüenza y el olvido en un patio solitario del Museo Militar, porque la señora ministro del Interior tiene miedo de volver a colocarlo en su sitial de honor y espera que una comisión le diga que quiere la gente.

             Toribio, a través de estas líneas insta a los mandos de las fuerzas armadas a requerir no solamente su regreso al sitial con que Chile lo honró hace casi un siglo, sino que quede bajo la custodia y honores permanentes de dichas instituciones.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

Estamos igual que en la época de la U.P.

*PDI desbarató fábrica clandestina de armas de fuego en Los Ríos*

Detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI Valdivia, tras una investigación coordinada con el Ministerio Público, lograron identificar y desbaratar una fábrica de armamento que funcionaba en el sector rural de Liquiñe, comuna de Panguipulli, al norte de la región de Los Ríos, incautando armamento de fuego, municiones y elementos para la fabricación de pistolas y escopetas, además de maquinaria de tornería para la fabricación.

La investigación que data desde hace un año fue dada a conocer en Valdivia por el Director General de la Policia de Investigaciones de Chile Eduardo Cerna Lozano, en compañía del Fiscal Nacional Ángel Valencia Vásquez, la Fiscal Regional Tatiana Esquivel López y el Delegado Presidencial en Los Ríos Jorge Alvial Pantoja.

Respecto a lo incautado se trata de un arma completa de fabricación artesanal de 9 mm, 500 cartuchos de 9 mm, 31 armazones de arma de fuego artesanal, 68 cañones estriados de pistola calibre 9mm, 69 piezas metálicas de tipo empuñadura, una pistola 9mm con su cargador, equipos de comunicación radial de diseño militar, inhibidores de señal, visor nocturno, vestimenta táctica, suministros de supervivencia y primeros auxilios, equipos de GPS, entre otras piezas y componentes de armas de fuego, además de máquinas de tornería y fresadoras como parte de una linea de montaje para la fabricación de las
armas de fuego.

Un gran diputado que denuncia la realidad en el Congreso:

Señor Director:

En este último tiempo hemos visto en los medios de comunicación social cómo el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Temuco don Álvaro Mesa Latorre, ha condenado masivamente, en primera instancia, a militares con penas altísimas.

El Código de Procedimiento Penal del año 1906, que prácticamente se aplica sólo a militares que participaron durante el Gobierno Militar, le otorga potestad al juez como autoridad para investigar, procesar, acusar y condenar, o sea la misma persona que investiga el presunto delito, es “juez y parte”. Muchos creíamos que los jueces cumplían su labor de impartir justicia objetivamente, sancionando de manera imparcial, imbuidos de principios éticos, tratando siempre de “ser” el mejor magistrado, según la dignidad propia del poder conferido, pero también de “parecer”, para no suscitar desconfianzas legítimas sobre cómo resuelve el futuro de un imputado.

Los tribunales, en el marco del Estado Constitucional, garantizan la independencia judicial y no deberían estar orientados a situar al juez en una posición de privilegio. Su razón de ser es asegurar a todos los chilenos que serán juzgados con parámetros jurídicos y salvaguardar sus derechos fundamentales. Sin embargo, la realidad de la autoridad exhibe una visible crisis de confianza y legitimidad respecto a cómo administra la justicia.

Tan implacable es la forma de aplicar justicia del ministro Álvaro Mesa, que recientemente la abogada Carla Fernández Montero, interpuso ante el Excmo. Tribunal Constitucional, un requerimiento (Causa Rol Nº 15.477-24- INA), en donde se solicita que se declare inaplicable por inconstitucional el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal en la causa Rol Nº 63.594 Regimiento “Húsares” de Angol, supuesto delito ocurrido el 5 de octubre de 1973, esto es hace más de medio siglo atrás, actualmente con los autos en relación en la Corte de Apelaciones de Temuco, bajo el Rol Nº159-2024, por resultar contrario a los artículos 1, 5, 6, 7, 19 Nºs 1, 2, 3, 7 y 26 de la Constitución Política de Chile, y los artículos 1, 2, 8, 24, y 25 del Pacto de San José de Costa Rica y los artículos 2, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La norma cuestionada, lo es en cuanto a su aplicación, porque ha permitido o hecho posible que al tribunal -bajo el influjo de un sesgo de confirmación- le haya bastado confirmar su propia versión inicial de culpabilidad para condenar, impidiendo que el razonamiento judicial del juez respete el principio de culpabilidad penal, y del derecho penal del hecho, transgrediendo -además- diversos preceptos constitucionales, así como normas internacionales de derechos humanos.

En concreto, esta disposición -en su aplicación práctica- ha permitido que unas mismas y únicas presunciones se repitan inexorablemente por el juez. Primero para procesar -en dos oportunidades-, inicialmente en calidad de encubridor, y después, para procesar “fallidamente”, como cómplice. Señalo fallidamente, pues el nuevo auto de procesamiento fue revocado unánimemente por la Corte de Apelaciones de Temuco.

Por tales circunstancias, el juez Mesa, acusó a un subteniente de la época como encubridor, éste contestó la acusación como encubridor, no obstante, fue condenado como cómplice, con los mismos fundamentos establecidos para el encubrimiento, añadiendo en el fallo que el juez puede cambiar la calidad del delito en la sentencia.

El juez debe investigar, con igual celo, no sólo los hechos y circunstancias que establecen y agravan la responsabilidad de los inculpados, sino también los que les eximan, extingan o atenúen de ella. Debe perseguir objetivamente y con fundamento en la prueba la verdad, manteniendo en el proceso una equivalente distancia con las partes y sus abogados, para evitar cualquier comportamiento que refleje favoritismo, predisposición o prejuicio.

Por ello, esperamos que el Excmo. Tribunal Constitucional acoja el requerimiento solicitado, sin presiones, basada en la imparcialidad y sujeta a derecho, para que podamos volver a confiar y creer en la justicia.

Gabriel Fuentes Campusano

 3 Comentarios

1. Adolfodice:

10 junio, 2024 en 21:32

El ministro Álvaro Mesa Latorre muestra en sus sentencias un sesgo político extremadamente marcado, demostrando que carece absolutamente de imparcialidad y que está inhabilitado para ser juez.
Para dicho Ministro no importa si un militar o carabinero participó o no en el delito que se le imputa; para condenarlo no necesita pruebas, basta el hecho de que era uniformado. Sus sentencias son inconstitucionales, arbitrarias, ilegales y alucinantes, y superan todo límite.
Al respecto cabría comentar que en una causa anterior, para fundamentar su resolución, dicho Ministro utilizó un argumento de autoridad —ad verecundiam o magister dixit—; una falacia consistente en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia. Pero lo más inaudito es que se cita a si mismo (C. Ap. Temuco Rol 63.551, 10 febrero 2021).
Atentamente le saluda.

Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política

2. Carlos Souper Quinterosdice:

10 junio, 2024 en 23:20

Extraño personaje, con simultáneos desvíos de matón, prevaricador, poco elegante en sus argumentos y que sufre de auto adoración. Recuerda a esas oscuras autoridades romanas perdidas en el oriente, borrachas de alcohol y de poder y de miseria humana.

3. Pedrodice:

11 junio, 2024 en 00:35

De este juez su padre debe estar dandose vueltas en su tumba al ver la saña de su hijo.
Manuel Francisco Mesa Seco si viviera estaría avergonzado de las sentencias emitidas por Alvaro contra los uniformados, sólo por serlo.

Publicada en El Líbero

BOLETÍN N° 15 MAYO 2024 último

Por fin una resolución humanitaria y ajustada a Derecho:

La Corte Suprema -unánimemente- (rol 17.856-2024) confirmó el fallo también unánime de la Corte de San Miguel (rol 321-2024), que acogió acción de amparo que interpuse en favor de todas las internas del CPF de San Joaquín por cambio de régimen de visitas. El fallo es definitivo, así que todo vuelve a como era antes. Las presas -después de dos meses sin visitas- podrán por fin ver a sus familiares y amigos sin el justo temor a ser agredidas ellas o sus seres queridos en un régimen de visita común con el resto de la población penal, establecido al interior de un gimnasio.
Durante estos eternos dos meses de soledad (día de la madre incluido) Gendarmería mostró su peor cara, y cero empatía y deshumanidad hacia mujeres adultas mayores, con enfermedades crónicas. Ni siquiera el concepto universal de “madre” y su significado, arrojaron un gramo de humanidad.
Gendarmería deberá aceptar esta discriminación positiva y estará obligada a entender que sus normas sólo son válidas en la medida que no afecten derechos fundamentales. Me alegra esta jurisprudencia porque establece otro importante precedente.

Carla Fernández M.

Abogada

RESOLUCION:

17856-24

Derechos de las personas mayores

Carta enviada a El Mercurio de Santiago y no publicada

Sr Director:
En su edición del 5 de Junio, se publicaron 2 cartase, una firmada por los directores de 4 organizaciones, que manifiestan su preocupación por una indicación en el Congreso, a un proyecto de ley que rechazó la entrega al Instituto Nacional de Derechos Humanos la “responsabilidad de promover y proteger los derechos de las personas mayores y con ello la facultad para interponer acciones legales o constitucionales cuando estos sean vulnerados” (ellas eran Hans Rosenkranz por la Comunidad de Organizaciones Solidarias; Liliana Cortés po el Hogar de Cristo; Esteban Gómez por la Fundación Juan Carlos Kantor (Amanoz) y Paulina Readi por la Fundación Edades, Mesa de Personas Mayores, Comunidad de Organizaciones Solidarias).
La otra carta del Pbro.
Nicolas Vial Saavedra, da cuenta de su preocupación por un intento de motín en la cárcel femenina de San Miguel, posterior al fallecimiento de una reclusa por un paro cardíaco.
Al respecto cabe mencionar que en Punta de Peuco y especialmente en el Pabellón “Asistir” de la cárcel de Colina1, permanecen cientos de presos de entre 70 y más de 90 años, muchos de ellos enfermos, hacinados, asistidos por sus propios compañeros de reclusión, durmiendo en comedores, lavandería, y en donde pueda ser puesta una cama, siendo ya dramática la falta de espacio, donde varios han muerto esperando atención médica, el último de ellos por una peritonitis que no fue tratada a tiempo.
Para ellos no ha habido derechos humanos (el propioINDH los persigue), ni humanidad, ni siquiera una justicia justa, sólo olvido de muchos y sentimientos de venganza de otros.
Sólo sus familiares y sus amigos contemplan impotentes y en silencio su su sufrimiento y muerte.

Roberto Hernández Maturana

Enrique Slater @slater_enrique

No hay duda que el tema DD.HH., está politizado hace mucho tiempo. Para la izquierda se aplica y para los ancianos y enfermos prisioneros militares y carabineros, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, no tienen la misma consideración. ¿Justicia? ¿Odio y venganza ?

Cita

ROBERTO HERNANDEZ

@RAHM52

8 jun.

¿Derechos Humanos para todos los Adultos Mayores? https://facebook.com/share/p/EnDbvqoFkwwJo9q8/?mibextid=oFDknk…

¿JUSTICIA O VENGANZA?

Cuantas esposas, madres, o hijos con enfermedades catastróficas, murieron esperando la compañía de los ex uniformados privados de libertad a los que se le ha negado cualquier beneficio penitenciario?

Revisarán prisión de Jadue: su defensa esgrime enfermedades de su madre para sacarlo de la cárcel

De biobiochile.cl

Por Humberto Julio Reyes

Últimamente y desde simples particulares, diversas corrientes de opinión e ideologías, se han formulado críticas a las actuaciones de la justicia, algunas justificadas y otras no tanto.

Sin embargo, siempre hay algo nuevo que llama a sorpresa.

Leo en la prensa del viernes 7 del presente mes, que la exsenadora Jacqueline van Rysselberghe “renuncia al SML y defiende su diagnóstico tras controversia por peritaje a excarabinero”.

El Servicio Médico Legal le habría asignado una pericia psiquiátrica al excarabinero José Otárola, condenado a15 años de presidio por el caso San Rosendo- Laja, quien, según su informe, tendría enajenación mental, lo que permitiría su salida (sic) de la cárcel.

Sin embargo, el ministro en visita Carlos Aldana, de reconocida trayectoria, invalidó su peritaje, lo que la ha llevado a comunicar su renuncia a ese servicio.

Probablemente el paciente lector no ignora que dicho servicio, al que se debe recurrir para certificar las condiciones de salud de los condenados, es dirigido por una comunista y, casi invariablemente, certifica que los reos por causas de derechos humanos están en condiciones de cumplir sus penas, aunque basta la simple observación de algunos de ellos, para concluir que ignoran donde y por qué están en prisión o bien, presentan un notorio deterioro físico que demanda cuidados médicos que Gendarmería no puede proporcionar.

También conviene recordar que, al no existir jueces de ejecución de las penas, tema en que tanto el gobierno (Ministerio de Justicia) como el Parlamento están al debe, son los mismos ministros de fuero que han procesado, investigado y condenado en primera instancia, los que siguen siendo dueños del reo, cosa demostrada por la situación que motiva esta columna.

Dada la omnipotencia otorgada a estos servidores llamados a cautelar el imperio de la ley, pueden, igualmente, pasar por encima de este informe de una profesional que ratifica dos peritajes anteriores y resonancias magnéticas, invalidándolo.

Concuerdo en que la situación no sólo parece una arbitrariedad sino una falta de respeto que ha motivado la renuncia de la señora Van Rysselberghe por elemental dignidad.

Pero, así estamos. No se requieren peritos forenses, basta con la sapiencia del ministro de fuero.

9 de jun. de 24

Reflexiones

Pablo Errázuriz Montes

LA IDEOLOGIA, LA ESTUPIDEZ Y EL ROL DEL ESTADO

En días recientes hemos sido golpeados en nuestra inteligencia y sentido común, por una noticia que da cuenta del lamentable estado de nuestras instituciones: cuatro delincuentes extranjeros resuelven ejercer el oficio que probablemente ejercían en el Estado fallido del que son originarios, esta vez en nuestra copia feliz del edén: secuestran a un pobre ciudadano chileno y cobran y perciben rescate de treinta millones de pesos con pleno éxito. Luego de una ardua labor policial logran ser identificados, ubicados, detenidos y puestos a disposición de la autoridad persecutora y juzgadora de esas graves conductas delictuales. Son privados de libertad, pero la defensa, que es pagada por los impuestos de la gente honesta de este asilo contra la opresión, solicita que sean puestos en libertad durante el proceso investigativo. Es un trámite inútil, pero es mi obligación, habrá pensado el Defensor Público, que seguramente le habrá advertido a sus representados que no tendría éxito, porque la conducta tipificada por el artículo 141 del Código Penal, merece una pena altísima y porque son extranjeros sin residencia legal, ilegalmente ingresados a Chile (la noticia filtra ese antecedente para no dañar aún más el relato buenista de los migrantes igual víctimas).

El persecutor, que es un funcionario muy bien remunerado por todos los chilenos cuyo cargo se denomina Fiscal (¡!), de nombre Luis Alejandro Soto Pérez, llega a la audiencia como ordinariamente sucede en los juzgados de represión penal de nuestro país, sin conocer los antecedentes del caso, y la jueza, también muy bien remunerada por todos los chilenos, de nombre Daniella Pinto Cortés, decide castigar la desidia del funcionario, ¡¡poniendo en libertad a los delincuentes!! Cabe destacar que, en un video levantado en la página del Poder Judicial[1], se hace pública la ceremonia de juramento de la señora Pinto como Jueza de Garantía de Los Vilos con fecha 22 de diciembre de 2022. En esa audiencia, el Presidente de la Corte de La Serena, Sergio Troncoso Espinoza hace un emocionado panegírico de la funcionaria, señalando que se ha desempeñado como experta en derechos humanos en esa Corte y en otros juzgados de la república. Por su parte, ocurridos los eventos, el Fiscal regional de la Cuarta Región, Patricio Cooper Monti, como un comentarista más de esta triste situación, barre el piso con el ineficiente funcionario bajo su tutela y responsabilidad, como si él no tuviese arte ni parte en el episodio.

Luego de superar la perplejidad de la decisión judicial al verse libres, los delincuentes huyen, y en las ciudades y calles de nuestro país muy probablemente deben seguir ejerciendo eficientemente -a diferencia de los nombrados en el párrafo anterior- su oficio delictual con comodidad y conciencia de la impunidad que reina en esta tumba de los libres.

He puesto en negritas los nombres de estos cuatro funcionarios, todos remunerados muy por sobre el nivel de remuneración que tienen empleados del sector privado con responsabilidades iguales y superiores, para destacar el primer vicio que afecta a la administración del estado: la total y absoluta falta de sentido de responsabilidad por la consecuencia de sus actos y omisiones. Accountability es una palabra se traduce del inglés escuetamente como responsabilidad. Pero en la cultura anglosajona esa palabra significa algo con mucho mayor contenido: se refiere a lo señalado; a una permanente actitud de responsabilidad por la consecuencia de nuestro actuar, conducta que se les inculca a los niños desde su primera infancia.

De la manera descrita, el Estado de Chile es hoy por hoy, un fraude en contra de los intereses de quienes pagamos impuestos, fraude que se manifiesta en remunerar generosamente, a personas completamente descriteriadas y que son las directas responsables del estado de inseguridad que padecemos. ¿Cómo han llegado las instituciones a tamaña imbecilidad colectiva? Hay varias razones, pero me referiré a dos causas que intentaré explicar.

La primera es que estamos inmersos en una ideología dominante que tiene implicancias en la falta absoluta de operatividad del Estado. Según esta perspectiva sesgada por las ideas equívocas sobre la naturaleza humana, las conductas delictuales son un subproducto de las injusticias de la sociedad y por ende los delincuentes requieren de protección frente al Estado, cuando este ejerce ordinaria y natural tarea represiva de conductas lesivas al interés general. En dos palabras lo que es evidente desde el punto de vista del sentido común: las victimas son las victimas y los victimarios los victimarios, para esta ideología dominante no lo es. Y quienes profesan esta completa imbecilidad actúan con la arrogancia de quienes se sienten poseedores de un arcano de conocimientos a los que, el común de los mortales, no estamos preparados para conocer. Periodistas, abogados de derechos humanos[2], jueces, pontifican genéricamente sobre los derechos humanos, sin conocer o tener presente, conocimientos básicos de exégesis jurídicas y precisión idiomática. Susana Tamaro, brillante novelista y ensayista italiana contemporánea sintetiza este ambiente intelectual al señalar: “Una de las más grandes violencias que el pensamiento moderno ha impuesto al hombre es precisamente esta: haber sugerido que no existen bases creíbles. Una cosa no existe por el sentido que tiene, sino únicamente como señal de otra. Todo es ficción y, por lo tanto, fácilmente desmontable y re construible. Esto es lo que hace el hombre de cultura: desmonta y vuelve a montar, divertido por su habilidad. Es solo un juego, y, como tal, se queda en eso”.[3] ¿Qué es sino lo señalado por la Tamaro, la ideología de los derechos humanos? Efectivamente eso: un intento de desmontar el mundo del sentido común y sustituirlo por un montaje intelectual artificial de lo que debe ser el mundo, en base a la pura creatividad teórica. Al respecto sugiero revisar los artículos 22 y siguientes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especie de libro sagrado del poder dominante, para concluir que son galimatías que causan necesariamente la disolución de la sociedad.

Así, un hecho tan evidentes como, que la existencia y supervivencia de una colectividad humana está fundada y sostenida por usos, costumbres, normas morales y normas jurídicas que hacen posible el bien común general, donde la autoridad de la familia y del Estado deben imponerse, este último coercitivamente contra esas transgresiones; se ve neutralizado por una ideología obtusa donde resulta sospechosa cualquier potestad, que pretende quebrar y someter voluntades lesivas a esas normas de convivencia. La consecuencia necesaria de la primacía de esta ideología obtusa es una sola: el caos.

Conforme a esta ideología, cuando los individuos se conducen en base a sus egoísmos, pasiones narcisistas y desprecio por los derechos y el bien de los demás, estarían actuando correctamente porque se han liberado de las opresiones a las que la sociedad patriarcal, opresora, explotadora, los ha sometido. El bien común general, y la sumisión a las normas señaladas sería un estado de enajenación, porque la imposición de esos usos, costumbres, normas morales y jurídicas, impedirían la libertad de cada cual.

Esta realidad poco advertida por las masas y que en distintos grados comparten las élites gobernantes, nos ha llevado a bautizar nueves instituciones, con nombres que son ilustrativos del caos que vivimos. Los juzgados de represión penal dejaron de llamarse juzgados en lo penal, y desde la reforma procesal penal son Juzgados de Garantía. ¿Garantía de quién? De los delincuentes. Los llamados estándares de prueba en el proceso penal, son una metodología de ponderación impuesta a los jueces, que las más de las veces insultan el sentido común, y los ejemplos prácticos de aquello son cotidianos.

La segunda causa del lamentable episodio descrito, es la completa inoperancia del Estado en el reclutamiento de personas que ostentan cargos con delicadas responsabilidades. Resulta evidente que las cuatro personas destacadas en el párrafo precedente, por sus expresiones, dan cuenta que no deberían estar en el cargo que ostentan. Carecen de capacidad de abstracción para enjuiciar adecuadamente un acontecimiento, y no son capaces, sea por falta de inteligencia u honestidad, de ponderar la consecuencia de sus actos. El presidente de la Corte de La Serena por el juicio tan radicalmente equivocado sobre los talentos de la jueza; la jueza por la manifiesta falta de inteligencia al resolver como lo hizo; el fiscal a cargo por su completa desidia y flojera; y el fiscal regional por su sórdido intento de exonerarse de su responsabilidad en el caso. Existen eficientes métodos de selección de personal en el sector privado, que, en el ascenso de estos funcionarios a esos cargos, con toda seguridad no se usaron porque de haberse usado, no habrían ascendido a esas responsabilidades.

Lo más grave del episodio, es que no es aislado. Son muchos los casos en que después de costosísimos[4] procesos para aislar y reprimir conductas lesivas al bien común general, donde los delincuentes, sicópatas, sociópatas, resultan libres. El más sonado sin duda es el del ocupante del Palacio de La Moneda que indulto y decretó pensiones vitalicias en favor de algunos de esos sicópatas y sociópatas que han seguido sus meteóricas carreras delictuales.

Mientas no ataquemos ambas causas señaladas en esta reflexión, no es difícil pronosticar que seguiremos en este refalín descendente que nos lleva a la piscina de detritus y al caos.

Junio 2024

Son solo algunos:

Caso “Húsares” de Angol

Señor Director

Considerando las condenas implacable, injustas y sin fundamento del caso “Húsares” de Angol, estimo de prudencia que el omnipotente ministro de fuero Álvaro Mesa Latorre,  debiera ser evaluado psicológica y profesionalmente a fin de evaluar si está en condiciones de continuar desempeñando sus funciones de impartir justicia, dado que sus fallos son todos en una misma dirección, con un sesgo político marcado.

Carmen Yávar

 2 Comentarios

1. Adolfodice:

5 junio, 2024 en 21:20

El ministro Álvaro Mesa Latorre muestra en sus sentencias un sesgo político extremadamente marcado, demostrando que carece absolutamente de imparcialidad y que está inhabilitado para ser juez.
Para dicho Ministro no importa si un militar o carabinero participó o no en el delito que se le imputa; para condenarlo no necesita pruebas, basta el hecho de que era uniformado. Sus sentencias son inconstitucionales, arbitrarias, ilegales y alucinantes, y superan todo límite.
Al respecto cabría comentar que en una causa anterior, para fundamentar su resolución, dicho Ministro utilizó un argumento de autoridad —ad verecundiam o magister dixit—; una falacia consistente en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia. Pero lo más inaudito es que se cita a si mismo (C. Ap. Temuco Rol 63.551, 10 febrero 2021).
Atentamente le saluda.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política

2. Carlos Souper Quinterosdice:

6 junio, 2024 en 00:39

Es un juez prevaricador, sus resoluciones y fundamentos son ideologizados, delirantes, desvergonzado. Lo lamentable es que si sus superiores, las Cortes de Apelaciones y Suprema, actuarán en forma recta y conforme a derecho, ese personaje oscuro ya habría sido destituido, pero para ello, hay que tener conducta intachable, ejemplar, conciencia tranquila y liderazgo, no tienen ninguna de ellas.

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 Carta publicada por El Líbero.

Peritaje realizado por Jacqueline van Rysselberghe en caso de DDHH declarado inválido

Se determinó que la psiquiatra debió inhabilitarse para realizar un peritaje crucial en el caso de la matanza de Laja-San Rosendo, debido a su falta de imparcialidad. Además, el SML habría decidido no renovar el contrato de Jacqueline van Rysselberghe, que expira el 30 de junio. 

Según el Servicio Médico Legal (SML), la psiquiatra y exsenadora UDI Jacqueline van Rysselberghe, contratada para realizar peritajes en casos criminales entre 2018 y 2022, no debería haber sido asignada a un caso de violaciones a los derechos humanos.

Hoy, el ministro para causas por violación de derechos humanos, Carlos Aldana, declaró inválido el peritaje realizado por JVR. Este peritaje había sido crucial para argumentar la enajenación mental de José Otarola, condenado a 15 años de cárcel por su participación en los homicidios de la matanza de Laja-San Rosendo, un delito de lesa humanidad.

El magistrado Aldana acogió los planteamientos de los abogados querellantes, quienes cuestionaron la imparcialidad de van Rysselberghe, basándose en sus declaraciones públicas y su afiliación política como militante de la UDI. En múltiples ocasiones, van Rysselberghe había expresado su opinión de que se debería conmutar la pena a personas condenadas con enfermedades terminales, permitiéndoles cumplir sus sanciones en sus hogares.

En un escrito de ocho páginas, el juez detalló que la psiquiatra debió haberse inhabilitado para realizar la pericia debido a su evidente sesgo, y al no hacerlo, su informe carece de toda validez. La decisión del ministro Aldana implica que se debe designar un nuevo perito para elaborar un informe imparcial sobre el estado mental de Otarola.

Según consignó Radio Bío Bío, ante la polémica generada por el peritaje inválido, el Servicio Médico Legal decidió no renovar el contrato de prestación de servicios de Jacqueline van Rysselberghe, que expirará el próximo 30 de junio. La exsenadora fue contratada vía trato directo en abril de este año.

Cabe mencionar que, en abril, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric desdramatizó la contratación de JVR en el SML. La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, priorizó la capacidad técnica sobre el partido político.

Hoy, consultada por la prensa regional, Dresdner apuntó a la gravedad de que se haya permitido a la psiquiatra realizar un trabajo que no le correspondía, pero justificando su contratación a pesar de su color político.

Caso Jacqueline Van Rhyselbergue

Nuevamente la izquierda haciendo uso de su total sesgo y parcialidad ahora deja sin efecto el peritaje psicológico realizado por la Psiquiatra a un anciano octogenario condenado por una causa catalogada como de DD. HH. el cual permitía el cumplimiento de su condena en la modalidad de arresto domiciliario.
Es una aberración que el Ministro en Visita para causas de DDHH Carlos Aldana tenga la potestad de dejar sin efecto dicho peritaje psicológico aduciendo que la Dra. Van Rhyselbergue tiene intereses creados por ser de derecha toda vez que el Sr. Aldana tiene un hermano que figura en el Informe Valech como Victima de Torturas y Apremios Ilegítimos, porque éticamente él se debería haber inhabilitado y haber renunciado a ser ministro Especial para estos casos y ser consecuente con su última resolución. Entonces la imparcialidad aplica solo para un lado ideológico?

El Juez Carlos Aldana Fuentes tiene un hermano figurando como “victima de torturas” en el Informe Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura” y figura con el numero 724 y cuyo nombre es PEDRO DEL TRANSITO ALDANA FUENTES.
Esto deja claramente en evidencia la absoluta parcialidad de este Juez que persigue de manera sesgada a nuestros uniformados y camaradas que derrotaron al terrorismo.
Nuevamente vemos como se vulnera el Estado de Derecho y como estas supuestas “victimas” solo buscan compensaciones económicas.
Este Juez debe ser inhabilitado por razones éticas y legales.
Hace 6 años se presentó dicha solicitud la cual fue rechazada por Tribunales.
Esto deja claramente en evidencia la odiosidad ideológica, persecución y venganza marxista contra quienes lograron neutralizar el terrorismo y la subversión en Chile.
Este Juez Aldana es quien condenó el año pasado a 17 miembros de la CNI de manera injusta y absolutamente parcial.

Enrique Slater @slater_enrique

Otra de las resoluciones de la “justicia”. Al ministro “no le gustó” la pericia, que la ex senadora, hoy actuando como psiquiatra, realizó al ex carabinero acusado por delito de derechos humanos. ¡No es justicia, es venganza!

Perú nos da una lección de LEGALIDAD:

Mientras en Chile no se respeta el Estado de Derecho, como ejemplo vea esta respuesta y juzgue usted mismo:

Documento – 2024-05-02T221949.617

《 LO JUSTO ES JUSTO 》

Donde hay poca justicia es difícil tener la razón ( Fco. de Quevedo ). Justo sería, someter a juicio los malos resultados del área técnica de Punta Peuco y a sus cómplices pasivos. Cuatro años y ningún preso que postula a beneficios es evaluado positivamente. Resulta razonable sostener que, psicólogo y trabajador social no están haciendo bien la pega, o derechamente no lo hacen. Onerosos recursos destina el Estado para la rehabilitación de los presos, es curioso que en Punta Peuco nadie se rehabilite, peor aún, a nadie le llama la atención. Un Estado de Derecho debilitado en extremo por sus actores principales.

¿ Existirá un político o diputado, con facultades de control que pueda explicar esta flagrante anomalía? Pues nada pasará en el corto plazo, las motivaciones vendrán en un tiempo más, y en la medida que se aproximen las futuras elecciones para elegir a nuestros representantes, pues precisamente en ese momento saldrán a cazar –como aves de poca ralea–, el voto de la familia militar. Llegó el momento de pensar antes de votar!!!!

RODRIGO PÉREZ

Coherencia y valores

Señor Director

Como es de público conocimiento, Daniel Jadue está cumpliendo prisión preventiva en el centro penitenciario capitán Yáber, instalación que cuenta con gimnasio, pieza individual, televisión, sala de juegos, lugar para recibir visitas, etc., lo que otorga bienestar, seguridad y tranquilidad al detenido.
No obstante y después de criticar él y su sector político Punta Peuco, es dable preguntar ?Dónde quedó la coherencia y valores con su pensar, sentir y actuar?
Como dice nuestro chilenismo tradicional !otra cosa es con guitarra!

Eduardo Villalón Rojas

*La Izquierda y el Copamiento Político*

Cristián Labbé Galilea

Si se parte de la base que una acción política efectiva debería estar asociada al “arte de la anticipación”, no hay que ser muy sagaz para deducir que a los políticos de la oposición les faltan algunas “chauchas pa´l peso”, lo que no quiere decir que no trabajen; ciertamente trabajan muchísimo, (me consta), pero el problema es que el esfuerzo no se refleja en la capacidad de articular una visión de futuro convocante, movilizadora, y que además genere confianza.

Enredados nuestros dirigentes políticos en un presente episódico donde “el circo está que arde”, al estar todo contaminado con las futuras elecciones municipales, hay una diferencia básica con el circo romano donde los gladiadores se organizaban y preparaban debidamente. En nuestra realidad, los partidos políticos andan cada uno por su lado, y los candidatos “gladiadores” no lo hacen mal tampoco.

Mientras esto ocurre en la oposición, el gobierno sigue sacando “conejos del sombrero”. En el Mensaje a la nación, el más largo de nuestra historia republicana, el Presidente -al mejor estilo Castrista- habló 3 horas y 36 minutos para tratar de convencernos que el país estaba mejor que nunca: la economía viento en popa, la inmigración controlada, los problemas de seguridad eran cosa del pasado…. “Parole, tan solo parole”.

Toda una fantasía, una inverosímil lista de supermercado, 61 medidas, que dependen, ni más ni menos, de que le aprueben “su” reforma tributaria. Como dijo un campechano tertuliano, “nos habrá visto las canillas”.

Después de todo, es posible anticipar que en lo que le resta de su mandato nada será muy distinto, por lo que esta positiva pluma anima a sus leales parroquianos a pensar que hay que trabajar intensamente para las elecciones de octubre, (alcalde, concejales, gobernadores y consejeros), porque las cosas se están dado para que el próximo gobierno lo asuma la oposición.

Como es probable que así suceda, ha llegado el momento que los dirigentes políticos, los parlamentarios, los centros de pensamiento y todos quienes tienen algo que decir -los gremios, por ejemplo- tomen en serio el silente trabajo que está haciendo el gobierno para copar el Estado con nuevas contrataciones; las cifras son alarmantes, cientos de miles nuevos empleados que ya están enquistados en diferentes reparticiones públicas.

Esto que puede parecer nimio tiene una tremenda proyección. El “copamiento político” es una estrategia que implica el control del Estado y de sus instituciones mediante la infiltración y la manipulación de sus estructuras internas. El objetivo es ejercer en el futuro influencia sobre las decisiones políticas, los recursos del Estado o las agendas del nuevo gobierno. Fue lo que hizo el peronismo y el kirchnerismo y que hoy complica al presidente Milei.

En suma, la izquierda tiene claro que pueden perder las próximas presidenciales… pero “no van a perder al Estado”. Esta amenaza obliga a asumir una decidida y valiente política anticipatoria que se concentre en prevenir, detectar y denunciar esta mañosa maniobra a los organismos contralores… ¡Ahora! ¡Mañana será tarde!i

“Chile, contigo aprendo”

Juan Pablo Zúñiga Hertz 

En una reciente entrevista, el director de BancoEstado, Pablo Zamora, comentaba “Esta generación va a tomar lecciones y va a llegar a La Moneda nuevamente, con el aprendizaje de este período”.

Es esperable de todo ser humano con un mínimo de inteligencia un proceso de aprendizaje que haga de él una persona más sabia, íntegra y, en definitiva, un mejor ciudadano al servicio de la sociedad. Ciertamente en cada nuevo desafío profesional y laboral hay un aprendizaje, pero cuando se está en un cargo del que dependen otras personas o, en este caso, una nación entera, no se puede hacer del trabajo una escuela.

Al gobierno se llega a gobernar, no a improvisar, no a jugar con los destinos del país con un sistema basado en la prueba y el error, ni menos a hacer del ejercicio gubernamental un mero ejercicio académico. Es decir, cuando estos señores se depararon con la complejidad de la realidad, que no congenian con sus delirios revolucionarios y que por ende su gobierno sería un fracaso, comenzaron a dedicarse a aprender con nosotros para sí prepararse para una próxima intentona en un futuro incierto.

El Sr. Zamora –quien fuera compañero de carrera en mi fugaz paso por la Usach, antes de cambiarme a la PUC, mi verdadera alma máter– refleja en dicha entrevista ese lenguaje tan propio del mundo académico que conozco muy bien. Es una manera compleja de hablar, que mezcla palabras difíciles, arrogancia y tal vez un poco de pedantería, todo aliñado con una buena dosis de egolatría y algo de arte para que adquiera un cierto tufo de lo popular, populacho al cual no pertenecen y no entienden, sino más bien desprecian y usan para sus ejercicios intelectuales.

No tengo ánimos de desmerecer las conquistas intelectuales y empresariales del Sr. Zamora, las cuales son en sí conquistas loables que le reconozco. Dicho sea de paso, reconocer las victorias de otros es algo más bien escaso en un Chile impregnado de envidia. Ciertamente Zamora tiene méritos intelectuales y profesionales que no abundan en su gobierno. Lo que llama la atención es la defensa a rajatabla de un gobierno de inexpertos en todas las áreas, excepto en la palabrería.

Entiendo, él y el Sr. Boric son amigos, pero resulta difícil comprender la cantidad de personas como él que, siendo en aspectos prácticos –pero no ideológicos– tan opuestos a lo que es el gobierno de Boric, mismo así ganen las emociones y se entreguen por el todo a la férrea defensa de la mediocridad. Nadie desea que el gobierno fracase por con ellos nos hundimos todos, pero llenar de alabanzas algo que a la vista de toda la nación ciertamente no anda bien, me huele más a la conducta propia de un culto.

Quiero creer que la actual generación de izquierdas de Chile ha de ser sepultada por un buen tiempo, sin embargo, me temo que las palabras del Sr. Zamora pueden tener algo de cierto: nos usaron como escuela, jugaron con nuestro país y nuestro futuro para aprender y volver a gobernar en el futuro.

Con la corta memoria nacional, con esa confianza inexplicable en la sabiduría popular que lo que menos tiene es de sabia, no me extrañaría que un futuro incierto, los actuales gobernantes vuelvan a ser elegidos para demostrarnos que serán los mismos Boric, las Vallejos, los Jackson y compañía, que, si bien serán más viejos, volverán a jugar con nosotros y que no aprendieron absolutamente nada. De usted depende que eso no pase.

El 30% de Boric

Gonzalo Rojas Sánchez 

      Semana tras semana, las encuestas le adjudican una aprobación de entre el 25% y el 30% al Presidente Boric. Por supuesto, como todo en la vida, esos números se mueven entre un más y un menos, según quien haga las preguntas.

Mi buen amigo Julio me dice que no entiende nada, que cómo es posible que una presidencia inoperante y desgastada reciba un respaldo de millones de chilenos.

Julio, viejo, hay chilenos muy distintos de ti.

Son, en primer lugar, los militantes duros de los partidos duros de la izquierda (bueno, en el caso del PC, súmeselos a todos, porque ahí no hay militantes blandos). Tengan la edad que tengan, con ellos no hay nada que hacer.

En segundo lugar, todos esos vejetes de mi generación que se implicaron en la revolucionaria Unidad Popular y que todavía musitan para sus adentros: ¡Avanzar sin transar! Fueron miristas, mapucistas o izquierdosos “cristianos”, y aunque hoy no militan en ningún lado, si les preguntas qué son, te contestan con seguridad: ¡Allendistas! Son mayores de 70 y, de ellos, olvídate Julio que alguno pueda cambiar a estas alturas.

Bueno, pero eso explica a lo más un millón de adhesiones, y para llegar a los porcentajes que obtiene el Presidente semanalmente hacen falta otros milloncejos.

Ahí aparece entonces esa masa sub-40, no militante y heterogénea en profesiones, lugares de residencia e intereses primarios (animalistas, ecologistas profundos, indigenistas, generistas, etc.), pero homogénea en la impúdica manifestación de los cuatro eslabones que configuran la identidad de su cadena existencial: la soberbia, la ideología, la inexperiencia y la inmadurez.

Seguros de la superioridad de sus lecturas, de la grandeza de las miradas de sus gurús (a uno —no se sabe cómo les cabía— lo “llevaban en la mochila”, decían) y del llamado que Gaia les hace para dominar el mundo, resuman soberbia.

Empapados en jergas posmodernas, su ideología es tan pedante como confusa. Si lo dijo Lacan, si lo escribió Foucault, si pontificó Laclau creen que eso es la verdad, aunque no se entienda casi nada. Karamanos, gracias por darnos tan buenos ejemplos.

Practicantes de la toma, la funa, la marcha y, por supuesto, la insurrección violenta, no es que “no le hayan trabajado nunca un peso a nadie”, es que se ha demostrado que no tenían ni siquiera idea de cómo robarse los pesos que el Estado recauda de sus contribuyentes. Inexpertos hasta para corromperse.

¿Nos queda algo, estimado Julio? Sí, un último eslabón de esta cadena de mal metal: la inmadurez. Porque se puede ser inexperto, pero maduro y, entonces, cada nueva situación se atesora, y así se va adquiriendo el peso debido. Pero no ha pasado nada de eso: aún hoy apoyan a quienes llegaron para jugar a los buenos y a los malos, a la escondida y a las naciones… y ahí siguen, tonteando no más.

¿Es inmodificable la condición de esta generación soberbia, ideologizada, inexperta e inmadura? No. ¿Qué hacer, entonces?

Escoger el eslabón más débil en cada caso, por leninista que suene.

La soberbia puede comenzar a curarse con el fracaso. Julio: hay mucho material aquí para machacarles su orgullo… y aún están apenas en la mitad de su descalabro. A la ideología hay que atacarla con un “papagayo, explícame eso”, y entrar en sus jerigonzas con bisturí o con hacha. A la inexperiencia no le digas “ya cambiarás cuando conozcas la vida”; dile más bien: “te ofrezco que me ayudes en esta iniciativa”. Y, por supuesto, con los inmaduros la receta infalible es que, si de ti dependen (de una hija de 29, aún en la casa, me hablabas), nada de regalías. A la vida dura, señorita.

No sé si conseguirás, querido Julio, que dejen de apoyar al Presidente. La cosa no es fácil. Pero al menos para la próxima, lo pensarán.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el miércoles 29 de mayo de 2024

En Chile:

En Argentina:

Vea y lea:

ALGO-MAS-SOBRE-LA-JUSTICIA-VENGANZA-EN-LA-ARGENTINA

Por Cristián Labbé Galilea

Nuestra contingencia está amenazada no sólo por una ola de frio, sino por algo peor, una marejada de miedos e inseguridades en el mundo de la política, situación difícil de entender… Miedo a decir la verdad, miedo a defender las ideas, miedo a tomar decisiones, miedo a todo… “Los señores políticos” están convencidos que la ambigüedad otorga mayores ventajas; de allí su falta de coraje.
Dos ejemplos concluyentes: la “miedosa” negativa de volver a Baquedano y al soldado desconocido al lugar donde los puso la historia, y el “cobarde” silencio ante el “geriatricidio carcelario” que afecta a centenares de octogenarios soldados en diferentes cárceles del país.
Sobre el caso de Baquedano, resulta inexcusable que la Ministra del Interior haya expresado que el insigne general no podrá volver porque a ella, la encargada de la seguridad y del orden de nuestra sociedad, le da miedo. ¿Miedo a quién? ¿A sus propios correligionarios?
Está claro, a la inoperancia del gobierno ahora se suma la cobardía de enfrentar las consecuencias de una decisión que el país reclama desde todos los sectores. Obvio, la Ministra hizo sus cálculos, y sucumbió tanto al miedo como a su ideología.
Ante el segundo de los casos, el de los viejos soldados que están muriendo privados de libertad por haber cumplido su deber, es aún más impresentable el cobarde silencio de las autoridades, los políticos y la justicia, con la sola excepción de un excomunista y de una joven abogada que han levantado su voz para pedir “Justicia con Clemencia” … El resto, ¡Mutis por el Foro!
Sobre ese tema, esta devota y realista pluma se pregunta, con respeto e imperiosa necesidad… ¿Y dónde está la iglesia? ¿Se olvidó de la caridad cristiana? ¿Se olvidó que la clemencia es una virtud que promueve la compasión, la misericordia y la reconciliación? ¿Será prudencia real o aparente?… ¡Porque si es aparente, su jerarquía no es valiente!
El fundamento de este requerimiento surge naturalmente después de las últimas actuaciones del Arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, quien ha manifestado el loable propósito de sacar a la iglesia del ostracismo en que se encontraba, y de reposicionarla para que vuelva a estar en el primer plano de las decisiones de nuestra convulsionada sociedad.
A todas luces su actuar no sólo ha sido meritorio sino además valiente; ha enfrentado el tema de la educación, la inmigración, el desempleo, el cierre de las siderúrgicas; en verdad él mismo lo ha dicho… está decidido a abordar “todos los temas”.
Por último, hay que reconocerlo, su actitud corresponde a la de un pastor con coraje, decidido a contrarrestar la cobardía de una sociedad que ha ido perdiendo sistemáticamente sus valores, en todo sentido, y así como se ha referido valientemente a temas controvertidos como los Derechos Humanos… al aborto y la eutanasia, esta pluma siente el deber de preguntarle ¿Y sobre el tema de la “Justicia con Clemencia” para los militares, cuándo? Porque hasta ahora … ¡no se oye Padre!

COLUMNA DE ALEJANDRO SAN FRANCISCO

El relato de Chile

Cada gobernante ha intentado fijar su relato acerca del respectivo tiempo histórico, pero la mayoría de las veces esos mensajes pecan de reduccionismo

El Mensaje del Presidente Gabriel Boric este 1 de junio ha permitido a la coalición de gobierno intentar fortalecer su relato sobre el Chile actual, que de alguna manera representa una visión histórica y una propuesta de futuro. Esa es la regla general de los mensajes presidenciales desde el siglo XIX hasta hoy. El escenario político era interesante en el Congreso Nacional: el Senado presidido por un experimentado dirigente de Renovación Nacional, en tanto la Cámara de Diputados aparece liderada por una activa figura del Partido Comunista, pequeño electoralmente pero extremadamente influyente.

El momento no sólo sirve para rendir una cuenta sobre el estado político y administrativo de la nación, o hacer anuncios sobre realizaciones futuras reales o supuestas, sino que es mucho más que eso. En la práctica, también es una oportunidad para que los gobernantes fijen su posición sobre el desarrollo del país y los respectivos tiempos históricos que les ha tocado vivir.

Las primeras décadas bajo la Constitución de 1833 sirvieron para fijar la idea de la excepcionalidad chilena, a la que apeló el propio Presidente José Manuel Balmaceda en 1890, apenas unos meses antes del estallido de la guerra civil: “Vivimos una hora de quietud pública y de actividad en los círculos políticos del Congreso”, para después afirmar que Chile había sido una excepción en ambas Américas, como un país sin guerras civiles, golpes de Estado ni cambios constitucionales

En siglo XX tanto Jorge Alessandri como Eduardo Frei Montalva advirtieron rasgos de deterioro institucional, mientras Salvador Allende anunció la vía chilena al socialismo en 1971 y 2 años más tarde advirtió el peligro de la guerra civil. El general Augusto Pinochet aprovechó los 11 de septiembre para presentar el itinerario constitucional y el sentido de las reformas económicas, en tanto desde 1990 en adelante fue fundamental la reinserción internacional de Chile, la consolidación de la democracia y ciertos avances económicos y sociales. El Presidente Sebastián Piñera habló de los desafíos del Bicentenario y de las posibilidades reales de superar la pobreza y alcanzar el desarrollo.

“se trata de un discurso más matizado, lejos del espíritu refundacional de su proyecto político, de la revolución de octubre de 2019 y de su fallida Carta Fundamental”

Por todo ello, en el discurso del Presidente Gabriel Boric de este 1 de junio la clave no está en la explicación de algunas cosas que se hayan hecho o la reiteración de algunas promesas. Lo central -y en buena medida es lo que se ha visto en los últimos días- está determinado por la visión de país del Frente Amplio y el Partido Comunista, que son los ejes sobre los cuales se estructura ideológicamente el Gobierno de Chile. En otras palabras, la clave está en una adecuada síntesis entre el Programa de Gobierno y la Constitución de la Convención, derrotada el 4 de septiembre de 2022. Lo demás se refiere a las posibilidades y la correlación de fuerzas, no a los deseos y aspiraciones del sector gobernante.

En este sentido, conviene tener en cuenta algunas consideraciones. La primera es que la generación gobernante aspira a una transformación estructural de Chile, aunque su posición y resultados hayan sido pobres en los 2 años desde que llegó Gabriel Boric a La Moneda. Esto se funda en la convicción de que la sociedad chilena es profundamente injusta, producto de un sistema económico y social impuesto e ilegítimo, que ha generado profundas desigualdades, marcadas por un grupo de poderosos frente a grandes mayorías ajenas a los privilegios.

Todo ello, que podría ser cargado originalmente a Pinochet y los civiles que lo acompañaron, en realidad tuvo un apoyo más amplio y se consolidó bajo los gobiernos de la Concertación, entre 1990 y 2010. El sentido de la revolución de octubre de 2019 fue poner fin a esos y otros abusos y cambiar la historia de Chile de los últimos “30 años”. Ese era el mismo sentido que tenía la irrupción de la generación del Frente Amplio y el liderazgo de Gabriel Boric.

Por lo mismo, el mensaje de este 1 de junio debe leerse en una dimensión más amplia. En ese plano destaca especialmente el contraste que ha buscado imponer entre el gobierno del presidente Sebastián Piñera y anteriores frente a la actual Administración, que ha logrado -a juicio del oficialismo- ordenar o estabilizar al país, sus fronteras e incluso la seguridad pública y la economía familiar. Los ministros y parlamentarios de izquierda han sido muy claros en repetir estas ideas durante los últimos días y, de alguna manera, esperan que la repetición de este discurso vaya generando una realidad.

En cualquier caso, desde el comienzo de su discurso el Presidente Boric fijó ciertas pautas: habló del objetivo de establecer una sociedad de bienestar en Chile ,hizo un reconocimiento al Presidente Sebastián Piñera, fallecido en febrero pasado; y reiteró la necesidad de alcanzar grandes acuerdos en la línea de lo que promueve su Gobierno.

En cuanto al tono, claramente retomó la iniciativa política y pudo fijar ciertos ejes que comenzarán a discutirse con mayor éxito. Sobre Chile, dijo que era un país que tenía un gran prestigio internacional que se extiende por décadas. En otras palabras, hizo un discurso más conciliador, con énfasis en la delincuencia y algunos signos de unidad hacia la izquierda, como la promoción de la ley del aborto. Con todo, se trata de un discurso más matizado, lejos del espíritu refundacional de su proyecto político, de la revolución de octubre de 2019 y de su fallida Carta Fundamental.

El Presidente terminó con una reflexión que, hecha 5 o 6 años atrás, habría hecho un gran bien y quizá habría evitado algunos males:

“A veces, miro con frustración a quienes parecen querer agravar los problemas, no resolverlos; a quienes se niegan a encontrar soluciones para tratar de probar que tenían razón o para ganar algunos puntos en la encuesta semanal. Creo que todo Chile se alegraría si dejáramos de lado la rabia y nos enfocáramos, colaborativamente, a resolver los temas de importancia nacional. No seamos ciegos: si la población no aprecia cambios que mejoren su calidad de vida ahora, estaremos erosionando la credibilidad de nuestras instituciones democráticas y pavimentando el camino a un nuevo estallido social. Los invito, con humildad, a que terminemos con las recriminaciones y a que abracemos la colaboración. Lo hemos hecho en materia de seguridad, y se han mostrado los frutos. Sigamos en ello”.

Vivimos tiempos confusos. No resulta claro saber hacia dónde ser dirige Chile, cuya realidad e indicadores muestran una progresiva decadencia y falta de energías que permitan avanzar hacia el progreso social, aunque esta realidad se vea contrastada por un relato que, sin ser original, es todavía consistente en algunos aspectos y tiene la fortaleza de la convicción de un número relativamente alto de chilenos.

Cada gobernante ha intentado fijar su relato acerca del respectivo tiempo histórico, pero la mayoría de las veces esos mensajes pecan de reduccionismo y falta de comprensión. Por lo mismo, los gobiernos suelen tener despertares dolorosos y regresos a la realidad de difícil aceptación. Si en algunos momentos el relato parece adquirir un valor superior, con el tiempo llega la venganza de la realidad, momento en el cual se invierten vencedores y vencidos. Los discursos, el relato, tienen un indudable valor político, pero es necesario ajustarlo con otras piezas del rompecabezas.

Pauta informativa de este lunes 3 de junio del 2024.

En política:
Encuesta Cadem: Por primera vez, la aprobación del Presidente Boric no sube tras la Cuenta Pública y se estanca en 31%En tanto, su desaprobación es de 61%. Entre los principales anuncios realizados por el Mandatario, 70% se muestra a favor de la eutanasia y un 32% está a favor del aborto libre.

En las dos cuentas públicas pasadas, el jefe de Estado había registrado una considerable alza del 8 y 10 puntos en 2022 y 2023 respectivamente. Tendencia rota este año.

En relación a los atributos del Jefe de Estado, según Cadem, éstos retrocedieron significativamente si se compara con los número de 2023. En este contexto, 38% considera que demostró capacidad para liderar el rumbo del país (-18 pts), 48% que hizo buenos anuncios (-22 pts), 49% que fue simpático (-27 pts), 57% que comunicó bien sus ideas (- 16 pts) y 59% que apeló a la unidad del país (- 16 pts).

En tanto, 87% cree que no se cumplirá con el anuncio del pago de la deuda histórica a los profesores, 71% con el pacto fiscal y 69% sobre las reformas de pensiones.

Por último, 53% cree que el país ha retrocedido durante este gobierno, 25% piensa que avanzó y 20% cree que está igual.

Parlamentarios alertan que inclusión de aborto y eutanasia en la agenda podría implicar una “parálisis legislativa”

Tras los anuncios del Presidente Boric en su tercera Cuenta Pública, la oposición advirtió que el Gobierno pone en riesgo la construcción de acuerdos sobre pacto fiscal y reforma previsional.

La Democracia Cristiana también expresó su molestia por la inclusión de estos temas en la agenda. “Ni en el oficialismo hay consenso”, sostuvieron.

“Probablemente las prioridades de la gente no están en el aborto”, dijo la presidenta del PS, lo que le valió críticas de otros sectores.

“Aborto libre” propiciado por el Gobierno: A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal manifestó que las iniciativas son una “contradicción” del Gobierno frente a su afán de “crear un ambiente de mayor seguridad y de un mejor cuidado de la vida de todos”. “Lamentamos profundamente estas iniciativas, que atentan contra el valor sagrado e inviolable de la vida humana. La Iglesia no cesa de recordar que la dignidad de todo ser humano tiene un carácter intrínseco y vale desde el momento de su concepción hasta su muerte natural”, señaló la organización eclesiástica.

PC por caso Jadue: “Puede tener una incidencia muy grande en la calidad de la convivencia política”

El líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, advirtió sobre el impacto del proceso judicial contra el alcalde de Recoleta, en la antesala de que el tribunal decida sobre las medidas cautelares que tendrá Jadue tras ser formalizado por varios delitos de corrupción en el caso de las farmacias populares. Por su parte, el edil acusó que “todo esto es un show de la Fiscalía, quieren un trofeo de alguien que se atrevió a desafiar el modelo”

En política exterior:
Autoridad Palestina celebra decisión de Chile de respaldar acusación contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ.

“Esta decisión expresa el firme compromiso de Chile con la justicia y el Estado de derecho internacional , así como la profunda solidaridad y amistad histórica entre ambos países”, indicó el Ministerio de Exteriores de palestinos.

En economía y política.
“El Pulso” indica que el personal del gobierno central registra mayor alza trimestral en la administración del Presidente Boric y hay 42 mil empleados más que hace un año.

Según un informe de la Dirección de Presupuesto, entre enero y marzo el personal del gobierno central llegó a 488.153 funcionarios, un alza de 9,4% anual. Si se compara con el cuarto trimestre de 2023, el incremento fue de 29.905 personas, lo que significa un aumento de 6,5%

Gobiernos Regionales registran un 17,2% de ejecución presupuestaria hasta abril, el 11,2% menos que en 2023 a estas mismas alturas del año.

Los GORES han utilizado menos de un quinto de su erario y lo atribuyen a las mayores restricciones de la Ley de Presupuesto 2024, resultado de la crisis de los líos de platas por convenios entre instituciones del Estado y fundaciones.

Al habitual difícil despegue del presupuesto en los primeros meses del año, suman demoras en el visaje de proyectos por parte de la Dirección de Presupuesto, DIRES; donde si bien reconocen el aumento de las exigencias de información y control, señalan que el tiempo de aprobación ha cumplido la normativa.

En economía:
Chile retrocede 10 años en ocupación laboral y es de los pocos países sin alcanzar aún su nivel prepandemia.

El economista David Bravo analiza en El Mercurio los resultados de la Encuesta de Empleo del INE correspondiente al trimestre móvil febrero-abril. Afirma que se necesitan 175 mil puestos de trabajo adicionales para tener una tasa de ocupación equivalente a la prepandemia

En materia policial:
Carabineros entregó el balance de la intervención focalizada que realizó este sábado y domingo a nivel nacional y que permitió la detención de 552 personas.

De la anterior cifra, 333 aprehendidos fueron por flagrancia de algún delito, mientras que 219 fueron por una orden vigente de detención. La intervención dejó un promedio de 92 detenidos por hora gracias al despliegue de 2.671 carabineros desplegados y 835 medios logísticos disponibles.

Las detenciones que se produjeron por delitos de mayor connotación social fueron 74, ley de drogas 63, ley de armas 10, receptación 17, violencia intrafamiliar 14.

Juan Francisco Canales Viancos
Periodista
Asesor en Comunicación Estratégica y Gestión de Crisis

Personal del gobierno central registra su mayor alza trimestral en lo que va del gobierno de Boric y hay 42 mil trabajadores más que hace un año

Carlos Alonso

De acuerdo al informe de Recursos Humanos del Sector Público de la Dipres, entre enero y marzo el personal del gobierno central llegó a 488.153, un alza de 9,4% anual. Más de la mitad del incremento se debe a las personas necesarias para llevar adelante el Censo 2024.

Una importante alza tuvo el empleo público de la administración central en el primer trimestre de 2024. De acuerdo al informe de Recursos Humanos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), entre enero y marzo se contrataron 42.060 funcionarios lo que equivale a un alza de 9,4% en comparación al mismo período del año pasado, su mayor incremento en lo que va del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

De ellos, 10.924 corresponden a Servicios Locales de Educación, 3.303 a Servicios de Salud y 27.833 al Resto del Gobierno Central. Asimismo, 28.515 son mujeres; 13.542 y 3 no binarios.

En total a marzo de 2024, hay 488.153 funcionarios de la administración central, de ellos 401.531 es personal que cumple funciones permanentes (dotación) y que cuenta con una relación contractual ya sea funcionario de planta o contrata y 86.622 por personal que desempeña funciones transitorias (Fuera de Dotación) que incluye a trabajadores a honorarios o suplentes y reemplazo.

Al analizar la situación de cada ministerio, el informe detalla que los principales aumentos entre marzo 2023 y marzo 2024 se produjeron en el Ministerio de Economía con incrementos de 25.318 que se explica principalmente por el mayor personal a honorarios del Instituto Nacional de Estadísticas que desempeñan labores asociadas a la implementación del Censo 2024.

Le siguió el Ministerio de Agricultura con 1.095 puestos que se produjo por el aumento del personal disponible en el Servicio Agrícola y Ganadero, contratado para enfrentar distintas contingencias como la emergencia normativa de suelos, mosca de la fruta, plagas agrícolas y enfermedades exóticas. Destaca también el aumento del personal en los ministerios de Educación con 958 cargos y Obras Públicas 370 cargos.

Como contrapartida, la principal disminución de cargos al comparar con marzo de 2023 se produce en el Ministerio de Salud (1.577 puestos), explicado por personal afecto al Código del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública debido a la reducción gradual de las medidas tomadas en el marco de la alerta sanitaria.

La censista denunció que, pese al ataque, tuvo que seguir trabajando. (Imagen referencial – Dragomir Yankovic/Aton Chile)

Alza trimestral

Ahora, si se compara con el cuarto trimestre de 2023 también hubo un alza. Esta fue de 6,5% lo que se traduce en un alza de 29.905 nuevos trabajadores de la administración central, y es también el mayor aumento en este gobierno. Este incremento se descompone de 21.487 funcionarios del resto del gobierno central; 9.560 para los de Servicio de Educación y una caída de 1.142 para los Servicios de Salud.

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Según explica el informe de la Dipres, esta variación es el resultado de cargos adicionales en la dotación y fuera de dotación (19.373 y 10.532, respectivamente), que se debe principalmente por el ingreso a la estadística del personal que presta el servicio educativo en los establecimientos educacionales y jardines infantiles de los Servicios Locales de Educación de Iquique, Punilla Cordillera, Aysén y Magallanes y por el incremento de personal a honorarios destinados a tareas censales en el INE y el incremento del personal a contrata y disminución del personal a honorarios en los Servicios de Salud.

A nivel de ministerios, influyó el aumento del personal fuera de Dotación en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Para este caso se mantiene la misma explicación que en el análisis anual, ya que está concentrado en el personal a honorarios del INE, producto de la implementación del Censo 2024 (23.878 cargos); personal de la dotación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, debido del incremento del personal en Gendarmería de Chile con 420 cargos y personal fuera de dotación dependiente del Ministerio Público con 207 cargos.

Por otro lado, las variaciones negativas más relevantes se presentaron en el Ministerio de Agricultura (1.536 puestos), específicamente en el personal fuera de la dotación, por razones estacionales. A su vez, el Ministerio de Salud presentó una caída de 686 puestos, principalmente en el personal afecto al Código del Trabajo producto de la desescalada de las medidas asociadas a la pandemia del Covid-19.

Según modalidad contractual, el personal disponible se compone principalmente a contrata con 272.005 cargos; seguido por el de planta con 103.760 cargos. El personal a honorarios alcanzó los 47.513 cargos, correspondiendo al tipo de contrato más frecuente entre el personal fuera de dotación y suplentes con 24.169.

A marzo de 2024 el personal a contrata representó un 55,7% del total de la fuerza laboral efectiva, respecto del 55,6% del mismo trimestre del 2023, mientras que el personal de planta presentó una participación de 21,3%, respecto del 22,7% en el mismo trimestre de 2023. Por otro lado, el personal a honorarios mostró en el último año un aumento en su representación, que pasó del 8,6% en marzo de 2023 al 9,7% en marzo de 2024. El resto de las modalidades contractuales tuvieron, en conjunto, una mayor participación sobre el total del personal, pasando de 13,0% a 13,3%.

El Informe de Recursos Humanos se elabora a partir de datos censales y considera a los ministerios y servicios públicos, al Congreso -excepto parlamentarios-, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, mientras que excluye a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, a las empresas públicas, universidades estatales, funcionarios municipales y servicios municipalizados.

Así sube la deuda del país, mas adelante la tendremos que pagar todos los chilenos:

No tienen idea de economía y asi dirigen el país

La cuerda en la casa del ahorcado.

Por Luciano Cruz Muñoz, Abogado.

30 de mayo de 2024

Recientemente, el abogado señor Juan Carlos Manríquez efectuó una presentación ante la Corte Suprema, a nombre de siete ex jóvenes Oficiales del Regimiento Tucapel de Temuco en el año 1973, cuestionando la conducta ética del Ministro Álvaro Mesa Latorre de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, por su investigación y fallo en la causa llamada “El Asalto al Polvorín”.

La Corte rechazó tal presentación así como su posterior reposición atendiendo a que a su parecer tal presentación debió ser materia de un recurso durante la tramitación del Juicio, no obstante que el mecanismo jurídico de los recursos procesales no atienden a preceptos éticos eventualmente vulnerados, y que según el señor Manríquez guiaron la actuación del Ministro como lo detalla en su presentación.

Se ha denunciado en diversos medios electrónicos las irregularidades del Sr. Ministro, en ese y en otros procesos, tales como el rechazo de pruebas, el uso de jurisprudencia extranjera haciéndola vinculante a pesar de estar manipulada y con datos incorrectos, declaraciones de supuestos testigos que no dicen relación alguna con los hechos investigados, abuso de

presunciones, falta de diligencias, etc. etc., todo lo cual se hacía presente ante la Corte

Suprema por el abogado referido.

El ministro Mesa llega a tal punto que se auto cita en los fallos con un artículo de bajo calibre jurídico de 30 hojas y 60 citas donde el autor solo aparece para vincular ideas y no propone nada sólido. Las conclusiones son obvias y pobres. Esta acción del juez se conoce como falacia o argumentación ad verecundiam.

Pareciera que el discurso de lo “políticamente correcto” hace pensar a los jueces que fallar en contra de militares les abrirá su ascenso y los dejará en el lado correcto de la historia, a pesar de haber obviado su independencia y por ende la justicia.

En los juicios a militares, aparece de manifiesto que lo político e ideológico junto a indemnizaciones millonarias, constituyen la causa de pedir, por ello, como en todo juicio, su conocimiento debe quedar radicado en jueces probos pero esencialmente independientes, lo que al parecer no ocurre con el Sr.

Mesa, ni con otros Magistrados de nuestro más alto Tribunal de Justicia como el señor Juica quien confesó en una entrevista simpatía en su juventud con el PC, o el señor Haroldo Brito a quien el abogado Hermosilla señala haberlo conocido en tiempos de su militancia comunista.

La pregunta es: ¿se ha inhabilitado algún juez por tener o haber tenido ideas de izquierda? Por cierto ninguno, luego todos estos juicios parten con una predisposición. Basta revisar los fallos de los últimos 20 años de la Segunda Sala Penal para concluir que sus condenas parecieran estar preestablecidas, en ellos no se discrimina entre responsables e inocentes. Todos los procesados van en el mismo saco, de donde resulta que ir a la Corte Suprema es un partido que no empieza 0 a 0, sino que parte perdiendo con 3 votos en contra.

Luego el recurso del abogado Manríquez apelando a la ética, no pasa de ser una broma cuando quien debió fallarlo tiene serias objeciones éticas por parte de la ciudadanía que esta informada de hechos como el episodio de los autos Lexus, la Juez que conoce de las Causas sometidas a su conocimiento desde Italia infringiendo toda la normativa legal aplicable a los Jueces y sancionada solo con una “amonestación” por ser hija de uno de sus integrantes, la compra de una casona en Valparaíso por $1.500 millones de pesos que está en manos de okupas, los fallos en los que concurre un Ministro al parecer con sus capacidades intelectuales disminuidas, etc etc.

¿Así las cosas, se puede pensar que la Corte Suprema tiene solidez ética para sancionar a un subalterno como el Ministro Mesa?.- Difícil, y de ahí que el recurso del abogado Manríquez no fue más que : “hablar de la soga en casa del ahorcado”. La ética es entendida como un saber teórico, mientras que la moral son las reglas éticas en las cuales vivimos. Por tanto, la ética no es solo jurídica, es también una necesidad política, económica y social, así al analizar el fallo de Temuco y lo que en él se evidencia como negligencia, ineptitud o definitivamente mala fe, no es más que un problema ético y ello es lo que se quiso someter al conocimiento de la C. Suprema.

El gran drama de la sociedad chilena actual es que no se hacen juicios éticos y estos resultan ser el “vagón de cola” en su caída al abismo.

Finalmente, Cicerón nos deja una reflexión: “El derecho extremo resulta a veces una extrema injusticia”.

Luciano Cruz Muñoz, Abogado.

Publicada por el Diario Constitucional.

El caso del regimiento Húsares de Angol

Por Miguel A. Vergara Villalobos. Señor Director: Son muchas las arbitrariedades que usualmente se cometen contra los militares acusados de haber violado los derechos humanos, por hechos ocurridos en su mayoría hace casi 50 años…

Señor Director:

Son muchas las arbitrariedades que usualmente se cometen contra los militares acusados de haber violado los derechos humanos, por hechos ocurridos en su mayoría hace casi 50 años. Ya es casi lugar común que no se les reconozca la amnistía, que se les aplique leyes con efecto retroactivo, y que sigan sometidos al antiguo sistema procesal penal, derogado en Chile hace 20 años por no otorgar garantías de un debido proceso. Pero al parecer el caso que se investiga en el regimiento Húsares Angol ha superado la marca.

Los hechos indican que el 5 de octubre de 1973 fueron fusilados en aquel regimiento, Ricardo Rioseco Montoya (22) y Luis Cotal Álvarez (15). La justicia militar sobreseyó el caso, pero fue reabierto y se instruyó un largo proceso que culminó en agosto de 2005, con el fallo de la Corte Suprema que resolvió aplicar la prescripción, considerando que no se trataba de un delito de “secuestro permanente”, sino de un homicidio calificado, pues estaba confeso quien ordenó el fusilamiento, el fallecido coronel Joaquín Rivera González.

No obstante, el 10 de octubre del 2013, por requerimiento del entonces subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, sin respetar la “cosa juzgada” se reabrió nuevamente el proceso, designando como ministro en visita a don Álvaro Meza Latorre. Este magistrado, después de un proceso que ha dado pocas garantías de imparcialidad, ha condenado en primera instancia, como autores de delitos de homicidios, en su carácter de lesa humanidad a siete oficiales y un soldado, a la pena de 19 años de presidio; a un conscripto a 15 años; y a un oficial y un soldado conscripto a 13 años como cómplices.

Todos ellos tenían muy baja graduación y muchos aseguran ni siquiera haber estado presente en los hechos de los que se les acusa. Peor todavía, aprecian que no ha sido fehacientemente acreditada su autoría, complicidad o encubrimiento en el delito que se les atribuye. Pero pareciera que esto no sería relevante para el juez Meza, pues habría declarado que: «No importa la función que cumpliera, el acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen donde se detenía, apremiaba y ejecutaba a personas, luego entonces corresponde imputarle penalmente responsabilidad». Me cuesta creer que un juez pueda haber hecho una declaración de ese tenor. En todo caso, sería muy conveniente que la Corte de Apelaciones de Temuco revisara detenidamente este caso a la hora de dictar sentencia en segunda instancia.

Viña del Mar, mayo de 2024.

Miguel A. Vergara Villalobos

Publicada por El Líbero

Ministro Alvaro Mesa Latorre

Enrique Slater @slater_enrique

Un gran trabajo y tenacidad de la abogada Carla Fernández en este buen fallo de la Corte Suprema. Es la justicia que se requiere. Igualdad ante la ley en procesos contra militares y carabineros y que la C. Suprema, revise las injustas sentencias de jueces en causas de DD.HH.

Cita

PROFETERE

@TERE_LAprofe73

28 may.

ATENCION !! #URGENTE GRAN NOTICIA !! CORTE SUPREMA EN FORMA UNANIME CONFIRMA EL FALLO DE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO QUE ACOGIO AMPARO EN FAVOR DE TODOS LOS INTERNOS DE PUNTA PEUCO POR EL ARBITRARIO CAMBIO EN EL REGIMEN DE VISITAS POR PARTE DE GENDARMERIA ! RECURSO

Mostrar más

PROFETERE @TERE_LAprofe73

ATENCION !! KAISER CON TODO EN AGRICULTURA ! ¿𝐏𝐎𝐑 𝐐𝐔𝐄 𝐓𝐎𝐃𝐀𝐕𝐈𝐀 𝐍𝐎 𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐍 𝐋𝐀𝐒 𝐎𝐒𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒?

@Jou_Kaiser

“SIGUEN LOS JUECES CONDENANDO A EXUNIFORMADOS POR LA COMISION DE UN DELITO QUE NO EXISTE EN NUESTRO CODIGO PENAL , NEGANDOLE LOS BENEFICIOS CARCELARIOS EN RAZON DE DELITOS QUE NO SON DE LESA HUMANIDAD , PORQUE ESOS RECIEN SE INSTALAN EL 2008”. “ESOS MISMOS JUECES TIENEN A SU DISPOSICION CIENTOS DE OSAMENTAS DE PERSONAS QUE SI FUESEN IDENTIFICADAS , MUCHOS JUICIOS TENDRIAN QUE HACERSE DE NUEVO O SE TUVIESE QUE DECLARAR LA INOCENCIA DE MUCHOS IMPUTADOS O CONDENADOS”. “TENEMOS UN SISTEMA QUE CONDENA SIN PRUEBAS EN BASE A PRESUNCIONES LEGALES “. “EL JUEZ ALEJANDRO SOLIS MINISTRO DE CORTE LO RECONOCIO PUBLICAMENTE EN TELEVISION ” ¿Y QUE PASO? NADA !! “𝐇𝐀𝐘 𝐐𝐔𝐄 𝐌𝐀𝐍𝐓𝐄𝐍𝐄𝐑 𝐅𝐔𝐍𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐄𝐋 𝐍𝐄𝐆𝐎𝐂𝐈𝐀𝐃𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐃𝐃𝐇𝐇 ” AGREGO : A ESTA GENTE NO LE IMPORTA SI UN EXUNIFORMADO ES CULPABLE O NO , LO CONDENAN SIN PRUEBAS EN BASE A FALSOS DELITOS , LES NIEGAN LOS BENEFICIOS CARCELARIOS QUE TIENEN TODOS LOS PRESOS Y ADEMAS ESTAN VIOLANDO SISTEMATICAMENTE LOS DDHH DE ANCIANOS DEJANDOLOS MORIR SIN LA ASISTENCIA MEDICA OPORTUNA , COMETIENDO GERIATRICIDIO CARCELARIO. 𝐔𝐍𝐀 𝐕𝐄𝐑𝐆𝐔𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐄𝐋 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐔𝐑𝐒𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐃𝐃𝐇𝐇 ! HAY QUE SEGUIR EXPONIENDO LAS INJUSTICIAS QUE COMETE LA JUSTICIA , HASTA QUE RETOME EL RECTO PROCEDER POR EL QUE UN DIA JURARON. #JusticiaInjusta QUE CORRA HASTA QUE LA VERDAD SE HAGA COSTUMBRE !

2:07 / 4:42

Una Vicepresidente que quisiéramos tener:

Reciente charla donde cuenta los años de lucha que lleva para visibilizar las víctimas del terrorismo y de los militares presos cumpliendo injustas condenas.

https://youtu.be/sibAQ4IUnVU?si=hlwRna_Fs5GZMX6T

26 miembros del Comité Central del PC reciben sueldo del gobierno de Boric:

Silenciosamente nos seguimos endeudado. Pagará Moya el 2033 y el 2040. No es la primera colocación de bonos este año, sumándose al constante aumento de nuestra deuda futura.

Importante URGENCIA presidencial para proyecto indispensable para la Nación:

Algo de HISTORIA:

SE LE VIENE LA NOCHE! Mosciatti REVELA que Chong QUISO HUIR de Caso contra Carabinero:

https://youtu.be/y330h3pYpBM?si=4q7hqU1BfIzMo50w

Llegó su hora: Máximo Pacheco será juzgado en querella criminal por compra de “empresa fantasma” de litio

Llegó su hora: Máximo Pacheco será juzgado en querella criminal por compra de “empresa fantasma” de litio

Por Director

30/05/2024

 Llegó su hora: Máximo Pacheco será juzgado en querella criminal por compra de “empresa fantasma” de litio. El martes 28 de mayo de 2024 la Juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago Pilar Ahumada Otárola admitió a trámite “querella criminal por el delito de fraude al fisco” interpuesta en relación a la compra de Codelco del Proyecto Blanco, en el salar de Maricunga. La querella fue interpuesta por el abogado, economista y emblemático defensor de los minerales chilenos Julián Alcayaga Olivares.

Por  Francisco Marín Castro y Bruno Sommer Catalán  

La acción se funda en la escandalosa compra por Codelco del proyecto “Blanco” de la empresa australiana Lithium Power International (LPI) en 236 millones de dólares, concretada el 14 de marzo pasado.

Ese día Máximo Pacheco afirmó -según consignó Codelco en su web- que el objetivo de la compañía al hacer esta adquisición era “aprovechar su experiencia en minería para maximizar el valor del proyecto y reducir sus riesgos en la etapa de desarrollo”, tomando en cuenta las ventajas que le supondría el conocimiento y cercanía que tiene con la Región de Atacama, donde opera su División Salvador.

Agregó el presidente de Codelco:

“Se trata de una compra muy estratégica para Codelco, no sólo por la creación de valor que le genera a la empresa, a las comunidades vecinas y al país, sino también porque implica avanzar un peldaño más en la misión de posicionarnos como un actor relevante para la transición energética mundial, con la producción responsable de cobre y litio que el planeta requiere para enfrentar el calentamiento global”, subrayó el jefe de la estatal minera, Máximo Pacheco Matte.

El problema es que Salar no tiene nada. Ni instalación de faenas, ni permisos ambientales consolidados, ni siquiera autorización de explotación. Y lo peor es que pese a estas falencias Codelco pagó ¡el doble! de lo que valía la compañía ligada al empresario chileno Martín Borda.

Además la presentación señala que Codelco ya contaba con numerosas pertenencias mineras en el Salar de Maricunga que le permiten realizar explotación de litio en dicho lugar, en un contexto donde Codelco también cuenta con un Contrato de Operación Especial de Litio (CEOL) otorgado por el Ministerio de Minería para dicho fin. En contraste con esto, el “Proyecto Blanco”  la “empresa fantasma” que no cuenta con un CEOL que le permita extraer litio.

Por lo anterior, Máximo Pacheco será juzgado en querella criminal por compra de “empresa fantasma” de litio.

¿Compra estratégica o fraude al descampado?

La querella de Alcayaga es “en contra de todos los que resulten responsables” de cometer fraude al fisco en relación a la adquisición de “Proyecto Blanco”. La querella destaca el papel de Máximo Pacheco, Presidente del Directorio de Codelco, quien impulsó activamente esta compra.

En el ítem 4 de la presentación se informa que “Lithium Power International Limited era “titular del denominado “Proyecto Blanco”, consistente en la producción de carbonato de litio (Li2CO3) y cloruro de potasio (KCI), a razón de 20.000 t/año y 58.000 t/año, respectivamente, desde el sector septentrional de la cuenca del Salar de Maricunga, Región de Atacama, a una altitud aproximada de 3.760 m.s.n.m.”

Tal como informó El Ciudadano hace unas semanas, “Pacheco reconoció en la Cámara de Diputados que Codelco compró el proyecto Salar Blanco por sobre valor mercado, a pesar que no tiene pertenencias con derecho a extraer litio, no cuenta con ningún activo físico, y tiene una Resolución de Calificación Ambiental impugnada en tribunales”.

Alcayaga en su escrito recuerda que el 4 de febrero de 2020 se calificó en forma favorable el Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto Blanco” a través de la resolución exenta Nº 94 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

En contra de dicha resolución de calificación ambiental (RCA) se interpusieron nueve recursos de reclamación ante el Comité de Ministros.

“Ocho de las referidas reclamaciones fueron presentadas por observantes del proceso de participación ambiental ciudadana (“PAC”) en las que se solicitó dejarla sin efecto, más una del titular del proyecto por medio de la cual se solicitaba complementar la RCA, pero sin invalidarla”, señala Alcayaga en su querella (RUC: 2410025245-3; RIT 6051-2024).

A estas reclamaciones se añadió presentación de recurso de invalidación presentado por una comunidad indígena colla en que solicitó al SEA dejar sin efecto la RCA ya señalada.

Aunque el “Comité de Ministros” solo aceptó reclamación del titular del proyecto para complementar la RCA dictada por el SEA, rechazando las demás reclamaciones. El SEA, por su parte, rechazó la invalidación ya señalada.

No obstante, “se presentaron en contra de las resoluciones que rechazaron las reclamaciones y la invalidación ya referidas, recursos de reclamación ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, las cuales se tramitan actualmente agrupadas bajo el Rol 333 – 2022”.

Y la definición por parte del Tribunal Ambiental de aquellas reclamaciones se encuentra pendiente. “Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de recurrir en contra de lo que decida el Tribunal Ambiental a través del recurso de casación especial contemplado en la ley 20.600”.

De esta manera, el “Proyecto Blanco” y su titular (actualmente Codelco) “no cuentan con una concesión administrativa para explotar litio. Tampoco cuentan con un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) otorgado por el Ministerio de Minería”, señala el economista y abogado Alcayaga en su presentación. Poseer un CEOL es esencial para poder explotar este mineral.

A este respecto la querella sintetiza:

Consistente con la circunstancia que el “Proyecto Blanco” no tiene una resolución de calificación ambiental que se encuentre firme y ejecutoriada, sumado a que no cuenta con una concesión o CEOL que ampare la explotación de litio, la empresa dueña del proyecto no cuenta con ningún activo físico para la realización de dicha actividad, como maquinarias, camiones, instalaciones, u otro equivalente.

Todo lo anterior demuestra que Codelco compró un proyecto que no tiene autorización de explotación ni permisos ambientales, que está en medio de juicios y que no posee ningún avance en materia de logística de producción. Pero esto sólo la punta del iceberg del colosal fraude al Estado que estaría implementando la actual administración de Codelco, encabezada por Pacheco Matte quien fue nombrado como presidente del Directorio por al actual mandatario Gabriel Boric en marzo de 2022.

Alcayaga -de origen pirquinero y con estudios en economía en Moscú y Paris- subraya en su acción jurídica que Codelco compró “Proyecto Salar” pese a que ya tiene un proyecto de litio en el Salar de Maricunga el que ya cuenta con Contrato Especial de Operación del Litio (que permite la exploración y explotación de litio) y tiene “permiso de la Comisión Chilena de Energía Nuclear” (requisito indispensable para explotar litio) con cuota de extracción autorizada de 325.045 toneladas de litio.

Es increíble que una empresa que ya contaba con estos bienes autorizados para explotar compre una empresa que no cuenta con nada de ello, siendo su explotación una quimera. Y que pague cientos de millones de dólares para ello.

Sobreprecio

La Codelco de Pacheco pagó el doble del valor en que Salar (Minera Salar Blanco S.A.) se transaba en la bolsa de valores, tal como se anticipó en reportaje de este medio. La escandalosa compra del proyecto de litio Blanco por Codelco pagando 236 millones de dólares (09/05/2024).

En la presentación que hizo Pacheco Matte ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas(os) en la que “lejos de negar este sobreprecio”, lo trató de justificar al afirmar “que se trataba de un ‘premio’ que se canceló por la compra del 100% de las acciones de la minera australiana, señalando que sería algo que se “estila” en este tipo de negociaciones, afirmado además que un banco internacional que asesora a la estatal habría señalado que dicho monto estaba correcto”.

El Presidente de Codelco, sin embargo, no acompañó el informe que avalaba sus dichos ni menos señaló que banco fue el que sostuvo lo anterior. Cosas que pasan en Chile y ante lo cual los diputados Tapia y Sulantay solicitaron se oficien esos informes.

Ahora, Máximo Pacheco será juzgado en querella criminal por compra de “empresa fantasma” de litio.

Máximo Pacheco habría mentido ante Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados: “Pagamos 236 millones de dólares por 5 filiales”

La querella criminal señala que Máximo Pacheco reconoció en la Cámara de Diputados que los 236 millones que se pagaron corresponde efectivamente al doble del valor bursátil de LPI, pero trató de justificar el sobreprecio afirmando que se trataría de “un premio” por la compra del 100% de las acciones de la australiana. Sin embargo, la acción penal sostiene que resulta fraudulento que Codelco haya pagado como “premio” el doble del valor de una empresa que no tiene ningún activo físico para desarrollar explotación de litio, con un proyecto cuyas pertenencias no dan derecho a realizar dicha actividad, sin que tenga un Contrato Especial de Operación de litio requerido para explotarlo, y con una Resolución de Calificación Ambiental cuya nulidad se encuentra aún pendiente antes los tribunales de justicia.

La querella dice:

3.6. El valor bursátil de cada acción de LPI un mes antes del acuerdo de compra era 0,25 dólares por acción, pero Codelco compró a un precio de 0,57 dólares por acción. Puesto de otra forma, el valor bursátil total de la empresa era de 116 millones de dólares hasta antes de la compra, pero Codelco la adquirió por 236 millones de dólares, esto es, al doble de su valor bursátil.

4. Es del caso que en definitiva Codelco compró, para desarrollar la extracción de litio en el Salar de Maricunga, el 100% de las acciones de una empresa que no tiene activos físicos vinculados con dicha actividad, ni ningún otro relevante; que tiene un proyecto el cual se funda en pertenencias que no dan derecho a explotar litio; que cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental que no se encuentra firme ni ejecutoriada, sino que tiene numerosos recursos pendientes aún en tramitación ante la justicia; y pagando un valor que es equivalente al doble del valor bursátil de la compañía.

En síntesis, Codelco pagó 236 millones de dólares, por una empresa fantasma, en el contexto de una crítica situación de endeudamiento, malos resultados, fraudes que se destapan y baja en la producción.

En los últimos 6 años la producción de la estatal cuprífera ha caído en un 20%, mantiene una deuda que supera los 20 mil millones de dólares, por la cual paga intereses por sobre los 700 millones de dólares anuales.

Los malos manejos de Codelco vienen de mucho antes, pero lo que está haciendo la actual administración supera todo lo aceptable dejando a escándalos como el “pacogate” y el “milicogate” como arrebatos de lanza al lado de este casi seguro millonario desfalco, que no es el único que se estaría produciendo en Codelco como daremos a conocer en próximos y sucesivos reportajes.

Finalmente, llegó su hora, Máximo Pacheco será juzgado en querella criminal por compra de “empresa fantasma” de litio.

El delito de fraude al fisco por el cual se presentó la querella acogida por la justicia, tiene una pena de entre 3 años 1 día y 10 años de cárcel.

Por  Francisco Marín Castro y Bruno Sommer Catalán 

El Ciudadano

Sentencia previa.

Raimundo García Covarrubias

26 de mayo de 2024

He leído con gran interés, diversas cartas en medios de comunicación sobre los procesos de derechos humanos, llevados adelante por los tribunales de Temuco en relación con sucesos ocurridos entre septiembre y noviembre de 1973. Estas cartas han despertado en mí un profundo sentimiento de empatía y solidaridad, sintiéndome obligado a compartir mi propia experiencia.

Como ex uniformados, nos enfrenamos ante un sistema judicial obsoleto, regido por un Código de Procedimiento Penal del año 1906, que no garantiza el debido proceso legal, un instituto básico en el Estado de Derecho democrático y moderno, y que constituye una verdadera protección de los ciudadanos frente al abuso de poder estatal arbitrario.  Pero, además, existe una flagrante infracción al principio de igualdad ante la ley, ya que procesados por hechos ocurridos medio siglo atrás, son juzgados por un sistema inquisitivo, secreto, y escrito, en cambio, el resto de la población, tienen la “suerte” de ser juzgados por un sistema acusatorio, público y oral, compatible con los tratados de derechos humanos modernos (post II Guerra), y que entró en vigencia en nuestro país el año 2000.

Debido a un lamentable hecho punible ocurrido en noviembre de 1973, mientras servía como subteniente en el Regimiento Tucapel de Temuco, fui injustamente condenado en primera instancia a cadena perpetua como cómplice, a pesar de no haber tenido conocimiento, ni participación alguna en dicho suceso.

Además, recientemente, fui inesperadamente procesado por una detención a unas personas en paso fronterizo de la Araucanía, llevada a cabo el año 1973 por parte de Carabineros de Chile, siendo acusado de complicidad en dicho incidente. Una vez más, sin ninguna prueba, sin haber tenido relación alguna con Carabineros de Chile -ya que era oficial de ejército con el grado de subteniente- ni haber ocupado ningún cargo relevante en el regimiento, que pudiera justificar algún grado de conocimiento y menos de participación en tales hechos.

Como resultado de este procesamiento injusto, fui privado parcialmente de mi libertad, imponiéndoseme un arresto domiciliario nocturno desde julio de 2022, lo cual ha tenido un impacto devastador en mi salud física y mental, así como en la de mi familia. Se me ha diagnosticado parasomnia descompensada debido al constante estado de alerta provocado por los controles policiales a altas horas de la madrugada. Todo ello, ha ocurrido a pesar de presentar múltiples recursos para suspender esta medida, respaldados por fundamentos jurídicos y certificados médicos, no obstante, mis solicitudes han sido rechazadas en repetidas oportunidades. Esta situación me deja en una condición única en este caso, considerándola discriminatoria, sin que mis argumentos sean tomados en cuenta.

A partir de mi experiencia personal, donde en ambos casos se me acusa de complicidad, simplemente por haber sido uniformado, suficiente para recibir una sentencia de cadena perpetua, surgen interrogantes sobre los derechos de los ex militares de 1973: ¿Tenemos derechos humanos?, ¿derecho a un debido proceso?, ¿a una justicia imparcial?, ¿a una justicia sin prejuicios?, ¿o simplemente por haber elegido la carrera militar en nuestra juventud carecemos de todo derecho?

La falta de imparcialidad y objetividad del sistema de justicia penal al que se nos somete, que pasa por alto el principio de inocencia y las pruebas presentadas, solo provoca impotencia y una profunda sensación de abandono. La verdad de los hechos parece irrelevante; lo único que importa es el hecho de haber vestido el uniforme. La inocencia o culpabilidad en los cargos imputados carecen de absoluta importancia, pues ya fuimos juzgados y sentenciados hace mucho tiempo.

Explicitando lo anterior, cito textualmente una justificación considerada en mi sentencia a cadena perpetua, en calidad de cómplice por el hecho ocurrido en noviembre de 1973 antes enunciado:

“Desde ese punto de vista por el compromiso que significa tener la calidad de oficial, pasearse por las diferentes compañías, en especial la plana mayor y el gimnasio, no resulta posible en este caso el acusado se desmarque y se desligue de todo lo allí acontecido. Sobre lo anterior recordamos lo que dijo en los párrafos precedentes el profesor Claus Roxin, respecto a que no importa la función que cumpliera, en este caso en el regimiento Tucapel, el acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen donde se detenía, apremiaba y ejecutaba a las personas, luego entonces corresponde imputarle penalmente su responsabilidad”.

¿Estaremos frente a un derecho penal de autor?

Juzgue usted…

Raimundo García Covarrubias

Comentarios:

Carta de un militar, injustamente condenado. Ya es usual, que el Poder Judicial con su pasividad, posibilite este tipo de ilegalidades y tragedias. La venganza, persecución y otros intereses, han desviado el verdadero rol de la Justicia en Chile.

Enrique Slater Escanilla.

https://x.com/slater_enrique/status/1794801606707511708?t=tOYyemKNvCgtSf83GV-nmQ&s=08

Foro por la Imparcialidad Judicial

@FPIJudicial

El

@PJudicialChileno debe seguir haciendo oídos sordos a quienes ponen de relieve la grave vulneración de garantías fundamentales que se está cometiendo con los prisioneros políticos militares. La imparcialidad judicial, el debido proceso y la igualdad son intransables.

@CIDH

Por Humberto Julio Reyes

                  El título de esta columna fue lo primero que se me vino a la mente al contemplar las imágenes del juicio oral al que está siendo sometido el ex carabinero Sebastián Zamora en el llamado caso Pío Nono.

                  Para él la fiscalía ha pedido la pena de ocho años por homicidio frustrado, acusación sostenida por diversos entes estatales, organizaciones no gubernamentales y privados presentes en la audiencia, en notorio desequilibrio con el acusado y su defensa costeada en forma particular.

                  Pareciera que todo el poder del Estado se ha congregado para condenar a quien, siendo funcionario de ese mismo Estado, salió a cumplir su deber en octubre de 2020.

                  A diferencia de quien resultó lesionado al intentar escapar de la detención policial, lo que no parece ser la conducta propia de un pacífico manifestante, el ahora acusado no eligió estar en el lugar de los hechos, sin embargo, ha perdido su carrera y todo beneficio, debiendo asumir su defensa como un simple particular, la que está siendo posible por la generosidad de terceros.

                  Sin embargo y a pesar de lo que ha sido posible observar, dicho manifiesto desequilibrio parece no bastar a quienes ya lo han condenado mediáticamente y se muestran empeñados con lograr una condena “ejemplarizadora”.

                  He visto en un programa de televisión de alta sintonía cómo se le objeta contar con un abogado de renombre y que seguramente otros pagan, como si no tuviera ese derecho. También se le objeta que tuviera actualmente un trabajo proporcionado por una parlamentaria de oposición y, que estuvieran presentes en la audiencia, que es pública, algunos parlamentarios que lo apoyan.

                  Es decir, quisieran verlo sin defensa, cesante y absolutamente solo, enfrentando sin contrapeso alguno a quienes, habitualmente, buscan imponerse más por el número que por la fuerza de los argumentos, práctica por lo demás muy efectiva en las llamadas causas de derechos humanos.

                  ¿Qué puede resultar finalmente?

                  Puede resultar absuelto si el tribunal estima que no hubo intención dolosa y todo se reduce a un desgraciado accidente en medio de violentos disturbios.

                  ¿Lo acogerá de regreso su institución y acaso él querría volver sin garantía alguna de  no verse nuevamente involucrado en algo tan penoso en lo personal y profesional?

                  Pero también podría terminar siendo condenado por la pena solicitada por la fiscalía u otra de distinta cuantía, lo que tendría lamentables consecuencias, no sólo para él sino para todos los que deben cumplir con el deber de proporcionarnos seguridad, haciendo que se respete el estado de derecho, pero sin contar con el necesario respaldo.

                  Cabe agregar que difícilmente la sentencia de primera instancia será aceptada por aquella parte que se vea frustrada en sus expectativas, lo que permite presumir una larga contienda en tribunales, pero cruzada por posiciones políticas e ideológicas irreconciliables.

¿Estarán nuestros tribunales en condiciones de garantizar que, al final, se imponga la justicia?

27 de mayo de 2024.

“De lo malo mucho”

                ¡Que otoño! Nada que ver como lo describió hace unos días la pluma inigualable de Cristián Warnken, lamentablemente opacado por las situaciones que nos apremian. Un refrán muy popular y muy antiguo reza “que de lo bueno muy poco”, como también: “lo bueno, si breve, dos veces bueno,” este último atribuido a Baltazar Gracián, escritor del siglo XVII, que en el fondo es un llamado a la moderación, pues todo exceso por lo general suele ser malo o muy malo. Toribio, escudriña en estos dos años de gobierno del partido comunista y compañía, qué podría identificarse con los refranes antes mencionados y realmente no encuentra, y por ello estima que es más apropiado el título de la presente columna. Y pruebas al canto, algunos ejemplos, entre muchos.

             Si bien es cierto que a través de las redes sociales ─pues los medios de prensa, en especial la TV, se abstienen de hacerlo─ se ha hecho patente la ideologización de gran parte del poder judicial, que no ha tenido asco en la persecución hacia el personal de las FF.AA. y de Orden y Seguridad, tanto en servicio activo como en retiro, llamó profundamente la atención la publicación de un artículo en el decano de la prensa de Santiago, “Justicia con Clemencia”, escrito por Sergio Muñoz Riveros, ex militante del PC, que Toribio no puede dejar de destacar por su nobleza y valentía, al exponer la cruda realidad que afecta a un centenar de ex miembros de las fuerzas armadas y policías, que cumplen condenas en diversos recintos penales, proviniendo de una persona que tanto él como su esposa sufrieron el exilio durante el gobierno militar. Tanto el ministro del ramo, como parlamentarios que se han negado a legislar en favor de ancianos que están falleciendo en las cárceles, no faltan jueces que se gozan demostrando una falta de humanidad y carencia absoluta de apego a la ley, insistiendo en las “ficciones jurídicas,” como las denominara el Ministro de la Corte de Apelaciones Hernán Solís, aludiendo a los secuestros permanentes. Es el caso de la jueza Marianela Cifuentes, que le ha negado el arresto domiciliario a un anciano y enfermo de 85 años, que habiendo cumplido una condena 10 años, sin haber recibido jamás un beneficio carcelario que otorga la ley, lo mantiene recluido en el Batallón de Policía Militar por otro proceso que está en etapa inicial. No hay jusrticia ni menos clemencia

                La condonación del CAE es otro absurdo irresponsable del gobierno, impulsado por el PC y que formaba parte de su programa con el objeto de captar a una gran masa de postulantes, muchos de ellos hoy día transformados en frescos ─e incluso por personas de izquierda los ha calificados de sinvergüenzas y flojos─. Aprovechando las próximas elecciones, el ministro de Educación (P.C.) ha anunciado un proyecto para su materialización, junto al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), llamando  la atención que cuente con el apoyo del ministro de Hacienda, otra decepción, muy distinta a la que persona que otrora presidiera el Banco Central. Este crédito se otorga desde hace 10 años para cualquier persona que postula a una universidad, independiente de la situación económica, debiendo beneficiar a juicio de Toribio, a los alumnos de hogares más precarios, porque en el fondo se financia con fondos de todos los chilenos. Se comienza a pagar 18 meses después de terminada la carrera, con una tasa anual de UF+2% siempre que las cuotas no superan el 10% del sueldo del beneficiario; pudiendo el deudor solicitar la suspensión del pago si se encuentra sin trabajo o fuera de Chile.

             La condonación de la deuda tiene un costo anual cercano a los US$ 9 mil millones, equivalentes a 4 puntos del PIB; otros mencionan que son $US. 12 mil millones. “El perdonazo” según sus impulsores será responsable y con proporcionalidad. El problema es que hay muchas personas que con gran sacrificio postergaron muchas necesidades familiares y cumplieron religiosamente con sus obligaciones y esta condonación estaría privilegiando a los frescos y no a la gente trabajadora y honesta; sería una medida injusta,  populista y además regresiva. Con el costo de la eventual condonación el Estado podría proporcionar 293.000 subsidios habitacionales de 750  UF, lo que serviría para paliar el déficit de 600 mil viviendas. Obviamente, que Entre los deudores hay diputados con las mejores remuneraciones del mundo que mantienen deudas con el FSCU: Diego Ibáñez (C.S.); Catalina Pérez, no se pierde una (R.D.) Héctor Barría (D.C.) y Juan Irarrázaval (P.Rep.)

                La inmigración ilegal por otra parte, sigue haciendo su “agosto” a pesar de que autoridades de gobierno se empeñan en proclamar que estas han disminuido. Como lo declaró públicamente el diputado Enrique Lee, que acompañó a la Comisión de Seguridad de la Cámara a Colchane, quien contradijo a otros parlamentarios que afirmaban que estaba todo bien en Colchane, negando categóricamente esa afirmación y precisando que está todo mal, por cuanto los inmigrantes ilegales entran “como Pedro por su casa” y no pasan por el control fronterizo, sino que lo hacen unos tantos metros más allá, o antes, y cuando el ejército los detiene los entrega a la PDI, y quedan inmediatamente libres, donde son acogidos por organismo internacionales como ACNUR y otros, que han levantado campamentos donde les proporcionan todo tipo de atenciones, facilitándoles además el transporte para ingresar a Chile. En caravana son trasladados al interior de nuestro territorio, incluso con acompañamiento de carabineros; de manera que esta corriente inmigratoria ilegal es como una llave de un grifo que ha quedado abierta y el agua se ha esparcido por todo Chile. Es un problema sin solución ya que cuenta con el beneplácito del gobierno, reafirmándose que el aumento del crimen organizado tiene relación directa con  el descontrol de la inmigración. Toribio no discrepa del apoyo humanitario, pero sí, que no sean chequeados sus antecedentes e identificaciones antes de ingresar al país por nuestra policía y los organismos pertinentes. El PC no está al margen de este grave problema, sino que es el principal impulsor porque es difícil sustraerse al abierto llamado hecho por la actual presidente de la Cámara de Diputados: Quiero invitar a todos los hermanos de América Latina y de otros países del mundo que han elegido nuestra tierra para venir a vivir, a trabajar, para hacer un aporte; al inmigrante, a la inmigrante que están en Chile hoy a ejercer el derecho a voto, no da lo mismo quien es el presidente o presidenta de la república. Si ya tienen su ciudadanía, si ya obtuvieron su residencia definitiva ejerzan sus derechos por cuanto con eso vamos a tener posibilidad de cambiar la política inmigratoria que nos ha llevado a casos de discriminación de derechos humanos (…) Ahí está la “madre del cordero”

              Este negro periodo otoñal, amén de otros aspectos que se han omitido, se ve aún más empañado como acertadamente lo expresara la pluma de mi querido amigo Cristián Labbé. La política contingente carente en forma absoluta de líderes capaces de resolver exitosamente los problemas sociales, políticos y económicos que nos ahogan, pues en el “quirigay político” de las numerosos elecciones que se nos avecinan en los próximos meses, tan solo importa con cuales y cuantos pedazos de la torta me quedaré; la derecha en especial, que no ha aprendido la lección, olvidando que en la confianza está el peligro y que se han visto muertos cargando adobes. Después no nos lamentemos y estemos llamando a los militares para que barran el piso.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

Justicia con clemencia

Enrique Slater @slater_enrique

Don Sergio Muñoz Riveros, con su versada pluma y gran sentido humanitario, ajeno a ideologías políticas, insiste en la necesidad de una justicia con clemencia, para militares y policías. El espíritu que lo motiva y su planteamiento, requieren ser considerados por el Estado

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Justicia con clemencia

Sr. Director

Diario El Mercurio

                  A propósito del artículo publicado en el día de ayer del señor Sergio Muñoz Riveros, no puedo menos que reconocer su nobleza y valor al exponer la cruda realidad que afecta a un centenar de ex miembros de las fuerzas armadas y policías, que cumplen condenas en diversos recintos penales, más aun proviniendo de una persona que sufrió el exilio durante el gobierno militar. Me impuse de su texto mientras visitaba a un amigo detenido en el Batallón de Policía Militar. Llegó hasta allí directamente después de haber cumplido una condena de 10 años, sin jamás haber recibido algún beneficio carcelario, pues se encuentra sometido a otro proceso, supuestamente por lo que el ex ministro de la Corte de Apelaciones,  Eduardo Solís Muñoz, reconoció públicamente en TV que el secuestro permanente, por el cual se le acusa, era una ficción jurídica. Tiene 85 años de edad, está enfermo y accidentado con un brazo quebrado a consecuencia de diversas caídas, amén de otras situaciones familiares. Para la justicia sigue siendo un peligro para la sociedad, pues se le ha negado el arresto domiciliario solicitado por su defensa: “no da a lugar”. Justicia con clemencia, ni lo uno ni lo otro, porque tengo entendido que las ficciones jurídicas no forman parte de ningún código penal.

Fernando Hormazábal Díaz

Justicia con clemencia

A propósito de la columna de Sergio Muñoz de 23 de mayo, no puedo sino estar más de acuerdo con sus palabras.
La solución, sin embargo, no pasa por pedirle peras al olmo, porque el olmo seguirá dando sámaras.
La venganza (justicia sin clemencia) ha sido la tónica de estos últimos años, extendiéndose en este Gobierno al maltrato carcelario por parte del Estado (hacinamiento, falta de atención médica, rechazo ayuda privada, etc.).
Ya que el horno no está para bollos, y a los condenados por causas de DDHH no les queda tiempo, lo que se necesita es que nuestros jueces apliquen el derecho nacional con “perspectiva geriátrica”, recogiendo del derecho internacional la humanidad del castigo, y de la OMS, los fundamentos médicos del mismo, enalteciendo la dignidad del ser humano, como valor supremo de nuestro orden jurídico.
Así, la solución está al alcance de la mano de quienes deben lealtad a la ley y a nadie más.

Carla Fernández Montero
Abogada, Derecho Penitenciario

Káiser esta haciendo una valiente y consistente acción comunicacional por nuestra causa. Ojalá lo imitaban otros políticos que se dicen favorables a la causa de la justicia:

Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10

@Jou_Kaiser

Por que no quieren identificar los restos de los detenidos desaparecidos que se encuentran en el Servicio Médico Legal?:

• https://x.com/Jou_Kaiser/status/1726704124048404730?t=LaS2B8rmnfG7KT32pDc0ww&s=08