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        La cercanía de la cuenta pública del tipo que habita el cargo de presidente de la república, por algunos llamado “pulmones vírgenes “ y los posibles temas que abordará en esa ocasión, y por otra parte la TV que no deja de lado el asunto de la muerte del soldado conscripto, en Putre, cuya madre va por una segunda autopsia, ahora de acuerdo al protocolo de Minnesota, a que esta pluma se referirá en otra ocasión ─guardando reserva para no herir susceptibilidades de lo que se persigue tras este nuevo procedimiento o ser calificado de inhumano─  ocupan la mayor parte de la labor informativa de los medios.

       El proyecto de ley referida a las Reglas de uso de la Fuerza, trámite que terminó una fase en la Cámara de Diputados, con la exclusión de la norma referente a la aplicación de la justicia militar, ante eventuales delitos que se cometan por parte de la policía o miembros de las FF.AA. en funciones de orden público, debido a la ausencia del algunos parlamentarios a la votación y a la traición del judas Rivas, que se vendió por un cargo en la dirección de la mesa que preside dicha Cámara.

      En 16 artículos y 21 páginas, los señores diputados aprobaron por un voto este proyecto de ley que pretende regular el uso de la fuerza, haciendo gala de su desconocimiento de lo que significa hoy en día enfrentarse al crimen organizado, la delincuencia y el terrorismo; lavándose las manos de lo que pudiese decidir el día de mañana la justicia ordinaria, que ha perdido absoluta credibilidad ante un ideologismo que ya ha superado todos los límites del sentido común y de la justicia con absoluto desparpajo.

        Después de hacer una definición de las armas letales y no letales; del uso de la fuerza y de los diferentes medios físicos para lograr el objetivo legítimo, abunda en una serie de principios tales como: el de legalidad; de necesidad; de responsabilidad, la que puede ser individual, de los mandos respectivos y de la autoridad civil, que a juicio de Toribio, esta última es un buen aporte; el principio de rendición de cuentas por parte de los mandos y de las autoridades civiles; y el principio de racionalidad, apreciando la realidad de los hechos, lugar, contexto y nivel de peligrosidad, aclarando sí, que la racionalidad no requiere igualdad de medios. ¡Elemental Watson! Un artículo incluye la formación y capacitación, la que debe hacerse en forma periódica y con certificaciones, además del equipo adecuado para proteger la vida e integridad física, sin perjuicio de las limitaciones presupuestarias, “la primera trampita.” Obviamente, un artículo que prohibe la tortura no podría faltar, aun cuando es destacable que no se podrá considerar como tales, las molestias o sanciones legales, inherentes o incidentales, como tampoco las derivadas de un acto legítimo de la autoridad.

        Luego se llega a los deberes y allí se fueron al “chancho”. Incluye el de “precaución”; de “identificación”, precisando los diversos medios o cualquier otro, siempre que no se cree un riesgo de muerte o lesiones graves; el de “advertencia”, incluso verbal o una señal corporal de su intención de utilizar el arma; el de “gradualidad o progresión”, según sea la peligrosidad, de la resistencia o agresión, y el nivel de “fuerza necesaria” para cesar la amenaza, resistencia o agresión; amén de otros que son consustanciales, como evitar el daño a terceros, el de “reportar” y el de “protección a niños y adolescentes”, conforme a la ley 21.430 “Sobre garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia”.

        Pero lo anterior es un pelo de la cola respecto a lo que se incluye en el Título II, para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que son las reglas propiamente tales, con los Grados de Resistencia o Agresión, tales como: Cooperación, Resistencia Pasiva, Resistencia Activa, Agresión Activa, Agresión Activa potencialmente letal y culmina este glosario de teorías con las etapas en el uso de la fuerza: Presencial de vigilancia pasiva; Técnicas de comunicación, incluyendo la persuasión verbal, el diálogo, mediación, negociación y reducción de la tensión; Reducción física de la movilidad; Fuerza menos letal para alcanzar el objetivo legítimo perseguido; Fuerza potencialmente letal, solo cuando resulten insuficientes conforme a los parámetros antes señalados.

        Con respecto a las FF.AA. que sean llamadas a cumplir funciones de Orden y Seguridad Pública regirán las mismas disposiciones, agregando por parte de la autoridad militar las siguientes consideraciones: Precisar mediante resoluciones las actuaciones necesarias en cada despliegue operativo conforme a lo siguiente:1) El despliegue de los medios y de armas en forma disuasiva, pudiendo emplear armas letales con munición de salva; 2) Uso de la fuerza y técnicas de comunicación para el control físico, esposarlo o aplicar otro medio de inmovilización; 3) uso de la fuerza potencialmente letal en cuanto resulten insuficientes las medidas previas con  el objeto de detener a una persona, impedir su fuga o protección de infraestructura crítica cuando exista peligro grave de verse afectada.

       Finalmente, para la galería, se presume la legitima defensa establecida en el CJM y en Código Penal al funcionario que en cumplimiento al mandato judicial actúa de conformidad con las reglas de uso de la fuerza, cualquiera que sea el daño que se ocasione a personas o cosas, como también el daño que se ocasione al agresor cuando se impida  o trate de impedir el delito que atente contra la vida del personal militar, policial o de terceros.

        Sin entrar a un análisis pormenorizado, para no agotar a los valientes lectores, solo algunas aprensiones. Es fácil desde un escritorio y un cómodo sillón suponer el camino indicado para hacer frente a una situación riesgosa, estresante, agobiante; y tener paralelamente en mente el criterio con que ha actuado la justicia ordinaria.

        En cuanto a la capacitación periódica si bien es factible para las fuerzas de orden y seguridad pública, para el personal de las FF.AA., y en particular para el ejército con los periodos de instrucción acotados al contingente, no cabe la menor duda que afectará la seguridad nacional al perjudicar en forma considerable su entrenamiento para cumplir con su misión específica. En cuanto a las limitaciones presupuestarias está claro que nunca contará con los medios apropiados, mientras el partido Comunista mantenga secuestrado a la Subsecretaria de las FF.AA., de lo que ya dejó en evidencia en el presente presupuesto. Ignoro si fue un chiste lo de anunciar en forma verbal o insinuar con gesto corporal el empleo del arma. Me hizo recordar a un cómico uruguayo, creo.: “Aló hablo con el enemigo….El personal de las FF.AA. en estas situaciones, además de llevar todo el equipamiento de la policía, se supone, deberá llevar esposas y entrenarse en técnicas de defensa personal para inmovilizar al delincuente, como asimismo injertarse un ship Chat G.P.T. AI., para que procese en forma inmediata el tipo de arma o procedimiento para actuar ante un peligro inminente y cubrirse de los futuros fallos de la justicia ordinaria.

      Lo más rescatable, el artículo 17 en cuanto a que el personal mientras duran los sumarios, no podrán ser sujeto a medidas disciplinarias, pérdidas del cargo o de las remuneraciones.

        En síntesis, a juicio de esta modesta pluma, P.P.P. “Pura paja picada” mientras perdure cierta  mafia existente en la justicia ordinaria, salvo muy contadas excepciones.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

*Toribio, hace un mea culpa al confundir al rey Arturo con Ricardo III en su anterior columna.

Por Cristián Labbé Galilea

En la larga existencia del ser humano han concurrido circunstancias en que, nítidamente, en una misma persona convergen valores y principios que definen tanto a un hombre de bien como a un soldado ejemplar. Es el caso del Mayor General Bruno Siebert Held (QEPD) a quien hoy “los batallones del ayer” reciben, en correcta formación, para rendirle los honores a los que se ha hecho merecedor después de una larga vida de servicios a la Patria y a su querido Ejército.

Para quienes lamentamos su partida, es “el clarín del silencio” el que nos convoca a recogernos en nuestro dolor, y a resignarnos humildemente ante los designios de la Providencia.

Muchas páginas darán cuenta de una carrera militar exitosa y de una valorada actuación en el mundo político. Como militar, alcanzó las máximas distinciones y los más altos cargos: oficial de ingenieros; cursó estudios de Estado Mayor en nuestro país y en Alemania; comandó el Regimiento Arauco en Osorno; alcanzó el Generalato y desempeñó importantes cargos en el Gobierno Militar.

Serán muchos los testimonios y los ejemplos que darán cuenta de su integridad como persona, de su liderazgo, responsabilidad y sabiduría en su actuar militar y político. Don Bruno, como lo llamábamos quienes fuimos sus amigos, no sólo se hizo querer por sus subordinados, sino que también se hizo respetar por sus compañeros y superiores, incluso por sus más enconados adversarios políticos.

En la larga lista de virtudes que definen la vida del Mayor General Bruno Siebert Held (QEPD), destaca su inalterable lealtad a su institución y al país, especialmente marcada por el respeto a las tradiciones y valores que distinguen la trayectoria histórica del Ejército de Chile. Como Ministro de Estado, y luego como Senador electo por la Región de los Lagos (1990 – 1998), el General Siebert destacó por su contribución a crear las condiciones de seguridad, estabilidad, bienestar y progreso para sus compatriotas.

Lejos de intentar proporcionar información factual y de detalle sobre la vida del General Bruno Siebert Held (QEPD), estas líneas buscan convocar a las nuevas generaciones militares, civiles y políticas, para que asuman que servir a la patria es un deber de todos, no de unos pocos.

Finalmente, esta pluma siente el deber de honrar la memoria de quien nos ha dejado un legado de honor y valía que debemos recordar siempre quienes fuimos sus amigos y camaradas de armas, porque… ¡el hombre sólo muere cuando se le olvida!

“Nuda vida” carcelaria.

Carla Fernández Montero

18 de mayo de 2024

El Estatuto de Gendarmería de Chile en el inciso 3° del artículo 6°, establece: “La Administración Penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos y permitirá el ejercicio de los derechos compatibles con su situación procesal”.

Esta finalidad -coherente con el sistema de garantías y con el derecho internacional- es en realidad letra muerta. Explicaremos brevemente el porqué de esta aseveración.

Sabemos que la medicina moderna se basa en los registros médicos. Y en el caso de las enfermedades crónicas -que, por edad, afectan a la mayoría de los presos por causas de DDHH- la necesidad de tratamientos a largo plazo con frecuencia requiere una capacidad rutinaria para mantener registros médicos y para programar y realizar un seguimiento regular de multitud de citas médicas. Sin estas rutinas, los pequeños problemas de salud se hacen catastróficos y el tratamiento médico en sí mismo se convierte en un riesgo para la vida y la integridad física.

Pues bien, veremos como la inobservancia por Gendarmería de Chile del factor anterior, sumado a la inexistencia de un médico de planta en los penales que albergan personas condenadas por causas de DDHH, como el penal de Colina I, cobró la vida de tres internos del Pabellón Asistir de dicho recinto durante solo este último año.

El primer caso fue el de Eduardo Cabezas Mardones, quien después de padecer varios días de fuertes dolores en el abdomen, y recibir por parte del personal TENS del penal solo analgésicos -pese a tener una ficha clínica que indicaba problemas a la vesícula-, soportó dolores a niveles extremos la noche del 7 y mañana del 8 de junio de 2023, y luego de un padecimiento acompañado de gritos de dolor durante toda esa mañana, recién fue llevado en horas de la tarde al SAPU, lugar donde terminó falleciendo a las 17:15 horas por un choque cardiogénico /Infarto agudo al miocardio, a raíz del envenenamiento de la sangre, producto que la vesícula biliar reventó.

El mismo patrón ocurrió pocos días después en relación al interno Raúl Durán Martínez -con antecedentes de cefaleas e hipertensión- que luego de constantes dolores de cabeza fue tratado por el personal de la enfermería del penal nuevamente sólo con analgésicos, y terminó falleciendo hospitalizado por un ACV hemorrágico el día 12 de julio de 2023.

Igual situación se repitió meses más tarde con el recluso Valentín Riquelme Villalobos, quien luego de soportar fuertes dolores estomacales y ser diagnosticado por la enfermera de un “dolor de estómago”, medicamentándolo sólo con analgésicos, terminó falleciendo por una peritonitis aguda apendicular el día 15 de febrero de 2024. También este interno tenía antecedentes médicos que ameritaban su traslado inmediato a un centro hospitalario, pudiendo haber evitado su muerte.

Estos tres casos demuestran la gran desconexión entre la política carcelaria y la ética de la prestación de cuidados.

La atención médica de los internos es vista con desdén y los funcionarios de Gendarmería de Chile (policiales y administrativos) se muestran habitualmente hostiles frente a esta obligación, viéndola como imposiciones injustas o improcedentes y, como una oportunidad para tomar represalias en contra de los internos necesitados de atención médica, por medio de malos tratos, desorden en las prescripciones (realizadas sin la firma de un médico), demoras en la atención por la enfermería, rechazo de peticiones de horas médicas, pérdida voluntaria de las mismas, deficiencias en el traslado a centros de salud, etc., justificando estas acciones en que “siguen órdenes de arriba”.

Gendarmería de Chile no solo es incompetente para la atención médica que la Constitución Política y su Estatuto obliga realizar, sino que, al interior de este órgano, se ha establecido una lógica penal antitética a ella. En otras palabras, y más allá del problema obvio para los internos de tener que tolerar la negligencia profesional y la mantención de “personal médico” inidóneo para el cumplimiento de la finalidad establecida estatutariamente, las carencias y la falta de disciplina de Gendarmería de Chile, también fomenta una cultura de falta de responsabilidad y de profesionalidad según la cual la aceptación de condiciones degradantes y humillantes se vuelve rutinaria y admisible, violentando los derechos fundamentales de los presos, y gatillando el derecho cautelar de urgencia, como ha sucedido -sobre todo- este último año.

Sin embargo, incluso bajo la amenaza de desacato, Gendarmería de Chile no ha sido capaz de reordenar el sistema de salud penitenciario derivado -por ejemplo- del hacinamiento que están siendo objeto sus cárceles. El personal carcelario (policiales y administrativos), no solo carecen de la voluntad de reforma o cambio, sino, además, de la capacidad de pensar en los presos por causas de DDHH como seres humanos.

El mismo hecho que no existan médicos de planta en los penales de Punta Peuco, Colina I y San Joaquín, favorece esta situación de completa inhumanidad carcelaria, ya que la supuesta inquebrantable ética profesional del médico permitiría proteger y ayudar a sus pacientes, independientemente de su situación moral o jurídica, de tal forma que el estigma del “violador de DDHH” no permee la “atención médica” propiamente tal, cuestión que no ocurre, por ejemplo, con los TENS o las enfermeras contratadas, quienes por un tema de “lex artis”, carecen de este compromiso desprejuiciado con la salud de las personas, según se ha evidenciado.

Así las cosas, y aun cuando no exista un maltrato físico directo (vías de hecho) hacia los internos, la crueldad contra ellos se manifiesta a través de otras modalidades canallescas, como la indiferencia deliberada a las graves necesidades de atención médica, y que si bien pueden ser asignadas –prima facie– a infractores individuales, lo descrito más bien hace referencia a un método sistemático y planificado de dirigir una institución como Gendarmería de Chile, diseñado para degradar a las personas privadas de libertad por causas de DDHH y fomentar una conducta inhumana hacia ellas, amparándose en una ideología “igualitarista” que no distingue entre reos viejos y jóvenes, entre presos sanos y enfermos, entre internos peligrosos e inofensivos, etc., o simplemente, recurriendo a las mentiras plasmadas en los diversos informes que evacuan a raíz de las acciones de amparo y protección presentadas por los afectados.

Esta fórmula de apelar a la “igualdad”, en el fondo, ha permitido que el Administrador penitenciario evada el “costo económico” de mantener presa a una persona vieja y enferma crónica. Lo indignante, es que tampoco ha buscado o aceptado fórmulas eficientes y eficaces -que no comprometen el erario público- para enfrentar este problema. En alguna carta anterior se habló de la política carcelaria del “perro del hortelano”.

Graficaremos con un ejemplo -aplicable a muchos reos por causas de DDHH- lo que esta infausta política carcelaria puede llegar a significar:

Es un hecho notorio que debido a la evolución de costes de las enfermedades crónicas su sostenibilidad económica requiere un manejo meticuloso de las necesidades rutinarias de cuidado. Los diabéticos, por ejemplo, necesitan medir el nivel de azúcar en la sangre durante todo el día, ajustando su dieta y, tal vez, el suministro de insulina. Si no se adopta este tipo de gestión, se incrementa el daño a los riñones y la degradación de la función renal produce daños en la circulación sanguínea, que se manifiestan en enfermedades del corazón y daños en manos y pies. Eventualmente, en una etapa avanzada de la enfermedad, puede ser necesario hacer diálisis del riñón y amputar extremidades, lo que requiere especialistas y genera costos extraordinarios. El mismo patrón se da con otras enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer.

En efecto, los presos por causas de DDHH son un conjunto ordinario de seres humanos, con cuerpos ordinarios, pero cuyas dramáticas “historias de cárcel”, nos muestran un sistema penitenciario que ya no los reconoce como tales.

Hay tres patrones que se repiten en estas “historias de cárcel”:

1.- La enfermedad crónica;

2.- La falta de atención médica individualizada;

3.- La inhumanidad básica.

La aplicación de la ideología “igualitarista”, ha permitido que los cuerpos y las mentes de los presos por causas de DDHH -siguiendo la lógica del resto de la población penal mayoritariamente peligrosa del país- se pensaron como amenazas a la seguridad en todas las formas posibles; pero las amenazas generadas por las instalaciones carcelarias deficientes a esos cuerpos y mentes no fueron tomadas en cuenta, en absoluto. Es como si los cuerpos viejos, enfermos o discapacitados de estas personas privadas de libertad fueran definidos por su condición de “violadores de DDHH”, que carecen de órganos sujetos a enfermedades, de un esqueleto susceptible de experimentar fracturas o de músculos proclives a sufrir lesiones. Una visión infrahumana de ellos que los muestra como una suerte de cascarón de carne vacío, indolente, que puede ser instrumentalizado por el Estado.

Ciertamente, la falta de atención médica de estas personas sufrientes revela un profundo nivel de negligencia y desprecio por parte de Gendarmería de Chile, como si los cuerpos incapacitados o enfermos no estuvieren sujetos al sufrimiento que acompaña a la lesión, la enfermedad y la muerte, como si no fueran humanos.

Esta irresponsabilidad e inhumanidad institucionalizada y que afecta a personas de carne y hueso, no solo se observa en el ámbito de las atenciones médicas de enfermedades crónicas de los presos, sino en muchos otros, cuyo análisis merece especial dedicación (quizás en otra carta), como son: el hacinamiento descontrolado que están siendo objeto estos recintos carcelarios y sus nefastos efectos en la población penal, como la supresión de espacios vitales, como los comedores, hoy destinados a dormitorios, provocando serios problemas sanitarios; las severas restricciones al régimen de visitas, arbitrarias e ilegales; las nuevas y serias limitaciones en el sistema de encomiendas, afectando la calidad y cantidad de la alimentación e higiene de los presos; el rechazo a la ayuda médico-privada por medio de brigadas humanitarias de profesionales especialistas; la denegación de donaciones privadas de containers habilitados para mejorar la vida de presos viejos y moribundos; la prohibición de calefacción en espacios comunes; etc.

En resumen, la forma en que se está ejerciendo el poder penitenciario sobre los presos por causas de DDHH, está violando la dignidad de los internos, y la mayoría de sus derechos penitenciarios garantizados constitucionalmente, se están transformando en papel mojado, aun cuando, quienes están pagando por su delito, sigan siendo seres humanos, y si bien muchos de ellos probablemente no volverán a la sociedad, ello no debe significar su negación como existencia humana reconocible, reduciéndola a una existencia biológica pura, una suerte de “nuda vida”.

Un sistema penitenciario organizado sobre la base de la negación de la humanidad del preso, especialmente, si es una persona vulnerable por edad y mala salud, no puede preservar la dignidad humana de ellos, y como tal, se transforma en un desastre humanitario, o más bien, en un geriatricidio carcelario.

Carla Fernández Montero

Abogada, Derecho Penitenciario

Es contradictorio, que un organismo del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia y DD.HH. , cometa este tipo de inhumanidades. Llama la atención la ausencia del Instituto de Derechos Humanos, en esta ilegal situación.

diarioconstitucional.cl

“Nuda vida” carcelaria. – Diario Constitucional

Veremos como la inobservancia por Gendarmería de Chile del factor anterior, sumado a la inexistencia de un médico de planta en los penales que albergan personas condenadas por causas de DDHH, como el…

¿Hay justicia en la justicia?

Hijo de militar (r) se refiere a condena en contra de su padre, sobre hechos ocurridos en septiembre de 1973 en el Regimiento Húsares de Angol.

Opinión21/05/2024 Equipo AraucaniaDiario

Regimiento Husares de Angol

Señor director:  Hemos leído con atención algunas cartas y opiniones que han salido en este y otros medios, abordando diferentes casos sobre militares (r) condenados por delitos cometidos en 1973. Uno de ellos, sucedió en el regimiento Húsares de Angol, donde lamentablemente murieron dos jóvenes y que involucra a un grupo de militares de la época.

Causa que fue previamente juzgada el año 2005 dónde se sentenció al responsable confeso, rectificado por la Corte Suprema al igual que su prescripción.

Luego en el Gobierno de Piñera fue reabierta, desconociendo pactos internacionales que han sido validados y rectificados por el Gobierno de Chile me refiero al Pacto San José, que es la carta magna de la corte interamericana de derechos humanos que el cual dice que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa, de lo contrario se vulneran sus DD.HH. y ahora se vuelve a juzgar condenando a 13 personas que su único delito fue haber estado en el lugar y momento de los hechos.

De esta manera, 50 años después y con una edad avanzada, se les condena a 19 de cárcel. En otras palabras, se les sentencia de muerte a personas de más de 75 años.

La impotencia y sentido de INJUSTICIA que sentimos es terrible, y solo imaginar todo lo que queda por venir para nuestro padre, hace que la desesperanza, y confianza en los estamentos del estado sea cada vez menor, de que de verdad van a hacer justicia.  A nuestro padre le enseñaron obediencia, orden, rigor, incluso a dar la vida, si es que fuera necesario, por su país.  Y, como muchos, no participó de los hechos, lo cuál se demuestra claramente en las mas de 1.400 fojas del expediente de la causa y así y todo tiene una sentencia de 19 años al igual que las 13 personas que estuvieron destinadas en Angol ese día, por el solo haber estado ese día presente en los lamentables acontecimientos ocurridos.

A sus 75 años está a punto de pasar su última etapa de la vida en la cárcel. Y no queremos este tipo de despedida. Nos gustaría, sin duda, que estuviese en otra situación, disfrutando tranquilamente de su familia y de sus nietos. Pero no es así. La agonía parece infinita.

Uno se pregunta, ¿Hay justicia en la justicia?. Ojalá que sí. La esperanza ha estado intacta en nuestra familia y no tenemos más alternativa que confiar, a pesar de todo, en la justicia y en que esta pesadilla no sea eterna.

Condenados por DDHH denuncian que Gendarmería y Tribunales no se preocupan de su salud

17 mayo 2024 | 07:00 hrs

Condenados por violación de derechos humanos, de la tercera edad y recluidos en la cárcel El Manzano, aseguran que Gendarmería y los tribunales se niegan a medidas para el resguardo de sus delicados estados de salud. De allí en un caso la presentación de un recurso de protección y en otro la preparación de la solicitud de un indulto presidencial.

Molestia y preocupación existe entre los familiares de ex miembros del Ejército y de Carabineros condenados por delitos de lesa humanidad, puntualmente algunos que ya cumplen penas de cárcel en El Manzano y que son personas de la tercera edad con antecedentes médicos.

Uno de ellos es Gerson Saavedra, de 70 años de edad y sentenciado a 15 años de cárcel por los crímenes del caso Laja San Rosendo. Su hijo Rodrigo criticó que a su padre, a pesar de los problemas de salud, no se le permita el cumplimiento alternativo que sí han recibido otros condenados. Por eso, adelantó, la preparación de una solicitud de indulto presidencial.

Otro caso, el del ex CNI condenado por la Operación Alfa Carbón, Oscar Boehmwald, fue denunciado a través de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones penquista, pidiendo obligar a Gendarmería a cumplir la orden judicial para realizarle exámenes médicos en el Hospital Naval.

La acción legal fue presentada por su hijo Oscar, quien no quiso referirse al tema, pero quien sí lo hizo fue Rodrigo Saavedra, que ha visto el deteriorado estado de salud del ex militar cuando ha visitado a su padre en la cárcel de Concepción.

Patricio Robles, abogado de víctimas de violaciones de derechos humanos, señaló que en muchos casos los problemas de salud son exagerados, sólo como una forma de conseguir beneficios o dilatar las causas.

Mientras la solicitud de indulto en el caso de Saavedra está aún en pañales, el recurso en favor de Boehmwald ya fue acogido a trámite por la Corte.

Publicado por Araucaníadiario .cl

¡OH LA JUSTICIA MILITAR!

Voces de papagayos

         Actualmente  Chile está invadido de papagayos, y no son los loros que han migrado en grandes cantidades desde Argentina, sino, son como los tricahues, autóctonos, pero con lenguaje sonoro y estridente, que sobre sus alas llevan una hoz y un martillo en fondo rojo. Hace tiempo que pululan en todos los espacios y recintos públicos y privados; alimentados desde el gobierno y el congreso; o en especial en los matinales, auspiciados por periodistas o conductores teñidos o ignorantes, y repiten la misma cantinela que “la justicia militar no da ninguna garantía porque es un mismo juez el que instruye, investiga, y sentencia, etc.” Apostaría doble contra sencillo, o parodiando al Rey Arturo, “daría mi reino por un caballo,” si alguno de los que vociferan que en el caso de Putre sea la justicia ordinaria la que investigue, si alguna vez haya echado siquiera un vistazo a las leyes.

     Independiente de lo que se resuelva al respecto, hoy o mañana, que podría ser diferente a lo que dicen las normas legales, dada la prostitución que existe en el poder judicial, Toribio, que es lego al respecto, apunta en una síntesis lo que dice nuestra legislación. (Ley Fácil de la Biblioteca del Congreso Nacional)

        Jurisdicción Militar: Los Tribunales Militares (T.M.) tienen jurisdicción sobre los chilenos y extranjeros que sobrevengan en todo el territorio nacional, para juzgar todos los asuntos de la jurisdicción militar en los siguientes casos: Cuando se trate de delitos cometidos por militares en el ejercicio de sus funciones o en comisiones del servicio y cuando se trate de delitos contra la soberanía del Estado y su seguridad exterior o interior. Procesa los delitos especificados en el Código de Justicia Militar (CJM), las infracciones al Código Aeronáutico; y a la ley de reclutamiento y movilización. En ningún caso, los civiles y los menores de edad, que revistan la calidad de víctimas o de imputados, estarán sujetos a la competencia de los tribunales militares, sino siempre radicará en los tribunales ordinarios con competencia en materia penal. Encausa solamente a militares definidos por el artículo 6° del CJM y en caso de agresión de un civil a un militar o carabinero, sólo la justicia ordinaria es competente para juzgar, sin importar el delito que haya cometido.

      Los militares pueden ser juzgados por la justicia ordinaria cuando cometen un delito común que no ocurra en estado de guerra, en un acto del servicio militar o en general en recintos militares o policiales o cuando la víctima es un civil.

         Tribunales Militares en Tiempo de Paz, existen a pesar que el individuo que “habita” en La Moneda, mal llamado presidente de la república, expresó que solo funcionan en tiempo de guerra. Bueno, que se le va a hacer, si dos veces reprobó el examen de grado y con notas deficientes. No le pidamos peras al olmo.

        Están considerados en el Art.5° del Código de Tribunales y constituidos por los Juzgados Militares Institucionales que formalizan la justicia de 1ª. Instancia e integrados por un juez Militar, Auditores y Fiscales Militares. La Corte Marcial de Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros, compuesta por dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, el auditor general de la FACH, el auditor General de Carabineros y un coronel de justicia del Ejército; y la Corte Marcial Naval, integrada por dos ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el auditor general de la Armada y un oficial general de la misma institución. Las Cortes Marciales representan la justicia de 2a. instancia, y las presiden civiles, los ministros más antiguos designados de las cortes de apelaciones ya menciondas. Sobre las Cortes Marciales se encuentra la Corte Suprema, que en este caso es el tribunal de casación en la forma y en el fondo, además de tener la superintendencia directiva y disciplinaria sobre los tribunales militares en tiempo de paz.

       Basta la lectura de estos antecedentes para verificar que miembros de la Justicia Ordinaria integran y presiden las Cortes Marciales; y que finalmente es la Corte Suprema la que tendrá la última palabra. De tal manera que las críticas que se hagan a la justicia militar están absolutamente guiadas por el ideologismo e intereses políticos, y con un manifiesto propósito de horadar los cimientos morales de una institución fundamental de la república, que es el objetivo del Partido Comunista y del Frente Amplio.

     No cabe la menor duda que el interés del I.N.D.H. es pretender que sea el mismo procedimiento que se sigue para juzgar a los camaradas de armas por hechos del pasado, porque no será difícil que se inventen hechos que constituyen delitos de lesa humanidad, porque no han tenido ningún descaro para llevarlo a cabo con los camaradas de armas actualmente condenados.

       El Juez  de Garantía de Arica, Juan Araya, rechazó la petición de la ministro en visita, en el sentido que este caso sea juzgado por la justicia militar; y haciendo demostración de su oscurantismo o ideologismo, declaró: que excede los bienes jurídicos militares por cuanto los hechos se suscriben solo al día de la marcha y no anteriores, donde supuestamente se habrían cometidos delitos, de bienes jurídicos distintos, de mayor amplitud como la dignidad de la persona humana, la libertad, la vida. A mayor abundancia agregó que la justicia militar tiene jurisdicción en los recintos militares y que los ejercicios militares se hicieron en bienes de uso público, puntualizando que la Corte Suprema, en casos anteriores si no se trata de bienes jurídicos propiamente castrenses no correspondería la justicia militar, desconociendo exprofeso lo que señalan los artículos 3 y 5 del C.J.M. En definitiva cortará el queque la Corte Suprema, sin la concurrencia del Auditor General del Ejército. Pronóstico: Lluvia con truenos y relámpagos. No sería descatable que dicho tribunal ceda por la presión de los medios y de las redes sociales antes de velar por la real justicia. Ojalá me equivoque.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

Enrique Slater @slater_enrique

Bien lo explica el autor de la publicación, está claro el rol de la Justicia Militar, pero la odiosidad de la izquierda y jueces prevaricadores, hacia militares y carabineros, obstaculizan su actuar y la defensa de los afectados. Tema de antigua data. https://fhormazabaldiaz.blogspot.com/2024/05/237-oh-la-justicia-militar.html?m=1…

*No hay que Comulgar con Ruedas de Carreta*

Por Cristián Labbé Galilea

Opinar y dar cátedra sin conocimiento es el colmo de la pedantería y de la bobada. Lamentablemente esta costumbre se está repitiendo mucho en nuestra realidad política, produciendo un daño irreparable en nuestra convivencia. Tal es el caso de quienes las han emprendido contra la Justicia Militar.

Los que así proceden… repiten incautamente, como loros insulsos, los argumentos de quienes sí saben lo que buscan: debilitar a las Fuerzas Armadas. Es cierto que la bobería humana pareciera no tener límites, pero sorprende que legisladores, académicos de derecho, Centros de Pensamientos etc., quienes debieran tener claros los fundamentos de la existencia de este tipo de justicia especializada… guarden riguroso silencio.

A pesar de no ser letrada esta pluma, recuerda a sus parroquianos que los tribunales especiales, en merito a su singularidad, a su eficiencia y a una justicia justa, son una realidad en todas partes del mundo. En nuestro país, por ejemplo, existen tribunales tributarios, aduaneros, laborales, de familia, etc.… entre ellos los tribunales militares, los que han existido históricamente.

Nadie duda que los miembros de las Fuerzas Armadas al profesionalizarse y jurar ante Dios y la Bandera obedecer las órdenes de sus superiores para defender con su vida la paz y la tranquilidad de la Patria, dejan de ser civiles y asumen una diferencia insoslayable frente al Derecho…

Baste señalar que los militares no tienen derecho a huelga, a protesta, a horario de trabajo, ni a estabilidad de residencia; viven arriesgando sus vidas en tierra, aire y mar, además de enfrentar la agresividad interna o externa. Por lo mismo, el orden institucional ha contemplado para ellos, entre otros, un sistema de previsión, de salud y de justicia, diferentes a los de un civil común y corriente.

Es irrefutable entonces que la Justicia Militar debe existir como jurisdicción especializada, destinada a resolver asuntos penales que tengan que ver con las funciones que cumplen las Fuerzas Armadas, tal como operan los otros tribunales especializados mencionados.

En pocas palabras y sin rodeos, como acostumbra esta pluma, la razón esencial para la existencia de la Justicia Militar es, en primer lugar, que los jueces civiles no dominan la doctrina ni la experiencia para llevar causas donde hay involucrados miembros de las Fuerzas Armadas, y; en segundo lugar, quizá la razón más importante, es que en el último tiempo la justicia ordinaria ha estado extremadamente ideologizada y sesgada.

Tan ideologizados están nuestros tribunales que para los militares no existen las normas del debido proceso, ni la “cosa juzgada”, las amnistías, ni los beneficios carcelarios a los que puede aspirar cualquier persona privada de libertad… amén que los militares son los únicos ciudadanos de este país juzgados por un sistema que fue derogado por injusto e inquisidor.

En suma, todo justo parroquiano debiera rechazar categóricamente las intenciones de quienes quieren, a través de intervenir la Justicia Militar, socavar el rol de las Fuerzas Armadas en el ordenamiento institucional. Que nadie se mueva a engaño, los tiempos no están para… ¡comulgar con ruedas de carretas!

¡Manos arriba! Las reglas para el no uso de la fuerza.

Por Ricardo Escobar

Socio del estudio Bofill Escobar Silva Abogados

Imagen: Agencia Uno.

No quisiera ser carabinero del GOPE o militar resguardando infraestructura o luchando contra narcos en la frontera con Bolivia, después que se dicte la ley RUF tal como va en el Congreso.

Si usted alguna vez ha visto películas podrá reconocer dos escenas: una en que dos cowboys, a unos 10 metros de distancia desenfundan y el más rápido despacha de un tiro al que se demoró una décima de segundo más en disparar; la otra es el policía que con una pistola en la mano y apuntando a un delincuente o sospechoso dice “Policía, ¡manos arriba!”. Ambas escenas no son casualidad.

Si una persona armada que sabe lo que hace quiere matar o herir a otra, la diferencia entre la vida y la muerte es una décima de segundo.

Cuando un policía no sabe con lo que se va a encontrar enfrentando a un delincuente real o sospechoso, por esa razón lo tiene apuntado junto con advertirle que se trata de la autoridad y que no haga algo peligroso, de eso se trata el “¡manos arriba!”. Obvio, porque si no fuese así, y el policía tuviera su arma en la funda, sin una bala pasada, y el sospechoso lo ataca, esa diferencia de tiempo podría ser letal, no para el delincuente, para el policía.

Da la impresión de que los que han estado escribiendo la ley sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) nunca vieron una película de estas y seguramente no saben disparar un arma. Las reglas que proponen parecen diseñadas para que cualquier policía o militar que cumpliendo con su encargo tenga que disparar, termine en un juicio y probablemente en la cárcel si tiene la mala suerte de apuntar y dar en el blanco o, peor aún, si la bala hiere o mata otra persona.

Seguramente usted nunca ha disparado una pistola de 9 mm, el arma de carabineros, aunque probablemente habrá visto en alguna película que quien la dispara mueve la parte superior del arma para “pasar la bala”. Bueno, déjeme explicarle lo que sigue.

Lo primero es apuntar, cosa no menor. Se trata de hacer coincidir el centro de una especie de “V” en la parte posterior de la pistola con una pieza metálica o mira de unos 2 mm. de alto en el otro extremo. Fácil, dirá usted. No tanto, porque de lo que se trata luego es hacer coincidir la punta de esa mira con el horizonte imaginario entre los brazos de la “V”. Si usted tiene buen pulso, puede que lo logre si está tranquilo y parado o apoyándose en algo. Lo más probable es que le sea difícil lograr ese punto.

Hasta ahí solo tiene el arma apuntada a un blanco al que, si está quieto y a la distancia adecuada, puede que si dispara pegue donde quiere. Si el blanco es una persona corriendo o si usted está agitado porque corre o incluso camina, es muy difícil apuntar, a menos que esté muy cerca.

Ahora viene lo más interesante, apretar el gatillo. Esa presión de su dedo produce una palanca que altera la línea que estaba apuntando. Hay que tener la mano firme y estar entrenado para que esa acción no saque el arma del lugar donde estaba apuntando. Una décima de mm. más arriba o abajo y la bala irá a otra parte, y mientras más lejos esté el blanco peor. Y ahora vendrá el culatazo o retroceso causado por el disparo, que es equivalente a un golpe de varios kilos que levantará su mano y el brazo. Si tiene que disparar de nuevo, no será como en las películas en las que el jovencito dispara tres veces y le pega a todos los tarros en 2 segundos. No, le tomará varios segundos volver a apuntar y disparar.

Déjeme darle solo dos datos, con una pistola es difícil para cualquier persona entrenada pegarle a 25 mt. de distancia a un blanco del tamaño de un plato de postre. A 30 mt. sólo personas con buena puntería podrían pegarle. Imagine un plato de postre en diferentes partes de su cuerpo y donde podría ser no letal que le disparen. Una bala de 9 mm. puede ser letal a 300 mt. En otras palabras, si usted apunta y dispara a alguien a más de 20 metros (la distancia de un bus articulado del Transantiago) la posibilidad de fallar es alta y la bala puede matar o herir a alguien tres calles más allá.

Para estar entrenado se debiera disparar unas 30 balas al mes en distintas situaciones, lo cual toma al menos una hora. Si los 50 mil carabineros activos tuvieran ese entrenamiento se necesitarían 18 millones de balas y 600 mil horas de práctica al año. Pregunte a un carabinero cuántas balas de entrenamiento disparó el último año.

Veamos ahora algunas normas del proyecto de ley de RUF.

“Se prohíbe apuntar con armas letales en dirección de cualquier persona o en caso que no sea estrictamente necesario para el logro del objetivo legítimo”.

“En caso de que sea necesario emplear un arma de fuego, darán una clara advertencia de su intención de utilizarla, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, siempre que la situación operativa lo permita y que con ello no se cree un riesgo de muerte o afectaciones de consideración a su integridad física o a la de terceros”.

“En la utilización de armas, la protección de terceras personas distintas al agresor debe tener prioridad, de modo que antes de su empleo, el personal debe precaver razonablemente no producir con ello daños respecto de la vida e integridad física de las mismas, siempre que la situación operativa lo permita y que con ello no se cree un riesgo de muerte o afectaciones de consideración a la integridad física del personal o de terceros”.

Estas son solo algunas de las decenas de reglas que terminarán con carabineros y militares en tribunales, o no actuando para cuidarse de las consecuencias. No hay que ser abogado para darse cuenta que si tengo que encarar a un posible narcotraficante o a un Llaitul con su fusil M16, lo primero será tenerlo apuntado. Pero técnicamente uno puede imaginar que no siempre es “estrictamente necesario”.

Ni qué decir de disparar en una ciudad donde es “razonable” que el disparo falle y la bala siga su curso y pueda herir a alguien 200 mt. más allá.

¿Y disparar un fusil Galil de 5,56 mm, que es el arma del ejército, cuya bala es letal hasta 1.000 m.?

No quisiera ser carabinero del GOPE o militar resguardando infraestructura o luchando contra narcos en la frontera con Bolivia, después que se dicte la ley RUF tal como va en el Congreso.

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Por  Humberto Julio Reyes

La actual discusión parlamentaria para aprobar la esperada ley sobre reglas de uso de la fuerza (RUF) ha provocado una interesante controversia que va más allá de que el texto permita que las fuerzas armadas y de orden tengan claridad respecto al respaldo legal de sus integrantes, cuando deban hacer uso de sus armas.

Como pareciera haber quedado en evidencia, el quid del asunto reside en el juzgamiento de los eventuales delitos que dichos servidores del Estado pudieren cometer, actualmente entregado a los tribunales ordinarios.

Habiéndose pronunciado al respecto un conjunto de excomandantes en jefe y otros especialistas en temas de Defensa, los parlamentarios de oposición intentaron que se aprobara en la Cámara una indicación para que conociera de dichos delitos la justicia militar, toda vez que pareciera que la justicia ordinaria trata al uniformado como si este fuera un simple particular quien, al hacer uso de un arma, ha cometido un delito, situación que a priori inhibe el uso legítimo de la fuerza y, en definitiva, resta toda efectividad a la tarea de imponer o restablecer el derecho.

En resumen: la justicia ordinaria no garantizaría un debido proceso para los uniformados.

Entre otras opiniones leídas o escuchadas quisiera destacar la de un abogado, habitual panelista en televisión, quien en carta pública asegura que “los tribunales ordinarios fallan a favor de los uniformados”.

Como me extrañara esta afirmación, revisé los fundamentos en que el autor se apoya para realizarla y concluí que sólo se basa en las estadísticas de denuncias versus condenas de uniformados, a partir del llamado estallido o 18-O.

Nos dicen sus cifras que se han presentado más de 10.000 denuncias (¡) y “sólo” se habría condenado a 40 servidores del Estado, esto es un 0.4% de condenas y, en consecuencia, este abogado deduce que los tribunales ordinarios fallan a favor de los uniformados.

Pero yo podría retrucar que sólo en 40 casos se presentaron antecedentes que ameritaran una investigación y que, en el 100 % de esos casos el uniformado fue condenado, llegando, en consecuencia, a concluir todo lo contrario y es que los tribunales ordinarios fallan a favor de la supuesta víctima, habitualmente un pacífico manifestante o, incluso, alguien que pasaba por ahí y no se explica por qué fue reprimido.

Lo anterior lleva a concluir que la contienda de competencia trabada a raíz del lamentable accidente acaecido durante una actividad que sólo involucró a uniformados, obedece al mito de la independencia de la justicia militar, “una justicia entre pares” como se la descalifica, a pesar que la investigación la lleva adelante una integrante de la Corte Marcial nombrada por la Corte Suprema como Ministro en visita, pero que es civil.

¡Que mayor garantía de imparcialidad!

Pero, a veces, personas bien intencionadas recurren a argumentos discutibles para apaciguar a quienes quisieran que todo lo investigaran los tribunales ordinarios. Menciono dos:

“Esta no es la justicia militar de los tiempos de la dictadura que no cumplía las leyes”. La realidad es que sí las cumplía, en particular la Ley de Amnistía, hace mucho “olvidada” por los tribunales ordinarios, a pesar de lo que ofició don Patricio Aylwin: primero se investiga y después se amnistía. Por lo demás, también tenía como instancia final a la Corte Suprema.

“Estas fuerzas armadas no tienen nada que ver con las de hace 40 años, así que no hay que temer que ocurran similares abusos”. Pero, los fundamentos de la disciplina son los mismos, las órdenes se cumplen y quien responde es quien las imparte, otra cosa es que ello siga siendo ignorado, justamente, por jueces civiles.

Finalizo con una reciente condena dictada por el ministro de fuero Vicente Hormazábal Abarzúa, por hechos acaecidos hace 40 años, cuando Carabineros de Atacama. sobrepasado por “manifestantes”, solicitó apoyo del Ejército y este envió una sección de emergencia en su auxilio. Resultado: dos subalternos de esos años condenados a 15 años de prisión por un homicidio consumado y tres frustrados y a concurrir al pago de una subida reparación a familiares y víctimas. También en esa misma oportunidad falleció un oficial de Ejército, pero nadie recibiría reparación por su muerte.

Juzgue usted amable lector:

¿Los tribunales ordinarios fallan a favor de los uniformados?

17 de mayo de 2024.

Chile en guerra

Gonzalo Ibáñez Santa María 

Chile está en guerra. La evidencia es definitiva. El asesinato de tres carabineros en la comuna de Cañete, Región del Biobío, precedido por el asesinato del teniente Emmanuel Sánchez, también de Carabineros, en la comuna de Quinta Normal en la capital; y por el rapto y posterior asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, en Independencia, también en Santiago, no dejan lugar a ninguna duda. A eso hay que agregarle varios otros asesinatos de diaria ocurrencia que no tienen el mismo impacto mediático que los anteriores, pero que no dejan de ser, asimismo, asesinatos.

Chile está en guerra y ya no da para más, porque, entretanto, tenemos un gobierno que, en vez de enfrentar los problemas, mira para el lado una y otra vez. Como le decía a Boric el hermano marinero de uno de los carabineros asesinados, el Cabo 1° Sergio Arévalo, “¿Cuántos camaradas más tienen que partir para que se tomen cartas en el asunto?”. Y añadió: “Señor Boric, debajo de este uniforme, debajo del uniforme verde que tiene toda la gente que está allá, debajo del uniforme de todas las Fuerzas Armadas, existe un ser humano. Por favor, hagamos referencia a eso y dejemos de taparnos los ojos. ¡Justicia, señor, justicia!, eso es lo que queremos y que no sigan pasando ni perdiendo vidas”. Lo que estas circunstancias exigen, por ejemplo, es que el país sea declarado en estado de sitio para ir a buscar a las bandas criminales en sus madrigueras y rastrear sus armas en todos los rincones del país. El gobierno, sin embargo, rehúsa tomar la iniciativa y no hace nada esperando que caigan otros carabineros. ¿Hasta cuándo?

Lo que también las circunstancias exigen, es una ley de amnistía para todos aquellos uniformados que están procesados, y varios de ellos, ya condenados por haber cometido supuestas violaciones a los derechos humanos de los violentistas contra los cuales se batieron para mantener a Chile en paz y en orden. Los casos dramáticos de los carabineros asesinados, demuestra no sólo la ferocidad del enemigo sino asimismo el temor de esos carabineros a verse procesados si hacían uso de sus armas. Hoy, Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas salen a la calle con una mano atada por las amenazas de procesamiento de que son objeto tanto de parte de un poder Ejecutivo como de un Poder Judicial, ambos complacientes con la delincuencia y con la práctica de la violencia terrorista. En este contexto, la ley de amnistía constituiría, desde luego, una expresión de justicia tanto como un apoyo a la acción por la que nuestros uniformados podrían devolver la paz a nuestra patria.

Pero, todas estas evidencias chocan con un obstáculo: el de un muy mal gobierno y el de una clase política, de un color o de otro, que no da el ancho para sacar el país adelante. Por eso, de una vez por todas, hay que decirle al gobierno que, si él tiene derecho a exigir obediencia a sus mandatos, los ciudadanos de a pie tenemos el derecho a ser bien gobernados, a exigir ser bien gobernados y, eventualmente, si el mal gobierno no cambia su rumbo, el derecho a deponerlo y a darnos un buen gobierno. Está ya muy claro que, si este gobierno no modifica radicalmente su política, Chile va a perder esta guerra. Es ya una cuestión de sobrevivencia del país.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el sábado 11 de mayo de 2024.

Chile, la patria amenazada

Karin Ebensperger 

Si a usted el concepto Chile no le dice nada, no lea esta columna. O si es de esas personas que se sienten tan sofisticadas que la idea de patria les resulta algo pueblerino o montañés, tampoco siga estas líneas. Aunque tengo un nombre que suena tan poco chileno, fui educada con tal cariño por mi país que literalmente me duele y me angustia ver cómo lo estamos maltratando. Mi abuelo Hermann Ahrens, nacido en Hamburgo, llegó a Valparaíso en 1920 a abrir una filial del Deutsche Bank, y se enamoró de mi abuela y de Chile. Pudo haber vuelto a un interesante cargo en Alemania, pero decidió fundar su familia en esta lejana tierra tras dar largas explicaciones a su preocupada familia. Hasta su muerte se sintió un chileno hasta la médula. Años después, su hija Marlene, mi madre, cuando subió al podio en la Olimpíada de Melbourne, en 1956, tras obtener la —hasta hoy— única medalla olímpica femenina que tiene Chile, escribió: “me corrían las lágrimas viendo mi bandera chilena entre las dos soviéticas… sentía que mi patria, mi familia y todos los chilenos estaban ahí, flameando juntos”. Y mi padre, hasta el final de sus días, les hablaba a mis 5 hijos de Chile, sus instituciones y su futuro.

Este preámbulo es para decir que Chile como patria es algo que se siente en el alma, no es simplemente un territorio con ciertas fronteras y geografía. Si no percibimos que por nuestra patria vale la pena hacer esfuerzos y compromisos de vida, nuestro vulnerable y frágil país se va a desestabilizar, como tantos Estados fallidos donde, cual tierra de nadie, campean las guerrillas, los narcos y la falta de Estado y de orden público. Agobia ver que las viviendas se están transformando en fortalezas, mientras por las fronteras entran fácilmente las mafias que les están cambiando el rostro a nuestras ciudades y zonas rurales.

Me pregunto si quienes están en La Moneda, en el Congreso y en el Poder Judicial han revisado lo que significa la palabra patria, que implica sentir vínculos afectivos e históricos con la nación. No se nota esa responsabilidad en muchos de ellos, o si llegarían a los grandes acuerdos que urgen, por respeto a sus compatriotas (del latín: que tienen la misma patria). No en vano patria viene de pater, en inglés es homeland, en alemán Vaterland, etc., conceptos que recuerdan que no se trata de una relación de conveniencia, sino de pertenencia y de afecto: patria es hogar, y es todo lo contrario de agresividad.

Mencionar todo esto en un mundo globalizado parece anacrónico. Pero es al revés: cuando el grado de violencia y terrorismo aumenta, se necesita apelar a la esencia de la nación. Cada chileno, en el lugar que le corresponda, en su familia, en su lugar de estudio o de trabajo, debe demandar al Gobierno seguridad, y la defensa del hogar común que es Chile. Hemos sabido levantarnos de muchos terremotos devastadores, pero estamos quedando inermes frente a atroces mafias por la ineficacia del Gobierno y del Estado, y por el verdadero pandemónium en que se ha convertido el Congreso.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el viernes 10 de mayo de 2024.

Paradoja deshumanitaria.

Carla Fernández Montero

10 de mayo de 2024

Hemos observado a través de la prensa que el Ministro de Justicia y DDHH Luis Cordero, ha intentado compartir responsabilidades con el Poder Judicial y el Ministerio Público en lo que dice relación al problema del hacinamiento carcelario. De acuerdo al representante del Ejecutivo, debiera flexibilizarse el otorgamiento de las prisiones preventivas, ya que estas medidas cautelares estarían incidiendo de manera determinante en la sobrepoblación carcelaria, permitiendo la proliferación de mafias ligadas al crimen organizado, estresando el sistema penitenciario más allá de lo tolerable, dado los escasos recursos de Gendarmería de Chile.

La paradoja se devela al examinar las necesidades de prevención general y especial de los sujetos potencialmente destinatarios de estas medidas cautelares versus quienes ya se encuentran cumpliendo condena, como los presos por causas de DDHH, y frente a una decisión de la autoridad estatal tendiente a descomprimir los recintos carcelarios.

Desentrañaremos esta paradoja recurriendo a la doctrina alemana mayoritaria, la que, respecto al fin de la pena, señala que es de pura prevención general; sin perjuicio que, en la imposición de la pena, se consideren finalidades preventivo generales y especiales, pero limitado siempre por el principio de culpabilidad; y, en lo que respecta a la ejecución, pasa «totalmente a primer plano la prevención especial« (ROXIN, 1996, 2006) (SCHÜNEMANN, 1991).

Así las cosas, aplicada esta conceptualización a la situación de los reclusos por causas de DDHH, diremos que por tratarse de personas en su mayoría ancianas, enfermas y/o con discapacidades, no podemos señalar que la prevención general se vería vulnerada frente a una política de descompresión carcelaria, como por ejemplo, una reclusión domiciliaria, ya que sólo se trataría de una modalidad de cumplimiento de pena (solo algo menos intensiva que la cárcel) y no de un estado de libertad propiamente tal. La amenaza contenida en la norma penal no vería afectada su eficacia (fidelidad al Derecho), ya que la humanización de la pena sería vista como necesaria, atendida tanto las circunstancias del condenado y el principio pro homine como el hecho que la sociedad chilena de hoy, enfrentada a una inseguridad generalizada a raíz del crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, no vería afectada su supuesto “deseo de justicia” por delitos pretéritos, cuyo cumplimiento efectivo se ha llevado a cabo (no existiendo por tanto impunidad), y por otro lado, permitiría a esta sociedad chilena asustada de hoy, la posibilidad de mirarse frente a un espejo y reflejar la necesaria misericordia nacional, desprovista de odio y venganza, respecto de quienes por su vulnerabilidad etaria y de salud, ya no pueden seguir encerrados en una cárcel, y menos, bajo condiciones de hacinamiento infrahumanas, mandando como sociedad, un mensaje claro y directo al Estado de Chile, en cuanto a que nunca más morirá una persona en una cárcel por razones de edad o enfermedad.

¿Acaso no es mejor enfrentar el temor desde el balcón moral de la benevolencia que del rencor y resentimiento?

En cuanto a las finalidades de prevención general positiva, esto es, el respeto por los bienes jurídicos fundamentales sobre los que descansa la posibilidad de una convivencia pacífica, tampoco se corre peligro frente a una salida alternativa como la propuesta. Por el contrario, revitalizar la dignidad humana en estos “tiempos turbulentos”, es verdaderamente sanador, y hace más justa la sociedad.

En lo que respecta a la prevención general negativa, el “calvario penal” que por décadas han sufrido los potenciales ancianos favorecidos (proceso inquisitivo, secreto, escrito e indefinido, sin derecho al beneficio del tiempo, etc.), sin duda representa un factor disuasivo para quienes pretendan incurrir en conductas ilícitas atentatorias contra los DDHH.

Finalmente, en lo que dice relación a la prevención especial, existe certeza que el transcurso del tiempo ha convertido a estos reos provectos, enfermos y discapacitados, en ciudadanos absolutamente inofensivos.

No obstante, lo anterior, y dada la crisis de seguridad que vive el país y los efectos criminógenos que genera al interior de los recintos penales, algo que ha penetrado fuerte en el Estado, esto es, en los jueces, los fiscales y Gendarmería de Chile, existen incentivos perversos para que ese Estado, opte por abstenerse de encarcelar preventivamente a delincuentes avezados y peligrosos que muy probablemente podrían “podrir” las cárceles, generando un problema mayor al régimen penitenciario. Bajo esta hipótesis, y básicamente por un tema “político”, las necesidades de prevención general y especial respecto de esta criminalidad organizada, serían “invisibles” para el ente estatal.

Que el hacinamiento y sus nefastos efectos pueda influir en la autoridad estatal en el sentido de querer reemplazar la privación de libertad por una cautelar menos intensa, respecto de una criminalidad peligrosa, y rechazarla en cambio para personas inofensivas, y en varios casos, moribundas, en la práctica, permitirá que el Estado pueda seguir apilando o “almacenando” en los penales a personas adultos mayores, incluso octogenarios y nonagenarios, sin riesgo criminógeno alguno para el sistema penitenciario, y sin la carga de tener que asumir un costo por este geriatricidio carcelario. Es la manifestación palmaria de un retribucionismo funcional libre de empiria, propio de un derecho penal de enemigos.

Así las cosas, finalmente serán las “manzanas podridas” las más beneficiadas con el hacinamiento descontrolado, algo que sin duda representa una triste “paradoja deshumanitaria” para un muy vulnerable grupo de internos de nuestro país, a quienes, en su mayoría, ya no les queda tiempo para recibir la “gracia del Estado” y morir fuera de las paredes de una cárcel.

Carla Fernández Montero

Abogada, Derecho Penitenciario

Justicia para militares

Richard J Kouyoumdjian Inglis, Vicepresidente de AthenaLab.

Opinión14/05/2024 Equipo AraucaniaDiario S

El tema de que tipo de justicia merecen los militares es uno de los temas que actualmente se discuten en el ámbito político. Cuando a la izquierda se le menciona justicia militar recuerdan la que opero hace 50 años atrás durante el gobierno militar, se bloquea mentalmente y se niega a considerar su incorporación como parte del proyecto de ley que busca regular las reglas de uso de la fuerza (RUF). Es verdad que la justicia militar en el pasado no estuvo a la altura de las circunstancias, pero la que existe hoy en día es muy distinta la que opero en esa época.

La justicia militar considera jueces y fiscales de primera instancia que pertenecen a las fuerzas armadas, pero por sobre ellos están las cortes marciales, las que están integradas por dos oficiales generales y dos ministros de corte de apelaciones. Uno de los ministros preside y además tiene el voto dirimente en caso de empate. Las cortes marciales reportan a la Corte Suprema, quienes las supervisa tanto en su operación como en sus fallos. Es decir, la justicia militar, que tiene la ventaja de incorporar la especialización propia de lo que se hace en el mundo militar, es parte de la organización judicial chilena y no se manda sola. El hecho de que sea supervisada y parte del sistema debería ser garantía de seguridad jurídica y debido proceso.

La justicia militar no es perfecta, funciona a la antigua y se vería mejorada si se le incorporan algunas practicas que la Reforma Procesal Penal trajo a la justicia ordinaria, que dicho sea de paso falla producto de no conocer el mundo militar y policial, lo que es más grave aun cuando cae en manos de fiscales y jueces que se dejan llevar por sus ideas progresistas, o bien claramente son del tipo activistas, aprovechándose de su investidura para neutralizar el accionar de quienes han jurado entregar su vida en defensa de la patria y de los chilenos, al punto que el enemigo al que mas temen los uniformados es el Ministerio Publico y los tribunales.

Si tanto molesta a algunos el concepto de justicia militar, reemplácenlo por una justicia ordinaria militar – policial especializada tal como existe para temas ambientales, de familia, y otras más. A los militares y policías de hoy y de ayer les debemos por su servicio la garantía de justicia y debido proceso, que es algo que también afecta a los soldados del 73.

Sin ir más allá, hay 13 que pueden terminar sus días en la cárcel por un caso del Húsares de Angol, un caso ya juzgado y con responsable confeso, que se reabrió en Piñera 1. Dos de ellos tuvieron participación directa, pero solo eran soldados cumpliendo órdenes. Los otros once solo por ser militares del Húsares, por lo que se espera prime la lógica en instancias superiores del sistema de justicia, la que puede ser ciega, pero justa debiera ser, como lo fue finalmente con quien mató a un ladrón en 2022 en Villa Alemana, y que fue absuelto a pesar de que el fiscal pedía 15 años.

La verdad va saliendo de a poco:

La amputación de la mano derecha del soldado Conscripto del R I 24 “Huamachuco”, no se habría debido a una hipotermia, sino un shock séptico grave, producido por una droga vasoactiva, uno de los tratamientos usualmente utilizados para combatir infecciones graves que pueden atacar los órganos vitales aplicada en el hospital Juan Noe de Arica, donde el soldado había sido traslado con una necrosis en los dedos.

https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/radiograma-biobiotv/2024/05/10/el-escenario-de-salud-que-habria-llevado-a-que-conscripto-sufriera-amputacion-de-su-mano-tras-marcha.shtml

Así de abrigados salían a instrucción nocturna. Así los esperábamos cuando regresaban con café o té y sándwich o galletas.

Así los cuidábamos cuando terminaban una jornada de marcha. Este era el rancho de tropa. Así marcharon ese dia:

Pensar diferente

¿Es posible mirar el tema de la justicia militar desde una óptica diferente a aquella que nos divide en “pro militares” y “anti militares”? O, yendo más atrás, ¿en “prodictadura” o “antidictadura”?  Yo creo que sí.

por Álvaro Briones12 mayo, 2024

En un ensayo sobre André Breton, Octavio Paz señaló “…el hombre, aún envilecido por el neocapitalismo y el seudosocialismo de nuestros días, es un ser maravilloso porque, a veces, habla”. Y, en efecto, hablar, comunicarnos, es algo maravilloso porque quizás sea el último reducto de la libertad. Sólo la destrucción física podrá impedirnos pensar e impedirnos hablar, expresar lo que pensamos, es el equivalente social de esa destrucción física: es anular el pensamiento.

El principal enemigo de la libertad de expresarnos y por lo tanto de pensar, es el extremismo. La convicción de que toda verdad ya ha sido revelada y que, en consecuencia, no queda nada por decir. La voluntad de que cada acción emprendida esté orientada sólo a la materialización de esa verdad revelada o a la destrucción de quienes se oponen a esa verdad, pero jamás a proclamar una nueva idea o a plantear la posibilidad de una nueva verdad. A practicar la duda.

Una versión de esa actitud extremista se expresó la semana pasada en la ira y el reclamo de dirigentes del Colegio de Periodistas por la publicación, en un diario, de la conversación que sostuvieran el profesor Carlos Peña y Felipe González. Probablemente no advirtieron que, detrás de los argumentos de su organización -que con un celo propio de gremio medieval defiende el derecho de sus socios a ser sólo ellos quienes desempeñen un oficio- se ocultaba una guadaña liberticida dispuesta a segar el derecho de dos personas inteligentes a expresarse, a hablar.

La práctica de impedir hablar, de impedir exponer el pensamiento propio, se manifiesta también en nuestro país bajo una forma mucho más perversa: la de acallar con invectivas a quienes se atreven a proponer algo fuera de los límites que ha impuesto la extrema polarización política. Hoy en Chile pareciera que sólo se puede hablar desde un oficialismo rayano en el fanatismo o desde una oposición cercana al odio. Quien se atreva a buscar caminos propios será finalmente atacado por ambos extremos. Quien se atreva a levantar la voz para decir “hay una tercera interpretación”, “una tercera posibilidad”, probablemente será objeto de acusaciones tan diversas como crueles.

Una situación que experimentaron los diputados Andrés Jouannet, de Amarillos, y Miguel Ángel Calisto, de Demócratas, al dar lugar con sus votos a la aprobación de la indicación que permitía la aplicación de la Justicia Militar en casos de presuntos delitos perpetrados por militares en el cumplimiento de labores de orden público y seguridad, durante la discusión de la ley que reglamenta el uso de la fuerza (RUF). El episodio fue ampliamente ventilado por la prensa, que reprodujo las críticas a ambos diputados por no haberse sujetado a la actitud que se les suponía como herederos de la Concertación de Partidos por la Democracia. Habrían debido actuar, de acuerdo con esa crítica, desde un rincón de nuestro polarizado escenario político y rechazado una idea que “olía” a derechismo.

Pero Jouannet y Calisto no son de derecha ni de izquierda, se han declarado centristas y reformistas y por lo tanto las razones por las que apoyaron esa indicación debieron ser diferentes de las de la derecha y de la izquierda. ¿Existe esa tercera posición? ¿Es posible mirar el tema de la justicia militar desde una óptica diferente a aquella que nos divide en “pro militares” y “anti militares”? O, yendo más atrás, ¿en “prodictadura” o “antidictadura”?  Yo creo que sí y me voy a atrever a mostrar una posibilidad.

En democracia corresponde a las Fuerzas Armadas la defensa de la nación ante amenazas externas y, con ese propósito, deben estar perfectamente entrenadas y equipadas. Esa misión está consagrada en la Constitución política de todo país democrático y, desde luego, también en el nuestro. Aceptamos, sin embargo, la posibilidad de excepciones a ese principio y se utiliza a las Fuerzas Armadas en acciones dentro del territorio nacional para enfrentar amenazas internas. La excepcionalidad de estas acciones refieren a la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas que no son de defensa ante una agresión externa, pero no a la naturaleza mismas de las Fuerzas Armadas. Es decir, se las convoca a actuar internamente en su condición de fuerzas entrenadas y equipadas para la guerra, para actuar en contra de enemigos. De no ser necesarias esas capacidades, no se aplicaría la excepcionalidad, no se las convocaría y se utilizaría en su lugar a las policías, cuyas capacidades y entrenamiento son diferentes y están también contemplados en la Constitución y las Leyes.

Para ser claro: si, por ejemplo, información de inteligencia mueve al Estado a la decisión de utilizar a las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica de sabotajes terroristas, se debe aceptar que esos militares, armados y entrenados para ello, observarán a todo civil que se acerque a tales instalaciones como a un potencial enemigo, no como a un ciudadano transeúnte. De esa magnitud, con sus correspondientes consecuencias, es la decisión de utilizar a las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. Si no se desea esa actitud, no se les debe convocar.

Ahora bien, si esa decisión es finalmente tomada, el Estado debe proveer a sus Fuerzas Armadas de los soportes necesario para cumplir satisfactoriamente la función excepcional que les ha encomendado. No tendría sentido, sería inconducente e ineficaz, convocar a las Fuerzas Armadas pero sometidas a códigos que las desnaturalizarán, impidiéndoles actuar conforme a sus capacidades, entrenamiento y equipo.

Las acciones de guerra, en la que se actúa en contra de un enemigo, están sometidas a reglas y leyes de obligado cumplimiento por parte de las Fuerzas Armadas en todo el mundo. Pero son reglas y leyes especiales, enmarcadas en códigos militares, diferentes de las que deben aplicarse a las policías en tiempo de paz. Y en Chile están encuadrados en los códigos de la Justicia Militar. Que esa justicia está atrasada en su estructura y aún aplica modalidades que dejaron de utilizarse hace décadas por la Justicia Civil, es cierto; pero eso sólo obliga al Estado a superar ese atraso, no a usarlo como pretexto para no aplicar el instrumento cuando sea necesario. ¿Que los fiscales y jueces de la Justicia Militar pueden tener sesgos?  También es posible, como es igualmente posible que los tengan jueces y fiscales de la Justicia Civil. Por ello es necesario que la Justicia, civil o militar, seleccione y vigile con extremo celo a quienes están encargados de hacer justicia, pero no impedir por ello que la justicia se haga.

En realidad, no existen argumentos lógicos que contradigan la idea de que si se convoca a los militares a que actúen haciendo aquello para lo que se los ha entrenado y equipado, sean juzgados por códigos propios de esa función en los casos que cometan delitos o faltas que están tipificados como tales en esos mismos códigos. Deben ser juzgados por la Justicia Militar.

La argumentación anterior es otra manera de observar el tema de la Justicia Militar en el caso que ahora ocupa al país. Esa lógica o una parecida puede haber sido la que inspiró a los diputados Jouannet y Calisto a actuar como lo hicieron. Sin embargo, ni esa lógica ni otra estuvieron presentes en la discusión. Sólo la voluntad de ver las cosas desde los extremos y de acallar voces que se salieron de los límites que impone esa polarización.

Ellos, por lo menos, alcanzaron a hablar, a decir algo. Quizás porque son diputados y quizás porque son consecuentes con sus ideas. Lamentablemente, hoy en día, no todos tienen la misma suerte.

ETIQUETADO:Andrés Jouannetfuerzas armadasJUsticia MilitarMiguel Ángel Calisto

ÁLVARO BRIONES

Economista y escritor. Exsubsecretario de Economía y exembajador de Chile Más de Álvaro Briones

 3 Comentarios

1. Carlos Souper Quinterosdice:

12 mayo, 2024 en 01:36

Felicitaciones, hace tiempo que no leía un comentario objetivo, cuerdo y coherente

2. Humberto Julio Reyesdice:

12 mayo, 2024 en 10:01

Concuerdo con la columna y comentario. Nunca está de más recordar que la Justicia Militar está sometida a la tutela de la Corte Marcial y de la Corte Suprema, instancias en que participan ministros civiles.

3. Daphnedice:

12 mayo, 2024 en 19:43

Excelente columna!!

Cuando el uniforme militar es la mejor opción

Por Christian Bolívar Romero

General de División (R)

COLUMNA DE OPINIÓN

Nuestra sección de OPINIÓN es un espacio abierto, por lo que el contenido vertido en esta columna es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de BioBioChile

Viernes 10 mayo de 2024 | 14:46

Si el Estado de Chile tiene otra alternativa para que estos miles de jóvenes, año a año, encuentren el camino que los lleve a desarrollar sus respectivos proyectos de vida y, al mismo tiempo, los recursos para que estas instituciones -principalmente el Ejército- sean totalmente profesionalizadas, bienvenida sea. Mientras tanto, el servicio militar continúa siendo una buena opción.

La trágica y lamentable muerte del soldado Franco Vargas, ha dado pie a un sinnúmero de análisis y opiniones sobre el Ejército de Chile y también sobre el servicio militar obligatorio.

Algunas de estas opiniones podrán venir desde el profundo dolor de una madre, un familiar o un cercano a Franco, y merecen el mayor respeto. Otras, muestran cierta carga ideológica. Algunas, no muchas, plantean propuestas interesantes de estudiar, y, otras, vienen definitivamente desde la ignorancia.

Una realidad innegable dentro del Servicio Militar Obligatorio

En una columna publicada recientemente, se plantea –con mucha fuerza– la idea de que el servicio militar es una institución discriminatoria, principalmente porque enrola a los jóvenes más pobres. Al respecto, tengo que coincidir con aquella aseveración, pero al mismo tiempo, estimo prudente y oportuno complementarla con una mirada integral y ciertamente, un poco más positiva.

El hecho de que ingresen al servicio militar aquellos jóvenes provenientes de los sectores de la sociedad más vulnerables, no hace más que confirmar la innegable realidad de la existencia de dicho segmento en nuestra estructura social.

Ese grupo, proveniente en su mayoría de la educación pública, y que, por distintas razones, no tiene acceso a la educación superior o educación técnico-profesional, ni tampoco al mercado laboral, por lo que ven en el servicio militar una opción, un proyecto de vida. En definitiva, una oportunidad.

Estos jóvenes, una decena de miles cada año, a pesar de las carencias y dramas personales que muchos de ellos han debido vivir durante su infancia y adolescencia, demuestran ser hombres y mujeres de altísimo valor para nuestro país.

Ellos, no solo han estado disponibles para servir a Chile, tal como lo han hecho cientos de generaciones que les antecedieron. También, han estado dispuestos a los mayores sacrificios, algo que quizás suene extraño para algunos por estos días.

La importancia de la función militar

Para entender la importancia del servicio militar, hay que tener presente que prácticamente la totalidad de los jóvenes que ingresan anualmente son voluntarios. Además, una buena parte de ellos corresponde a mujeres, cuyo desempeño ha sido destacado. Esto les permite, gracias a su propio esfuerzo, incorporarse en forma plena a todas las actividades y exigencias que demanda la función militar.

Son ellos, los soldados conscriptos, quienes integran las patrullas y unidades que cumplen misiones de protección de fronteras en el norte del país. Son ellos los que, además, realizan los patrullajes en la Macrozona Sur; se despliegan en los locales de votación para los actos eleccionarios; conforman las Patrullas de Auxilio y Rescate Militar Especializadas, y las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales; y son ellos los mismos que concurren en ayuda de la comunidad cada vez que una catástrofe nos golpea.

Pensar que estos jóvenes son pobres –como se señala en la columna citada– y lo siguen siendo, solo porque provienen de familias humildes, es una apreciación un tanto mezquina.

Muy por el contrario, ellos merecen nuestro mayor aprecio y valoración al transformarse tempranamente en hombres y mujeres que aportan con valores, virtudes y principios al desarrollo de nuestra sociedad.

A falta de alternativas, una buena opción

Valga recordar que el servicio militar entrega a estos jóvenes –conforme a lo estipulado en la Ley 20.045 de modernización del servicio militar obligatorio– la posibilidad de acceder a la nivelación de estudios, para un porcentaje de ellos que no alcanzó a culminar su enseñanza media antes de cumplir sus dieciocho años. Y, además, ofrece la oportunidad de efectuar diversos cursos de capacitación técnica en especialidades y oficios que tienen alta demanda en el mercado laboral local, en coordinación con el Ministerio de Educación.

Pero también -y quizás más importante- es la opción de ingreso a la planta del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Policía de Investigaciones o Gendarmería, como sucede con la gran mayoría de los soldados que año a año cumplen el servicio militar. Lo anterior permite, de paso, a dichas instituciones, acercarse a las cuotas de personal necesarias para su normal funcionamiento.

Ante la invitación a revisar y discutir sobre el servicio militar, es pertinente despejar el análisis de situaciones contingentes, teniendo siempre a la vista lo que significa para muchos de nuestros jóvenes y también para las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

Si el Estado de Chile tiene otra alternativa para que estos miles de jóvenes, año a año, encuentren el camino que los lleve a desarrollar sus respectivos proyectos de vida y, al mismo tiempo, los recursos para que estas instituciones, y principalmente el Ejército, sean totalmente profesionalizadas, bienvenida sea; mientras tanto, el servicio militar continúa siendo una buena opción.

– Christian Bolívar Romero. General de División (R)

Christian Bolívar Romero

General de División (R)

ERA LA OCASIÓN PROPICIA

La jauría no podía esperar

        Era tarde de futbol y haciendo zapping para ver un partido del Colo ─nadie puede ser perfecto─ que felizmente no lo vi, sintonicé Sin Filtros, y justo cuando un octubrista neto, anarquista y asistemático, hacía  referencia a los hechos acaecidos recientemente en Putre, con los peores epítetos hacia el Ejército, tratando de asesinos, al igual como asesinaron en Antuco a 47 soldados, y sin embargo, cuando hizo referencia a los 3 carabineros recientemente asesinados, se refirió a ello tan solo que murieron. De más está decir que el nivel intelectual de esa persona desentonaba con los otros panelistas de izquierda presentes. Este hecho, además de los diversos comentarios de que los diferentes medios se han nutrido, en especial de soldados y familiares, que distan mucho de la realidad mientras se realizan las investigaciones, me llevó a escribir estas líneas y que en ningún caso pretenden colocar un manto de impunidad hacia eventuales faltas o delitos, si las investigaciones que se están llevando a cabo si así lo determinan, sino, más bien a poner la “pelota en el piso,” atendido el hecho que el Partido Comunista y el Frente Amplio, estaban esperando una ocasión propicia para soltar a las hienas y lanzarse contra el Ejército y su comandante en jefe, ahora que se había desinflado el caso del Director General de Carabineros.

        En primer lugar, respecto al fallecimiento del soldado y de los otros que quedaron heridos es un hecho muy lamentable que nos ha impactado a todos y que obviamente sea muy difícil de aceptar por sus familiares, para quienes Toribio expresa sus más sentidas y profundas condolencias, por el cariño que siempre les tributó a quienes anualmente concurren a hacer el Servicio Militar, y con mayor razón ahora que es voluntario. Sin embargo, esta unidad lleva 50 años en la zona y es la primera vez que se da un hecho de esta naturaleza. Quienes la conocemos sabemos que el servicio es muy duro, en especial por el problema de la altura para quienes no están acostumbrados, o bien, su fortaleza física es insuficiente, habiendo sido afectado Toribio en dos oportunidades a lo largo de su carrera. Al soldado conscripto si bien se le exige en su entrenamiento, pero no se le da el trato que algunos medios han difundido y que las investigaciones que se están llevando a cabo tanto en el sumario interno como el que lleva a cargo la ministro en visita aclararán los hechos. Pero es nefasto que algunos medios se sirvan para difundir noticias que en el fondo distan mucha de la realidad, afirmados en declaraciones que no han estado ajenas al dolor natural, al sensacionalismo y al ideologismo. Entre otras, la senadora Campillay, la misma que llamaba a quemarlo todo y que en el mundo de Kabuki preside la Comisión de Derechos Humanos.

        Ahora los señores “honorables” diputados haciendo uso de sus atribuciones aspiran a conformar una comisión investigadora, que como todas terminará en nada, porque en esta ocasión no ha faltado organismo alguno del Estado para devorar la presa, C.G.R, INDH, Consejo de Defensa del Estado, hasta pedir una segunda autopsia, como si la primera hubiese sido realizada por la institución afectada. Pero estas comisiones investigadoras en sí constituyen un escenario para ganar reflectores y micrófonos, politizando al extremo su desarrollo, de lo cual esta modesta pluma la sufrió en propiedad. Los comunistas se soban las manos en busca de su objetivo que es destruir al Ejército; su propósito no es llegar a una verdad, que será la que determine la justicia.

      La opinión pública debe tener la certeza, que la institución de haber existido negligencia o dolo, que no lo creo, arbitrará todas las medidas necesarias, como ya lo ha hecho con los mandos respectivos, solamente por el concepto de la responsabilidad, lo que está muy lejos de ocurrir con los señores parlamentarios, políticos y autoridades en general, lo que a diario el ciudadano de a pie constata.

      Por otra parte, lo que los chilenos debemos tener presente es que la “materia prima” actual no es la misma de la Guerra del Pacifico, ni de los años 30 del siglo pasado, ni mucho menos de los años 70, en que por semanas el personal de las fuerzas armadas y carabineros que estaba desplegado en la frontera ante los peligros de guerra con nuestros vecinos, con mucho menor equipamiento soportaba temperaturas en las noches muy superiores a las de esta ocasión y sometidos a esfuerzos mayores. Los cadetes de la Escuela Militar en la década de los 50, de 15 a 17 años, si bien en un escenario diferente, marchamos con equipo completo desde Valdivia a Osorno en tres jornadas, es decir una distancia de aproximadamente 120 km. Así como la ley del cobre baja en los minerales en la medida en que estos se explotan, las condiciones físicas de los seres humanos también disminuyen; la misma modernidad pródiga en mejores alimentos y recursos de la ciencia y de la medicina, ha aportado a menores exigencias físicas y a un mayor sedentarismo. Es el resultado del progreso. Mucha tele, mucho celular y play station, auto, moto, etc., hasta en los hogares más modestos; y si a eso sumamos el alto consumo de droga en nuestra juventud que nos pone a la cabeza de los países más consumidores en nuestro barrio, tenemos como consecuencias las recientemente sucedidas.

        Un hecho más, atendida la petición de un querido sobrino para no ser tan latoso, lo que muchos deben compartir. Este lamentable incidente ha incidido en que haya personas que cuestionen el Servicio Militar. Hasta hace algunos años, ya en “democracia”, se suspendió el SMO y en la actualidad es voluntario, lo que redunda en una menor cantidad de “materia prima” disponible para llevarlo a cabo, que por lo general es copada con las clases más pobres. Por otra parte, las regiones que más requieren por razones obvias son las extremas, siendo necesario completarla con jóvenes que provienen de las ciudades, donde la “ley” es de menor calidad. Este problema que afecta no solo a Chile, es cada día más grave, pues los jóvenes no contraen matrimonio sino hasta cuando son adultos ya formados. Hablemos de 38 y más años, es decir con rodaje, con una o más vuelta al kilometraje y muchos optan por tener menos hijos e incluso preferir mascotas. No estamos en condiciones de tener fuerzas armadas 100 % profesional, es decir sin contingente anual por el elevado costo que ello demanda, pero adhiero a lo que alguien propuso que el SM sea debidamente remunerado, a lo menos con un sueldo mínimo.

    Toribio, dentro de sus desvaríos pero bien intencionados, suma además del restablecimiento de la pena de muerte, de la refundación del poder judicial y del congreso,  a reimplantar el S.M.O.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

Enrique Slater @slater_enrique

La opinión de una prestigiosa columnista, respecto a las amenazas que desde hace ya tiempo afectan al alma misma de la Patria, se reconoce y agradece. Ojalá, en esa concordancia de sentimientos, muchos, en cada nivel personal, cumplamos el rol patriótico que el deber, demanda.

Procedimiento penal antiguo en Chile una breve explicación

Por Javier Diaz /El Observador
Abogado

El procedimiento penal antiguo llamado INQUISITIVO, es aquel donde la parte investigativa la llevaba el juez (el “Sumario”).

Cuando el juez terminaba la investigación, llegaba a la conclusión y si no había mérito “sobreseía”.

Si encontraba mérito “acusaba”.

Ahí se abría la segunda parte del procedimiento ANTE el mismo juez que se constituía en la parte Acusatoria con presentación de pruebas por ambas partes.

Terminada la fase ACUSATORIA, el mismo juez al final, o Sobreseía o Condenaba.

En suma, en la primera parte el juez era Fiscal y en la segunda, Juez. Esto era una anornalidad, pero funcionó por 80 años y nunca un querellado quedó sin posibilidad de defensa.

Claro que en la justicia “antigua” los jueces eran PROFESIONALES y por eso funcionaba. No como hoy, donde a pesar de que hay Fiscales, existen muchos jueces que son activistas de izquierda primero, y jueces después.

Justicia para militares

Richard J Kouyoumdjian Inglis, Vicepresidente de AthenaLab.

Opinión14/05/2024 Equipo AraucaniaDiario S

El tema de que tipo de justicia merecen los militares es uno de los temas que actualmente se discuten en el ámbito político. Cuando a la izquierda se le menciona justicia militar recuerdan la que opero hace 50 años atrás durante el gobierno militar, se bloquea mentalmente y se niega a considerar su incorporación como parte del proyecto de ley que busca regular las reglas de uso de la fuerza (RUF). Es verdad que la justicia militar en el pasado no estuvo a la altura de las circunstancias, pero la que existe hoy en día es muy distinta la que opero en esa época.

La justicia militar considera jueces y fiscales de primera instancia que pertenecen a las fuerzas armadas, pero por sobre ellos están las cortes marciales, las que están integradas por dos oficiales generales y dos ministros de corte de apelaciones. Uno de los ministros preside y además tiene el voto dirimente en caso de empate. Las cortes marciales reportan a la Corte Suprema, quienes las supervisa tanto en su operación como en sus fallos. Es decir, la justicia militar, que tiene la ventaja de incorporar la especialización propia de lo que se hace en el mundo militar, es parte de la organización judicial chilena y no se manda sola. El hecho de que sea supervisada y parte del sistema debería ser garantía de seguridad jurídica y debido proceso.

La justicia militar no es perfecta, funciona a la antigua y se vería mejorada si se le incorporan algunas practicas que la Reforma Procesal Penal trajo a la justicia ordinaria, que dicho sea de paso falla producto de no conocer el mundo militar y policial, lo que es más grave aun cuando cae en manos de fiscales y jueces que se dejan llevar por sus ideas progresistas, o bien claramente son del tipo activistas, aprovechándose de su investidura para neutralizar el accionar de quienes han jurado entregar su vida en defensa de la patria y de los chilenos, al punto que el enemigo al que mas temen los uniformados es el Ministerio Publico y los tribunales.

Si tanto molesta a algunos el concepto de justicia militar, reemplácenlo por una justicia ordinaria militar – policial especializada tal como existe para temas ambientales, de familia, y otras más. A los militares y policías de hoy y de ayer les debemos por su servicio la garantía de justicia y debido proceso, que es algo que también afecta a los soldados del 73.

Sin ir más allá, hay 13 que pueden terminar sus días en la cárcel por un caso del Húsares de Angol, un caso ya juzgado y con responsable confeso, que se reabrió en Piñera 1. Dos de ellos tuvieron participación directa, pero solo eran soldados cumpliendo órdenes. Los otros once solo por ser militares del Húsares, por lo que se espera prime la lógica en instancias superiores del sistema de justicia, la que puede ser ciega, pero justa debiera ser, como lo fue finalmente con quien mató a un ladrón en 2022 en Villa Alemana, y que fue absuelto a pesar de que el fiscal pedía 15 años.

¡¡¡QUE MUESTRA DE DESHUMANIDAD Y CONTRADICCIÓN!!!, EN LUGAR DE ENVIARLO A CUMPLIR LA PENA A SU DOMICILIO LO ENVÍAN MAS LEJOS DE UN CENTRO HOSPITALARIO:

Corte Suprema ordena ingreso de condenado por secuestro calificado a penal Punta Peuco

08-mayo-2024

“Que en el caso en estudio, según aparece del mérito de los antecedentes, el amparado es un adulto mayor de 71 años, que padece de una cardiopatía de riesgo y enfisema pulmonar, entre otras patologías de base, y conforme da cuenta el médico German Andrés Armijo Ortiz, quien además prescribe en el informe médico acompañado, que ‘en caso de dolor al pecho mayor a 20 minutos de duración, acudir a urgencias’”.

La Corte Suprema acogió el recurso de amparo interpuesto por la defensa y ordenó el ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco de Emilio Mahias del Río, ex empleado civil de la Fuerza Aérea, condenado a 5 años y un día de presidio en calidad de coautor del delito de secuestro calificado de Miguel Ángel Rodríguez Gallardo. Ilícito perpetrado en agosto de 1975.

En fallo dividido (causa rol 14.675-2024), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier, la abogada (i) Pía Tavolari y el abogado (i) Eduardo Gandulfo– consideró que mantener al amparado cumpliendo condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, implica un grave riesgo para su salud, en consideración que se trata de adulto mayor con patologías que requieren tratamiento periódico.

“Que en el caso en estudio, según aparece del mérito de los antecedentes, el amparado es un adulto mayor de 71 años, que padece de una cardiopatía de riesgo y enfisema pulmonar, entre otras patologías de base, y conforme da cuenta el médico German Andrés Armijo Ortiz, quien además prescribe en el informe médico acompañado, que ‘en caso de dolor al pecho mayor a 20 minutos de duración, acudir a urgencias’”, consigna el fallo.

La resolución agrega: “Que, en este contexto, conforme a las disposiciones reseñadas precedentemente, en el caso de las personas adultos mayores privados de libertad, con enfermedades graves, el Estado debe brindar todos los tratamientos médicos y facilidades, como garantía del derecho a la integridad personal”.

“Sin embargo, según se ha establecido en estos autos, mantener la ejecución de la condena del amparado al interior del recinto carcelario Colina I, atendida su condición de adulto mayor, el estado de las patologías que le afectan y los tratamientos periódicos que requiere, implica un grave riesgo para su salud, circunstancia que obliga a esta a Corte a adoptar medidas urgentes con la finalidad de cumplir tanto con la normativa constitucional como con las convenciones internacionales a las que el Estado adscribió, en su oportunidad y, que en el presente caso, llevan a considerar excepcionalmente, por motivos de índole humanitario y de respeto a la dignidad esencial del ser humano, un régimen penitenciario diverso al determinado por Gendarmería de Chile para el cumplimiento de su condena, como se dirá en lo resolutivo”, añade.

Por tanto, se resuelve que: “se revoca la sentencia apelada de diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Ingreso de Corte N° 852-2024 y, en su lugar, se declara que se acoge el recurso de amparo interpuesto a favor de Emilio Mahias del Río, disponiendo que el amparado cumpla la sentencia que le ha sido impuesta en proceso Rol N° 120.133-P seguidos ante el Ministro en Visita Extraordinaria Sr. Guillermo De La Barra Dünner, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco.
Sin perjuicio de lo resuelto, ofíciese al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, remitiendo los antecedentes que constan en el sistema computacional, especialmente el recurso de amparo deducido y el informe emitido por Gendarmería, para que se adopte las medidas que estime necesarias tendientes a mejorar la situación de habitabilidad del Pabellón Asistir del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I.
Comuníquese al M.V.E. Sr. Guillermo De La Barra Dünner y Gendarmería de Chile, de la forma más expedita”.

Decisión acordada con los votos en contra del ministro Llanos y el abogado Gandulfo.

 Ver fallo Corte Suprema 
Ver fallo Corte de Apelaciones 

Carmenluz Ovalle R. @cleovar

El Mercurio C6/Miren que “amorosos” estos jueces de la Suprema. Como si en Punta Peuco no hubiera fallecido nunca un anciano por enfermedad, falta de atención e inhumanas condiciones de vida. Es la Ley del Embudo que aplican letrados zurdos.

 JUSTICIA MILITAR PARA MILITARES Y POLICÍAS.

En épocas en que se discute la posibilidad de que vuelvan a la calle, las FF.AA. y las policías toman nota de la forma en que paga Chile a los que han debido cumplir órdenes o simplemente tienen el pecado de haber sido militares o carabineros en la época equivocada.

Ha quedado claro para muchos que, de no haber cambios en la situación de seguridad interna, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan que tomar un rol más activo es cada vez más real, y es por ello por lo que debemos ver qué cosas hay que arreglar si es que su uso llega a ser requerido.

La equivocada estrategia del gobierno en materia de seguridad que coloca los acentos en ejes que no necesariamente tienen impacto o no aplican a la realidad local, como es el caso de infraestructura crítica no habiendo amenazas terroristas que la pongan en riesgo, o de reglas de uso de la fuerza -que buscan impedir su uso por parte de agentes del Estado-, olvida resolver lo que es el problema principal de cara a poder usar efectivamente la fuerza de las armas que está en manos de militares y las policías.

El problema al que me refiero es la justicia que reciben los militares y policías cuando actúan como agentes del Estado en labores de seguridad interior como las que se generan en estados de excepción constitucional, las que se podrían dar bajo el concepto de infraestructura crítica o toda vez que deben actuar en contra del crimen organizado, insurgentes, terroristas, violentistas y revolucionarios como son por ejemplo los que actuaron en octubre del 2019.

Entendiendo que nadie está por sobre la ley y que la ley debe ser justa, se acepta que sea ciega, pero que en ninguna circunstancia pierda su esencia de ser justa y darle a cada uno lo que le corresponde, incluyendo por cierto a militares y policías que actúan por cuenta y bajo órdenes del Estado de Chile, su Presidente o quienes pertenezcan legalmente a la cadena de mando.

Lamentablemente la justicia militar no tuvo su mejor desempeño durante el gobierno militar, razón principal por la que en tiempos más recientes se haya limitado mucho su campo de acción. Esa reducción es la que deja fuera de su ámbito los casos en que se vean involucrado civiles, sean actuales como son los casos de Robledo, Crespo o los infantes de marina que tuvieron que actuar en Cañete en el 2021, o bien casos antiguos del 73 en que hay jueces designados para investigar y dictar sentencia bajo el antiguo sistema procesal penal.

Puede que las autoridades de la época hayan visto lo anterior como necesario, pero la verdad es que en lo actual el sistema falla, así como también en los casos de casi 50 años de antigüedad.

Me parece que nadie tiene dudas de las injusticias sufridas por Robledo o Crespo, o las que puedan afectar al general Yáñez, o al carabinero acusado por el caso del puente Pío Nono. Todos son ejemplos de la actuación de militares y policías en que el Estado de Chile les ha ordenado intervenir objeto restablecer el Estado de Derecho, siendo ellos acusados por hacerlo con demasiada fuerza o detrimento de los derechos humanos de los victimarios, olvidando que a ellos los atacaban, o bien debían disponer de las fuerzas que se hacían cargo del problema, como era el caso de los principales mandos de Carabineros del 2019 a los que las autoridades políticas dejaron en el más completo abandono, y con los cuales algunos de la ultraizquierda se quieren festinar.

Evidentemente esos casos recién nombrados, así como los que indicaré a continuación de épocas más pasadas habrían sido mejor atendidos por justicia militar, que se especializa en los casos que involucran a militares y policías, y que al igual que cualquier otro tribunal en Chile, tiene la supervisión de instancias superiores, ya que por un lado está la Corte Marcial (integrada por una mayoría de ministros de corte de apelaciones), y por sobre ella, la Corte Suprema, lo que quita los argumentos de falta de independencia y de 100% militarizados que algunos le asignan con el fin de quitarles mérito y que vuelvan a ser usados para casos en que hay civiles involucrados.

En columnas anteriores podrán encontrar más detalles de los casos del soldado conscripto Robledo y del teniente coronel Crespo. Estos son casos actuales que están siendo manejados entre el Ministerio Publico y tribunales civiles, a diferencia de un caso de octubre del 73 ocurrido en Angol, en que lamentablemente murieron dos jóvenes y que involucra a trece militares de la época, de los cuales dos eran soldados conscriptos que hacían su servicio militar.

Este era un caso ya juzgado, en que se había condenado al que era el segundo comandante del regimiento Húsares, quien fue el que dio la orden de matarlos y estaba confeso. Posteriormente en el 2005 la Corte Suprema amnistió al condenado por estar prescrito su delito.

Por alguna razón bajo el primer gobierno de Piñera muchas causas de este tipo fueron reabiertas, y quizás ello podría haber sido lógico en otros casos, pero no en este, en el cual ya había un claro responsable que estaba juzgado y condenado. Las reaperturas no se hicieron bajo la justicia militar. Se hicieron asignando casos a ministros en visita que operaban bajo el sistema de justicia antiguo en que el magistrado investiga, procesa y dicta sentencia, en clara ausencia del debido proceso.

De los 13 a los que se les condena en octubre del 2023, sólo dos tuvieron una participación directa, ya que fueron los que dispararon, pero dicho eso, eran un cabo y un soldado conscripto cumpliendo órdenes, por lo que se les debiera eximir del caso.

Los otros 11 no tienen culpabilidad alguna en las muertes de los jóvenes, condenarlos a su edad, más de 50 años después, por algo que no son culpables y en donde el mando asumió la responsabilidad no suena muy justo, para nada justo. Es mandarlos a morir a la cárcel.

Las Fuerzas Armadas y las policías del Chile actual observan estos casos y los más recientes ocurridos cuando han debido poner orden a los desórdenes, estallidos y revoluciones, o bien cumplir órdenes superiores. En épocas en que se discute la posibilidad de que vuelvan a la calle, toman nota de la forma en que paga Chile a los que han debido cumplir órdenes o simplemente tienen el pecado de haber sido militares o carabineros en la época equivocada.

Es de esperar que en algún minuto vuelva el sentido común y todos los casos en que militares y policías actúan como agentes del Estado de Chile, y en que se determine que debe actuar la justicia, sea la justicia militar la que actúe, ya que la que se está usando actualmente parece no estar dando garantías de justicia, transformando a los buenos en malos, condenando a personas como el general Cheyre por estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto, o que es incapaz de demostrar compasión y clemencia con personas que están entrando a la cuarta edad, encarceladas o pronto a serlas, por casos en que no son responsables o bien sólo son culpables de cumplir órdenes superiores.

Para cerrar, espero que esta columna dé esperanzas a los que están siendo afectados por la injusticia y sufriendo el pago de Chile. No están solos y somos muchos los que queremos que reciban justicia y un trato digno.

Richard Kouyoumdjian

ellibero.cl

Señor director:

Hemos constatado como el Poder Judicial se ha ido empoderando en los últimos años, adoptando una doctrina de persecución hacia los militares y policías que participaron durante el gobierno militar, aplicando sentencias implacables a todo uniformado que caiga en sus esferas, designando ministros en visita extraordinarios con el único objeto de perseguir y condenarlos, no de hacer justicia. Recientemente el ministro Álvaro Mesa Latorre, de la Corte de Apelaciones de Temuco, en sus últimos fallos, señala “no importa la función que cumpliera, en el caso del regimiento “Tucapel”, el acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen donde se detenía, apremiaba y ejecutaba a personas, luego entonces corresponde imputarle penalmente responsabilidad”, con esa sola idea le bastaba para condenar como autores y cómplices a la pena máxima, esto es presidio perpetuo, por sólo considerar que adherían al régimen militar. En total 20 militares condenados de por vida, (3 tenientes, 4 subtenientes, 7 clases, 5 conscriptos y un abogado). O sea, los únicos oficiales no condenados en este caso (Polvorín), fueron sobreseídos por haber fallecido
El lawfare es una idea que ha sido incorporada por la izquierda a la política latinoamericana en los últimos años, según Wikipedia, se define como la “persecución judicial, instrumentalización de la justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial”.

Es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente”.

Se utilizan herramientas jurídicas de modo abusivo, afectando el debido proceso para perseguir un enemigo político y/o militar, generando inestabilidad, desprestigio de las FF.AA. y policías. Es usada como un arma de guerra, empleando las normas como proyectiles.

Un buen ejemplo, de lo señalado, en el ámbito de los DD.HH. son las condenas a uniformados por delitos de lesa humanidad, este tipo de delito fue tipificado en el Estatuto de Roma de la Corte Internacional, publicado en el Diario Oficial el 01 de agoste de 2009, fecha de entrada en vigencia de la norma, inclusive, el artículo 24 de este Estatuto estipula taxativamente que no puede aplicarse en forma retroactiva (Irretroactividad ratione personae).

No obstante lo anterior, los tribunales de justicia en concomitancia con los medios de comunicación social, no han respetado el citado Estatuto, tan importante es lo señalado que al no existir el delito de lesa humanidad, son plenamente aplicable la prescripción, cosa juzgada y ley de amnistía, por lo tanto –legalmente- no debiera haber ningún militar o policía cumpliendo condena, pues de existir este tipo de delitos, éstos están prescritos.

Gabriel Fuentes Campusano

Abogado

Sergio Ulloa   en X: “.@elvillegaschile: “A la izquierda el odio los arrastra. Son incapaces de entender que en la instrucción militar hay accidentes y seguirán habiendo como ocurre en todos los países, por el material de guerra que emplean. ¿O la instrucción será sentarse en el casino a ver Netflix?” https://t.co/XA8MMEOj9i” / X:

.@elvillegaschile: "A la izquierda el odio los arrastra. Son incapaces de entender que en la instrucción militar hay accidentes y seguirán habiendo como ocurre en todos los países, por el material de guerra que emplean.
¿O la instrucción será sentarse en el casino a ver Netflix?" pic.twitter.com/XA8MMEOj9i

— Sergio Ulloa 🇨🇱 (@sergiou01329861) May 9, 2024

Enrique Slater @slater_enrique

Desgraciadamente, el Ejército, ha perdido uno de sus soldados en una actividad profesional. Llama la atención, la cantidad de información aún no comprobada por la justicia, que los medios de comunicación y algunos políticos han “aprovechado” de difundir, con oscuros propósitos.

Senador Rodrigo Galilea: «Sin conversar sobre justicia militar, las RUF quedan cojas»

El presidente de RN se refiere a la necesidad de incluir las competencias de justicia militar en el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza que se discute en la Cámara Alta. «Si no hay una correcta justicia militar estamos poniendo en serio riesgo la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren en el control del terrorismo y el crimen organizado», advierte.

por Magdalena Olea, 8 mayo, 2024

Luego del homicidio de tres Carabineros en la Macrozona Sur, esta semana se retomó la tramitación de la agenda de seguridad en el Congreso. Un tema clave, dada la crisis de violencia que enfrenta el país, y considerando que la seguridad es el tema que causa mayor preocupación en los chilenos.

Así, en el Senado, comenzó la discusión de las Reglas del Uso de la Fuerza, proyecto que fue despachado por la Cámara de Diputados sin la indicación que permitía el involucramiento de la justicia militar en determinados casos. También, se verá la creación del Ministerio de Seguridad, para luego dar pie a los debates en comisiones.

En el programa «Mirada Líbero», el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, aborda la discusión sobre la justicia militar en las RUF, que intentarán reponer en la Cámara Alta.

«Finalmente lo que se impone es que los efectivos, ya sea de la aviación, los navales, del ejército, quieren tener reglas claras y quieren sentirse razonablemente asegurados cuando tengan que ir a cumplir misiones, como estar interviniendo en un territorio que está en la Macrozona Sur, bajo un Estado de Excepción Constitucional, o si los mandan a cuidar fronteras», explica el senador.

A su juicio, «resulta evidente la necesidad de conversar el tema de la justicia militar, y en Renovación Nacional en la Cámara de Diputados todos estuvieron detrás de esta idea, los que ingresaron las indicaciones fueron, entre otros, diputados de RN».

«Consideramos que, sin conversar el tema de la justicia militar, las Reglas del Uso de la Fuerza quedan cojas, y nosotros lo queremos respaldar«, dice.

El senador explica que «en la Cámara de Diputados se rechazó esa indicación, no porque hubieran discutido el fondo del problema, sino que porque consideraron que era una discusión inadmisible, por no estar dentro de las ideas matrices del proyecto de RUF. Esa discusión se va a dar también en el Senado«, apunta.

«En RN se impone la idea de insistir en la justicia militar»

Además, afirma que «en el partido (RN) se impone la idea de insistir, y si es que no resulta posible por este camino, insistir por poner en tabla proyectos de justicia militar«.

«Nosotros estamos convencidos de que los militares, y todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, tienen que tener una justicia particular y tienen que verse estos casos en la justicia militar, porque es específica de ella», sostiene.

Y agrega que «uno no puede ser esclavo de prejuicios en este tipo de cuestiones (…). Yo sé que los sectores de izquierda de este país tienen grandes prejuicios respecto a la justicia militar. Les gustaría que no existiera, o que solo existiera para el caso de guerra externa».

Sin embargo, asegura que «la justicia militar funciona. Se le pueden hacer algunas mejoras, algunos cambios, por supuesto que sí, y en esto todos estamos abiertos a que funcione lo mejor posible. Pero la justicia militar es una necesidad. Y no es una cosa que se nos ocurrió en Chile… En España, Francia, Italia, todos ellos tienen justicia militar», agrega. Así, enfatiza que «la buena experiencia internacional indica que los militares deben tener tribunales especiales».

«El gobierno no puede ser esclavo de sus prejuicios en esto»

«No he tenido yo ninguna reunión de trabajo en tema de justicia militar con el gobierno. Sé, porque han sido muy claras las señales, de que no le gusta ni que está incorporada en la Ley de las Reglas de Uso de la Fuerza, ni pareciera tampoco gustarles la idea de que cuando hay enfrentamiento con civiles opere la justicia militar», relata Galilea.

«Yo en eso estoy en desacuerdo con el gobierno, y vuelvo a decir: creo que el gobierno actúa con prejuicios muy grandes, que son prejuicios históricos, pero que tienen que superar (…) El gobierno no puede ser esclavo de sus prejuicios en esto, tiene que mirar la evidencia de países mucho más desarrollados que nosotros, y ver cómo deben operar estos tribunales militares, que son tribunales especiales», enfatiza.

Agrega que «lo que sucedió con la Ley Nain-Retamal es un buen ejemplo de lo que debe ocurrir con las RUF. Las RUF tiene sus complicaciones, pero estamos en perfectas condiciones de lograr criterios amplios, porque en esto existe mucha evidencia internacional».

«Si no hay una correcta justicia militar, estamos horadando y poniendo en serio riesgo la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren en el control del terrorismo y el crimen organizado en nuestro país», advierte el presidente de RN.

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 2 Comentarios

1. Carlos Souper Quinterosdice:

7 mayo, 2024 en 23:13

Muy de acuerdo

2. Humberto Julio Reyesdice:

8 mayo, 2024 en 08:49

De acuerdo, se requiere una justicia especializada que no opere con los mismos criterios que son válidos para situaciones de normalidad. Hoy en cartas al director de El Mercurio, un conocido abogado intenta, sobre la base de estadísticas, convencernos que la justicia ordinaria «falla en la inmensidad de los casos en favor de los uniformados», ya que de más de 10.000 casos denunciados sólo el 0,4% habría terminado en condenas. Lo que naturalmente no dice es que, sin importar el número de denuncias, lo que vale es el peso de la prueba y no lo que declaren los querellantes. Si el mismo fuera uno de esos condenados en forma injusta quizás lo vería diferente. Las estadísticas sirven para todo.

*¿Ratones Mordiéndole la Cola a un León?*

Por Cristián Labbé Galilea

En la adversidad, momentos difíciles y desgracias, es cuando los seres humanos mostramos nuestras grandezas y bajezas. La lamentable tragedia ocurrida en el norte, que costó la vida de un militar, no hace sino confirmar esta verdad. Poco se demoraron las mentes ideologizadas de la izquierda en sacarse la careta y convertir este infortunio en un festín contra del Ejército.

Sin que se supiera realmente lo que había ocurrido, en un santiamén, y aprovechándose del dolor de las familias afectadas por la tragedia, se montó una morbosa campaña comunicacional que golpeó a la opinión pública. Cómo no, si esta era la oportunidad ideal para hacer del Ejército el “pato de la boda”, concentrando en él toda suerte de injurias, las que -por supuesto- han dado pábulo a que cualquier cortesano del gobierno pida la “guillotina” para los mandos institucionales.

Antes, lo habían intentado con el General Director de Carabineros y, como se les anduvo “resbalando”, ahora había llegado el momento de concentrase en la Jefatura del Ejército. La izquierda refundacional (léase PC y FA), no podían perder la oportunidad para intentar descabezar y, de paso, intervenir dos importantes instituciones de nuestra seguridad nacional.

Si alguno de mis ingenuos contertulios todavía piensa que las volteretas del Presidente, y las cabriolas de sus declaraciones, marcan un antes y un después, se equivocan. Esta suspicaz pluma les recuerda que el Ministerio de Defensa es una de las madrigueras importantes del Partido Comunista; allí han creado -para sus aviesos propósitos- el refugio perfecto que les proporciona invisibilidad y protección de las inclemencias políticas contingentes.

Por lo visto, da la impresión que éstos señores no han aprendido la lección que la historia les ha enseñado… se siguen equivocando con el Ejército.

Se equivocan también quienes creen que basta tomar un micrófono y pedir la cabeza de un General. En este caso, da la impresión que se van a quedar con las ganas de “guillotinar” al Ejército.
En el campo hay un dicho muy asertivo… “no es lo mismo la gordura que la hinchazón”; en esta oportunidad, es importante advertir a la izquierda que la prudencia y la debilidad no son lo mismo, y confundirlas puede llevarlos a situaciones muy complicadas.

La prudencia y la honestidad con que ha reaccionado el alto mando del Ejército, son condiciones básicas del actuar histórico de la institución, las que vienen -en este caso- a acentuar ante el país, la sociedad civil y la sociedad política, que las acciones y decisiones institucionales… siempre van a responder al interés superior de la nación y al bienestar de sus compatriotas.

Que en el caso de Putre pudo haber errores, equivocaciones y descoordinación, es muy probable, y de hecho -por lo mismo- se dispusieron los sumarios y las investigaciones que correspondían. Sin embargo, esto no debiera dar pábulo para que unos “rojizos roedores de cola pelada” quieran morderle la cola a un león más que centenario, que ha sido… “siempre vencedor y jamás vencido”.

Bancos responden a Boric tras llamarlos “coñetes” y pedirles facilitar créditos para la construcción

Por Florencia Ortiz

Jueves 09 mayo de 2024 | 17:33

VER RESUMEN

La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) respondió al presidente Gabriel Boric, luego que el Mandatario llamara a la banca para que no sean “coñetes” y facilite los créditos, especialmente con las empresas de construcción.

En diálogo con Radio de Rancagua, el jefe de Estado manifestó que “una de las industrias que más ha costado reactivar es la construcción” y es por eso que existe una necesidad en dar celeridad a las obras.

“Quiero hacer un llamado a los bancos que han estado, como se dice, muy ‘coñetes’ en particular con las empresas de la construcción para poder sacar adelante nuevos proyectos”, aseguró Boric.

A través de un comunicado, el gremio bancario comentó que “efectivamente nos encontramos en un ciclo contractivo de la economía, la actividad se mantiene con un bajo dinamismo en general, y la banca no es la excepción”.

Boric llama a los bancos a no ser “coñetes” y facilitar créditos a industria de la construcción

“En este marco, el Banco Central sistemáticamente ha estado reportando que el menor dinamismo crédito se asocia a condiciones principalmente de demanda. De hecho, en la última encuesta del Banco Central, se reporta que un 40% de los encuestados reportan menores niveles de solicitudes crediticias”, afirmaron.

Añadiendo que “es un desafío país retomar mayores niveles de crecimiento, y continuar apoyando al crecimiento del país. En esta línea, y a modo de ejemplo del compromiso de la banca, en el programa FOGAES construcción se cursaron créditos a casi el 80% de las empresas elegibles según los criterios establecidos por el Gobierno, y durante la pandemia se aprobaron más de 500 mil créditos, por más de US$ 22 mil millones, a través de los programas FOGAPE covid-19 y Reactiva”.

Por   Humberto Julio Reyes

                  Años atrás participaba en el enésimo esfuerzo por intentar la aplicación de una “justicia justa” en los llamados comúnmente procesos por violaciones a los derechos humanos.

                  Con ese propósito se habían elaborado diversos cortos audiovisuales donde un moderador planteaba un tema a diversas personalidades a fin de que expresaran su opinión al respecto.

                  Uno de aquellos temas era si acaso no debían esas causas ser llevadas adelante aplicando la reforma procesal penal ya vigente, en lugar de seguir aplicando el antiguo sistema inquisitorio que, en opinión de un flamante presidente de la Corte Suprema no ofrecía garantía alguna al inculpado.

                  Me refiero a los dichos de don Milton Juica en el N° 589 de la revista “Sábado” de El Mercurio de 2 de enero de 2010. A pesar de reconocer dicha realidad, se manifestaba contrario a conceder los beneficios intrapenitenciarios previstos en la ley a quienes cumplieran penas de prisión como consecuencia de dichos procesos.

                  ¡Vaya imparcialidad!

                  Dicha pregunta ya la habíamos planteado a un grupo de abogados que incluía a muchos de los defensores en estas causas y, aunque no había unanimidad, la mayoría se inclinaba por promover el término de la aplicación del antiguo sistema.

                  Siendo así, no dejó de sorprenderme que uno de los participantes, abogado que era un reputado columnista de vasta experiencia, expresara que ello no era necesario y que bastaría que hubiera buenos jueces, es decir que aplicaran las leyes vigentes en su recto sentido.

                  No me convencieron entonces sus argumentos pero, hoy en día, visto todo lo que ha ocurrido en el ámbito judicial, no sólo con aquellos interminables procesos sino también en los referidos al “estallido social” y aquellas iniciativas “entrampadas” por no garantizar un debido proceso a los uniformados que tuvieren que actuar y se vean involucrados en lo que pudiere constituir delito, he llegado a pensar que dicha persona no estaba errada en su juicio, aunque pareciera que planteaba algo más bien alejado de la realidad.

                  ¿Y usted, amable lector?

                  ¿No cree que si hubiera buenos jueces sería innecesaria la indicación para que los uniformados sean sometidos a la justicia militar en busca de un trato imparcial y justo, bastando la aplicación de los preceptos vigentes?

                  ¿No tranquilizaría ello a quienes se oponen pensando en que se busca una impunidad ante eventuales abusos o excesos que podrían cometerse?

                  El problema es que los buenos jueces, que seguramente deben existir, se ven sobrepasados por una política judicial que, en los hechos, busca que se olviden pasadas omisiones sólo explicables en un período de anormalidad  pero cuya expiación no puede seguir ad aeternum y transformarse en lo que es hoy una guerra judicial o Lawfare que se ha ensañado con los subalternos de hace 50 años y que, hoy en día, es evidente que inhibe la actuación de los llamados a imponer el orden y restablecer el derecho.

                  Creo que ese gran columnista tenía razón, no necesitamos ni nuevas leyes ni excepciones, sólo buenos jueces, aunque sea mucho pedir.

                  Como ellos tienen la última palabra, en la voz de la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema, ni el proyectado Ministerio de Seguridad, ni un eventual Estado de Sitio, ni reglas de uso de la fuerza ni la Justicia Militar, podrán garantizar que los miembros de las fuerzas armadas y de orden cuenten con el respaldo para actuar con eficacia y lograr que volvamos a vivir en paz.

7 de may. de 24

Situación prisioneros políticos en Chile

• Colaboradores

• mayo 8, 2024

Situación jurídica y política de las Fuerzas Armadas y Policiales en Chile (al mes de Mayo 2024)

Un hombre malo, es capaz de quemar su propia nación hasta los cimientos, para poder gobernar sobre sus cenizas. Sun Tzu.

Cuestión Previa:

Estimados y distinguidos lectores, junto con agradecer  el espacio que me otorgan ustedes para compartirles el grave problema de mi país en estas materias, les comunico que para no ser árida  la exposición, me basaré en estadísticas  estudiadas y elaboradas por el suscrito y  enseguida comentaremos las mismas:

El 11 de septiembre de 1973, asume el poder la Junta Militar de Gobierno encabezada por el General Augusto Pinochet, deponiendo al gobierno marxista de Salvador Allende que tenía arruinado al país y este tenía el firme propósito que fuésemos una Segunda Cuba, incluso con la presencia de guerrilleros isleños entre nosotros. El Gobierno Militar hizo una gigantesca y exitosa restauración social ,política y económica, que como es sabido, nos convirtió en una de las economías más prósperas de Sudamérica. Sin embargo, también le correspondió  neutralizar a la subversión, donde hubo bajas por ambos lados. Finalmente  como lo señaló la Constitución que la propia Junta Militar nos entregó y aprobamos mayoritariamente en un plebiscito, se entregó el poder en marzo de 1990.A partir de allí, la izquierda con la connivencia del Poder Judicial y especialmente con jueces de izquierda  comenzó la caza de los Uniformados que habían luchado contra los subversivos. Como los eventuales delitos estaban prescriptos se recurrió a figuras artificiosas patrocinadas  e inventadas por la izquierda internacional  para eludir y “saltarse” la prescripción, así  hicieron aparecer el principio  del Ius Cogens y los Delitos de Lesa Humanidad  que según ellos permitiría declarar que dichos delitos serían imprescriptibles e inamnistiables, así también se hace caso omiso de principios jurídicos  tan antiguos como Debido Proceso, Igualdad ante la Ley, Presunción de Inocencia, la Prescripción y la facultad de indulto como se señaló. A todos nos parece burdo todo esto, peor aún más en Chile, los hechos ocurrieron en 1973-1974 y el Estado de Chile firmó y se hizo parte de dicha normativa internacional, que reconocía los Delitos de Lesa Humanidad, recién  2009 y en su artículo tercero dicho convenio señala que la norma “regirá a futuro”. Pues bien, el Poder Judicial Chileno, lo aplica 50 años para atrás. A  un Juez, que condenaba Uniformados, se le preguntó por esto en un programa de t.v. abierta y con tal descaro  señaló que sus sentencias se basaban en una “ficción Jurídica”, imaginen ustedes, condenando por ficciones jurídicas dentro de un pretendido Estado de Derecho. El problema que la Corte Suprema así lo acepta y confirma estas espurias sentencias, lo que  una vulgar Prevaricación de parte de ellos.

Lo antes descrito  se traduce en la realidad que hay mucho personal Militar condenado y después de más de 50 años siguen condenándolos, a penas altísimas  a personas de Tercera Edad que en el fondo las condenan a morir en la cárcel, por ser ya ancianos enfermos (tienen una edad promedio de 78 años, hay hasta de 90 años).

Datos Estadísticos:

1) Cumpliendo condena: 328 personas (se incluyen 15 damas).

2) Fallecidos en calidad de procesados o cumpliendo condena: 123.

3) Fallecidos en prisión durante el gobierno de Piñera (Derecha): 44.

4) Fallecidos en prisión durante el gobierno de Boric (Izquierda): 15.

5) Causas judiciales abiertas según el propio Poder Judicial  1.526.

6) Indemnizaciones otorgadas a las víctimas y familiares: más de 6.000 millones de dólares desde 1990 a la fecha.

                     En la actualidad la persecución continúa… pero eso no es todo, abrieron un segundo frente para perseguir judicialmente a las Fuerzas Policiales y  Armadas. La situación es la siguiente:

Durante el gobierno del fallecido Presidente Piñera, la subversión encabezada por el partido comunista y el lumpen organizado, ocasionaron  graves daños a lo largo de todo el país, en la capital se quemaron  100 estaciones de metro, iglesias, se atacaron cuarteles militares, policiales negocios, resultaron civiles y policías heridos en los graves incidentes, se le llamó eufemísticamente”Estallido Social”(Después se repitió en Perú y Ecuador), en nuestro caso  Carabineros (La Policía) tuvo que enfrentar a las turbas e imponer el orden, los sediciosos pretendían tumbar el gobierno de Piñera para instalar el que la izquierda radical quiere y que todos conocemos cuál es. Una vez que se calmaron los desórdenes comenzó la acción sin prisa, pero sin pausa como trabajan los rojos, a través de los organismos que dominan  y controlan, especialmente Fiscalía y, comenzaron a enjuiciar a policías y militares, que actuaron en el llamado “Estallido Social”, en circunstancias  que fue derechamente  “Insurreccional”.  Es del caso señalar que acá tenemos organismos de persecución criminal absolutamente cooptados por los zurdos como son los tribunales, sobre todo el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, entre otros. Veamos en la práctica que ha ocurrido.

Datos Estadísticos post “Estallido Social”:

1) Instituto de Derechos Humanos presentó más de 3 mil querellas  contra Policías y Uniformados.

2) Carabineros (Policías) ya condenados  50.

3) Militares  8.

4) Uniformados Formalizados por la Fiscalía ante la Justicia  150.

5) El Presidente Boric levantó los cargos contra los subversivos, los indultó y otorgó pingues indemnizaciones por un monto y costo anual para el Estado, es decir, todos los Chilenos, de 3 millones de dólares.

                El panorama es desolador, con una clase política, mediocre, que no ha estado a la altura, para terminar con esto que es realmente vergonzoso y no resiste el menor análisis serio. Sin embargo, todo ello se basa en la Teoría de Gramsci, de minar  las Fuerzas Armadas y de Orden, que son el obstáculo final para asaltar el poder. Así, los Uniformados se sienten, neutralizados, inhibidos y hasta anulados de actuar, están desmotivados y temen  no a los delincuentes, sino a la persecución judicial posterior… Esto se traduce   en la vida cotidiana en que estamos sobrepasados por la delincuencia común y bandas organizadas  con sicariato, crímenes, secuestros extorsivos, etc. y la policía  actuando no con energía y severidad, sino con mucha cautela, por lo que les pueda ocurrir. A lo anterior hay que agregar una inmigración desatada, que ingresa por pasos no habilitados del norte, siendo nuestra frontera de las más permeables del mundo, entra quien quiera y las fuerzas militares, sin atribuciones ni respaldo, es poco o nada lo que pueden hacer. Nos hemos llenado de maleantes  e inmigrantes irregulares.

                  La solución no se ve fácil ni rápida, porque tenemos como se dijo  los tres poderes del Estado mediocres, ideologizados y negligentes, nada han hecho hasta ahora para revertir la situación, en dos años más hay recambio y esperemos que entonces   vendrán  tiempos mejores, para terminar con este cruel contrasentido en que uniformados que fueron enviados por su Estado a repeler una gravísima  agresión que este  enfrentaba, hoy su propio Estado, que los envió a la acción, los persigue, castiga y encarcela

Tenemos esperanza, porque a pesar de todo lo bueno y lo justo, siempre triunfa en este mundo.

Marcelo Elissalde Martel, Abogado, Magíster en Derecho Público y Diplomado en Derecho Política Contemporánea, Universidad de Lleida, Cataluña, España. Observador de Derechos Humanos. Santiago de Chile. Mayo 2024

Respuestas del Dip. Kaiser:

————- EL DIRECTOR DE EL LÍBERO FUNADO POR LA IZQUIERDA ————–

JAVIER DÍAZ / EL OBSERVADOR

@JavierDiazObs

Don Eduardo Sepúlveda está siendo funado en RRSS por estas palabras anoche en CNN Nos interpreta a millones. EL LÍBERO es un excelente Medio digital que todos utilizamos como fuente de información y datos antes de subir un comentario. Invito a DESFUNARLO dando RT a su entrevista.

@Edsepulvedam

@elliberocl

2:29 p. m. · 6 may. 2024

Columna de Álvaro Pezoa: Cuidemos a nuestras Fuerzas Armadas

6 MAY 2024 06:57 PM

Cuidemos a nuestras FF.AA. Son un baluarte de la institucionalidad del país, imprescindibles para el resguardo de la integridad territorial del Estado y, siempre, último bastión para conservar la seguridad interna de la nación, constituyendo un apoyo insubstituible para la prevalencia del Estado de Derecho. Cuando, como ocurre en la actualidad, se piensa que sería pertinente su salida a las calles para proteger a la población y hacer valer el orden político frente al terrorismo y la criminalidad, es porque el citado Estado de Derecho se ha debilitado excesivamente y las fuerzas policiales no resultan aptas por sí solas para combatir los flagelos mencionados. Nadie estaría solicitando, ni menos evaluando, recurrir a ellas para hacer primar la vida común civilizada sobre el caos asociado a la violencia desatada por grupos fuera de la ley, si no fuera porque, por las razones que sean, es un hecho que los tres poderes del Estado y las policías han sido desbordados. Ha llegado la hora, algo tarde para darse cuenta, de aplicar la fuerza legítima que proveen las FF.AA. para reducir la brutalidad delictiva que campea cada vez más impunemente por el territorio patrio.

Para que las FF.AA. salgan a jugarse la vida para defender el orden social y a la ciudadanía se requiere, como base, que cuenten con el irrestricto apoyo de la autoridad política y con un marco normativo suficiente que les permitan actuar sabiendo que no tendrán que pagar posteriormente con la pérdida de sus carreras y hasta con su libertad por haber cumplido con el deber que la realidad les impuso. Es sensato y de mínima justicia que así sea.

No obstante lo evidente que es el cuadro, hay quienes parecen esperar que se libre una guerra contra la criminalidad desalmada donde no haya heridos ni muertos; es decir, un imposible. Existen también grupos en la sociedad que derechamente no quieren que las FF.AA. lleguen a intervenir y, para ello, se escudan en todo tipo de argumentaciones para impedirlo o ponerlas en una situación insostenible, la de arriesgarlo todo a sabiendas de que terminarán indefectiblemente condenados, por angas o por mangas: el famoso “pago de Chile”.

Lo peor del caso es que a esta situación extrema se ha llegado, como otras veces en la historia de Chile, porque los civiles, especialmente quienes están llamados a ejercer autoridad en los tres poderes del Estado, no han sido capaces de detener a tiempo la escalada delictivo-terrorista que ha conducido a tener que hacer estas consideraciones. Algunos por impotencia, otros por incompetencia y, desafortunadamente, no pocos por complicidad, más o menos manifiesta. Entre estos últimos hay quienes hoy aparentan cambiar y otros que ni siquiera eso. ¿Los identifica usted?

Es de esperar, por Chile, que haya un momento de lucidez, al tiempo que de voluntad, entre quienes han de decidir qué hacer. Pero, ¡que no sea a costa de sacrificar irresponsablemente a las FF.AA.!

Por Álvaro Pezoa, ingeniero comercial y doctor en Filosofía

Publicado por La Tercera.cl

El Chile de hoy… ¿Qué será más adelante?

        Toribio reconoce que muy pronto tendrá que visitar el confesionario de su amigo cura, pero no es por los que están creyendo los malpensados. Sino, porque está siendo inconsecuente con los proverbios de Mateo 5.21.; al no poder amar a los que a diario nos ofenden, nos injurian, nos perjudican o nos creen imbéciles. Si bien se resiste para hacerlo a través de estas líneas, su corazón, mente y boca no lo hacen. Pero, díganme apreciados lectores ¿Cómo se puede obrar cuando casi todos los días se escucha a Boric disculparse de mentiras o afirmaciones hechas con anterioridad, llevando dos años en esa conducta? Las justificaciones de Tohá o de la Miss Vallejos no convencen ni a los más iletrados; escuchar a los ministros de Hacienda y de Educación ─por nombrar algunos─ decir que cada día estamos mejor, siendo la realidad muy distinta saca de quicio. Ayer escuchaba y veía a la “Honorable” senadora Campillay señalar la plata mal gastada en Carabineros, habiendo tantas otras necesidades. Fue muy lamentable el accidente que sufrió que le hizo perder la vista o parte de ella, como afirmaba la doctora Cordero, al verla dirigir la vista de un lado a otro. La “senadora” recibirá una indemnización de $410 millones –se la bajaron de $680 millones–, lo que no ha recibido un Carabinero que durante la protesta delincuencial fue afectado de igual forma. Por otra parte, el irreverente de Mateo, Toribio, espeta que fue elegida en ese cargo gracias a dicho accidente ─porque méritos o preparación alguna no se le conoce─ lo que le reporta un salario y asignaciones de $30 millones aprox. ¿Donde está el dinero mal gastado?

          En Vallenar, un juez exigió al director de una escuela que aumentara una vacante para un alumno determinado, y como lo anterior exigía tiempo para una autorización superior, el juez lo hizo tomar preso y sacado por Investigaciones desde su propio establecimiento. ¡Digno de Ripley! Llegada la autorización, el alumno que estaba 11 en la lista de espera quedó en primer lugar, pasando a llevar al resto. ¡Eso es juticia mierda! Algo parecido al fallo de la Corte Suprema que tiene a las ISAPRES al borde de la quiebra y a millones de chilenos pasando al sistema de público que no da abasto y las listas de esperas crecen en forma casi exponencial. ¿Hay motivo o no para salirse de las casillas?

         La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de amparo presentado en favor de los residentes del “geriatro” de Colina 1, por un cambio en los horarios de visitas establecido por Gendarmería que alteraba la situación jurídica preexistente y en desmedro de la dignidad de las personas recluidas, a lo que dicha institución ha hecho caso omiso del fallo judicial. Y el ministro de justicia, otro que se sacó la máscara, y de quien depende ese servicio, no dice ni pío.

      El izquierdista Daniel Matamala respecto al rechazo de la Justicia Militar expresó “Buscan dictar amnistías para que crímenes ya juzgados contra civiles queden en la impunidad. Intimidan a fiscales para impedirles hacer su trabajo. Diseñan una justicia ad-hoc, a la carta, para uniformados. (…) Hay que recordarle a este ideologizado periodista que las leyes se cumplen solo a partir desde el momento en que son publicadas en el Diario Oficial y conforme a la fecha de vigencia allí establecida, pero en ningún caso en forma retroactiva. Pero claro, como la justicia no es igual para todos, con la excepción ilegal y fraudulenta que han tenido los corruptos jueces instructores y ministros de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema para aplicar una norma por eventuales delitos y ya prescritos, cometidos 40 ó más años antes que la propia Corte Penal Internacional lo estableciera.                De esta manera han enviando a morir a los penales hasta la fecha a 182 camaradas de arma, en un velada forma de establecer la pena de muerte y hoy existen más de 180 recluidos a lo largo del pais que superan los sesenta años de edad. Siguiendo con el “Matamalo”: ¿Intimidar a fiscales para impedir que hagan su trabajo? Toribio, le sugiere que pregunte al fiscal Elgueta como salvó su vida de una emboscada en la macrozona sur y que dejó heridos a varios policías que le acompañaban, ataque perpetrado exactamente como lo establece el manual guerrillero difundido por Llaitul, como parte de su entrenamiento en las FARC. O bien, que indasgue a su colega del canal 7, que no obstante, estar autorizado para ingresar al Wallmapu, territorio que tanto los terroristas como el presidente Boric han llamado “de recuperación,” igualmente fue emboscado, resultando gravemente herido un camarógrafo.

        Pero, suma y sigue. Leí en el decano de Santiago que una serie de connotados políticos, algunos ex cancilleres y ministros de estado, en su mayoría DC, que en una carta argumentan que el artículo de la justicia militar previsto incluir en la RUF les hacía retroceder 34 años, es decir al periodo de nuestra “dictablanda”. Tirándola chueca, señalan “que implicaba que un militar imputado por un delito común contra un civil no iba a ser juzgado por un tribunal civil sino por un fuero militar” y dele con la cantinela que es inquisitivo, injusto y cuantos demonios tiene. No es cualquier delito común señores ilustrados, y como abogados no pueden desconocer lo establecido en Art. 208 del CJM (1944, gobernaba el radical Juan Antonio Ríos) se refiere cuando los militares cumplan tareas de orden público, lo que requiere un estado de excepción constitucional o una ley específica. A mayor abundancia, señores abogados, este ciudadano de a pie, les recuerda que el Art. 10. N° 10 del Código Penal (1874, presidente Errázuriz) referente a quienes estarán exento de responsabilidad, apunta: El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo. Las fechas hablan por sí solas, ilustrísimos “señores políticos” como los llamaba el Tata.

       La “guinda de la torta”: El fiscal Sergio Morales del Ministerio Público, solicitó 15 años de cárcel para una persona que sorprendió a un individuo robando en su domicilio. El delincuente había ingresado a su casa en la madrugada, en Villa Alemana y se habría abalanzado sobre él con la intención de agredirlo, ante lo cual hizo uso de su arma de fuego dándole muerte. A juicio de este criterioso funcionario público no se habían dado “los presupuestos de legítima defensa”…. “un caso que no son típicos de homicidio y por cierto que generan cierta incomodidad cuando decimos que una víctima ingresa a robar a un domicilio”  ¡Para no creerlo! Con este criterio cuando Ud. sea víctima de un robo debe preguntarle al delincuente que intenciones tiene y si anda armado. Nótese que la condena para Celestino Córdoba, el delincuente autor del crimen donde quemaron vivos al matrimonio Luchsinger-Mackay fue de 18 años. Felizmante, gracias a la reacción que provocó en las redes sociales el tremendo descriterio del fiscal, los jueces seguramente se vieron obligados y no acogieron su petición.

       Todo parece indicar que el cáncer que invade al poder judicial tiene el abierto propósito, al igual que los políticos de la izquierda ultra, de llevar a cabo una agenda pro-delictual avalada por el impedimento para que los ciudadanos honestos puedan adquirir armas ─como parte de la Agenda 20-30 de la ONU, suscrita por Bachelet, la rodriguista comandante Claudia─ en vista de la caótica crisis de seguridad que afrenta el país y la incapacidad del gobierno para hacerle frente. Diversas autoridades de este gobierno y del anterior, han mentido descaradamente en los porcentajes que se atribuyen a las armas legalmente inscritas empleadas en los diversos delitos. Las cifras van desde un 90% a un 27%, en circunstancias que las cifras oficiales de las armas decomisadas como lo ha publicado la Asociación Chilena del Rifle son un 3,43%. No es aventurado pensar entonces, que con una población civil desarmada, fuerzas armadas y policías vilipendiadas, el PC y los frenteamplistas que están a la izquierda del anterior, como en Venezuela, Cuba y Nicaragua, aliados con los delincuentes ─como en octubre de 2019─ y el crimen organizado, lleven a cabo su propósito de establecer la dictadura marxista.

               Y esta modesta  pluma se pregunta ¿hasta cuando cresta (sorry) vamos a soportar? Creo que va siendo hora como hace algunos años, que los comandantes en jefe aprovechen la reducción de las 40 horas y se junten a tomar un cafecito, pero que todo Chile se manifieste publicamente en su apoyo.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

Corte de Santiago acoge recurso de amparo y anula cambio de régimen de visita en penal Punta Peuco

03-mayo-2024

“Que del examen de los antecedentes y lo expresado por la propia autoridad resulta que respecto de la situación, condiciones y visitas de los internos del recinto de Punta Peuco, de la que dan cuenta ambas partes, la situación jurídica y de hecho se ha mantenido en las condiciones relatadas por los recurrentes sin que hayan existido alteraciones o situaciones especiales que motivaron alguna modificación del statu quo”.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió hoy –viernes 3 de mayo– el recurso de amparo presentado en representación de 134 internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco y dejó sin efecto la resolución, adoptada por Gendarmería, que modificó el régimen de visitas en los amparados.

En fallo unánime (causa rol 992-2024), la Octava Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Dobra Lusic, el ministro Hernán Crisosto y la abogada (i) María Soledad Krause– estableció el actuar arbitrario e inmotivado de la institución penitenciaria al modificar el régimen de visitas.

“Que consecuentemente, la acción ejercida en la especie tiene como finalidad y objeto la protección de la libertad personal y seguridad individual y es de naturaleza eminentemente cautelar o de tutela de urgencia. La libertad personal es entendida como la libertad física de la persona y como la libertad de movilización, desplazamiento o de circulación, inherentes a ella. Por su parte, la seguridad individual puede asumirse como un derecho complementario de los anteriores, que se traduce en la implementación de ciertos mecanismos cautelares, expresados en exigencias, requisitos o formalidades, tanto de orden constitucional como legal, cuyo propósito es cautelar ese derecho a la libertad personal, de los abusos de poder y de las arbitrariedades. Garantía expresada en el artículo 19 N° 7, letra b), de la Carta Fundamental, al manifestarse que nadie puede ser privado de su libertad individual ni esta restringida ‘sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes’”, plantea el fallo.

“Lo señalado permite afirmar la procedencia del presente recurso ante este tribunal”, añade.

La resolución agrega: “Que del examen de los antecedentes y lo expresado por la propia autoridad resulta que respecto de la situación, condiciones y visitas de los internos del recinto de Punta Peuco, de la que dan cuenta ambas partes, la situación jurídica y de hecho se ha mantenido en las condiciones relatadas por los recurrentes sin que hayan existido alteraciones o situaciones especiales que motivaron alguna modificación del statu quo”.

“Que por el contrario, la decisión de la autoridad de Gendarmería aparece como un acto inmotivado (pues los argumentos que aduce no están acreditados), que altera la situación jurídica preexistente y afecta la dignidad de las personas recluidas y hace más dura y compleja las condiciones en que se desarrolla la vida de estos internos, más aún si se considera como es de público conocimiento su edad promedio, en el marco de los 80 años, existencia de enfermedades terminales de muchos de ellos, lejanía del recinto y cortos tiempos de visitas, todo lo cual conduce a acoger el presente recurso”, concluye

Por tanto, se resuelve que: “se acoge el recurso de amparo deducido en estos autos y se resuelve que se dejan sin efecto las decisiones de Gendarmería respecto del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco reclamadas en el presente recurso, debiendo restablecerse de inmediato las condiciones de las visitas de los internos de dicho recinto en los términos que se habían mantenido hasta antes de disponerse las modificaciones que por el presente fallo se suprimen”.

Ver fallo Corte de Apelaciones 

¿ DESACATO ?

Esto es increíble, así es señor (a) lector, seguidores y chilenos de a pie.

El día 3 de mayo, en un falló unánime, pronunciado por Octava Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, se resolvió la vista del Recurso de Amparo N° 992 – 2024, donde se le ordena a Gendarmería de Chile restituir los derechos de los internos de Punta Peuco.

6°.- Que por el contrario, la decisión de la autoridad Gendarmería aparece como un acto inmotivado, (pues los argumentos que aduce no están acreditados) que altera la situación jurídica preexistente y afecta la dignidad de las personas recluídas y hace más dura y compleja las condiciones en que se desarrolla la vida de estos internos, más aún si se considera como es de público conocimiento su edad promedio, en el marco de los 80 años (…), (…) y se resuelve que se dejen sin efecto las decisiones de Gendarmería respecto del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco reclamado en el presente recurso, debiendo restablecerse de inmediato las condiciones de las visitas de los internos de dicho recinto en los términos que se habían mantenido hasta antes de disponerse las modificaciones que por el presente fallo se suprimen (…).

NADA de lo ordenado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, el fin de semana recién pasado (visitas) se cumplió, y Gendarmería –un servicio público– que debiere dar el ejemplo por hacer respetar la ley, simple y llanamente las incumple.

Es lícito entonces, preguntarse ¿bajo qué manto de impunidad funciona Gendarmería?

Esto es INACEPTABLE, los fallos de nuestros tribunales de justicia no se interpretan, sino, se cumplen. Estas son las condiciones que rigen en una Democracia Robusta donde el imperio del derecho es la base fundamental donde debe descansar la nación entera.

Esperamos sanciones administrativas severas, y de todo tipo.
De no cumplirse lo precedente, estaríamos frente a un escenario de extrema gravedad.

JAVIERA STEGER
Abogada

DESAZON, INDIGNACION E IMPOTENCIA

¿Qué viene ahora?

            No creo que muchos hayan extrañado las columnas de Toribio, pero, para los pacientes que lo sigan, “las papas no estaban buenas para el caldo”. La pérdida inesperada de un camarada de armas unido por una profunda amistad por cerca de 70 años, es como la pérdida de un familiar y derriba hasta los robles más fuertes, que no creo serlo; y si a eso le sumamos el horroroso crimen de tres carabineros en Los Álamos, en la macrozona sur, supera todas las expectativas.

           Emboscados mientras iban a cumplir con su deber, fueron ejecutados vilmente, con disparos en la cara y en el cuerpo, sin oportunidad de defenderse, desarmados los asesinaron despiadadamente y para colmo, luego los quemaron. Este alevoso e ignominioso crimen, es tan horrendo como el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay a quienes quemaron vivos, cuando el diputado Boric cuestionó al fiscal y habló de montaje; el intento similar contra el dueño del molino Grollmus en Contauco; el ataque al fiscal Elgueta y a un equipo de TVN. Como era de esperar todo Chile se ha levantado gritando basta, solidarizando con Carabineros, que durante el actual gobierno ya ha acumulado 17 mártires, desde el 5 de mayo de 2022 hasta la fecha. Y los chilenos nos preguntamos ¿cuántos más serán necesario para erradicar definitivamente este terrible flagelo? Durante los dos gobiernos de Piñera fueron destituidos varios ministros del Interior y no precisamente por combatir el terrorismo, que poco o nada hicieron, todo lo contrario, son cómplices del estado a que hemos llegado, y ahora lloran por los diarios: “hoy es el momento de definirse frente a la delincuencia y al terrorismo y eso se logra mediante señales claras de apoyo a las instituciones”, que tampoco hicieron. Pero hoy día, como si lloviera, los encargados de la seguridad ni se inmutan.

            A Boric, a la Tohá, a la tropa de incompetentes que les acompañan, como asimismo a parlamentarios que transversalmente claman medidas y las penas del infierno, Toribio no les cree ni lo que ellos rezan, si es que alguna vez lo hicieron. El sujeto que dice gobernarnos, por años se dedicó a denostar y a degradar a Carabineros a través de diversos medios y en el propio Congreso cuando era diputado. Llamaba a refundarlo; que su actuación era criminal; apelaba a la derogación del control de identidad; a rechazar su presupuesto mientras no se removiera a su Director General; a una reforma estructural para terminar con esta barbarie; es la institución entera que hay que intervenir por su brutal intervención; Carabineros ha asesinado y violado los derechos humanos; Carabineros no puede seguir matando, y un largo etc., etc. avalados por innumerables audios y videos que son indesmentibles.

            Súmese a lo anterior el proceder de actuales ministras de estado y exfuncionarias que vestían las poleras “Perro mata pacos”, mientras el grupo “Las Tesis” vilipendiando la imagen de la mujer chilena gritaban al unísono “Putas, maracas, pero nunca pacas, “paco bueno paco muerto”, o entonaban la canción Un violador en tu camino, acompañado con bailes, posturas y demostraciones agraviantes y groseras,  nada menos que frente al Templo Votivo de Maipú, entre las cuales estaba la actual alcaldesa de Santiago y otras figuras del actual régimen.

            Como los chilenos somos de memoria corta en su gran mayoría, recordemos como los actuales gobernantes mientras estaban en el Congreso se opusieron a todas las leyes de seguridad, como la ley del gatillo fácil, llamada  así por la ministro Tohá y otras que tendían a proteger a Carabineros. Para que decir del homenaje que hicieron en el edificio del Congreso en Santiago, de pie y recibidos con vítores como héroes a los delincuentes que saquearon la capital, quemaron tres iglesias y 28 estaciones del Metro; trapearon, quemaron y ultrajaron la bandera de Chile; hirieron a cientos de policías, entre ellas mujeres que fueron víctimas de bombas molotov. Entonces escuchar a la diputada Cariola, como a tantos otros expresar sus condolencias a los familiares de los tres carabineros, es reírse en sus caras, con un cinismo jamás visto; porque en su fuero interno estaba el refrán “Paco bueno paco muerto,” añorando su polera del “Perro Mata Paco”. Este infame crimen es una abierta declaración de guerra, a la que ha llamado Llaitul en variadas oportunidades, y sin duda es una respuesta a la condena recientemente que le fuera impuesta por los tribunales. Es de esperar que no reciba el mismo trato de Celestino Córdoba, el asesino del matrimonio Luchsinger-Mackay, que prácticamente hoy goza de libertad y no está en la cárcel donde debería purgar su macabro crimen. Este crimen debe marcar una inflexión en el trato al terrorismo existente en la macrozona sur, producto de las debilidades de los gobiernos anteriores y en especial del actual, encabezado por el propio presidente, quien llamaba a desmilitarizar el wallmapu desde Temucuicui y hacía referencia al territorio recuperado por los mapuches, convirtiéndose en cómplice del actual crimen. Pero esta complicidad en mayor o menor grado nos afecta a todos los chilenos, sin exclusión, por el silencio y la omisión en protestar públicamente con valor y decisión la defensa de una de las instituciones fundamentales de la república.

       No es difícil en consecuencia determinar cómo llegamos a esto, pero los sucesivos gobiernos han hecho oídos sordos. La participación de mapuches con entrenamientos en las FARC es evidente y no una simple presunción. Radio Bío Bío y otros medios han publicado los correos intercambiados entre dirigentes del Partido Comunista y las FARC. Dicha información fue obtenida por el ejército colombiano cuando bombardeó en Ecuador un campamento guerrillero de las FARC, próximo a su frontera, dando muerte a su líder Raúl Reyes, de cuyo computador se obtuvieron cerca de trecientos correos intercambiados en Reyes y un chileno miembro del PC, Manuel Olate. En estos correos queda absolutamente clara la injerencia de dirigentes del PC, como Gladis Marín, Raúl Tellier, el actual presidente del partido, Lautaro Carmona y Sergio Sepúlveda, de sus nexos con dicha guerrilla. Hay evidencia del envío de jóvenes en grupos no mayor de seis o diez individuos para su preparación. De hecho hay fotografías de Llaitul que lo comprueban y aún más, el ofrecimiento hecho por el MIR de obsequiar a la guerrilla colombiana 8 toneladas de Fusiles M16, que están fondeados en una caleta del norte de Chile, ─que sería el tercer embarque que jamás ha sido recuperado─ . Sin embargo, cuando el gobierno de Colombia pidió la extradición de Manuel Olate, el juez Sergio Muñoz la negó por considerar que las pruebas aportadas no eran válidas

            Ante tal tragedia que no solo enluta a Carabineros de Chile ─sino a todos quienes anhelamos la paz, seguridad y tranquilidad─ las expresiones de solidaridad han sido espontáneas y variadas, en especial las que han provenido de los sectores populares; pero junto a ellos, los vendedores de culebras señalando múltiples soluciones. Desde la renuncia del actual gobierno, llamar a nuevas elecciones, estado de sitio, pena de muerte, aumento de carabineros, modificación a las RUF, etc., etc. No pretendo referirme a cada una de ellas, pero la más socorrida es el Estado de Sitio, no obstante, que muchos que lo han pedido lo desconocen en absoluto y solo repiten como papagayos. Destacados excomandantes en jefes y otros entendidos en la materia, ya han señalado que no se saca absolutamente nada con dicho Estado Excepcional si a las FF.AA y policías no se les entregan las atribuciones correspondientes y con normas absolutamente claras que protejan a quienes son responsables de imponer la ley. Las policías y los militares han sido neutralizados por miembros del poder judicial que interpretan las leyes a su pinta, ya sea por ideología, por falta de valor, aspiraciones profesionales o lisa y llanamente comprometidos con el crimen organizado. No se necesitan nuevas leyes. El artículo 208 del C.J.M. señala expresamente: Será causal eximente de responsabilidad para los militares, el hacer uso de armas cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida. Serán, asimismo, causales eximentes de responsabilidad penal para el personal de las Fuerzas Armadas que cumplan funciones de guardadores del orden y seguridad públicos, las establecidas en los artículos 410, 411 y 412 de este Código, que se refieren específicamente a Carabineros; ratificado a mayor abundancia por el art.10 N°10 del Código Penal.

            Si bien, las RUF en su primera etapa en el Congreso habían sorteado con éxito la indicación que devuelve a la justicia militar los casos en que funcionarios de FF.AA. o FF.OO cometan eventuales delitos, mientras cumplan funciones de orden público bajo un estado de excepción; no obstante, la ortodoxia de los promotores de la violencia, el PC, Frente Amplio y socialistas que gustan vestirse de democráticos, ya han anunciado recurrir al Tribunal Constitucional, donde hay jueces de mayoría, con las características antes indicadas. De hecho las RUF fueron aprobadas por unanimidad, pero dejaron fuera la indicación de la justicia militar por ser considerada inadmisible por 72 votos contra 71, contando con la abstención del que se vendió como judas, Gaspar Rivas, de quien espero que tenga el mismo final del apóstol.

            Toribio, sin embargo, señala que debemos agradecer al diputado PS Raúl Leiva haber cuestionado a la Justicia Militar en estados de excepción; al señalar ella “aplica el procedimiento inquisitivo, antiguo, secreto, en donde la misma persona instruye el procedimiento, una misma persona determina diligencias de esa causa, controla su legalidad y además sentencia”. La calificó de retrógrada, que el Poder Judicial entrega plenas garantías, que en un estado de derecho no corresponde y se debe confiar en dicho poder que hará su trabajo. Precisamente, todas las deficiencias que él atribuye a la Justicia Militar ─lo que no es exactamente─ sí imperan en su totalidad en el sistema aplicado solo al personal de las fuerzas armadas en retiro, faltando al estado de Derecho y a las bondades que según su criterio dispensa el poder judicial, demostrando que en Chile la justicia no es igual para todos.

            Lo que se requiere refundar en Chile, es justamente el Poder Judicial y el Congreso Nacional.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

declaracion militares en retiro (2)

Coroneles de Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros y Capitanes de Navío de la Armada en Retiro

DECLARACIÓN

Los Coroneles de Ejército, de la Fuerza Aérea, de Carabineros de Chile y los Capitanes de Navío de la Armada, todos en situación de retiro, expresamos nuestra indignación por el nivel que ha alcanzado el terrorismo en la zona sur del país, actividad que, unida a la indiscriminada inmigración, han venido a acrecentar el narcotráfico y el crimen organizado, sumiendo al país en la más profunda inseguridad.

La violenta y sofisticada emboscada, que sufrió una patrulla de Carabineros en la zona sur del país, da cuenta de la existencia y acción de fuerzas irregulares, con alto poder de fuego y entrenamiento que van más allá del que puedan tener delincuentes comunes.

Como profesionales que integramos por años las Fuerzas de la Defensa y de Orden de nuestro país, reconocemos la existencia en Chile de fuerzas paramilitares que han logrado, con total impunidad, establecer el control sobre una porción importante del territorio nacional donde el Estado ha perdido el control de la soberanía y del estado de derecho. En términos militares, estamos en presencia de una típica “guerra de guerrillas” en pleno desarrollo, que el gobierno no quiere reconocer ni menos enfrentar.

Nuestra formación y experiencia, como también el conocimiento de nuestras instituciones de origen, nos indican que el país dispone de las capacidades estratégicas, tácticas y técnicas, junto a los medios profesionales altamente capacitados para enfrentar con éxito esta peligrosa amenaza, fortaleza que de nada sirve si la autoridad nacional no tiene la voluntad política para asumir la alta responsabilidad que por mandato constitucional le corresponde: enfrentar con decisión la manifiesta agresión a la seguridad nacional que, producto de su tibia actitud, tiene al país sumido en un grado de total inseguridad.

Conscientes que los inéditos niveles de anarquía y vacío de poder a los que hemos llegado están haciendo reaccionar, cada día con más indignación, a la mayoría de chilenos que buscan la seguridad necesaria para vivir y progresar, nos preocupa que dichas condiciones podrían llegar a traspasar los límites democráticos, situación que nos lleva a exigir a la autoridad responsable de la conducción política y de la integridad territorial de nuestro país, que adopte, con decisión y sentido de urgencia, las medidas necesarias para poner fin a este peligroso escenario.

Como ha señalado el Arzobispo de Santiago… “Mañana será demasiado tarde”.

Eduardo Palma Vergara

Centro de Coroneles de Ejército (r)

Alejandro Armstrong de Aguirre

Capitanes de Navío de la Armada (r)

Enrique Augusto Villalobos Amigo

Coroneles de la Fuerza Aérea (r)

Juan Alejandro Sierra Deramont

Círculos de Coroneles de Carabineros (r)

¿Qué nos dice el cruel asesinato de los tres carabineros en la Macrozona Sur?

Por Richard Kouyoumdjian 

Lo primero es rendir un homenaje a los tres últimos mártires de Carabineros de Chile. Espero que el sacrificio de los suboficiales mayores Cisterna, Arévalo y Vidal no haya sido en vano, que algo se aprenda, ya que carabineros no sobran en Chile, y que les podamos decir a sus familias que su muerte fue un punto de inflexión en la Macrozona Sur, y que el después será mejor para los que habitan en esa zona, para las personas que Cisterna, Arévalo y Vidal protegían diariamente y como parte de su juramento de Carabineros de Chile.

Escribo esta columna siendo el mediodía del martes 30 de abril. Quizás es aún bastante temprano para llegar a algunas conclusiones y, por ende, indicar lo que está bien o mal, pero correremos el riesgo ya que no hay espacio para nuevas equivocaciones y hay que actuar pronto, ya que así lo demanda el pueblo de Chile.

Sólo la semana pasada en Enade, la ministra del Interior y Seguridad Pública mostraba indicadores de la Macrozona Sur. Ella estaba contenta ya que los números estaban mejores. No hubo muertos en el 2023. Las mejores cifras se atribuían al estado de emergencia, la presencia de las Fuerzas Armadas, al actuar del Ministerio Público, pero, por sobre todo, a que Llaitul estaba preso y que por ende la actividad de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) estaba disminuida.

Lamentablemente la alegría de la ministra, del subsecretario del Interior y del gobierno en general duró menos de 48 horas. En la madrugada del 27 de abril el asesinato de los tres carabineros destrozó las estadísticas de muertos cada 100 mil que se había publicado en los medios, sino que además le demostró que estaba equivocada respecto del estado de esa región de Chile, y que la estrategia que estaban siguiendo había fallado estrepitosamente.

Es muy posible que la muerte de los tres carabineros se deba en parte a que el gobierno se había relajado. Las cifras se veían mejor por lo que ya no era necesario que la policía circulara con protección de los infantes de marina. Muchos pensaban que podrían volver a tiempos anteriores e incluso algunos hablaban de terminar con el estado de emergencia.

El problema principal de la estrategia que sigue el gobierno en La Araucanía es que parte de un diagnóstico equivocado. Esto no es sólo una evaluación mía, sino de la mayor parte de los expertos en seguridad y defensa. Este gobierno y el anterior han insistido en que el problema es de carácter delictual, y que por ende las soluciones van por el lado de las policías y del Ministerio Público.

Tanto el gobierno de Piñera 2 como el actual hasta hace muy poco hablaban de violencia rural o delincuencia. Tímidamente antes del 27 de abril hablaban de algunos casos de terrorismo, pero era algo que les costaba decir, como que fuera contra su naturaleza reconocer que lo que había en esa zona podía ser una dolencia más compleja, que podía necesitar de un tratamiento más duro, y no simplemente de uno que buscara bajar la temperatura.

En las provincias de Biobío, Arauco y Malleco derechamente tenemos la presencia activa de grupos insurgentes de origen mapuche. La actividad subversiva también está presente, pero en menor medida, en las provincias de Cautín y Valdivia.

A veces lo que hacen los insurgentes tiene cara de delincuencia, violencia rural o de terrorismo, pero no por ello se transforman en delincuentes, violentistas o terroristas. Se debe mirar la motivación que tienen, ya que el criminal busca beneficios económicos, el terrorista causar terror y publicidad, y a diferencia de los anteriores, el insurgente busca el control territorial para ser quien lo gobierna, para ser su soberano. Va a realizar acciones delictuales o terroristas si es que las necesita para sus fines, y va a permitir robo, narcotráfico, quemas de campos y otras malas prácticas si es que ello le permite financiar sus operaciones, pero peor aún, va a extorsionar a los habitantes, cobrando impuestos por dejarlos en paz. Acciones de terror como la de la madrugada del sábado tienen un propósito.

Si no entendemos que estamos frente a insurgentes nunca vamos a eliminar el problema de la Macrozona Sur. Eliminar la insurgencia requiere de una acción conjunta del Estado de Chile, pero con mayor acento en soluciones militares de neutralización o eliminación, muy distintas de las que conocemos hasta ahora, que van acompañadas de acciones económicas y sociales que buscan mejorar las condiciones de las personas que habitan los territorios afectados.

Para lo anterior se requiere de un sistema de inteligencia robusto y efectivo ya que debemos ser capaces de detectar sus unidades operativas, los nombres de sus integrantes, las comunidades que les dan protección y apoyo, y así muchas otras cosas más. También debemos ser capaces el día en que los neutralizamos, de poder dar soluciones a los problemas que permitieron que surgiera la insurgencia, es decir, de que sean parte efectiva del Estado de Chile y no territorios abandonados en donde opera la ley del más fuerte.

El asesinato de los tres carabineros sí nos deja una duda por su violencia y crueldad. Lo que vimos es más propio del crimen organizado, pero nada quita que la insurgencia esté aprendiendo de las malas prácticas que hemos visto en otras partes de Chile. Sería fatal que el crimen organizado tomara un rol más fuerte en la zona, y que sean ellos los que pasen a dominar los territorios.

Digo lo anterior porque el crimen organizado es más profesional, mejor equipado y capacitado que los movimientos insurgentes de carácter mapuche, los que para bien nuestro no operan en forma coordinada, y no tienen un liderazgo que les una y guíe en su lucha.

La necesaria solución militar, que va acompañada por el actuar de las policías y de la acción de todo el Estado de Chile, es compleja pero realizable. Las capacidades existen en las Fuerzas Armadas para eliminar o neutralizar a los movimientos insurgentes y el crimen organizado que opera junto a los subversivos. Sí se debe contar con un apoyo político transversal, y una amnistía judicial previa para las fuerzas que tendrán que actuar. La responsabilidad de esta acción recae en el Presidente de la República. Es él quien debe dar la orden y asumir las consecuencias que implica el actuar o no actuar. No hacer nada no es una opción.

Toda acción más profunda requiere de un Ministerio Público y de un sistema judicial alineado con la acción que se debe realizar. Si no es así, los militares y policías no se van a prestar para acciones en donde ellos terminen en la cárcel, como podría ser el caso del cabo infante de marina Seguel, a quien se acusa de matar a Yordan Llempi en noviembre del 2021 cuando la patrulla que integraba fue al rescate de carabineros que habían sido emboscados.

Lo que sí sabemos es que más de lo mismo no va a funcionar. La estrategia del gobierno anunciada el lunes 29 de colocar más tropas y recursos no va a eliminar las causas del problema ya que no ataca el fondo y sólo busca que no suba la temperatura. Las Fuerzas Armadas que operan en la zona no tienen facultades de detener o investigar, de buscar a los insurgentes y criminales, lo que sigue estando a cargo de las policías bajo la guía del Ministerio Público.

La solución no va por el lado de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), o de infraestructura crítica, o del Ministerio de Seguridad, o de la ley de inteligencia. Basta con indicar que las Fuerzas Armadas y las policías cuando operan en estados de excepción, o bajo la figura de infraestructura crítica estarán bajo el régimen de la justicia militar y que se deberán cumplir con la consigna que se les haya ordenado. La responsabilidad del uso de las Fuerzas Armadas y las policías es siempre una responsabilidad política. Las Fuerzas Armadas y las policías no se mandan solas.

Hora de ser efectivos y de no seguir jugando al empate. Hora de amnistiar a los militares y policías que estén afectados por acusaciones o condenados por hechos relacionados al mal llamado “estallido social”, como también a los que han sido injustamente condenados por causas de derechos humanos que vienen de la época del gobierno militar. Si este gobierno quiere solucionar los problemas de los chilenos va a necesitar de algo más que bonitas palabras. Va a necesitar de gestos y acciones que protejan a los que pertenecen o pertenecieron a las instituciones de la Defensa Nacional, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.

En memoria de los SOM de Carabineros de Chile Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el miércoles 1 de mayo de 2024.

Desmoralizar, desprestigiar, demoler

Por Gonzalo Rojas Sánchez 

Tres carabineros asesinados. Cañete.

Mi memoria —que a veces flaquea en datos del día a día— esta vez se dirigió con seguridad a la sesión de la Cámara de Diputados del 11 de junio de 1963. Por supuesto, eso fue posible porque había leído su contenido pocos días atrás.

En esa ocasión, habló el diputado comunista por Lebu, Arauco y Cañete, Santos Medel, para denunciar el “alevoso atentado de que fue víctima una familia indígena de la provincia de Arauco por las fuerzas de Carabineros”, afirmó, y a consecuencia del cual habría fallecido María Silva Huenulao, “quedando dos heridos graves a bala y otros a sablazos y culatazos”. Según Medel, 35 carabineros armados habían disparado de noche sobre los habitantes de una choza indígena, “y luego, como cualesquier malhechores, emprendieron la fuga, dejando incluso olvidadas gorras y balas sin disparar”. La que el diputado comunista calificó de “verdadera cacería humana” habría sido encabezada por un capitán de la dotación de Cañete.

A pesar de que el propio Medel consignaba que la versión de Carabineros era que habían sido “asaltados por una poblada y de que tuvieron que disparar sus armas al aire en defensa propia”, concluía que los hechos que relataba eran parte de “una serie de irresponsables actuaciones del Cuerpo de Carabineros, que evidencia que cada día esta institución, que debe estar al servicio del pueblo, se va convirtiendo en un feroz cuerpo represivo contra el pueblo, cuyas actuaciones representan una verdadera vergüenza, impropias de un país civilizado”.

Medel fallecería cuatro años después, como miembro del Comité Central del PC. Por su escasa educación formal, quizás el diputado no conocía un texto de Lenin al respecto, pero sin duda lo tenía bien asumido en sus propósitos. “La conquista del poder político pasa… necesariamente por la destrucción del ejército permanente y la policía, en tanto instrumentos de represión a favor de la burguesía en contra del proletariado, puesto que en el uso de la fuerza que ellos suponen se fundamenta el uso de la violencia de la burguesía”, había escrito el líder soviético en “¿Se sostendrán los bolcheviques en el poder?”.

Hace ya 61 años, en un lejano rincón del planeta —Chile— y en un lejano rincón de Chile —Cañete—, Medel desplegaba toda la perversa retórica leninista: Carabineros era una feroz fuerza represiva contra el pueblo. Había que desmoralizarlos, desprestigiarlos, demolerlos. Y, en esas tareas, ha perseverado el PC chileno con la constancia, coherencia y desfachatez que lo caracterizan.

Como la memoria es asociativa, se me representó a continuación la necesidad de ir a buscar otros materiales. Sí, por supuesto, había que revisar la “Rueda roja”, de Alexandr Solzhenitsyn; en concreto, el tomo I de “Marzo, 1917”.

Ahí el Nobel ruso, relatando la sublevación de esos días en San Petersburgo —encabezada por los partidos de izquierda—, se mete en la cabeza de los policías: “Una sombra había caído sobre su gallardía; sabían que les estaba prohibido usar sus armas, pero que las armas podían usarse en su contra”. Debían permanecer aislados en sus puestos, blancos de los proyectiles, ya sin confianza, dentro de un clima creado para hacerles pensar que toda la población estaba en su contra, nos dice Solzhenitsyn. Bolcheviques, mencheviques y socialrevolucionarios, todos habían ido desmoralizando, desprestigiando y demoliendo a la policía.

¿Y los civiles? “¿Por qué estamos paralizados ante esta plaga de langostas? ¿Por qué nos agobia el letargo? ¿Por qué nuestras fuerzas están tan dispersas? ¿Por qué estamos todos y cada uno de nosotros tan aislados?”… era el lamento que consignaba el propio Solzhenitsyn.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el miércoles 1 de mayo de 2024.

RUF para los tiempos del «perro matapacos»

Las famosas RUF que están legislando están hechas para que no se use la fuerza, más parecen “proporcionales” a cuando imperaba el «perro matapacos».

por Pilar Molina4 mayo, 2024

Está claro que a la izquierda no le está resultando valorar ahora la función policial y la de las FF.AA. al no darles ninguna garantía para su accionar.

Al octubrismo le resultó avalar la violencia y deslegitimar la acción policial para lo cual el símbolo del «perro matapacos» se convirtió en emblema de los actuales gobernantes: pidieron a gritos (incluido el actual Presidente) refundar Carabineros y los borraron del primer proyecto constitucional, así como los estados de excepción.

Ahora en el poder, esa izquierda requiere los estados de excepción y cada día más se acerca a escalarlos al de sitio. Casi desde que asumió, Gabriel Boric (que había votado siempre en contra) se ha cobijado en ellos para mantener estable la inestabilidad en la Macrozona Sur.  Y el oficialismo se ilusiona con poder usar a las FF.AA. para cuidar infraestructura crítica y enfrentar el crimen organizado. Siempre desconfiando, usando el nombre (estados de excepción en el sur o militares en las fronteras), pero entregando facultades restringidas (sólo en caminos principales y únicamente como apoyo a carabineros). Tirando la piedra y escondiendo la mano…

Tras los tres asesinatos con que nos encontró abril el año pasado, la izquierda tuvo que dar un paso atrás y aceptar gestionar la agenda de seguridad, donde la Ley Naín Retamal buscó darle mayores garantías a los carabineros y FF.AA. para actuar en legítima defensa. Pero todavía hay un amplio marco de interpretación jurídica y falta darles garantía a los militares si se les quiere obligar a actuar en materias de orden público y seguridad interna.

La situación del gobierno comienza a ser desesperada frente al crimen organizado y el narcoterrorismo que se disfraza de autonomía indígena.  ¡Si hasta los alcaldes del Frente Amplio le piden a su Presidente estado de sitio! Y así llegamos a las famosas Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), que no son mas que una distracción, porque si quieren sacar los militares a la calle por motivos excepcionales de orden público, fronteras descontroladas, crimen organizado o terrorismo, sáquenlos, pero sin pretender que conviertan sus fusiles en lumas o gas pimienta.

Es que parece que la idea de esta izquierda en el poder es “asustar” a los delincuentes con los uniformados, obligarlos a encarar una situación explosiva con su armamento letal, imitando lo que ocurrió post octubre de 2019, pero no darles ninguna garantía para su actuación excepcional y luego juzgarlos con los tribunales ordinarios.

Eso es lo que explica que hoy haya más de 150 uniformados formalizados con causas en curso por el 18 de octubre y ya condenados 45 carabineros y 8 militares. Esta semana comenzó el juicio oral a un marino que disparó luego de concurrir en ayuda de una patrulla de carabineros emboscada en la misma zona de Cañete donde el sábado pasado asesinaron y quemaron a tres carabineros. Los policías no dispararon para defenderse y los marinos durante otras dos horas usaron salvas, luego elementos antidisturbios y finalmente armas de fuego. Murió un comunero, Yordan Llempi, quien, como es habitual, no tenía nada que ver con los hechos, aunque la gresca había comenzado con la detención de su hermano, que circulaba en una camioneta robada y llevaba municiones de escopeta. El fiscal acusa de homicidio al marino y pide recluirlo por 15 años.

El gobierno ordena a los uniformados actuar para salvar el Estado de Derecho y luego fiscales y jueces, y toda la batería del Estado -Ministerio del Interior, INDH, CDE, Contraloría- los acusan de homicidio, tortura o apremios ilegítimos.  Llegan al ridículo (y no pasa nada) de no reconocer su derecho a portar armas.

Así las cosas, las famosas RUF que están legislando están hechas para que no se use la fuerza, más parecen “proporcionales” a cuando imperaba el «perro matapacos». Para obligar a los militares a utilizar claveles en los fusiles para responder molotov o disparos, porque es ridículo que en una situación de alta violencia el uniformado empiece a revisar los principios y deberes para las distintas etapas previas al uso de su arma. Cuando lo dilucide, ya está muerto y si dispara, su futuro está en los tribunales. Como acusado.

Las RUF están completamente demás, como han declarado ex comandantes en jefe y expertos, si no hay respaldo político para actuar y si los tribunales continúan ignorando los eximentes de responsabilidad penal de los militares para hacer uso del arma de servicio, contenidas en el artículo 208 del Código de Justicia Militar (“cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida”); y en el artículo 10, Nº 10, de Código Penal, que cubre al “que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo o de un derecho, autoridad, oficio o cargo”.

Este derecho a la defensa propia, hoy se les niega. Por eso los uniformados le tienen más miedo a los jueces y a los fiscales que a enfrentar a los delincuentes más violentos, como comenta Alejandra Cruzat, de “Nos Importan”, una ONG que ha asumido la solitaria lucha de defender a los militares y la policía, sacrificados desde el 18 de octubre. Entre morir como mártir y asegurar a la viuda una pensión, o envejecer en la cárcel solo y pobre, algunos lo dudan. Por eso es una incógnita si los tres uniformados de Cañete pudieron defenderse, y no lo hicieron, antes que los acribillaran.

El jueves las comisiones unidas de Seguridad y Constitución de la Cámara aprobaron, sin los votos del oficialismo, que los militares y policías sean juzgados por los tribunales militares. No los civiles involucrados. Pero la izquierda no está dispuesta a dar esa garantía de respaldo jurídico, aun cuando por encima de esa instancia esté la Corte Marcial (con mayoría civil de las Cortes de Apelaciones) y la misma Corte Suprema. Por eso, el mismo día, el Gobierno presentó una reserva de constitucionalidad y se esperaba que el oficialismo consiguiera una mayoría para rechazar esa indicación opositora en la Sala ayer viernes.

Así las cosas, es posible que hasta que no sienta amenazada su permanencia, el gobierno no atine a usar el sentido común y a restablecer el Estado de Derecho por los medios que establece la Constitución y la ley, pero con el debido respaldo jurídico y político.

La verdad del incidente ocurrido hace años entre Maite Orsini y Carabineros:

https://x.com/MrNeuroc/status/1786209717292880124?t=wRPdzBskFE3KGrQEJ6z9dw&s=08

Terrorismo

Enrique Slater @slater_enrique

Es quizás, la amenaza más grave que afecta a Chile y a su futuro. Fundamental, actuar con decisión y asumir la responsabilidad que le compete al Estado. El terrorismo no debe seguir destruyendo el desarrollo y la seguridad del país y ciudadanos. Se requiere patriotismo.

 Camino al acuerdo

Por Gonzalo Ibáñez Santa María 

Hace algunas semanas, escribí una columna acerca de la convocatoria a un acuerdo social que nos hicieron los máximos dirigentes de las principales confesiones religiosas activas en el país, con Mons. Fernando Chomali a la cabeza. Hoy, quiero insistir en la pregunta acerca de cuáles podrían ser algunos de los contenidos de ese acuerdo.

Ellos, por cierto, deben apuntar a fortalecer la vida en comunidad, es decir, aquella vida en la que aunamos fuerzas de modo de procurar nuestro desarrollo humano integral. Esa finalidad incluye, de acuerdo con los rasgos de nuestro ser, protección de la vida y de la integridad física, alimentación, vestuario, vivienda, educación, salud, vejez digna. ¿Cómo producimos los bienes necesarios para cumplir con esa finalidad?

1.- Libertad y propiedad. Apuntando a ella es indispensable crear las condiciones para que cada uno pueda desarrollar sus iniciativas y sus capacidades, por sí solo o en conjunto con otras personas. El ejercicio de las libertades individuales es, así, el motor para el desarrollo de la comunidad y en ella, del desarrollo de cada uno. Con este propósito, la experiencia demuestra que esa libertad es eficiente cuando puede proyectarse sobre bienes respecto de los cuales la persona que la ejerce posee en dominio. La propiedad privada es una condición para el ejercicio de la libertad y para la mejor administración de los bienes de los cuales nos provee la naturaleza.

2.- Matrimonio y Familia. La sociedad humana requiere para su subsistencia de la renovación de sus miembros de modo de reemplazar a aquellos que ya abandonan la vida. Esa renovación se produce como consecuencia de la relación sexual de una mujer y un varón. La sexualidad está básicamente orientada a este fin: procreación y formación de nuevas personas. Y, por la índole del fin al cual ella está orientada, corresponde que esa relación se produzca en el marco de una unión de por vida entre ese varón y esa mujer. Es el matrimonio como la base insustituible de la familia: lugar a donde vienen a la vida los nuevos miembros de la comunidad humana y donde encuentran su cabal formación.

La comunidad humana debe estar en condiciones de apoyar a estas familias, pero también a todas las personas que vengan a la vida y que, por un motivo u otro, en todo o en parte, carezcan de ese entorno familiar. Apoyar, sobre todo, a las madres en su delicada tarea de maternidad, reconociendo a esta, desde el comienzo, su extraordinaria nobleza y su condición primordial para el desarrollo social.

3.- Gobierno y Ley. El Estado subsidiario. Toda sociedad requiere de alguien o de algunos que hagan de cabeza de la misma y que puedan orientar los esfuerzos de todos de modo de alcanzar el fin común. Es el gobierno de la comunidad cuya misión, como su nombre lo indica, es la de gobernar y no la de reemplazar a los agentes particulares en el cumplimiento de sus propias misiones. Por eso, el Estado es naturalmente subsidiario. En ello está en juego la eficiencia del gobierno y la de los particulares.

Gobernar es, sobre todo, obra de la razón en las circunstancias concretas en las que se desenvuelve la comunidad. Las leyes, por eso, deben ser expresión de la prudencia gubernativa, dejando de lado todo capricho o subordinación ideológica. La legitimidad de un gobierno supone un buen uso del poder. Frente al deber de obedecer corresponde, a los miembros de la comunidad, el derecho a ser bien gobernados; el derecho a exigir un buen gobierno y, si el mal gobierno amenaza con destruir la comunidad, el derecho a dotarse de un buen gobierno. Eventualmente, el deber de hacerlo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el jueves 25 de abril de 2024.

Por Cristián Labbé Galilea

Han sido días de muchas y sentidas condolencias, de sentimientos de impotencia e inseguridad, de rechazo al terrorismo y la violencia… Nadie se ha restado a la condena del alevoso asesinato de los tres Carabineros en la zona de Cañete: religiosos, políticos, autoridades nacionales y locales, personajes públicos y privados…

Reacciones todas muy loables en el verbo, pero ambiguas en cuanto a las medidas concretas que se deben adoptar para enfrentar la acción de las fuerzas paramilitares que, desde hace tiempo, operan impunemente en la zona sur del país… Dicho en forma clara, las autoridades responsables… tanto de gobierno, como de la sociedad política y del poder Judicial, se han quedado en pura… palabrería.

Quienes sí han levantado la voz en forma clara y fuerte han sido importantes organizaciones que reúnen a miembros de las Fuerzas Armadas en retiro. Al ser este tipo de reacciones poco frecuentes, obligan a leerlas con mucha atención, porque ellos sí saben de lo que están hablando, y sí conocen como debe combatirse esta amenaza a la paz social y a la supervivencia de un Estado libre y democrático.

Han sido excomandantes en Jefe de las FF.AA. quienes han señalado (Mercurio 1 Mayo 2024) que toda acción o ley (léase: RUF, Ministerio de Seguridad… etc.,) será estéril si no se adoptan, al menos, dos medidas concretas: primero, cumplir con el Código de Justicia Militar (art. 208), y con el Código Penal en lo referente a la defensa propia o a terceros amenazados… y, segundo, devolver a los tribunales militares la competencia de juzgar a militares y carabineros cuando éstos se encuentran operando en estados de excepción… ¡Más claro imposible!

Quien también reaccionó con un lenguaje contundente fue la Multigremial de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Montepiadas, organización que, en una declaración pública profusamente difundida, demandó… “a quienes ejercen el poder, que se dicte de inmediato una ley de Amnistía para militares y carabineros procesados y condenados por impedir que la ley fuera sobrepasada y se derrocara el gobierno democrático de la época”

Simultáneamente, sectores políticos de oposición, la UDI concretamente, fue clara al señalar: “no bastan los discursos… no bastan con las frases de condolencias… ‘que vamos a perseguir con mucha fuerza… que vamos a presentar querellas’, es necesario que se dicte una ley de amnistía para quienes hayan sido procesados y condenados a raíz de los violentos actos de octubre del 2019”.

Así las cosas, esta inquieta pluma estima, con plena convicción, que “se ha llegado a un punto de no retorno”, donde los sectores democráticos que dicen representa a la Sociedad Libre y defender los principios de libertad, orden, seguridad, justicia, desarrollo y bienestar… deben ponerse firmes, abandonar los discursos retóricos, y advertir al gobierno que ha llegado el momento de ser coherentes y unir el verbo con la acción: o se dicta una ley de amnistía para los del 2019 y una ley humanitaria para los del ´73, o… no hay nada más que hablar.

Por Humberto Julio Reyes

Una reciente encuesta nos informa de algo que no sorprende: tres cuartas partes de las personas encuestadas han optado por evitar salir de noche por temor a ser víctimas de la delincuencia.

Asumo, a priori, que el cuarto restante corresponde a ese porcentaje de personas que, en toda encuesta, se muestran conformes o apoyan al gobierno.

Yo, naturalmente me incluyo junto a la mayoría, aunque tomé hace tiempo y por inclinación natural, la decisión de pasar las horas de oscuridad en la tranquilidad de mi hogar.

En la actualidad y sin conceder a esa buscada tranquilidad una garantía adicional de seguridad, he terminado por concederle, al menos, una menor probabilidad de incorporarme a la estadística de víctimas de la delincuencia.

Si debo, por algún compromiso ineludible, salir de noche, me resigno a reconocer que lo hago a expensas de mi seguridad y que sólo me cabe encomendarme a Dios para regresar sano y salvo y, además, no encontrar mi vivienda violentada por los amigos de lo ajeno.

¿Es ello aceptable?

Pareciera que no, pero, como dice Murphy, siempre puede ser peor.

Aún no se han generalizado en nuestras ciudades los asaltos armados a los domicilios de los pacíficos ciudadanos ni es frecuente que un grupo de delincuentes intente incendiar una propiedad con sus habitantes adentro, si no han tenido la deferencia de expulsarlos previamente.

Aunque de día también se producen delitos contra las personas, ello no es lo habitual, quizás basta con andar alerta.

Mas, ¿qué les sucede a nuestros sufridos compatriotas de la Macrozona Sur, donde ni las policías están a salvo?

A diferencia de nosotros que encontramos cierta seguridad al imponernos un toque de queda, para ellos eso es absolutamente insuficiente para poder seguir sobreviviendo en un ambiente donde la violencia delincuencial es, en la práctica, la dueña del territorio.

Nuestros compatriotas están en medio de una guerra insurreccional declarada por organizaciones que no pretenden otra cosa que expulsarlos de lo que es su Patria, por una pretendida “causa mapuche”, situación que es aprovechada por otras organizaciones delictuales para, a su vez, atentar contra sus bienes, partiendo por sus vidas.

Como pareciera que las autoridades responsables no reconocen la gravedad del reto, las medidas que se adoptan terminan siendo insuficientes y tardías ya que, a estas alturas, tal como lo han planteado públicamente los ex comandantes en jefe, ni el Estado de Sitio ni las RUF serían suficientes, de no ir acompañadas por otras medidas que permitan que las fuerzas armadas y de orden combatan eficazmente a quienes han declarado esta guerra irregular y restablezcan el Estado de derecho.

Sin embargo y saliendo de la sufrida macrozona Sur, la difusión en la televisión del asalto y asesinato a sangre fría de un joven, que no intentó resistirse y a plena luz de día, en el centro de la capital, lleva a concluir que el autoimpuesto toque de queda debiera extenderse a las horas diurnas, cosa que, naturalmente paralizaría casi toda actividad.

¿Es ello aceptable?

3 de may. de 24

Lea este reporte:

Reporte Mensual RST – Abril 2024

Intervenciones de diputados por las RUF:

La intervención de la Diputada Camila Flores en la discusión sobre las reglas del uso de la fuerza, sobre la importancia de que nuestros uniformados sean juzgados por la justicia militar:

https://x.com/cami_floreso/status/1786202739044683984?s=46

Cristián Araya     Diputado

@cristian_arayal

Nada que celebrar. Lo aprobado por la Comisión no es un avance sustantivo en la protección de policías y militares. Creación de “nuevos” deberes serán una traba y el Gobierno ya anunció que irá al TC para botar la competencia de la Justicia Militar. Quedó nuevamente en evidencia que la izquierda (todo el oficialismo) sigue desconfiando de nuestros uniformados y, vueltas más, vueltas menos, están más preocupados de proteger a subversivos y criminales que a las policías y FFAA. Y aún falta votación en Sala (mañana), Senado, tercer trámite (muy probable) y mixta (probable).

General (R) John Griffiths: “No estamos generando las leyes adecuadas contra el terrorismo”

Marcelo Soto

Doctor en Estudios Americanos, Jefe de Estudios de Seguridad y Defensa de Athenalab y Exjefe del Estado Mayor del Ejército de Chile, John Griffiths, aborda el debate legislativo que se abrió tras el crimen de tres carabineros en Cañete, el rol que se debe otorgar en este escenario a las FFAA y la extrema violencia que amenaza al país. “Si no existe la fuerza del Estado de Derecho, el problema no lo vamos a solucionar ni con ingenieros de la NASA”, dice.

-En El Mercurio un grupo de altos generales y almirantes retirados dijo que lo que se está discutiendo en materia de seguridad es inútil, porque en el fondo no hay garantías judiciales para los uniformados.

-Lo primero que hay que tener en claro es la naturaleza del fenómeno que vas a enfrentar. Para enfrentar el terrorismo, las reglas del uso de la fuerza (RUF) tienen bien poca utilidad.

-¿Por qué?

-Porque las RUF están hechas para enfrentar la normalidad. El origen de estas reglas está en el convenio del año 79 y del año 90, bajo el amparo de las Naciones Unidas. Lo que ocurre es que ahora enfrentamos una situación de excepcionalidad. Y eso significa un umbral jurídico y de fuerza distintos.

-¿Qué tipo de garantías debería tener una ley de este tipo?

-No necesitas ley. Necesitas la voluntad política de disponer de las Fuerzas Armadas para que hagan lo que tienen que hacer. Eso sí, bajo un umbral jurídico distinto, porque no es posible que después terminen procesados por tribunales de tiempo de paz y de normalidad.

¡Nosotros hemos llegado a reducir las posibilidades de legítima defensa! No nos hagamos trampas. Aquí lo que debe existir es el imperio del derecho y las atribuciones necesarias para que la fuerza haga lo que tenga que hacer.

-¿Algunas atribuciones están en la ley pero no se usan?

-Se puede funcionar con lo que está dispuesto. Lo que no puedo hacer es rebajar el umbral de la legítima defensa. Si vas en un procedimiento y fuerzas extrañas te comienzan a disparar, comprenderás que en ese minuto lo que debe primar es el derecho legítimo de defensa de las fuerzas policiales o militares.

-¿Se ha bajado el umbral de la legítima defensa?

-Lógico. Tenemos gente uniformada que está procesada o presa. Fíjate que la disposición internacional, incluso cuando las FFAA van a Operaciones de Paz, autoriza el uso de las armas letales ante cualquier agresión que imponga una lesión grave o ponga en riesgo su integridad física. Punto.

En cambio, hemos hecho una serie de disposiciones que al final del día no sirven. Cuando enfrentas a organizaciones criminales o terroristas ¿hay que dialogar con los terroristas que te están atacando? ¿Vas a disparar balas de salva primero?

Es ridículo. No hagamos una sobre teorización del uso de la fuerza, porque la realidad es completamente distinta: cuando estás en el terreno y tienes un ataque de este tipo, lo que debe imperar allí es la legítima defensa y la fuerza tiene que estar respaldada por el poder político. Y si comete algún exceso, para eso está la justicia militar.

-¿El Estado de sitio tampoco tendría mucho sentido?

-Si quieres establecer el estado de sitio sin entregar las atribuciones a la fuerza policial o militar, vamos a tener más de lo mismo no más.

-Otra cosa que se ha comentado es que las Fuerzas Armadas no estaban educadas para enfrentar a población civil. ¿Es así?

-No están equipadas para eso. Cuando tú tienes un estado de excepción constitucional es porque el Presidente de la República con acuerdo del Congreso, determina que hay una amenaza contra el Estado de Derecho. O sea, tienes una situación excepcional. Toda democracia entiende que cuando saca las FFAA a la calle salen con todo su poder de disuasión.

-¿Con capacidad para matar?

-Pero no se trata salir a la calle sin respetar las normas del derecho. Las FFAA necesitan la legitimidad para el uso de la fuerza, con armas letales y no ser objetos de tribunales de normalidad posteriormente. ¿O vamos a pretender que todos los militares salgan con bombas de humo? ¿O con lacrimógenas y equipamiento de carabineros? No. Porque si ese fuera la solución, entonces tengamos más carabineros y nos ahorramos problemas.

-¿Qué te parece la ley antiterrorista que se está discutiendo en el Congreso?

-No estamos generando las leyes adecuadas para que puedan ser de utilidad contra el terrorismo. Naciones Unidas establece tres cosas para definirlo: que es evidentemente un acto violento, llevado a cabo por organizaciones que evidentemente no son estatales, con el fin de dañar civiles inocentes y causar terror con fines políticos. Sucede que aquí estamos llenos de eufemismos, como violencia rural, ¿qué es eso? Nos hemos acostumbrado a cambiarle el nombre a las cosas.

-En su carta, los uniformados en retiro critican las declaraciones del gobierno del Presidente Boric. ¿Crees que se habla mucho y se hace poco?

-Las palabras bonitas, la prosa y poesía, tienen poco que hacer aquí. Lo que se requieren son acciones. Y los mejores niveles de seguridad se obtienen cuando la fuerza es usada en forma legítima, eficiente, pero con voluntad política.

-Todavía no hay muchos datos, pero ¿qué impresión te deja el asesinato de los tres carabineros en Cañete?

-Hay muchas hipótesis sobre la mesa. Yo no quiero elucubrar, pero hay tres carabineros que fueron ajusticiados. Se les disparó en la cara y en el pecho. Después fueron quemados. Y sus cuerpos transportados a un lugar donde los dejaron con la camioneta totalmente quemada. Si eso no es terrorismo, no sé qué es. ¿Es violencia? Sí. ¿Llevada a cabo con fines políticos? Sí. ¿Con la finalidad de infundir terror? Sí. Si eso no es terrorismo, no sé cómo catalogarlo. A las instituciones no solamente hay que entregarles la responsabilidad, hay que entregarle las atribuciones. Sin atribuciones tú no puedes tener responsabilidad.

-¿Con todas estas atribuciones que podrían tener las Fuerzas Armadas se podría solucionar el conflicto en La Araucanía?

-A ver, este es un problema político, que se tiene que abordar con todos los instrumentos de poder. El gobierno político es el primero. Segundo, tienes elementos policiales. Tercero, tienes elementos militares. Lo importante es combinar todos los instrumentos que tienes a disposición en una estrategia efectiva. Los militares no son una bala mágica que te vaya a solucionar el problema.

Si vas a usar los militares, tienes que usarlos en forma quirúrgica para determinados objetivos que la estrategia tiene que determinar. Esas soluciones mágicas, los que aseguran que en una semana tenemos solucionado este tema, no son efectivas, porque la fuerza hay que usarla en un contexto jurídico.

No se trata de entrar como un elefante en una cristalería. Se trata de usar la fuerza en el contexto de una estrategia y con todos los instrumentos de poder. Uno de los instrumentos de poder más importante es el de la justicia. Si aquí no existe de parte de la justicia un afán de perseguir a estos criminales firme y decididamente, tampoco vamos a poder hacer nada.

-Se dice que los mismos comandantes le dijeron al Presidente que no era adecuado un estado de sitio. Por otro lado también se critica que Boric no ha tenido el don de mando como para convencer sobre una línea.

-Es que no se trata de don de mando. ¿Queremos apresar a los cabecillas de estas organizaciones criminales y violentas? Bueno, hay que partir por identificarlos. Luego capturarlos y llevarlos a juicio.

No conozco fuerza más poderosa, incluso más que la fuerza policial o la fuerza militar, que la fuerza del Estado de Derecho. Si no existe la fuerza del Estado de Derecho, el problema no lo vamos a solucionar ni con ingenieros de la NASA

¿*Guerra*?

Por Pablo Ortúzar

La Tercera
ABRIL 30 DE 2024

Frente al ataque terrorista que dejó tres carabineros asesinados a tiros en Cañete, cuyos cuerpos luego fueron quemados por los criminales, y un pequeño arsenal de armas robado, el exministro del interior Jorge Burgos declaró que, a su entender, el Estado de Chile estaba en guerra con el grupo que fuera responsable de estos actos, así como con el resto de los grupos terroristas que operan en la zona. Eso nos lleva de lleno al tema nada feliz de la guerra, que merece ser tomado muy en serio en vez de ser evadido, justamente por lo delicado que es.

La observación del exministro va en línea con la demanda reiterada por declarar estado de sitio en la Macrozona Sur y ponerla bajo el control total de fuerzas militares. El estado de sitio, como su nombre lo indica, es el estado de excepción constitucional pensado para los escenarios de guerra: queda el Comandante en Jefe del Ejército a cargo de la zona de conflicto, las libertades civiles fundamentales (reunión y locomoción) quedan suspendidas, se permite el arresto de personas en lugares distintos a cárceles y pasa a regir en ese territorio la justicia militar marcial, en reemplazo de la justicia militar de tiempos de paz y de la justicia civil.

En efecto, todo grupo que busque amenazar por la fuerza la seguridad o integridad interior o exterior de un Estado puede ser considerado enemigo del Estado, lo que permite desplegar la fuerza militar en su contra. Los miembros de estas organizaciones, por su parte, son combatientes enemigos, sea cual sea su nacionalidad, y el trato con ellos puede quedar sujeto a las leyes de la guerra.

Hoy la situación en la Macrozona Sur cabe dentro del concepto de “guerra irregular de baja intensidad”: se despliegan efectivos militares, pero en una situación que no se define claramente como un conflicto bélico, donde el enemigo enfrentado no es otro Estado y donde el territorio sigue sometido a las instituciones civiles. Si se declarara estado de sitio, entraríamos en un escenario de guerra asimétrica contra combatientes ilegales.

Al mismo tiempo, decenas de alcaldes, muchos en la Región Metropolitana, demandan que se declare estado de emergencia en sus comunas y se utilicen militares para controlar el orden público. Esto, en respuesta a los altos niveles de delincuencia, pero muy especialmente a la operación cada vez más violenta de miembros de bandas del crimen organizado, que ha costado la vida de varios carabineros y civiles.

En suma, hay una demanda cada vez mayor de intervención militar para lidiar contra enemigos internos. Y la pregunta es si el marco institucional que tenemos acomoda al Estado chileno y a sus fuerzas armadas para enfrentar la mezcla de etnoterrorismo y crimen organizado que tienen al frente. ¿Son adecuadas nuestras herramientas institucionales respecto al problema que enfrentamos? ¿Podemos enfrentar eficazmente el escenario de guerra delineado por Burgos? Todo indica que no: la lógica del estado de sitio parece demasiado acotada geográfica y temporalmente, y se nota pensada para combatir ejércitos enemigos o guerrillas, pero no grupos terroristas y/o del crimen organizado que operan en base a atentados. Y los demás estados de emergencia tienen el problema, además de ser muchas veces poco adecuados a contextos civiles, de no ofrecer garantías operativas a los militares desplegados: el número de efectivos presos por cumplir con su deber en la Araucanía y durante el estallido social habla por sí mismo.

¿Qué hacer entonces? Lo razonable es comenzar por establecer reglas de uso de la fuerza (las famosas RUF) que den seguridades y faciliten la operación militar contra terroristas y criminales. Éste es el debate hoy en curso, entorpecido por la diputada Orsini, que defendía hace poco tiempo disolver la PDI y refundar carabineros. El Presidente de la República, una vez establecidas las RUF, debería considerar retroactivamente los criterios delimitados en ellas para evaluar los indultos a los uniformados condenados por utilizar sus armas.

Un segundo paso necesario es asegurarse de que los grupos enemigos no tengan acceso a la inteligencia y las decisiones estratégicas secretas del Estado chileno. Esto hace razonable pensar en apartar por completo al Partido Comunista de Chile de cualquier área del Estado relacionada con el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa, en la medida en que han mostrado de manera consistente solidaridad y alianzas con la dictadura venezolana (que parece trabajar asociada con grupos criminales de esa nacionalidad operando en nuestro país) y con el extremismo mapuche (basta recordar las gestiones con las FARC para entrenarlos, reveladas el 2015). Juan Andrés Lagos y Galo Eidelstein y sus respectivos equipos debeberían ser desvinculados por razones de seguridad interior, al no verse muy confiables sus lealtades respecto al Estado chileno.

¿Algo más? Sí. Para que el despliegue de fuerza militar sea efectivo, parece necesario que los militares desplegados, al igual que en cualquier escenario de guerra, sólo puedan ser juzgados por tribunales militares. Insistir, como ha hecho el gobierno, con que sean tribunales civiles los que vean los casos de militares actuando en un escenario de guerra es muy poco razonable. No tienen la experiencia necesaria, y la guerra no se rige por las mismas lógicas que la paz. Esto es crucial: el test de seriedad de cualquier político que prometa usar fuerza militar es preguntarle respecto a quién juzgaría los actos de los militares desplegados. Si se opone a que sea la justicia militar, no está hablando en serio.

De hecho, uno podría perfectamente defender que no sólo los militares deberían estar sujetos a la justicia militar, sino también los combatientes enemigos capturados. Los miembros de organizaciones criminales en beligerancia contra el Estado chileno, nacionales o extranjeros, podrían y deberían ser tratados como combatientes ilegales y pasados a consejos de guerra o cortes marciales, según sean las circunstancias. Esto haría innecesario el “debate respecto a la pena de muerte” que el gobernador frenteamplista Rodrigo Mundaca intentó convocar, pues ella nunca ha estado fuera del catálogo de opciones de la justicia militar en tiempos de guerra (pena que ha intentado ser derogada últimamente por gestiones lideradas por Lorena Fríes, misma persona que al mando del INDH defendió que el atentando donde murieron quemados vivos Werner Luchsinger y Vivianne Mackay no era un caso de terrorismo).

De este modo, en vez de la constricción geográfica y temporal implicada por el estado de sitio, el Estado chileno podría librar una guerra contra sus enemigos internos tratando a cualquier miembro de una organización criminal o terrorista como un combatiente ilegal y sometiéndolo a las garantías y a los procedimientos judiciales que tendría que enfrentar como tal bajo estado de sitio. Esto debería hacer todo más expedito y seguro, ya que la justicia militar no podría ser sometida al tipo de presiones que hoy sufre la justicia civil, como la que hemos podido ver en el caso del juicio a “Los Gallegos”. Del mismo modo, los miembros de las fuerzas de orden y seguridad que colaboraran entregando información, vendiendo armas o de cualquier otra forma con las organizaciones beligerantes enemigas podrían ser condenados por traición a la patria.

En simple: si se quiere realmente utilizar fuerza militar para librar una guerra contra los grupos terroristas y el crimen organizado, parece necesario ofrecer garantías a los militares desplegados respecto a ser juzgados de acuerdo a las leyes de la guerra, por tribunales militares. Y también, al mismo tiempo, llevar el derecho penal del enemigo a su mayor grado de intensidad respecto a los miembros de los grupos terroristas y los miembros del crimen organizado, tratándolos como se trataría a combatientes ilegales enemigos capturados en acción en el contexto de una guerra. Sólo la combinación de ambas medidas, junto con reglas claras y eficaces para el uso de la fuerza y el apartamiento del Partido Comunista de cualquier cargo vinculado a inteligencia y seguridad interior o exterior, parecen generan condiciones más o menos idóneas para estar a la altura del conflicto que se tiene por delante. Todo esto, claro está, si es que tal es el camino que efectivamente se pretende transitar.

Esto es en Argentina: ¿y en Chile????:

Fraudes millonarios con los derechos humanos

El indebido otorgamiento de indemnizaciones astronómicas a supuestas víctimas de represión ilegal constituye un escándalo de proporciones históricas

3 de mayo de 202400:10

LA NACION

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que se detendrá el pago de indemnizaciones a supuestas víctimas del terrorismo de EstadoRicardo Pristupluk

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Alarmados ante la exorbitante cantidad de reclamos nacidos al amparo de las llamadas leyes reparatorias para víctimas de la dictadura militar, así como frente a las denuncias por fraudes en su otorgamiento, el Ministerio de Justicia de la Nación ha ordenado detener el pago de indemnizaciones a personas que denunciaron ser víctimas del terrorismo de Estado, perseguir la devolución de las sumas cobradas indebidamente y encarar una amplia auditoría que abarcará tanto los pagos efectuados como los criterios adoptados y las pruebas exigidas actualmente por los funcionarios estatales para la concesión de los millonarios beneficios establecidos en aquellas normas, inexplicablemente vigentes todavía. Al cierre de 2021, se reportaron 7996 casos de indemnizaciones percibidas por familiares de desaparecidos y 14.400 casos de exiliados.

Más allá del descubrimiento de una banda que recaudaba dinero para la formulación de casos falsos, las denuncias judiciales que hoy se tramitan en los juzgados a cargo de Daniel Rafecas y Ariel Lijo demuestran que el Estado viene pagando indemnizaciones millonarias a personas que nunca estuvieron detenidas o desaparecidas; a familiares de terroristas abatidos por las fuerzas legales en ataques a cuarteles militares o policiales; a exguerrilleros condenados por asesinatos, atentados o secuestros, y a personas detenidas entonces por delitos comunes, entre muchos otros casos escandalosos.

A estos inexplicables hechos se suma el descubrimiento del pago a extranjeros por detenciones sufridas en el exterior que, no obstante, indemnizó el Estado argentino, o el recientemente descubierto de dos delincuentes comunes uruguayos condenados por el secuestro extorsivo de un gerente de una empresa multinacional, a quienes el Estado argentino les pagó una indemnización de 180 millones de pesos. Uno de ellos vive actualmente en Europa.

La cantidad de casos revela tanto la presencia de una enorme organización criminal en el armado de reclamos fraudulentos o manifiestamente indebidos, como la existencia de funcionarios que autorizaron pagos en los cuales una mínima indagación bibliográfica, judicial o documental hubiera llevado a una decisión contraria al otorgamiento del beneficio. La auditoría que llevará a cabo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hoy a cargo del exjuez de instrucción Alberto Baños, se extenderá no solo a las pruebas sobre la base de las cuales se abonaron estos episodios escandalosos, sino también acerca de las exigidas para el pago de indemnizaciones a personas por el exilio supuestamente forzado de sus padres. Se trata de personas que, como afirmó el ministro Mariano Cúneo Libarona a modo de ejemplo, exhiben como agravio para recibir una recompensa millonaria del Estado argentino, el haber nacido en París.

Los cientos de casos fraudulentos ya abonados y los miles de dudosos reclamos pendientes son fruto de la vigencia de las denominadas leyes reparatorias a casi medio siglo de los hechos. Eso permite la permanente presentación de supuestas nuevas víctimas que guardaron inexplicable silencio durante décadas. Su aceptación y consiguiente reparación da cuenta de una sospechosa ingenuidad en el comportamiento de los funcionarios, al tiempo que la vigencia de estos beneficios otorgados sine die constituye un absurdo legislativo. La auditoría en marcha promete el descubrimiento de otra caja de Pandora que, por la cantidad de indemnizaciones indebidas y la cuantía de sus montos, podría representar uno de los fraudes más grandes sufridos por el Estado argentino en su historia.

LA NACION

LEY DE PUNTO FINAL AHORA

Multigremial de militares y policías ®

¡LEY DE PUNTO FINAL AHORA!

Compungida cara, han mostrado los integrantes del gobierno, cuando han tenido que referirse al alevoso asesinato de 3 carabineros, olvidándose por completo que fueron ellos quienes, junto al lumpen y barras bravas, participaron en los luctuosos sucesos del OCTUBRE ROJO violentista y destructor. Más aún, por lo menos 10 ministros y jerarcas connotados, incitaron de variada forma a los violentistas para agredir y lesionar de diferente gravedad, a más de 5.000 servidores públicos. No podemos asegurar que estos izquierdistas dispararon las balas que mataron pero sí, que a lo menos cargaron el fusil de los asesinos.

NOSOTROS ACUSAMOS.

A los políticos y en particular al gobierno, por permitir que se violen los DD.HH. de militares y policías,al enviarlos a enfrentar a guerrilleros, extremistas, narcos y lumpen sin contar con los medios adecuados y el respaldo jurídico y judicial indispensable para cumplir una función que los expone a la muerte y de triunfar, derrotando a los violentistas, a la CARCEL, siendo la judicatura la principal responsable de perseguir a los servidores de la Ley.

A los mandos, por haberse mostrados débiles ante políticos ineptos, inexpertos e ignorantes, olvidando que MANDO – MISION y MEDIOS es un triángulo cuyos lados se soportan mutuamente y que si uno de ellos falla, es imposible alcanzar el objetivo.

Y A NOSOTROS mismos, MILITARES Y POLICIAS EN RETIRO, que constituyendo una entidad compuesta de varios cientos de miles de personas, no hemos tenido el VALOR MORAL para salir a la calle para mandar a su casa sino a la cárcel, a tantos inútiles, corruptos y aprovechadores que pululan en las instituciones y poderes del estado.

La historia actual y el vergonzoso comportamiento de la judicatura, nos impele a solicitar a todos los hombres de bien y en particular a las organizaciones sociales, a exigir a quienes ostentan el poder, que se dicte AHORA una Ley de AMNISTIA para militares y carabineros procesados y condenados como resultado de impedir que la ley fuera sobrepasada y que en ese octubre fatídico teñido de rojo, cayera el gobierno democráticamente elegido.

Igual AMNISTIA exigimos para los VETERANOS del 73 pues está archi – comprobada la alevosa, injusta y persecutoria forma como han sido juzgados por juristas que con sus actuar parcial y vengativo, han dejado en un profundo pozo la noble función de juzgar.

El DEBIDO PROCESO y la IGUALDAD ANTE LA LEY, es algo desconocido para militares y policías.

Diputado Kayser aclara los puntos y deja en silencio a Vidal:

*Valiente mujer. Imperdible*:

Presidenta de la ONG que defiende a uniformados: «El uso de la fuerza no puede ser proporcional»

Alejandra Cruzat, de Nos Importan, cuenta a El Líbero que existe mucha tristeza y frustración ante el asesinato de los tres carabineros en Cañete, pero recuerda que desde hace un tiempo los funcionarios se están inhibiendo de usar sus armas por miedo a una persecución penal que, denuncia, tiene sesgo ideológico desde el Ministerio Público. Sobre la discusión de las Reglas del Uso de la Fuerza y la amnistía que propuso la UDI, sostiene que estas no se pueden convertir en una «camisa de fuerza» y que la idea del gremialismo es ideal, pero en este momento, poco viable.

por Gracia Rodrigo1 mayo, 2024

Al día siguiente de conocerse el asesinato de tres carabineros tras una emboscada en Cañete, Alejandra Cruzat, la presidenta de la ONG Nos Importan, que apoya legalmente a uniformados que deben enfrentar la justicia por su actuación durante el estallido, escribió una carta al director en El Mercurio. Allí recordaba que en 2021 y en la misma comuna, un grupo de carabineros fue atacado a tiros por desconocidos, por lo que pidieron apoyo a la Armada, institución a cargo del estado de excepción de la zona y cuya actuación terminó con la muerte de una persona y un infante de marina formalizado por homicidio, arriesgando 15 años de cárcel.

Alejandra Cruzat

A su juicio, el caso es un ejemplo en que el Ministerio Publico ha mostrado un sesgo ideológico respecto al apoyo que se le pide a las Fuerzas Armadas en materia de orden y donde, denuncia, Fiscalía ha desconocido las eximentes que les brinda la ley respecto al uso de armas y por el contrario, ha invocado la Ley de Control de Armas contra algunos funcionarios. Lo que subyace a ese caso y al del asesinato de los carabineros Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid el fin de semana, es la duda acerca de si usaron o no sus armas, o si ni siquiera tuvieron tiempo para evaluarlo.

En el caso de 2021 “los carabineros no dispararon para defenderse. Lo único que tiraron fue una lacrimógena”, relata Cruzat a El Líbero luego de que el martes en la mañana se desarrollara la audiencia de preparación de juicio oral de ese cabo de la Armada.

Según su relato, ese día fue de conmoción: comenzó con la detención del hermano de la víctima fatal circulando en una camioneta robada y portando municiones de escopeta, hubo barricadas e incluso se quemó un paradero y a los carabineros trataron de atropellarlos. El ataque bajo el que se mantuvieron los carabineros se prolongó durante casi dos horas y, cuando llegó la Armada, recordó, los uniformados primero dispararon salva. Luego usaron elementos antidisturbios y, como medida final, utilizaron armas de fuego, en una intervención que se extendió por un lapso similar.

“Yo estoy hablando ahora con gente de La Araucanía y les pregunté: ‘¿es normal que a ti te ataquen y no disparen?’ Y me dijeron que sí. Es tanto el susto que tienen a disparar, que prefieren no hacerlo. O sea, es efectivo que se inhiben de disparar por la persecución penal”, cuenta Cruzat y reflexiona que “pensar que los carabineros (de Cañete) eventualmente se inhibieron de disparar y defenderse, produce mucha frustración”.

A su juicio, no sólo falta mayor preparación de fiscales y jueces sobre la materia militar, sino que también debe haber un consenso respecto a que la fuerza que deben usar los uniformados tanto para enfrentar los delitos comunes como para el crimen organizado, debe ser superior a la del delincuente: “La proporcionalidad no tiene sentido, sí la racionalidad”.

Reglas del Uso de la Fuerza, Justicia Militar y la invocación a la Ley de Control de Armas

–¿Debería ser la justicia militar la que investigue estos casos y no la civil? De hecho es un punto de discusión en las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF)… 

-El que la eximente (del uso de armas) esté en el Código de Justicia Militar no significa que no lo puedan aplicar los jueces que están en el sistema no militar.

–Pero no lo han aplicado. ¿Es algo de voluntad o de conocimiento?

-Es de voluntad. Ellos tienen dos eximentes de responsabilidad que están súper claras y definidas en la ley. Uno es el artículo 208 del Código de Justicia Militar que dice “será causal eximente de responsabilidad para los militares, el hacer uso de armas cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida” y el número 10 del artículo 10 del Código Penal (“El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo”). Entonces ¿cuál es la consigna recibida? la misión es controlar el orden. En este caso es seguramente detener o controlar a francotiradores civiles. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen con el único medio que tienen, que es su arma, de lo contrario, muere él. ¿Entonces, por qué la justicia no le está reconociendo este eximente de responsabilidad que está en el Código de Justicia Militar clarísimamente establecido? Ahora, no importa si es justicia militar o no militar, la justicia tradicional también tiene que reconocerlo.

Creo muy importante que haya tribunales especializados en el tema , de la misma manera que hay tribunales laborales y de familia. El análisis de las causas post estallido social nos ha demostrado que la disparidad de criterios a nivel del Ministerio Público y de los tribunales (para hechos similares) es enorme. Desgraciadamente todavía existe una connotación negativa asociada a los tribunales militares, como si aquello significara impunidad, pero si pretendemos sacar a las FF.AA. a la calle tenemos que darles garantías de un juicio justo y profesional. Podemos tal vez cambiar el nombre, para generar menos anticuerpos”.

–¿Y por qué no estaría aplicando las eximentes?

-Bueno, ese es el tema. Porque el Ministerio Público actúa de manera muy discrecional. Y para nosotros, el gran problema acá está en la discrecionalidad del Ministerio Público. Porque si tú tienes un fiscal que entiende o que comparte esto, simplemente no te acusa de asesinato. Entonces, le interesa que el militar está cumpliendo un deber y que para cumplir ese deber necesita hacer uso de su arma y por ende tenemos que asumir que cuando usen las armas, pueden haber determinadas consecuencias no queridas, como la muerte de alguien.

–En la experiencia de ustedes, ¿esto es porque ellos no están lo suficientemente preparados en esta área o más bien se trata de un sesgo que puede ser político?

-Un sesgo, absolutamente. Porque a todo abogado defensor de los militares o de incluso Carabineros, le sacan las eximentes. No necesitamos nuevas leyes para esto, necesitamos voluntad para aplicarlas (…). El Ministerio Público y eventualmente los jueces hacen caso omiso de las eximentes de responsabilidad ya contenidas en Código Penal y en el Código de Justicia Militar. ¿Por qué? Generalmente es por un tema absolutamente intencional e ideológico.

En esa línea, Cruzat recuerda que incluso se ha invocado la Ley de Control de Armas a dos carabineros y a dos miembros de las FF.AA. para negarles solicitudes de cumplimiento alternativo de penas, siendo que la norma “está pensada para el control de armas ilegales, pero cuando un carabinero o un militar usa su arma, él la está portando de manera legal, no sólo legal, sino que la ley lo obliga a portarla y a usarla cuando sea necesario. Es una aberración legal impactante (…). Si tú le empiezas a aplicar eso a cada militar que usa su arma, mayor razón para inhibir usar el arma. Y volvemos a lo mismo: ¿Hay ideologización acá? La hay. Ese tipo de condenas, sólo responde a ideologización, de todas maneras”.

–¿Ustedes valoran que exista esta actualización de las RUF? ¿Les preocupa cómo se van a aplicar, cómo se va a juzgar con ellas?

-Para mí las RUF mientras más claras sean, mejor. Pero siempre en el entendido que no puedes con esto inhibir el uso de la fuerza cuando sea necesario aplicarla. Entonces si tú haces RUF con advertencia uno, dos, tres y hasta el 10, haces una camisa de fuerza. Eso no sirve. No pueden ser una camisa de fuerza.

–¿Los uniformados tienen miedo a usar las armas?

-Los uniformados tienen más miedo a la persecución judicial que a enfrentar a los delincuentes más violentos. Es un contrasentido.

–Parece cada vez más inminente que las Fuerzas Armadas van a salir a las calles, ya sea para resguardar infraestructura crítica o no, pero van a salir con el mismo armamento de guerra…

-Lo que quedó claro para el estallido social es que los uniformados no pueden salir al control de la calle para controlar manifestaciones violentas. No pueden salir porque el armamento que tienen es un armamento letal y tú para controlar las manifestaciones no puedes ir con armamento letal. Un caso muy específico de la consecuencia haber salido con armamento letal, es el caso de Pedro Lavín en Colina o el de los militares en La Serena. En ambos casos por haber tenido que disparar para cumplir la misión que les habían encomendado, terminaron condenados uno a siete años y en el caso de La Serena, a cinco, 10 y a 15 años.

Es tanto así que no están preparados para el control de orden público, que Cruzat recuerda que no hay carabineros condenados por muertes por uso de armamento durante el estallido social, pero sí hay militares condenados por ello (casos Kevin Gómez y Romario Veloz).

–Hay alcaldes del Frente Amplio pidiendo militares en algunos lugares de la ciudad, pero luego el oficialismo no los respalda en el uso de su implementación y preparación. ¿Cree que hay un doble estándar en ese sentido?

–Son peticiones que tienen mucha hipocresía,  porque claro, sabemos todos que está todo el mundo muy preocupado con el tema de la delincuencia y la violencia. Pero tenemos que ser súper claros y realistas: también sabemos que en el minuto que tengamos a los militares en la ciudad, si ellos tienen que disparar y hieren a alguien, nadie los va a proteger y siempre van a decir que usaron la fuerza de manera excesiva.

–Ahí entramos en el tema de la proporcionalidad, también en las RUF

–La proporcionalidad en realidad no tiene sentido, es obvio, que el uso de la fuerza no puede ser proporcional, por último habla de racional. Usemos el sentido común. La fuerza tiene que ser eventualmente algo superior para lograr tu objetivo. No puede estar el militar o el carabinero a la misma altura que el delincuente. Si esto es una batalla ¿quién la gana? La gana el que tiene más poder de fuerza, eso es también sentido común.

Entonces, qué pasa si tú llevas militares a las estaciones de buses. ¿Los vas a llevar con qué tipo de armas? ¿Los vas a dejar usar su elemento letal contra la ciudadanía? Porque si nos ponemos todos de acuerdo y les damos la garantías para que lo hagan, estamos OK, pero yo dudo -porque lo he visto en los tribunales- que realmente tengan las garantías y se les vaya a respaldar en el minuto que la tengan que usar. Distinto es contra el crimen organizado (…). Si queremos controlar el terrorismo en La Araucanía, tenemos que darle todas las atribuciones a las Fuerzas Armadas.

Respecto al mismo tema, Cruzat agrega que personas de las FF.AA. “nos dicen que ‘si a nosotros nos dejaran actuar con fuerza, esto sería muy diferente y podríamos eventualmente controlar La Araucanía. Pero para eso necesitamos un respaldo político total y hoy en día no contamos con eso’”.

La propuesta de amnistía y nuevos casos ligados al estallido

–Los parlamentarios de la UDI presentaron un proyecto de ley para amnistiar a los carabineros y militares condenados y formalizados en el contexto del estallido. ¿Qué les parece la iniciativa?

-Yo creo que si queremos de verdad lograr una paz social y reconciliarnos post 18 de octubre, sería una buena medida, me hace sentido, pero tengo claro que no lo van a lograr, así que yo creo que es un poco más más mediático que realista.

«Creo que sí es importante que la gente sepa que todavía hay muchas causas que están recién siendo formalizadas del 18 de octubre, en el fondo esto sigue hoy día y muy activo”, dice Cruzat recordando que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó más de tres mil querellas y que hay 45 carabineros condenados por diversos delitos de la época, entre siete y ocho militares y más de 150 uniformados formalizados. En efecto, cuenta que recientemente acaba de conocer dos casos en que carabineros recién fueron informados de que su escopeta antidisturbios emanó un balín que hirió a una persona: “A ambos se les decretó prisión preventiva y no tenían ningún conocimiento de los hechos”.

“¿Qué te demuestra esto? Dos cosas: todavía está muy activo el tema y, segundo, que hubo mucha querella irrelevante y falsa. Al final no se concentraron en las querellas que eran reales e importantes, porque cuando tú inflas tanto el número, no sabes discernir cuáles eran las que eran graves y cuáles eran denuncias muy menores. Entonces, ¿qué opino de una amnistía? Creo nuevamente que para lograr la paz social, sería el ideal, sería ideal cerrar este capítulo ya (…). Es un quiebre muy grande en nuestra convivencia, pero siendo realista, con el gobierno que tenemos, dudo muchísimo que se logre avanzar un paso en eso. ¿Entonces yo qué pido? Que seamos más activos en los juicios que se están llevando actualmente, de los carabineros que están recién siendo formalizados para que esto no siga creciendo”, agrega.

Donde Cruzat sí ve una posibilidad de abordar un indulto para quienes debieron usar las armas “es en un futuro gobierno o una futura campaña, que yo creo que va a ser así”.

–¿Cuál es el sentimiento general de los familiares de los carabineros y los militares ante lo que pasó este fin de semana y respecto a lo que se viene para adelante?

-Es una mezcla de pena, tristeza, rabia, frustración e impotencia y muchos me han comentado que la angustia más grandes es pensar que los carabineros eventualmente se inhibieron de disparar y defenderse. Eso les causa mucha tristeza. Tienen un sentimiento de frustración, de que ‘nos tienen las manos amarradas’.

ETIQUETADO:alejandra cruzatCarabinerosFFAAJUsticia MilitarLa AraucanìaLey de control de armasreglas de uso de la fuerzaruf

 3 Comentarios

1. Adolfodice:

30 abril, 2024 en 22:14

Me parece que la columnista tiene un error de concepto y que asimila proporcionalidad con igualdad.
Al respecto y en relación con el proyecto que eleva a rango legal las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), cabría comentar que la obligación esencial e irrenunciable del Estado, y que antecede a todas las demás, es la de conservar el orden público.
La conservación de tal orden exige la aplicación de la violencia física legítima del Estado —especialmente para aniquilar a los grupos guerrilleros y terroristas que actúan en la “macrozona sur”— y lograr mediante ella la restitución del Estado de Derecho y del orden exigido por el bien común, lo que es imposible de cumplir con las “Reglas de NO uso de la fuerza” actualmente vigentes; que le impiden a policías y militares hacer uso de sus armas, salvo en casos de defensa propia, para lo cual no es preciso dictar una ley puesto que ello ya se encuentra establecido en el artículo 10 del Código Penal y en los artículos 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar (CJM)
El proyecto de ley, junto con reforzar los precitados artículos del CJM —que contempla varias causales eximentes de responsabilidad penal para los militares y carabineros— debería establecer que los miembros de las instituciones armadas deben dar cumplimiento al “principio de proporcionalidad”; lo que significa que la fuerza debe estar en proporción a la resistencia ofrecida, a la gravedad del delito, a la situación que se controla, al peligro representado por los delincuentes y al objetivo legítimo que se persigue, lo que en casos graves justifica el empleo de medios letales.
La desproporción en el uso de la fuerza no solo puede predicarse respecto de la que es excesiva para cumplir con un determinado fin legítimo, sino que también respecto de la que es insuficiente para lograrlo.
La proporcionalidad en el uso de la fuerza consiste en la respuesta a la pregunta: ¿cuánta fuerza utilizar? Obviamente, la de los militares y policías debe ser superior a la de los delincuentes, guerrilleros o terroristas.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política

2. Adolfodice:

30 abril, 2024 en 22:28

Corrijo: La persona que confunde el concepto de «proporcionalidad» con el de «igualdad» no es la columnista, sino que doña Alejandra Cruzat, presidente de la ONG Nos Importan.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política

3. Humberto Julio Reyesdice:

1 mayo, 2024 en 10:50

Tanto la columna como los comentarios dejan en evidencia el dilema al que se enfrentan hoy en día las fuerzas armadas y de orden. Es como si los bomberos tuvieran que pagar los daños provocados al tratar de apagar un incendio. Absurdo.
Como en el caso de la macrozona sur se enfrentan a una guerra insurreccional el Estado debiera proceder en consecuencia, sin escatimar fuerza y respaldo para actuar. He llegado a pensar que si debiera el país enfrentar una agresión externa, ahí estarían el ministerio público y los tribunales condenando a nuestros militares por usar sus armas como si fueran simples particulares.

Las RUF:

El mismo tema de siempre de zurdolandia, que es en insistir en la _”proporcionalidad”_ o *equivalencia*” de la fuerza que debe considerar un agente del Estado, al enfrentarse a un terrorista *entrenado* para evitar producir daño a los ciudadanos (es decir, el terrorista lanza una piedra y el agente del Estado en respuesta debe lanzarle otra piedra), versus, la _”racionalidad”_ que debe tener un agente del Estado, con *superiodidad* para someter o neutralizar a un terrorista *entrenado* (es decir, el terrorista lanza una piedra y el agente del Estado en respuesta le lanza dos piedras).
En consecuencia, lo lógico es que el terrorista sea sometido con una fuerza *racional superior*, puesto que el Agente del Estado, está mandatado para *imponer* el orden y no para *empatarlo o perderlo*:

https://youtu.be/eEdoFzjjG4A?si=EyZFdN99L0rGL91x

Enrique Slater @slater_enrique

Las secuelas del terrorismo en La Araucanía y Biobío, se siguen evidenciando. Ahora en la economía. Es lo que pretenden estos grupos, apoderarse de un territorio que otorga trabajo y propiedad a sus sacrificados habitantes. ¿Hasta dónde llegará el Estado con su abandono ?

Intersante artículo de opinión:

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Todos con el General Yáñez

Por Gonzalo Ibáñez Santa María 

Como se sabe, en los próximos días los Fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong tienen programado proceder a la formalización del General Ricardo Yáñez, General Director de Carabineros, por la responsabilidad que le habría cabido en lo que ellos llaman “violaciones de los derechos humanos” durante los días del estallido de violencia a partir de octubre de 2019. Con eso apuntan a descabezar Carabineros y a debilitarlo aún más en su combate contra la delincuencia.

Lo único que, en justicia, corresponde respecto de Carabineros es agradecerle el tremendo sacrificio que hicieron sus miembros durante ese período y cómo arriesgaron sus vidas para contener el vandalismo y la delincuencia que se desató entonces. Varios de ellos murieron y más de cinco mil resultaron heridos.

Acusarlos de violar los derechos humanos de aquellos que sí se dedicaron a violar los derechos de todos los ciudadanos es una monstruosidad y una colosal injusticia.

Con el agravante de que, en definitiva, todos saldremos perjudicados porque, obrando así, esos fiscales protegen a los delincuentes y los incitan a proseguir  provocando daños y desarmando la vida comunitaria chilena.

Por eso, hoy no cabe sino una posición: respaldar al General Yáñez y, con él, a todo Carabineros. Es el único camino para defender nuestro país.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el autor en sus redes sociales.

Carabineros de Chile: Orden y Patria

Por José Tomás Hargous Fuentes 

El sábado 27 de abril nos enteramos del asesinato de tres carabineros en Cañete. En dicho pueblo de la octava región, Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid –un sargento primero y dos cabos primeros, respectivamente–, han ampliado el panteón de mártires de Carabineros de Chile.

Hace 32 años que no morían funcionarios de nuestra policía uniformada en el Día del Carabinero. Por eso, su general director, el general Ricardo Yáñez, sostuvo que “Matar un carabinero es matar el alma de Chile. No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio de la muerte de un carabinero y no uno, sino tres asesinados de forma cruel, el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, esto no fue al azar. Basta ya. ¿Hasta cuándo?”.

Y es que amarga la conmemoración de un hecho muy relevante en la historia reciente de Chile: la fundación de Carabineros de Chile. Hace 97 años, un 27 de abril de 1927, el entonces Vicepresidente Carlos Ibáñez del Campo fusionará las policías existentes en el país con el Cuerpo de Carabineros del Ejército de Chile.

De acuerdo con el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) 2.484 –vigente entre 1927 y 1960–, la dispersión del “servicio de orden y seguridad interna de la República” entre “policías fiscales, policías comunales y Cuerpo de Carabineros” (considerando 1°), en “circunstancias” en que “tienen una misma finalidad, […] asegurar el orden de las ciudades, campos y comunas rurales y, en cambio, obedecen a autoridades distintas, tienen organizaciones diversas y están sujetas a disposiciones de distinta índole” (considerando 2°), producía “un servicio deficiente y dificultan la expedición de las órdenes y la cooperación en el desempeño de los distintos funcionarios del orden” (considerando 3°). Esto llevó al gobierno ibañista, inspirado en “Que es condición esencial de este Gobierno reforzar el principio de autoridad” (considerando 5°), a fusionar “los servicios de Policías y Carabineros, formando con su personal, dependencias, armamentos y demás elementos, una sola institución que llevará el nonbre [sic] de ‘Carabineros de Chile’” (art.1°).

A esta policía, desde el primer momento, se le dotó de una estructura jerárquica y centralizada, así como una formación militar, propias del Cuerpo de Carabineros del Ejército del cual provenía. Desde ese momento, miles de chilenos han decidido entregar su vida al servicio del “Orden y Patria”, muchas veces incluso con su vida, como los mártires de este fin de semana. Durante este siglo no sólo se han dedicado al control del orden público, sino también a un profundo servicio a la comunidad, desde asistir otrora los partos, hasta ayudar a los damnificados de una catástrofe.

Esto, junto con la honorabilidad intachable de sus miles de oficiales y suboficiales –a pesar de la podredumbre de sus altos mandos en el último tiempo–, ha llevado a los chilenos a tenerle un profundo respeto, confianza e incluso cariño al “amigo en tu camino”. Todos recordamos cuando nuestros padres, en caso de perdernos en la calle, nos decían “anda con el carabinero”, cosa impensada en cualquier país latinoamericano. Por eso, los carabineros no son sólo una policía, ni una policía uniformada, sino un cuerpo de servidores incansables de la Patria.

Es una pena que, como otras instituciones, haya sido víctima del desprestigio sistemático de la autoridad en Chile. Urge que en nuestras escuelas se vuelva a enseñar el respeto por nuestras autoridades legítimas, entre ellas, el carabinero, como un pilar fundamental de la educación cívica.

Como otras instituciones de las que he hablado en esta tribuna, Carabineros también es heredera de instituciones quincuacentenarias. Justamente, dos días antes pero en 1541, Pedro de Valdivia nombraría como primer Alguacil Mayor al capitán Juan Gómez de Almagro. Según recopila el Archivo Nacional, en el documento que registra su nombramiento, “el primer gobernador del Reino de Chile, especifica las características ‘personales’ que Gómez de Almagro reunía para ser nombrado jefe de la labor policial de los recién llegados y, que hoy, son reivindicadas como los valores exigidos al personal, que pretende ejercer y que se desempeña en las labores en Carabineros”.

Sostuvo el primer gobernador del Reyno de Chile que “en esta ciudad hay necesidad de una persona que ejercite e use el oficio de alguacil mayor, que sea hábil e suficiente, temeroso de su conciencia y celoso del servicio de S.M.”. Como el capitán Gómez era justamente “persona de honra”, Valdivia decidió nombrarlo “su alguacil mayor en dicha ciudad de Santiago del Nuevo Extremo…”, según consta en el Libro Becerro. Acta del Cabildo de Santiago del 25 de abril de 1541, que se conserva en el Archivo Nacional.

La evolución de la institución policial en el Chile Hispano será estudiada por Diego Miranda Becerra en una completa historia de la Policía en el Reyno de Chile, publicada en 1991 por el Departamento de Estudios Históricos del Instituto Superior de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile.

Con posterioridad a la Emancipación, Diego Portales impulsaría el Cuerpo de Vigilantes de Policía, considerado “en la historia policial de Chile, como la etapa en que se consolidó la institucionalidad del combate contra la delincuencia”. Por su parte, el 24 de mayo de 1902 se crearía el Regimiento de Gendarmes, que el 5 de febrero de 1906 sería renombrado como Regimiento de Carabineros, para pasar a llamarse Cuerpo de Carabineros, “que desarrollaba su actividad protectora desde el norte grande hasta Chiloé”. Es esta institución la que el Vicepresidente Ibáñez decide tomar como ordenadora de la función policial en Chile, en el citado decreto de fusión.

Es triste que recordemos una historia tan fructífera con la terrible noticia de tres mártires de la institución a manos de la violencia insurreccional indigenista del sur de Chile. Una historia que ya está por llegar al siglo con la estructura y funcionamiento actuales, pero que toma la posta de otras instituciones que se remontan a la misma fundación de Santiago de Nueva Extremadura.

Los miserables: atentado y emboscada en el Sur

Rodrigo Ojeda

El sábado 27 de abril quedará marcado literalmente a sangre y fuego. El sur sufrió una noche de terror, se llevó a cabo un atentado planificado, una emboscada letal en contra de tres carabineros. En el sur hay, guste o no, terrorismo y terroristas. Hay agrupaciones violentas que mediante consignas y reivindicaciones han optado por la vía armada. Hace rato que se normalizaron los atentados en el sur, en la llamada macrozona. Encapuchados y armados, balas y fuego sobre predios, escuelas, iglesias, camiones y camionetas con panfletos y/o rayados que se adjudican el acto y el llamado rebelde a recuperar tierras ancestrales mediante una guerra de guerrillas. El terrorismo es un acto de violencia con el objetivo de infundir terror en la sociedad local y general, son hechos reiterados y ejecutados por bandas criminales con fines políticos, con un actuar indiscriminado en su afán por crear alarma social e imponer su supuesta verdad.

En su actuar la vida del otro no vale nada, son enemigos, se justifican las muertes en su causa, en los fines y medios mediante el uso de la violencia, actúan premedita y planificadamente. Son unos miserables. Estamos frente a un dilema: son ellos o nosotros, seguir apostando al diálogo con terroristas es un tanto ingenuo y con cientos de ejemplos de fracasos. Ellos hablan mediante los atentados, la respuesta inmediata debe ser un despliegue con todos los medios disponibles del Estado ante una causa común: el antiterrorismo, e imponer la paz mediante todas las herramientas legales y el uso de la fuerza. El sur sufre nuevas víctimas inocentes en Cañete y Los Álamos.

Un ataque terrorista macabro, un señuelo y una emboscada, disparos y cuerpos acribillados de los enemigos, no conformes, reubicaron los cuerpos y los quemaron, un actuar increíble y casi ficticio, pero no, los detalles están de más por ahora. Los terroristas celebran el fuego y el plan con la muerte de los carabineros, son unos miserables. Nuevos atentados, muertos y nuevos mártires, representantes del pueblo, de localidades poco conocidas y de una institución clave para la seguridad en el día a día. Los van a homenajear, van a recibir ascensos póstumos pero el dolor y la rabia no se extinguirán ante un actuar miserable.

Con el terrorismo no se dialoga ni se negocia, el terrorismo se erradica y de frente, con planes, inteligencia e incursiones militares, mediante un despliegue eficaz que los atrape o simplemente se conviertan en bajas letales para esas agrupaciones del terror, hay que descabezarlas. El destino de un terrorista debe ser la cárcel o el cementerio, todo lo demás es narrativa y discursividad. Para esos miserables la vida del otro no es respetable ni digna. Sus creencias violentas los justifican y exime tras sus escondites, han acertado un gran golpe, una victoria para sus huestes cobardes y ocultas.

No olvidemos que lo ocurrido no es el primer intento por quemar carabineros, durante los meses de locura y orgía revolucionaria octubrista vimos cientos de intentos por quemarlos con bombas incendiarias justificadas en el odio y en reivindicaciones, un tema que lamentablemente se ha silenciado al llegar al gobierno desde la calle mediante el “todo vale”. Necesitamos pacificar el sur, es decir, menos Boric y más Cornelio Saavedra. Mis condolencias a través de estas líneas a las familias de esos carabineros del sur asesinados por miserables.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Arca News el sábado 27 de abril de 2024.

Lo que dijeron las autoridades actuales de Carabineros:

Archivo de la Buena Memoria

Lo mendaz de esta gente es de nivel galáctico:

Esta también se la regalaron!!?

Por Fernando Chomalí Garib, Arzobispo de Santiago de Chile

• 28 abril 2024

Chile vive una situación política y social muy compleja y deplorable. Si esto no se revierte pronto, se avecinan tiempos aciagos para la inmensa mayoría de los chilenos. El crimen organizado acampa en Chile y se mueve como en su casa impunemente. Se siente muy a gusto con la “trilogía mortal”: deserción escolar, armas a destajo y tráfico de drogas. El retroceso que ha significado en lo humano, familiar y social, las escuelas cerradas en el norte y la pauperización de la educación pública es difícil de cuantificar. Desde el punto de vista económico para ellos, sus familias y el país, sin duda, esta situación solo acarreará más pobreza.

El crimen organizado no valora la dignidad del ser humano. No respeta la ley y menos a Dios. Tiene claro sus objetivos perversos y actúa sin piedad. Cada día aparece un cuerpo cercenado, descuartizado, y lo peor, es que nos estamos acostumbrando. Lo más lamentable de este escenario es que los más perjudicados son los más pobres. Viven atemorizados, tienen sus casas enrejadas y muchos están día a día bajo amenaza. Los prestamistas mantienen en vilo a sus víctimas con amenazas de muerte. Muchos pequeños comerciantes han cerrado sus negocios, atendido a que delincuentes se han arrogado el cobro de “rentas por protección”, las que si no son pagadas se convierten en violencia directa a sus locales levantados con tanto esfuerzo. En las cárceles, además de hacinadas -según relatan los expertos- se dan abusos de todo tipo y lo que es peor, se sigue delinquiendo desde dentro.

Queda claro que los millones de chilenos y extranjeros que viven en Chile están hartos de este escenario que hasta hace algunos años atrás era impensable. Escucho quejas todos los días desde amplios sectores de la población. Si hay algo que tiene la Iglesia es una gran capilaridad en la sociedad lo que le permite escuchar ampliamente la voz de las personas, la gran mayoría sin voz, y la posibilidad de traspasar estos gritos de angustia a los centros de decisión que quieran escucharlas. La desesperación es grande; el daño que se está haciendo al país es inmenso; y, si no se pone atajo, es irreversible.

El Estado tiene el deber de actuar a todos los niveles para terminar con este flagelo y ahora. Mañana será tarde. Las personas que disponen de recursos están mirando para el exterior. Cientos de miles de millones de dólares han salido del país por la desconfianza que les produce este clima de inseguridad a los inversionistas. A la debacle social y política se sumará la económica. Y cuando las personas ven el pan de la mesa amenazado para sus familias no trepida en hacerse sentir. A ello se le suma un ambiente político muy complejo, fraccionado, desorientado y sin proyectos de país claros y convincentes que generen consensos.

Percibo a muchos partidos políticos más preocupados de las candidaturas a alcaldes, con la vista puesta en las elecciones presidenciales en dos años más que en la dramática situación que viven millones de chilenos que con el sudor de su frente llevan el pan a la mesa. Esa distancia que media entre los responsables de los destinos del país y la vida diaria de nuestros compatriotas en el trabajo, la familia y la salud, entre otros, irrita y desencanta. Desalienta ver cada día un escándalo más de corrupción protagonizado por quienes están llamados a custodiar los bienes públicos para promover el desarrollo integral de las comunas.

La desesperanza ha comenzado a tomarse el corazón de la ciudadanía. Sin esperanza no hay futuro porque los proyectos personales son a muy corto plazo. Me duele el alma escuchar a tantas personas que no quieren comprometerse con nada ni con nadie por miedo al futuro. Su meta es pasarlo bien aquí y ahora porque mañana es “sólo un adverbio de tiempo” parafraseando la canción de Joan Manuel Serrat. En este contexto, eso es gravísimo.

En estos momentos urge una mirada realista de cuanto acontece. No están los tiempos para optimismos ingenuos, ni tampoco para pesimismos estériles. La verdad duele, por cierto, pero la mentira duele mucho más.

De lo que se puede apreciar por analistas de confianza, por estudios varios y la experiencia internacional, amplios sectores del país está cooptado por bandas criminales. Tan simple como eso. Son grupos organizados, con jerarquías muy definidas, con vínculos internacionales, que poseen armas y tienen conexiones con el negocio de la droga. Nadie está libre de ser secuestrado, asaltado, timado, asesinado, extorsionado, engañado, y suma y sigue. Las velocidades con que actúan son infinitamente más rápidas que las velocidades del aparato estatal para detenerlos y juzgarlos según el Estado de Derecho que nos rige. Avanzan a pasos agigantados al punto que se sabe que hay lugares donde la ausencia del Estado es clara y manifiesta.

En estos momentos urge un gran acuerdo nacional para darle atajo a esta situación o iremos de mal en peor. Todos los actores políticos, sociales, empresariales y líderes religiosos estamos llamados a tomar acuerdos para que el rumbo de Chile sea el de la seguridad y la prosperidad. Este es el momento de la grandeza de espíritu para comprender que el retroceso en materia de seguridad toca la esencia misma de lo que es una sociedad civilizada en donde el respeto incondicional por el otro es el punto de partida de cualquier otro logro social. La pérdida de confianza entre los ciudadanos se logra en muy pocos años, pero tardará decenas de años en recomponerse. Hoy es el momento de decisiones valientes y creativas donde todos participemos con gran magnanimidad y generosidad. La Iglesia, por su parte, reza incesantemente por Chile y sus habitantes; invita a los católicos y personas de buena voluntad a ser factores de unidad y de esperanza y a tener la mirada puesta en el bien común. Esta invitación se vuelve en un fuerte llamado a los católicos que participan en la cosa política. Es la hora de la grandeza, de ampliar la mirada y apelar a los valores que sustentan la democracia, comenzando por el derecho de los habitantes a estar seguros y el deber del estado de protegerlos. También la Iglesia los anima a no responder al mal con mal sino siempre con el bien teniendo a Jesucristo como modelo; y a participar activamente en la vida pública y política del país para mostrar la belleza del diálogo, el acuerdo, y el trabajo a favor de la justicia y de la paz.

En lo personal, los animo a que con más fuerza que nunca en todas nuestras comunidades brille la solidaridad como un elemento distintivo y siempre con la confianza puesta en Dios y la Santísima Virgen tan amada y venerada por los chilenos.

” LA GRAN DUDA QUE DEBIERA HACER RECAPACITAR A NUESTRAS AUTORIDADES POLÍTICAS Y EN ESPECIAL A LOS JUECES PERSECUTORES DE CARABINEROS Y MILITARES. ⁦@GobiernodeChile⁩ ⁦@PJudicialChile ⁦@Senado_Chile⁩ ⁦@Camara_cl⁩ https://t.co/5aL3ghlBR1″ / X

VIDEO DE CARABINEROS:

*Con los Hombres Invisibles no se Juega a las Escondidas*

Por Cristián Labbé Galilea

Aunque no es novedad señalar que el hombre es “un animal de costumbre”, este rasgo se ve agudizado cuando los hechos se suceden vertiginosamente y todo nos va pareciendo “normal”: el Presidente ya no nos sorprende con nada; ni hablar de la delincuencia; los disparates políticos son el pan nuestro de cada día… y así, suma y sigue. Pero en este contexto, así como hay realidades que resultan invisibilizadas, también hay personas que, conociendo dichas circunstancias, esconden la cabeza como el avestruz…

En ese tipo de situaciones destaca, a juicio de esta pluma, el “geriatricidio carcelario invisibilizado” que sufren centenares de octogenarios militares prisioneros en diferentes recintos carcelarios. Tal cual… “geriatricidio” (léase: genocidio geriátrico), que no es otra cosa que las acciones -deliberadas y sistemáticas- de discriminación, abuso y negligencia de las autoridades hacia viejos soldados… que sólo cumplieron con su deber.

Pasado medio siglo del 73, resulta impresentable que la sociedad política y la sociedad civil no reflexionen, en la actualidad, ante dicha realidad que se encuentra totalmente invisibilizada por aquellos que ocupan posiciones de poder, y que tienen no sólo la capacidad sino la obligación de hacer algo para buscar una salida humanitaria a este sádico acto de injusticia y venganza.

Todos sabemos que, a lo largo de la historia, las razones humanitarias nacieron como actos de compasión, de solidaridad y del deseo de aliviar el sufrimiento humano… En los griegos y los romanos encontramos miles de estos ejemplos; en la Edad Media y el Renacimiento fueron las órdenes religiosas y filantrópicas quienes prestaron ese invaluable auxilio humanitario, especialmente a las personas mayores…

Si las conductas humanitarias han sido históricas… ¿Cuál es la razón para que en la actualidad se les nieguen las razones humanitarias a esos viejos soldados, la mayoría de ellos con enfermedades terminales, otros absolutamente postrados, muchos sin saber realmente donde están… La respuesta es una sola, odio y venganza; en suma: sadismo.

Es ese sadismo que proviene del Marqués de Sade, (escritor francés del siglo XVIII) quien en sus obras estudia el placer que genera infringir dolor, humillación y sometimiento a quienes no tienen la capacidad de reaccionar; es ese sadismo el que define la conducta de nuestras autoridades judiciales y políticas porque, teniendo todas las facultades legales y administrativas para hacer algo noble, prefieren el “geriatricidio carcelario” y esconder la cabeza como el avestruz, porque así creen que invisibilizan el problema…

Finalmente, lo que esta pluma busca, con estas líneas, es advertir a sus leales parroquianos que, estando próximos a un proceso electoral, al momento de definir sus candidatos es importante tener en mente la posición que ellos y sus partidos han tenido sobre esta acción ilegal, injusta e indebida, contra más de 400 soldados que dieron libertad y progreso a nuestro país, y que hoy se encuentran prisioneros del pasado…

Sepan, señores políticos que han invisibilizado esta situación:… con los hombres invisibles no se juega a las escondidas.

Vox pópuli en el Nuevo Mundo

Por Christian Slater Escanilla

 El presente desmoronamiento político, social y económico que experimentan países como Venezuela, Nicaragua…

El presente desmoronamiento político, social y económico que experimentan países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y también Bolivia -aunque en bastante menor medida-, las miradas se posan sobre la República Federativa del Brasil. Este país optó por una suerte de ‘Nunca Más‘ que puso en jaque a los regímenes de izquierda de la América del Sur.

Todo lo cual tiene lugar cuando, en simultáneo, emerge en España una organización política que comúnmente es calificada por sus detractores como ‘de extrema derecha’. Con todo, el núcleo VOX (que remite a la expresión latina, y significa ‘Voz’) ha comenzado a adueñarse del proscenio, contando con un presidente y un secretario general que se ha desempeñado en las fuerzas armadas. Curiosamente, ofreciendo margen para una comparación con el caso de Jair Messias Bolsonaro en Brasil.

Francisco Ortega Smith -secretario del partido-, además de ser de profesión Abogado y dirigente político, porta doble nacionalidad. Es de padre español y madre argentina y, observando lo que sucede en nuestra región, es lícito prestar atención a las principales tres líneas estratégicas de VOX: el rescate del nacionalismo, las restricciones a la inmigración y la defensa de la familia tradicional.

En paralelo, los jefes de Estado de siete naciones sudamericanas (Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Ecuador) y los dignatarios diplomáticos de otros cuatro países (Guyana, Bolivia, Uruguay y Surinam) se han reunido en marzo pasado, en la República de Chile, a los efectos de crear el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR). La iniciativa persigue como meta el sepultar definitivamente a la ideologizada UNASUR, hacieno a un lado a las naciones de la región que no respeten el sistema y los valores democráticos, los derechos humanos ni las libertades individuales fundamentales. El novedoso órgano incorpora, además, una serie de convenios relacionados con Defensa, Seguridad y combate contra el crimen organizado, en tanto su agenda también abarca cuestiones vinculadas a la soberanía y la integridad territorial.

Ambos escenarios, por un lado, el reverdecer de un sólido nacionalismo propiciado por Jair Bolsonaro, con un marcado respaldo del presidente estadounidense Donald Trump y, por otro, un esfuerzo democrático de no pocas naciones sudamericanas que persigue aislar no solamente a Venezuela, sino también a Cuba y Nicaragua -y emitir un alerta a Bolivia-, coadyuvan a la construcción de un nuevo bloque geopolítico en la región, a la hora de hacer frente a las recurrentes amenazas personificadas en el narcotráfico y en organizaciones paramilitares que hoy prosperan al amparo de la izquierda. Amén de esta circunstancia, lo que está teniendo lugar puede vincularse, sin más, a una creciente descalificación y llamado de atención a la cada vez más ineficiente Organización de las Naciones Unidas (ONU). En síntesis, he aquí un grupo de países que se ha propuesto ponerle el cascabel al gato. Un gato viejo, flojo, lento, inoperante, con evidentes problemas de sobrepeso, y que cada día es más amigo de los ratones. Se ha llegado al inconfesable extremo de no saber qué hacer con el felino; pero lo cierto es que ahí está y es preciso alimentarlo día a día.

Al cierre, y repasando los contenidos de un paper oportunamente elaborado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) en febrero pasado, resulta alarmante el hecho de que la Madre Patria nos sitúa en el ‘barrio de la coca‘. Lo cierto es que nadie se salva, y por algo será. El estudio de referencia ejercita una división subregional, reuniendo a las naciones del orbe sudamericano en tres destacados grupos. Un área andina, integrada por Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Un Frente Atlántico-Caribeño, integrado por Venezuela y Brasil y un Cono Sur, integrado por la Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. El factor común del análisis es la comercialización del clorhidrato de cocaína. Unos, como los tradicionales productores otros, como los grandes corredores que permiten el tráfico entre distintos países, y ahora, le agregamos los flamantes grandes consumidores, como el caso de Chile.

Complementariamente, el informe alerta frente a la problemática del tráfico de armas, la explotación ilegal de la minería, la trata de personas, el tráfico de vehículos robados y de combustibles, y el rubro de la comercialización de ropa falsificada (falsificación marcaria). En el conjunto de los países mencionados se observa el aumento del crimen organizado, de la descarada corrupción política de personas de gobierno, y también, el surgimiento de entidades foráneas que, enmascarándose en fachadas ficticias, se relacionan con el terrorismo fundamentalista islámico.

Al respecto, pareciera ser que la escasa presencia del Estado en zonas geográficas de difícil acceso, lo que en Chile conocemos como Fronteras Interiores y que muchas veces no sólo se trata de un problema de conectividad, sino también de decisión política, al aceptarse que en las grandes urbes existan barrios y poblaciones a los que no llega ley ni autoridad alguna, favoreciéndose allí la radicación de grupos que operan con un sistema paralelo de autoprotección y sometimiento a partir del terror para consolidar sus intereses delictivos -como sucede fundamentalmente en Brasil, con el accionar de organizaciones paramilitares o milicias integradas por ex policías que ofrecen ilegales servicios de protección. Realidad a la que, aunque en menor medida, ya se asiste en esta subregión.

A la postre, lo anteriormente mencionado no remite a otra problemática que a la abierta incapacidad del Estado, por intermedio del gobierno de turno en cada país, al momento de ejercer un control efectivo del propio territorio y de sus fronteras; sucediendo lo propio a la hora de ofrecer respuestas a la violencia, echando mano de los medios tradicionales otorgados por mandato en la legislación. En el caso de Chile, esa disfuncionalidad se ha trasladado hacia el sur del país, forzando a la actual Administración a decretar el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en las Regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos. La gestión decidió involucrar a las Fuerzas Armadas, particularmente al Ejército, en actividades no–tradicionales. A este esfuerzo se agrega una medida anterior que ordena la implementación de controles en más de un centenar de pasos ilegales en en la frontera chilena con Perú y Bolivia -programa conocido como Plan Frontera Norte.

Seguir en @PatriotaSlater

Sobre Christian Slater Escanilla

Slater Escanilla es Coronel (R) del Ejército de Chile. Oficia de colaborador regular en medios de Chile y medios de comunicación internacionales.

CHILE MOMENTO DE DECISIONES

Por Roberto Hernández Maturana

Creo que estamos llegando a una inmovilidad peligrosa para el Estado, y el gobierno está llegando a un punto de inflexión en que tendrá que actuar más allá de su ideología, o tendrá que afrontar una creciente y rápida oposición que se puede salir de los cauces democráticos.

No es posible que los delincuentes del 19 de Octubre de 2019 y días posteriores hayan sido indultados en su mayoría y a varios se les haya otorgado pensiones de gracia, en tanto hay Carabineros procesados, incluso el General Director que está pronto a ser formalizado por una justicia permeada ideologicamente “por la responsabilidad que le cupo en el control de los Carabineros en la calle, en esos días en su función como Director de Operaciones” y que se esté alentando su renuncia por partede las autoridades políticas.

Boric da muestras erráticas una y otra vez, en lo político, en lo económico, en seguridad, y muchos se preguntan si es una estrategia o una incapacidad… o ambas cosas, pero la situación se está saliendo de control, y al gobierno se le acaba su libertad de acción, para seguir actuando de esta forma.
O gobierna protegiendo los intereses del Estado, y la mayoría ciudadana, o se mantiene como una entidad ideológica, apoyado por menos del 30% de los chilenos.

Enrique Slater @slater_enrique

Así es. El Estado, especialmente el poder Ejecutivo y el Judicial, han centrado la persecución y venganza política en los militares y carabineros . Es la forma de debilitar a las instituciones fundamentales de la República. Con ellos la justicia es implacable e injusta. Basta.

Cita

patricia astorga @astorgapa

En respuesta a @CNNChile

DE QUÉ SIRVEN LAS CONDOLENCIAS DE BORIC Y SU GOBIERNO SI AL FINAL LO ÚNICO QUE HACEN ES PERSEGUIR A CARABINEROS Y CADA VEZ TENERLOS CON LAS MANOS MÁS AMARRADAS

Es hora que el país salga de su estado de confort y exija a las autoridades del Estado, un cambio radical contra el terrorismo y la delincuencia. Hay que perseguirlos y buscarlos en los lugares que se esconden. Entre ellos Temocuicui. Descansen en paz nuestros Carabineros.

Cita

José Antonio Kast Rist 

@joseantoniokast

Emboscados. Quemados. Asesinados. Basta de palabras y promesas falsas. Los chilenos quieren acción, nuestros Carabineros necesitan protección. #EstadoDeSitio #DestitucionGabineteSeguridad #ControlDeFronteras

Enrique Slater

@slater_enrique

Aprendices de politiqueros, ingenuos ideólogos, ignorantes niños de izquierda que creen saberlo todo. Ojalá que con la tragedia de dolor y muerte que se vive en La Araucanía, hayan abierto los ojos. Chile es una sola nación. La Nación Chilena.

Cita

GigantePaso – Kaiser Presidente 22-44-63%

@gigantepaso

Respondiendo a @NavarroGenta @KarolCariola y 2 más

Un poco de memoria del FA. Son todos unos hipócritas.

https://x.com/slater_enrique/status/1784343388591898758?t=vdECkgS0wLgDGP1vo2ttrg&s=08

Interesante columna de informaciónde Tere Marinovic:

https://youtu.be/MQZehY90v2I?si=VMylfPlo04L7hXJ5

La historiadora y biógrafa del ex ministro Sergio de Castro, quien falleció este viernes a los 94 años, aborda su trayectoria y trascendencia. Asegura que «ha sido el ministro de Hacienda más importante del siglo XX» y que «fuimos un experimento tremendamente exitoso gracias al liderazgo que tuvo Sergio». «No se puede entender la historia del Chile contemporáneo sin su figura», afirma Arancibia, una de las últimas en entrevistar al economista.

por El Líbero27 abril, 2024

Durante la mañana de este viernes falleció, a los 94 años, el ex ministro de Hacienda y de Economía, Sergio de Castro, el llamado «padre» del modelo económico chileno durante el gobierno militar de Augusto Pinochet. De Castro fue un emblemático «Chicago Boy» y uno de los principales académicos que redactaron «El ladrillo», el documento con las bases del sistema económico implementado en nuestro país a fines de los 70.

En conversación con El Líbero, su biógrafra, Patricia Arancibia, autora del libro publicado en 2007, «Sergio de Castro. El arquitecto del modelo económico chileno» aborda su partida y su trayectoria.

La historiadora, una de las últimas en entrevistarlo en su programa ‘Cita con la Historia’, afirma que «la trascendencia de Sergio de Castro es vital» y que «no se puede entender la historia del Chile contemporáneo sin su figura».

A su juicio, De Castro «ha sido el ministro de Hacienda más importante del siglo XX, porque es el que produjo la revolución. Produjo un cambio trascendental, de fondo, en cómo miramos la economía».

Arancibia explica que su legado es muy importante y relata que De Castro «fue ministro de Economía y de Hacienda cuando los precios estaban fijados, cuando los aranceles eran altísimos, donde no existía ninguna posibilidad de que llegaran al país productos importados. Entonces, él abrió la economía al mundo mucho antes que Thatcher y que Reagan. Fuimos un experimento tremendamente exitoso gracias al liderazgo que tuvo Sergio«.

Por último, la historiadora lamenta su fallecimiento y asegura que «la partida de Sergio me ha implicado un gran remezón, un gran dolor, porque era un gran amigo, una persona muy cercana a la cual yo he admirado y he querido muchísimo».

Vea la entrevista a Patricia Arancibia y el programa ‘Cita con la Historia’ con Sergio de Castro aquí:

ETIQUETADO:el ladrillopatricia arancibiaSergio de Castro

2 Comentarios

1. Álvaro Cambara Lodigianidice:

26 abril, 2024 en 22:34

Un procer de la Patria ha muerto. De la talla de Portales y más.
Que en paz descanse.

2. Carlos Souper Quinterosdice:

27 abril, 2024 en 00:36

Mis sentimientos de pesar a la familia por su partida de este mundo, su obra fue visionaria y de efectos perecederos. Un líder, marcó camino.

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Tres carabineros fueron asesinados en una emboscada en Cañete

Un sargento y dos cabos de Carabineros murieron en la madrugada de este sábado luego de una emboscada a la patrulla en la que se movilizaban en el sector de Antiquina, en la comuna de Cañete, en la Región del Biobío.

Según informó la institución, los carabineros “realizaban patrullajes preventivos en la comuna de Cañete, cuando fueron cobardemente asesinados“.

El grupo armado disparó contra la patrulla y luego le prendió fuego con los funcionarios en su interior.

Los funcionarios fueron identificados como el sargento primero Carlos José Cisterna Navarro y los cabos primero Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid.

“Una vez más cargamos con el luto, con el peso de un cruel y vil asesinato. Fueron terriblemente asesinados tres carabineros que se encontraban cumpliendo y brindando seguridad en una zona que sabemos que es compleja. Pero nuevamente nuestro mes de abril, nuestro aniversario se ve detenido por sangre, por quienes no dudan en asesinar a quienes nos cuidan“, dijo el general director Ricardo Yáñez

En esa línea, indicó que “estamos dolidos, profundamente acongojados por esto, transmitimos nuestras condolencias a sus familias, a sus compañeros de trabajo”.

El crimen ocurre en las primeras horas del Día del Carabinero, fecha en la que estaban los ojos puestos en el general Ricardo Yáñez y una eventual renuncia debido a la formalización en su contra que se avecina.

Sin embargo, el asesinato de tres funcionarios cambió los planes y se decidió suspender la celebración, debido a que el general Yáñez, la ministra de Interior, Carolina Tohá, y el Presidente Gabriel Boric viajan esta misma mañana a la Región del Biobío.

CARABINEROS MURIERON CALCINADOS

La ministra de Interior, Carolina Tohá, entregó nuevos antecedentes el crimen de los carabineros, detallando que sus cuerpos fueron encontrados calcinados al interior del vehículo policial.

Tohá relató que “esta noche se ha producido un atentado extremadamente grave a una patrulla policial en la que se han encontrado los cuerpos de tres funcionarios calcinados”.

“Se recibió por parte de Bomberos un aviso de un vehículo incendiándose y cuando llegaron al lugar descubrieron que se trataba de una patrulla de carabineros. Era un vehículo que se dedicaba a hacer control de medidas cautelares en la zona y al interior del vehículo descubrieron a los tres funcionarios fallecidos y en esta condición de calcinados”, precisó.

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97 Aniversario 27-IV-2024

Región de La Araucanía

Militar dispara a comunero que lo intentó atropellar para evitar fiscalización en ruta Victoria – Púa

Escuche esta interesante carta leida en Radio. Agricultura y que da una visión global de lo que está sucediendo en nuestro país:

Enrique Slater @slater_enrique

El individualismo nos impide ver como sociedad, la injusta persecución del Estado, contra los militares y policías. Se emplearon ante una demanda nacional y en cumplimiento del deber de servicio a la Patria. Están abandonados gracias a una sucia, interesada y traidora campaña.

Muy claros planteamientos, con respecto a la situación que viven militares y policías, producto de procesos ya cerrados e ilegalmente reabiertos. Lo más grave, es que el Estado y en particular el Poder Judicial, permite que esto ocurra.:

https://ellibero.cl/columnas-de-opinion/justicia-militar-para-militares-y-policias/…

*CÁRCELES DE EXTERMINIO EN CHILE.*

Por Christian Slater E

En más de 30 años, desde 1989, en relación a nuestros camaradas, hoy en Cárceles de Exterminio y que son perseguidos por una justicia que, con montajes periodísticos, falsos testimonios, ficciones jurídicas y aberrantes fallos, les atribuyen crímenes, que en su gran mayoría, no cometieron ni participaron, poco y nada hemos logrado, porque simplemente no somos una amenaza válida ni creíble. Es más, somos quijotes en el ocaso de nuestras vidas.

Aclaro que no me refiero a una amenaza que implique el uso de la fuerza, la que solo es legal bajo el amparo de la ley, la constitución y en manos de los únicos que la pueden ejercer: las Fuerzas Armadas y de Orden. Sabemos, eso sí, que ahora, para que ello ocurra, también deben existir los respaldos, políticos y judiciales, suficientes para impedir persecuciones posteriores a quienes hagan uso de esa fuerza.

Me refiero a esa amenaza que solo adquiere su verdadera magnitud cuando está imbuida de la fuerza indomable de la certeza y la posibilidad. Una amenaza, donde cada palabra resuene con la promesa de la acción inminente respaldada por la voluntad y los recursos para llevarla a cabo. Es en esas circunstancias, cuando los jueces prevaricadores contemplarán su destino en la sombra de nuestra determinación, al ver que la amenaza se erige como un coloso imponente, capaz de infundir temor en quienes han hecho de la justicia un negocio bajo el amparo y la conveniente colusión política con un sector que solo busca venganza y de otro sector, que está dispuesto a traicionarnos, una y mil veces, si con ello logra ganarse el escaso apoyo necesario para mantenerse en el poder político. Aquellos, como ahora ocurre nuevamente, que cada cuatro años aparecen con promesas que nunca cumplirán.

Para quienes aún no tenemos tornillos sueltos y estamos viejos para los cantos de sirenas de una cobarde, traidora y podrida clase política mal elegida por una ignorante sociedad, sabemos que solo nos queda la solitaria, amarga y desmotivante vía judicial, donde no hemos sabido explotar y develar, con pruebas concretas, las debilidades y prevaricaciones de una justicia que permite que todas las aberraciones, ya vistas y por ver, sigan ocurriendo.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Margarita Riofrío de Merino, distinguida dama que junto a un grupo de señoras voluntarias y el respaldo de la Armada de Chile crearon en 1974 la Corporación de Ayuda al Niño Limitado. Enviamos nuestras condolencias a su querida familia.

ONG CREN

 A los 101 años muere Margarita Riofrío, la viuda de José Toribio Merino

Este viernes se comunicó la muerte de la viuda del almirante José Toribio Merino, a los 101 años de edad.

La viuda del almirante José Toribio Merino, quien asumió como comandante en jefe de la Armada y miembro de la Junta Militar durante el 11 de septiembre de 1973.

José Toribio Merino fue uno de los principales planificadores del Golpe de Estado, y ella, como esposa de uno de los altos mandos del Gobierno Militar, tuvo un rol importante en las actividades sociales.

Margarita jugó un papel en la creación de la Corporación de Ayuda al Niño Limitado (Coanil) en 1974. Ese año, Coanil comenzó a crear residencias y escuelas a lo largo de todo el país, con el objetivo de mejorar la situación social y económica en que se encontraban las personas en situación de discapacidad intelectual (PeSDI), especialmente en los sectores de extrema pobreza del país.

https://www.df.cl/economia-y-politica/macro/a-los-94-anos-fallece-el-exministro-de-hacienda-sergio-de-castro

Enrique Slater @slater_enrique

¡Increíble! A los asesinos del Tren de Aragua, la Suprema acoge un recurso de amparo ya que algunos de ellos, no han tenido comunicación con su defensa. Ojalá la Corte tuviera esas mismas consideraciones en los procesos de militares y policías acusados por cumplir con su deber.

 Embajadora de EEUU toma drástica decisión tras filtración de sesión secreta en la Cámara de Diputados

Publicado por Alberto González
La información es de Gonzalo Olguín

La embajadora de Estados Unidos (EEUU) en Chile, Bernadette Meehan, tomó una drástica decisión luego que se filtrara el contenido de una sesión que había sido declarada secreta en la Cámara de Diputados.

Se trata de una sesión realizada el pasado martes 16 de abril en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde se abordó la situación en que se encuentra Chile respecto a su estatus como miembro del Programa Visa Waiver con Estados Unidos.

Esto último, especialmente debido a los casos de los “lanzas chilenos” que han sido detenidos en el país norteamericano, lo que ha hecho poner en duda la continuidad de la iniciativa.

El problema es que si bien la sesión se declaró secreta, parte de lo que se abordó fue filtrado al diario electrónico El Mostrador. Esto provocó la molestia de la embajadora Meehan, especialmente porque aseguró que la información que se reveló era “inexacta”.

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Por lo anterior, la representante diplomática en nuestro país tomó la decisión de no celebrar más reuniones informativas del tema en el Congreso.

Así lo develó el diputado independiente del comité del Partido Social Cristiano, Johannes Kaiser, tras un correo enviado por la Embajada de Estados Unidos (EEUU) en Chile, luego que le pidiera una audiencia.

“Lamentamos informarle que la embajadora Meehan no realizará más reuniones informativas para los miembros del Congreso sobre el Programa de Visa Waiver”, indica el e-mail.

“Ella viajó a Valparaíso el 16 de abril y se reunió con la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados para discutir el Programa de Visa Waiver. Aunque los organizadores le aseguraron que el debate sería confidencial y se celebraría a puerta cerrada, los detalles de este se filtraron a la prensa de forma inexacta”, acusa.

“Por lo tanto, la embajadora Meehan no celebrará más reuniones informativas sobre el Programa de Exención de Visado en este momento”, sentencia el correo electrónico.

Critican filtración de sesión secreta con embajadora de EEUU

Al respecto, el diputado Kaiser aseguró que “en la práctica, la embajadora de los Estados Unidos está denunciando un delito, ya sea de un parlamentario o de un miembro de la Comisión”.

En ese sentido, el parlamentario confirmó que los antecedentes fueron puestos a disposición de la Secretaría General de la Cámara para que tome contacto con la Fiscalía e iniciar las acciones penales del caso.

“No es la primera vez que acá en este Congreso, parlamentario han preferido violar la ley a cumplir con las obligaciones que tienen como mandatarios”, criticó.

“Una vez declarada secreta la sesión, los miembros de la comisión, los miembros del equipo que está acompañando a esa comisión, están obligados por ley a guardar secreto, no importa si solamente se comparten recetas de cocina”, sentenció.

“Hasta el momento, en otras comisiones no tenemos culpables, pero espero que en este caso sí podamos identificar a quienes son responsables, se abra el proceso y se persiga hasta las últimas consecuencias”, señaló Kaiser.

Mientras, el diputado republicano, Stephan Schubert, junto con lamentar lo sucedido con la embajadora de EEUU, relató que también fue contactado para develar lo sucedido en la sesión secreta.

“Es muy lamentable lo que señala la embajadora y la verdad es que la molestia no es solo de ella, la molestia es de varios de nosotros. Este es un poder del Estado que lamentablemente se está desprestigiando cada día más”, apuntó.

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“La prensa me contactó intentando que yo señalara lo que se había conversado en secreto y mi respuesta fue la misma. Me molesta que me lo pregunten siquiera, porque la sesión es secreta y lo que ahí se conversa se mantiene en secreto”, enfatizó.

“Me ofrecían hablarlo obviamente en off, y yo les señalé que no, porque eso no corresponde. Me parece una vergüenza que haya personas que estuvieron presentes en esa sesión y que hayan ido a la prensa y contado lo que haya ocurrido”, subrayó.

“Es impresentable. Es una vergüenza para la Cámara que algunos diputados filtren aquello a la prensa. Yo me alegro por la decisión que ha tomado la Mesa de oficiar al Ministerio Público. Creo que es lo que hay que hacer”, criticó por su parte Schubert.

Asimismo, Kaiser advirtió que será complejo recuperar este “quiebre de confianza”, criticando el daño a la imagen que se ha producido.

“Creo que lo que se ha producido aquí ha sido un tremendo daño a la imagen país de Chile, es un tremendo daño a la dignidad del Congreso y es un tremendo daño también al trabajo que tenemos que realizar y vamos a seguir realizando con nuestros principales socios comerciales”, fustigó.

Así también, el diputado socialista, Daniel Manouchehri, se sumó a las críticas por lo sucedido.

“Es impresentable que se filtren sesiones secretas, si son sesiones secretas, no sesiones para que hablen con los medios de prensa respecto del contenido de esas sesiones. Si esas sesiones tienen ese carácter, es justamente para resguardar información relevante para nuestro país. Nos parece que es una situación impresentable y que se debe investigar a fondo”, opinó.

“Habrá que hacer todos los esfuerzos diplomáticos para poder retomar una relación con la embajadora, puesto que están en juego también situaciones relevantes para todos los chilenos”, añadió.

Por último, Manouchehri dijo que “nosotros creemos que este tema se debe investigar y se debe sancionar de comprobarse responsabilidades de parlamentarios”

Publicado por BioBio.cl

EL DERECHO

Nuestra Excma. Corte Suprema -en materia de derechos humanos- siguiendo a Dworkin, “no se ha tomado en serio los derechos”, no estando a la altura de lo que se le debe exigir al máximo tribunal de la República: ser un Tribunal de Derecho. Que si bien esta magistratura no ha dudado en recoger el “mandato jurisprudencial internacional” de aplicar por vía del artículo 5° inciso 2° de la Constitución (“control de convencionalidad”) el Derecho internacional de los derechos humanos, lo ha hecho de manera sesgada e infringiendo el Derecho interno, aun cuando se trate de normas penales de carácter imperativo y no facultativo o discrecional.

Que, por otro lado, este mismo Tribunal -acogiendo irreflexivamente la figura del delito de “lesa humanidad”- no ha trepidado en vulnerar derechos adquiridos, aplicar retroactivamente la ley penal, transgredir los principios pro reo, de legalidad, de tipicidad, de igualdad y, finalmente, el principio pro homine.

Que la situación anterior se ve agravada por el hecho que esta forma de actuar jurisprudencial ha tenido severas repercusiones en diversos institutos del Derecho penal, como la prescripción, la media prescripción, la autoría y participación, las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, los beneficios penitenciarios y la responsabilidad civil derivada de los delitos, entre otros.

Que también, nuestro máximo Tribunal ha hecho gala de su desidia frente a la afectación de los derechos de los afectados por estos fallos, en su gran mayoría, personas privadas de libertad o en proceso de estarlo, por causas de derechos humanos por actos cometidos durante el Gobierno Militar, varios de los cuales son personas octogenarias y nonagenarias, algunas gravemente enfermas e incluso, discapacitadas.

Que, si bien frente a esta mayoritaria jurisprudencia se han levantado voces contrarias al interior del mismo Tribunal, plasmadas en diversos votos disidentes o prevenciones de connotados ministros, ello no ha sido óbice para que se mantenga esta mala jurisprudencia, principalmente, por la Segunda Sala Penal.

Que toda esta situación, es decir, una Sala de la Excma. Corte Suprema que falla constantemente contrario a Derecho, deshumanizadamente y desconectada de las finalidades de la pena, sumado al hecho que las personas afectadas por estos fallos han sido juzgadas hoy, pero por hechos acaecidos hace medio siglo, bajo un proceso penal obsoleto, parcial y anti garantista, donde quien instruye juzga y falla son la misma persona, ha provocado la necesidad de revisar detalladamente esta forma de actuar de esta Sala del máximo Tribunal, con el objeto de determinar las responsabilidades penales que la infracción de la ley conlleva y que, por ejemplo, el delito de prevaricación contempla (artículo 223 del Código Penal), sin perjuicio de la exploración futura de otras figuras comunes, como la del artículo 492 del mismo Estatuto punitivo.

Carla Fernández Montero
Abogado Penalista Derecho Penitenciario

PREINFORME-DERECHO-DC-

Otro caso de justicia para militares

SEÑOR DIRECTOR:

En este y otros medios se ha discutido en tiempos recientes los casos del comandante Crespo o el soldado conscripto Robledo, pero en esta oportunidad quiero llevar la atención a un caso de octubre del 73 ocurrido en Angol, en que lamentablemente murieron 2 jóvenes y que involucra a 13 militares de la época, de los cuales dos eran soldados conscriptos que hacían su servicio militar.

Este era un caso ya juzgado, en que se había condenado al que era el segundo comandante del Regimiento Húsares, quien fue el que dio la orden de matarlos y estaba confeso. Posteriormente en el 2005 la Corte Suprema amnistió al condenado por estar prescrito

Por alguna razón, bajo el primer gobierno de Piñera muchas causas de este tipo fueron reabiertas, y quizás ello podría haber sido lógico en otros casos, pero no en este, en el cual ya había un claro responsable que estaba juzgado y condenado.

De los 13 a los que se les condena, solo dos tuvieron una participación directa, ya que fueron los que dispararon, pero dicho eso, eran un cabo y un soldado conscripto cumpliendo órdenes, por lo que se les debiera eximir del caso.

Los otros 11 no tienen culpabilidad alguna en las muertes de los jóvenes, condenarlos a su edad, mas de 50 años después, por algo que no son culpables y en donde el mando asumió la responsabilidad no suena muy justo. Es mandarlos a morir a la cárcel. Dicen que la justicia es ciega, pero ello no quita que deba ser justa.

Las Fuerzas Armadas y las policías del Chile actual observan estos casos y los más recientes ocurridos cuando han debido poner orden a los desórdenes, estallidos y revoluciones. En épocas en que se discute la posibilidad de que vuelvan a la calle, toman nota de la forma en que paga Chile a los que han debido cumplir ordenes o simplemente tienen el pecado de haber sido militares o carabineros en la época equivocada.

Richard J. Kouyoumdjian Inglis

AthenaLab

El País es de los Audaces

Ante la pregunta frecuente, “¿cómo el país ha caído en el comunismo?”, hay una respuesta simple: porque  los comunistas son audaces. No les importa nada el “qué dirán”. En las encuestas de opinión reciben el mayor rechazo. Les da lo mismo.

¿Cómo se explica que en democracia, donde se supone que la mayoría manda y repudia a los comunistas, gobiernen los comunistas? Porque son audaces, están en el gobierno, en el poder judicial y, si no tienen mayoría en el parlamento, la consiguen a como dé lugar.

Desde luego han creado un estado donde se pagan a sí mismos remuneraciones que exceden en promedio en 50 % a las del sector privado (La Tercera, 20.11.21). Cuando Pinochet equilibró el presupuesto en 1975 el estado tenía 300 mil funcionarios. Tuvo que echar a 90 mil para cubrir el déficit del presupuesto. Hoy, con los comunistas en el poder, hay un millón 220 mil. Y ahí mandan ellos.

Hicieron la revolución armada antes de 1973 y ahora los contribuyentes chilenos les pagamos centenares de millones de dólares anuales para resarcirlos porque los militares (convocados por los políticos civiles) la derrotaron. ¿Cómo logran los millones de “indemnización”? Con audacia. Un ministro sumariante de DD. HH. llamado Álvaro Mesa Latorre, de la corte de Temuco, ha mandado a presidio a trece exmilitares ancianos, por la muerte en 1973 de dos sujetos en Angol acusados de disparar contra el regimiento. Y ordena al Estado pagar $300 millones que no tiene por qué pagar. ¿Cómo? A punta de audacia, contra toda legalidad, contra la verdad de los hechos y hasta contra un fallo de 2005 de la propia Corte Suprema.. Y esto tan insólito ni siquiera ha salido en algún diario de circulación nacional. La causa había sido cerrada y sobreseída ante la justicia militar en 1973, los hechos fueron amnistiados en 1978; después de 2000, cuando se fue el general Pinochet y los jueces rojos hicieron todo lo que no se habían atrevido a hacer cuando era comandante en jefe, la propia Corte Suprema, según El Mercurio de 6 de agoto de 2005, sobreseyó a todo el regimiento en la misma causa. Bueno, el audaz Mesa, (que antes ha condenado a exmilitares “por haber sido militares”, audacia extrema) pasó hasta por sobre la jurisprudencia de sus superiores jerárquicos. Y no le va a pasar nada, porque es audaz.

Si usted lee el best-seller del teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo no va a poder entender cómo nuestros uniformados han podido ser maltratados por antisociales y, pese a ello, son perseguidos por entes del gobierno al cual sirven. Porque mandan los audaces: el Instituto de DD. HH., la Brigada de DD. HH. de la PDI, el Consejo de Defensa del Estado y, además. los persiguen los fiscales más audaces del Ministerio Público. Resultado: antisociales libres y carabineros presos.

Se ha conseguido que ni siquiera cuando los antisociales les disparan a los carabineros éstos puedan usar sus armas de reglamento. ¿Cómo? Con pura audacia, pues el Código de Justicia Militar dice (art.410)  “será causal eximente de responsabilidad penal para los carabineros el hacer uso de sus armas en defensa propia o en la defensa inmediata de un extraño al cual, por razón de su cargo, deban prestar protección o auxilio”. ¡Pero los carabineros no pueden usar sus armas!

Y así se han tomado el país, constituyen la burocracia de más altos ingresos y su última audacia ha consistido en sobornar a un parlamentario, a vista y paciencia de irresolutos, tibios y entreguistas, para así ellos presidir la Cámara de Diputados.

¿Qué dicen los “sensatos”? “Hay que llegar a alguna clase de acuerdo con los audaces.”

Hermógenes Pérez de Arce

El Gobierno dejará de pagar las indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado que presenten irregularidades

Lo informó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Iniciarán una auditoría, ya que aseguran haber detectado maniobras para falsear datos, y analizan reclamar la devolución de dinero cobrado

Publicado: 22 Abr, 2024 06:48 p.m.Actualizado: 22 Abr, 2024 08:24 p.m. EST

El Gobierno Nacional informó este lunes que dejará de pagar las indemnizaciones reclamadas por personas que aseguran haber sido víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en el país, luego de haber detectado irregularidades en los trámites, según informó el Ministerio de Justicia.

“Dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”, escribió el ministro Mariano Cúneo Libarona, dando cuenta del comunicado.

De acuerdo al texto, difundido a través de la cuenta oficial de X del organismo nacional, la medida se debe a la detección de “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”, del beneficio para las personas que fueron sometidas a crímenes de lesa humanidad.

Los hechos tuvieron lugar durante el gobierno de facto, entre los años 1976 y 1983, en los que integrantes de las Fuerzas Armadas desaparecieron y torturaron personas. Hasta hoy, el Estado había compensado el daño sufrido por las víctimas. Con la disposición adoptada por la gestión actual, eso será sometido a revisión.

El ministro, integrante del gabinete del presidente Javier Milei, avanzó en la decisión a través de la resolución ministerial N RS – 2024 – 40979055 – APN – MJ, mediante la cual se impone una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado.

Entre los fundamentos, Justicia señala que la medida surge a partir de la causa “”Martínez Moreira, Adrián y otros sobre defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal. Ese expediente fueron procesadas personas a quienes se acusa de haber falseado datos para percibir el beneficio que otorga el Estado. El organismo nacional asegura que no es el único caso.

“El Ministerio articulará las medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo perseguirá la devolución de las sumas pagadas por fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”, finaliza el texto que compartió Cúneo Libarona.

Las compensaciones económicas y pensiones que otorgó hasta hoy el Estado a las víctimas de la últimas dictadura militar están previstas por seis leyes nacionales promulgadas entre 1991 y 2013. Se aplican cuando un denunciante inicia un juicio contra el Estado y prueba el daño en una causa judicial. Sin embargo, el Gobierno sostiene que muchos de los fallos pueden haber sido obtenidos a través de documentación falsa.

El organismo encargado de su ejecución fue la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, que coordina con el Poder Judicial para obtener las pruebas necesarias para la acreditación de cada pedido de reparación, y que depende del Ministerio de Justicia.

Luego de la resolución, el ministro informó que la presunta estafa anida en alrededor de 100 casos, con trámites iniciados en la Justicia, en las que se reclamaron pagos por 150 mil dólares en cada presentación, lo que hace una cifra de 15 millones de dólares. El Gobierno sostiene que todos esos presentan sospechas, por parte de quienes iniciaron el trámite, de haber falseado datos. “Esto no puedo haber ocurrido sin la colaboración de funcionarios”, denunció Cúneo Libarona en declaraciones a LN+.

El funcionario indicó que el Estado ya pagó 7.996 indemnizaciones a victimas del terrorismo en Argentina. También afrontó la compensación de 14.400 casos de exiliados.

La resolución emitida este lunes por la cartera conducida por el ministro Cúneo Libarona tiene como antecedente en el oficialismo una iniciativa que había defendido Victoria Villarruel incluso antes de ser electa Vicepresidenta.

En 2021, incluso antes de convertirse en Diputada Nacional, la compañera de fórmula de Javier Milei había manifestado: “El curro de los derechos humanos sigue vigente. Consiste en una cantidad impresionante de indemnizaciones a personas detenidas, desaparecidas, que se exiliaron y a niños apropiados. Hubo víctimas de estas supuestas desapariciones que fueron indemnizadas, porque hay una ley que así lo dispone”, planteó en forma crítica Villarruel en aquella oportunidad.

La bala asesina que quitó la vida al teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez provoca enojo e impotencia, nos lleva a reflexionar y a ser creativos, nos obliga a ser decididos y cambiar con urgencia el rumbo de las cosas. No se trata de repetir esas frases como “ya no puede morir ningún carabinero más”, como si antes hubiera sido aceptable que los mataran; o buscaremos a los responsables, como si el problema fuera este caso puntual y no una situación más grave y extendida.

Sánchez tenía 27 años y las noticias nos informan que el miércoles 9 participó en una ceremonia evangélica, a la que asistió con su señora y su hijo de sólo 3 años. Poco después vio que se intentaba cometer un delito, y tras seguir a una moto fue interceptado por un automóvil y baleado sin piedad, si bien alcanzó a utilizar su arma de servicio. Como ha ocurrido en otros casos similares, sus atacantes resultaron ser de nacionalidad venezolana y habían ingresado ilegalmente a Chile. Según señaló uno de ellos, se dedicaban a robar teléfonos y ahora sumaron un homicidio a su prontuario.

Las leyes y prácticas permisivas han acentuado en los últimos años el ingreso de inmigrantes ilegales (aunque algunos sostienen que esta categoría no existe, es utilizada en los más diversos países). Algunos de ellos se trasladaron a Chile con la expresa decisión de delinquir, aprovechando la debilidad de las instituciones y la descomposición que ha vivido el país en diversos ámbitos durante los últimos años. Eso choca tanto con los muchos y mayoritarios inmigrantes honestos que hay en el país y aportan con su trabajo, como con aquellos que han cumplido las normas de convivencia social y legal. Inmigración ilegal y delincuencia -dos de las principales preocupaciones de los ciudadanos- vuelven a unirse a raíz del lamentable asesinato del teniente Sánchez.

Me resisto a pensar que este es el séptimo carabinero asesinado durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Si bien eso es verdad, lleva el problema al plano de las estadísticas, deshumaniza la crisis profunda que vive Chile y nos puede llevar a acercarnos de manera torpe a las soluciones.

No obstante, es necesario hacer un balance y constatar algunas realidades que hoy afligen a la sociedad:

1. La delincuencia es un problema gravísimo, y algunas de sus expresiones son los asesinatos que han ocurrido y aumentado en el último tiempo.

2. En la inmigración ilegal –que incluye el ingreso de numerosos delincuentes– ha existido indolencia o complicidad de parte de las autoridades chilenas en los diversos niveles involucrados.

3. Existe la sensación de que la delincuencia avanza y el Estado –el gobierno, el Congreso Nacional, el Poder Judicial– no tiene o no utiliza todos los recursos a su disposición para combatirla con razonables posibilidades de éxito.

4. Las declaraciones grandilocuentes o aquellas más sencillas o íntimas no resuelven los problemas del narcotráfico, la delincuencia y las bandas criminales. Se requieren mejores leyes, instituciones, políticas públicas y usar la fuerza del Estado. En esto no puede haber contradicciones entre el discurso y la realidad.

5. Carabineros y la PDI –eventualmente también otras instituciones– necesitan el respaldo decidido y los recursos profesionales, humanos y económicos necesarios para combatir y derrotar al crimen.

6. Las medidas requieren consistencia en el tiempo, no volatilidad, oportunismo electoral o adecuación a la ubicación en el mapa del poder. Por eso debería ser casi irrelevante qué agrupación está en el gobierno y cuál en la oposición, porque luchar por la paz social y combatir la delincuencia corresponde a las políticas de Estado y no a las propias de un sector político.

Por cierto, faltan muchas otras definiciones y acciones, también un trabajo cada vez más intenso y  con resultados visibles. Además es verdad que en los aspectos mencionados hemos experimentado numerosas contradicciones, cambios de posición y posturas contraproducentes. Los ataques abiertos contra Carabineros con ocasión de la revolución de octubre de 2019 (incluyendo el famoso “perro matapacos” que tanto encandiló a algunos políticos, comunicadores y ciudadanos en aquellos días de ebullición social) no solo fueron una pésima señal pública sino también una contribución odiosa al deterioro institucional.

Esta segunda semana de abril hemos vuelto a recordar una estrofa del himno de Carabineros de Chile, que nos deja una doble lección negativa. Vale la pena reproducirla:

“Otros la vida gocen en calma

Disfruten ellos dicha y solaz

Nosotros vamos tras de la palma

Que el sacrificio nos brindará”.

El problema del momento actual es que desde hace bastante tiempo los chilenos no pueden gozar en calma ni disfrutar la “dicha y solaz” de la paz civil y la seguridad pública. Por otra parte, hemos comprobado una vez más que un carabinero ha marchado “tras de la palma” que el sacrificio le brindará. El tema es más doloroso cuando comprendemos que se podría haber evitado y que las cosas no deben ser necesariamente como las estamos viendo en Chile.

El asesinato del teniente Emmanuel Sánchez nos deja, una vez más, lo mejor y lo peor de Chile. Por una parte, el triunfo de la ilegalidad, la violencia y el crimen, que se suman al fracaso del Estado y la indolencia práctica de las autoridades. Por otra parte, el martirio de un carabinero joven, el amor a Chile –hasta dar la vida si es necesario–, a su familia y a Dios, que en una corta existencia deja un ejemplo de honor y patriotismo que, en realidad, querríamos haber evitado.

Para ello no se requieren palabras, declaraciones interesadas y oportunistas, ni tampoco puestas en escena para la ocasión. Se necesita liderazgo y determinación, estar en el lado correcto de la historia y obrar en consecuencia. Solo así un carabinero menos se transformará en un Chile mejor.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el domingo 14 de abril de 2024.

El PC: un pie en La Moneda y otro en la calle

Por Rodrigo Ojeda 

La sobreviviente y menospreciada Constitución de 1980 considera el derecho a la manifestación, derecho entendido como la instancia de reunión y expresión de intereses en común que son manifestados por los marchantes, sin olvidar que dicho encuentro debe ser en todo momento pacífico y sin armas. Así nacen las marchas, pancartas y un sinnúmero de consignas que acompañan el desplazamiento por las calles y lugares simbólicos de la izquierda callejera. Verdaderos cantos de sirena y promesas que suenan bien pero que no necesariamente son realizables. Basta con recordar la promesa incumplida de educación: “gratuita y de calidad”. Usted mismo puede ejercitar y recordar otros ejemplos del petitorio de la calle. Son hábiles desde el relato y la consigna en sus pliegos de peticiones infinitas y sin financiamiento. Prometen pero no cumplen.

En enero de este año los abrazos comunistas rodearon al Presidente Boric, quien entonces declaró: “Hoy día ese abrazo que nos damos aquí sigue también siendo un acto de resistencia y de rebeldía, porque muestra que estamos juntos y que estando juntos somos muchos más fuertes para luchar por construir un Chile más justo y digno”. La lucha de comunistas y del compañero Boric se vuelve eterna y un pacto ante enemigos poderosos. Tras dos años de habitar el cargo, el gobierno no presenta grandes logros ni avances; el programa al menos está entrampado (con bajos niveles de cumplimiento) tras la gran derrota constituyente del pacto octubrista (Primera Convención) y un legislativo sin mayorías. Lo poco logrado recuerda la hazaña de Pirro.

A ratos la coalición de gobierno (PC y FA mayormente) entra en contradicciones y tensiones internas; nos dijeron tener una moral distinta y estar por sobre la política de los acuerdos de la transición (la detestan), pero gobernar requiere más que buenas intenciones y verborreas, siempre es más fácil destruir que construir. Otros no han descartado: avanzar sin transar ante las “transformaciones pendientes”. Por eso vuelven a la calle cada vez que es necesario: ¿son tan llamativas las palabras del senador Núñez? No Veamos.

La historia reciente demuestra que el PC siempre mantiene un pie en la calle y otro en las instituciones sociales y políticas, desde siempre han recurrido a la agitación de masas y al chantaje, llamado hoy sutilmente “presión social”.

Si nos remontamos a la convención octubrista (frenada aplastantemente por la mayoría popular), usted recordará que en ese entonces el patriarca Tellier hizo un llamado a “rodear la convención” mientras nos entretenían con corpóreos y machitunes. Si usted retrocede un poco más recordará que durante todo octubre y noviembre de 2019 el PC se sintió muy cómodo en las calles incendiadas, con lo que ellos mismos denominaron la “revuelta popular”, dicho en simple, esperaron la caída de al menos el gobierno de turno, nada menos que su enemigo de turno y poderoso: Piñera II.

El PC y el FA son cómplices pasivos de toda la violencia octubrista y sus secuelas, hasta hoy la siguen justificando ya el fin era obtener: “dignidad”. Ese mismo PC no llegó al acuerdo por la paz y salida constitucional ante el chantaje de seguir quemando todo y un ejecutivo acorralado. Es claro que el PC y el FA recurrieron a la vía violenta para derrocar a Piñera mediante la “presión social” o “la asonada de octubre”.

El PC se mueve bien en las instituciones sociales que de un momento a otro entran en receso de marchas (repliegue) a pesar de existir problemas sociales ante los cuales aparece un silencio llamativo en distintas zonas del país y en ministerios, ejemplos sobran en: salud, educación y trabajo. Durante su fiesta de los abrazos fueron claros en señalar los hitos para el año 2024, una hoja de ruta a realizar e imponer cambios más allá de lo institucional y de las urgencias sociales, es por eso que no nos puede causar tanta sorpresa ni novedad que hoy vuelvan a las calles a manifestarse mediante “presión social”.

Los comunistas y sus nietos del FA buscan que la calle resuelva lo que ellos creen la derecha y el empresario detienen e impiden en el Congreso y en otras instituciones burguesas o patriarcales. Sin olvidar, que el mero hecho de oponerse o rebatirle al PC es considerado anticomunismo visceral, una ofensa que llega hasta el mismo Presidente Boric que rápidamente arropa al desvalido comunismo criollo. La calle refleja las demandas populares que el PC encarna. Otros en el FA cuales lazarillos de la hoz y el martillo saltan en apoyo frente a la necesidad de retomar la batalla cultural y de manifestarse en las calles. Una movilización a todas luces instrumentalizada, ayer llamada: “estallido o revuelta”, hoy es: “presión social”.

Para ellos octubre de 2019 (nuestro octubre rojo) dejó lecciones y aprendizajes más allá de la toma del poder institucional, tal como dice la canción: “la calle es su lugar” y el PC lo “sabe bien”, vienen ocupando las calles desde los pingüinos hasta llegar a las instituciones clave en la toma de decisiones: el legislativo y ejecutivo. Por eso necesitan de la calle.

Los cuadros, militantes, simpatizantes, cercanos y lejanos del comunismo ya estamos avisados de los próximos pasos del PC y su séquito. La siguiente convocatoria durante abril apunta a presionar sobre: la reforma tributaria y de pensiones (y otros puntos), ante lo que ellos denominan la necesidad por: “quebrar el empate político y el bloqueo empresarial” en los puntos mencionados y en otros pendientes, todo lo anterior los conduce a “reactivar la movilización”. Estamos avisados y advertidos. La segunda mitad de su propio gobierno considera contar con la calle y agudizar las contradicciones. Vaya paradoja, sus aliados internacionales más cercanos en el barrio americano (Venezuela, Nicaragua y Cuba) son implacables al momento de silenciar, encarcelar y  reprimir violentamente las manifestaciones sociales y de descontento opositor, es de esperar que ese no sea lo que nos depara en el futuro, mientras tanto, con el comunismo ni a misa. Dos preguntas al finalizar: ¿El compañero Boric marchará o tomará el megáfono? ¿El PC rodeará los tribunales en el caso Jadue?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Libres Chile el 11 de abril de 2024.

Mentes fascinantes

Gonzalo Rojas Sánchez 

Fascinante es la mente comunista (no confundir con “una mente brillante”).

Que hace un siglo se haya montado un laboratorio especial para estudiar el cerebro de Lenin, revela la autoconciencia que los comunistas tenían de la supuesta grandeza de esa mente en concreto y, por supuesto, de todas las que iban a replicar sus teorías… hasta el día de hoy… y en el Chile de hoy.

Durante cien años, los comunistas chilenos efectivamente repitieron hasta la saciedad consignas “perfectas” y desplegaron teorías ortodoxas. Eran fascinantes.

Pero la realidad nacional está mostrando algo de mucho menor interés. Algunos importantes comunistas criollos, maestrillos de la retórica, no se están caracterizando en este 2024 ni por la coherencia de sus posturas ni por la calidad formal de sus expresiones. Se aprecia en sus intervenciones una notoria decadencia.

Si la diputada Hertz se permite calificar a otra parlamentaria como “tonta como un zapato y mala como ella sola”, con sus palabras, ¿manifiesta la agresividad dialéctica con que los comunistas enfrentan todas las relaciones humanas? No. Lo que hace es transparentar la pobreza de sus sentimientos —esos que en el PC pueden ser motivo de una citación a la comisión de control y cuadros— y confirma así que, en vez de temerla, hay que colocarla en el panteón de la pasión descontrolada.

Cuando el alcalde Jadue declara que “hay numerosas autoridades de Gobierno y de las instituciones del Estado que han actuado al margen de la ley y el Gobierno las ha dejado pasar” —y así pretende encubrir su eventual responsabilidad—, olvida o contradice una de las normas básicas de los partidos comunistas: si se está en el poder, se refuerza el poder. Jadue ha incurrido en una desviación tantas veces condenada por los comunistas: el infantilismo. Por supuesto, su socio Hugo Gutiérrez ha replicado ese error infantil al afirmar que “mi partido es parte de este gobierno (y) a veces me gustaría que no lo fuera”. Las frondosas barbas ya no garantizan la tradicional “madurez comunista”.

Si, por su parte, la alcaldesa Hassler ha sostenido que “Santiago está mejor que hace dos años”, ha vulnerado uno de los más elementales principios constitutivos del militante comunista: tomarse todo en serio, evitar hacer el ridículo, presentarse ante el escenario público con gravedad, sin una gota de frivolidad. A Hassler, después de esa opinión, no se la puede tomar en serio.

Pero no desesperemos, no todo está perdido. Aún quedan palabras de buena crianza leninista. Cuando Camila Vallejo nos asegura que “si hay un rechazo a la forma de hacer política es por la incapacidad de algunos sectores de cumplir su palabra”, estamos frente a una de esas perfectas formulaciones comunistas: la mayoritaria repulsa que ella misma genera, y que queda consignada en todas las encuestas, es en realidad —nos quiere convencer— un rechazo a quienes no piensan como ella.

Y, por supuesto, Lautaro Carmona nos ha deleitado con dos afirmaciones “de libro”, de esas que Hertz, Jadue, Gutiérrez y Hassler tendrían que volver a estudiar.

Por una parte, nos ha recordado que, a su juicio, los errores de la Unidad Popular consistieron en “una incompleta concepción del poder y el consiguiente vacío en la estrategia revolucionaria”, es decir, no se les hizo caso a los comunistas en la lectura sobre la correlación de fuerzas en 1973. Ese sería todo el error. Bien, ortodoxia pura.

Y por otra, nos ha advertido que “no aceptaremos provocaciones anticomunistas”, es decir, que nos quede claro que la libertad de opinión termina donde comienzan los fosos, murallas y fortalezas del PC. Bien, leninismo puro.

A pesar de todo, aún quedan cabezas comunistas, ciudadanos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el miércoles 17 de abril de 2024.

Carta publicada en el Diario Austral de Temuco:

ARBITRARIEDAD Y ABUSO !!!!!

Hasta la publicación de este post, no se había notificado a los internos postulantes a la Salida Dominical –meses de enero y febrero–, de lo resuelto por el Honorable Consejo Técnico del Penal, relativo a la legítima demanda por alcanzar el primer espacio de libertad.

Estos hechos que pasan nos parecen tan irreales, que cuesta asumirlos como verdaderos. Así las cosas, sería sano para no insultar más la inteligencia del chileno a pie, transparentar –una tarea de toda la clase política–, que este tipo de actos se trata de imponer una lógica de VENGANZA, dejando de lado el más mínimo atisbo de interés por hacer justicia.

Sigo en la búsqueda por presentar otras soluciones para esta enfermedad enquistada en Punta Peuco, Colina y Cárcel de Mujeres. Mientras tanto, el mejor amplificador de esta realidad son las RRSS, como un mecanismo de exponer frente a los ojos de todo Chile, de las arbitrariedades que el Estado somete a estos ancianos presos.

Sepa señor (a) lector, desde el año 2020 a la fecha, ningún interno postulante a Salida Dominical ha sorteado con éxito este proceso, pese a ser calificados con bajo compromiso delictual, una intachable conducta y un índice de reincidencia igual a cero.

¿ Seguirán nuestras autoridades y toda la clase política guardando este riguroso silencio ?

JAVIERA STEGER
Abogada

¿Una Justicia en contra de Chile?

Señor director:

Durante las últimas semanas, la opinión pública ha seguido con interés la situación del soldado conscripto, Carlos Robledo, condenado a 10 años de prisión por haber disparado a un joven que lamentablemente resultó muerto, en medio del caos del 18-O. Junto a Robledo también se condenó al capitán a cargo de la unidad, un cabo y otro soldado conscripto.

La situación descrita refleja claramente el riesgo que asumen nuestras Fuerzas Armadas cuando se los mandata para controlar el orden público. Evidentemente, estamos todos de acuerdo en que los excesos y la violación a la ley deben ser debidamente investigados y juzgados. Pero el sesgo ideológico en estos casos, que también afecta a Carabineros, es evidente. Estamos ante una historia de desencuentros entre el poder Ejecutivo, el poder Judicial y las FF.AA. y de Orden que es de larga data. Basta recordar a los militares presos por lo ocurrido tras el quiebre institucional de 1973, época en que el poder Judicial, el Legislativo y toda la ciudadanía pidieron, desesperados, la intervención de los militares. Ahora, 50 años después, a quienes respondieron al clamor de Chile se les condena, estando viejos y enfermos, sin consideración alguna al Derecho Humanitario y sin la más mínima muestra de caridad de parte de una sociedad que, nuevamente y sin pudor, pide a las FF.AA. que salgan a la calle.

Imposible no preguntar: ¿Por qué no se hace justicia comenzando por la identificación de las osamentas que se encuentran en el Servicio Médico Legal? ¿Por qué se libera y otorga pensiones de gracia a delincuentes y miembros de la Primera Línea mientras se encarcela a quienes cumplieron las órdenes de la autoridad en el marco de lo que el expresidente Piñera dijo fue un golpe de Estado? ¿No se dan cuenta políticos, jueces y fiscales que están horadando el monopolio de la fuerza en que se funda la existencia del Estado de Chile? ¿No les importa colaborar con el éxito de criminales y revolucionarios que harán su voluntad sin límites entre las ruinas de un Estado fallido?

Vanessa Kaiser.

 El “linchamiento” que preparan fiscales contra la plana mayor de Carabineros.

 Por Jorge Schaulsohn

Con una sala atiborrada de “víctimas”, abogados, activistas y curiosos, los fiscales lograrían el efecto de un “linchamiento” de carabineros, transmitido en vivo y en directo por la televisión, reviviendo el desacreditado relato de que durante el estallido social carabineros salió a la calle poco menos que a matar.

CDE versus Fiscalía. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió, en una votación transversal de siete votos contra dos, no querellarse en la causa contra los tres generales de Carabineros que lleva la fiscal Ximena Chong, pese que lo ha hecho en más de 300 causas por apremios ilegítimos similares a los que se imputan en este caso.

* El CDE estimó que no se configura uno de los elementos esenciales del delito “omisivo”, a saber, que los imputados tengan conocimiento en el momento en que se están produciendo acciones concretas y específicas, respecto de las cuales no hayan adoptado medidas; y que no  basta con acciones omisivas de carácter genérico.

* Pese a ello, la prensa informa que el fiscal regional de la jurisdicción metropolitana Centro Norte pidió al séptimo Juzgado de Garantía una sala especial con mayor capacidad que estuviese disponible durante cinco días para la formalización de los generales Ricardo Yáñez, Mario Rosas y Diego Olate.

* Se les pretende formalizar por violaciones a los derechos humanos nada menos que de 450 personas, cometidos por carabineros durante el estallido social. Será el juicio más grande de la historia.

Las acusaciones. Según la fiscalía, los tres generales imputados habrían incurrido en “conductas omisivas”, es decir no habrían tomado medidas para impedir que los carabineros en terreno cometieran el ilícito, pese a encontrarse a kilómetros de distancia de los hechos.

* En el caso del general Yáñez la conducta “omisiva” incluiría un caso con resultado de muerte. Se trata de Cristian Valdebenito una persona de 48 años que se manifestaba el Plaza Italia que falleció tras ser impactado por una “bomba lacrimógena” que lo golpeó en la cabeza según testigos. Ese día hubo 56 carabineros lesionados en los disturbios.

* En este caso particular el informe pericial oficial indica que la causa de muerte fue un golpe causado por un objeto contundente en la cabeza, el que no identifica como una bomba lacrimógenas.

* La identidad del policía que supuestamente habría disparado “la bomba” es desconocida. No hay una sentencia que establezca como ocurrieron los hechos, ni si hubo premeditación o negligencia.

INDH: credibilidad por los suelos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado 3.216 querellas en favor de 3.777 víctimas y solo en 33 de ellas hay sentencias condenatorias. Incluyendo una por torturas (desnudamiento de una mujer por una carabinera) de las 582 denunciadas por dicha entidad.

* Los querellantes en estas causas son ABOFEM (Asociación de Abogadas Feministas), Londres 38, Londres 40, Casa de la Memoria y el Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

* Es un hecho de la causa que existe enorme desilusión y frustración en sectores de izquierda porque las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el estallido se han ido desvirtuando en tribunales. Un relato que recorrió el mundo y puso en jaque al gobierno de Sebastián Piñera.

* También porque la credibilidad del INDH está por los suelos ya que fue “cómplice activo” en la producción de denuncias no filtradas que son la causa primordial del desastre jurídico al que se ha visto expuesto en tribunales.

* Algo parecido a lo ocurrido con las pensiones de gracia a “victimas” de abuso policial, visadas por el INDH sin antecedentes válidos que dieran cuenta de la existencia de daño.
* Una muestra aleatoria tomada por la Contraloría de los expedientes del INDH demostró que “no había antecedentes médicos o bien los respaldos correspondían a certificados poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios o con fechas anteriores al año 2019. Por su parte los abogados defensores de los imputados dicen no tener certeza de cuáles serían las conductas omisivas por las cuales se pretende formalizar a sus representados. Tampoco conocen la identidad de ninguna de las 450 presuntas víctimas. Lo que resulta sorprendente considerando que la investigación comenzó hace cuatro años.

Ni arriba ni debajo de la Ley. No hay que tener mucha imaginación para prever el impacto mediático. nacional e internacional, que tendrá el espectáculo grotesco de imputar a la plana mayor de carabineros por 450 casos de violaciones a los DDHH.

*  No digo que los generales de carabineros no puedan ser procesados ni que merezcan un tratamiento especial. Nadie está por sobre la ley, pero tampoco por debajo de ella.

* Sin embargo, acá se observa un grado de animadversión ideológica, un afán de causar daño, de provocar un impacto mediático con consecuencias irreparables.

* Como sucedió con el caso del carabinero Zamora que fue linchado en la corte de la opinión pública, acusado ipso-facto de homicidio frustrado por la fiscal Chong por impactar a un joven que cayó al lecho del rio Mapocho. Hoy, después de destruir su carrera profesional y ante la falta de pruebas en su contra, le ofrece un juicio abreviado que el imputado rechazó.

* Con una sala atiborrada de “víctimas”, abogados, activistas y curiosos, los fiscales lograrían el efecto de un “linchamiento” de carabineros, transmitido en vivo y en directo por la televisión, reviviendo el desacreditado relato de que durante el estallido social carabineros salió a la calle poco menos que a matar.

El objetivo de los fiscales. Además, ante una formulación de cargos de esta magnitud, el juez no tendría más opción que acceder a la medida cautelar más gravosa decretando prisión preventiva para los tres generales. Ese es precisamente, el objetivo.

* Para la izquierda dura que apoyó la violencia el cambio de actitud en la opinión pública sobre el estallido es una gran derrota política. Ven, en este juicio, una última oportunidad para recuperar el terreno perdido, devolviéndole la credibilidad a la idea de que en chile el Estado, a través de  Carabineros, es culpable de violaciones masivas a los derechos humanos que aplastaron unas manifestaciones pacíficas.

* Que mejor para ello que la imagen de tres generales conducidos a prisión.

* La fiscalía ha solicitado, al Ministerio de Salud, recientemente, las fichas médicas de todas las personas lesionadas con trauma ocular a nivel nacional, una especie de “fishing expedition” de la fiscal en busca de pruebas.  Lo que viene a confirmar que ninguno de los 450 casos ha sido objeto de un juicio previo que acredite la existencia de los delitos de base cometidos por subordinados de los generales; requisito “sine qua non” para que exista el delito por “omisión” que se les imputa.

https://www.ex-ante.cl/el-linchamiento-que-preparan-fiscales-contra-la-plana-mayor-de-carabineros-por-jorge-schaulsohn/

*Sursum Corda… ¡Arriba los Corazones!*

Por Cristian Labbé Galilea

¿Cómo escribir en estos días una columna con un sentido positivo, con un llamado a ser optimistas? ¿Cómo garrapatear unas pocas líneas para levantar el ánimo de nuestros parroquianos? ¿Cómo expresar el simple anhelo de “vamos que se puede”?… ¡Imposible! El circo político es kafkiano.

Vivimos una situación realmente, surrealista y absurda, donde el ciudadano común se siente atrapado en un laberinto sin salida, donde la política se vive sin ninguna lógica, donde todo se asemeja más a una pesadilla que a la vida corriente.

En un país normal, una mente medianamente optimista podría esperar que, por estar próximos (octubre) a una elección de autoridades regionales y locales, campearían los discursos propositivos, elocuentes, convocantes… pero no, lo nuestro es el comidillo, los arreglines, las traiciones, los intereses personales y los demases…

La elección de una Comunista para presidir la Cámara de Diputados es una demostración de lo señalado, no sólo porque se produce en circunstancias en que el país tiene la peor evaluación del actual gobierno, de su incapacidad de gestión y de su nula solución a los problemas reales de la gente, sino porque el comunismo llega a la testera de la cámara por la estupidez de la oposición.

Mas allá de si es relevante o no que sea un comunista quien presida la Cámara, lo que si importa es comprobar que los partidarios de la sociedad libre, teniendo todo a su favor, hayan permitido que una “mononita” octubrista, vestida de un “halo de dulzura”, formalmente sume un nuevo triunfo al comunismo ya instalado como “una metástasis roja” en educación, en trabajo, en defensa, en interior y en cuanto lugar uno se imagine.

De poco sirve centrar la discusión en si alguien “se vendió por un plato de lentejas” (léase, vicepresidencia), si otro por irresponsabilidad no llegó a votar, o si los díscolos negociaban futuras senadurías… El hecho es uno: la oposición, una vez más, dio muestras de su incapacidad para responder estratégicamente al momento que vive el país.

Tan mal está actuando la oposición, que ahora han optado por el camino de impugnar “a tontas y a locas” la elección y censurar a la mesa… tanto así, que esta pitonisa pluma se atreve a vaticinar que sólo se conseguirá consolidar la Presidencia de la “monona comunista” … con bastantes más votos que “el” que la llevó a la testera…

En la oposición, se cruzarán las acusaciones de traiciones, de oportunismo, de felonía y, si la unidad era algo difícil, a partir de este kafkiano incidente parecerá imposible, al punto que el oráculo político advierte que los resultados en octubre pueden ser desastrosos.

Por último… esta optimista pluma, convencida que la adversidad es una oportunidad que no hay que desechar, hace un llamado a los políticos partidarios de la Sociedad de la Libertad a mantener el foco en los objetivos estratégicos y dejar de lado las pequeñeces; y, a nuestros contertulios, los animamos a pensar siempre en positivo… ¡Arriba los corazones! ¡Sursum Corda!

Chilezuela: ¿ahora sí?

Si es cierto que hay dos almas en la coalición gobernante, después de las actuaciones de ministros como Elizalde o Marcel debiéramos conceder que una de ellas es un alma en pena.

por Luis Larraín18 abril, 2024

De pronto, sin darnos cuenta cómo, el slogan que alguien inventó para una campaña presidencial se nos aparece con visos de alguna realidad. Y no se trata sólo de una sensación luego del horror de ver a delincuentes venezolanos asesinando a tiros a un oficial de Carabineros; o a dos sicarios de la misma nacionalidad que al decir del Fiscal que investiga el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Waldo Ojeda, entraron a Chile, cumplieron su misión y salieron de nuestro país de vuelta al suyo sin que nuestras autoridades movieran un dedo antes de las revelaciones del fiscal.

No, no es sólo esa sensación. Se trata además de una serie de acciones, principalmente del Partido Comunista chileno, que han ido configurando un cuadro que nos deja en algún lugar del camino entre una democracia liberal representativa, como la que teníamos antes de este gobierno, y dictaduras bolivarianas como Venezuela. Veamos:

•  Infiltración y presencia comunista en los ministerios de las Fuerzas Armadas y de orden público. El subsecretario de las Fuerzas Armadas es el militante comunista Galo Eidelstein, quien siendo vicerrector de la Universidad Arcis en 2008 recibió 8 millones de dólares de préstamo del gobierno de Hugo Chávez, dinero que gestionó personalmente en Caracas junto al encargado de relaciones internacionales del PC, Juan Andrés Lagos. Este último, a su vez, fue contratado como asesor en la subsecretaría del Interior y Seguridad Pública que dirige el doctor Manuel Monsalve. Según ha trascendido en la prensa, hay cerca de diez militantes del partido comunista trabajando en el ministerio de Defensa.

•  Captura del Poder Legislativo. Recordemos que la captura de la Asamblea Nacional de Venezuela luego de una reforma constitucional fue clave para la transformación de ese país en una dictadura. Pues ahora en Chile la diputada comunista Karol Cariola acaba de asumir como Presidenta de la Cámara. Las credenciales democráticas de Cariola incluyen, entre otras, las siguientes actuaciones: falsa denuncia luego del 18 de octubre de 2019 acusando de torturas en cuartel de Carabineros de la estación Baquedano, que la justicia desestimó más adelante y fue en aquellos días un polvorín para desatar la violencia que pretendió derrocar al Presidente Piñera; participación directa en un montaje que simuló que un funcionario del INDH había recibido balines disparados por la fuerza pública en una manifestación en octubre de 2019; llamado a marcar con un sticker las casas por el Apruebo en la campaña puerta a puerta realizada para el primer plebiscito constitucional. Habrá que estar alertas ante su gestión como presidenta de una rama del Poder Legislativo, obtenida por el voto del diputado Gaspar Rivas del PDG (un partido transaccional) que obtuvo así la vicepresidencia de la Cámara luego de intensas gestiones del ministro de la Presidencia, el PS Álvaro Elizalde quien según Rivas le ofreció el cargo.

•  Ofensiva, liderada por las ministras comunistas Jeannette Jara y Camila Vallejo llamando a una movilización social para presionar a los legisladores que, hasta ahora, no han aprobado las reformas tributaria y previsional que impulsa el gobierno. Dicha ofensiva, ha recibido el sorprendente apoyo del ministro de Hacienda Mario Marcel, por lo cual todos los grupos de presión para obtener recursos del Estado pueden darse por notificados del rol que el ministro de Hacienda le concede a las manifestaciones y movilizaciones en la formación de la ley.

•  Incapacidad de la oposición para transformar la mayoría política que hay en el país en respaldo de sus ideas, en una que ejerza el poder que ello habitualmente concede en una democracia. Rencillas y desunión, falta de mayor sentido estratégico y también una dosis de populismo conspiran contra ese objetivo. Ad portas de varias elecciones en que la centroderecha está bien aspectada, debieran verse liderazgos que conduzcan con mayor eficacia estos procesos. En descargo de la dirigencia opositora hay que decir, no obstante, que el sistema político que tenemos explica también buena parte de las dificultades para la gobernabilidad de gobierno y oposición.

Para terminar un bonus track. Sorprende que la maniobra para entregar al Partido Comunista una cuota más de poder, que sabemos no utiliza para fortalecer la democracia representativa sino para debilitarla, haya recibido el apoyo unánime y entusiasta del llamado Socialismo Democrático. Si es cierto que hay dos almas en la coalición gobernante, después de las actuaciones de ministros como Elizalde o Marcel debiéramos conceder que una de ellas es un alma en pena.

¿MACONDO CHILENSIS?

Residencial “La Pichanga”. Modus política

                Toribio, recordando sus tiempos mozos –“que también los habitó–”trae a la memoria ese radioteatro humorístico que reflejaban los resultados del futbol, pero ahora asociado a la contingencia política después del espectáculo de la Cámara de Diputados. Y parafraseando con respeto a un maestro de las letras, Gabriel García Márquez, quien afirmaba “que Macondo no era un lugar, sino un estado de ánimo que le permite a uno ver lo que quiere ver y verlo como quiere”, este modesto náufrago pregunta ¿Cuál es el estado de ánimo de los chilenos y como vemos a esta cámara integrante de nuestro poder legislativo? ¿Cómo un hemiciclo de grandes acuerdos, donde se discute con prudencia y armonía en busca de las mejores soluciones para afrontar los graves problemas que nos aquejan? ¿O una verdadera casa de huifas? ─perdonando el chilenismo─ donde tan solo importa concentrar el mayor poder posible aunque sea descendiendo al nivel más luctuoso y degradante de la política.

                Sinceramente, después de haber observado la performance del que se dice ser un “Honorable Diputado de la República”, Gaspar Rivas, no puedo más que echar de menos a Florcita Motuda y sus múltiples y variadas representaciones escénicas. Este patán, auto denominado el “Bukele chileno”, cuanto tiempo del que le pagamos los chilenos habrá usado frente a un espejo para memorizar al pie de la letra y los gestos de Hipólito, el policía corrupto y asesino que llegó a ser gobernador de Valparaíso en una telenovela. Este tipejo que ya nos tiene acostumbrado a su ordinariez  ─como lo retrata en su carta C. Warnken─ sin embargo, no se ha escuchado a ninguna parlamentaria criticarlo por la más burda vulgaridad expresada en un medio televisivo. Picante con corbata, ha cambiado de tienda como quien cambia calzoncillo  ─si es que lo hace─ y se vendió al mejor postor por 30 monedas de plata para permitir que la diputada del PC. Karol Cariola fuese elegida presidente de dicha cámara. Como será que hasta la Mónica, la nana de ascendencia mapuche de Toribio, con escasos estudios básicos, me comentó: ¿Cómo pue ser diputado ese tipo, por qué no les exigen más requisitos? Hasta yo que no tengo mucha educación podría hacerlo mejor (SIC)

                Pero volvamos al tema de la elección. El ministro de la S.G.P., Elizalde, recordemos que cuando era presidente del PS tenía como vicepresidente al cuestionado alcalde San Ramón por el asunto de los narcos contratados en su municipio, se vio envuelto en un confuso incidente cuando le encontraron un millón de pesos en efectivo en su automóvil. No sé quién podrá andar trayendo tanto dinero en efectivo consigo y no es que Toribio sea mal pensado. Pero, ahora el flamante secretario de estado debe haber gastado los zapatos recorriendo las oficinas del Congreso, en una de las intervenciones más descaradas del Ejecutivo en otro poder del Estado para reunir votos que apoyaran a la candidata del PC, o bien, no concurrieran a votar. De hecho hubo tres que no lo hicieron, dos que no sabemos los motivos y no podemos afirmar que hayan caído en los brazos de Elizalde; pero,….  en este circo sobran los payasos y los trapecistas. El bufón Rivas declaró que había sido contactado por el ministro y por una secretaria, y que le habrían ofrecido el puesto de vicepresidente de la cámara, a lo que él había contestado que estaba disponible. Sin embargo, ante el efecto causado por sus afirmaciones, posteriormente reculó, pero ya era tarde, sembrando una tremenda duda. El ministro cada vez que ha sido consultado al respecto, lo niega terminantemente y señala que se queda con la última declaración de Rivas; pero en el mundo de Macondo y con “Kabuki” todo puede ser.

             Ante este desaguisado, algunos comensales de la residencial “La Pichanga” han querido sacar ventajas y sin cerciorarse si hay suficiente agua en la piscina, anunciaron la presentación de una censura a la mesa recientemente elegida. No obstante, todo pareciera indicar que no la tiene, de manera que con toda seguridad más de un fracturado quedará en el camino, lo que es de normal ocurrencia en la derecha. El tercero de la discordia que no concurrió a votar y posibilitó el triunfo de Cariola –ahora elegante joven, con acciones en una compañía telefónica a juzgar por los 28 celulares que tenía repartidos entre su familia y amigachos, que obviamente pagamos nosotros– fue el diputado y ex republicano Mauricio Ojeda. Este otro espécimen de la decadencia parlamentaria argumentó con la excusa de un peque de primero básico, que no traje la tarea señorita  porque se me quedó el cuaderno en la casa; al justificar su ausencia por un atraso del avión. Y para colmo, este papanatas que aparece vinculado en un caso de los Convenios conocido como “Manicure”, haciendo ademán de su descriterio responsabilizó a su infante de tres años –como guagua biónica– que le había destrozado su celular exigido por la policía que investiga el caso. Creo que estos ejemplos bastan por si solos para pedirles a los partidos políticos que en su afán de postular en todas las suscripciones electorales y en todas las elecciones que lo hagan con mayor seriedad y con gente realmente calificada. Después de todo la “Mónica” tiene razón, cualquier palurdo ganapán puede ser parlamentario, alcalde y hasta presidente de la república.

         Por eso echo de menos a las Comisiones Legislativas durante nuestra “dictablanda,” a la que con mucha honra participé. Cuatro comisiones con no más de 40 miembros permanentes, académicos y profesionales destacados; sin derecho a auto, bencina, celulares, ni gastos operacionales y con remuneraciones muy lejos de las actuales, que son las mejores del mundo. La otra mirada de Macondo.

                Y hablando de partidos, cuan transcendental ha sido la degradación de la DC. ¡Qué lejos están de los viejos falangistas que la forjaron! ¿Cuantas vueltas se estarán dando en sus tumbas, patriarcas como Eduardo Frei, Bernardo Leighton, Gabriel Valdés, Patricio Aylwin, entre otros? Y pensar que en mis años mozos pensé en ese partido como alternativa. No hace mucho que Ignacio Walker en un aniversario de la fundación de la Democracia Cristiana, hiciera alusión a Osvaldo Payá, el disidente cubano tan cercano a dicho partido, que murió misteriosamente en la isla, como mueren los discrepantes en los países comunistas. Y ahora unidos al PC, los más obsecuentes y obcecados partidarios de la dictadura cubana. Democracia Cristiana y la crónica de una muerte anunciada.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

                                                                                                                                               Por   Humberto Julio Reyes

                  Recientemente y a raíz del espectáculo ofrecido por la Cámara para elegir a su presidente, un reputado cientista político y sociólogo ha analizado lo sucedido en una de sus habituales columnas, atribuyéndole al Partido Comunista el tener “convicciones democráticas débiles”.

                  Confieso cierta sorpresa por expresión tan políticamente correcta, toda vez que el autor no es persona aficionada a las medias tintas en sus difundidos comentarios.

                  Días después, en un programa de televisión vespertino de actualidad política, donde el mismo tema fue motivo de ardua discusión, uno de los participantes hace ver que no existe razón alguna para suponer que la flamante nueva presidente no ejercerá su cargo con apego a todas las normas democráticas, como si su conocida conducta política fuera a cambiar por el sólo hecho de ocupar este importante cargo.

                  Aclaro, eso sí, que la opinión proviene de un socialista, partido cuyos miembros, aunque ahora también se digan democráticos, pese a históricas diferencias, llegado el momento son fieles aliados, como lo fueron durante la Unidad Popular.

                  Le pregunto estimado lector:

                  ¿Qué razones podrían mover a una ortodoxa comunista a comportarse en una forma que aleje toda reserva hacia su persona de parte de quienes no lograron impedir que ocupara su elevado cargo, justamente por sus recordadas acciones?

                  El que ha sido moro viejo no puede ser buen cristiano.

                  En consecuencia, llegado el momento de asignar “los tiempos” a los proyectos que la Cámara debe analizar y votar, es altamente probable que los temores de la actual oposición se vean confirmados.

                  ¿Y cuáles son los proyectos que actualmente la ciudadanía exige que sean prontamente aprobados?

                 Todos aquellos de la llamada agenda de seguridad a los cuales comunistas y adláteres se han opuesto contumazmente.

                  Para otorgar el necesario respaldo a la fuerza pública, frenar la inmigración ilegal, facilitar la expulsión de delincuentes extranjeros, golpear a los terroristas que campean en la macrozona sur, se requiere una mayoría de votos que nunca está asegurada, como lo demostró esta reciente votación.

                  Para dilatar la discusión, enredar los proyectos, y finalmente votar en contra, siempre habrá alguien dispuesto, en particular cuando partidos votan en bloque, como lo sabe hacer el disciplinado partido comunista, a pesar de sus cacareadas credenciales democráticas, aunque esté integrando el gobierno que tiene como deber ineludible garantizar nuestra seguridad.

                  Nada nuevo bajo el sol, como dirá cualquiera que se haya informado respecto al gobierno de Gabriel González Videla.

                  Todo lo que hoy sucede me recuerda a un académico de izquierda que, de tiempo en tiempo, recurre a presentar a este partido como una víctima de una conjura o teoría conspirativa que, siempre habría buscado formas de excluirlo de la vida política, hasta finalmente intentar su exterminio a partir del 11 de septiembre de 1973.

                  Pero, cuando se recurre a las memorias de quienes incluso compartieron con ellos el gobierno, no cabe más que recordar la teoría de la profecía autocumplida.

                  Algo parecido sucede en estos tiempos, los comunistas terminan generando lo que después llaman anticomunismo visceral. Tanto va el cántaro a la fuente…

                  De visceral quizás algo, pero de racional probablemente mucho, así que, en mi caso particular, para evitar ambigüedades, prefiero decir que el PC tiene convicciones antidemocráticas muy fuertes.

21 de abr. de 24

Artículo que debería ser leído por jueces, parlamentarios y gobierno:

La dignidad infinita del ser humano

Martes 16 abril de 2024 | 06:30

Fernando Chomali
Arzobispo de Santiago

Notable resulta la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la fe acerca de la dignidad de la persona humana. Este esfuerzo que demoró cinco años en redactarse responde a la bimilenaria sabiduría de la Iglesia en los temas que tocan el corazón de la vida humana, la convivencia y su destino dado que como lo dice el documento “la Iglesia anuncia, promueve y se hace garante de la dignidad humana”.

Este documento magisterial goza de una profundidad intelectual extraordinaria, de una antropología que responde con creces a lo que el hombre es, y de una gran hondura espiritual.

Debiese ser leído por los católicos, pero también por toda persona que busca respuestas a los grandes desafíos que presenta el mundo en lo que al respeto de la dignidad humana se refiere.
Este texto nos pone de lleno en el drama del siglo XXI, que al desconocer la dignidad del ser humano entró en un espiral de violencia y de violaciones a la dignidad del ser humano que obligan a una denuncia clara y sin ambigüedades de ellas.

El no rotundo a todo lo que atenta en contra del ser humano es un sí rotundo a la vida, a la integridad física y síquica, a su libertad y al derecho y deber que tiene de desarrollar al máximo todas sus capacidades, dones, carismas y pericias que se le ha regalado por la impronta de Dios que su ser lleva grabada.
En efecto el texto nos recuerda que la dignidad del ser humano proviene del hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, lo que hace que su vínculo con Dios sea indeleble; que esa imagen ha sido elevada por Cristo en virtud que con su encarnación confirmó la dignidad de su condición corporal y espiritual; y porque su vocación última y definitiva es el encuentro con Dios.

Así, el documento desde la antropología teológica, anima a reconocer en la fe una gran aliada de la razón para promover la vida humana, su dignidad y terminar con todo lo que la ofusca.
Los principios fundamentales que animan este documento es que la dignidad del ser humano está radicada en su ser, y no en lo que dice o hace. Es una dignidad inherente a su condición e indestructible y existe “más allá de toda circunstancia”. Este hecho es relevante y significativo toda vez que nos lleva a afirmar que es una “verdad universal” y que lleva a proclamar “la igual dignidad de todos los seres humanos, independiente de su condición de vida o de su calidad”. Ello exige un respeto irrestricto siempre y bajo todas las condiciones.
A la luz de estas verdades se analiza una por una aquellas situaciones que gravemente atentan en contra de la dignidad del ser humano como los atentados en contra de la vida en cualquiera de su etapa de desarrollo, la pena de muerte, las mutilaciones, la tortura, el suicidio deliberado.

También entran en esta categoría, la trata de blancas, las deportaciones, la prostitución, las condiciones laborales degradantes y la deshumanizada vida de las personas encarceladas. A este elenco de violaciones a la dignidad de las personas se suman nuevos atentados como el drama de la pobreza, la guerra, el trabajo de los migrantes en condiciones deplorables, los abusos sexuales, la violencia contra las mujeres, el aborto y la eutanasia, la maternidad subrogada, el descarte de las personas con discapacidades, la teoría de género, el cambio de sexo que, por regla general, corre el riesgo de atentar en contra de la dignidad única que la persona ha recibido desde el momento de la fecundación y, por último, la violencia digital.
Estudiar este documento nos ayudará a comprender la grandeza de la dignidad humana y a trabajar con más ahínco para terminar con todo lo que atente en contra de ella.

Fernando Chomali

Arzobispo de Santiago

Interesante conocer las opiniones de los lectores del Diario Constitucional a la carta enviada por la Abogado Carla Fernández en Junio del año pasado :

¿Prevaricación en la Excma. Corte Suprema?

Carla Andrea Fernández Montero

9 de junio de 2023

Que nuestra Excma. Corte Suprema -en materia de derechos humanos- siguiendo a Dworkin, “no se ha tomado en serio los derechos”, no estando a la altura de lo que se le debe exigir al máximo tribunal de la República: ser un Tribunal de Derecho. Que si bien esta magistratura no ha dudado en recoger el “mandato jurisprudencial internacional” de aplicar por vía del artículo 5° inciso 2° de la Constitución (“control de convencionalidad”) el Derecho internacional de los derechos humanos, lo ha hecho de manera sesgada e infringiendo el Derecho interno, aun cuando se trate de normas penales de carácter imperativo y no facultativo o discrecional.

Que, por otro lado, este mismo Tribunal -acogiendo irreflexivamente la figura del delito de “lesa humanidad”- no ha trepidado en vulnerar derechos adquiridos, aplicar retroactivamente la ley penal, transgredir los principios pro reo, de legalidad, de tipicidad, de igualdad y, finalmente, el principio pro homine.

Que la situación anterior se ve agravada por el hecho que esta forma de actuar jurisprudencial ha tenido severas repercusiones en diversos institutos del Derecho penal, como la prescripción, la media prescripción, la autoría y participación, las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, los beneficios penitenciarios y la responsabilidad civil derivada de los delitos, entre otros.

Que también, nuestro máximo Tribunal ha hecho gala de su desidia frente a la afectación de los derechos de los afectados por estos fallos, en su gran mayoría, personas privadas de libertad o en proceso de estarlo, por causas de derechos humanos por actos cometidos durante el Gobierno Militar, varios de los cuales son personas octogenarias y nonagenarias, algunas gravemente enfermas e incluso, discapacitadas.

Que, si bien frente a esta mayoritaria jurisprudencia se han levantado voces contrarias al interior del mismo Tribunal, plasmadas en diversos votos disidentes o prevenciones de connotados ministros, ello no ha sido óbice para que se mantenga esta mala jurisprudencia, principalmente, por la Segunda Sala Penal.

Que toda esta situación, es decir, una Sala de la Excma. Corte Suprema que falla constantemente contrario a Derecho, deshumanizadamente y desconectada de las finalidades de la pena, sumado al hecho que las personas afectadas por estos fallos han sido juzgadas hoy, pero por hechos acaecidos hace medio siglo, bajo un proceso penal obsoleto, parcial y anti garantista, donde quien instruye juzga y falla son la misma persona, ha provocado la necesidad de revisar detalladamente esta forma de actuar de esta Sala del máximo Tribunal, con el objeto de determinar las responsabilidades penales que la infracción de la ley conlleva y que, por ejemplo, el delito de prevaricación contempla (artículo 223 del Código Penal), sin perjuicio de la exploración futura de otras figuras comunes, como la del artículo 492 del mismo Estatuto punitivo.

Vea informe

Carla Andrea Fernández Montero
Abogada
Litigación Penal Estratégica
Derecho Penitenciario

Comentarios:

1. Juan Carlos Zuñiga dice:

19 de noviembre de 2023 a las 23:12

Una información jurídica esencial para quien desee aventurarse en las aguas del derecho penitenciario chileno, y su aplicación a los condenados por delitos de lesa humanidad, sin duda una temática aún “en pañales”.
Felicitaciones a esta profesional de excelencia, y espero que siga en su lucha, que en estos tiempos que vivimos, sin duda, es una muestra de valentía y determinación.

Responder

2. Pamela torres soto dice:

4 de agosto de 2023 a las 17:03

y eso que no explora la arista de los pagos millonarios que ha desembolsado el fisco en esta fuente inagotable de denuncias, donde sólo basta con interponer la respectiva acción por que la condena es segura y la indemnización también. es decir un negociado tremendo

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3. Antonio Quinteros dice:

21 de junio de 2023 a las 12:28

Tras largos años de injusta reclusión, los militares privados de libertad, no habían tenido aún el privilegio de ser representados en lo general por una abogada valiente , que no solo fustiga la descarada parcialidad del máximo tribunal de justicia de Chile, haciéndole ver sus responsabilidades conscientemente atropelladas con fines ideológicos, sino que les recuerda además, en una magistral descripción de los diferentes Tratados Internacionales tendientes a proteger y defender los DDHH de las personas mayores, que las responsabilidades del Estado, van más allá del simple hecho de hacer cumplir la ley, sino permitir la reinserción y resocialización de las personas de la 3ra.y 4ta. edad como también de la protección integral y de salud de ellas, que hoy en Chile en definitiva, no se cumple. Felicitaciones a la Abogada Carla Fernández, cuyo último documento que adjunta , Recurso de protección para adultos mayores privados de libertad en el CCP de Colina 1, lo acaba de ingresar y se encuentra en tabla .

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4. Miguel caro dice:

20 de junio de 2023 a las 22:36

para la izquierda esto de los derechos humanos es un COMODIN usual para someter a las ff AA y de orden amparados por jueces fiscales ministros diputados y senadores corruptos ideológicamente zurdos y al presidente de estos zurdos, Boric, le. sirve como relleno en sus discursos.

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5. Sergio Villouta dice:

20 de junio de 2023 a las 15:49

Estimada Señora abogada Doña Carla Andrea Fernández Montero:
Creo o no recuerdo haber tenido la oportunidad de leer un artículo sobre prevaricacion en nuestro sistema judicial tan bien explicado y en éste caso aplicado a nuestros prisioneros politicos de nuestras FF AA.
Permítame señora abogada felicitarla por su valentía al dejar en descubierto el actual estado del actuar de la Corte Suprema de nuestra Justicia, que de ello no tiene nada.
La injusticia, el sentido de venganza y el cero sentido común, es el que prevalece en los Jueces que deben aplicar LA JUSTICIA.
Como la dijo una persona que me antecede en los comentarios, la tierra es redonda y ojalá pueda ver que esta actitud e irreflexiva forma de aplicar las leyes para unos y otros alcance a verla y que se ha derogado y que al fin la justicia que se aplique a todos los chilenos por igual.

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6. Alberto Solorza dice:

19 de junio de 2023 a las 19:45

Felicidades Carla Fernandez me interpretas completamente en el análisis de esta situación injusta y arbitraria que sufren estos militares octogenarios que se morirán en la cárcel por estas condenas injustas por jueces parciales, vengativos y politizados, falta de humanidad con los de tercera y cuarta edad, pagarán algún día lo que están haciendo en forma personal y familiar….

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7. Hernán Montero dice:

19 de junio de 2023 a las 19:44

Felicitaciones colega por su compromiso con la justicia. Llevamos muchos años participando en una charada patética de justicia, sabiendo que finalmente los Ministros fallaran según su criterio de venganza cíclica sin considerar la prueba evidente de la inocencia de algunos y utilizando sin pudor alguno un procedimiento obsoleto y proscrito en el mundo civilizado.

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8. Gonzalo dice:

19 de junio de 2023 a las 18:30

totalmente de acuerdo abogada. uds nos representa totalmente y en mi opinión los poderes del estado están vendidos al mejor postor, la corrupción es enorme

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9. José G Gaete dice:

19 de junio de 2023 a las 17:41

Felicitaciones a la abogada Carla Fernández, valiente y decidida en acusar la ilegitimidad, crueldad y perversión en el actuar de la Segunda Sala de la CS, que se ha entregado como instrumento político para beneficio de la extrema izquierda y para fines de lucro.

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10. Alejandro Matus M-C. dice:

19 de junio de 2023 a las 17:26

Hace mucho tiempo que en todas las encuestas públicas, muestran una muy baja confianza en el Poder Judicial.
Recuerdo que el ex Ministro de Justicia, Hernán Larraín, manifestó algo como que la izquierda se había “tomado” ese Poder del Estado, en especial para juzgar a los Militares.

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11. Lisandro Contreras dice:

19 de junio de 2023 a las 16:05

Valiente abogada. Meterse con los prevaricadores no es cosa fácil. Reciba todo mi apoyo

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12. Enrique Slater dice:

17 de junio de 2023 a las 14:24

Concuerdo plenamente con la abogada. Sus planteamientos han sido también utilizados por otros abogados defensores de causas de Derechos Humanos, pero no son considerados por los jueces .Dios quiera, Carla Fernández, tenga mejor suerte y logre imponer sus justas aprehensiones.

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13. PEDRO OLID dice:

16 de junio de 2023 a las 19:29

La felicito estimada abogada Carla Fernández. A sus sólidos fundamentos jurídicos, agregó la falta de humanidad y conmiseración con un altísimo porcentaje de ancianos de la 3ra y 4ta edad, que fallecen ttas las rejas por enfermedades terminales y con severas enfermedades mentales. En algún momento estos jueces deberían rendir cuenta de sus resoluciones por la deshumanizacion de sus condenas. ¿No son acaso estas condiciones parte de los derechos humanos de estas ancianas personas?

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1. Antonio Quinteros dice:

21 de junio de 2023 a las 12:29

Tras largos años de injusta reclusión, los militares privados de libertad, no habían tenido aún el privilegio de ser representados en lo general por una abogada valiente , que no solo fustiga la descarada parcialidad del máximo tribunal de justicia de Chile, haciéndole ver sus responsabilidades conscientemente atropelladas con fines ideológicos, sino que les recuerda además, en una magistral descripción de los diferentes Tratados Internacionales tendientes a proteger y defender los DDHH de las personas mayores, que las responsabilidades del Estado, van más allá del simple hecho de hacer cumplir la ley, sino permitir la reinserción y resocialización de las personas de la 3ra.y 4ta. edad como también de la protección integral y de salud de ellas, que hoy en Chile en definitiva, no se cumple. Felicitaciones a la Abogada Carla Fernández, cuyo último documento que adjunta , Recurso de protección para adultos mayores privados de libertad en el CCP de Colina 1, lo acaba de ingresar y se encuentra en tabla .

Responder

14. Alberto dice:

16 de junio de 2023 a las 16:29

Felicitaciones por su artículo. Todo lo afirmado por Ud. es una realidad irrefutable. El Abogado Adolfo Paul Latorre en su libro «Procesos sobre Violación de DDHH», Insconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades. (2013), realiza una amplia revisión del incumplimiento de las leyes en sede judicial respecto de los ex funcionarios de las FFAA. Pero más allá de las injusticias denunciadas, es lograr recomponer el tejido social para lograr de una vez la tan ansiada reconciliación nacional. Después de 50 años el «alma de Chile» sigue destruida. Y en tal sentido se debe entender los gestos de los «Nunca más» del Ejército y la Armada que han quedado con su mano extendida sin recibir el apretón de la contraparte también comprometida en las causas. «De hombres es equivocarse; de locos, persistir en el error.» Cicerón.
Viva Chile!! Saludos.

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15. Pedro Veas Diabuno dice:

12 de junio de 2023 a las 22:30

Valiente abogado que se enfrenta a personas que han ensuciado la noble profesión de impartir justicia. Tan pronto cambie la marea, será imperativo juzgar dichas sucias actuaciones de personas que debieran constituir un ejemplo

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16. Patricio Strube dice:

11 de junio de 2023 a las 17:01

Excelente artículo, sólo no entiendo porqué el título está en forma de pregunta, dada la contundente argumentación que respalda el actuar desmedido y arbitrario de la Suprema Corte.

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17. José Raúl Cáceres González dice:

10 de junio de 2023 a las 12:12

Las víctimas que hemos sido objeto de tales procedimientos no tenemos derecho a reparación alguna.
Es más, la persecución por otras causas continúa.
¿Cuál es la legalidad de la existencia de los Ministros en visita especialmente nombrados para juzgar a ex militares, además ratificados por un Auto acordado?
La justicia debe ser igual para todos, sin embargo coexisten dos procedimientos penales y a los militares se les aplica el antiguo, ya reformado.

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1. Carlos Felipe Souper Quinteros dice:

16 de junio de 2023 a las 23:07

Felicitaciones a la abogado Carla Fernández, por su claridad de exponer y por su valentía, en un contexto en que el estado de derecho y la seguridad jurídica no existen, con una corte suprema ideologizada y militante qué no da garantías de imparcialidad

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18. Santiago dice:

10 de junio de 2023 a las 12:07

Queremos justicia no venganza, ideología, desidiao complicidad. Los que fallan injustamente o en contra de la ley, se ponen fuera de ella. El mundo es redondo. lo que esta arriba mañana puede estar abajo, no se puede fallar de acuerdo al viento reinante.

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19. Eduardo Gary dice:

10 de junio de 2023 a las 08:35

Tremendo ejemplo de esta abogada, al enfrentar directamente, sin temor y fundadamente, a la Corte Suprema, acción que debiera haberse hecho hace muchos años por los cientos de abogados que llevan la defensa de nuestros uniformados en retiro de las FF.AA. y de Orden, que defendiendo a los procesados y prisioneros de una justicia impropia, inconstitucional, ilegal y arbitraria, solo han validado con su actuar, aunque entiendo de buena fe, junto a los tres poderes del estado está ignominia contra los uniformados en retiro que cumpliendo órdenes políticas, liberaron a Chile del comunismo y que después de 17 años de Gobierno Militar, rescataron de las cenizas a nuestro país y lo entregaron voluntariamente a los políticos para que éstos hoy, nuevamente tengan al país prácticamente destruido en su seguridad interna, social, económica y política. Los Jueces que llevan causas de DD.HH. en algún momento, deberán responder a la justicia y al país por el «terrorismo judicial» que han aplicado a nuestros militares.

Dios, salve a Chile y bendiga a la abogada Carla Andrea Fernández Montero por su decidida, valiente y clara carta, ejemplo para muchos abogados.

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20. Benjamín Ortuzar dice:

9 de junio de 2023 a las 23:16

Todo esto acompañado en la procesión de mala justicia por batallones de abogados que lucran a costa del Estado buscando mártires de los militares ,que no lo son y la verdad sea dicha; Jueces de Izquierda que se creen dueños de la verdad y la justicia. Y ? nadie dice nada

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21. Abraham Acevedo Campos dice:

9 de junio de 2023 a las 22:14

Estimada Abogada Carla Fernandez Montero . Gracias por su claridad y valentía. Siento tanto o más rabia que Ud. además de la impotencia de ser lego en materias como las que Ud. tan bien expone, pero me queda el sentido comun. Me pregunto:, que ocurre con la ética y la moral en nuestra Cort3 Sulrema

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22. Karol Bachraty Pino dice:

9 de junio de 2023 a las 19:53

Excelente comentario y muy bien fundamentado por parte de la Srta. Fernandez.

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1. Freddy Novoa Salvo. dice:

19 de junio de 2023 a las 19:19

Excelentes fundamentos Sra. Carla ante la injusticia de los jueces prevaricadores qué no han respetado los principios fundamentales del derecho. Confío en Dios que esta presentación sólida y de fondo llegue a buen destino por el bien de nuestros camaradas privados de libertad. Felicitaciones!!

Por años, la sociedad chilena en general, ha cerrado los ojos ante las injusticias cometidas en los procesos seguidos a militares y policías, en causas de DD.HH. La carta, llama al Poder Judicial a hacer respetar el derecho y detener la prevaricación.

diarioconstitucional.cl

¿Prevaricación en la Excma. Corte Suprema? – Diario Constitucional

Este mismo Tribunal -acogiendo irreflexivamente la figura del delito de “lesa humanidad”- no ha trepidado en vulnerar derechos adquiridos, aplicar retroactivamente la ley penal, transgredir los…

Séptimo TOP de Santiago absuelve a militares acusados como autores de apremios ilegítimos

17-abril-2024

Tribunal dictó sentencia absolutoria en favor del capitán de Ejército a la época de los hechos, Miguel Alejandro Puchi García, el sargento segundo José Luis Santibáñez Lucero y el cabo segundo Patricio Fernando Gormaz Torres, acusados por el Ministerio Público y la querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos, en calidad de autores del delito consumado de apremios ilegítimos. Ilícito supuestamente perpetrado en octubre de 2019, en la comuna de Peñalolén.

El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó sentencia absolutoria en favor del capitán de Ejército a la época de los hechos, Miguel Alejandro Puchi García, el sargento segundo José Luis Santibáñez Lucero y el cabo segundo Patricio Fernando Gormaz Torres, acusados por el Ministerio Público y la querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos, en calidad de autores del delito consumado de apremios ilegítimos. Ilícito supuestamente perpetrado en octubre de 2019, en la comuna de Peñalolén.

En fallo dividido (causa rol 35-2024), el tribunal –constituido por las magistradas Ingrid Droguett Torres (presidenta), Colomba Guerrero Rosen y María José Araya Álvarez (redactora)– decretó la absolución de los uniformados al no lograr los acusadores, con las pruebas rendidas en estrado, acreditar los presupuestos fácticos contenidos en las respectivas acusaciones.

“Es menester señalar que el actual sistema de enjuiciamiento penal se erige sobre dos tópicos relevantes, a saber, el principio acusatorio y el deber de congruencia, separando y delimitando las funciones de investigación y juzgamiento, otorgando al Ministerio Público –de forma exclusiva– la investigación y en su caso, el ejercicio de la acción penal pública, quedando los tribunales, en particular, los tribunales orales en lo penal, dedicados únicamente a resolver o juzgar las controversias, todo ello, con el fin de que el proceso se desarrolle ante un juez imparcial, quien en su decisión no puede exceder el contenido de la acusación por expresa exigencia del artículo 341 del Código Procesal Penal”, consigna el fallo.

La resolución agrega que: “Dicho eso, los actos sometidos a conocimiento de este estrado fueron: disparo del acusado Santibáñez en contra del afectado, como primera medida ante la huida e infringiendo protocolos, embestida de acusado Gormaz en contra del afectado y la omisión del acusado Puchi en cuanto impedir o hacer cesar tales conductas, todas constitutivas del delito de apremios ilegítimos del artículo 150 letra d) del Código Penal, las dos primeras en su vertiente activa y la última omisiva”.

“Respecto de la acción de José Santibáñez, los acusadores hicieron consistir el abuso en haber disparado como primera medida ante la huida y en infracción de protocolos para el uso de armamento no letal: La mayoría de este estrado estimó que no se alcanzó el estándar de convicción más allá de toda duda razonable, pues su prueba resultó insuficiente en primer lugar por la falta de determinación precisa de las reglas de uso de la fuerza, que en la fecha descrita, solo estaban contenidas en un anexo de un documento emanado del Ministerio de Defensa, denominado Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Defensa Nacional 2019, instrumento que no cuenta con la presunción de publicidad, pues se trata de un acto administrativo dictado por el jefe de Servicio a sus subalternos entregando instrucciones en virtud de la potestad de mando o jerárquica de la que están investidos. (Rol 36650-2017 CS 05 marzo 2018 comentada en Sentencia sobre la naturaleza de las circulares y los reglamentos administrativos)”, añade.

“En segundo lugar –prosigue–, porque aun cuando las pruebas de los acusadores y de las defensas, proporcionaron elementos que permiten distinguir algunos de los principios inspiradores de tales reglas, como legalidad, necesidad y proporcionalidad, las condiciones en la que se producen los hechos, de noche, con restricción de circulación, bajo un patrullaje no exento de eventos disruptivos del orden público, como se detallara, a continuación, y analizado uno de los videos que fue aportado al proceso por uno de los imputados, no fue posible adquirir convicción de que las acciones de la patrulla comandada por el acusado Puchi, hayan estado desprovistas de la gradualidad que las regla del uso de la fuerza exigían y expuso el perito Muñoz, máxime cuando en el caso se trata de un arma de carácter no letal. En abono de ello, tampoco fue posible concluir con el nivel de convicción a que se hizo referencia, que el disparo con el arma no letal, antidisturbios se haya efectuado directo al cuerpo del afectado, entre otras, porque no existe una prueba de trayectoria como porque en el caso, el afectado se encontraba en movimiento, lo que aumenta la posibilidad de que el proyectil haya efectivamente rebotado en su persona, tesis que fue sostenida por la defensa, toda vez que no fue discutido que corría huyendo del lugar”.

“En lo que dice relación a Patricio Gormaz Torres: En lo medular, la acusación señala que este embistió a la víctima golpeándolo violentamente en sus costillas, derribándolo: Aun cuando la acepción ’embestir’ puede estimarse como comprensiva de cualquier golpe de alta intensidad,  lo cierto es que, en el caso de marras, se atribuye al acusado el haber dado un golpe de patada en la zona de sus costillas, lo que no resultó probado pues de los dichos del afectado, en relación con el video de su detención, así como los asertos de la perito Negretti y las conclusiones policiales del oficial de caso, Villalobos, demuestran inconsistencias en la sindicación del autor, en tanto, ante la profesional que debía evaluar su testimonio bajo las reglas del Protocolo de Estambul, la víctima indicó que luego de habérsele comprimido el hombro por un primer militar, fue pateado por un segundo, lo que no fue posible esclarecer con el registro audiovisual en tanto en aquel, si bien, se observó la persecución, esta se ejecutó por  al menos dos militares, uno delante de otro y una vez, que estos salieron del plano de observación de la cámara, se escuchó un quejido consistente con la agresión que dijo sufrir el afectado y que resultó constatada a nivel médico, pero que en el escenario probatorio referido, impiden atribuirle participación de autor de conformidad al artículo 15 N°1 en los términos que aludieron los persecutores”, detalla.

“En lo que atañe a Miguel Puchi García, bajo los principios arriba descritos, debe señalarse que: a.- Que, al no haberse acreditado las imputaciones a Santibáñez y Gormaz, se desmoronó aquella que, como responsable por el mando, pudo haber recaído sobre Puchi, precisamente, porque no había acción que impedir o hacer cesar, ante la falta de prueba que acredite el tipo respecto de la conducta de Santibáñez y la falta de vinculo causal respecto de la acción de Gormaz.; b.- Que, en todo caso, si extendiéramos la hipótesis de apremio al momento en que el detenido fue llevado a la presencia de Puchi García y hubiese constatado la existencia de lesiones, la conducta omisiva, según los persecutores estaría dada por no dar cuenta al personal de salud o no trasladarlo al centro asistencial, empero no fue acreditado primero el conocimiento sobre las lesiones y luego, la obligación de informar o trasladar al afectado a un centro de salud, pues como hemos señalado no se probaron con el nivel de certeza requerido por el estándar de convicción legal, los protocolos o reglas que el encartado debió seguir frente a la figura de un detenido lesionado. En efecto el detenido fue trasladado a la unidad policial conforme las instrucciones que mantenían los uniformados, sin que se probara dilaciones más allá del tiempo necesario entre el lugar de la detención y la unidad policial, dadas las condiciones del transporte. d.- Que el afectado fuese subido acostado boca abajo en el camión militar no importa por sí solo necesariamente la intención de cosificar, vejar y, en definitiva, afectar la integridad moral del retenido, ante las condiciones del vehículo en el que realizaban las labores; e) Bajo el mismo principio de congruencia, aun cuando el afectado señaló que, en el trayecto sobre el vehículo militar fue insultado y golpeado, no solo tales acciones no figuran en la acusación sino que, al haber descrito que aquellas le produjeron lesiones en su tabique, quedó demostrado por los dichos de la perito Negretti que esa lesión de tabique nasal con desviación levo convexa y espolón óseo, la mantenía desde hacía meses o años antes del acaecimiento de los hechos y; f) en todo caso, no se puede obviar que el tipo penal de apremios ilegítimos requiere de dolo directo, por lo que independientes de los cuestionamientos por el procedimiento llevado a cabo bajo el mando de Puchi, este no se probó”, concluye.

Contratación en SML de hija de presidenta de AFDD genera tensión con sus trabajadores

Publicado por El Desconcierto

Por: Horacio Gutiérrez Areyte | Publicado: 15.04.2024

Contratación en SML de hija de presidenta de AFDD genera tensión con sus trabajadores | Cedida

La tensión en el Servicio Médico Legal (SML) alcanza niveles críticos mientras los trabajadores denuncian un clima laboral marcado por el maltrato y la falta de transparencia. En medio de acusaciones de nepotismo y decisiones cuestionables, la gestión de Marisol Prado ha generado una profunda desconfianza entre el personal, poniendo en riesgo la integridad del servicio y su capacidad para cumplir con su importante labor en la búsqueda de la verdad y la justicia en Chile.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2023, el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia ha sido un faro de esperanza para los familiares de desaparecidos en Chile.

Sin embargo, detrás de esta noble iniciativa se esconde una trama de irregularidades y tensiones en el Servicio Médico Legal (SML) que ha puesto en entredicho la integridad de la institución.

El reciente nombramiento de Tamara Alvarado como asesora de Gabinete del SML ha generado una ola de críticas y sospechas.

Tamara, hija de Gaby Rivera, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), ha sido contratada con un sueldo mensual de $2.700.000, lo que ha levantado interrogantes sobre posibles conflictos de interés y tráfico de influencias.

Pero esta contratación no es más que la punta del iceberg en una serie de irregularidades que han plagado la gestión de Marisol Prado, quien asumió como directora del SML en julio de 2023.

The Clinic reveló en un artículo publicado el 13 de abril una serie de problemas de gestión bajo el liderazgo de Prado, incluyendo denuncias por maltrato laboral, contratación de personal sin experiencia y decisiones arbitrarias que han minado la eficacia del servicio.

Los funcionarios del SML han alzado su voz en medio de esta crisis, denunciando un clima laboral tóxico marcado por el hostigamiento verbal y el acoso por parte de la dirección.

Marisol Intriago, quien lideraba la Unidad de Derechos Humanos del SML hasta su disolución el 8 de abril, ha sido una de las voces más críticas, señalando el desconocimiento de Prado sobre las labores del servicio y su falta de interés en abordar las preocupaciones de los trabajadores.

La disolución de la Unidad de Derechos Humanos ha sido vista como un intento de silenciar las críticas y consolidar el control de Prado sobre el SML.

Esta medida, junto con otras modificaciones impulsadas por la directora desde su llegada, ha sembrado la incertidumbre entre los funcionarios, quienes temen represalias por alzar su voz.

La creación de una Fiscalía en lugar del Departamento de Asesoría Jurídica ha sido interpretada como un intento de blindar a la dirección ante posibles sanciones, desviando las denuncias y evitando la rendición de cuentas.

Los trabajadores del SML han expresado su frustración por la falta de respuesta a sus preocupaciones, denunciando un sistema de justicia interna que parece favorecer a los intereses de la dirección en lugar de proteger los derechos de los empleados.

La reciente defensa de Prado por parte de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha añadido un nuevo elemento de controversia a la situación.

La aparente connivencia entre la AFDD y la dirección del SML ha levantado sospechas sobre posibles acuerdos políticos y tráfico de influencias que podrían comprometer la integridad del servicio.

En resumen, las denuncias por maltrato laboral, nepotismo y falta de transparencia en el SML han sumido a la institución en una profunda crisis de confianza.

La tensión entre los trabajadores y la dirección ha alcanzado un punto crítico, con serias dudas sobre la capacidad de Prado para liderar el servicio de manera justa y efectiva.

La audacia de hacer mal las cosas

El problema de Chile en esta última década no ha sido la falta de reformas. Nuestro problema ha sido que las reformas realizadas y muchas otras que felizmente no han sido realizadas eran audaces, pero muy malas reformas.

por Patricio Navia16 abril, 2024

En una columna el fin de semana, el economista Sebastián Edwards se lamentaba de que la política chilena no había producido ninguna reforma audaz en los últimos años. Destacando las reformas promercado realizadas en dictadura y en las primeras décadas de democracia, Edwards se preguntaba cuándo se chingó Chile (chingar es un concepto que, según la Real Academia Española, en Chile significa frustrarse o fracasar).

El renombrado economista neoliberal y celebrado intelectual tiene razón al lamentar que Chile ya no sea ese país que sorprendió positivamente al mundo por sus innovadoras reformas que produjeron un desarrollo sostenido e inclusivo y que nos dieron dos décadas doradas de creciente bienestar. Pero Edwards se equivoca en eso de que Chile haya dejado atrás la audacia. En los últimos diez años hemos sido contumazmente audaces al implementar reformas temerarias que nunca funcionaron en ninguna parte y al proponer otras innovaciones que desafían todo lo que sabemos sobre el comportamiento humano, el buen funcionamiento de las instituciones, y el diseño apropiado de políticas públicas.

Lee también de Patricio Navia: Temporada de campañas, temporada de polarización

Uno de los primeros ejemplos que viene a la cabeza fue la reforma tributaria del segundo gobierno de Bachelet. Impulsada por el voluntarismo terco más que por la evidencia comparada, esa reforma debió ser corregida sobre la marcha al poco andar. Y no se trata de decir que cualquier reforma que suba la carga tributaria es mala. Hay mucha evidencia de que un Estado más grande y eficiente contribuye al desarrollo y a reducir la pobreza y la desigualdad. Pero Bachelet impulsó una reforma tributaria que no fue acompañada de reformas que modernizaran el Estado o lo hicieran más eficiente.  Al contrario, el crecimiento del Estado ralentizó el desarrollo económico con la expansión de la burocracia. Se crearon más puestos de trabajo en el Estado, pero no mejoró la capacidad de usar los impuestos y el gasto público para reducir la desigualdad de ingresos.

La lista de desaciertos en políticas públicas en estos últimos diez años es larga. La reforma educacional de Bachelet empeoró más la educación pública y ayudó a ensanchar la brecha entre los que pueden pagar y el resto de la población que depende de las tómbolas para poder acceder a colegios de mejor calidad.

En pensiones, la polarización ideológica ha hecho que, aunque hay un acuerdo técnico amplio a favor de aumentar las cotizaciones mensuales de 10 a 16%, el debate sobre la propiedad de los fondos nos ha hecho perder 10 años en los que podríamos haber acumulado más ahorros para las pensiones. También en pensiones, los tres retiros (que casi fueron 4) de los fondos de pensiones entre 2020 y 2021 hicieron un daño profundo al sistema. Esa cuenta la tendremos que pagar todos con fondos públicos por varias décadas.

La guinda de la torta en desaciertos de políticas públicas fue el proceso constituyente. Aunque la evidencia acumulada por décadas en América Latina es que los procesos constituyentes no generan sociedades más prósperas e igualitarias, la élite se embriagó con la mentira de que los problemas de Chile se solucionarían con una nueva constitución. El mal diseño del proceso auguraba malos resultados. Inspirados por la falaz creencia de que el pueblo unido avanza sin partidos, los partidos renunciaron a su rol de representantes de la ciudadanía y establecieron reglas que permitieron que cualquier grupo de personas presentara listas como si fuera un partido. Negándose a ver la evidencia de que la democracia representativa sin partidos no funciona bien en ninguna parte, la élite política chilena realizó una audaz innovación que casi nos lleva al abismo.

Los dos procesos constituyentes fueron una fiesta de excesos y falta de criterio en materia de diseño institucional y propuestas de políticas públicas. Mientras algunos intentaron escribir programas de gobierno en la Constitución, otros se obnubilaron pensando que podían refundar el país. La propuesta de múltiples cortes supremas y la eliminación del Senado son sólo dos ejemplos de las temerarias innovaciones que estuvieron a punto de convertirse en principios constitucionales.

Y como si todas esas innovaciones no hubieran sido suficiente, el gobierno del Presidente Gabriel Boric puso sobre la mesa dos insensatas propuestas de reforma tributaria y de pensiones. Afortunadamente, ninguna de esas reformas pudo avanzar y ambas han sido sustancialmente modificadas.

Tiene razón Sebastián Edwards cuando advierte que, para salir del letargo actual, Chile necesita reformas audaces. Pero el problema de Chile en esta última década no ha sido la falta de reformas. Nuestro problema ha sido que las reformas realizadas y muchas otras que felizmente no han sido realizadas eran audaces, pero muy malas reformas.

Las reformas audaces que necesitamos deben estar basadas en evidencia, deben hacerse cargo de los incentivos que generan, y de las posibles externalidades negativas. Pero por sobre todo, deben estar alejadas de ese buenismo woke que cree que, sólo porque algo es deseable, ese algo se transforma en inevitable sólo porque uno lo desea demasiado.

El voluntarismo siempre es peligroso. Como nos ha enseñado el caso de Chile, cuando ese voluntarismo se olvida de la evidencia, no toma en cuenta los incentivos y no se preocupa de las externalidades negativas, las reformas audaces nos pueden llevar directo al precipicio.

Carta de Cristián Warnken a los diputados de Chile

POR EQUIPO RADIO PAUTA | 17 DE ABRIL 2024

“¿Pero dónde está la mayoría decente y responsable en este hemiciclo? ¿Por qué esplende tan poco y más bien parece brillar por su ausencia?”, se pregunta Cristián Warnken.

Carta a los diputados de Chile:

Descorazona ver que después de todo lo que hemos vivido como país estos años, ustedes hagan pocas cosas sustantivas para elevar el nivel tan deteriorado de la política. Y que, por el contrario, parezcan empeñados en volver una y otra vez a sumergirse en el pantano, el fango o convertir una y otra vez el espacio del diálogo y los acuerdos en una pista de circo.

“Un político es más raro que un unicornio”-dijo una vez Borges. Fue generoso con la imagen escogida. Ojalá abundaran unicornios en el hemiciclo. Son animales fantásticos y poéticos. Me parece que si hay animales a los cuales comparar a nuestros políticos, habría que buscarlos no precisamente en los dominios de la imaginación y el ensueño, sino en el de la picaresca y tal vez en las peleas de gallos.

No quiero caer en el deporte fácil de pegarle a los políticos, pero veo que ustedes no dejan de darse cachetadas de payaso y exponer sus miserias y pequeñeces en ese amplificador de la realidad que son las redes sociales. Hagamos un balance de los últimos años: ustedes  llevaron al país a revivir el flagelo de la inflación que creíamos desterrado, después de la irresponsable operación de los retiros, y algunos lo hicieron  traicionando, incluso las que se supone son sus más íntimas convicciones políticas.

También boicotearon todas las propuestas para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico, y ahora, poco tiempo después, se levantaron en paladines de la seguridad. Intentaron acusar constitucionalmente a un Presidente que ya estaba en las cuerdas, en medio de un estallido delictual que tenía al país en llamas. Ahí mostraron que, por oportunismo, no vacilaban en poner en riesgo la democracia.

Ahora, ante los ojos de todo el país, levantan una bizarra e inédita alianza para darle la presidencia a una diputada del Partido Comunista, apoyada por un diputado errático, un señor que se autodenominó alguna vez el “Bukele chileno”,  que se colocó en el pecho una estrella de sheriff y que dijo que la Constitución “había que violarla una y otra vez”. El mismo que, en un programa de televisión, hace pocos días, al ser requerido por un ejemplo de un piropo que a él le gustara, respondió: “Huachita rica, quien fuera laxante, pa’ hacerte ca…”. Tal cual. Lamento tener que citar esa ordinariez, pero es la única manera de mostrar cuál es el nivel o la línea de reverberación: todo en el bajo vientre, ahí parece moverse a sus anchas el diputado del Partido de la Gente, un partido-como tantos- en decadencia terminal.

Incontinente verbal, el nuevo vicepresidente de la Cámara, acaba de dispararse en los pies diciendo que un ministro fue el que fraguó el acuerdo que lo llevó a la testera: después tuvo él mismo que contradecirse  (el deporte de la autocontradicción se ha instalado en Chile, desde el Presidente de la República para abajo). Este diputado de este nuevo “acuerdo”, militó en un partido de derecha,  luego adhirió a teorías políticas anticapitalistas y después se acercó a grupos neonazis. Un prontuario de coherencia ejemplar, por cierto. Ese es el nuevo vicepresidente de la Cámara de Diputados de la República de Chile. Apoyado por una izquierda “woke”, que ha puesto el grito al cielo por declaraciones de otros muchos menos violentas en relación con la mujer, y que hasta ahora guarda silencio riguroso.

Obvio: el voto del diputado díscolo le ha permitido a la alianza que va desde la DC al PC (¡Qué dirían Frei padre y los fundadores de la falange de esto!) quedarse con la testera de la Cámara de Diputados. No voy a citar el garabato que usó el diputado Rivas para insultar a sus camaradas de partido tras disputar un cupo por una Comisión. Pero está claro que el diputado no tiene filtro ni contención. El mismo se excusó diciendo que ello había sido producto de su Toc y del “síndrome der Tourette”, diagnosticado por la también diputada y psiquiatra María Luisa Codero, quien también ha tenido problemas de maltrato hacia sus colegas.

La salud mental, al parecer, no reina en la Cámara de Diputados. Cada cierto tiempo irrumpen la pulsión desatada, histeria, el exhibicionismo y el narcisismo,  pocas veces la razón, la prudencia, la  sabiduría política. Diputados que parecen necesitar altas dosis de Ritalin para ser contenidos y que actúan más como niños desordenados que como adultos responsables del destino del país.  Y mientras, el país empantanado, sumido en una crisis de seguridad y migratoria sin precedentes, un país enfrentado a la mentira y la burla de una dictadura (la de Venezuela) en su propio territorio, un país estancado, sin vocación de crecimiento, en decadencia (digámoslo aunque duela) mientras, ustedes, diputados de la República nos muestran (mejor dicho exhiben) una y otra vez  cuan bajo puede llegar  la política, profundizando así el camino de la decepción y la bronca.

Populistas y populares, pero nunca preocupados de verdad por el pueblo, por sus dolores y angustias presentes. Preparando -con sus incoherencias e incompetencias- el camino para que surja un liderazgo autocrático como en otros países de nuestro continente, abriendo las anchas alamedas para tirar a la democracia por el alcantarillado. Sin buena política, el país no llegará a ninguna parte.

Se necesitan grandes acuerdos para enfrentar los grandes problemas que nos aquejan, pero ni siquiera esos acuerdos se logran en las propias filas (lo acaba de mostrar la oposición en esta elección de presidente de la Cámara de Diputados). Se levantan razonables voces pidiendo la reforma al sistema político. Me temo que eso no bastará. Aquí se necesita una reforma moral, una renovación profunda del personal del poder legislativo y de toda la política. Y partidos políticos que no sean solo agencias de empleos o productores de farándula política. Que los partidos políticos no lleven más candidatos  que anden repartiendo ositos de peluche ni a cantantes caídos en desgracia o protagonistas de reality shows.

Que se elijan a los mejores, los más sobrios y competentes, que tuiteen menos y piensen más, para hacerse cargo de los enormes problemas que el país necesita con urgencia resolver. ¿O todavía la política tiene que caer más bajo aún hasta tocar fondo? ¿Es que no hemos tocado fondo todavía? Es verdad que con comentarios como esta carta que escribo, se puede caer en el error de disparar a la bandada. Y tal vez estoy siendo injusto y no ponderado en mi crítica y decepción. Es probable que casos como el de Rivas y otros bufones no sean la mayoría, pero sí son los que se ven más.

¿Pero dónde está la mayoría decente y responsable en este hemiciclo? ¿Por qué esplende tan poco y más bien parece brillar por su ausencia? Un carabinero mártir asesinado hace pocos días, mostró al país lo que es cumplir con el deber hasta el sacrificio, conmoviéndonos a todos. Esa es el ejemplo de servidor público que el país necesita, un servidor que no se sirve de lo público para sus agendas cortas y mezquinas, sino que sirve genuinamente a lo público.

¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ese sacrificio y entrega por la patria? “Patria” dije, no dije “pyme”,  las pequeñas pymes en que se han convertido muchos partidos políticos. Diputados y políticos de Chile: muéstrennos algo de coraje y valor cívicos, de sentido de la responsabilidad superior, de amor por el país (que no es lo mismo que amor por los votos), algo que sea. Para que los ciudadanos no caigamos en la desesperanza total, en la decepción sin vuelta atrás, en la rabia irredimible del pueblo contra la política.

Todos sabemos qué pasa cuando desaparece la política y quién la reemplaza…

Los saluda, Cristián Warnken.

Enrique Slater @slater_enrique

Inconcebible que Gendarmería, no permita que privados cooperen a mejorar las condiciones de vida del Pabellón “Asistir”, en el penal de Colina 1. ¿Qué pasa con la Corte Suprema y el M. Justicia y DD.HH.? :

//w.diarioconstitucional.cl/cartas-al-director/geriatricidio-carcelario/

Realidad carcelaria al límite:

El Mercurio

Las condiciones de ejecución de las penas de encierro en Chile pueden considerarse tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Mientras los líderes políticos de izquierda y de derecha apuestan por incrementar el uso de la cárcel —los primeros, para los delitos de “cuello y corbata”; los segundos, especialmente para los delitos violentos—, la realidad de los recintos penitenciarios en

Chile no resiste más. Cumpliendo los deberes propios de su cargo, los fiscales judiciales de Santiago y de San Miguel han realizado recientemente sendas presentaciones, dando cuenta de las vulneraciones que están sufriendo los internos y las internas a causa de las condiciones en que se encuentran encerrados. En lo mismo vienen insistiendo desde hace años los magistrados en sus informes de visitas de cárcel y la Defensoría Penal Pública.

En el caso del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, el fiscal judicial de la Corte denunció a comienzos de este mes que las internas embarazadas, “se encuentran gravemente expuestas a sufrir complicaciones de salud e incluso la muerte”, desde que la referida unidad carcelaria no cuenta con autorización sanitaria para funcionar ni con los estándares mínimos para atender los requerimientos médicos de la población penal. Agregaba que ya existen fallos confirmados por la Corte Suprema que, después de un año, aún están pendientes de ejecución: “Se ha constatado que la dotación del equipo de salud es incluso peor, a la fecha, que la existente antes de la interposición de ambos recursos que tuvieron su origen en graves hechos ocurridos al interior de la cárcel, uno de los cuales culminó con la muerte de una imputada y el otro, con una mujer privada de libertad dando a luz en un pasillo adyacente a los depósitos de basura”.

La situación no es distinta en Colina Uno. Según denunciaba el fiscal judicial subrogante de la Corte de Santiago en marzo de este año, dependencias antes destinadas a la reinserción social de los internos o a sus necesidades de salud, de asistencia juri-dica o a actividades educativas, han sido redestinadas en el último tiempo a servir como dormitorios, de manera que hay internos pernoctando en bodegas e incluso en comedores. Destaca la inexistencia de condiciones adecuadas para las personas reclui-das, muchas de las cuales presentan movilidad reducida, tienen bolsas urinarias externas, están en silla de ruedas o son ciegas, además de padecer diversas enfermedades en estado avanzado. Cita, además, el caso del fallecimiento de un recluso por peri-tonitis aguda como consecuencia de no haber sido derivado al centro de salud más cercano, lo que, en palabras de un informe de enero de este año, “concluyó en una muerte absolutamente evitable”.

También en enero de este año, una reclusa del centro penitenciario de Iquique dio a luz a su hija al interior de la cárcel. Al momento del parto solo fue atendida por otras internas, quienes pidieron ayuda a viva voz a funcionarios de Gendarmería. Todos carecian de experiencia y del equipamiento adecuado para brindarle atención. Por cierto, tampoco se realizaron los controles prenatales durante las cuatro semanas anteriores al parto. Junto con constatar que la mujer estaba obligada a dormir con la recién nacida en una misma cama, la Corte Suprema afirmaria que “las mujeres embarazadas no reciben la información sobre la gestación, su nutrición ni la agenda de salud”, como tampoco los beneficios estatales del programa Chile Crece Contigo.

Las condiciones de ejecución de las penas de encierro en Chile pueden considerarse tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el responsable de estas violaciones a los derechos humanos de los reclusos es el Estado de Chile. Esta ha de ser la primera prioridad para el sistema penal chileno, condición indispensable de todo lo demás.

Mientras mantienen prisioneros a inocentes:

Castañer: https://youtu.be/YGcoH-qUfqI?si=q2Nh5l1qb3PVlTk2

Estadísticas DDHH Tiene que ver con DDHH de militares y policías :

24.03. Estadística de Procesos Judiciales y Personal Condenado de las FFAA y Policiales

En Argentina sucede algo similar a Chile:

La pura verdad:

Help!

Está en juego el hoy y el futuro de Chile; las condiciones no son viables para un desarrollo sostenible. No es sólo la inseguridad. Es la salud, la educación, la vivienda propia, la inmigración descontrolada, el estancamiento económico.

por Iris Boeninger

15 abril, 2024

I need somebody, help! not anybody, help! you know I need sombody, help! (The Beatles)

Chile está enfermo de asesinatos, narcos, secuestros y miedo. La sociedad necesita a alguien que resuelva, no a cualquiera.

Asesinaron al teniente Emmanuel Sánchez Soto de solo 27 años. Lo mataron delante de su mujer e hijo. Otra vida truncada. Otra familia destruida. Detuvieron a tres personas, tres de ellos venezolanos.

Los expertos dicen que ven pocos avances en seguridad prevención del delito. El subsecretario de Prevención del Delito dijo que los homicidios estaban quebrando su tendencia al alza. Parece que el diagnóstico se refiriera a dos diferentes países.

¿A esta altura de los acontecimientos sirven solamente las disculpas y la condena discursiva por los asesinatos? No.

Recordemos la muerte de los anteriores tres carabineros Rita Olivares Raio, Alex Salazar y Daniel Palma. El Presidente Boric dijo: «Movilizaremos toda la fuerza del Estado para hacer justicia». Pocos días después anunció un presupuesto adicional de mil quinientos millones de dólares para combatir la violencia. ¿Y?

La justicia restaurativa comprende la reparación a las víctimas y la condena de los delincuentes. Tanto los familiares de las víctimas como la sociedad entera necesitan mucho más que eso. Necesitan que se termine este flagelo. Punto.

En 1963, en su obra Eichmann en Jerusalén, Hanna Arendt habló de la “banalidad del mal”. Causó estupor en aquella época. Se refería a las atrocidades cometidas por el régimen nazi y nada es comparable. Sin embargo, es un concepto que tiene mucha validez en el mundo en que vivimos. Suena contradictorio. ¿Cómo puede el mal ser trivial? La falta de pensamiento analítico y de un análisis profundo del impacto social que tiene la maldad, puede llevar a decisiones que no serán suficientes, lo que derivaría en la “banalidad del mal”.

¿Cuán malo es lo malo que vivimos? ¿Cuánto más es necesario hacer? Chile está tomado dicen muchos. Inmigración descontrolada y fronteras permeables son una invitación al ingreso de la droga y del crimen organizado.

La desidia transformada en normalidad es peligrosa. Violencia, secuestros, muertes y homicidios se transforman en algo cotidiano.

Los ciudadanos se mueven en una ambivalencia emocional entre la ira y el miedo. Ante la falta de efectividad de las medidas tomadas para eliminar este flagelo, cada vez más lejos están los tiempos de calma y seguridad que antes se daba por sentado.

El filósofo inglés, Thomas Hobbes, decía que la sociedad estaba fundada sobre un solo cimiento: el miedo, donde el hombre decide ceder parte de la libertad para ganar en seguridad y así evitar la confrontación.

Se han ido perdiendo libertades, por temor. El ciudadano elige quedarse en su casa por temor. Ha cambiado sus hábitos por temor. Ha eliminado ciertas localidades que solía visitar por temor.

Está en juego el hoy y el futuro de Chile; las condiciones no son viables para un desarrollo sostenible. No es sólo la inseguridad. Es la salud, la educación, la vivienda propia, la inmigración descontrolada, el estancamiento económico.

El mal está presente en Chile.

La conciencia converge en todos los seres humanos. Cada cual tiene la libertad de atenderla o no. Caso contrario, lejos se estará de ser inocentes. Así como desconocer una ley no nos libera de cumplir con ella.

¿Qué pasa entonces con la autoridad?

La violencia del “octubrismo” me viene a la mente. Algunos funcionarios del actual gobierno validaron aquella violencia, indultaron a los violentos, denostaron a los carabineros. Frases como: “La actuación de carabineros es criminal”, “La bandita de los peligrosos carabineros”, “Actúan bajo la lógica del enemigo interno”, “Carabineros torturadores, como los peores tiempos de dictadura!”, dejaron esta amarga sensación de contradicción.

Nadie duda que se perdió mucho tiempo. Es absolutamente necesario un verdadero Plan de Seguridad Nacional de Emergencia dado que la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) no ha sido suficiente.

Al deseo, acompañado de la idea de satisfacerse, se le denomina esperanza; despojado de tal idea, desesperación. Así se está en Chile.

FLOTARÁN LAS PIEDRAS PERO….

                                  Los “ingenuos” seguirán subsistiendo

       Está claro que Toribio alteró el refrán para no hacer uso de la coprolalia por respeto a sus parroquianos, pero aunque le quite enjundia no es difícil suponer el vocablo adecuado. Pero en el país de “Pelotillehue”, el tuerto es rey y lo acompañan un conjunto de aficionados que venían a cambiarle el pelo al país y lo han dejado a la altura del “Buenas Peras”. (Sorry, pero el autor se crio con el “Condorito”).

            Pero venir a confiar en el dictadorcillo e ignorantón de Maduro, es como vaciar un tambor de agua con un colador. Una nación que aportó a nuestra América personas tan brillantes como Andrés Bello, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, etc., tiene a la cabeza del país más rico de nuestro continente a un tarado déspota que lo tiene en la ruina y bajo opresión, con influencia gravitante de cubanos ─en especial en los organismos de seguridad─ provocando el éxodo de más de siete millones de individuos y aportando a Chile más de medio millón de habitantes ─controlados─, descartando obviamente a los miles de  indocumentados que han ingresado por pasos no habilitados. Lo negativo de esto éxodo es que junto a gente honesta y trabajadora, estamos infectados de delincuentes y de crimen organizado, auspiciado por el propio funesto personaje que los liberó con el propósito de que se vinieran a Chile después de la nefasta intervención de Piñera en Cúcuta.

        Por esta razón es que ningún chileno cuerdo pueda comprender que el subsecretario Monsalve acompañado de un alto funcionario del Minrel ─no obstante, que el Canciller chileno le quiere quitar el poto a la jeringa y echarle la culpa al empedrado─ haya suscrito un convenio de intercambio de informaciones con autoridades representantes de Maduro, cuyo contenido en detalle se desconoce y a la fecha no ha comenzado a operar porque Venezuela no ha designado al funcionario responsable. Esperen sentaditos y comiendo un loli, porque Maduro jamás entregará información fidedigna. Toribio que es un mal pensado, estima que estas maniobras comunicacionales del Gobierno son para hacerles creer a los chilenos que están realmente preocupados de la seguridad, en vista de la conmoción que han provocado en el país el asesinato encargado desde Venezuela ─según lo ha afirmado el fiscal de la causa─ del exteniente R. Ojeda, asilado en nuestro país; y de los siete asesinatos de carabineros en menos de un año del gobierno del “que habita el cargo en La Moneda” con participación de venezolanos con ingreso clandestino, en varios de ellos e incluso dejados en libertad por anteriores delitos, lo que no tiene ni pies ni cabeza de la mierda que existe en los tribunales de justicia, la que sin embargo, ha actuado con extrema destemplanza hacia nuestros ancianos por hechos ocurridos hace 50 años.

      Por qué duda Toribio de los aparentes buenos propósitos del Gobierno. En primer lugar, porque debe conocer ─lo contrario sería imperdonable─ que el artículo 69 de la constitución bolivariana de Venezuela prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas, independiente del tratado de extradición suscrito con Chile hace más de sesenta años, prevaleciendo en consecuencia la norma constitucional por ser de mayor rango. En segundo lugar, los presuntos asesinos del teniente Ojeda que huyeron a Venezuela, jamás saldrán a circulación fuera de su país, salvo a Cuba, de manera que la alarma dada por Chile a Interpol no surtirá efecto, pues saben que estarán protegidos por el gobierno dictatorial de Maduro, desde donde con toda seguridad se habrían emanados las órdenes para el crimen; a menos que fallezcan como suele acontecer en los países comunistas para evitar males mayores. No es aventurado también, suponer que similares órdenes se hubiesen dado en los atentados incendiarios simultáneos a las 28 estaciones del Metro en el octubre negro, donde todo parecería indicar que hubieren contado con la protección, ayuda, participación o el silencio de los que actualmente nos gobiernan. Y finalmente, porque Boris ─cuyo mutismo y ausencia en los últimos tiempos no deja de llamarnos la atención, aunque podríamos suponer las causas después de haber escuchado a la diputada Jiles con respecto a la drogadicción que reina en ciertas esferas políticas─ siendo diputado visitó en el extranjero a uno de los asesinos del senador Jaime Guzmán; hizo ostentación de lucir una polera con la imagen del senador asesinado; y a mayor abundancia, miembros de partidos con los que gobierna, tanto del PC como del Frente Amplio han sido recibido con vítores por Maduro y sus colectivos populares, tales como, el alcalde de Recoleta, el cuestionado Jadue, y la dirigente del Frente Amplio Doris González, quien hizo un llamado a derrocar la democracia burguesa a los pocos del estallido delincuencial, amén de otros personajes de dicha colectividad.

       El colmo de la ortodoxia comunista es haber supuesto la intervención de la CIA en el secuestro y asesinato del oficial venezolano, tratando de restarle importancia al asunto y despejar de autoría de las brisas bolivarianas. Poco les faltó responsabilizar a algún ex miembro de la DINA o de la CNI, o que lo hayan fraguado desde Punta Peuco. La “inocencia” de nuestros gobernantes, por decirlo en términos no agraviantes, es creer que manteniendo relaciones diplomáticas obtendrán respuestas positivas del que hace poco tiempo declarara urbi et orbi: “nuestros soldados que están en Perú, Chile y Ecuador, están demostrando de lo que somos capaces, esta no es una brisa, es un huracán del pueblo bolivariano”; y que el segundo hombre, Diosdao Cabello, se haya referido al actual presidente en términos oprobiosos y vergonzosos expresando que era un bobo con  malas intenciones, sin que haya merecido un reclamo de nuestras autoridades y del embajador en Venezuela. Toribio apunta con sarcasmo que eso es una prerrogativa de los chilenos pero no de un extranjero.

            Continúen jóvenes y ya no tanto, bastante creciditos, chupando lolis.

     Para peor, lo que supera todos los límites del entendimiento humano es el resultado de la elección del presidente de la Cámara de Diputados, es que por vez primera en nuestra historia se haya elegido a un comunista para “habitar” dicho cargo. Tenía razón el vate: Izquierda y Derecha unidas, jamás serán vencidas.

                                                                    “Pena de muerte ya”

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

La Moneda octubrista en acción

Por PILAR MOLINA
Periodista.

Pautas todas las semanas para distraer la división con sus aliados de izquierda y los graves problemas que no es capaz de gestionar el gobierno.

La semana pasada fue la pauta de La Moneda por los dos años de gobierno: que Chile está mucho mejor que como lo recibió Gabriel Boric, aunque todo lo desmienta, partiendo por sus alcaldes que piden militares en las calles y todas las encuestas.

Esta semana acordaron otro mensaje a la opinión pública: tratar de instalar que el escándalo desatado por la filtración de información de la cabeza de la PDI, Sergio Muñoz, al penalista Luis Hermosilla, es un problema para la derecha. Y que llega a constituir una “red de corrupción de cuello y corbata”, como acusó con toda gravedad la vocera Vallejo en los patios de La Moneda.

“La evidencia no le importa al octubrismo instalado en La Moneda. La estrategia es desviar la atención de los graves problemas propios que tienen”.

El domingo, el vocero legal del Presidente, el ministro de Justicia, Luis Cordero, instaló que la filtración era gravísima, pero, advirtió, “esto está recién comenzando”. Lo repitió en la radio (T13) al día siguiente, cuando aventuró que “la situación es muy grave y en la medida que la investigación avance es probable que podamos conocer otros hechos que son más complejos”. Cuando le preguntaron qué antecedentes tenía, se disculpó, “no, no sé nada. El gobierno no tiene información porque la investigación es secreta” (vaya contradicción).

A la otra vocera, la de Palacio, le tocaba abrochar la acusación en la opinión pública. La misma que ha llamado repetidas veces a la oposición a tomar acuerdos, ahora que descubrió que no funciona gobernar cuando la oposición niega la sal y el agua a todos los proyectos del Ejecutivo.

Sin inmutarse, desde la casa de gobierno, Camila Vallejo abundó el tono enfático sobre los alcances de estas pericias al celular de Hermosilla: “Estamos hablando de una posible red de corrupción de cuello y corbata que implica no solamente al ex director de la PDI, sino que también a ex personeros de gobierno y líderes políticos, hasta el momento, de la oposición”. Añadió que esta red “se habría posiblemente organizado para entorpecer la labor investigativa de distintas causas asociadas a corrupción por parte de la fiscalía”, lo cual produce mucho escozor, repitió dos veces.

Sus parlamentarios del 20% incondicional de Apruebo Dignidad hicieron el resto de la pega, echando al ruedo al ex ministro del Interior Andrés Chadwick y al ex Presidente Piñera. Bien curioso, porque se supone que la investigación es secreta, lo cual le hizo ver de inmediato el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, al que le cayeron las ráfagas de la izquierda por preguntarse “no sé que información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza”.

Y más sorprendente aún es que tuviera antecedentes de los cuales carece la Fiscalía. Esta no formalizó a Sergio Muñoz por delitos de corrupción, sino que por la violación de secreto al entregar información reservada a Hermosilla respecto a un puñado de causas por delitos comunes y en otras dos, donde sí hay obligación de reserva, porque acusan lavado de activos (de gastos reservados del anterior director de la PDI Héctor Espinosa y de fondos municipales en el caso del ex alcalde Raúl Torrealba).

Por eso el Fiscal Nacional le pidió a la autoridad de La Moneda que “si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red, debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa”.

Por supuesto que ella no tiene pruebas de nada, pero nunca eso le ha impedido a Vallejo encajar calumnias o difamaciones. Su especulación convirtió en delito cometido por Chadwick que éste recibiera información del entonces director de la PDI, Sergio Muñoz, cuando ya no era ministro, sobre una diligencia en la investigación sobre la venta de la minera Dominga por parte de la familia de Piñera a Carlos Alberto Délano. Y el otro motivo para hablar de “red de corrupción” es que Muñoz le hizo un alcance por WhatsApp sobre otra causa donde la Contraloría descartó que Piñera hubiera cometido una infracción al fideicomiso ciego al firmar un decreto durante la pandemia, el que extendía los plazos de obra a algunos casinos y que fue sobreseída por la justicia.

Lo cierto es que a pesar de la red de “cuello y corbata” que, según la portavo comunista, se armó para “entorpecer la labor investigativa de distintas causas asociadas a corrupción”, la Fiscalía ha admitido que ninguna de las filtraciones comprometió las investigaciones.

Pero la evidencia no le importa al octubrismo instalado en La Moneda. La estrategia es desviar la atención de los graves problemas propios que tienen, partiendo por el caso de corrupción de Comunes (con Oliva y la disolución del partido) y de Revolución Democrática con los convenios. Allí sí hubo una red, porque se trata de fraude con platas fiscales a lo largo de todo el país y por parte de diferentes autoridades, como seremis de diversos ministerios y también de gobernadores.

Asimismo, es estratégico distraer cuando en medio de la crisis de seguridad el octubrismo torpedea llegar a acuerdo sobre las RUF para el uso de la fuerza en el orden público y el combate al crimen organizado. E, igualmente que, no obstante la delincuencia, insiste en descabezar Carabineros, a pesar que la acusación por la cual será formalizado el general Director es por responsabilidad de mando y no por filtrar información reservada. Apruebo Dignidad también empuja hacia una crisis sanitaria, buscando eliminar las isapres, lo cual no comparten sus aliados del Socialismo Democrático

Igual de conveniente es mover los focos hacia otro lado cuando hoy iluminan cómo nadie se responsabiliza porque la reconstrucción en Valparaíso sencillamente no avance o que miles de escolares no puedan iniciar sus clases porque no tienen matrícula o porque sus colegios siguen sin reparación.

Ignoraba el octubrismo de La Moneda que terminarían la semana buscando cotillón para distraernos de otra derrota. Esta semana, junto a sus aliados de izquierda, pasaron a ser minoría en el Senado, lo cual hará aún más difícil aprobar sus malas reformas previsionales y tributarias.

¿Cuántos delincuentes envió el régimen de Maduro a Chile?

Por Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante

Walter Rodríguez, sicario profesional, identificado como jefe del comando que asesinó a Ronald Ojeda, entró varias veces a nuestro país a cumplir “trabajos” semejantes, y luego escapaba sin problemas. Hoy, según la fiscalía, se encuentra de nuevo en Venezuela. ¿Cuántos otros criminales como él han sido agentes de la “brisa bolivariana”, como dijo Diosdado Cabello, y han contado con la fluida cooperación de cómplices internos?

Son muy grandes el dolor y la indignación que todos sentimos ante los asesinatos cometidos por las bandas de delincuentes que han conseguido desfigurar nuestra convivencia en los últimos años. Sentimos como propio el drama de las familias de las víctimas. Pero, ese mismo sentimiento debe ayudarnos a mantener la serenidad necesaria para contribuir al propósito de dar una respuesta contundente a un enemigo con el cual no puede haber tregua.

¿Cuántos delincuentes puso en libertad el régimen de Maduro para que vinieran a Chile a partir de 2019? Varios miles, al parecer, por todo lo que hemos visto. Walter Rodríguez, sicario profesional, identificado como jefe del comando que asesinó a Ronald Ojeda, entró varias veces a nuestro país a cumplir “trabajos” semejantes, y luego escapaba sin problemas. Hoy, según la fiscalía, se encuentra de nuevo en Venezuela.

¿Cuántos otros criminales como él han sido agentes de la “brisa bolivariana”, como dijo Diosdado Cabello, y han contado con la fluida cooperación de cómplices internos? Vamos entendiendo, retrospectivamente, las calamidades sufridas por nuestro país en los días del estallido falsamente social.

El país enfrenta una verdadera emergencia nacional como consecuencia del terreno ganado por el crimen organizado a partir de la revuelta. ¿Alguien duda todavía de que uno de los principales objetivos de entonces fue debilitar y llevar a la crisis a Carabineros, contra cuyos miembros se concentraron las peores agresiones de parte de los grupos dedicados a robar, quemar y destruir? Fue muy grave la campaña de odio llevada a cabo contra nuestra principal institución policial, que tuvo como activistas, hay que decirlo, a no pocos parlamentarios oficialistas que hoy ponen cara de inocentes.

Varios gobiernos tienen responsabilidad en la génesis de la crisis de seguridad que hoy enfrentamos, lo que incluye no haber anticipado los efectos de una política migratoria imprudente y, ciertamente, la insólita porosidad de nuestra frontera norte. Lo más grave, en todo caso, han sido las incomprensiones supuestamente progresistas sobre el asunto crucial del monopolio estatal de la fuerza. Allí está la llaga de La Araucanía para demostrarlo.

Chile ha pagado demasiado caro la miopía e incompetencia de quienes llegaron al gobierno sin entender que el Estado tiene la obligación de proteger eficazmente a la población, para lo cual debe asegurar, en primer lugar, el pleno control del territorio nacional e imponer el respeto a la ley. La mayor prueba de cuán extraviada era su visión fue el proyecto de Constitución que desarticulaba el Estado unitario, y con el cual se comprometieron Boric y el bloque de gobierno.

La dimensión de la amenaza planteada obliga a un gran acuerdo nacional respecto de cómo actuar. Eso exige que el gobierno y la oposición entiendan que tienen una tarea común, que trasciende los partidismos: precisar los términos de una vigorosa ofensiva del Estado democrático dirigida a derrotar a las bandas de delincuentes. Nada es más imperioso.

Se requiere dar un fuerte respaldo a Carabineros de Chile y a la PDI en esta hora, y entregarles los recursos que sean necesarios para potenciar su labor. Hay que despejar pronto la confusión respecto de las reglas del uso de la fuerza. Quienes arriesgan su vida cada día para proteger a la comunidad no pueden seguir condicionados por las ambigüedades en un ámbito tan decisivo. Por supuesto que las instituciones policiales están obligadas a actuar en el marco del Estado de Derecho, pero eso no puede implicar que sus funcionarios carezcan de mínima seguridad acerca del apoyo legal que necesitan para responder a la agresión de quienes, como está demostrado, actúan sin Dios ni ley.

Hizo bien el gobierno al llamar en consulta al embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri. Hoy, no existe la posibilidad de que haya relaciones diplomáticas normales entre Chile y Venezuela. Han sido demasiadas las burlas y ostensible el juego doble de un régimen cuya naturaleza despótica parece hoy más clara para La Moneda, con la excepción del PC, que es un firme aliado de Maduro. No se puede esperar colaboración de aquella dictadura en materia de seguridad, pero hay que presionarla para dejar en evidencia sus trampas ante la comunidad internacional. Y adoptar las medidas apropiadas para proteger los intereses de Chile.

Pese al clima preelectoral, es indispensable que las fuerzas políticas procedan con equilibrio y sentido de Estado. Eso exige cuidar el lenguaje, de manera de no agudizar la incertidumbre y la angustia en la población. El país tiene reservas institucionales para enfrentar la crisis con energía e inteligencia. El gobierno debe cumplir con el mandato constitucional de defender nuestra soberanía, resguardar la seguridad nacional y sostener el orden legal en cualquier circunstancia.

Geriatricidio carcelario.

Por Carla Fernández Montero

13 de abril de 2024

Desde enero de 2024, la ONG CREN ha estado gestionando con Gendarmería de Chile la entrega de dos containers completamente equipados para mitigar en algo el hacinamiento descontrolado que está siendo objeto el Pabellón Asistir del CCP de Colina I.

Luego de “dimes y diretes”, entre la ONG y el Alcaide, después entre esta ONG y el abogado de Gendarmería de Chile Marcelo Carrasco, este último, informa el 3 de abril pasado que luego de hablar con el Director Regional, la respuesta definitiva de Gendarmería fue que “ellos no reciben ayuda de particulares ni donaciones de ellos”.

Cabe señalar que esta sorpresiva e inexplicable respuesta de Gendarmería, frente a tamaña catástrofe humanitaria que se está viviendo en el penal, se da no obstante la existencia de un fallo de la Excma. Corte Suprema (Rol Ingreso N° 2.193-2024), que el 8 de febrero de 2024 había ordenado que “Sin perjuicio de lo resuelto, ofíciese al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, remitiendo los antecedentes que constan en el sistema computacional, especialmente el recurso de amparo deducido y el informe emitido por Gendarmería, a fin que adopte las medidas necesarias para mejorar la situación de habitabilidad del Pabellón Asistir del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I”; y pese, a que actualmente se ventile una acción de protección incoada por el Fiscal (s) de la Excma. Corte Suprema don Eduardo Sáez Martín (Rol Ingreso Iltma. Corte N° 2.650-2024), y que surge a raíz de lo que ordenó este fallo, y que tuvo como fuente de inspiración dos visitas realizadas al recinto penal, la primera, el 20 de febrero de 2024, por parte del presidente de la Iltma. Corte de Apelaciones don Juan Cristóbal Mera Muñoz, y la segunda, por el Sr. Sáez Martín, acompañado de la Fiscal de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago doña Clara Carrasco Andonie.

El hacinamiento es un problema material pero que preocupa al derecho penal, ya que es una condición que afecta el cumplimiento de la pena, y como tal, es un aspecto que queda sometido al principio de legalidad (art. 19 N°s. 3, 7.b) y 26 CPR), y que repercute en los derechos fundamentales de los afectados (art. 19 N°s. 1 y 2 CPR).

Así, la pobreza argumental de Gendarmería de Chile sólo puede deberse a una cuestión “ideológica” y a una mala comprensión del principio de igualdad. No se entiende de otra manera que, por medio de un acto administrativo, se esté modificando los efectos de la pena penal -con abierta infracción al artículo 7° inciso 2° de la Carta Política-, violando el principio penal básico de que “la pena no puede trascender de la persona del delincuente”.

La “solución privada” (donación de dos containers) para un “problema público” (hacinamiento carcelario), como idea político-carcelaria, no puede ser utilizada como argumento para denegar la ayuda frente a este gariatricidio carcelario, ya que incluso en el marco de este limitado razonamiento de Gendarmería de Chile, no existe “lucro de por medio” ni tampoco una “discriminación arbitraria”, porque por un lado se trata de una mera liberalidad que va en beneficio exclusivo de una población penal muy vulnerable, según da cuenta la causa en cuestión, y por el otro, porque no existe una transgresión al principio de igualdad ante la ley, según se explicará más abajo.

Que el Estado se prive de utilizar los recursos y capacidades del sector privado para resolver problemas públicos y, en cambio, exhiba una confianza desmedida en las propias, constituye un grueso error de juicio, que afecta fuertemente los derechos fundamentales de las personas a quienes represento. Por lo demás, las condiciones inhumanas en que permanece la población penal del Pabellón Asistir del CCP de Colina I, reconocidas por los mismos que critican las soluciones privadas, no han podido ser resueltas por el aparato público.

Este sorpresivo y trasnochado “estatismo” pregonado por Gendarmería de Chile, además de rememorar ideas rechazadas en el plebiscito constitucional del año 2022, no se condice con las mejores prácticas a nivel mundial en cumplimiento de penas privativas de libertad y que se basan en la integración pública-privada, asumiendo todos, una responsabilidad en la inserción social de quien ha sido condenado, no relegándolo a una única y excluyente agencia pública. Es más, las denominadas public private partnership (PPP), que nace en Estados Unidos los años cincuenta, en materia carcelaria, se implementa en noviembre del año 2005, bajo el Gobierno del presidente Ricardo Lagos, cuando se inaugura la primera cárcel concesionada en la ciudad de Rancagua. Es decir, los privados -como sujetos integrantes de la política carcelaria-, incluso bajo la óptica de la concesión -que conlleva un lucro de por medio-, han sido aceptados sin problemas. Por eso no se entiende ahora esta negativa a la iniciativa privada, y más encima, frente a una “donación”.

El hacinamiento carcelario conlleva una serie de problemas graves, principalmente, la violación de los DDHH de los internos, y atenta contra la que debería ser la principal función del sistema carcelario: reinsertar a las personas que pasan por él, independientemente de la edad que tengan.

El principio de isonomia -base en que se asienta la regla de igualdad ante la ley (art. 19 N° 2 CPR)- obliga a tratar a los iguales como iguales, pero asimismo impide otorgar un tratamiento distinto a quienes no están en idéntica situación, por elemental equidad. En otras palabras, la igualdad ante la ley, es un principio de igualdad formal, que hace referencia a un concepto relacional de igualdad, ya que no alude a una igualdad aritmética, sino condicional, no pretendiendo un trato uniforma para todos, sino un trato parejo para todos aquellos que se encuentran en condiciones fácticas análogas.

Así entonces, el trato diferente del recluso no significa necesariamente “discriminación ilegítima”. Por el contrario, es una máxima aceptable en casos de reos ancianos y enfermos o discapacitados, que es el perfil biológico de las personas privadas de libertad en el Pabellón Asistir del CCP de Colina I.

Diversa legislación internacional de DDHH se encarga de avalar esta “discriminación positiva” y proteger a los internos afectados de estas medidas absurdas tomadas por la autoridad penitenciaria, por la vía de alegar una lesión indirecta del principio de igualdad, esto es, recibir un trato igual, a pesar de encontrarse en una situación diferente de la general, por su especial vulnerabilidad. Así, encontramos sólo por mencionar algunas, las siguientes:

1.- El Decreto Supremo N° 3.140, promulgado el 19 de noviembre de 1965 y publicado el 14 de diciembre de ese año, que fija el Reglamento sobre Normas Básicas para la Aplicación de una Política Penitenciaria Nacional, incorporando expresamente las Reglas Mandela, que en su directriz 2 (2), declara: “Con el propósito de aplicar el principio de no discriminación, las administraciones penitenciarias tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario. Se deberán adoptar medidas de protección y promoción de los derechos de los reclusos con necesidades especiales, y dichas medidas no se considerarán discriminatorias”. (énfasis agregado)

2.- El Decreto Supremo N° 873, promulgado el 23 de agosto de 1990 y publicado el 5 de enero de 1991, que aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada “Pacto San José de Costa Rica”, tratado que contempla en sus normas los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, y que establecen en relación con este asunto: “Toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá derecho a igual protección de la ley y de los tribunales de justicia. (…) Bajo ninguna circunstancia se discriminará a las personas privadas de libertad por motivos de su raza, origen étnico, nacionalidad, color, sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física, mental o sensorial, género, orientación sexual, o cualquiera otra condición social. En consecuencia, se prohibirá cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos a las personas privadas de libertad. No serán consideradas discriminatorias las medidas que se destinen a proteger exclusivamente los derechos de las mujeres, en particular de las mujeres embarazadas y de las madres lactantes; de los niños y niñas; de las personas adultas mayores; de las personas enfermas o con infecciones, como el VIH-SIDA; de las personas con discapacidad física, mental o sensorial; así como de los pueblos indígenas, afrodescendientes, y de minorías. Estas medidas se aplicarán dentro del marco de la ley y del derecho internacional de los derechos humanos, y estarán siempre sujetas a revisión de un juez u otra autoridad competente, independiente e imparcial. (…) Las medidas y sanciones que se impongan a las personas privadas de libertad se aplicarán con imparcialidad, basándose en criterios objetivos” (Principio II).  (énfasis agregado)

3.- El Decreto Supremo N° 162, promulgado el 01 de septiembre de 2017 y publicado el 7 de octubre de 2017, que Promulga la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que, según su Preámbulo, reafirma “el valor de la solidaridad y complementariedad de la cooperación internacional y regional para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona mayor. La examinada Convención persigue “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”, y conforme a lo dispuesto en su artículo 13, se establece que: “La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva. Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención. Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos”. (énfasis agregado)

De esta forma, podemos observar que la normativa internacional de los derechos humanos refuerza estas conclusiones entorno a la falta de razonabilidad de la decisión de Gendarmería de Chile. Como es bien sabido, por mandato del inciso 2° del artículo 5 de la Constitución Política de la República, los órganos del Estado deben respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la propia Constitución, “así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Así las cosas, no existe fundamento alguno, ni racional ni legal, para que Gendarmería de Chile continúe negándose a recibir la donación de privados, tendiente a mejorar las condiciones de habitabilidad del Pabellón Asistir del CCP de Colina I, y en añadidura, “darse el lujo” de no hacer nada para resolver el problema del hacinamiento.

En lo que se refiere al principio de igualdad, cabe señalar que, con su actitud, este órgano penitenciario incumplió la regla básica de no discriminación indirecta (discriminación positiva), que ya no exige un trato igualitario para todos los reclusos, sino, por el contrario, la adopción de ajustes razonables para que la aplicación de una determinada normativa (o acto administrativo) no redunde en inequidades respecto de personas encarceladas en situaciones de especial vulnerabilidad.

En otras palabras, mientras el principio de no discriminación directa demanda un trato igual, equivalente o equitativo para todos los internos que se encuentren en las mismas circunstancias, la regla de no discriminación indirecta reclama un trato diferente que compense la situación desventajada en la que están emplazados específicos colectivos de personas sometidas a un régimen carcelario, como en la especie, serían mis representados.

La actitud de Gendarmería de Chile, nos recuerda la obra de Lope de Vega “El perro del hortelano” y su moraleja por todos conocida.

Albert Camus dijo: “Debemos comprender que no podemos escapar del dolor común, y que nuestra única justificación, si hay alguna, es hablar, mientras podamos, en nombre de los que no pueden”.

Carla Fernández Montero

Abogada

Derecho Penitenciario

El próximo 18 de mayo iba a cumplir 28 años y el teniente Emmanuel Sánchez ya tenía definido su futuro. Con su esposa y su pequeño hijo, se proyectaba como investigador del OS9 de Carabineros, para lo cual había ingresado al primer año de preparación en el curso de Criminalística en la Escuela de Especialidades de la Dirección de Educación y Doctrina.

Ayer su asiento en la sala de clases apareció con una foto y dos velas fueron encendidas por sus compañeros, luego que fuera asesinado en la víspera en la comuna de Quinta Normal. El golpe fue duro en la institución que el viernes pasado conmemoraba un año del crimen del cabo Daniel Palma.

En dos años, Carabineros suma cinco homicidios de funcionarios policiales. Todos baleados. A Sánchez y Palma, los antecedieron la sargento Rita Olivares en (marzo de 2023), el cabo David Florido (junio 2022) y el funcionario Breant Rivas (mayo de 2022).
Felipe Ramos Hajna
Editor de Newsletter, edición de “El Mercurio”.

Teniente Sánchez es el quinto carabinero muerto a balazos en dos años: sus asesinos se especializaban en los robos violentos. Oficial recibió 14 impactos de bala al repeler un asalto. Hay tres venezolanos detenidos por el crimen. Otro integrante de la banda está prófugo y un quinto —que tenía una orden de expulsión pendiente— murió por la acción del policía. Uno de los imputados reconoce que la noche del miércoles salieron a “jalar teléfonos”. Que un hombre en motocicleta atacaba a las víctimas y ellos lo cubrían en un auto. Mamá del fallecido uniformado: “Ninguna madre debe pasar por esto, pero está haciéndose una realidad para muchas mujeres ver morir a sus hijos en manos de criminales”. (Página C1, El Mercurio)

“Situación se mantiene crítica”: Expertos ven pocos avances en seguridad y prevención de delitos. A un año del crimen del cabo Daniel Palma y en medio de nuevo homicidio de un funcionario policial, apuntan a la lentitud de la agenda legislativa en esta materia y a la necesidad de mayores resguardos en zonas donde es sabido que operan bandas. Entre los especialistas recuerdan que el crimen del cabo Palma adelantó propuestas que se estaban trabajando en ese entonces, como la idea del plan Calles sin Violencia, que según alcaldes de zonas rurales desplazó el delito a sus comunas; y que cuatro días después de la muerte del policía, el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley Reglas del Uso de la Fuerza, que aún está en primer trámite constitucional.(Página C2, El Mercurio)

Fiscalía asegura que el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda fue ordenado desde Venezuela. A 50 días del secuestro y posterior homicidio del exmilitar Ronald Ojeda Moreno, disidente del régimen chavista que gobierna en Caracas, el Ministerio Público de Chile dio por superada la etapa investigativa en que todas las hipótesis se encontraban abiertas y aseguró que el crimen cometido en Santiago fue ordenado desde Venezuela. Hasta el momento, solo hay un detenido por este delito, un menor de 17 años de nacionalidad venezolana. Según el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el Presidente Boric “está evaluando las relaciones diplomáticas con Venezuela” (Página C5, El Mercurio)

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NOTA:

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, compañeros de Promoción, camaradas y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación