Imposición del Orden y la Seguridad

Por una vez digamos la verdad. (3)

El Plan Cuadrante de Carabineros de Chile para la Seguridad Preventiva (PCSP) es un Sistema de vigilancia por sectores (cuadrantes) iniciado el año 2.000, donde se desarrollan acciones preventivas y procedimientos, en un área cuya vigilancia corresponde a una Unidad específica de Carabineros con el propósito de obtener más eficiencia en el accionar policial y acentuar la relación de trabajo directa con los habitantes y organizaciones sociales de cada cuadrante

Apunta directamente al corazón del problema: aumentar la sensación de seguridad de los ciudadanos.

La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y otras organizaciones de interés público, destinada a asegurar su convivencia y desarrollo pacífico; la erradicación de la violencia; la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y en general evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. Este es también el primer y vital órgano de obtención de informaciones que alimenta al Organismo de Inteligencia del Ministerio del Interior.

La seguridad ciudadana, es un concepto amplio que incorpora los valores del Estado social y democrático; yendo más allá de forzar a los ciudadanos a la obediencia de la norma, sino que a garantizar la calidad de vida de los mismos.

Al colocar en el mismo plano los conceptos de democracia y seguridad, podemos apreciar que la democracia aparece asociada a los sentimientos de peligro, miedo y urgencia.

Se trata, entonces, de dejar de lado el “paradigma del orden”, para ubicarnos en el de la “seguridad ciudadana”, con base en la seguridad de las personas y no solo ni principalmente en la seguridad del Estado. En este sentido, el Plan Cuadrante de Carabineros de Chile 2 (PCSP) es un cambio radical de foco y forma de abordar su misión; este es un aspecto crítico que define y delinea el carácter de la interacción entre la policía y los ciudadanos.

 Hace énfasis en el carácter preventivo y de colaboración de la ciudadanía con las actuaciones del Estado y no solo una actividad reactiva ante la comisión del delito.

En este ámbito, Carabineros de Chile posee un capital invaluable: el cariño, respeto, confianza y apoyo ciudadano. Contra lo que aseguran “expertos” de izquierda, esto no es el resultado de campañas publicitarias efectivas1 sino su presencia constante, solidaria y eficaz desde el parto al funeral, desde el niño al anciano, desde la mujer golpeada hasta el aprendiz de delincuente. Desde el incendio a la inundación, pasando por el terremoto y el accidente en la cordillera. Este capital ha resistido feroces campañas de desprestigio de la extrema izquierda e incluso desde miembros del Gobierno, el Congreso y la Judicatura, saliendo siempre airoso. El aprecio ciudadano a Carabineros y la PDI superan amplia y contantemente a todos demás los organismos del estado. Esta es una valiosa cualidad que debe ser conservada.

Sin perjuicio de lo señalado, la policía debe asegurar la estabilidad, la supervivencia y la seguridad del Estado cuyo debilitamiento afecta directamente de la sensación de seguridad de los ciudadanos.

Se puede apreciar entonces que el concepto de “sensación de seguridad / inseguridad” de los ciudadanos es el punto de confluencia de ambas áreas de acción -seguridad ciudadana y seguridad del estado- y que ellas existen simultáneamente. Ambos tipos de seguridad son percibidas por la ciudadanía forma diferida, pero inexorablemente ligadas una a la otra.

La combinación, tamaño y grado de actividad relativo en una u otra área de la “sensación de seguridad” es variable, de un país a otro y en diferentes momentos políticos, económicos y sociales dentro cada  país. Un problema difícil de resolver es como disponer de capacidades medios, recursos y doctrinas para cumplir tareas tan diferentes con las mismas fuerzas y evitar que las acciones de esas fuerzas no debiliten sus condiciones para cumplir alguno de sus dos roles2 .

Esto nos lleva a tener que manejar eficientemente, dentro de una misma institución, tareas muy diferentes: 1.- la necesidad de la conservación y protección de la relación de confianza, respeto y aprecio desde la ciudadanía hacia las organizaciones policiales a cargo de la seguridad ciudadana, que descansa en la confianza mutua ciudadano – policía 2.- La capacidad de las fuerzas, -distintas a la ya mencionadas- que actúan en el combate al crimen organizado y violencia cometida por turbas fuera de control, en las que la capacidad de producción de “disuasión” es la cualidad central que implica superioridad policial en los enfrentamientos que sus actividades requieren y 3.- la producción de inteligencia que relacione , en el nivel directivo la relación funcional entre ambas actividades antisociales y permita combatirlas adecuadamente, de acuerdo a sus características intrínsecas.

 En Chile aún no se han consolidado eficientemente las conexiones estratégicas dentro de los últimos niveles delictuales señalados en 2.- y 3.- pero su conexión y funcionamiento se materializará inexorablemente.

 Diseño de una Estrategia de seguridad efectiva. Hoy, en Chile, no es posible diseñar ni actualizar estrategias de seguridad efectivas sin la previa identificación de los Objetivos Estratégicos y la consiguiente acción simultánea y coordinada de los tres elementos señalados.

– Carabineros en su organización actual cubre la seguridad de las personas con cierta eficacia, el Plan Cuadrante es un buen intento que debe ampliarse, fortalecerse y expandirse a todo Chile. Ciudades y zonas rurales. – No tiene suficientes capacidades enfocadas a controlar sistemáticamente las actividades contra la seguridad del Estado.

– Ningún cuerpo policial apoya efectiva, integrada y sistemáticamente el esfuerzo de Inteligencia del Gobierno, pese a estar en contacto cercano con la delincuencia común, que es el terminal del crimen organizado.

En breve, los objetivos de la estrategia de seguridad pública de Chile se dan en tres ámbitos.

1.- la que se ocupa del fenómeno delincuencial, entendido como amenaza a los individuos, sus bienes y su estabilidad social y emocional;

2.- la que se ocupa de las amenazas al Estado y al cumplimiento de su obligación de controlar el crimen organizado y las turbas violentas devenidas en amenazas a la ciudadanía.

3.- La que provee al Estado el conocimiento anticipado de la probables acciones delictuales contra la ciudadanía y contra el Estado3 .

En Chile, a la sombra y asociadas a partidos políticos como el PC4, que declaran y practican el uso de la violencia para conquistar el poder, orbitan grupos anarquistas violentos, pandillas asociadas al tráfico de drogas, grupos violentos que saquean supermercados y farmacias sistemáticamente y a pedido, mano de obra especializada al servicio de lotes políticos que recurren ocasionalmente a la violencia, barras bravas que operan en conjunto con actividades “deportivas” y asociadas al tráfico de drogas y la destrucción sistemática de Pymes, se ha establecido, por la práctica constante del abuso e irrespeto a la leyes, una subcultura de violencia que se intersecta con la delincuencia común, las drogas, las pandillas internacionales que han  introducido en Chile nuevos delitos y prácticas criminales atroces, y la política.

El motor de esta actividad es la campaña sistemática de la izquierda para debilitar, desprestigiar y destruir la moral de las policías y las FFAA. El caso más evidente fue el motín de Octubre de 2018 en que se demolió el sistema de transporte urbano, se incendiaron monumentos y edificios icónicos y concluyeron con reconocimientos y premios gubernamentales a los criminales, sin que el estado haya tenido la voluntad para identificar a los delincuentes ni a sus líderes.

 Un factor clave a dilucidar al definir los objetivos estratégicos de seguridad es identificar a los adversarios y establecer sus características y comportamiento.

Este análisis nos lleva a tres problemas a resolver: la estructura, conformación y capacidades de las fuerzas policiales; la elección del tipo de disuasión a aplicar a los delincuentes para inducirlos a abandonar sus actividades antisociales y la definición y la estructura del mando político en la conducción de las operaciones.

1 Dammert, Lucía. Ex integrante del 2° Piso, con actual concurrencia como profesora a la U. de Chile.

2 En el pasado el Cuerpo de Carabinero conformó unas “Fuerzas Espaciales” que cumplieron ese rol, pero con baja eficiencia ya que su frecuencia de empleo fue muy reducida. Posteriormente, se creó El Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros orientado mas bien hacia el rescate de personas y control de actos terroristas.

3 Informaciones para la producción de Inteligencia y EstadisNcas de diversos Npos.

4 Diputado PC Luis Cuello -29 de Febrero de 2024: “Una menor intensidad de la movilización ha incidido en no poder avanzar con más celeridad en las reformas”. La violencia callejera es la forma efectiva de “hacer política”.

Fernando Thauby García Melosilla,

 sábado 2 de Febrero de 2024

Unas cuantas verdades dichas por un ex-comunista:

CUBA

El Gobierno cubano pide por primera vez a la ONU el envío urgente de leche para niños

El Programa Mundial de Alimentos ya ha transportado un cargamento de 144 toneladas de leche en polvo descremada en un contexto de profunda crisis económica

Unos paquetes de leche en polvo a la venta en un establecimiento de La Habana.YANDER ZAMORA (EFE)

CARLA GLORIA COLOMÉ

01 MAR 2024 – 05:27CET

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Cuba ha pedido ayuda de manera “urgente” al Programa Mundial de Alimentos (PMA), un organismo dependiente de Naciones Unidas, para que facilite el envío de leche a los menores de siete años. Aunque no es la primera vez que la isla atraviesa una situación de crisis alimentaria, nunca antes había tramitado una solicitud de estas características a la ONU. El Ejecutivo no se ha pronunciado públicamente sobre la petición, pero la delegación del PMA en el país ha asegurado que recibió “una comunicación oficial del Gobierno” y que ya ha comenzado el envío de leche en polvo, que se distribuye de forma racionada en las bodegas estatales.

El Programa Mundial de Alimentos, la mayor agencia humanitaria dedicada a combatir el hambre y que brinda asistencia a más de 90 millones de personas al año, confirmó a la agencia EFE que las autoridades pidieron ayuda “para continuar la entrega mensual de un kilogramo de leche destinada a niñas y niños menores de siete años en todo el país”. El organismo destaca la “necesidad urgente” y “la importancia de esta solicitud” en un momento de “profunda crisis económica” para el país. También aseguró que la situación de escasez está impactando “significativamente en la seguridad alimentaria y nutricional de la población”. “Es la primera vez que Cuba solicita apoyo emitiendo una comunicación oficial al más alto nivel de dirección del PMA”, agregó el organismo.

La petición fue cursada a finales del año pasado, cuando el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (Mincex) envió la carta a la dirección ejecutiva del PMA en Roma. Además, aclararon que Cuba “no refiere ningún marco temporal explícito” en su solicitud y que el Ejecutivo busca “movilizar recursos adicionales” de “donantes tradicionales y no tradicionales” ante un panorama que no deja ver mejoría en la economía del país. El Programa ya ha enviado a la isla “144 toneladas métricas de leche en polvo descremada”, que beneficiarán a casi 48.000 niñas y niños de entre siete meses y tres años en Pinar del Río y La Habana.

La falta de leche en Cuba, un problema que se repite

No es la primera vez que en Cuba hay retrasos o ausencia total de leche en la dieta que el Gobierno de la Isla distribuye a través de las llamadas libretas de abastecimiento, y que solo reciben los niños menores de siete años y las personas con dietas especiales por enfermedades crónicas. Desde 2021 las autoridades han comunicado que no cuentan con un abastecimiento suficiente del producto, debido a retrasos en la importación, la poca disponibilidad de financiamiento y de barcos que puedan trasladar los cargamentos de leche. Para inicios de 2022, funcionarios de la Industria Agroalimentaria reconocieron que no estaban pudiendo entregar la leche de dieta a niños y mujeres embarazadas. Más de una denuncia de ancianos o madres desesperadas por la falta de leche se ha vuelto viral en redes sociales. En varias ocasiones, la entrega de leche en Cuba se ha tenido que sustituir por sirope o refresco instantáneo vitaminado.

A finales del año pasado, los ministros de Economía y de Energía y Minas comparecieron en la televisión estatal para informar sobre el poco dinero que tiene el país para comprar alimentos en el exterior y para garantizar el suministro de energía. El ex ministro de Economía Alejandro Gil dijo entonces que la economía estaba “en una situación compleja” y admitió los retrasos o la falta de leche, café o carne de cerdo para la población.

En febrero de este año la Ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Rodríguez, admitió que los niños de seis meses a dos años no reciben leche desde el pasado 5 de febrero y aseguró que estaban trabajando en la búsqueda de alternativas con las pequeñas y medianas empresas. Ese mismo mes el país recibió ayuda de leche en polvo, arroz, maíz y harina desde Brasil, como parte del inicio de un acuerdo de cooperación entre el país sudamericano, Emiratos Árabes Unidos y Cuba. También llegó desde Asturias una donación de 500 kilogramos de insumos médicos y leche en polvo.

En aras de darle un respiro a la economía, a finales de año el Gobierno cubano lanzó un paquete de medidas económicas que aparentemente aliviaría la crisis en 2024, pero que resultaron muy impopulares por el aumento en el costo de la vida que significa para los cubanos. Las autoridades no solo frenaron la aplicación de estas medidas, sino que anunciaron la repentina destitución del ministro de Economía tras dejar atrás un país que terminó el año con una inflación del 30%, una economía que se contrajo el 2% y un contexto el que miles de cubanos encuentran en la emigración la única vía de escape a la escasez.

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¿A esto nos quieren llevar?

Señor director

Escuchando al grupo musical “Bric a Brac”, muy probable que muchos no lo recuerden, ya que es de fines de 1966, me acordé de la canción “Pasan sin Mirar”, no conozco el fondo de la letra de la canción, pero me siento identificado al igual que muchos militares en retiro sometidos a la persecución del poder judicial, varios como yo sin tener participación. Me dicen que me calle, pero están por condenarme a 13 años de prisión por cómplice, no obstante, ni siquiera haber estado presente en los hechos investigados, tal como se acredita en el expediente que tiene más de diez mil fojas y el fallo de primera instancia, mil cientos sesenta. Percibo que a nadie o muy pocos le interesa el tema, y los verdaderos responsables muy callados, y la justicia tras los conscriptos, clases y subtenientes de la época, pues los más antiguos están fallecidos o presos.

¿Que se pude hacer cuando no se respetan las leyes y tratados vigentes, y todos miran para el lado? Hace un tiempo, cuando ni siquiera sospechaba que me procesarían, un alto grado militar me señaló es preferible que paguen unos pocos, pero no se desprestigien a las FF.AA. Hoy estoy entre esos miles de militares procesados, acusado y condenado por algo que no hice y ni si quiera supe que se cometería un ilícito. Primero me acusaron de “encubridor”, pero como no existían pruebas, el Ministro Álvaro Mesa Latorre me cambió la calificación a “cómplice”, no obstante, apelé y la Corte de Apelaciones de Temuco me dio la razón 3 x 0, manteniéndome como “encubridor”, por lo que fui acusado como encubridor, contestando la acusación como encubridor, y en el momento de ser condenado el Ministro lo hace en calidad de “cómplice” no existiendo nuevos antecedentes.

¿Será por lo que afirma el Ministro Mesa en sus últimos fallos? “No importa la función que cumpliera, el acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen donde se detenía, apremiaba y ejecutaba a personas, luego entonces corresponde imputarle penalmente responsabilidad”. O sea, el Ministro Mesa, no considera si participó o no en los hechos, bastaba ser militar para condenarlo, ante esta forma de aplicar justicia, estamos indefensos quienes ingresamos a la Escuela Militar a los 14 o 15 años para servir a la patria.

A la fecha de los hechos era subteniente de 23 años, hoy tengo 73 años, coronel de ejército en retiro, abogado y especialista en Política de Defensa, casado hace 46 años, tres hijas y 8 nietos, condenado por algo que no hice.

Esperamos muchos que la Corte de Apelaciones de Temuco, analice en su verdadero mérito las circunstancias, y principalmente las apelaciones que refutan el fallo de primera instancia.

Gabriel Fuentes Campusano

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La IN-justicia habla por sus fallos, por favor lea lo que sigue a continuación y trate de explicarse cómo un agente herido por dos balazos de un terrorista ahora tiene que ir a la cárcel porque le respondieron en defensa propia y lo mataron, incluso encarcelan a su jefe que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos:
https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/105427

Y así después quieren que policías y militares cumplan sus funciones sin un apoyo legal

Por Cristián Labbé Galilea

Finalizando un verano saturado de negativos incidentes de seguridad, violencia, catástrofes, tragedias… nos cayó del cielo una chispa de optimismo: fue el Festival de Viña, con la magia de Andrea Bocelli, quien revalidó que en nuestro país aún se valora lo bueno, lo de calidad, y no se ha perdido el sentido de la estética, de lo bello, de lo clásico…

Cierto lo dicho. Se puede ser optimista, pero también hay que ser realistas. Es tanta la vorágine de noticias que muchas de ellas, aun siendo graves, caen rápidamente en el olvido… Baste recordar el refrán: “Las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan”.

Para muestra un botón: hemos olvidado que en los últimos 12 meses habrían sido contratadas por el Estado más de 100 mil personas, lo que representaría un fuerte incremento del gasto público, y lo más grave es que esto sucede en una economía estancada, en un país que no crece, y sin que nadie sepa explicar dónde están estas nuevas contrataciones. Ni la Contraloría General, ni la Dirección de Presupuestos, y menos el gobierno dan cuenta de esta monstruosidad.

Son muchas las reflexiones que sobre el particular se hace esta suspicaz pluma, entre ellas el que esto obedece a una premeditada estrategia de la izquierda para llevar adelante su “revolución institucional”.

Se equivoca quien cree que “una revolución es ‘un’ suceso” y que, en nuestro caso, ella ya fue sofocada después de cuatro años de muchos “ires y venires…” Lo cierto, y así lo indica la experiencia, es que políticamente “las revoluciones son un proceso”, y ese proceso en nuestro país está en plena marcha.

No hay que ser muy sagaz para deducir que la Izquierda, así como van las cosas, está convencida que dejará de ser gobierno en el próximo periodo (2026 – 2030) y que, aunque será la hoy Oposición quien ocupe la Moneda, ella no va a renunciar a sus objetivos refundacionales; para eso se está preparando desde ya… Al decir de ellos mismos: “podremos perder el Gobierno, pero nos quedaremos con el Estado”.

Si algún incrédulo parroquiano duda de lo anterior, le bastará mirar lo que pasó -y está pasando- al otro lado de la cordillera. Apenas intuyó perdido el gobierno, el Kirchnerismo puso en marcha “el plan K” para copar anticipadamente el Estado, agudizó el ingenio burocrático y creó nuevos organismos y políticas públicas que les permitieran contratar a sus afines.

Por último y, teniendo a la vista la “vecina experiencia”, esta inquieta pluma se pregunta: ¡que está esperando la Oposición, -partidos, parlamentarios, dirigentes gremiales…-, para actuar, ahora que aún existe la oportunidad de pegarse como “perro de presa” en el tema de ¿dónde están y quienes son los miles de nuevos contratos en el sector público?!

En definitiva, si este tema no se aborda con decisión ahora, después, si se es gobierno… los miles de contratados que hoy “no se sabe dónde están”, se habrán transformado en “activistas… en acción” … entonces será demasiado tarde.

UNIDAD NACIONAL

Observamos que nuestro país está enfrentando una tremenda crisis, política, social y económica, tal vez parecida a la que culmino un 11 septiembre de 1973.

Vemos todos los días faltas a la probidad y corrupción de parte de los tres poderes del Estado, o sea no sólo del ejecutivo, que tienen a los ciudadanos atemorizados, sin saber cómo remediar lo que está ocurriendo. ¿Cómo detenemos el terrorismo y el narcotráfico y el poder político preocupado de perseguir a los militares del 73, aunque queden vivos puros subalternos?

 El Poder Judicial, ¿se dará cuenta que el condenar a militares de muy bajos grados a altas y masivas penas por obedecer a sus superiores, está cometiendo una tremenda injusticia? ¿No les llama la atención que dentro de estos subalternos hay una gran cantidad de jóvenes soldados conscriptos que hacía su servicio militar obligatorio y que se les enseñó a cumplir órdenes? ¿Sabrá el poder judicial, el efecto que tienen estas condenas sobre el personal militar activo, el que lo pensará mucho antes de cumplir una orden, sea en tiempo de guerra o paz, para no terminar detrás de las rejas?

¿Es lógico que un militar o policía, tenga que costearse su propia defensa, es decir pagar un abogado que demuestre su inocencia por hechos ocurridos hace más de 50 años y que, por cierto, no integraba una guerrilla o montonera, sino instituciones de la República, como los son las FF.AA. y Carabineros e Investigaciones de Chile?

 Conozco a conscriptos y clases que han sido condenados por falta de un buen abogado, a oficiales y suboficiales que han tenido que vender su casa para solventar los gastos del proceso judicial, que dura una eternidad. ¿No debieran las instituciones de la Defensa Nacional asesorar a sus integrantes y no dejarlos a su suerte, toda vez que son inocentes mientras no se demuestre lo contrario? La historia juzgará a quienes callaron o no defendieron con firmeza a los suyos y los dejaron tras las líneas enemigas…

Chile es un país que ante la adversidad se une. ¿no es hora que nos pongamos serios y juntos saquemos el país adelante, aprendamos la lección de ineficiencia que nos dejó la clase política de las décadas de los 60 y 70, y no sigamos castigando a un sector bien definido de la sociedad, que entonces eran muy jóvenes e hicieron lo mejor posible por dar seguridad a la población.

Recordemos a un gran líder mundial, me refiero a Nelson Mandela, quien, en Sudáfrica, sufrió los más terribles vejámenes, permaneciendo por 27 años encarcelado (1962-1990), no obstante, al salir libre y asumir la presidencia de su país, no persiguió a sus verdugos, los perdonó y durante su gobierno de Unidad Nacional, invitó a otros partidos políticos a unirse a su gabinete. ¿No será ese el camino que debiéramos seguir?

Gabriel Fuentes C.

Abogado y Coronel de Ejército

*COMENTARIOS SOBRE EL EJÉRCITO*

A raíz de la gravísima situación delictual y presencia en Chile de peligrosos grupos de extranjeros organizados y a la débil reacción política de la oposición , he leído artículos (sin firma) y he escuchado audios (sin identificación) donde se hace críticas al Ejército y a la persona de su Cdte en Jefe por no reaccionar ante esta grave situación .

A estos críticos les señalo que en la página de Internet Congreso Nacional , aparecen todos los correos y contactos de Diputados y Senadores, lugar preciso para hacer presente sus descargos , demandas y denuncias comprobadas .

Dejen al Ejército hacer presente su opinión cuando corresponda y sea solicitada, acá y con urgencia los políticos tienen la palabra.

No olviden que muchos padres de ustedes golpearon las puertas de cuarteles para salvar a Chile y esos militares que salieron a las calles por sus súplicas , hoy aparecen como los únicos responsables del quiebre de la democracia de los años 70, envejecidos , con familias destrozadas , privados de libertad de por vida sin derechos ….y los civiles que pidieron su intervención perdieron la memoria y jamás los apoyaron oficial y judicialmente.

Favor no sigamos dando tribuna a quienes solo buscan denostar a la Institución y no sigamos retransmitiendo escritos o audios de irresponsables hablando en contra de nuestro Ejército. No repitamos la historia.

René Norambuena V.
General ( R)

“EL LADRÓN DETRÁS DEL JUEZ”

He querido distraer su atención para comentar  la situación de un amigo que esta con prisión preventiva desde 03 de mayo 2023, ya por completar casi 10 meses preso. La causa es reservada RUC 1900873785-4, RIT 4342-2021, En esta causa están con prisión preventiva, el general de Ejército Schafik Nazal Lázaro, quién fuera Director de Inteligencia del Ejército los años 2017 y 2018 y que llegara a ser el segundo del Ejército en el cargo de Jefe del Estado Mayor General del Ejército, cargo ejercido, en el complejo periodo del año 2019 y 2020, año que se acoge a retiro, además se encuentra también en prisión preventiva el ex Juez, y que fuera Magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago Sr Juan Poblete, quien finalizó su carrera como presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó.

La causa esta incoada en el conocido y nefasto 7° JUZGADO DE GARANTIA DE SANTIAGO, y entre los persecutores se cuenta con la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, y el Fiscal Jaime Retamal, Fiscal Ximena Chong y Fiscal Xavier Armendáriz. Además, son parte de la querella, el Consejo de Defensa del Estado, el INDH, y las denominadas víctimas, el Ex Militar Sr Rafael Harvey, Sergio Tudezca, Juan Diaz, Carlos Farias y el Periodista MAURICIO WEIBEL.

Los hechos, los trataré de resumir por hitos:

• El 09/04/2014, El Ejército denuncia ante el II Juzgado Militar “Fraude al Ejército por mal uso de fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, causa rol 575-2014, investigación que actualmente es llevada por la jueza Ana María Osorio, designada para reemplazar a la ministra Romy Rutherford.

• En AGO 2015, el medio de Clinic bajo el título Milicogate: “La historia de la investigación que noqueó al Ejército, Entre agosto y noviembre de 2015, este medio publicó siete artículos que detallaron cómo un grupo de oficiales y suboficiales de la institución castrense desfalcaron el multimillonario aporte del Fondo Reservado del Cobre, supuestamente destinado a la compra de armamento. La investigación, desarrollada por el periodista Mauricio Weibel Barahona -en colaboración con el equipo de entonces de The Clinic-, reveló las artimañas que utilizaron los uniformados para quedarse con el dinero y cómo lo gastaron indiscriminadamente en casinos, caballos pura sangre, viajes y operaciones”.

• En el mencionado reportaje, se divulgan documentos de carácter secreto, producto de lo anterior, el Ejército inicia una causa en el II Juzgado Militar N.° 1920/2015., en ella son citados a declarar editores y periodistas del medio de Clinic, quienes se acogen al secreto de no revelar fuentes de información. La causa se cierra por no encontrar responsables.

• En Dic 2015 el conocido ExCap Rafael Harvey, es sancionado por publicar fotocopias con documentos clasificados, reclama ante la sanción y el 06 junio 2018, la Corte Suprema ratifica la sanción en causa Rol 37817-2017

• El Ex TTe Farias por redes sociales mantiene una página en Facebook para brindar asesorías a las fuerzas armadas, en dicha página figuran documentos de carácter reservado de la institución.

• En mayo de 2016, con posterioridad a la denuncia que presentó el Ejército, el periodista Mauricio Weibel, publica el libro “Traición a la Patria” en dicho libro figuran documentos secretos (decretos de compras de material, programas de mantenimiento y fichas de fundamento de gasto para mantenimiento del potencial bélico), que según el Código de Justicia Militar art 426, los tipifica como documentos de carácter de secreto, “cuando se refiera a armas de fuego, partes y piezas de las mismas, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos a que se refiere la ley N° 17.798 usados por las fuerzas armadas o carabineros y aquellos que se refieran a equipos y pertrechos militares y policiales”.

Que hace la DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO, (DINE), al mando del General Nazal el año 2017:

Considerando los antecedentes antes descritos, inicia una investigación para determinar:

• Si existían otros documentos también filtrados.

• Quienes eran los militares que podían estar entregando esta información.

El contexto legal para ejecutar acciones que permita obtener informaciones, lo concede y permite la ley N.° 19.974 de sep 2004, Sobre el sistema de inteligencia, cuyo Título IV Capitulo 1ero, de los servicios de Inteligencia Militar, Art 20 se refiere a la Inteligencia militar es una función que corresponde exclusivamente a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y a la DID del Estado Mayor de la Defensa.

También es relevante en la mencionada norma legal la función Inteligencia y la Contra inteligencia necesaria para detectar neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional. Excepcionalmente dentro de las funciones de policía que le corresponden a la autoridad marítima y aeronáutica, la inteligencia naval y aérea podrán realizar el procedimiento de información de carácter policial que recaben”

Conforme a lo anterior esta ley faculta a los directores de Inteligencia para realizar operaciones de Contrainteligencia dentro del País, siempre y cuando estas sean autorizadas por el ministro de la Corte de Apelaciones, encargado del control de la Ley nombrada anteriormente.

Al amparo de la ley N.° 19.974 Sobre el sistema de inteligencia, se llega a la convicción en marzo 2017 que es indispensable para el cumplimiento de los objetivos de la investigación y considerando que no pueda ser obtenida de fuentes abiertas, utilizar los procedimientos especiales de obtención de información, es importante considerar que la ley en su art 24.- establece “Para los efectos de esta ley se entiende por procedimientos especiales de obtención de información, los que permiten el acceso a antecedentes relevantes contenidos en fuentes cerradas o que provienen de ellas, que aporten antecedentes necesarios al cumplimiento de la misión específica de cada organismo operativo”

En consecuencia y de acuerdo lo establece la LEY en su Artículo 25.- El Grl Nazal Director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, de la época, solicitó, personalmente, la autorización judicial para emplear la intervención de las comunicaciones telefónicas, ante el Magistrado de la Corte de Apelaciones designado Sr. Juan Poblete, quien era en esa fecha competente para pronunciarse sobre la mencionada autorización.

 Considerando lo complejo de la situación, la posible filtración de nombres, lo mediático del caso, el Director de Inteligencia con la anuencia del Magistrado, procede a modifica la individualización de la o las personas en los documentos que son presentados, con el fin de resguardar el secreto de lo investigado.

Hay que considerar que, dada la técnica legislativa utilizada, se observa que las reglas contenidas en la Ley Nº 19.974 de SEP 2004, son las mínimas necesarias, sin que existan referencias expresas a otro tipo de normativa, tales como la forma en que se deben tramitar las solicitudes o cómo se debe llevar el registro, entre otras.

Es por ello que la corte Suprema recién con fecha 28-MAR-2023 Promulga el AUTO ACORDADO N° 54 ACTA Nº 54-2023. QUE REGULA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN REGULADOS EN EL TÍTULO V DE LA LEY Nº 19.974 “SOBRE EL SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO

Producto de anterior y terminado el plazo legal y que el General Nazal deja la Dirección de Inteligencia en enero 2018, cesan la intervención de las comunicaciones telefónicas.

El Caso llega a los medios de prensa

El reportaje del diario La Tercera el 10 de agosto del 2019, interceptaciones telefónicas de la DINE, comienza a permear las instituciones, al Poder Judicial y al Ejército.

En agosto 2019 se informa de los hechos en la Comisión de Inteligencia del Congreso, en reuniones secretas.

El 20 de abril 2021, se informa de los hechos en la Comisión Especial designada para estudiar este caso en el Congreso Nacional.

El Caso llega a Tribunales

El General Nazal se acoge a retiro desde diciembre 2020, el 24 de junio 2021 es llamado a declarar ante el Fiscal Jaime Retamal de Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

 El 30 de abril de 2023 la Procaduría Fiscal presenta querella criminal.

El 03 MAY 2023, el Juez JAIME FUICA MARTINEZ, en audiencia de formalización somete a proceso y decreta medida cautelar de prisión preventiva por ser un peligro para la seguridad de la sociedad. En la misma situación actualmente se encuentra en prisión preventiva el Ex Juez Juan Poblete.

Se les acusa al Grl Nazal y Ex Juez Poblete por 7 delitos de falsificación de instrumento público y 12 delitos de solicitud de intervención maliciosa de comunicaciones.

Se ha solicita en dos oportunidades la revisión de cautelares siendo rechazadas en las diferentes instancias.

La posibilidad de cometer delitos por los que se le acusa, es nula ya que no ocupan cargos de responsabilidad dentro del sistema de inteligencia.

Es la cautelar más gravosa, que consiste en la privación temporal de la libertad ambulatoria de una persona, la que, mediante su ingreso a un centro penitenciario, durante la sustanciación de un proceso penal y con el objeto de asegurar los fines del procedimiento, agregando además que su carácter es excepcional, puesto que ―solo procede cuando las demás medidas cautelares previstas por la ley fueren insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento.

Ambos presos no cumplen funciones ni ejercen cargos afines a los hechos investigados, tienen irreprochable conducta anterior, ocuparon altos cargos en sus respectivas carreras funcionarias, han cooperado con la investigación, tienen domicilio conocido, no presentan un peligro para la seguridad de la sociedad.

Mi intención es que usted pueda conocer de este caso, formarse su propia opinión, conocer de las injusticias que están sufriendo dos personas que en cumplimiento de sus obligaciones particularmente en el rol que desempeñaban, dentro del sistema de inteligencia nacional, cuyo fin es proteger los intereses nacionales y hoy se encuentran presos y privados de libertad, desde el 03 mayo 2023 por completar ya diez meses.

La situación judicial que afecta a Exmagistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago Juez Juan Poblete y al General Nazal, ambos presos, lesiona gravemente el actuar de los diferentes actores en el sistema de inteligencia nacional, accionar actualmente casi nulo, ya que se encuentran en el dilema y bien lo refleja el REFRAN: “El ladrón detrás del juez”.

Una vergüenza el ente persecutor, y los Jueces de Garantía que se han negado a otorgar cautelares menos gravosas, son muestra de la decadencia de muestra justicia, haciendo pensar que no tenemos un estado democrático de derecho en nuestro país.

Gracias por haber leído el texto.

Mario Figueroa Brito, Coronel en retiro del Ejército

            El naufragio no da garantías.

        Toribio se creía a salvo de los avatares citadinos y que este recóndito lar estaría libre, o por lo menos ajeno, a las externalidades negativas que a diario ennegrecen el acontecer noticioso; y erróneamente pensaba que la visita inesperada del COVID le ofrecería mayor seguridad para mantenerse a salvo, pero hay ciertos hechos que prueban lo contrario porque la sangre siempre tira. No podría haber permanecido impasible ante las expectativas creadas respecto a la citación con fórceps del COSENA hecho por el mandatario. Los que alguna vez hemos manoseado la ley que lo establece sabíamos que muy poco o nada se lograría con ello. Un organismo que no tiene una estructura permanente y dotada de gente idónea y capacitada, por la simple citación de su consejo es muy poco lo que puede aportar. Como lo ha precisado el general John Griffiths se requiere de una arquitectura de Seguridad Nacional pero con sentido de Estado y no de gobiernos, que cada cierto tiempo “cambie su sentido de orientación”, como ha pasado con la ley de Seguridad Interior, Estados de Excepción, ley de Terrorismo, de Inmigración, etc. A la fecha se han aprobado 15 iniciativas legales y se encuentra, otro tanto durmiendo en el Congreso, varias de ellas estrictamente relacionadas con la Seguridad Nacional; pero a la izquierda y ciertos sectores del centro político les produce lipiria hablar de los conceptos de seguridad nacional e incluso de Defensa Nacional, pues lo encasillan inmediatamente como herencia de la “dictablanda”;y para que hablar de las hipótesis bélica. De hecho se carece de un Sistema de Inteligencia y de Contrainteligencia moderno y con alcance estratégico, hoy cada día más complejo debido a la variadas redes sociales existentes. Al advenir la democracia, como era obvio, estas estructuras desaparecieron totalmente, perdiéndose toda la red de contactos y de agentes encubiertos con el extranjero y en 50 años los sucesivos gobiernos no han sido capaces de crear un ente directivo y operativo que pueda afrontar con éxito las exigencias de esta índole. La Oficina, ANI o como se le haya llamado ha resultado ser un organismo absolutamente ineficiente e ineficaz, los resultados están a la vista, lo que amerita una urgente reforma por cuanto es de suyo importante en la toma de decisiones de carácter político. ¿Qué pasó con toda la información encontrada en el computador de líder de las FARC, Raúl Reyes hecha llegar a Chile, pero que tanto los gobiernos de Bachelet como de Piñera se hicieron los sordos? Otro tanto con la información aportada por el Ejército, con respecto al ingreso de probables agentes ingresados desde Venezuela. El desconocimiento de quienes incendiaron 27 estaciones del metro en forma simultánea sigue siendo una incógnita, como asimismo los incendios forestales donde hay claros indicios de haber sido hechos delictuales, tanto los anteriores como los últimos.

            La gota que rebasó el vaso ha sido el secuestro de un ex oficial del ejército venezolano desde su domicilio, en la comuna de Independencia. Fugado desde una cárcel en su país, detenido por acusaciones de atentar contra el régimen de Maduro, ingresó a Chile hace varios años y desde 2022 goza del estatus de refugiado político. En virtud de tal condición, el Estado chileno no tiene ninguna obligación de garantizar su seguridad en el país en forma especial o preferente, salvo la de sus antecedentes personales, y siempre que no incurra en ninguna de las causales de renuncia, cancelación o revocación que precisa la norma legal. De hecho existen versiones y videos que lo muestran en manifestaciones públicas de carácter político frente a La Moneda pero sin afectar el orden público. Este hecho que no es un pelo de la cola ─el secuestro─ ha causado gran conmoción. En primer lugar, por la hora─ alrededor de las 03.30 hrs.─ y forma en que fuese sacado de su domicilio ─descerrajamiento, violencia, armados y semidesnudo─ por individuos que simularon por su indumentaria y vehículos ser agentes de la inmigración de la policía de investigaciones.

            Al respecto surgen variadas teorías en relación a sus autores: Crimen organizado; auto-secuestro; y una operación de contra-inteligencia de los servicios venezolanos de Maduro. Por la naturaleza de este hecho todos los antecedentes oficiales se mantienen en secreto para asegurar el éxito de las investigaciones, lo que da origen a especulaciones, en que los chilenos somos artistas, incluida esta pluma. Empecemos. Crimen Organizado, por el momento nadie ha demandado dinero a cambio, a menos que el ex-oficial se haya integrado a alguna red de corrupción del narcotráfico o del crimen organizado. Auto secuestro, con qué objeto ¿perjudicar al dictador Maduro en las próximas elecciones y favorecer a su máxima opositora, hoy impedida de participar en el próximo proceso? Resulta algo infantil y muy poco probable que este hecho generaría tal resultado. Nos queda la última, La maniobra de contra-inteligencia. De lograr establecer y confirmar ciertas indicaciones, como la presencia de agentes extranjeros venezolanos, los viajes del avión iraní y presencia de individuos de esa nacionalidad, dado los vínculos de ese gobierno con Bolivia y Venezuela, le agrega pelos a la leche. Algo tendrá que salir del auto abandonado, como de las especies encontradas en su interior; por otra parte, está el antecedente del oficial venezolano capturado en Colombia por el E.L.N, también fugado, y entregado a la inteligencia Venezolana en la frontera, lo que haría esta posibilidad más probable, teniendo en consideración que sería una señal de Maduro para quienes se han fugado que los traerán desde donde se encuentren.  Por lo demás, y aunque sea en forma interesada los pocos diarios libres de Venezuela, llegan a relacionar el viaje del subsecretario Monsalve con ese hecho, a pesar de su negativa y descalificación del medio. Por lo general los acuerdos secretos no se manifiestan en actas y documentos públicos. El ABC de España lo insinúa y el dictador Maduro, no ha mucho tiempo ─según lo testimonia un video─ habla de sus soldados que ya están en Chile con la brisa venezolana, sin que haya merecido por lo menos el reclamo de nuestra Cancillería.

            A todo esto ¿dónde está el teniente Ojeda? Misterio. ¿Habrá llegado a Caracas por lo tardía de la reacción chilena? No era difícil, incluso por tierra o un medio aéreo, si fueron capaces de la operación fuga de la cárcel de Alta Seguridad en un helicóptero, todo se puede esperar. La frontera de Colchane es extensa y vulnerable; o en el cerro Chuño, en manos del Tren de Aragua, ojalá que vivo y entero.

            Investigaciones supo del hecho aproximadamente a las 04.30 del mismo día, y el parte oficial de Carabineros fue a las 15.00 Hrs. Toribio le pregunta a la ANI, como cresta no existe una alarma similar a la de terremotos, incendios y tsunamis para las policías, que en situaciones extremas como esta se bloqueen carreteras, aeropuertos, terminales de buses, etc. ¿Cuándo Carabineros tendrá acceso a Interpol, igual que Investigaciones?

            ¡Ah! Me faltó incluir la opción del P.C., expresada por su Secretario General y otros vetustos dirigentes. Una operación de la CIA, para generar problemas entre ambas naciones. ¿Cómo les habrá dolido la cabeza después de tal sesudo análisis? Solo les faltó incluir a la DINA por boca de sus agentes que están falleciendo en Punta Peuco y Colina 1, aquejado de enfermedades graves como una forma de vengarse. Todo parece indicar que en la residencia de los Adultos Mayores del PC., los dirigentes del partido vayan cediendo asiento a las que se visten como Pelolais, parecen Pelolais, hablan como Pelolais y se visten con ropa de marca que pagamos los chilenos.

Fernando Hormazábal Díaz

Brigadier General (R)

Estos firmantes cara de palo se olvidaron de las promesas incumplidas:

Veamos la verdad de lo prometido y que no se cumplió:

Ex canciller Ampuero y declaraciones de Monsalve sobre acuerdo con Venezuela: «Es muy ingenuo»

El ex titular de Relaciones Exteriores abordó en El Líbero el secuestro del ex militar venezolano, que contaba con asilo en Chile, y la reacción que ha tenido el gobierno al respecto. Sobre el viaje del subsecretario del Interior a Caracas, planteó: «Alguien que cree que una dictadura como la venezolana comparte información de inteligencia policial con un gobierno como el de Chile, que obviamente no es de su agrado, es que tiene una película poco clara».

por Magdalena Olea

27 febrero, 2024

Ya han pasado seis días desde el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, que contaba con asilo en Chile, y aún no hay información sobre su paradero. Cada día que pasa aumentan las dudas, y desde la oposición han comenzado a cuestionar al Ejecutivo por la falta de claridad en torno al caso, especialmente luego de que una de las tesis que se maneja es la intervención del régimen de Nicolás Maduro.

A esto se suma la denuncia de un medio venezolano, que afirmó que el convenio entre Chile y Venezuela –suscrito en enero– le “abrió las puertas” a Caracas para el rapto del ex militar, lo que fue descartado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

«Quisiera hacer una afirmación muy clara, muy nítida y muy tajante: Es una total mentira. Si usted me pregunta cómo califico esa publicación, la califico de una total mentira», dijo ayer Monsalve.

En el programa «Mirada Líbero» el ex embajador y ex ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, se refirió a la polémica y las implicancias del episodio para nuestro país.

«Me preocupa viniendo del gobierno de Chile, y me parece que es muy ingenuo»

Si bien Ampuero aseguró que hasta ahora todo lo que se plantea son “especulaciones”, el ex canciller cuestionó el acuerdo firmado por el gobierno de Chile con Venezuela, el que incluso calificó de “ingenuo”.

El ex canciller arremetió de hecho contra las declaraciones del subsecretario Monsalve, respecto a que se trató de una acuerdo policial y no político.

«A mí me sorprendió mucho la teoría del subsecretario Monsalve, al decir que hemos acordado compartir información. Disculpe. Alguien que cree que una dictadura como la venezolana comparte información de inteligencia policial con un gobierno como el de Chile, que obviamente no es de su agrado, es que tiene una película poco clara con respecto a lo que significan las policías internacionales«, aseguró.

En la misma línea explicó que «las policías que son parte de dictaduras, como la venezolana, como la cubana, como la nicaragüense, como la de Corea del Norte, son estrictamente político-ideológicas. Esta separación de que este es un trabajo técnico-policial solamente, a mí me preocupa demasiado viniendo del gobierno de Chile, y me parece que es muy ingenuo».

Ampuero insistió en este punto asegurando que «tenemos que recordarlo, el subsecretario también tiene que recordarlo, Venezuela es una dictadura. Su policía no es una policía técnica solamente», enfatizó, agregando que «lo que no puede ser es que se diga con tanta liviandad que estamos colaborando técnicamente con las policías de Venezuela y que estamos intercambiando la información, que vamos a seguir trabajando aquí y los diálogos están establecidos. Por favor. Eso es ingenuo».

«No debe sorprenderse el gobierno si cunden las especulaciones»

Respecto a la polémica que se ha generado en torno a las distintas hipótesis de lo sucedido con el ex militar venezolano, Ampuero aseguró que «el gobierno debe entender que si por un lado dice que esto lo está manejando el Ministerio Público de forma secreta, y por el otro lado dice que no descartan ninguna hipótesis, se deja abierto a la especulación (…) No debe sorprenderse el gobierno si cunden las especulaciones».

Agregó además que «debido a la operación misma, a la perfección y exactitud con que se desarrolló, y debido a que hubo un secuestro calcado a este, realizado por tropas especiales venezolanas en Colombia el año pasado, aquí las conclusiones iniciales que se puedan sacar, especulaciones, porque no hay pruebas definitivas, es que aquí está detrás el servicio secreto venezolano«.

Reunión de Monsalve con autoridades de Venezuela: «Me imagino que habrá tomado todas las precauciones»

Para Ampuero, incluso, fue un riesgo haberse reunido con las autoridades venezolanas. «A la hora de encontrarse e ir a visitar y reunirse con autoridades de inteligencia venezolana, me imagino que habrá tomado las precauciones propias de ambientes como estos, que no se entra con celulares al lugar donde lo invitaron a reunirse. Esa es una cosa importantísima. Ese tipo de cosas habría que investigarlas más a fondo», sostuvo.

El ex canciller recordó que la inteligencia venezolana «cuenta con el apoyo y fue creada bajo la influencia de la inteligencia cubana. Cuenta con asesoría, sobre todo en el campo electrónico, de Rusia, y también cuenta con un contacto muy estrecho con Irán», dijo.

Por eso agregó que se deben aclarar aspectos como «quiénes entraron, quiénes participaron, en qué lugar se reunieron, qué hicieron con los celulares. Eso es clave, qué hicieron con los celulares. ¿Entraron sin celulares y se lo entregaron a alguien de confianza de la delegación chilena? ¿Fueron sin celular a la reunión?, ¿Entraron con ellos? Porque estamos hablando de servicios secretos, pero altamente efectivos y eficientes».

Cabe recordar que el subsecretario del Interior visitó Caracas durante enero de este año, instancia en la que se firmó un convenio que promueve y mejora la relación en materia de colaboración policial entre Chile y Venezuela.

En sus visita a Venezuela, Monsalve sostuvo un encuentro bilateral con el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, José Ramírez, y una reunión ampliada en que firmó el convenio con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de dicho país.

«No descarto que, por simpatías políticas, solidaricen con aquel gobierno al que admiran»

En todo caso, el ex ministro aclaró que «quiero dejar en claro, yo no creo que aquí haya habido el interés por entregar, suministrar información. Pero no descarto, eso sí, que pueda haber, por simpatías políticas, debido a las dos almas que existen en este gobierno, donde una admira a Venezuela, a Maduro, a los Castro y a Ortega, que piensen que deben solidarizarse con aquel gobierno al que admiran».

«Y es bueno que la autoridad hable, exprese lo que ha hecho, cuáles han sido los procedimientos», sostuvo.

En este sentido, emplazó al Presidente Boric a aclarar con qué alma del gobierno se está abordando este tema. «En este gobierno hay dos almas. Una alma socialdemócrata, sin ninguna duda democrática, y una alma que es admiradora de las dictaduras. En un momento el Presidente Boric va a tener que tomar una decisión, para que se sepa con qué alma está actuando el gobierno de Chile. ¿Cuál es el alma que está actuando ahora, investigando esto y siguiendo esto?«.

Vea y escuche la opinión y experiencias de un General venezolano:

https://youtu.be/um2amaoPVLo?si=sMGX3dq7blV8JNna

Encapuchados pintan un tren en estación del Metro de Santiago y dejaron encerrados a pasajeros

Por Diego Vera
Con información de Jaime Sepúlveda.

Martes 27 febrero de 2024 | 22:21

Encapuchados activaron frenos de emergencia para detener el tren y pintarlo, dejando a pasajeros encerrados por cerca de 15 minutos.

Un grupo de cerca de 40 encapuchados vandalizó un tren del Metro de Santiago la noche de este martes en la estación San Joaquín, luego que detuvieran la máquina y realizaran una acción coordinada para pintar rojo con blanco los 12 vagones.

El hecho ocurrió poco antes de las 22:00 horas en estación San Joaquín con dirección a Plaza de Maipú, cuando los sujetos habrían activado los frenos de emergencia, para detener el metro y luego bajarse a pintar el tren.

La acción duró cerca de 15 minutos y a los encapuchados no les importó que los pasajeros quedaran encerrados en los vagones -incluyendo lactantes, niños y adultos mayores- arrojando una gran cantidad pintura.

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Los videos que muestran a los encapuchados que vandalizaron un tren de la Línea 5 del Metro

Todo esto, mientras un sujeto del grupo los grababa con una cámara profesional. Tras el incidente, algunos pasajeros quedaron con molestias y un auditor reportó que hubo personas que terminaron desmayadas.

Los rayados en los vagones y algunos sectores de la estación tenían consignas anarquistas. La capitán Emma Moreno, oficial de ronda de la prefectura Santiago oriente, detalló parte de los daños e informó que incluso los involucrados pintaron las cámaras de seguridad para evitar ser detectados.

Luego de este incidente en que no hubo heridos, el tren fue retirado a taller para su limpieza y el servicio se restableció sin inconvenientes.

Declaración de Metro

Metro de Santiago emitió un comunicado sobre lo ocurrido cerca de las 00:00 horas, donde junto con describir los hechos, indicaron que presentarán acciones legales contra los responsables y pondrán a disposición de las autoridades todas las grabaciones.

“Se trata de incidentes que afectan el servicio y el funcionamiento normal de nuestra red y ponen riesgo a los pasajeros y trabajadores. En vista de lo anterior, presentaremos las acciones legales correspondientes contra los antisociales y dispondremos de las imágenes de estos hechos a las autoridades pertinentes, dado que se trata directamente de acciones delictuales”, comunicó la empresa.

“Finalmente, como empresa rechazamos categóricamente este tipo de conductas, las cuales afectan a nuestros usuarios y trabajadores”, cierra el comunicado.

Un buen resumen de Tomás Mosciatti:

Observadora de DD.HH. por secuestro de ex militar venezolano: “El gobierno de Chile debe responder con fuerza al régimen venezolano”

El Ministerio Público investiga el plagio del ex militar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en territorio chileno. Según denunció Iván Simonovis, también ex preso político y ex comisionado Especial de Seguridad de Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó, los responsables fueron agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana (DGCIM). Frente a esto, la abogada Tamara Suju, directora ejecutiva de Casla Institute y delegada del World Jurist Association (WJA) ante la Corte Penal Internacional, advierte que, de comprobarse esta incursión, “lo que acaba de hacer Venezuela es violar el territorio chileno de forma armada para llevarse a un venezolano. Eso no se puede permitir”.

por El Líbero21 febrero, 2024

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), del Ministerio Público, investiga de forma reservada el secuestro del ex preso político venezolano teniente (r) Ronald Ojeda Moreno, ocurrido esta madrugada en la comuna de Independencia. Ojeda reside en Chile bajo condición de asilo y en horas de la tarde, el gobierno dio a conocer que se levantó una alerta a Interpol y que se reforzaron los controles en las fronteras.

Trascendió que cuatro sujetos que se habrían hecho pasar por integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI), irrumpieron en la vivienda de Ojeda alrededor de las tres de la mañana, donde Ojeda estaba con su señora y su hijo de seis años. Los amenazaron y se llevaron al ex militar. Los secuestradores iban equipados con cascos balísticos, chalecos antibalas y tenían el rostro cubierto.

La situación se agrava porque Iván Simonovis, también ex preso político y ex comisionado Especial de Seguridad de Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó, denunció en sus redes sociales que los responsables de esta acción serían agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana (DGCIM); quienes se habrían infiltrado en territorio chileno y secuestraron al hombre.

La abogada venezolana Tamara Suju, directora ejecutiva de Casla Institute y delegada del World Jurist Association (WJA) ante la Corte Penal Internacional, advierte a El Líbero que tanto el secuestro, como la intervención de la DGCIM serían “gravísimos”.

Abogada Tamara Suju

Aclara que hasta el momento, esto último se trata de hechos presuntos. No obstante, afirma: “Es un cuerpo de seguridad armado que entra en un país con un gobierno democrático, porque si es entre dictaduras, a mí no me extrañaría; pero Chile es un país democrático, donde entra un grupo armado, secuestra a un protegido del Estado chileno con asilo, se lo lleva en la madrugada, lo sacan a la fuerza, se lo llevan, y nadie sabe ni cómo fue, ni cómo entraron, ni qué pasó. Es decir, el precedente histórico de lo que acaba de suceder en Chile, yo creo que tiene que ser condenado, y tiene el gobierno que abocarse a la investigación y, además, con fuerza. Es decir, responder con fuerza contra el régimen venezolano, porque lo que acaba de hacer Venezuela es violar el territorio chileno de forma armada para llevarse a un venezolano. Eso no se puede permitir”. 

Para Suju –sobre quien pesa una orden de captura del régimen de Maduro–, “esto sienta un precedente terrible, porque hay mucho perseguido venezolano, incluyéndome, en el exterior, en total situación de indefensión. No nos olvidemos de que es un régimen criminal. Es un régimen que tiene una investigación penal abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, justamente por tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones”.

En ese sentido, la abogada reitera que “el gobierno de Chile tiene que reaccionar ante esto, tiene que rechazar contundentemente esta acción, investigar qué fue lo que pasó, cómo entraron estas personas, si son realmente de organismos de seguridad venezolanos. Yo creo que la respuesta del gobierno de Chile tiene que ser contundente”.

¿Quién es Ronald Ojeda Moreno?

Se supo que el teniente (r) Ronald Ojeda Moreno se encontraba asilado en Chile luego de lograr escapar en diciembre de 2017 de la cárcel militar de Ramo Verde en Venezuela, en donde estuvo varios meses recluido. Además, el pasado 24 de enero de 2024 el Ministerio de Defensa de Venezuela publicó su degradación y expulsión de las Fuerzas Armadas por su supuesta implicación en “conspiraciones… para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado”, lo cual implicaba hasta el “asesinato del primer mandatario nacional (Nicolás Maduro)”, con lo cual también se le acusó de “traición a la patria”.

También han circulado unas imágenes de Ojeda en una manifestación frente a La Moneda ocurrida en noviembre de 2022. Entonces, se arrodilló frente a la casa de gobierno para pedir por la libertad de los presos políticos en Venezuela y rechazar las negociaciones que en ese momento ocurrían entre la oposición y el chavismo en México.

Suju ha entrado en contacto con conocidos de Ojeda, quienes confirmaron el secuestro. De momento, además, se sabe que la esposa del ex militar primero hizo la denuncia ante la Fiscalía y luego se dirigió a dependencias de la PDI.

Si bien se desconoce el paradero de Ojeda, la información que tiene la abogada es que habría sido llevado a Caracas y que, incluso, ya estaría allá. 

“Yo no creo que un comando que entra de esa manera se va a quedar escondido en Chile. Entonces, la información que yo tengo es que ya lo tienen en Caracas, y esto es más grave aún, porque no nos olvidemos de lo que le hace el régimen venezolano a los perseguidos políticos, sobre todo cuando los está acusando de traidores y les quiere sacar información, y cómo los torturan en los centros de tortura venezolanos de los organismos de inteligencia”, señala Suju. Advierte que “si presuntamente ya lo tienen en los organismos de inteligencia venezolanos, yo no me quiero ni imaginar en qué condiciones, ni lo que van a hacer con él”.

La responsabilidad de la DGCIM en torturas y violencia sexual

La DGCIM figura en los informes de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV). En el documento presentado en septiembre de 2022, se documentan 122 casos de víctimas que fueron detenidas por este organismo, de las cuales 77 fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La tortura se llevó a cabo en su sede “La Boleíta”, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país. Y se señala que esta instancia hace “uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos”.

En la denuncia hecha en X por Simonovis, se afirma que esta incursión ilegal estuvo a cargo de Alexander Granko, funcionario que es mencionado en el informe detallado de los “Crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado: estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir la oposición al gobierno” que hace la Misión.

De acuerdo con el informe, Granko estaba a cargo de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE), considerado un “grupo de choque” que no figura en la jerarquía formal de la DGCIM.

El mismo texto sostiene que Granko era el responsable de la administración de casas de seguridad clandestinas en donde se llevaban a cabo la tortura, los actos de violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“El Instituto Casla tiene denunciado a Granko desde hace años, señalado como una de las cabezas de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es la cabeza de las torturas en la DGCIM. Granko Arteaga es una pieza fundamental del gobierno venezolano, protegido personalmente por Nicolás Maduro, ascendido por él, y tiene carta blanca en Venezuela para asesinar, detener y torturar con total impunidad. No existe hoy en día ningún organismo regional o universal de derechos humanos que no lo haya señalado, inclusive las relatorías de Naciones Unidas, está señalado en los informes de la Organización de Estados Americanos (OEA); es decir, en todo el mundo lo tiene señalado y hasta el día de hoy nadie le toca un pelo porque es el protegido personal de Nicolás Maduro”, describe Suju.

Suju: “Si es el DGCIM el que está metido en este secuestro, el comandante del DGCIM es el propio Presidente”

La abogada sostiene que primero hay que avanzar en las investigaciones para saber si efectivamente este funcionario está involucrado. Agrega que Granko ha estado involucrado en los episodios más terribles de torturas que se han desarrollado en ese país.

“Todas las personas que han sido detenidas en los últimos meses, militares y civiles, que han pasado por el DGCIM, han estado bajo la mano de él, porque se dice que toda la planificación de la represión está en la cadena de mando de Nicolás Maduro, que es el jefe del DGCIM, muy importante decirlo, porque así lo dice la ley, así lo dice el manual de operaciones especiales del DGCIM y así lo dice el régimen por el cual se rige el DGCIM. El comandante en jefe de la Fuerza Armada y Presidente de la República es el jefe del DGCIM (…). Esa es la gravedad del asunto, de todo lo que está pasando. No es que un grupo de personas se puso creativo y fue a buscarlo a Chile por espontaneidad. No. Si es el DGCIM el que está metido en este secuestro, el comandante del DGCIM es el propio Presidente”, subraya Suju.

Riesgo de tortura

Suju sostiene que de estar Ojeda bajo el poder de Maduro, nuevamente se convertiría en un preso político, a lo que suma que de estar en poder de la DGCIM a lo “mínimo” que se expone es a ser torturado. “Y torturado de muchas formas; incluso amenazándolo, inyectándole sustancias para que declare lo que ellos quieran, como es lo último que sucede. Primero, desaparecerlo, no decir, no admitirlo, no decir nada. Segundo, ver qué le pueden sacar, porque se lo llevaron es para ver qué le sacan. A ver si tiene algún tipo de conexión, qué conexiones tiene, porque eso es lo que ellos buscan”, describe.

El régimen de Maduro en los últimos días ha endurecido sus posiciones, primero con la inhabilitación de la opositora María Corina Machado y luego con la detención de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien estuvo en condición de desaparición forzada durante días.

Desde el régimen la involucran en la llamada Operación Brazalete Blanco, que supuestamente pretendía el derrocamiento de Maduro.

Suju desconoce si hay relación entre estos hechos. No obstante, detalla que a Ojeda lo degradaron de las FF.AA., sin estar presente, en el mismo acto en que degradaron a varios de los detenidos por este caso.

Qué dice el Jefe de la ANI?

*¿Discreto o desinformado?*
Dice: “Sin una amplia _colaboración con distintos servicios en el mundo no podremos saber qué pasa_ con el crimen organizado y tampoco una evolución comprensiva del anarquismo, la inmigración irregular y los ataques cibernéticos”.
*Con esta frase se neutraliza sólo o, de caso contrario, trata de justificar sus propias falencias para producir la inteligencia que requiere el país*
Es decir, no está haciendo la pega.
La inteligencia se nutre de las “fuentes abiertas” cada día más, con la masificación de las redes sociales y son gratis. También, se nutre de información de “fuentes cerradas”, para lo cual el país cuenta con los medios técnicos para obtener información y, sino los tiene, hay un mercado internacional para adquirirlos
En consecuencia, no tiene ninguna justificación, de no saber lo que tiene que saber.
Y una vez que logra saber, debe tener las capacidades para convencer del resultados del trabajo realizado a sus superiores, de caso contrario todo es estéril. Es su problema hacerse creíble.

Pedir el retiro masivo de más de casi 40 colaboradores de las FFAA, demuestra el sesgo político. No le importó la experiencia ni las redes obtenidas de sus antecesores. Apretó un botón y reseteó la ANI.
Así llegamos a su conveniente estado de *_”laissez faire, laissez passer”_*.
La razón es simple, por sobre los intereses del país ha puesto la ideología sus mandantes por 20 años, quienes fueron en parte marxistas, sin descartan llegar al Poder por la vía armada, saltándose la democracia. En su oportunidad hubo un secreto muy bien resguardado, el 19.Oct.2019.
No se diga más, coincido con Griffiths, en que no existe un organismo de inteligencia que se adelante para impedir hechos que de alguna forma perjudiquen los intereses nuestro país.

Ejército chileno advierte presencia irregular de militares venezolanos en Chile

Las operaciones de la inteligencia chavista en Chile no serían un hecho aislado. En el país hay sospechas de la presencia de adeptos a la organización terrorista Hezbollah, así como del funcionamiento de un cuartel policial de China en Viña del Mar, desde el cual el régimen de Xi Jinping comete espionaje, sabotaje y repatriaciones.

por Gabriela Moreno

23 febrero, 2024

en Chile, Noticias, Política, Venezuela

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Toda la información confidencial que compartió el Estado Mayor Conjunto (EMCO) de Chile, un órgano asesor del Ministerio de la Defensa compuesto por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, entre febrero de 2019 y mayo de 2022, perdió su carácter reservado tras el hackeo a su dirección electrónica. (X)

El secuestro del teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas venezolanas, Ronald Ojeda, en Santiago de Chile por posibles militares del régimen chavista no cae de sorpresa en el Ejército austral. Un informe interno de la institución castrense advirtió la presencia de uniformados bolivarianos en el país.

“Sí hay un informe del área de inteligencia del Ejército chileno que advertía la presencia de militares o exmilitares venezolanos en Chile,  que no era cualquier militar, sino tenían que ver con las áreas más sensibles de la inteligencia venezolana y que habrían ingresado a nuestro país ya hace algunos meses”, reveló Néstor Aburto, director de contenidos de la cadena Radio BíoBío.

Carta de Cristián Warnken al Presidente Boric con motivo del secuestro del exmilitar venezolano
22 de febrero 2024 -Radio P?auta

Sr. Presidente de la República:
El secuestro y desaparición de un militar disidente del régimen dictatorial de Venezuela es, quizás, el hecho de la mayor gravedad que le ha tocado enfrentar como Presidente de Chile. La imagen de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano, al que su Gobierno otorgó asilo político secuestrado con un grupo con pasamontañas que usó uniforme de la PDI, enciende todas las señales de alerta y debe ser esclarecido a la brevedad, porque la sensación de vulnerabilidad de Chile, con este hecho, ha llegado a un límite que es muy peligroso cruzar.
Ver a ese exmilitar venezolano en paños menores, sacado de su domicilio para luego desaparecer, trae a la memoria las brutales desapariciones ocurridas en Chile durante la dictadura militar. Hoy empiezan a ocurrir hechos de esta naturaleza en plena democracia.
Quienes secuestraron a Ojeda, no respetaron mínimamente su dignidad humana, humillándolo al sacarlo casi desnudo del lugar donde se alojaba. Muchas preguntas surgen y merecen respuesta: y de entre todas, la más inquietante: ¿fue este un acto de contrainteligencia del régimen de Nicolás Maduro?
Si bien aún podría parecer prematuro suscribir esa hipótesis, esta no puede ser descartada, dado el secuestro ocurrido años atrás en Colombia, que terminó con otro fugado del régimen venezolano primero desaparecido y luego reincorporado a Ramo Verde, la cárcel donde el régimen mantiene sin libertad a disidentes de una de las más ominosas dictaduras de nuestro continente, es imperativo aclarar este punto.

Presidente, me imagino que esto que acaba de ocurrir lo tiene desvelado y está ocupando toda su energía. A mí, como simple ciudadano, me desvela que no tengamos todavía un servicio de inteligencia del Estado, eficaz, y a la altura del inmenso desafío que enfrenta el Estado de Chile: el crecimiento del narcotráfico, la violencia terrorista en La Araucanía, los secuestros para cobrar dinero, y este secuestro lleno de incógnitas que tiene hoy en vilo al país.
¿Qué tipo de servicio de inteligencia es la Ani? ¿Es realmente un servicio de inteligencia de excelencia o una oficina más de las tantas oficinas de una burocracia estatal que cambia con el gobierno de turno?
El complejo de una parte de la izquierda a la que usted pertenece con la seguridad y la inteligencia nos ha convertido cada día que pasa en un país más vulnerable. Hemos perdido mucho tiempo y los enemigos del país han ganado terreno. Sin un servicio de inteligencia eficaz, la democracia se hace inviable. Un Jefe de Estado debe tener meridianamente claro esto y tomar decisiones con coraje y decisión, es casi su deber principal cuidar la soberanía de Chile. Y esto no tiene nada que ver con ser de derecha o de izquierda.
Pero me desvela también que el Partido Comunista ocupe cargos claves en el Ministerio de Defensa y me desvela porque ese partido ha defendido a dictaduras de izquierda en Latinoamérica, ha justificado la violencia en octubre del 2019 y lideró entonces un movimiento insurreccional que puso en riesgo la democracia: este partido nos tiene acostumbrado a tener un pie adentro del sistema y otro afuera. Un partido así, ¿qué visión tiene sobre la Defensa Nacional?
Presidente: si no se aclara quién realizó este secuestro, cundirá la sospecha de que en Chile grupos de contrainteligencia de otros países pueden operar impunemente y desde luego resurgirá con fuerza la pregunta de si en la violencia del estallido, no habrá esos mismos grupos intervenidos. Mientras no se aclare definitivamente lo ocurrido, esa sospecha crecerá, y junto con ella, la indignación de los ciudadanos chilenos de saber que alguien puede vulnerar nuestra soberanía a vista y paciencia de todos. No solo Ronald Ojeda, ha sido secuestrado, con él todos los habitantes de este país se sienten secuestrados o en peligro.
Lo que acaba de ocurrir es una provocación y una humillación para todo el país. No se puede responder a ello con tibieza o blandura o ambigüedades: quienes sintieron que podían hacer desaparecer a un asilado político sin problemas (sea el narcotráfico o el Gobierno de Venezuela que, por lo demás, no sabemos qué vínculos tienen entre ellos), estarán muy atentos a la respuesta que usted como Presidente de Chile dará.
Todos recordamos la reunión que hace poco el subsecretario Monsalve y el canciller y el embajador de Chile en Venezuela, sostuvieron con altas autoridades de ese país, buscando la solución a los problemas de inmigración descontrolada de delincuentes y sicarios que han entrado en Chile, para sembrar el terror y desafiar a nuestras fuerzas policiales. ¿Fue ese un acto realista y necesario o una ingenuidad? Eso solo lo dirá el tiempo. La verdad de los hechos debe ser aclarada o será muy difícil convencer al país que en Chile existe un Estado de derecho efectivo.
Usted, el Gobierno, el Estado de Chile corren el riesgo de quedar en ridículo si llegáramos a saber que este secuestro en Santiago de Chile fue dirigido desde Caracas. Cuando se le empieza a perder el respeto a un Estado y este Estado solo se queda en declaraciones o querellas, el pueblo también le perderá el respeto. Su autoridad está hoy en juego como nunca.
No hay tiempo que perder, Presidente. El Estado y el Gobierno de Chile, el Jefe de Estado de Chile, deben hacerse respetar. Por la razón o la fuerza. Sí, Presidente ha escuchado bien: por la razón o la fuerza.
No le estoy pidiendo que se convierta en un Bukele o en un Novoa, no es necesario. Solo debe estar a la altura de los Presidentes democráticos que en nuestra historia han defendido la democracia con toda la fuerza de la ley y la convicción de que Chile no se toca. Por supuesto, hablo del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, esa que garantiza la seguridad y, por ende, la libertad de los ciudadanos. La fuerza legítima es, en democracia, una de las formas de la razón, sin ella, los países quedan a merced de fuerzas destructivas.
No lo digo yo, lo clama Chile entero y lo dice nuestro escudo nacional.
Lo saluda,

Cristián Warnken.

https://youtu.be/Yy0qA9MotQ8?si=hCmLLqMne1y6ijJI

Secuestro de exmilitar venezolano apura necesidad de contar con un sistema de inteligencia robusto

Por : Richard Kouyoumdjian InglisExperto en Defensa y Seguridad Nacional

De estar Venezuela detrás de esto, deberíamos dar protección a refugiados. Esa es la primera lección. La segunda es que necesitamos un sistema de inteligencia robusto. Y la tercera, no podemos ser inocentes. Debemos monitorear lo que está haciendo el eje de Cuba, Venezuela, Bolivia e Irán.

A 48 horas del secuestro del teniente venezolano Ronald Ojeda no se dispone de información clara y precisa, excepto por lo que se capturó en las cámaras del edificio donde vivía y de los vehículos utilizados. Puede que el Ministerio Público y las policías algo sepan, pero, de ser el caso, no ha llegado a la opinión pública o los medios de prensa.

¿Por qué llama la atención este caso?, porque se trata de un exmilitar venezolano opositor y enemigo del régimen de Maduro que escapó de Venezuela y que estaba en Chile en condición de refugiado, y que aparentemente no estaba involucrado en actividades ilícitas o criminales, lo que podría descartar ajustes de cuentas, o relacionadas con el crimen organizado.

La hipótesis que manejan los especialistas en la materia es que el teniente Ojeda fue capturado por agentes venezolanos o por encargo de ellos por su condición de opositor al régimen y prófugo de la justicia. Lo más probable es que lo hayan hecho para enviar un mensaje tanto dentro como fuera de Venezuela. Si está vivo, en territorio chileno, venezolano o de otro país, es materia de investigación.

Si lo anterior es correcto, lo que hizo Venezuela es algo ilegal y una violación a la soberanía chilena. Va a generar llamados de embajadores, pero no veo que vayamos a pasar de relaciones diplomáticas a solo consulares. Los países más frecuentemente de lo que se piensa hacen este tipo de actividades y no por ello se van a la guerra. Si así fuera, los Estados Unidos, el Reino Unido y otras potencias occidentales serían vetadas y sancionadas. Lo mismo aplica a Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Cuba y la ya mencionada Venezuela, que realizan habitualmente operaciones de este tipo.

Nuevamente, de ser Venezuela la que está detrás de esto, y sabiendo que hay precedentes como el de un caso reciente en Colombia, nosotros deberíamos dar protección a quienes les damos la condición de refugiados. Esta es la primera lección.

La segunda lección viene por el lado de la ausencia de un sistema de inteligencia robusto que se pueda anticipar a este tipo de situaciones. Sabemos que lo que tenemos no da el ancho y, sumado a otros problemas que hemos tenido, coloca aún más urgencia a la necesidad de disponer de uno, lo que no solo pasa por aspectos legales, sino también presupuestarios y organizacionales.

Crear un sistema es algo que se debe encargar a los especialistas y no algo que se deba dejar en manos del mundo político. Debe considerar capacidades operacionales, y no solo de información y de generación de escenarios prospectivos. Estamos hablando de un sistema que a escala chilena es capaz de realizar lo que hacen la CIA en inteligencia, el FBI en contrainteligencia y la NSA en el ámbito de las comunicaciones. Debe sumar lo que viene del mundo militar y policial, buscando evitar más chascarros como los que hemos visto en los últimos meses.

La tercera lección, y que está asociada a la anterior, es que no podemos ser inocentes. Debemos monitorear lo que están haciendo el eje de Cuba, Venezuela, Bolivia e Irán. Lo que ellos hagan puede afectarnos y, más importante aún, afectarnos en las fronteras con Perú y Bolivia, países frágiles por donde ingresan criminales a Chile y la inmigración ilegal que nos agobia.

Evidentemente todo sería más fácil si tuviéramos una estrategia de seguridad nacional, que operara a través de un sistema diseñado para atender los problemas que nos afectan, que ahora no solo consideran el crimen organizado, incendios, insurgencia e inmigración ilegal, sino que también posiblemente operaciones de agentes extranjeros en territorio nacional.

Hora de ponerse serios y hacer la pega. Hora de tener un sistema de seguridad nacional que considere un robusto sistema de inteligencia. De lo contrario, seguiremos haciendo el hazmerreír del barrio. Chile y su gente se merecen más seguridad que lo que estamos viendo todos los días.

• El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Interesante opinión:

Uno que saque la voz!!:

“ALGO ESTÁ PENDIENTE”

Durante los gobiernos de los presidentes Patricio Aylwin Azócar y Ricardo Lagos Escobar, de acuerdo a legítimas facultades presidenciales, se produjo la liberación de trescientos cuarenta y tres integrantes del MIR, FPMR y MAPU – Lautaro, condenados o en estado de proceso por delitos de tipo subversivo terrorista. De ellos, doscientos ochenta y dos terroristas por vía de indultos. Es decir, hubo para ellos una solución estrictamente política.

Especial consideración debe tenerse con los doscientos veintisiete terroristas indultados por el presidente Aylwin, pues ellos son la contraparte de militares y policías hoy presos en las ya citadas cárceles, en tanto corresponden a personas que no solo desafiaron al régimen militar, sino que se enfrentaron planificada y organizadamente con las armas al sistema de seguridad y a las policías.

Con tal liberación se produce la gran discriminación mantenida en el país por más de treinta años, ya que militares y policías presos no fueron considerados con la misma gracia.

 En aras de una acabado análisis histórico, es absolutamente necesario recordar que por DS 2.191, de fecha 19 de abril de 1978, “Sobre Amnistía”, el gobierno militar amnistió y puso en libertad a mil quinientas diez personas que estaban en proceso o detenidos por Decreto Exento del Ministerio del Interior.

También favoreció a cincuenta y siete personas del bando castrense, no todos militares, pues recuperaron sus libertades miembros de Patria y Libertad y civiles que cometieron delitos de connotación política, como el homicidio del entonces comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, y también ex agentes de la DINA acusados de delitos comunes. Las cifras aquí señaladas respecto de los indultos de los ex presidentes Pinochet, Aylwin y Lagos no son equivalentes, pues claramente ha sido favorecido uno de los dos sectores que un día, muy lejano en el tiempo, se enfrentaron con las armas.

JAVIERA STEGER VIDAL

Abogada

” DISCRIMINACIÓN “

Sin duda, las cárceles que alojan a militares y policías presos se han puesto a la cabeza de los penales de Chile,
Latinoamérica y quizá del mundo, donde más muertes por enfermedades o ancianidad ocurren y no por grescas, motines o fugas.

Diversas personalidades nacionales y extranjeras, como Ángela Jeria, madre de la presidente Bachelet; José Miguel Vivanco, presidente de Human Right Watch; el juez español Baltazar Garzón, de vista en Chile, han señalado lo inhumano que resulta la muerte por enfermedad o ancianidad siendo preso; pero nadie los escuchó.

También lo dijo en su segunda campaña el presidente Piñera, mas, instalado en La Moneda, se olvidó…

Al inicio de la pandemia del COVID 19, el gobierno de la época concedió indultos para los presos de la tercera edad. Por disposición del entonces ministro de Justicia Hernán Larraín Fernández, sin expresión de causa, quedaron excluidos los internos de Punta Peuco. Producto de esa discriminación se contagió el 96,7% de ellos; murieron diez ancianos presos y hubo más de treinta hospitalizaciones, incluyendo una que, tras once meses internados en un hospital, falleció… Quién respondió de ello?

El Estado y sus órganos no sólo deben abstenerse de discriminar, sino que además tienen el deber de promover a través de acciones positivas específicas, legislativas y administrativas, la efectiva igualdad de oportunidades y vida de toda la población. Será también deber de este Estado subsanar actos discriminatorios –por justo que antaño hubiere parecido– motivados fundamentalmente en razones políticas.

*Derechos Humanos o Humanos Derechos*

Cristián Labbé Galilea

En época estival, la tendencia es pensar la contingencia desde una perspectiva más bien ligera: hay que estar informado, pero que ello no nos distraiga del ocio que nos cautiva… lectura, deporte, aventura, turismo. Salvamos con un… ¿Supiste…?, en tono de copucha, dato o comidillo… Por lo mismo, es fácil que se nos escapen situaciones que en condiciones normales deberían inquietarnos, como por ejemplo, el caso del juez Urrutia.

Sin ánimo de sacar a mi veraniego contertulio de su estado de confort, me preocupa que el referido caso sea visto sólo desde la perspectiva de un juez que abusó de sus facultades para que presos de alta peligrosidad gocen de beneficios carcelarios que no les correspondían. Ello porque es necesario asumir que, más allá de “visitas conyugales” o “video conferencias”, el caso da cuenta de la vulnerabilidad y debilidad de nuestro sistema judicial para combatir al terrorismo y a la narcodelincuencia.

Sorprende que siendo tan evidentes las referidas transgresiones, por tratarse de reos de alta peligrosidad y por los antecedentes del juez que las otorgó, aparezcan apoyando la resolución personajes como el rector de una prestigiosa universidad, o un Presbítero de conocida relación con la población penal del país.

También sorprende que ilustrados hombres del derecho, profesores, decanos, y el colegio de la orden, no alcen con firmeza su voz para denunciar los hechos y para explicar a la sociedad civil y política que hay fundadas razones para determinar que el juez Urrutia transgredió normas claras del derecho, y que quienes lo defienden ignoran u ocultan los fundamentos jurídicos del “Derecho Penal del Enemigo”.

Sin ser letrada, esta pluma comparte con sus ilustrados lectores que el concepto “Derecho Penal del Enemigo” fue acuñado por Günther Jakobs, en 1985, para referirse a normas que sancionaban al delincuente, no sólo por el hecho cometido sino por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad y el Estado.

La tesis de Jakobs propone un “derecho penal del ciudadano” y un “derecho penal para enemigos”; este último permite la suspensión de ciertas facilidades carcelarias ante la necesidad de proteger la sociedad o el Estado, con lo cual un terrorista o un miembro de una mafia pierden ciertos beneficios, para ser tratados sólo como enemigos.

“Contrario sensu”, quienes apoyan al juez Urrutia -el rector Peña entre ellos- sostienen que: “quienes están privados de libertad no están privados de otros derechos”. A ellos esta pluma les recuerda el aforismo latino “Summum ius summa iniuria” que se puede traducir por «sumo derecho, suma injusticia», en el sentido de que “la aplicación de la ley al pie de la letra… puede convertirse en la mayor injusticia”.

La mejor demostración de ese aforismo es la realidad que sufren esos octogenarios soldados prisioneros con enfermedades terminales, a quienes se les aplica la ley a rajatabla, mientras a los terroristas, enemigos de la sociedad y el Estado, se les otorgan toda suerte de beneficios…

Concluye esta justiciera pluma que, en nuestro país, por parte de la izquierda campea una mañosa instrumentalización de los Derechos humanos, mientras entre los partidarios de la Sociedad libre existe una ausencia alarmante de “humanos derechos”.

A TODA COSTA

Por  Humberto Julio Reyes

                  Cuando pensaba que no había algo que valiera la pena comentar, leo en la prensa de ayer “Corte de Santiago reabre caso Neruda: no se encuentra agotada la investigación”.

                  ¿A alguien medianamente informado puede sorprender esta noticia?

                  Desde que, en septiembre del año pasado, la ministra instructora del caso resolvió cerrar el sumario por encontrarse agotada la investigación sin procesados, y los querellantes anunciaron que apelarían, parecía difícil que la Corte de Apelaciones la respaldara y no cediera a la presión mediática constante de un caso donde se busca, a toda costa, igual que en el caso Frei, transformar en mártir y víctima de la dictadura a una persona fallecida por causas naturales.

                  Así, la Corte ha resuelto reabrir el sumario y practicar siete diligencias solicitadas por los querellantes, entre las cuales la más curiosa se refiere a un “trabajo de inteligencia” que, de haberse realizado y afectado a otra supuesta víctima de dicho “trabajo”, sería de fecha muy posterior a los hechos en que se basa esta causa, evidenciando la intención, a toda costa, de involucrar a los servicios de inteligencia de la época.

                  Habrá advertido el paciente lector que aquí se da la situación inversa al caso Frei, donde el ministro sumariante condenó sin pruebas a un grupo de profesionales, siendo la Corte de Apelaciones la llamada a absolverlos, siendo posteriormente su sentencia respaldada unánimemente por la Corte Suprema.

                  En el caso presente, la ministra, fundadamente, confirmó lo que muchos pensamos  desde un inicio: no habría tal asesinato político de un enfermo aquejado de un cáncer avanzado ya que, ¿cuál sería el propósito?

                  ¿Acaso Neruda era un activo dirigente opositor al que había que acallar?

                  A contrario sensu, la tentación de invocar intencionalidad, tiene innegablemente el propósito de sumar otra víctima y adjudicarla a la dictadura, igual como se pretendió en el caso Frei, transformándola en mártir, con todo lo que ello implica:

Homenajes póstumos, reabrir heridas, mantener las divisiones y reposicionar al Partido Comunista, sin olvidar, naturalmente las inevitables indemnizaciones, donde el Consejo de Defensa del Estado no resulta muy exitoso cuando hay que proteger los recursos fiscales en los tribunales.

A quien desee informarse más en detalle respecto a este último aspecto, le sugiero leer el cuerpo B de El Mercurio del martes 20 del presente mes donde, en artículo titulado “Causas de derechos humanos explican el 24% de los montos demandados contra el Estado”, se nos informa que el año 2023 el CDE recibió 4850 demandas vinculadas a DD.HH.

Habiendo sido testigo de la forma en que los representantes de dicho consejo alegan en las instancias judiciales, haciendo lo que habitualmente se llama un “saludo a la bandera”, me temo que es altamente probable que los querellantes resulten exitosos en perjuicio del Estado chileno, pero, como no existe una partida presupuestaria aprobada por el parlamento para estos efectos, el poder judicial puede girar sin tope con cargo a una imaginaria cuenta corriente sin fondos. De alguna parte, de nuestros impuestos, aparecerá el dinero.

Volviendo al tema de fondo:

                  En el caso Frei, la verdad tuvo su hora y se impuso 8:1, en este caso los querellantes van ganando 3:1.

                  ¿Se impondrá la verdad en esta ocasión o los querellantes lograrán su propósito “a toca costa”?

22 de feb. de 24

¿Qué es el INDH?

¿Burocracia?
¿Gastos?
¿Viáticos?
¿Presupuestos millonarios ?
¿Múltiples polémicas?.

Aquí una explicación sobre cómo funciona el rentable negocio de los DDHH. Por María José Olea.

https://www.youtube.com/watch?v=xpgtPinTeeQ

General (R) John Griffiths y secuestro de exmilitar venezolano: “Chile no tiene sistema de inteligencia”

Ex-Ante

Ex Jefe del Estado Mayor del Ejército y Jefe de Estudios de Seguridad y Defensa Nacional de AthenaLab, desde hace años John Griffiths viene alertando sobre las falencias de inteligencia del país. Por eso afirma que no le sorprende el plagio del ex militar venezolano. “Cuando no tengo fronteras seguras, puede ingresar cualquiera y puede salir cualquiera”, sostiene. Además, enumera las otras falencias en ese campo. Y analiza cómo el régimen de Maduro podría haber realizado el plagio: “No es complejo sacarlo hacia Bolivia y allá puedo subirlo a un avión y me lo llevo a Caracas rápidamente. Y probablemente -si esa es la opción más probable- capaz que él ya esté en Caracas”.

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-Hay un cierto consenso de que aquí hubo una falla de inteligencia. ¿Estás de acuerdo con eso?

-Sin duda hubo una falla de inteligencia. Es una más. El tema está en que cada vez hay más evidencia de fallas nacionales de inteligencia. La primera, para hablar de alguna, es que no sepamos hasta hoy qué pasó en octubre del 2019. Cómo no vamos a saber quién nos quemó las estaciones del metro. Otra falla de inteligencia es no tener evidencia ni responsables respecto a los incendios en la V Región que costaron la vida a 133 ciudadanos y probablemente sean más. Eso es una falla de inteligencia enorme. Y ahora nos secuestran aquí a un personaje que el Estado de Chile tenía la obligación de defender y de proteger. Y no sabemos qué pasó. Entonces, por cierto que estoy de acuerdo que es una falla de inteligencia.

-¿Por qué no te asombra?

-Porque no tenemos sistema de inteligencia.

-¿Incluye a las Fuerzas Armadas en eso?

-Sí, pero es que cuando tú hablas de un sistema de inteligencia, en la mayoría de los gobiernos o países democráticos el sistema de inteligencia es del más alto nivel. Y ahí están las organizaciones de inteligencia que no son militares, son del Estado. Después, en un nivel más abajo, en un nivel inferior, viene el nivel de inteligencia de las fuerzas armadas que tienen que operar con sus potenciales adversarios, inteligencia y contrainteligencia. Pero ese es otro nivel de inteligencia. Así como está el nivel de inteligencia de la seguridad pública, de las fuerzas de orden y seguridad, que ese es otro nivel de inteligencia. Pero si tú adoleces del nivel de inteligencia nacional, que es el nivel más alto, te va a seguir ocurriendo esto y mil cosas más.

-En este caso se trataba de un tema de seguridad nacional y de protección del territorio. ¿Esto era una tarea que legalmente las Fuerzas Armadas podían cumplir o por la actual ley de inteligencia no tenían atribuciones?

-Cuando no tengo fronteras seguras, puede ingresar cualquiera y puede salir cualquiera. El problema que tenemos es que las fronteras no son seguras. ¿De quién es la responsabilidad de que las fronteras no sean seguras? Primero, en el nivel político. Hay una clara responsabilidad política. Segundo responsable, los que tienen a cargo de proteger las fronteras. ¿Y quiénes son hoy día legalmente? Carabineros de Chile. La pregunta es, dada la extensión de las fronteras que tiene Chile, ¿podemos seguir pensando que Carabineros va a tener esa capacidad? No, no nos engañemos. Menos con el sistema de seguridad que tenemos en el país, donde está la pelota en la zona central.

¿Qué se debería hacer?

Buscar un gran acuerdo nacional para solucionar los graves problemas de seguridad. Y ese acuerdo pasa, entre otras cosas, por una legislación que te permita tener, vuelvo al tema, un Consejo de Seguridad Nacional Permanente 24-7. Esa arquitectura de seguridad nacional, que es la importante, tiene que tener como elemento sine qua non un sistema de inteligencia moderno, tecnologizado, con los sistemas que se requieren de comunicaciones, de control satelital, de fronteras inteligentes, etc. Y por cierto, con inteligencia humana, que tampoco lo tenemos. Entonces, mientras Chile no adopte y no se piense en serio construir esta arquitectura de seguridad que lleva en elemento un sistema de inteligencia moderno, vamos a seguir teniendo problemas.

-¿La Agencia Nacional de Inteligencia de Chile (ANI) y las facultades que tiene están obsoletas?

-Si uno va al origen de la ANI, cuando se discute esto en el Congreso, se discutió y la ley que salió fue una ley que no le daba amplias facultades a la ANI. Fue decir, mire, cumplimos, hay una Agencia Nacional de Inteligencia, pero no es un sistema de inteligencia. La ANI es solamente una agencia que hoy día procesa información de fuentes abiertas -porque tampoco tenía capacidades operativas- y en consecuencia, está muy lejos de constituir un sistema de inteligencia nacional.

-Llevamos 12 años discutiendo una ley de inteligencia que no ha podido salir…

-La pregunta es por qué. Porque nuestros legisladores son lo suficientemente inteligentes para ya haber aprendido que el tener una nueva legislación moderna es una necesidad que el país ya no resiste más o vamos a esperar que venga un escándalo y muera mucha gente como le ha pasado a otros países.

-Fuentes oficiales dicen que la principal hipótesis de lo que le pasó a este señor es que sean agentes del gobierno venezolano. ¿A ti te parece que es la hipótesis más plausible, que sea una maniobra del gobierno de Maduro?

-Cuando trabajas en inteligencia tú tienes que poner todas las hipótesis en el pizarrón. Una de las hipótesis es esa. ¿Qué haces después de poner la hipótesis en el pizarrón? Empiezas a descartar y empiezas a ver cuál es la más probable y eso te lo da la evidencia. Pero lo que no puedo hacer es no considerar esta hipótesis como una de las probables y plausibles. ¿Es posible? Es posible, lo ha hecho el gobierno venezolano otras veces.

-Pero por el modus operandi, por el tipo de víctima. ¿Cuál crees que es la hipótesis más plausible?

-Aquí hay por lo menos hay dos hipótesis más plausibles. Una es que evidentemente sea una operación hecha de un país a un objetivo que era contrario su gobierno como lo han hecho en otro lado. Ahora si esa hipótesis es verdadera pueden hacerlo directamente o pedirle a alguien que lo haga. También puede ser un tema de los medios que ellos ya tienen en Chile, como por ejemplo medios de organizaciones criminales con los cuales no sería descartable que la inteligencia venezolana tuviera vínculo. No es complejo sacarlo hacia Bolivia y allá tengo una tengo una central de operaciones con la cual puedo subirlo a un avión y me lo llevo a Caracas rápidamente. Y probablemente si esa es la opción más probable capaz que él ya esté en Caracas.

-¿Y no se ha hecho eso en relación a Venezuela?

-No se ha hecho. El Estado de Chile abandonó el querer tener una arquitectura de seguridad inteligencia del siglo 21, moderna para los desafíos y amenazas que existen hoy día. Nos quedamos anclados a nuestros sesgos y prejuicios de la época de los 70, 80 y los 90.

-¿Chile tiene la peor inteligencia de Latinoamérica o una de las peores?

-No la pondría al nivel superlativo, pero sí estamos como se diría en el fútbol en la parte baja de la tabla.

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Impacto por presunto secuestro de militar (r) venezolano en Santiago: grave teoría encendió alarmas en autoridades

Ronald Ojeda estaba hace semanas en Chile con asilo político. Video mostraría a los supuestos secuestradores.

Cercanos al retirado militar apuntan al Gobierno de Venezuela. El hombre tuvo un alto cargo en el Ejército y estaba con asilo político en Chile.

Erasmo Tauran

Miércoles, 21 de febrero de 202416:11 hs

Una grave denuncia tiene trabajando de cabeza a las policías y autoridades del Gobierno de Chile en las últimas horas. Un retirado miembro del Ejército de Venezuela habría sido secuestrado en Santiago.

De acuerdo a Radio Bío Bío, se trata del teniente coronel (r) del Ejército de Venezuela, Ronald Ojeda Moreno, a quien el Gobierno de Gabriel Boric le otorgó asilo político en diciembre recién pasado.

Según los antecedentes del citado medio, un grupo de desconocidos, con acento venezolano, irrumpió este miércoles en el departamento que el exuniformado arrendaba en la capital. Se habrían hecho pasar por funcionarios de Migraciones.

Desde entonces nada se sabe de su paradero y la familia presentó una denuncia por secuestro, activando así un amplio operativo de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público.

SOSPECHAN POSIBLE INCURSIÓN MILITAR VENEZOLANA

Una teoría que entregaron los cercanos a Ojeda, habría preocupado a las autoridades. Según reportó el medio radial, sospechan que podría tratarse de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del Gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, tampoco descartan que se trate de alguna acción del crimen organizado.

El teniente coronel en retiro solicitó asilo en Chile luego que el Gobierno de Maduro lo degradara, acusándolo de operar en contra de la cúpula del Ejército de ese país.

En redes sociales circuló un video que mostraría a los supuestos captores de Ojeda. El expreso político venezolano, Iván Simonovis, difundió las imágenes apuntando a las autoridades de la administración de Maduro.

La opinión de un experto en seguridad, y normalmente bien informado:

Enrique Slater

@slater_enrique

De establecerse que el secuestro del ex oficial, obedece a una acción de agentes infiltrados venezolanos, el gobierno de Chile tiene la obligación de adoptar una decidida y enérgica acción diplomática . Todo indica que Chile estaría siendo “atacado” por el régimen de Maduro.

Ex militar venezolano asilado en Chile

Crónica de un secuestro: el caso de un Nissan Versa 1.6 abandonado por los plagiadores

Jorge Molina Sanhueza

22/02/2024 – 06:00

Un ex teniente del ejército venezolano asilado en Chile, fue sacado en ropa interior desde su residencia por sujetos disfrazados de PDI. En las redes se apuntó a un grupo de inteligencia bolivariana. Hubo un amplio despliegue; contactos entre la policía civil y uniformada y a eso de las 4.30 am, un vehículo fue hallado. En el maletero habían chalecos antibalas y un cargador. El auto no tenía encargo por robo. El subsecretario del Interior dijo que no descarta ninguna hipótesis.

“EN FORMA INMEDIATA ACTIVAR CONTROLES VEHICULARES EN RUTAS Y FRONTERA (NORTE CENTRO Y SUR)”. Esta fue la orden que recibió Carabineros a nivel nacional, luego de confirmar que el ex militar venezolano y asilado en Chile, Diego Ronald Ojeda, había sido secuestrado desde su domicilio ubicado en Independencia, por tres sujetos que se hicieron pasar por funcionarios de la PDI a eso de las 3.am.

Antes de esa orden, la policía uniformada respondió a un llamado al 133 y llegó hasta un edificio ubicado en el pasaje El Molino, donde entrevistaron a una mujer que se identificó como su pareja, quien relató los pormenores.

Acto seguido, los hombres verde oliva concurrieron hasta el cuartel Borgoño de la PDI, donde se entrevistaron con el oficial de guardia, quien confirmó que su institución no realizó ningún procedimiento en la zona.

Mientras eso ocurría, desde la Jefatura de Zona Metropolitana, señala el parte, “se dispuso el levantamiento de cámaras y empadronamiento de testigos (…) logrando establecer la patente del móvil donde se movilizaban los individuos”.

En la frenética búsqueda, un Nissan Versa 1.6, bencinero, gris metálico, apareció abandonado en la intersección de la Autopista Central a la altura de General Velásquez. En el maletero, había “un chaleco antibala con un parche de la PDI, 2 cascos balísticos y un cargador con munición nueve milímetros”.

En ese momento todas las hipótesis estaban abiertas, pero hubo un hecho que llamó la atención: el vehículo no tenía encargo por robo, al menos hasta ese momento.

De acuerdo a la información obtenida por Interferencia, el vehículo pertenece a MH, una mujer sin redes sociales -hasta el cierre de esta edición avecindada en Santiago Centro-  y un empleo en el Ministerio de Bienes Nacionales que data de 2013.

De acuerdo al certificado obtenido en el Registro Civil, figura casada con Francisco Párraguez.

Este último, desde Argentina, explicó que está separado y que la PDI concurrió al domicilio de su ex esposa, donde habrían constatado que el vehículo estaba en el estacionamiento “con sus patentes instaladas y se retiraron”.

La mujer, indicó, no se encontraba en su domicilio porque está de vacaciones en el sur.

A su juicio, el alcance en el número de la patente usada en el secuestro del ex militar venezolano, es que fue clonada, insistió. “Eso tendrá que explicarlo la justicia”, precisó.

Parraguez perteneció al partido Izquierda Ciudadana e incluso fue candidato a diputado, pero hoy, aseguró, se dedica al ejercicio de su profesión.

Crisis

Cuando el caso comenzó a recorrer las redes sociales a través de un video, el ECOH de la fiscalía y la unidad antisecuestros de la BIPE de la PDI, ya estaban detrás de los plagiadores que, en todo caso desplegaron un alto nivel logístico y operativo, dicen quienes conocen de las pesquisas.

Lo grave es que en las RRSS aparecía como responsable del plagio la Dirección General de Contrainteligencia Militar bolivariana y la expresión “incursión militar” en suelo nacional, se convirtió en parte del habla, en medio de la crisis en desarrollo que enfrenta el gobierno.

La indagatoria fue declarada secreta -como todas las causas de secuestro- a cargo del fiscal sur Héctor Barros, encargado en la Región Metropolitana de actos con características de crimen organizado, mientras que los departamentos de comunicaciones de la PDI y el Ministerio Público informaban con prudencia las preguntas de la prensa o más bien solo lo justo y necesario.

Cuando el caso comenzó a recorrer las redes sociales a través de un video, el ECOH de la fiscalía y la unidad antisecuestros de la BIPE de la PDI, ya estaban detrás de los plagiadores que, en todo caso desplegaron un alto nivel logístico y operativo, dicen quienes conocen de las pesquisas.

El contexto político venezolano inflaba la investigación, porque Ronald Ojeda es acusado en el país de Maduro de conformar un grupo de militares que -supuestamente- estaban detrás de un golpe de estado. Al mismo tiempo, en 2017, Ojeda se habría escapado después de atestiguar ante un tribunal a raíz de una investigación que lo mantenía preso en la cárcel especial para uniformados conocida como Ramo Verde, cercana a Caracas.

La suma de antecedentes derivó ayer en una reunión con carácter de urgente a fines de la tarde, entre la ministra del Interior, Carolina Tohá; el canciller Alberto Van Klaveren y el Ministro de Justicia Luis Cordero para analizar los alcances políticos y diplomáticos del tema. Y esto porque de comprobarse una “incursión militar”, abriría las puertas a escenarios que incluso podrían llegar -hipotéticamente- a la ruptura de relaciones con Venezuela.

Esta prognosis política, dicen fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, se produciría si eventualmente, Ojeda apareciera con vida en Venezuela y la dictadura bolivariana lo exhibiera como un trofeo de “recuperación” de conspiradores.

Prueba de vida

Aunque hasta ahora el hecho no está rotulado como un acto delictivo del crimen organizado, entre expertos en inteligencia surgen variadas hipótesis. Van desde el autosecuestro para generar impacto (la menos probable), pasando por vínculos con la mafia venezolana y por cierto que sea una orden proveniente del régimen de Maduro.

Es más, especulan que el secuestro pudo ser encargado a terceros que sí podrían estar vinculados a organizaciones delictivas que no necesariamente podrían ser bolivarianas. O en lenguaje empresarial, tercerizar el servicio.

Como sea, el asunto se instala para La Moneda como un elemento de gravedad superior en medio de la crisis de seguridad y el combate en contra de las agrupaciones criminales transnacionales que operan en Chile; en particular las venezolanas como el Tren de Aragua y sus derivadas que han tejido sus redes desde la macrozona norte hasta Puerto Montt.

Durante la noche el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS) dijo que el Ejecutivo no descarta ninguna hipótesis. Al menos, ninguna que cobre sentido.

Al cierre de esta edición, dijeron fuentes cercanas al caso, los secuestradores no han pedido rescate y los expertos consultados, no ven con buenos ojos el fin de esta historia.

(*) Esta nota fue actualizada a las 14:18, con la versión entregada por el abogado Francisco Parraguez, a quien se le identificó en primera instancia como “FP”.

Video del secuestro del ex militar venezolano exiliado.

https://www.meganoticias.cl/nacional/440200-video-secuestro-exmilitar-venezolano-ronald-ojeda-departamento-22-02-2024.html

Comentario de Villegas:

https://youtu.be/AmEO2cHMc2w?si=fd08ZrmWNi7yIvyk

*TRANSCRIBIMOS CARTA PUBLICADA POR EL ABOGADO FRANCISCO BARTOLUCCI:*

*”EL MUNDO AL REVÉS: LA FORMALIZACIÓN DE LOS GENERALES MARIO ROZAS Y RICARDO YÁÑEZ DE CARABINEROS”.*

_Como se sabe, ambos estuvieron al mando de Carabineros durante los meses el estallido de octubre de 2019 y de los que lo siguieron. Tuvieron la misión de contener a las hordas que asolaban el país y destruían la propiedad pública y privada. Carabineros se las jugó al precio de que varios de sus efectivos encontraron la muerte y más de 5.000 resultaron heridos de diferente consideración. Sin embargo, en vez de recibir felicitaciones y agradecimientos, ellos van a ser procesados por haber cumplido con su deber. A continuación la carta del profesor Francisco Bartolucci aparecida ayer 21/02 en el Diario Constitucional. *Merece la más amplia difusión:*_
*”INJUSTA FORMALIZACIÓN”*
*Francisco Bartolucci Johnston*
21 de febrero de 2024
_Se ha subrayado en estos días el perfil republicano del expresidente Sebastián Piñera y se ha señalado que la noche del 12 noviembre del 2019 con su decisión de llamar a un “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución” – descartando la opción de decretar el Estado de Sitio – permitió la continuidad del sistema democrático._
_Quiero completar el cuadro destacando al segundo protagonista de la gesta democrática de aquellos aciagos días en que las fuerzas de la extrema izquierda, acompañadas del lumpen, pretendieron en tumulto y armadas tomar el control del gobierno y del país. Me refiero a Carabineros que debió en las calles enfrentar a las huestes revolucionarias que para obtener su propósito ejercían contra la autoridad presidencial, el país y nosotros los ciudadanos una violencia demencial. Carabineros actúo siempre profesionalmente, dentro de la legalidad, cumpliendo órdenes, siguiendo los protocolos establecidos, y lo hizo poniendo en riesgo su integridad física e incluso su propia vida._
_Por lo anterior, resulta inentendible e inaceptable que se prepare ahora una formalización penal en contra de los generales directores de la época, *Mario Rozas y Ricardo Yáñez, por la “responsabilidad por omisión”* que les cabría en lesiones sufridas por manifestantes que entonces, para alcanzar sus propósitos golpistas, atacaron armados a las fuerzas policiales. Pregunto:_ _¿era posible detener una programada y violentísima asonada callejera que buscaba desestabilizar la democracia y derrocar a un Presidente constitucional en ejercicio, evitar la destrucción de bienes públicos y privados, proteger carabineros su vida y la de los ciudadanos, todo ello, sin que los agresores sufrieran consecuencias físicas por su violento e ilícito actuar? Claro que no; por lo demás Carabineros cumplió ordenes haciendo uso racional de la fuerza legítima cuyo monopolio corresponde al Estado, el cual, si ayer dispuso su intervención, hoy debe apoyarlos._
*Francisco Bartolucci Johnston*
*Abogado*

En su último año completo de gobierno, 2021, la encuesta del Centro de Estudios Públicos señalaba que la desaprobación al gobierno de Sebastián Piñera era del 82 %, mientras su aprobación alcanzaba al 6 %. Dos meses antes de su último año de gobierno, Augusto Pinochet se había sometido a un plebiscito donde, si bien perdió, obtuvo un 44 % de votos de aprobación. Así juzgó la ciudadanía: 6 % vs. 44 % de aprobación.

Esto tiene un correlato lógico: bajo el régimen de Pinochet Chile inició la mejor etapa de su historia, desde el punto de vista económico-social y también político. Los “mejores treinta años”. Entre 1985 y 2015 fue el país que más redujo la pobreza.

En cambio, el gobierno de Piñera nos legó la situación que vivimos hoy, de profundo malestar. En una columna de El Mercurio, “dedicada a la memoria del Presidente Sebastián Piñera”, Klaus Schmidt-Hebbel dice: “Desde noviembre de 2021, 212 contribuyentes de alto patrimonio han realizado procesos de cambio de domicilio tributario, para irse de Chile (…) Las salidas de capitales en los últimos años se estiman en US$ 75 mil millones”. Los que pueden realmente elegir, quieren vivir en el país que legó Pinochet e irse del que legó Piñera.

Porque Pinochet derrotó al comunismo y en cambio Piñera lo cortejó y fortaleció. Jaime Guzmán, asesor directo de Pinochet, obtuvo la declaración de inconstitucionalidad, por parte del Tribunal Constitucional, del conglomerado encabezado por el comunismo, el Movimiento Democrático Popular. Legó un modelo político con el comunismo proscrito. Garantía de tranquilidad. Por eso los rojos demoraron años, después de Pinochet, en volver al protagonismo político.

Entre sus atribuciones, Piñera tenía la de declarar inconstitucionales a los partidos que se basaran en la violencia y podía cesar a todos sus parlamentarios. No la utilizó. Se rindió ante los violentos, fueron herederos suyos y los tenemos en el poder.

Piñera no sólo no excluyó al comunismo, sino que lo cortejó. Cuando murió Volodia Teitelboim acudió al entierro y lo declaró “un grande de la historia de Chile”. Fue guardia de honor y vis-avis con Raúl Castro en la capilla ardiente de Hugo Chávez. Ayudó públicamente en sus gastos de última enfermedad a Gladys Marín. Y les hizo los dos mayores obsequios que un jefe de Estado podía brindarles: la Constitución de 1980 y casi mil querellas contra militares (r) que habían derrotado a la guerrilla. Antes había sólo trescientas.

No le agradecieron: días atrás, en un estadio casi lleno, las barras bravas corearon, a pocos días del trágico fin de Piñera, una consigna comunista grosera en su contra, declarándolo “asesino, igual que Pinochet”. Eso obtuvo.

El peor legado de Piñera, terrorismo y delincuencia, fue el mejor de Pinochet: librarnos de ambos. Araucanía en paz y fronteras respetadas. No había “puerta giratoria”: los regimientos iban a las poblaciones (podrían hacerlo hoy) y, sin violencia, examinaban antecedentes y apresaban a los que tenían órdenes de detención. Después de Pinochet, cada vez que detienen a alguien aparecen numerosas órdenes de aprehensión pendientes.

El legado de Pinochet nos dio nuestros mejores años. El de Piñera nos tiene viviendo los peores desde la UP. Pero leyendo los diarios uno diría que el primero fue tan malo que resulta innombrable y segundo tan meritorio que no se sabe cómo reemplazarlo.

El negocio de los DD.HH. rinde frutos para los familiares de las “víctimas” y sus abogados, con el dinero de todos los chilenos, mientras los damnificados por las tragedias que nos azotan siguen esperando soluciones (mega incendios, delincuencia, etc.)

SE PODRÍA DECIR QUE SIGUE TODO IGUAL, PERO EN REALIDAD SE ESTÁ CADA VEZ PEOR.

  Por Dr. Gonzalo P. Miño.

Parece que, en el mundo lesa, muchos se contentan con las migajas que les tira el nuevo gobierno, manteniendo así las estoicas ilusiones de que es el comienzo del fin. Desde esta columna creemos que son tan solo espejismos, que los hace seguir y seguir hacia un -hasta hoy- fatal y cantado final.

Todo parece indicar que, para el nuevo gobierno, las graves violaciones a los más elementales derechos y garantías procesales que se producen en los denominados juicios de lesa humanidad; no están, tan si siquiera, en el pensamiento remoto de algún  funcionario.

Mientras entretienen a “la tropa” con algunos actos de homenajes por la toma de cuarteles por el terrorismo, algún mero cambio cosmético en cuanto a los presos fallecidos o que se haya quitado un logo de una página oficial; los juicios siguen progresando a gran velocidad, se suceden uno tras otro o en simultáneo; agigantándose, como dijimos, las terribles violaciones a los más elementales derechos y garantías procesales, que ya es coquetería legal para los imputados y condenados en los denominados juicios “de lesa”.

Así avanzan a paso firme con nuevas y cada vez más ridículas imputaciones, generando en consecuencia “nuevas” causas; deshacen los apartamientos de los juicios por notaria incapacidad del justiciable con la vil excusa de que puede estar en juicio, propugnando ahora que los exámenes médicos los haga la Facultad de Medicina de la UBA y no el Cuerpo Médico Forense de la Nación, porque simplemente no comparten sus conclusiones; pauperizan cada vez la atención medica en las Unidades de Detención (en Campo de Mayo se detectaron por lo menos nueve casos de COVID positivo y así los dejaron); los testigos declaran por largas horas sobre cuestiones políticas e internas gremiales sin que nadie se inmute pero cortan las declaraciones de los imputados para que se “limiten al objeto de autos”.

Ahora se suma una nueva, desde el Ministerio de Justicia de la Nación se instruyó al Centro de Monitoreo Electrónico que, ante cualquier pérdida de señal, se debe enviar móviles policiales a la casa de la persona para verificar que está pasando. Nada de contactarlo para verificar cual es la situación, pues puede tratarse de una emergencia médica o una simple pérdida de señal momentánea, no importa; allá van raudamente los móviles de la policía. Tampoco importa la hora, puede ser las 10 mañana como las 3 de la madrugada. Pensemos que se trata de ancianos de más de ochenta  (80) años de edad  con graves padecimientos de salud.

Las denuncias al respecto se multiplican en los juicios, los imputados enrojecen su garganta gritándolas y se viralizan por el WhatsApp y en los sitios digitales. A nadie le importa. Ni un funcionario ni un político se hacen eco. Nada.

Como hemos dicho en reiteradas oportunidades, está clara indiferencia del nuevo gobierno, que bramaba que los hechos de los 70 “fue una guerra donde se cometieron excesos” y que los “30.000 era mentira”;  llevó a que los jueces federales transformen ese escalofriante sudor frio que los recorrió cuando asumió el “león arnarco-capitalista”, en un reconfortante sosiego de que “TODO SEGUIRÁ IGUAL”; avanzando en sus atropellos legales con más fuerza y ahínco.

Ni hablar de los fiscales y los querellantes, sobre todo los de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, que arremeten con más persuasión que antes.

Se podría decir que sigue todo igual, pero en realidad se está cada vez peor.

¿De qué sirve un homenaje a un preso muerto, cuando pasó largos años muerto en vida y nadie se acordó de él? Lo harán cuando se muera, una verdadera burla.

En ese sentido, la inacción de la familia militar o policial sigue, como se dice “sin mosquearse”, sumidos en la inercia de la dejadez. Tan solo se limitan a blandir una vana quimera de lo que desean que suceda entusiasmados con las menudencias que les arroja el gobierno o a extensas tertulias de críticos y especializados análisis asado por medio; los más atrevidos, a bravucones comentarios en las redes sociales, eso sí, SIN DAR LA CARA Y TRAS ÉPICOS SEUDÓNIMOS.

Como dijimos los juicios se suceden y las salas de audiencias están vacías. Ni un camarada, ni un amigo. Ni una bandera argentina ni una foto de las víctimas del terrorismo. Nada. Tan solo un aturdidor silencio y la más angustiante soledad, para los que saben su infame final. En cambio, la turba y el griterío de los derechos humanos siempre presentes.

COMO SIEMPRE DECIMOS DESDE ACÁ, NADIE VA A PELEAR UNA GUERRA QUE SUS PROPIOS INTERESADOS NO PELEAN.

Sabemos que muchos retirados se ocupan y mucho de sus camaradas presos. Al igual que muchos civiles que ni siquiera tienen un pariente militar. Lo hemos puesto de manifiesto desde esta columna. Lo valoramos y lo reconocemos. Pero no es la mayoría. Una golondrina no hace el verano.

En fin, por ahora más y más de lo mismo, predicando como siempre en el desierto desde esta columna. Nada parece que va a cambiar. Mucho cambio cultural, mucho nueva Argentina, pero sin tocar los paradigmas de los derechos humanos. De seguro alguno dirá que hay que dar tiempo, que apenas lleva sesenta días este gobierno y que no es posible remediar veinte años de atropellos en veinte minutos. Pero, la cruda realidad es que los presos “de lesa” ya no tienen más tiempo y sin una señal clara a la vista, debemos concluir que el tiempo solo nos pedirá más tiempo mientras que la inacción sigue consolidándose en su inexorable transcurrir.

PrisioneroEnArgentina.ccom

Febrero 19, 2024

Se buscan ciudadanos probos y…

         Con sentido común o criterio para ejercer cargos públicos. Toribio se pregunta ¿qué pasó con la democracia que ha hecho posible que cada día se hace más difícil o mejor dicho, más fácil, que individuos carentes de dichas cualidades ocupen cargos públicos? La falencia es notoria y se suma al cuadro de delincuencia, terrorismo, inmigración ilegal, narcotráfico y crimen organizado, lo que está muy lejos de lo que afirmaba el extinto expresidente, recién fallecido, al afirmar que nuestro país era un oasis en el  continente, exento de tales infortunios.  Quien, en todo caso no podría haber dicho “el que se sienta libre de pecados que lance la primera piedra”. También, hace poco lo afirmó como un ejemplo el presidente de El Salvador: ¿Qué les pasó a los chilenos que no se dieron cuenta? Chile era el país de ensueño de Latinoamérica, el país más desarrollado de Latinoamérica, el país que estaba a un paso del primer mundo”

            En todo caso la corrupción ha demostrado ser súper democrática, como dijera el anti-poeta Parra, izquierda y derecha unida jamás serán vencidas. Todo el espectro político diáfanamente representado. Que mejor ejemplo los múltiples municipios: Las Condes, Vitacura, Algarrobo, Bulnes, San Ramón, Tierra Amarilla, Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Maipú, Huechuraba, Recoleta, etc., etc. Todos los días surgen nuevos, de manera que es imposible mantener una lista actualizada. El Consejo de Defensa del Estado desde el 2009 ha presentado 203 querellas por delitos de corrupción, contando con antecedentes para acciones judiciales a 135 municipios de un total de 346. Pero el Oscar se lo llevó 4 funcionarios que superaron a la I.A. mediante el descubrimiento del anti-espacio y la anti-gravedad, pues desempeñaban servicios en forma paralela y en jornada completa en Coquimbo, Vicuña, La Granja y Macul. Pero ahí está la Ley Orgánica de Municipalidades, durmiendo, con un diagnóstico archí-conocido; con concejales sin facultades y carentes de un control interno independiente de la CGR. Pero no nos descarguemos con los municipios, pues ha cundido como una plaga los fondos asignados a fundaciones truchas, como el escándalo de Democracia Viva y el Ministerio de Vivienda, gobernaciones incluidas; ONGs financiadas con fondos de nuestros impuestos y con clara orientación política; las facturas ideológicamente falsas que tiñeron hasta la mismísima Bachelet, pero que la fiscal Chong prefirió mirar para el lado.

            Y ya que hablamos de jueces y fiscales. Está clarisimo que el Poder Judicial está infectado por jueces ideologizados o tranzan sus principios haciendo carrera prevaricando y persiguiendo a ex miembros de las fuerzas armadas, para llegar a sentarse en los sillones de la Corte Suprema, que más parecen tronos, no solo por su aspecto, sino porque algunos se creen reyes. Disponen de una carrera que les asegura una larga y muy bien remunerada vida pública hasta los 75 años, por cerca de $14 millones, lo que equivale como a 30 veces del sueldo mínimo, además de todas sus prebendas. Han confundido la autonomía del poder judicial con un poder omnipotente, a resguardo del Consejo de la Transparencia ─lo que fuere afirmado por un expresidente de dicho Consejo─ y cometer todo tipo de abusos, como permitir que una jueza, hija del supremo Sergio Muñoz, que dirigio y resolvió audiencias de forma telemática desde Italia, sin que se haya conocido hasta el momento sanción alguna. Pero, donde se fueron al chancho, asegura Toribio, fue la resolución de renovar la flota de 22 automóviles de los “juezxus” con uno de los autos más caros del mercado, “Toyota Lexus”, por un valor de $57 millones cada uno. Es decir, $1.250 millones por un descriterio jamás visto, ante la enorme tragedia que viven miles de familias chilenas por el mega incendio que afectó a la región de Valparaíso, lo que demuestra cuán ausentes viven de la realidad del país.

            Lo que resulta tragicómico es que pretendieron sacarse el pillo con la autorización dada por la directora del Presupuesto, doña Javiera Martínez, militante de Revolución Democrática. Ella ni corta ni perezosa lo autoriza de inmediato, a sabiendas que miembros de su partido tienen problemillas con la justicia por el caso de las fundaciones, esperando sin duda alguna una retribución posterior, digo yo, que soy mal pensado. Y el ministro de Hacienda, por supuesto, protege a quien afirma ha sido el mejor director del presupuesto de la historia, incluso superior a él.

            ¡Que Dios los tenga en su Santo Reino!

            Y la guinda de la torta. Una vez más el juez Daniel Urrutia colma las noticias con desaciertos que se acumulan y sigue en el poder judicial impertérrito. Famoso por una intervención académica haciendo uso del lenguaje inclusivo, afirmó entre otras cosas que detrás cada violación a los derechos humanos hay un juez que por acción u omisión permitió esta violación; que el poder judicial chileno es una organización históricamente construida para dominar y reprimir a los pueblos en Latinoamerica lo que no ha cambiado hasta hoy (…); que el resultado es una justicia autoritaria, colonialista, racista,  heteropatriarcal, machista (….).Durante el estallido delincuencial afirmó en un twitter que había que eliminar la institución de Carabineros; se auto designó una causa y dejó en libertad a 13 delincuentes de la primera línea que habían sido recapturados, lo que fuere sancionado por la Corte de Apelaciones. Y ahora pese a la oposición de Gendarmería había autorizado un “video llamado” a tres peligrosos delincuentes pertenecientes al Tren de Aragua recluidos en la cárcel de alta seguridad.

            La Justicia definitivamente está al debe, no olvidemos el caso de la jueza Viviana García que solicitó entregar la identidad de cinco testigos protegidos para entregarlos a la defensa de Héctor Llaitul, líder de la CAM; algo similar con la petición del juez Barraza en Arica, con respecto a testigos del mismo carácter en un caso del Tren de Aragua; y no deja de preocupar el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, que ordenó un nuevo juicio para los condenados con 15 años de presidio por un incendio y un homicidio frustrado, entre los cuales está un hijo de Héctor Llaitul.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

Enrique Slater

@slater_enrique

Ya es algo que no merece dudas. Chile vive un proceso de corrupción que debe ser detenido por los Poderes y autoridades del Estado. Lamentablemente, muchos jueces muestran falencias y personalismo desmedido, en la aplicación de la justicia. https://fhormazabaldiaz.blogspot.com/2024/02/221-como-una-aguja-en-un-pajar.html?m=1…

Imposición del Orden y la Seguridad

Por una vez digamos la verdad.1 (2)

La “seguridad ciudadana” es el producto de las acciones y previsiones del Estado para proteger a los ciudadanos y asegurar su calidad de vida. La percepción de inseguridad en 2023 Chile alcanzó el 90,6%, la más alta en 10 años y muestra un incremento del 23% respecto a 2022 fue 70,6% Por su parte, el índice de percepción ciudadana sobre la situación de la seguridad pública señala que el miedo de la población chilena a ser atacado alcanzó su máximo registro histórico llegando al 30,5%.

Durante 2012 el 24%; de los hogares chilenos fue víctima de algún delito como robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa, robo de vehículos y hurtos; 2013 el 21%; durante el año 2019 fue 23,6%; en 2021 fue de 21%. Es decir, en términos reales, la criminalidad ha variado relativamente poco. Sin embargo, hay consenso general que hoy día Chile sufre una aguda crisis de seguridad.

La Declaración de Derechos del Hombre (1789) señala que “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otro límite que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos; estos límites sólo pueden estar determinados por la ley”.

El concepto de “orden público” establece garantía y límite a la libertad. Este concepto evolucionó hacia el de “seguridad ciudadana” mucho más amplio, que incorpora los valores del Estado Social y Democrático; llevando al concepto más allá de forzar a los ciudadanos a la “obediencia a la norma” sino a garantizar la “calidad de vida” de los mismos.

Este cambio es crítico ya permite percibir con claridad que frente a las demandas de seguridad, la democracia aparece asociada a sentimientos de peligro, miedo y urgencia. Se trata, entonces, de dejar de lado el paradigma del orden, para ubicarnos en el de la seguridad urbana, entendiendo seguridad de las personas y no seguridad del Estado.

Si la inseguridad y el miedo han aumento considerablemente y la criminalidad ha variado relativamente poco es porque debe haber otros factores concomitantes que no estamos valorando. En efecto, la primera amenaza existencial a los chilenos vino del alzamiento prerevolucionario de octubre 2019 que puso en duda la continuidad democrática de Chile y su condición de Nación.

Luego surgió la inmigración ilegal, que cambió por completo a barrios y pueblos e introdujo un elemento de tensión social integral; después y conexo con lo señalado apareció la práctica de delitos atroces, desconocidos para los chilenos y detalladamente difundidos por la televisión:  descuartizamiento de las víctimas, los secuestros extorsivos, el sicariato profesional, las “encerronas” y “portonazos”, el pandillerismo como forma de vida, la guerra entre bandas delictuales, el abandono de las víctimas en lugar públicos y concurridos, la depreciación intensa del respeto a la ley, la higiene y las conductas ciudadanas civilizadas.

Si sumamos la seguidilla de eventos electorales constitucionales; la crisis económica; la expresión y práctica de un partido político de extrema izquierda y de varios grupos anarquistas validando el empleo de la violencia con fines políticos anti democráticos, podemos apreciar que mirado en forma realista y amplia, el temor y la incertidumbre de la ciudadanía decente de Chile respecto a su seguridad actual y futura, en su casa y fuera de ella, en su transporte público o privado en los barrios comerciales y residenciales y prácticamente en todo su hábitat es completamente naturales y fundados.

A lo señalado se suma la evidente incompetencia y deshonestidad de muchos órganos de gobierno, legislativos y judiciales. Volviendo al tema que nos interesa, si los que buscamos es la “seguridad ciudadana” y no “la seguridad del estado”, es en el funcionamiento de éste el lugar en donde debemos buscar la causa y no solo hacerlo en las Policías, las que, por cierto, están sujetas a crítica como todos los demás órganos del estado de Chile.

Parece evidente que la refundación de Carabineros de Chile será un aporte menor y de baja prioridad para el bienestar y seguridad de los ciudadanos. En este marco, la necesidad social de seguridad de personas y bienes justifica, per se, la existencia de la policía. De esta manera, los ciudadanos son los primeros interesados en colaborar con la actuación policial, de tal suerte que se evite el recurso a la fuerza.

Para concluir, podríamos decir que el modelo de policía comunitaria tiene su última justificación en el mantenimiento de la seguridad de las personas. Chile y Carabineros de Chile en particular han dado pasos firmes hacia la conformación una policía “comunitaria”, “educadora” y “correctiva” que le ha hecho ganar la estima de la ciudadanía y le ha permitido avanzar un largo trecho para adaptarse al Chile del siglo XXI con tanto éxito como lo ha hecho hasta hoy.

En una próxima oportunidad, veremos el concepto de Plan Cuadrante y la necesidad de otra organización policial integrada a Carabineros pero operada directamente por el Ministerios del Interior (o de Seguridad Pública), para manejar temas complicados, con fuerte carga política, que conflictúan con la existencia de una policía “comunitaria” realmente eficaz; me refiero al control de disturbios, multitudes agresivas y descontroladas, de grupos políticos violentos y de terroristas, delitos de ocurrencia ocasional pero de alta peligrosidad e intensamente potenciadoras de la inseguridad ciudadana.

Fernando Thauby García

Melosilla 20 de febrero de 2024

Y en la Economía…

En Chile se busca una verdadera JUSTICIA y no una ideológica vengativa:

INEDITA ACCION LEGAL CONTRA MAGISTRADO

Trascendió en Fuentes cercanas al poder judicial que el miércoles recién pasado ingreso a trámite un escrito contra el Juez especial de casos de DDHH Álvaro Mesa, por evidentes y abultadas infracciones al “Código Iberoamericano de Ética “Judicial y a la Acta 108.

El libelo fue presentado por siete ex uniformados condenados en primera instancia por el ya mencionado juez en el llamado “Caso Polvorín”.

Siguiendo las normas establecidas para este tipo de acción legal, el escrito fue elevado primero a la consideración del Presidente de la Corte Suprema, Ministro Ricardo Blanco H, a través del representante legal de los afectados, abogado penalista Sr Juan Carlos Manríquez.

Se comenta que los fundamentos del escrito son de tal envergadura que, al pleno de la Corte Suprema, no le quedara más que disponer abrir un expediente y disponer a la fiscal, efectuar una investigación contra el aludido magistrado.

En Argentina también:

Pensando en un futuro completo

• 02.2024

Por Gustavo Liendo

Cada vez que fallece alguna persona que se encuentra condenada o que está en proceso de serlo por medio de los juicios denominados “lesa humanidad”, apologistas de los movimientos subversivos del pasado resaltan esa muerte y catalogan al fallecido como “genocida”, ello, pese a que durante la lucha contra la subversión del siglo pasado no hubo un exterminio sistemático de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, o nacionalidad. Y, no satisfechos, tildan de negacionistas a quienes homenajean al fallecido, sin siquiera reconocer la existencia de la sangrienta agresión terrorista que sufrió el país durante la década del 70 del siglo pasado, ni tampoco que, visto el bajo rango que tenían en aquellos años quienes aún permanecen presos por esos juicios, su rol debe haber sido el de cumplir las órdenes recibidas para enfrentar esa contienda no convencional.

En relación con cumplir órdenes, tal vez sea interesante tener presente que las reacciones posteriores de algunos sectores a ese tipo de situaciones no son nuevas dentro de nuestra historia, por ejemplo, ante el fusilamiento de Santiago de Liniers, sucedido en 1810, se desató una fuerte campaña contra Juan José Castelli por haber sido quien había cumplido la orden que le impartió la Primera Junta patria, como se ve, parecido a lo que le sucede en estos tiempos a quienes se encuentran condenados o en proceso de serlo por estos juicios, porque a Castelli, quien falleció un par de años después que Liniers por un cáncer de lengua mientras se encontraba detenido en el Regimiento de Patricios, dado que estaba siendo sometido a juicio por la derrota en Huaqui, se lo siguió denostando aún después de fallecido. Por ello, 33 años después de la ejecución de Liniers, Nicolás Rodríguez Peña, en una carta dirigida al historiador Vicente Fidel López, justificó en forma retrospectiva aquellos sucesos diciendo:

“Castelli no era feroz ni cruel. Castelli obraba así porque así estábamos comprometidos a obrar todos. Cualquier otro, debiéndole a la patria lo que nos habíamos comprometido a darle, habría obrado como él. (…) Repróchennos ustedes que no han pasado por las mismas necesidades ni han tenido que obrar en el mismo terreno. Que fuimos crueles. ¡Vaya con el cargo! Mientras tanto, ahí tienen ustedes una patria que no está ya en el compromiso de serlo. La salvamos como creímos que había que salvarla. ¿Había otros medios? Así sería; nosotros no los vimos ni creímos que con otros medios fuéramos capaces de hacer lo que hicimos (…) Arrójennos la culpa a la cara y gocen los resultados… nosotros seremos los verdugos, sean ustedes los hombres libres.”

TRISTE DESTINO

Como se puede ver, triste destino le reservamos a quienes en tiempos aciagos de la Patria la defienden contra los ataques que ponen en peligro la seguridad, propiedad y vida de los argentinos, porque luego de haber cumplido las órdenes que les impartieron, terminan siendo juzgados, y en el caso de la lucha contra la subversión, por normas posteriores a los hechos que se les imputan para de ese modo condenarlos a prisión perpetua, y no satisfechos con ello, grupos radicalizados les mancillan su memoria después de muertos.

Tal severidad de trato, nos obliga a que por lo menos todos conozcamos la historia completa de aquellos años para poder comprender, a algunos por sus acciones, a otros por sus omisiones y a los demás por sentirse ajenos, porque habiendo pasado casi medio siglo, y visto que nos va quedando poco tiempo a quienes vivimos aquellos años, creo que una contribución de nuestra generación antes de irnos sería la de dejarles la historia completa de lo que sucedió a quienes no vivieron esos violentos tiempos, porque mantenerla en forma parcial y sesgada es injusto, mucho más cuando es a sabiendas y para satisfacer la sed de venganza de algunos que buscan producir el mayor daño posible a personas que, en cumplimiento de órdenes recibidas, no dudaron en ofrendar hasta sus propias vidas en defensa de la patria.

En síntesis, entiendo que ha llegado el momento de que, con la historia completa, el país supere las secuelas de ese enfrentamiento, no solo para liberar del injusto padecimiento que sufren los presos, ya ancianos, que aún quedan por esos sucesos, sino, y ya pensando en la Argentina, porque sin un pasado completo no hay forma de que el futuro lo sea.

* Abogado y doctor en Derecho.

Por una vez, digamos verdades La reciente reunión del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo texto fue publicado por el gobierno, fue un fraude. En efecto, la ciudadanía creyó que se trataría de la seguridad que les importa a ellos y así lo dejó creer el gobierno. Pero no, el tema era darle más vueltas al manido tema de la “protección de la infraestructura” de servicios por parte de las FFAA.

Del texto quedó claro que el asunto de fondo era constatar que tanto las FFAA como el Gobierno no querían que, durante la existencia de un Estado de Excepción Constitucional específico, éstas se involucraran en la protección de la ciudadanía que vive en áreas urbanas.

Llevamos años dando vuelta al tema de las FFAA en la seguridad interna. El asunto es simple y claro: El responsable y encargado de proveer a los ciudadanos de un entorno seguro en el cual llevar a cabo su vida y actividades es el Gobierno. Todas las Constituciones habidas y por haber así lo establecen. Es el eje del contrato social mediante el cual los ciudadanos entregan parte de su libertad y su dinero al estado, a cambio de la protección de su vida y sus bienes. En Chile, la Constitución entrega esta tarea al Presidente de la República y éste lo lleva a cabo mediante un conjunto de instituciones que la misma Constitución establece.

Para enfrentar situaciones extraordinarias, la Constitución considera la existencia de Estados de Excepción Constitucional que a su vez requieren su confirmación por parte del Congreso. Este Estado de Excepción otorga al Presidente la facultad de determinar la forma y oportunidad del empleo de las FFAA en tareas de orden y seguridad. En breve, la responsabilidad de la conservación del orden y la seguridad es responsabilidad del Presidente en tiempos normales, refrendado por el Congreso en tiempos extraordinarios. Si el poder político (ejecutivo y congreso) quieren eliminar un Estado de Excepción, o modificarlo, es asunto suyo, en el cual los militares no tienen opinión. Es una elección política.

Desde otra perspectiva, la Constitución excluye a las FFAA de las tareas de resguardo del orden y la seguridad pública, pero reconoce que puede haber situaciones “excepcionales” que serán definidas y 2 juzgadas así por el Poder Político; es decir tiene claro que existen situaciones fuera de la normalidad y que se requiere el empleo de medios y recursos de fuerza excepcionales. En este caso, La misma Constitución establece que esas fuerzas son las FFAA, que tienen características de equipamiento, empleo y objetivos específicos derivados también de la misma Constitución. Son fuerzas de combate para la defensa armada y exterior de la República.

Esto nos permite apreciar que si se vive una situación de tal magnitud que el Gobierno declara un Estado de Excepción que lo autoriza a emplear a las FFAA y que éstas son, sin duda, fuerzas de combate, las consecuencias de su empleo son de su exclusiva responsabilidad, ya que el Congreso lo autorizó a emplear los recursos de fuerzas existentes tal y como son. Si quiere otro tipo de capacidades deberá fundar otras instituciones o modificar profundamente las existentes, renunciando a disponer de fuerzas de combate.

Si no era eso lo que quería, debería levantar el Estado de Excepción.

De la misma manera, deberá asumirá que el empleo de las fuerzas tendrá consigo un determinado nivel de eficacia y un probable nivel de bajas. De esta realidad es de donde surge el poder disuasivo del Ejecutivo-a través de sus FFAA- hacia los causantes del caos, que los llevará a desistir de sus empeños violentos o a enfrentar conscientemente los efectos de su elección.

Es absurdo enviar una fuerza de combate con prohibición de emplear sus medios de combate.

Los oponentes, conocedores de esa situación actuarán aún más violentamente. A contrario sensu, su aparición en la escena, estando conscientes que se empeñarán en combate en cualquier momento es, efectivamente disuasivo y las probabilidades que haya un encuentro mayor, decrecen fuertemente. La derrota de las FFAA es el primer paso de la derrota del Estado.

 Por ahora, creo que está establecido, uno, que para un gobierno tomar decisiones a medias es mucho más peligroso de lo que parece y segundo que no debería declarar Estado de Emergencia en una situación que no es tal y que no valida el empleo de fuerzas militares. Tratar de modificar sobre la marcha la naturaleza de una fuerza de combate es tentar al destino y correr riesgos imposibles de cuantificar. ¿En qué condiciones las FFAA pueden actuar con eficiencia en la protección del orden y seguridad pública? ¿Quién asume las responsabilidades políticas y operativas? ¿Quién manda que? 3 En una próxima oportunidad revisaremos estos y otros aspectos críticos de este problema.

Fernando Thauby García

Melosilla, 17 de febrero de 2024

𝗟𝗮𝘀 𝗰𝗼𝘀𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝘀𝘂 𝗻𝗼𝗺𝗯𝗿𝗲

GDD Rafael Vilarroel Carmona.

Esta foto muestra a quienes participaron de la reciente reunión del Consejo de Seguridad Nacional.

En conocimiento público del Acta de dicha Sesión se puede concluir que los únicos que saben del tema son los Comandantes en Jefes de las Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros.

Sus certeras y responsables opiniones así lo confirman. Es Obvio que quienes nunca estudiaron y menos reconocen el Concepto de “Seguridad Nacional “, puedan conducir a una solución para un País ,victima del terrorismo, narcotráfico, invadido por delincuentes y asesinos que usan y abusan de la legislación existente y por otra parte la falta de voluntad política para exactamente dar Seguridad y Desarrollo al País.

Nuestros conciudadanos, con los cuales tenemos un contacto diario y estrecho, ven con preocupación que no hay definiciones y menos soluciones, porque por ejemplo, desde el primer momento de la Tragedia de la Quinta Región, definimos la situación como un acto de “Terrorismo Incendiario” , el Gobierno y la Prensa, habla de “Incendios Forestales “, cuando el desastre y las muertes fueron exactamente en el sector Urbano y hay evidencias de inicio de fuegos en las mismas poblaciones atacadas.

Las cosas por su Nombre: Cuando las mismas autoridades de la zona han opinado sobre la participación activa y concertada de esta acción terrorista inédita y con la mayor cantidad de víctimas fallecidas y/o desaparecidas, al igual que con el “Estallido del 2019” y los incendios intencionales y acciones terroristas de la Macrozona Sur, no se reconoce, ni tampoco hay voluntad de aplicar la legislación antiterrorista .

Chile está invadido y como lo definió Piñera en su momento, atacado por Fuerzas organizadas y equipadas, con un claro objetivo de destrucción.

Mientras no se asuma la realidad y se continúe con reuniones sin sentido y palabras para la prensa, nuestro país dificilmente saldrá adelante en todo lo que significa su recuperación económica, superar la cesantía, mejorar la inversión nacional y extranjera, dar pasos certeros en seguridad de su población y territorio, etc.

Lo hemos dicho antes y sólo con el afán de cooperar y aportar experiencias , si no hay Inteligencia de Estado en forma permanente, mal se puede hacer funcionar el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), que tampoco tiene una orgánica ejecutiva permanente y analistas en todas las Áreas (Economía, seguridad interior, relaciones internacionales, cambio climático, inmigración, seguridad fronteriza, sequía y abastecimiento de agua etc..,y todos los aspectos que puedan constituir amenazas a la Seguridad Nacional.

Por último, mientras continuemos con una clase política, que apuesta por votos y posiciones con gritos y revueltas y sin ninguna preparación académica ni experiencias, amparados por un sistema de elecciones que permite lograr escaños con mínima votación y además posiciones en el gobierno por simpatías partidarias, no habrá solución posible.

Para ser Presidente de la República o Parlamentario basta con ser chileno y mayor de edad .
No se exigen experiencias ni currículum de trabajos desarrollado en las Áreas del quehacer nacional cada día mas complejo y exigente .

Las Cosas por su Nombre: No saben que hacer porque nunca hicieron algo ni se prepararon para ello.

¡Así piensa el juez Urrutia!
con esos integrantes del poder judicial Chile está perdido:

https://x.com/Pk2Giuliana/status/1758494253917815183?s=20

https://youtube.com/shorts/rSIkws5wuus?si=FNIS-L8IL8UgFP1I

Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10

@Jou_Kaiser

El poder judicial es causa central de la decadencia de la republica. Es hora de que nos hagamos cargo en el congreso de corregir, lo que la corte suprema se resiste a corregir. Ya veremos cuántos colegas tienen las agallas para emprender está tarea

Cita

BioBioChile

@biobio

16 feb.

Tras autoasignarse una causa: el día en que el juez Urrutia liberó a 13 “primera línea” recapturados https://biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2024/02/16/tras-autoasignarse-una-causa-el-dia-en-que-el-juez-urrutia-libero-a-13-primera-linea-recapturados.shtml

*SER COMUNISTA*
(Nicolás Kipreos)

La Ministra Vallejo, miembro del Partido Comunista, pidió a Chile Vamos, honrar la voluntad de los acuerdos de Piñera y como si fuese poco, hasta se dio el lujo de preguntar si no era ya hora de dejar las mezquindades y salir de ese círculo vicioso donde la oposición le hacía la vida imposible al gobierno.

La verdad, hay que ser muy cara dura, primero para sacar a colación al ex-mandatario fallecido, cuando el Partido Comunista ni siquiera tuvo la delicadeza de asistir al funeral del ex Presidente Piñera, en un claro reflejo que para el partido no hay espacio para gestos de humanidad o respeto republicano, demostrando así que la ideología está por sobre Chile. En segundo lugar, sus declaraciones son francamente impresentables porque el PC lideró no solo una oposición desleal y dañina a Piñera, sino que además quiso derrocarlo.

Este comportamiento no solo subraya la falta de compromiso del PC con los principios básicos de convivencia y respeto mutuo, sino que también alertan sobre las implicaciones que su mayor influencia podría tener para el futuro político y social de nuestro país. Ellos no saben de respeto, de jugar limpio. El mejor ejemplo es la reacción desmedida de Carmen Hertz al discurso de Gabriel Boric en el funeral del ex Presidente Piñera, que pone de manifiesto la coherencia del Partido Comunista con un discurso de odio y división. Hertz, en su fervor, ha logrado ilustrar de manera cruda la postura intransigente de su partido, resaltando cómo, en su esencia, el respeto por los rituales republicanos y la convivencia democrática son sacrificados en el altar de la ideología.

Chile debe estar por sobre las diferencias, pero esto no está dentro de las coordenadas de un partido que no tiene más patria que la socialista, pero Camila Vallejo igual se valió de las circunstancias para retomar la discusión sobre pensiones. La misma que se ausentó del funeral del ex Presidente Piñera, alegando problemas de salud, ahora busca “honrar” la memoria de Sebastián Piñera tergiversando la verdadera voluntad del ex mandatario en materia previsional. Se trata de una maniobra política de la peor calaña que revela que el oportunismo de la ministra vocera de Gobierno no encuentra límites, extendiéndose hasta el punto de desafiar el “ser comunista”.

El primer Derecho Humano es permitir que los ciudadanos puedan vivir libres y seguros.

Fallece otro Militar Prisionero Político en el Campo de Exterminio Colina I

El comunicado de su hijo:

 “ Sólo quería decirles que mi papá Valentin Riquelme Villalobos, SOM Infante de Marina, acaba de terminar su misión en esta tierra. Al fin es libre, y vuelve a su Hacedor. Gracias a todos los que nos ayudaron en este tiempo que sufrió este encarcelamiento infame e injusto.

: Gracias por todo el apoyo recibido por parte de este maravilloso grupo, que la muerte de mi héroe y de la Patria no sea en vano, que su sacrificio sirva para que nunca más fallezca nadie más por la negligencia de Gendarmería. Ellos lo vieron enfermo y no lo ayudaron ante la tristeza de todos sus compañeros. Que mis lágrimas y la de sus hijos y nietos y amigos, antiguos contingentes de él no sea en vano.”

La CREN se une a las sentidas condolencias por el fallecimiento de un nuevo mártir que ayudó a salvar a Chile de las garras del marxismo y que recibió “el pago de Chile”.

Nuestro apoyo a su familia, camaradas de armas y amigos. QEPD.

Por Carla Fernández Montero

12 de febrero de 2024

Que a propósito de la discusión en torno a la aplicación de la Ley N° 19.856 que “Crea un Sistema de Reinserción Social de los Condenados sobre la Base de la Observación de la Buena Conducta”, un reciente fallo de mayoría de nuestro máximo tribunal dictado por la Segunda Sala, confirmando el dictamen de alzada de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, no aplicó -respecto de un condenado por causas de DDHH- el numeral 4 del artículo 110 del Estatuto de Roma, que establece requisitos para el examen de la reducción de condena no contemplados -como causales de exclusión- en el artículo 17 de la Ley N° 19.856 (Rol Amparo N°498-2024).

Que el fallo confirmado declaró la ilegalidad y arbitrariedad del Decreto Exento del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos que negó la reducción de condena del amparado por no estar conforme con el mencionado Estatuto internacional, pese a que al afectado ya llevada 6 meses privado de libertad de manera ilegítima, de un total de 10 meses de rebaja que le correspondía, gracias a su buena conducta.

Que este fundamental fallo es el primero de la era post Brito/Dahm que aplica la ley nacional por sobre el Estatuto de Roma, en una interpretación correcta de ese instrumento internacional, y consagrando el respeto irrestricto al principio de legalidad, principio de irretroactividad y principio pro reo. Además, la sentencia entiende la finalidad inherente a la pena, como es la reinserción social, una materia que también recibe tutela del derecho penal internacional de los DDHH. Cabe señalar que desde fines de 2018 y hasta este pronunciamiento, el criterio de la Segunda Sala era “negar la sal y el agua” a condenados por causas de DDHH, amparándose en el mencionado Estatuto.

Que es de esperar que la Segunda Sala empiece a tomar en serio los derechos de los condenados por causas de DDHH que se esfuerzan en cumplir con los requisitos que exige la ley nacional para acceder a beneficios penitenciarios, habida cuenta la edad de estas personas -en su mayoría octogenarios y nonagenarios- y las enfermedades de base que acarrean -en la mayoría graves, y en algunos casos, terminales-, considerando además la problemática actual del hacinamiento carcelario que se vive en Punta Peuco y, particularmente, en Colina 1 (Pabellón Asistir), de tal modo que la razón inherente al criterio jurídico desapasionado y neutral, vuelva a entrar por la puerta del palacio de tribunales, de tal forma que la ley nacional cobre vida en las palabras del juez imparcial, haciendo que la esperanza en una justicia ciega se haga carne, y que la comunidad jurídica (y la sociedad) reciba esta sentencia como una luz al final del túnel y no como un mero destello en la oscuridad.

Carla Fernández Montero

Abogada

Derecho Penitenciario

Por Cristián Labbé Galilea

Menos de una semana duró el “veranito republicano” generado después de la trágica muerte del Expresidente Piñera. Apenas conocido el fatal accidente, la espontánea consternación de la ciudadanía generó una situación asombrosa: moros y cristianos, adeptos y detractores, políticos y no políticos… tuvieron elogiosas palabras para quien, por su particular personalidad, no siempre gozó de adhesión y simpatía.

La reacción popular no es difícil de explicar, pues hoy se vive una desazón tremenda: inseguridad, falta de crecimiento, aumento de la cesantía, crisis en salud y educación… de lo cual no se ve una salida fácil con el actual Presidente, y su total incapacidad de gestión.

Imposible no comparar la situación con el gobierno de un expresidente que, a pesar de sus “no pocas sombras”, tuvo una gestión ejemplar… el rescate de los 33 mineros, la reconstrucción del terremoto del 27F, la pandemia del COVID… entre otras cosas…

Frente a esta realidad, el actual gobierno no quiso quedar al margen y montó una campaña comunicacional, y de “actos fúnebres”, con la perversa intención de instalar en la comunidad la idea que todo obedecía al espíritu republicano que inspiraba a la Moneda.

Parafernalia que para nadie resultó sincera; el mismo que sería el verdugo del exmandatario, reconocía en su discurso fúnebre que: “durante el gobierno de Piñera, las querellas… fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable” … Un ‘mea culpa’ que él y sus compañeros de ruta, sabían falsa y embustera.

Los sectores de oposición, con algo más de honestidad, siguieron con “generoso” recogimiento unos rituales fúnebres escoltados con la dignidad, la sobriedad y el respeto de las Fuerzas Armadas, a pesar de haber sido traicionadas en más de una oportunidad por el extinto mandatario.

Vivimos un duelo “respetuoso pero curioso”; había que potenciar una suerte de paz cívica y de amistad ciudadana, situación obviamente efímera.

La oposición, a raíz de lo expresado por el Presidente, pidió el retiro de las querellas contra el expresidente por su responsabilidad en los hechos de violencia generados por el octubrismo… La respuesta no se dejó esperar: el gobierno se hizo el leso mientras el P.C, el F.A. y toda la izquierda radical negaban toda posibilidad de que ello ocurriera.

A la luz de lo visto, esta pluma se pregunta: ¿Cómo es posible que la Oposición se concentre en pedir que se retiren las querellas a Piñera, las que han quedado sobreseídas por fallecimiento del inculpado y, sin embargo, olviden las querellas que pesan sobre Carabineros que, cumpliendo las órdenes del extinto presidente, fueron quienes salvaron la democracia, defendieron la República y evitaron que cayera el gobierno?

Nada ha cambiado… La oposición, sin ninguna visión estratégica, busca aprovechar las circunstancias para sacar dividendos electorales y se olvida de quienes evitaron el colapso de las instituciones republicanas; por su parte, el gobierno con la hipocresía de siempre… se puso la cruz en el pecho para seguir al diablo en el hecho.

Abogado designado por Boric para integrar la Corte de Apelaciones fue candidato de Convergencia Social y seremi de Bachelet

Carlos Alberto Abarzúa Villegas fue recientemente designado por el Mandatario como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. El jurista de la U. de Chile fue seremi del Trabajo en el segundo gobierno de la ex jefa de Estado y en 2021 postuló para ser convencional en un cupo del partido del Presidente. En su campaña proponía «democratizar la elección de los jueces».

por El Líbero15 febrero, 2024

La lista de los 95 juristas que el Presidente Gabriel Boric designó en enero como abogados integrantes de las 17 cortes de apelaciones de todo el país, sigue dando de qué hablar.

En la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, precisamente la ciudad de origen del Jefe de Estado, fue seleccionado como segundo de los tres nuevos abogados integrantes, el abogado de la Universidad de Chile Carlos Alberto Abarzúa Villegas, quien fue candidato a la Convención Constitucional por la lista de Apruebo Dignidad, durante el primer proceso por tener una nueva Carta Magna.

El jurista, que figura como independiente, fue postulado en la lista de Apruebo Dignidad, en un cupo de Convergencia Social, tienda política del Mandatario.

Abarzúa Villegas, que fue abogado de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia (OPD) y seremi del Trabajo y Previsión Social en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, compitió sin éxito por uno de los tres escaños de la Región de Magallanes, distrito 28, en las elecciones que se efectuaron el 15 y 16 de mayo de 2021.

En la página del Servel aún figura en el ítem Programa de candidatos constituyentes, la propuesta que el ahora abogado integrante de la Corte de Apelaciones impulsaría en la Convención, la «Propuesta constituyente de Convergencia Social».

«En relación al Poder Judicial, este debe sujetarse a estándares democráticos más exigentes que los actuales. Esto supone la creación de un órgano externo colectivo
que estará encargado de la designación de las y los jueces de la República y de la
superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales del
país, o una reforma al sistema actual que permita nuestro objetivo: se debe
democratizar la elección de los jueces«, decía la propuesta, que aparece al lado del nombre de Abarzúa Villegas, entonces candidato.

En una entrevista con Umag TV, afirmó que «es necesario instalar que la educación, la salud y la previsión social no sigan estando entregadas al mercado, donde el Estado tiene un rol subsidiario, donde el Estado viene a cumplir algún tipo de rol si es que los privados no lo hacen (…) es un diagnóstico compartido y es parte de la crisis (…) mi intención es solamente llevar la voz de las personas que están acá y las personas que quieran verse representadas a través de una candidatura que lo único que quiere instalar es un Estado social y democrático de derecho, pero también instalar el concepto de dignidad como base o de manera universal para todos los habitantes (…) podemos construir una Patria más inclusiva, podemos hacer de Magallanes, del país, una sociedad distinta a la que llevamos acostumbrados durante los últimos 40 años».

Compitió por Magallanes con el apoyo del entonces candidato de CS a la alcaldía de Punta Arenas, Arturo Díaz

En su cuenta en Facebook, el abogado publicó en febrero de 2021 un afiche en el que aparece junto a Arturo Díaz, independiente que competía por la alcaldía de Punta Arenas por la lista del Frente Amplio (Revolución Democrática, independientes, Convergencia Social, Partido Liberal y Comunes) y que contó con el apoyo público de Boric.

«Estuvo muy buena la conversación, todo el éxito Carlos A. Abarzúa, un abrazo», le escribió Díaz al candidato a convencional en esa misma publicación.

La exdefensora de la Niñez entre los nuevos abogados integrantes de la Corte de Apelaciones de San Miguel

Entre los nombres de la lista de quienes asumirán como abogados integrantes de las cortes de apelaciones desde el 1 de marzo, hay varios que ya ofician como tales y que fueron ratificados en su puesto, sin embargo una novedad que ya saltó a la vista, es que fue elegida la ex Defensora de la Niñez y ex fiscal, Patricia Muñoz.

A la abogada la designaron desde el Ejecutivo como una de los nueve integrantes de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

También llegará a San Miguel el abogado William García, quien trabaja para el estudio de abogados que intenta impedir la disolución del partido Comunes ante el Tribunal Electoral (Tricel).

“De los 90 y tantos abogados integrantes que se nombraron la semana pasada, sería bueno que algún diputado diligente pidiera al Servel la militancia de ellos (…) porque he conocido algunos amigos míos que postularon, que no son militantes de partidos, pero son gente más bien de centro derecha y ninguno quedó, y son bastante destacados, por lo tanto eso es un elemento que hay que tener a la vista porque muchas veces los abogados integrantes juegan un rol mucho más significativo que los propios ministros titulares”, opinó el ex ministro del Interior, Víctor Pérez, en Radio Agricultura este martes.

Los abogados integrantes reemplazan (en el mismo orden que fueron designados), a cualquier ministro de su corte que se ausente, y perciben una remuneración (la treintava parte del sueldo mensual de un ministro, más de $297 mil) por cada audiencia a la que concurran. Asimismo, pueden tener otros trabajos como abogados de instituciones privadas, lo que ha sido cuestionado.

En julio 2019, los senadores Felipe Harboe, Pedro Araya, Alfonso de Urresti, Francisco Huenchumilla y Jaime Quintana, presentaron un proyecto de ley para suprimir los abogados integrantes, esgrimiendo, entre otras razones, que se trata de una institución «arcaica», donde los profesionales no pueden sustraerse de la influencia del Poder Ejecutivo que los designa. No obstante, la iniciativa no avanzó en su tramitación.

Cómo se eligen los abogados integrantes

Los abogados integrantes de las cortes de apelaciones se eligen cada año (en enero) y su elección está regulada por el Código Orgánico de Tribunales. Primero las cortes hacen una lista, la envían en diciembre a la Suprema y posteriormente el Presidente de la República hace la última selección.

Para Santiago se presentan 75 nombres; para Valparaíso, San Miguel y Concepción, 45; para Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, Temuco y Valdivia, 25; y de 15 personas para las otras cortes. “En esta lista deberán figurar abogados que tengan su residencia en la ciudad que sirve de asiento al tribunal respectivo, que reúnan las condiciones requeridas para ejercer los cargos de ministros, con excepción del límite de edad establecido en el artículo 77 de la Constitución Política de la República de Chile, y que hayan destacado en la actividad profesional o universitaria”, dice el artículo 219 del Código.

Posteriormente el Presidente debe elegir 15 abogados para la Corte de Apelaciones de Santiago, nueve para las de Valparaíso, San Miguel y Concepción; cinco para las Cortes de Apelaciones de Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, Temuco y Valdivia; y tres para las demás.

Los postulantes deben tener por lo menos 12 años de ejercicio profesional o ser ex miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial, siempre y cuando hubiesen figurado durante los últimos cinco años en lista de méritos.

ETIQUETADO:candidato a la ConvenciónCarlos Abarzúa Villegascortes de apelacionesjuecespatricia muñoz

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1 comentario

1. Humberto Julio Reyesdice:

15 febrero, 2024 en 11:04

Como se señala en la columna sería interesante conocer la militancia de los designados ya que, siendo un importante número, su influencia no es desdeñable. Quizás habría que desenterrar el proyecto que elimina esta «arcaica» disposición.

miércoles, 14 febrero, 2024 a las 22:15 Editor Opinion 0

Por Claudia Fuentes Bozzolo, periodista

Recién supimos sobre la millonaria adquisición de autos de lujo para jueces de la Corte Suprema. La punta del iceberg sobre el Juez como autoridad con la potestad para investigar objetivamente y sentenciar de manera imparcial imbuido de principios éticos, quien debe preocuparse por “ser” el mejor magistrado, según la dignidad propia del poder conferido, pero también de “parecer”, para no suscitar desconfianzas legítimas sobre cómo resuelve el futuro de un imputado.

Los Tribunales, en el marco del Estado Constitucional, garantizan la independencia judicial y no deberían estar orientados a situar al Juez en una posición de privilegio. Su razón de ser es asegurar a todos los chilenos y chilenas que serán juzgados con parámetros jurídicos y salvaguardar sus derechos fundamentales. Sin embargo, la realidad de la autoridad exhibe una visible crisis de confianza y legitimidad respecto a cómo administra la justicia.

En La Araucanía, por ejemplo, un ministro en Visita Extraordinario que dirige causas por derechos humanos de hace 50 años condenó en dos de ellas, en primera instancia, a oficiales subalternos, clases y conscriptos de los regimientos “Tucapel” de Temuco y “Húsares” de Angol a las penas más altas posibles sin beneficios; desde 13 años efectivos a presidio perpetuo por supuestas “presunciones judiciales” que ni siquiera cumplen con los requisitos legales para serlo, por lo tanto, son culpados por meras conjeturas o especulaciones. No son los únicos en nuestro país.

¿Puede un Juez condenar arbitrariamente sin probar el supuesto ilícito?

El Juez debe investigar, con igual celo, no sólo los hechos y circunstancias que establecen y agravan la responsabilidad de los inculpados, sino también los que les eximan, extingan o atenúen de ella. Debe perseguir objetivamente y con fundamento en la prueba la verdad, manteniendo en el proceso una equivalente distancia con las partes y sus abogados, para evitar cualquier comportamiento que refleje favoritismo, predisposición o prejuicio.

Así como el cuestionado uso de recursos públicos que hoy sale a luz, hay más bajo el agua; falta de ética profesional, ideologización y prevaricación que integrantes del poder judicial practican a vista y paciencia sobre unos pocos. Por ello, esperamos que, en los casos mencionados, la Corte de Apelaciones de Temuco ejerza su labor éticamente, sin presiones, basada en la imparcialidad y sujeta a derecho, para que podamos volver a confiar y creer en la justicia.

Corte Suprema acogió orden de no innovar solicitada x defensores Juan Carlos Manríquez y Nicolás Oxman en la causa x el homicidio de Romario Veloz, en La Serena. Se suspendió condena de 15 años de presidio en contra del capitán de Ejército, José Faúndez.

Sr Director
DERECHO A RÉPLICA

La Región de Coquimbo
Don Luis H. Villagran
luish.villagran@gmail.com

Estimado Sr Director.

En la edición del sábado 10 de este mes, en página 14, el abogado querellante en la causa contra el Capitán Sr José Faundez, don Carlos Tello, lamenta que esta defensa ejerza los recursos legales contra una sentencia que estima injusta y desapegada de los hechos, el derecho y del contexto en que ocurrieron los sucesos que pretenden ser juzgados.

Pues bien, las garantías procesales y los derechos fundamentales son de irradiación transversal, y deben ser reclamados conforme a la Constitución y los Tratados con fuerza cada vez que sean amagados, da lo mismo si es una condena o una absolución irrazonable. Eso es inclaudicable. Lo que debe lamentarse es ser desidioso en la defensa de los derechos de un justiciable, cualquiera sea su color, credo, orientación sexual, profesión, condición o pensamiento político.

En este caso, la falta o abuso grave reclamada puede ser subsanada aplicando el código penal a lo que realmente ocurrió : lamentables cuasidelitos de lesiones y muerte cometidos por quienes dispararon, que no fue el Capitán Faundez. Hoy hasta el parlamento de Chile entero y el Gobierno reconocen que a octubre de 2019 no habían – ni hoy tampoco – reglas de uso de la fuerza de rango legal, y siendo la ley la única fuente de delitos y penas, cuestión básica del sistema penal hace 300 años y que nadie puede ignorar, lo racional es saber que no se puede aplicar el Código de Justicia Militar a quienes no realizaban operaciones militares, sino labores de orden público sin ser policías, por órdenes superiores. Baste para ello leer las recientes notas en medios nacionales sobre los diálogos relativos a decretar o no estado de excepción constitucional en octubre de 2019 entre el Presidente de la República y las FFAA.

Entonces, esta defensa no busca impunidad, busca Justicia, con mayúscula, y eso significa aplicar el derecho con total estrictez a los cuasidelitos acaecidos.

Atentos Saludos

Juan Carlos Manríquez R.
Abogado, LLM
Counsel Before the International Criminal Court (ICC),
The Hague, The Netherlands

Por Humberto Julio Reyes

Es la pregunta que tiene que formular quien debe tomar una decisión si pretende reducir el margen de incertidumbre y es la que debe ser contestada en lenguaje probabilístico por quien está para asesorarlo, proporcionándole inteligencia útil.

Formulo este juicio elemental a raíz de la reciente tragedia que ha enlutado a nuestro sufrido país y empleo este término en el sentido que los griegos le asignaban, algo que escapa a nuestra voluntad y que ocurrirá ineluctablemente.

Pero ¿era realmente inevitable un incendio de estas proporciones? ¿no pudo prevenirse? ¿o solo era altamente probable que ocurriera?

Es probable, ruego excusar la redundancia, que al igual que yo, usted apreciado lector, estimara que, dado el historial de incendios veraniegos en esa zona, había que prever su ocurrencia, tomando todas las medidas para evitarlo, a menos que, se piense que efectivamente está fuera de nuestro alcance torcerle la mano al destino o a la voluntad de Dios.

Igualmente, una vez ocurrido, debían materializarse las previsiones, si es que había algo preparado de antemano, para reaccionar rápida y eficazmente y minimizar el daño a personas e inmuebles.

Ahora quisiera detenerme en el tema del origen, es decir si fue algo accidental o intencional, dejando fuera la ocurrencia por circunstancias absolutamente naturales, dada su rara ocurrencia, al menos en esta zona.

Hasta el momento, al parecer, no existirían según el Ministerio Público evidencias de intencionalidad, como habría sido que los peritos identificaran rastros de acelerantes, aunque yo, como simple ciudadano, puedo pensar que hay otras formas de causar un incendio, dadas las condiciones favorables de viento, temperatura y humedad.

También se liberó detenidos ya que tampoco pudo acreditarse que hubieran iniciado un incendio, salvo el caso del infaltable soldador que ahora no podría salir del país (¿).

Hasta ahí el enfoque judicial del siniestro, estando los fiscales obligados a presentar pruebas ante un tribunal de garantía, el que, dado el alto estándar requerido por el sistema procesal vigente, registran un bajísimo historial de condenas, pese a la cantidad de incendios que se producen casi en forma rutinaria.

Está bien que así sea, ya que, finalmente, la justicia debe sentenciar basada en hechos, pruebas y certezas, por mucho que en otros procesos se abuse de las presunciones o se tuerza el sentido de la ley para condenar.

Ahora el enfoque de inteligencia.

Usted y yo podríamos pensar que es posible que todo haya sido producto de un maquiavélico plan, como las habituales teorías conspirativas con que especulan algunos medios o las series de televisión, pero, eso no significa que pueda sostenerse razonablemente algún grado de probabilidad.

¿Y los diversos videos, testimonios y opiniones que circulan?

Para eso está la inteligencia, para separar paja del trigo, o ruido de señales, para finalmente, sobre la base de indicaciones y en términos probabilísticos, alertar para prevenir o ayudar a determinar las causas.

Eso evita los sesgos y prejuicios y hace la diferencia entre el análisis de un profesional y la opinión de una improvisada autoridad que sin mayor experiencia ostenta un cargo y que buscará en sus respuestas excusar su incompetencia o su imprevisión.

12 de feb. de 24

CHILENOS DE CORAZÓN

@CHILENOSCORAZON

#ChilenosDeCorazon #EstadoDeDerecho Vivimos el resultado de ser inconsecuentes y de olvidar la historia.

Hipocresía

 En estos últimos días en relación con el fallecimiento del ex presidente ha aflorado la peor de nuestras virtudes; la hipocresía. Se han emitido por distintas autoridades, políticos de uno y otro bando conceptos que ensalzan al difunto presidente. SIn embargo, reconociendo que algunas se ajustan a la realidad, otras son falsas, pero se emiten para estar en el lado de lo políticamente correcto. Me adhiero a las condolencias a su familia y amigos, pero me aparto de aquellos hipócritas, comenzando con las autoridades de gobierno. Reconocer por parte de ellos de las virtudes democráticas del expresidente,a hora fallecido, se contradice cuando lo acusaron de dictador y violador de los DDHH, incluso osaron llegar al intento de acusarlo a un organismo internacional. Es asi que reconocer sus virtudes democráticas por parte de la izquierda ahora que está muerto no tiene ningún valor.
Yo como miembro de la Armada y que aporte con mi persona a recobrar la libertad de nuestra Patria en 1973 no dejo pasar la traición del ex presidente hacia quienes combatieron al marxismo en la década de los 70 y que no solo fueron olvidados por el sino que además, pese a su promesa de favorecerlos para obtener votos, los olvido cuando asumió la presidencia.
Reconozco en el ex presidente su gran gestión como presidente, pero me reservo mis conceptos cuando agobiado por el intento de la izquierda de derrocarlo en octubre del 2019 opto por la democracia y no por el valor de la Patria y su supervivencia. Rendirse para evitar una posible guerra civil ante la presión del comunismo, demostró su falta de estadista. El riesgo de una confrontación armada, interna o externa debe ser asumida por un mandatario cuando la supervivencia de la Patria y su libertad están en juego. Él se equivocó y pensó que la paz interna a través de ceder a la izquierda traería paz, su decisión solo ha traído pobreza, estancamiento económico, crimen desatado y por sobre todo menos oportunidades de progreso y más pobreza para el pueblo de Chile. Por tanto me abstengo del reconocimiento de estadista que se le quiere atribuir. Fue un presidente de gran gestión, inteligente y executivo, pero su falta de carácter para detener la horda que nos gobierna no lo puedo dejar pasar y oscurece todo lo bueno que puede haber hecho.

Tomas Schlack Casacuberta

Los Delitos de Lesa Humanidad en Chile

En nuestro país, desde hace varios años ya, se ha ido introduciendo el tema de los Delitos (Crímenes) de Lesa Humanidad en la opinión pública.

Esto se ha estado haciendo en forma sesgada y politizada, especialmente por sectores interesados en atacar y denigrar a ex uniformados que cumplieron ordenes durante el Gobierno Militar, y que han sido procesados y condenados. Los que han actuado de esta manera lo han hecho arbitrariamente, citando convenios y tratados internacionales con manido concepto del “ius cogen” aseverando que estos están sobre nuestra Constitución y sobre nuestras leyes.

Pero la realidad, la verdad y la legalidad favorecen innegablemente a los integrantes de las FF.AA. y Policías procesados y condenados.

El afán vengativo de ciertos sectores de nuestra sociedad y actuar politizado del Poder Judicial queda especialmente develado por los hechos que se exponen a continuación.

– En el oficio 33-2015, en que se informa el proyecto de ley 41-2014 que tiene como antecedente el Boletín 8182-10 del 27 de marzo de 2015, el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Chile responde al Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Honorable Cámara de Diputados de Chile, señor Ricardo Rincón González, entre otros aspectos lo siguiente:

“El Estatuto de Roma representa una concreta expresión del mundo civilizado para defenderse de las situaciones extremas a que pueda ser sometido desde que la experiencia universal es que al momento de buscar solución jurídica del conflicto y/o sancionar a los responsables, no existía un sistema jurídico penal adecuado. Es el caso del término de la Segunda Guerra Mundial, en que los Tribunales de Núremberg no contaban con la legislación que contemplara delitos tan atroces como los que en los países ocupados se habían cometido. Lo mismo ocurrió en Chile, en que la legislación sustantiva no contiene delitos adecuados a esa realidad, pero por, sobre todo, en lo procesal las instituciones tradicionales exhiben o impiden la investigación, como lo son, por ejemplo, la prescripción, la territorialidad y la retroactividad de la ley penal, como así también las disposiciones sobre amnistía, normalmente ad hoc. Bien sabemos que sólo fue posible el procesamiento y la sanción – con lo que salvamos en parte nuestra responsabilidad histórica como depositarios de la jurisdicción – al introducir en nuestras decisiones, por la vía del artículo 5º de la Constitución Política de la República, los conceptos de delito de Lesa Humanidad, ius cogens y otros, que tratan de distinta manera a aquellas clásicas instituciones jurídicas. Luego en Pag. Nº7 punto 4º párrafos 3 y 4.- “…así como los procedimientos judiciales y administrativos a que hubiere lugar, se sujetarán a lo que disponga la ley chilena”.

– Clara manifestación de esta realidad y futura eventualidad es que, en Chile, tras la adhesión al Estatuto de Roma, se dictó la Ley Nº20.357 de 18 de junio de 2009 en que se tipifican los delitos de genocidio, crímenes de guerra, y de Lesa Humanidad, disponiendo en su artículo 40 que la acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben”. En este documento del Pleno de nuestro máximo Tribunal de Justicia, se establece que:

1. La legislación chilena no contenía delitos como los de Lesa Humanidad, genocidio y crímenes y delitos de guerra.

2. En lo procesal las instituciones tradicionales como la prescripción, la territorialidad y la retroactividad de la ley penal, como las disposiciones sobre amnistía, inhibían o impedían la investigación.

3. Sólo fue posible el procesamiento y la sanción de las violaciones de derechos humanos, al introducir en las decisiones judiciales por la vía del artículo 5º de la Constitución Política de la República, los conceptos de delito de Lesa Humanidad, ius cogens y otros que tratan de distinta manera aquellas clásicas instituciones jurídicas (prescripción, territorialidad y retroactividad de la ley penal)

4. Al actuar de la manera descrita, el Pleno de la Corte Suprema de Chile sostiene que con esta decisión “salvamos en parte nuestra responsabilidad histórica como depositarios de la jurisdicción”, situación que los hace susceptibles de una acusación, a quienes corresponda, por “notable abandono de sus deberes” (Constitución Política de la República de Chile artículo 52 numeral 2 letra c).

5. Tras la adhesión al Estatuto de Roma, se dictó la ley Nª 20.357, de 18 de junio de 2009, en que se tipifican los crímenes de Lesa Humanidad, genocidio y los crímenes de guerra, disponiendo en su artículo 40 que “la acción penal y la pena de los delitos previstos en esta no prescriben”; y que las disposiciones de esta Ley “sólo serán aplicables a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a la entrada en vigencia”. (ART. 44)

– De lo anterior se desprende que, para juzgar delitos cometidos con anterioridad a la ratificación y entrada en vigencia (1 de septiembre de 2009) del Estatuto de Roma necesariamente se vulneró el principio de legalidad y retroactividad, principio que está contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que se encuentra entre aquellos que el artículo 4 del mismo Pacto, en su numeral 2 define como una de los principios cuya suspensión no se autoriza en condición alguna. Ni siquiera en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la Nación.

– La justificación que se esgrime para la suspensión de los principios de legalidad y retroactividad, es que esto hizo posible el procesamiento y la sanción de graves delitos, inhibiendo instituciones tradicionales del derecho, pero también, “con el que salvamos en parte nuestra responsabilidad histórica como depositarios de la jurisdicción”. Motivo que resulta abusivo e ilegal, máxime viniendo del más alto Tribunal de la República de Chile.

“Las garantías relacionadas con la institución de la suspensión, según se definen en el artículo 4 del Pacto, se basan en los principios de legalidad y del Estado de Derecho inherentes al Pacto en su conjunto”.

Aquí al menos existen tres vulneraciones al Pacto:

1. Un Estado que haga uso del derecho de suspensión, deberá informar inmediatamente a los demás Estados Parte, por conducto del Secretario de las Naciones Unidas. No se Informó.

2. La notificación deberá incluir información detallada sobre las medidas adoptadas y una clara explicación de los motivos que se hayan adoptado, e ir acompañada de una documentación completa sobre las disposiciones jurídicas. Nada de esto se hizo.

3. Se vulneraron principios que en ningún caso pueden ser suspendidos, ni siquiera disminuidos. El principio de legalidad y retroactividad: esto es el requisito de que la responsabilidad penal y la pena vengan determinadas exclusivamente por disposiciones claras y concretas de la ley en vigor y aplicable en el momento de cometerse el acto o la omisión, se aplicaron disposiciones retroactivamente, y se vulneró otro principio inherente al de legalidad y retroactividad, en “in dubio pro reo”: que una ley posterior imponga al sancionado una pena más leve.

– Los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos contienen clausulas por las que se autoriza a los Estados confrontados con el peligro público grave a suspender los derechos en ellos previstos, exceptuando, no obstante, algunos derechos fundamentales previstos en cada tratado. De hecho, dichos derechos no admiten derogación alguna, sea cual fuera el tratado. Derechos como son el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, los castigos y tratos inhumanos, la esclavitud, la servidumbre, el principio de la legalidad y no retroactividad de la ley. Estos derechos fundamentales que los Estados están obligados a respetar en toda circunstancia incluso en caso de conflictos o de disturbios, reciben el nombre de “Núcleo” de los DDHH.

Es importante recordar que la declaración de la conferencia mundial de derechos humanos de 1993, en Viena (Austria), que reunió a 171 estados, convocados por la ONU, concordó por consenso que “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes entre sí”, y estos son la base en que debe sustentarse el reconocimiento y protección internacional de los derechos de la persona humana.

– Son derechos esenciales que no pueden suspenderse: el de la legalidad y retroactividad (Artículos 5 y 15 del Pacto y 9 de la Convención).

Los delitos de Lesa Humanidad se incorporaron a nuestra Legislación mediante la Ley de Reforma que rige en Chile desde el 1 de septiembre del 2009. Dicho estatuto sostiene en su artículo 29 un criterio universalmente consensuado:

“I.- Nadie será personal responsable de conformidad con el presente estatuto por la conducta anterior a la entrada en vigencia.

II.- De modificarse el derecho aplicable a una causa antes que se dicte sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona objeto de la investigación, en enjuiciamiento o la condena”.

El artículo 41 de la Ley Nº 20.357 dispone, anticipándose a la vigencia en Chile del “Tratado de Roma”, que aun cuando, futuras leyes dispongan algo contrario de lo dispuesto en ellas, no la modificarán tácitamente, será necesario que expresamente lo dispongan.

– También hay que tener presente que no toda violación de DDHH es un crimen contra la Humanidad para el Estatuto de Roma, una conducta calificada como tal, se precisa que reúna tres requisitos:

1. Que sea uno de los actos descritos en el artículo 7 de dicho estatuto, que incluye asesinato, desaparición, tortura entre otros.

2. Que se concreta en el contexto de un ataque generalizado o sistemático de la población civil.

3. Que se tenga conocimiento de dicho ataque

– Don José Zalaquett manifiesta que la persona que comete delito de Lesa Humanidad debe:

1. Tener participación en la toma de decisiones

2. En el planeamiento

3. En el control de la ejecución

4. En el financiamiento

En nada de esto participaron los que hoy son procesados y condenados.

– Los jueces son y deben ser los más fieles cumplidores de la ley, por su ministerio son los llamados a aplicarlas no ha crearlas, para ellos sigue siendo la razón escrita nacida como fruto de las contingencias de la vida de un país en un tiempo dado, a ella deben someterse y conforme a ella deben resolverse los asuntos entregados a su competencia.

EN RESUMEN

1. Ningún ex integrante de las FF.AA. y de Orden ha sido condenado por crimen de Lesa Humanidad; y no puede ser de otra manera ya que la Ley 20.357, que tipifica los delitos de genocidio, crímenes de guerra y de Lesa Humanidad, sólo son aplicables en Chile a partir del 01 de septiembre del año 2009. El artículo 44 de dicha Ley explicita que sus disposiciones sólo serán aplicables a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a su entrada en vigencia.

2. No hay Pacto, Convención o Tratado Internacional que especifique que los principios de legalidad (no hay pena sin ley) y de retroactividad, puedan ser suspendidas por algún Estado. Estos están obligados a respetar que a toda circunstancia estos principios, que pertenecen al “Núcleo de los DDHH” que son universales, indivisibles e interdependientes entre sí.

Es importante recordar las expresiones del Senador Letelier, página 30 del Acuerdo que aprueba la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, en sesión del 11 de septiembre de 2012:

“El Honorable Senador señor Letelier recordó que en nuestro ordenamiento jurídico no existe la retroactividad de la ley penal, salvo situaciones excepcionales. Reiteró que debe excluirse la letra j de la declaración, por cuanto al momento de debatir sobre el Estatuto de Roma, promulgado el año 2009, SE SOLUCIONÓ ESTE PROBLEMA, ESTABLECIÉNDOSE EN EL ARTÍCULO 44 de la ley 20.357, EL CUAL CIERRA LA POSIBILIDAD DE JUZGAR A MILITARES POR CASOS DE DERECHOS HUMANOS POR LA VIA DE ESE ESTATUTO”

 Por otra parte:

 -Por Oficio ORD. Nº 3553 del 28 de Junio de 2022, el Sr. Subsecretario de Justicia Sr. Jaime Gajardo Falcón responde la petición del Diputado C. Labbe M., señalando:”…en virtud de la separación de poderes establecidas en la CPR no resulta posible a esta Cartera de Estado dar respuesta de manera integral al requerimiento del H. Diputado, por tratar en parte la consulta de una materia propia y exclusiva del Poder Judicial, no obstante lo anterior, se ha oficiado a la Corporación Administrativa del Poder Judicial con el objeto de consultar acerca de la cantidad de personas procesadas por delitos de lesa humanidad solicitada por el diputado señor Labbé.

Ahora bien, en relación con las personas condenadas por los delitos mencionados en el requerimiento, se ha solicitado a Gendarmería de Chile con el objeto que se informe acerca de las personas que se encuentran actualmente cumpliendo condenas por tales delitos.”

–  Por Antecedentes Nº 9 , se muestran como ejemplo sentencias de la Corte Suprema, donde se establece que: “En los autos Rol Nº 41.287-19, la Corte Suprema en “Considerando Nº 13°) Expresa:  “Que, en efecto, la calificación de crimen de lesa humanidad dada en el razonamiento 38° del mismo fallo a los hechos ilícitos cometidos, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuencialmente, contrarios a las regulaciones de ius cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo. “

En los autos Rol Nº 33.421-19 en “Considerando Nº 15°) Expresa:  “Que, en efecto, la calificación de crimen de lesa humanidad dada en el fallo a los hechos ilícitos cometidos, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuencialmente, contrarios a las regulaciones de ius cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo.”

Por Cristián Labbé Galilea

En épocas estivales, es normal que el ocio se comparta entre lecturas, deportes, tertulias y, de vez en cuando, con algunas reflexiones algo más agudas sobre nuestra azarosa contingencia. Pero en estos últimos días, a decir verdad… “por Dios que se nos ha enredado el nylon”, como dicen los pescadores. Son muchas las cosas que han pasado y si uno, en un análisis simple, las cruza o relaciona, todo aparece complejo.

Dicho lo anterior, esta pluma se aparta “circunstancialmente” de la contingencia para intentar develar: ¿qué pasará por la mente del Presidente al comprobar que ha llegado a la mitad de su mandato, y sus “arrestos revolucionarios y refundacionales” que lo llevaron al poder… se han ido al tacho?

Don Juan Tenorio… le diría: “lo que ibais a cambiar goza de ´buena salud y estabilidad´, y a quienes ayer denostasteis ´con tanta elocuencia´, hoy gozan de tus halagos”.

Vamos viendo: durante la campaña, los dardos apuntaron a Carabineros, a quienes prometió “intervenir y refundar” ¿Qué pasó? A pocos días de asumir, estaban “a partir de un confite” … más dotación, más material, más respaldo político.

Era prioritario cambiar el Orden Institucional. ¿Qué pasó? Plebiscitos van y vienen, consejeros y expertos buscan dar forma a “la Casa de Todos”, para terminar aprobando, apoyada por el gobierno, “la Constitución de los 4 Generales”.

Había que dar “muerte al neoliberalismo”, “No más AFP”, “fin a la educación y a la salud privada” … La lista es larga pero ¿qué ha pasado? En el fondo, nada todavía, el Presidente… “Neronianamente” recita poesías mientras el país se quema por los cuatro costados.

Desde otra perspectiva, lo que debiera alterar la estabilidad psíquica del Presidente es que, después de denostar pública y duramente a los tres últimos presidentes -Lagos, Bachelet y Piñera-, en estos días haya tenido que dedicarles calificativos y conceptos laudatorios que, dichos por él, suenan… oportunistas y falsos.

De Lagos dijo: “… es terrible de arrogante, autorreferente y un político del pasado”. Ahora ha dicho: “le agradecí significativamente, y emocionado del aporte que ha hecho a este país… aprender de su experiencia ha sido tremendamente beneficioso”.

Sobre la Bachelet dijo: “Cada vez que escucho hablar a la Bachelet me aburro”, y la acusó de “ser la encarnación de lo que había que superar” … pero ahora “Bachelet asumió el rol de su madrina”.

Por último, … la trágica muerte del expresidente Piñera nos debiera recordar que, cuando Boric era candidato, se comprometió “a perseguirlo hasta meterlo preso” … sin embargo hoy, con cara compungida, lo califica como “un demócrata desde la primera hora”.

En definitiva, esta pluma concluye que, como el Presidente ha demostrado a todas luces “ser una contradicción total” -por donde se le mire-, la oposición tiene un solo camino: consolidar su actuar unida, y bajo el compromiso de luchar por los valores y principios de la Sociedad libre -orden, seguridad, libertad desarrollo y bienestar- que, a decir de don Juan Tenorio… “aun gozan ´de algo´ de salud y estabilidad”.

Seguridad Nacional

Ejemplos como la criminalidad en las principales urbes que tienen a los chilenos aterrorizados, o los más de cien muertos en el incendio del fin de semana indican que no tenemos estrategia, arquitectura o sistema de seguridad nacional.

por Richard Kouyoumdjian

7 febrero, 2024

Era evidente que la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) no iba a producir cosas concretas. Lamentablemente la falta de entendimiento tanto de políticos como de la opinión pública en materias de seguridad nacional les hizo tener altas expectativas respecto de esta instancia y su capacidad de resolver problemas.

De partida, el Cosena después de la modificación constitucional del 2005 quedó sólo como una instancia asesorativa del Presidente de la República, quien por lo demás es el único que la puede citar, citación que en esta oportunidad buscaba discutir el proyecto de infraestructura crítica, que claramente no es lo más importante en el combate al crimen organizado, y que estuvo evidentemente afectada por el trágico incendio ocurrido en la región de Valparaíso.

Dicho todo lo anterior, no es para nada malo que buena parte de las autoridades que tienen responsabilidades en lo que a seguridad nacional se refiere se hayan reunido a conversar de los urgentes temas que afectan a Chile en materia de seguridad pública, en lo que podría llamarse la reunión inicial de lo que debería ser la estrategia de seguridad nacional, o lo que el Presidente de la República y su Ministra del Interior y Seguridad Pública llaman la estrategia contra el crimen organizado y que tiene como objetivo evitar que bandas criminales tomen el control del país.

Aparte de los obvios objetivos nacionales de soberanía territorial, marítima, aérea y espacial, y de independencia política, todos los expertos en estas materias coinciden que tenemos problemas de delincuencia y crimen en las principales ciudades, de inmigración ilegal en las fronteras con el Perú y Bolivia, la que facilita el ingreso de criminales al territorio nacional, y de grupos insurgentes que operan en la llamada Macrozona Sur, los que buscan reemplazar al Estado de Chile, ejercer control territorial y que con el fin de recaudar fondos, permiten la operación de grupos narco, la explotación maderera ilegal y otras formas de generar ingresos para sus causas. A lo anterior se suma los ataques cibernéticos, las continuas catástrofes que nos pegan, sean incendios como el de la Quinta Región, aluviones, erupciones volcánicas, pandemias y muchas otras cosas más que regularmente nos impactan.

El Presidente de la República junto con la ministra Tohá son los responsables de proveer el bien público llamado seguridad pública y claramente enforcarse sólo en la criminalidad galopante de las ciudades se queda corto de lo que los expertos en la materia indican son los problemas que tenemos que atender. Es por ello que la estrategia que debe diseñar el gobierno debe ser más amplia e incluir la resolución de los problemas que aquejan a todo Chile y no sólo los que habitan en Santiago y otras capitales regionales.

Una estrategia de seguridad nacional no sólo entiende cuál es su propósito, sino también entiende y sabe utilizar los medios de los que dispone, o eventualmente debe disponer si los existentes no son los adecuados para cumplir con el propósito deseado.

Una estrategia de seguridad nacional debe contar con arquitectura que se plasma en un sistema que va mucho más allá de la existencia de las Fuerzas Armadas y policías. Implica liderazgo político, una estructura de mando y control, inteligencia eficaz, organizaciones estatales que operan en forma coordinada y no independientes de otros, y que por, sobre todo, debe tener la capacidad que todo sistema debe tener, la de aprender de sus errores y mejorar sus procesos.

Gran parte de lo que ocurre hoy en día en Chile se debe a la ausencia de una estrategia de seguridad nacional, de la arquitectura y el correspondiente sistema que le permite operar y cumplir sus objetivos. Ejemplos como la criminalidad en las principales urbes que tienen a los chilenos aterrorizados, o los más de cien muertos en el incendio del fin de semana indican que no tenemos estrategia, arquitectura o sistema de seguridad nacional. Indican que no somos capaces de actuar en forma preventiva y anticiparnos a los hechos. Indican que no tenemos inteligencia ya que sólo cuando el problema es evidente sabemos que estamos enfermos. Indican que el reemplazo de la Onemi fue algo que sólo funciona en el papel y que no es una solución efectiva de cara a lo que Chile debe enfrentar en materia de desastres naturales e incendios forestales.

Hora que los políticos estén más preocupados de resolver los problemas y no sólo de aparecer en las fotos y cámaras de televisión aparentando que hacen cosas y dando órdenes a militares, marinos, aviadores y policías. La opinión publica puede entender que esta reunión del Cosena estaba afectada por el incendio de Viña del Mar, o que era para dar un puntapié inicial al ataque sobre el crimen organizado, pero no les van a perdonar al Presidente y su ministra Tohá el que sólo se queden en palabras y proyectos de ley, los que serán inefectivos si es que no tienen una estrategia, arquitectura y sistema de seguridad nacional efectivo y eficiente, y más importante aún, manejado por personas expertas en las materias sobre las que se debe actuar.

Pedro Valdivia, Coronel de Carabineros en retiro, experto en Seguridad Urbana:

Los costos de la inoperancia

Hoy, con incendios aún en curso y las cenizas aún vivas en los lugares devastados, sólo puede hacerse control de daños. El partido se juega en muchos sentidos antes, en labores de prevención.

por Álvaro Vergara N.6 febrero, 2024

Como tantos veranos anteriores, Chile enfrenta una nueva ola de incendios. Comunidades, faenas y trabajos yacen sepultados bajo las cenizas: el fuego ha devorado todo a su paso. La situación es crítica, ya que pone de manifiesto una gran parte de las deficiencias que el país experimenta: ocupaciones ilegales de terrenos, sequía, proliferación de campamentos, mala planificación urbana, poca visión de futuro, actividades industriales de alto riesgo que rodean a las comunidades, falta de aparatos de inteligencia y, por supuesto, la incapacidad de detectar a quienes provocan intencionalmente los siniestros.

Se dice, con razón, que no es el minuto de facturas políticas. Pero también es verdad que urge sacar lecciones de esta tragedia para no volver a cometer los mismos errores. Y lo cierto es que, a pesar de que el Gobierno contó con un año completo para prepararse ante este escenario predecible, el balance no es positivo. Parece que la crisis de los incendios del año pasado desgraciadamente no sirvió como una oportunidad de aprendizaje. Aunque en esta ocasión La Moneda pareció reaccionar con prontitud al declarar el Estado de excepción, la información que ha llegado a la ciudadanía sobre el trabajo a mediano y largo plazo es escasa. Nadie sabe en qué aspectos se avanzó durante estos últimos meses. La única noticia fueron los 148.000 millones de pesos adicionales invertidos en prevención -que el Gobierno, vaya novedad, calificó de “históricos”-, pero ellos parecen insignificantes frente a las pérdidas avaladas en millones de dólares ocasionadas por los incendios. Esto, sin contar las vidas humanas que se han perdido, incuantificables en dinero.

¿Cuáles fueron los avances en términos de infraestructura, cortafuegos, mejoras de equipos y planificación? ¿Se han establecido protocolos que deben seguir las personas en zonas con alta probabilidad de incendios? ¿Cuál es el trabajo del gobierno y del Estado en colaboración con la sociedad civil que habita dichos sectores? Es posible que se hayan realizado algunas gestiones, pero poco de ese trabajo ha sido comunicado a la ciudadanía. Sin ir más lejos, la situación en infraestructura es preocupante. El Mercurio informaba durante fin de semana que este Gobierno presenta una inédita subejecución de inversión pública, US$2.521 millones de dólares pendientes. ¿Acaso no podría una parte significativa de esa suma podría haberse destinado a potenciar la base logística en situaciones de emergencia?

Sin duda, el Presidente Boric tiene habilidad para conectar con la ciudadanía. Es hábil en terreno y su preocupación personal por las personas es sincera. Sin embargo, la empatía y el carisma resultan insuficientes para lo que se le exige al Jefe de Estado en situaciones de catástrofe. Se esperaba, al menos, una gestión de largo plazo y no que intervinieran cuando ya era demasiado tarde. Por eso este Gobierno se ve, por momentos, desconectado de la ciudadanía, ya que temas que requieren una planificación efectiva no parecen ser prioritarios. Como ha sido la tónica en los últimos dos años, todo es improvisación.

¿Cuántas viviendas deben arder y cuántas vidas deben perderse cada año para que quienes ostentan el poder comprendan la necesidad de satisfacer las dimensiones más básicas de la población? Hoy, con incendios aún en curso y las cenizas aún vivas en los lugares devastados, sólo puede hacerse control de daños. El partido se juega en muchos sentidos antes, en labores de prevención. Y ahí están al debe tanto este gobierno como el Estado de Chile en general. ¿Cuánto se debe esperar para que quienes se encuentran en el Ejecutivo reconozcan su responsabilidad y comiencen a anticipar problemas con una visión de Estado que, hasta ahora, parece ausente? Nadie lo sabe y pocos lo esperan. Hoy el Presidente habla de la “tragedia más grande que hemos vivido desde el terremoto”, pero parte de esta cruda catástrofe, por ingrato que sea decirlo hoy, se debe a los costos de la inoperancia.

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ÁLVARO VERGARA N.

Abogado e investigador IES

El gobierno siempre llega tarde

El Presidente llegó tarde al convocar al Cosena y el gobierno llegó tarde para avisarles a miles de personas que debían evacuar porque el avasallador fuego estaba por destruir sus viviendas.

por Patricio Navia

6 febrero, 2024

Desde que asumió el poder en marzo de 2022, el gobierno del Presidente Gabriel Boric siempre ha llegado tarde. La evidencia más reciente de que el gobierno siempre llega tarde es que, cuando el Mandatario finalmente se allanó a convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), el impacto mediático de esa convocatoria terminó siendo irrelevante porque fue superado por la tragedia de los devastadores incendios en la Región del Valparaíso. Aunque eventualmente se sabrá a quién le cabe la principal responsabilidad por la muerte de más de 120 personas muertes que no fueron evacuadas a tiempo, el dolor que hoy siente el país relegó a un segundo plano la cita del Cosena que el gobierno esperaba convertir en una oportunidad para relanzar su hasta ahora ineficaz política contra la delincuencia.

En la vida, y ciertamente en la política, el momento en que se hacen las cosas importa mucho. Después de haber estado semanas resistiéndose a la presión de muchos de sus adversarios y aliados para convocar al Cosena, el Presidente Boric terminó dando su brazo a torcer la semana pasada y anunció la convocatoria para recibir consejos sobre la mejor forma de abordar los problemas de seguridad que enfrenta el país. Lamentablemente para el gobierno, una vez más, sus iniciativas fueron superadas por la realidad. El fin de semana, los devastadores incendios forestales en la Región de Valparaíso y en varias otras partes del país drásticamente alteraron, al menos por un par de semanas, las prioridades en la agenda de noticias y en las preocupaciones del gobierno. Por eso, cuando se reunió el Cosena el día de ayer, el impacto fue mínimo y las consecuencias concretas de esa reunión serán nulas.

Lee también de Patricio Navia: El gobierno no sabe qué hacer

El gobierno seguirá siendo derrotado en su combate contra la delincuencia, la percepción de inseguridad seguirá en aumento y la gente sentirá que el gobierno no tiene ni los medios ni la voluntad para proteger a la población.

Es verdad que era poco lo que se podía esperar de una convocatoria del Cosena. No se necesita reunir a las principales autoridades civiles y funcionarios de las Fuerzas Armadas para saber que no es una buena idea tener a militares patrullando las calles.

Aunque la gente se siente insegura y la delincuencia aparece desatada, los militares han sido entrenados para pelear en guerras, no para desarrollar labores policiales. Tiene mucho más sentido dotar a las policías de mejores herramientas y más atributos para hacer bien su trabajo. Además, para demostrar que está de lado de las víctimas y no de los victimarios, el gobierno debiera revertir sus decisiones de otorgar pensiones de gracia a delincuentes con prontuario (bajo la torpe excusa de que eran luchadores sociales víctimas de abuso policial). Mientras la gente siga percibiendo que el gobierno tolera la violencia social cuando se trata de avanzar sus causas, va a ser difícil que el mensaje de tolerancia cero a la violencia disuada a los delincuentes.

Más que en ningún periodo anterior, los delincuentes hoy saben que el gobierno no cree en la mano dura y también creen que el gobierno piensa que las policías abusan de los derechos humanos. Luego, los delincuentes saben que pueden actuar impunemente porque no le tienen miedo ni al gobierno ni al Poder Judicial.

En las próximas semanas, se seguirá consolidando la percepción de que, en Chile hoy, sale gratis delinquir. El debate público sobre los incendios en la Región de Valparaíso se ha centrado en la presunta intencionalidad de los incendios. La sensación de impunidad que ya existe en el país se ve exacerbada cuando la gente percibe que los presuntos responsables de estos mortales y devastadores incendios jamás enfrentarán a la justicia.

Ya habrá ocasión para evaluar la responsabilidad política del gobierno de Boric. Pero si la oposición tuviera la misma severidad que tuvieron Boric y sus aliados con las presumibles fallas y omisiones del periodo anterior, entonces ya estaríamos escuchando a legisladores de oposición anunciar acusaciones constitucionales contra los ministros y contra el propio Presidente. Después de haber sido severos e intransigentes en sus críticas al gobierno anterior por presuntos errores y omisiones, este gobierno ha demostrado repetidas veces su incapacidad para cumplir el mínimo de los estándares que ellos exigían al gobierno anterior.

Hoy que miles de chilenos lloran a sus familiares y amigos fallecidos en los trágicos incendios, aquellos chilenos que no fuimos afectados por el devastador fuego observamos anonadados cómo, una vez más, este gobierno ha llegado tarde. El Presidente llegó tarde al convocar al Cosena para el lunes 5 de febrero y el gobierno llegó tarde para avisarles a miles de personas que debían evacuar porque el avasallador fuego estaba por destruir sus viviendas. Este gobierno demostró, una vez más, que su principal regularidad es que siempre llega tarde.

-No preside el Consejo Regional ni es el órgano ejecutivo en cada región, tareas que corresponden al Gobernador Regional.

GOBERNADOR REGIONAL (GORE)

EL Gobernador Regional es electo por votación popular, preside el Consejo Regional y es el órgano ejecutivo en cada región.
Las normas aclarativas de este cargo me resultan incomprensibles, tarea que dejo a los lectores: “GOBERNADOR REGIONAL

“Los gobiernos regionales (GORE) son los órganos públicos encargados de la administración superior de cada una de las regiones de Chile, y que tienen por objeto el desarrollo social, cultural y patrimonio propio. Tienen su sede en la ciudad capital de la respectiva región, sin perjuicio de que puedan ejercer sus funciones transitoriamente en otras localidades de la región.
Los gobiernos regionales están constituidos por dos órganos: por el gobernador regional respectivo, el cual es elegido por votación popular y dura cuatro años en su cargo pudiendo ser reelegido una vez, y por el consejo regional, compuesto de consejeros elegidos por sufragio universal, en votación directa, por periodos de cuatro años, y que pueden ser reelegidos.
El consejo regional fue creado mediante una reforma constitucional efectuada el año 1991 e implementada con la Ley 19175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, de 1992. Los primeros gobiernos regionales se instalaron en 1993.

Son funciones generales del gobierno regional:
-Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la región en el ámbito de sus competencias, los que deberán ajustarse al presupuesto de la Nación; a la estrategia regional de desarrollo y a los instrumentos de planificación comunal.
-Orientar el desarrollo territorial de la región en coordinación con los servicios públicos y municipalidades, localizados en ella.
-Administrar fondos y programas de aplicación regional.

-Resolver la inversión de los recursos que a la región correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de aquéllos que procedan.
-Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, en conformidad a la ley, y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales competentes.

DELEGADO MILITAR POR LA ZONA DE CATÁSTROFE

El presidente o presidenta de la República debe designar a un Jefe de la Defensa Nacional, que asume la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señala. Las facultades presidenciales pueden ser delegadas total o parcialmente en los jefes de la Defensa Nacional designados y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

-Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado.

-Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes.

-Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública.
-Difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población.

Como esta organización era incompatible con una gestión mas o menos razonable, Boric le hizo un agregado que muy probablemente no contribuirá a aumentar la eficiencia.

DELEGADA PRESIDENCIAL AD-HOC (CAMILA VALLEJO)

Designada personalmente por Boric, ante quien responde: “Tras dar el anuncio, Boric señaló que la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) “va a tener una visión global de todos los problemas”, ya que se trata de “una persona de mi total confianza”.

Elementos a tomar en cuenta en relación a los DD.HH. en Chile:

1. El secuestro permanente lo comete el Servicio Médico Legal, mantiene por años osamentas sin identificar de detenidos desaparecidos*

*2. El Poder Judicial actúa como un Estado dentro del Estado de Chile sin control ni contrapesos*

*3. En Chile no hay justicia sino venganza contra los los militares, especialmente los del 73*

La inseguridad en el país es un problema que cambió la vida y realidad de todas las personas que habitan en este lugar, en donde los sectores más esforzados son los que enfrentan completamente esta crisis. En una nueva edición de Entrevistas Bio Bio Tv, se conversó con John Griffiths, quien es ex jefe del Estado Mayor General del Ejército y actualmente se desempeña como jefe de estudios en Athenalab.

¿El Cosena es una entidad pertinente?

El Consejo Nacional de Seguridad (Cosena), es la entidad que se encarga de asesorar al Presidente en temas relacionados con la seguridad nacional y fue fundado en 1980. Ante el conflicto actual, surge la interrogante de si este organismo funciona, por lo que se le consultó al experto.

“Hay que recurrir al origen de la actual COSENA, como está en la Constitución y que no sea la del 80 es el resultado del intento de establecer un poder de seguridad en la misma. Al final con la modificación del 2005, llegó a ser un organismo que no funciona permanentemente” explicó John Griffiths, mencionando que la gracia es que sea continuo y que cuente con personal capacitado para enfrentarlo eficientemente.

Con respecto a la forma en la que está mencionado el Cosena en la ley, “¿qué diferencia tiene con que no existiera y el Presidente cite a las autoridades a una reunión el lunes? Ninguna” reflexionó John y recalcó que lo ideal es que sea estable, “no se concibe un Consejo de Seguridad Nacional (en Europa por ejemplo) si no tiene un sistema de inteligencia a su disposición”.

¿Cuáles son los controles?

“El ideal es constituir y dar forma a una arquitectura de seguridad nacional lo antes posible” mencionó Griffiths.

“Primero hay que mencionar su composición, está conformada por el Presidente de la República y sus ministros. Eso tiene una dirección técnica permanente que es el asesor de seguridad nacional, que es el hombre que está día a día articulando el Cosena y debe ser permanente para que coordine e informe constantemente” mencionó el ex jefe del Estado Mayor del Ejército. Además expuso que aparte de la arquitectura, “ese organismo requiere un sistema de inteligencia moderno, de siglo 21, cosa que tampoco tenemos”.

Acerca de la importancia de la inteligencia dentro del Consejo Nacional de Seguridad “si no hay inteligencia será un organismo burócrata más. La gracia es que se adelante y sea capaz de prever para que el Estado no esté reaccionando”.

“La inteligencia es el resultado de un proceso de información y eso también hay que educarlo. Urge arquitectura de seguridad, urge articular un sistema de inteligencia y urge tener una masa crítica de personas expertas”.

¿Qué tanto se puede adelantar la información?

Para conocer qué tan eficaz sería tener un sistema de inteligencia, se preguntó si hubiese sido posible adelantarse a la llegada del tren de Aragua a Chile. “Sin duda y podríamos haberlo advertido a nivel político para tomar decisiones legislativas y de seguridad. Por ejemplo: Algo tan simple como control de fronteras” aseguró el entrevistado, afirmando que todo se pudo prevenir con un buen sistema que permitiera observar y anticiparse a los hechos.

“No advertimos con la profundidad que debimos haberlo hecho, sobre el riesgo al que nos íbamos a enfrentar, con una arquitectura más robusta podríamos haber estado en mejores condiciones. No se trata de echarle la culpa a izquierda, derecha o centro, es un tema de Estado”.

Uso de las Fuerzas Armadas:

“Creo que estamos abusando de un despliegue de las Fuerzas Armadas, están en el Norte, Araucanía y hoy las estamos pidiendo en Santiago. Les hemos ampliado el espectro de emisiones, pero con menos presupuesto y personas. Es evidente que no estarán en condiciones de cumplir todas las misiones”. De acuerdo a lo anterior, el entrevistado afirma que es un error ocuparlas para todo “terminamos degradando las Fuerzas Armadas”.

CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL BORIC, EXTRAVIADO, DA PALOS DE CIEGO.

Los Fiscales, encabezados por Ximena Chong pidieron una sala especial, de mayor capacidad, disponible durante la semana que durará la formalización de los generales de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate. Ahí concentrarán un amplio número de personas relacionadas con los 450 presuntos afectados por violaciones a sus derechos humanos, por parte del Alto Mando de Carabineros.

Desde ahí, por prensa y televisión se resucitará la acusación de la “violación masiva” de los derechos humanos de los “manifestantes” en los muchos días del intento de golpe de estado iniciado el 19 de octubre de 2019.
El delito sería por “omisión” es decir, sabiendo lo que estaba pasando en cada punto en que se expresaba la violencia de la crisis, esas autoridades policiales no tomaron acciones para contener los delitos que sus fuerzas estarían cometiendo en ellos. El problema es que esos generales no tenían esa información, en todo caso, tenían la misma información que el Ministro de Interior y de Piñera mismo.
En el caso del general Yáñez destaca el fallecimiento de Cristián Valdebenito, muerto por el impacto de un objeto contundente que los que lo rodeaban aseguran se trataba de una bomba lacrimógena. De ser cierto, la prohibición de emplear bombas lacrimógenas por parte del general Yáñez, habría constituido desacato de su parte a las órdenes de Piñera, de contener el vandalismo y los desmanes.
Ahí va la máquina político judicial dejando afuera a Piñera y culpando al general Yáñez.

Con este trasfondo, el presidente cita al Consejo de Seguridad Nacional para tratar algo que aún no ha dicho para qué. Si es para escuchar alternativas para incrementar la exigencia de cumplimiento de la ley a las turbas que apoyan al mismo Boric, es una idea carente de lógica. Boric sabe sus pros y contras perfectamente, no necesita asesoría. Se agrega a lo anterior el agudo contraste entre el trato que los Poderes Ejecutivo y Judicial dan a los militares y policías, en comparación a los premios y pensiones de gracias que dan a los delincuentes, presuntas víctimas de las fuerzas policiales al mando del general Yáñez.

Otras voces recomiendan “militarizar” la crisis de seguridad. Esta idea, además de impracticable, es una atribución exclusiva del Ejecutivo, y dado el largo debate habido al respecto, no ha lugar escuchar al COSENA, cuyos miembros han expresado muchas veces sus pareceres respecto a la materia, se trataría exclusivamente de una elección política y basta con que Boric se decida a hacerlo o no. El resto es show.

Hemos llegado a una situación muy clara: todos sabemos que es lo que se puede hacer, cuáles son los poderes del Ejecutivo, que dice la Constitución y las leyes al respecto.
Ya no queda espacio para sacarle el poto a la jeringa, lo que queda es una decisión política de responsabilidad exclusiva de Boric, él deberá tomarla y asumir las consecuencias de ella, cualquiera que sea.

Fernando Thauby García

3 de febrero de 2024

Fundación de Bachelet recibió $379 millones para proyecto en el Biobío sin cumplir requisito clave

La ley obliga a todos los receptores de fondos estatales a estar inscritos en un registro del Ministerio de Hacienda. De no hacerlo, el reglamento dice que deben restituir los fondos. Horizonte Ciudadano, la fundación de la expresidenta, se adjudicó un convenio en diciembre de 2022 con el Gobierno Regional del Biobío por $379.870.000, pero recién se registró en agosto de 2023. Contraloría hizo varias observaciones al traspaso de recursos y la organización es una de las 13 fundaciones que investiga la Fiscalía Regional.

por El Líbero5 febrero, 2024

El 5 de enero y en el Teatro Regional de Biobío, se realizó el acto de cierre del proyecto “Ahora tienen que escucharnos: ideas para convivir”, ejecutado por la fundación creada por la ex presidenta Michelle Bachelet, Horizonte Ciudadano, que se adjudicó un convenio de forma directa, sin licitación, por $379.870.000 de parte del Gobierno Regional (Gore) del Biobío.

El convenio se celebró en diciembre de 2022 y los recursos se transfirieron en una sola cuota. En una auditoría publicada en noviembre pasado, Contraloría hizo varias observaciones al traspaso de dinero y notó que, tal como adelantó El Líbero en agosto, el Gobierno Regional de Biobío no estaba publicando las transferencias de recursos a terceros en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, y les pidió ponerse al día.

Pero la que también debía estar inscrita en ese registro del Ministerio de Hacienda para poder estar habilitada para recibir dineros públicos era la propia fundación, trámite que recién realizó el 8 de agosto (ver abajo), cuando ya llevaban nueve meses de ejecución y más de $302 millones rendidos.

Según el artículo 8 del reglamento de la ley 19.862 que rige estos traspasos, las entidades que hayan recibido fondos sin estar inscritas, deberán devolver los recursos reajustados.

Consultada la fundación Horizonte Ciudadano, señalaron a El Líbero que se inscribieron en el Registro cuando el Gobierno Regional les avisó que debían hacerlo y que ya rindieron todos los fondos de ese proyecto.

Este medio contactó al Gobierno Regional de Biobío por este asunto, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. No obstante, podría ser uno de los aspectos que aborde una próxima auditoría periódica de la Contraloría General de la República.

Así lo confirma Jorge Jaraquemada, ex presidente del Consejo para la Transparencia: «Si ya gastaron y rindieron los recursos no procede devolución, pero la Contraloría sí podría pronunciarse porque hubo un incumplimiento de requisitos para la entrega de esos recursos y en eso tiene responsabilidad tanto el Gore que los entregó, como la entidad que los recibió. La Contraloría podría sancionar a ambos. A la fundación podría suspenderla o excluirla del registro».

En paralelo, Horizonte Ciudadano es una de las 13 fundaciones que la Fiscalía Regional del Biobío está investigando y donde hasta la fecha sólo se ha formalizado a integrantes de la Fundación En Ti. Según la fiscal regional, Marcela Cartagena, durante 2024 habrá nuevas formalizaciones por el Caso Convenios, “eso es un hecho, es así”, pero no reveló si Horizonte Ciudadano estaría afecta a ello.

Por qué Horizonte Ciudadano escogió hacer su proyecto en Biobío

El pasado 22 de diciembre de 2022 se aprobó el convenio firmado entre el gobernador Rodrigo Díaz Worner y el representante legal de la fundación, Pedro Güell -ex director de políticas públicas de Presidencia-, donde se traspasaba en una sola cuota los más de $379 millones para desarrollar el proyecto que recogería la visión de niños de entre 5º Básico y 4º Medio, respecto a las diferentes formas de violencia con las que conviven. La idea era entregar un insumo base (ver aquí) para nuevas políticas públicas.

¿Por qué se eligió esa región? lo dejó entrever la coordinadora general del proyecto, Estela Ortiz, en una entrevista con radio UdeC en el lanzamiento del proyecto en mayo: “Tiene que ver primero con el gobernador, que trabajó y siempre ha estado preocupado por la niñez y la adolescencia”, dijo recordando el trabajo de Díaz cuando era intendente y le tocó aplicar un proceso de consulta estatal llamado “Yo opino, es mi derecho. Niñas, niños y adolescentes construimos el país que soñamos”, durante la administración de la fundadora de Horizonte Ciudadano, Michelle Bachelet.

En efecto, Díaz desempeñó cargos de confianza en las administraciones de Bachelet. Entre 2004 y 2007 fue gobernador de la provincia de Concepción, seremi de Gobierno entre 2007 y 2008; y en su segundo gobierno se mantuvo como intendente del Biobío los cuatro años de mandato.

En el mismo tiempo, Ortiz era secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, organismo que aplicó esa consulta.

El Gore de Biobío descartó “tajantemente toda afirmación que insinúe algún tipo de sesgo político en la adjudicación”, en un comunicado de prensa enviado a Radio Bío Bío en julio pasado. No obstante, la misma radio accedió a la declaración de una funcionaria del Gore a la Fiscalía, que revelaría un “trato preferente” a Horizonte Ciudadano en el Gore. Esto habría consistido en que se tramitó el proyecto sin que aún tuviera un certificado de priorización, que se les transfirió el dinero en diciembre de 2022, mientras que al resto de las fundaciones, se le efectuaron en enero de 2023; y que se les habría aprobado gastos antes de la transferencia para pagar los honorarios de diciembre. La radio difundió mails donde Estela Ortiz apuraba a funcionarios del Gore.

La rendición de cuentas de diciembre de 2022, a la que accedió El Líbero, contiene una justificación de $11.100.000 ese mes. Dado que el convenio se aprobó el jueves 22, ese pago fue por sólo seis días hábiles.

El Gore de Biobío informó a este medio que Horizonte Ciudadano terminó de rendir todos los recursos de este proyecto el viernes 2 de febrero, aunque tenían hasta el 15 para hacerlo. Asimismo, tienen una buena evaluación de la iniciativa: «Las jornadas de participación involucraron a 22.837 estudiantes de 146 establecimientos en 10 comunas, abarcando desde 5° Básico hasta 4° Medio, lo cual se evalúa como exitoso, aunque aún quedan aspectos del programa para evaluar (informe final). A pesar de desafíos, como la resistencia de algunos colegios privados, el proyecto logró una amplia participación. Actualmente, se está finalizando un documental y un informe final para compartir la experiencia y propuestas concretas relacionadas con la participación de los niños en la percepción de las violencias».

Respecto a su fin último, de motivar políticas públicas de niñez, afirmaron que se logró una buena coordinación regional y que la fundación les recomendó seguir fortaleciendo la colaboración intersectorial, sumar a más actores, consolidar las mesas consultivas que confirmaron y potenciar el Observatorio de la Niñez, proyecto regional ejecutado por la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (Achnu).

Viajes, reuniones y problemas al destaparse el “Caso Convenios”

El proyecto en cuestión es el más reciente del think thank que, en los últimos meses, ha aparecido en la prensa por ser el lugar donde el vicepresidente del PS y ex subsecretario de Cultura, Arturo Barrios, dijo que hacía pactos con narcos para poder trabajar en las poblaciones y por albergar un taller de comunicaciones estratégicas a mujeres integrantes de la administración de Gabriel Boric dirigido por la propia ex presidenta.

Según el detalle del convenio, casi 40% de los recursos se destinaría a sueldos del equipo. Para pagar la remuneraciones, tanto Estela Ortiz, como el resto del equipo, le emitió boletas de honorarios a la fundación. Ortiz cobró $2.500.000 mensuales (brutos) y en las rendiciones de gastos al Gore también figuran boletas de taxis entre su domicilio hacia el aeropuerto, comidas y alojamiento. Esto, porque el programa basó gran parte del trabajo de la iniciativa en reunirse presencialmente en Concepción con el Gore, con una mesa consultiva, alcaldes, colegios y otros organismos estatales.

Su hijo, Juan José Parada Ortiz, también trabajó como asesor comunicacional del proyecto, visando presentaciones y asuntos gráficos por $1.800.000 brutos mensuales. Desde abril, en el equipo ya había un periodista, alguien encargado del diseño y de la parte digital. Sin embargo, él no llegó al final del proyecto de 13 meses, pues según reveló la fundación al Gore en su informe mensual, el estallido del Caso Convenios en julio «generó» la salida de él y del asesor metodológico. En los hechos, Parada Ortiz renunció y se le pagó la mitad del mes. A esas alturas, él ya era asesor del relato audiovisual de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

El mismo asunto complicó las cosas con colegios particulares y subvencionados, que dudaron sobre si sumarse o no al proyecto debido a la vinculación de la fundación con el caso, ralentizando sus objetivos.

El proyecto también contaba de forma fija con un jefe técnico, un responsable de inducción y coordinación territorial, un asistente financiero, un periodista y un responsable de generación de materiales y contenidos del proceso participativo.

Este es el detalle del costo (en millones de pesos) de cada actividad del proyecto, que se presentó en julio pasado al Gore y que este aceptó financiar sin cambios.

Observaciones de Contraloría

En noviembre Contraloría General de la República publicó las auditorías periódicas que realiza a los gobiernos regionales, en la que hizo varias observaciones a la mayoría de esos orgnismos. En el caso de Biobío, también notó irregularidades en el convenio con Horizonte Ciudadano.

El más notorio es que la fundación -y hasta la fecha- no cuenta con inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, que era uno de los factores que se tomaba en cuenta para calcular los años de experiencia de la entidad ejecutora. Tampoco, por tanto, tenía giro.

Contraloría envió el informe al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía para que indagara sobre las infracciones y tomara las acciones correspondientes, de ser necesario.

La fundación también era una de las que el Gore no les hizo «certificado de preadmisibilidad» y fue una de las siete a las que se le dio exactamente el dinero que pidieron «sin requerir mayores antecedentes».

El sexo de las lagartijas

3 febrero, 2024

Me demoré menos de un año en construir una casa y cinco años en recibirla, a pesar de tener todos los permisos. Si eso me demoro en una ‘pinche’ casa, ¿se imagina lo que demora cada empresario en desarrollar un proyecto complejo? Por supuesto, el Estado tardó menos de un mes en avisarme que ahora me subiría las contribuciones (para ser “solidarios” y financiarles sus pensiones de gracia a pedófilos y condenados por violencia intrafamiliar). Para ayudar, el Estado se mueve en tiempos geológicos; para cobrar, a la velocidad del rayo. El ministro Grau ha identificado casi 400 permisos para llevar adelante un proyecto. Esto es de locos y escapa de toda racionalidad.

Para los que no han emprendido, les contaré algunos casos reales. En marzo de un año cualquiera, un proyecto inmobiliario fue detenido por la autoridad ambiental para trasladar todas las lagartijas del sitio donde se construirían viviendas sociales. Remover lagartijas requiere autorización del SAG, el que prohibió hacerlo hasta octubre, cuando se aparean. Aparentemente se encuentran distraídas en otros menesteres, lo cual facilita su captura. En octubre, una empresa especializada removió las 15 lagartijas que encontró para sexarlas y trasladarlas a un “spa” de lagartijas a un costo de varios millones de pesos por cada una.

En Tomé se prohibió un proyecto de 130 millones de dólares para explotar “tierras raras” porque se afectaba un árbol nativo denominado “Naranjillo”. Por cuidar unos pocos naranjillos descuidamos miles de trabajos para personas de carne y hueso. Con los impuestos que iba a pagar ese proyecto, el Estado hubiera podido construir el vivero de naranjillos más grande del mundo. Pero es más fácil prohibir que construir.

Recientemente, la Superintendencia del Medio Ambiente paralizó un proyecto de torres de alta tensión (Nueva Alto Melipilla-Casablanca-Agua Santa), porque las obras ponían en peligro los “geófitos” (plantas que existen en todas partes). Después nos vamos a quedar sin luz por culpa de los neófitos del Gobierno, donde por supuesto nadie se hará responsable. Ahora, en Punta Piqueros —donde era más fácil encontrar preservativos que gaviotas—, demolerán un hotel de 5 estrellas porque el Estado le hizo la desconocida a los permisos previos, seguida de una encerrona burocrático-legal a los inversionistas. Y, finalmente, la guinda de la torta son las caletas con perspectiva de género. Una novedosa contribución de este Gobierno: caletas donde se asolean sirenas sin locos, choros ni tiburones que las acosen.

El Estado contrató a 100 mil funcionarios adicionales, que ganan más y trabajan menos que usted (33 días de licencia de promedio, más seis días administrativos, más vacaciones). Esto equivale a dos estadios nacionales llenos de empleados que no se dedican a servir al público: son inspectores, activistas o fiscalizadores que obstaculizan el avance del país. Para darle pega a los ‘camarades’, el Ministerio de Medio Ambiente inventó un nuevo organismo denominado “Oficina de transición socioecológica justa”, más conocido como la “OTSJ” (organismo imprescindible inspirado en algún sketch de Les Luthiers). Y, por último, para darle el golpe final al emprendimiento, Marcel presenta un proyecto tributario de terror, que solo le falta autorizar al SII la tortura física del sufrido contribuyente —porque la emocional y financiera ya la practica.

Así, no es raro que nuestros países terminen eligiendo a los Bukele o a los Milei, porque la casta es ciega y sorda. Por eso, como dijo Milei, los héroes de verdad —aquellos que no tienen pensiones de gracia ni subsidios— son los empresarios, porque siguen tratando que progresemos a pesar de los esfuerzos de políticos y funcionarios por impedírselo. Si la democracia no es capaz de generar prosperidad ni seguridad, se debilita. Por eso mis reservas respecto del compromiso con la democracia de quienes nos gobiernan. Su ideario impide el progreso y en su praxis estancan la economía, disuaden la natalidad, deterioran la educación y homenajean, indultan y pensionan a delincuentes. (El Mercurio)

Gerardo Varela

Especialmente para las nuevss generaciones y olvidadizos:

Ahora nadie se acuerda, ni políticos ni jueces

LA VERDAD NOS HACE LIBRES !!! #50AñosDeLibertad

https://x.com/TERE_LAprofe73/status/1682059180608299008?t=H2YGhEAQhEvP–P5m8VPKQ&s=08

Militarización II

Recientemente políticos, académicos y excomandantes en jefe de las FF.AA., han manifestado sus aprensiones respecto a la citación del presidente de la República al COSENA (Consejo de Seguridad Nacional).

Recordemos que a raíz del llamado Estallido Social, el actuar de las FF.AA. y Policías, fue valorado por la ciudadanía siendo fundamentales para mantener el orden y poner a resguardo la democracia. Pasada la emergencia y sin el sentido de urgencia que envolvía dicha situación, hemos podido ver que oficiales, suboficiales e incluso soldados del servicio militar, en la actualidad, han sido sentenciados a largas condenas por proteger bienes públicos y privados.

Asimismo, durante el mes de septiembre de 2023 se conoció la sentencia dictada por un Juez de la Corte de Apelaciones de Temuco en la causa denominada “Polvorín”, en que condenó a gran parte de los oficiales, suboficiales y soldados del Regimiento Tucapel a presidio perpetuo por hechos ocurridos hace 50 años, argumentando – a falta de una imputación concreta – que el solo hecho de haber estado destinados en el regimiento, independiente de que haya o no participado en los hechos que investiga, los hace responsables, llegando al extremo de asimilar una unidad militar operativa con un campo de exterminio nazi.

El despliegue de las fuerzas armadas para seguridad interior puede ser popular, el problema es que con el pasar del tiempo, cuando ya no exista ese sentimiento, el análisis será completamente distinto. Cuidemos a nuestras FF.AA. y Policías, dotándolas de los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones, considerando la institucionalidad que regula su actuar. No se trata de propiciar la impunidad ante hechos dolosos, muy por el contrario, se trata de cautelar por una justicia real ante las eventualidades que puedan surgir cuando se emplean medios militares en tareas más propias de lo policial.

 CESAR FERNANDEZ BORGEAUD

La Ley Humanitaria:

 https://youtu.be/a5Uqi4Iyoao?si=G0eNp26o9x28SMBy

¿Discriminación?

Señor director,
Sobre la condena al general (R) Juan Emilio Cheyre en calidad de “cómplice”, a 5 años de presidio con el beneficio de libertad vigilada, me llama profundamente la atención que otras personas con igual calidad de cómplice y en la misma causa, como lo son Víctor Alegría, Jaime Ojeda y Emilio de la Mahotiere, deban cumplir 10 años y un día de presidio efectivo, sin beneficio alguno.
¿Cómo entendemos esta diferencia que hizo la Corte Suprema entre las condenas del excomandante en jefe del Ejército y el resto de los subalternos? Algunos pensarán que el primero tuvo una mejor defensa, otros, mal pensados, pueden creer que hubo influencias políticas.
Y es que cada vez escucho de más exoficiales sin mando, de clases y soldados que hoy están siendo procesados y condenados a altas penas, por casos de derechos humanos de hace 50 años.
Por ejemplo, el ex conscripto Luis Toledo deberá purgar 15 años y un día de presidio efectivo por haber integrado el pelotón de fusilamiento de dos personas en un regimiento del sur, ordenado por una autoridad militar de la época ya fallecida y que no estuvo ningún día en la cárcel pues se le aplicó la prescripción.
Es importante destacar que en la década del 70’ y posteriores, el SMO y la mayor parte del contingente era analfabeta, de escasos recursos y sin estudios, por lo que muchos jóvenes se presentaban voluntariamente como una forma de mejorar su calidad de vida. Otros, sencillamente, eran reclutados contra su voluntad.
Así, a partir de 1973, cumpliendo órdenes a rajatabla, sin quererlo ni buscarlo, se vieron implicados en sucesos que hoy los tienen condenados a altísimas penas de cárcel, olvidados e invisibilizados por las instituciones y la sociedad.
Por eso, hago un llamado a las autoridades políticas, judiciales y legislativas, y especialmente a la opinión pública a informarse y pronunciarse para buscar una salida a esos jóvenes subalternos sin influencias, hoy de 70 años o más, que deben responder con sentencias durísimas por hechos ocurridos hace medio siglo, cuyos responsables ya están cumpliendo condena o están fallecidos.

Claudia Fuentes Bozzolo
Periodista ‎

La pura y franca realidad… Kaiser en su posteo en X, lo expresa claramente.

“Hay muchos chilenos, incluso militares, que no quieren creer que es el Ejército de Chile el objetivo a batir por el neo marxismo internacional y nacional en nuestro país, con el apoyo de la izquierda en particular y la complicidad de la clase política en general. La mal llamada
“Justicia” en Chile es uno de sus órganos de maniobra ejecutores. El siguiente mensaje (verdadero) ya circula en RRSS: Tres nuevos militares pasarán a cumplir penas al penal de Colina 1 por situaciones del estallido “social” (insurreccional) del 2019.
A los que ya cumplieron o están cumpliendo pena, como fue el Cabo Care Care por la situación de Coquimbo, el Cabo Lavín de la situacion de Colina; ahora se agrega El Capitan Faúndez y el Cabo arenas mas el soldado Robledo (quien disparó) por la situacion de la Serena donde dan muerte al ciudadano ecuatoriano Romario Veloz, mientras este se encontraba saqueando un supermercado .
El Capitan a cumplir 15 años y al cabo Arenas 5 años y un día y el ex soldado Robledo 10 años de cárcel .
La corte de apelaciones de la serena tampoco escuchó a la corte suprema quien le dijo en un fallo que revisara lo que estaba proponiendo de condena o anulara el juicio .
Pues bien, la corte de apelaciones mantuvo su resolución y a los tres militares no les queda otra instancia que irse a la cárcel .
Por eso, cuando uno ve a políticos , autoridades municipales que solicitan que los militares custodien los terminales o infraestructura crítica; ¿con qué garantía o reglas de uso de la fuerza van a ir nuestros soldados a cumplir misiones?.
O cuando incluso autoridades de gobierno dicen que no se cierran a nada y que podrían emplear fuerzas militares, ¿quién va apoyar a soldados o mandos subalternos que se vean involucrados en situaciones similares?.
Considerado que las victimas mienten frente a los tribunales, y fiscales y los jueces hacen oído sordo a la verdad. Hasta para recibir las pensiones truchas mintieron. Y por mientras nuestros militares cumplen penas de cárcel.”

AHORA SE ACUERDAN

Con el agua hasta el cuello

            Claro, ahora se acuerdan, y Toribio estuvo “caballerito” en el título para no recurrir a la jerga popular. ¿No querían eliminar Carabineros, luego reformular y finalmente reformar?… ¿No querían eliminar las FF.AA? porque ya no existía peligro de guerra con nuestros vecinos, tenemos las mejores relaciones. Bastaría unos cuantos meses de entrenamientos en caso de peligro; eliminar las escuelas matrices, etc., etc., una sarta de estupideces fruto de la ignorancia, muchos de los cuales hoy disfrutan de las remuneraciones más altas del mundo en nuestro Congreso.

            Pero viva la Democracia y yo soy partidario de ella. Pero, a partir de 1990 había que actuar con la mayor celeridad para terminar con todo el vestigio de la dictadura y en nombre de ella, además de gran parte de las normas que hicieron colocarnos a la cabeza de los países de nuestro continente, en el orden económico y social, por razones meramente ideológicas, amparados en el famoso Progresismo, dieron rienda suelta a decisiones funestas y que hoy afectan gravemente nuestra seguridad.

            Y solo para mencionar algunas. Partimos con la suscripción de la Convención de Ottawa, (1997) y ley de la república en el 2002, respecto a la prohibición del empleo, almacenamiento, producción de minas antipersonal; y su destrucción, como respuesta a la comunidad internacional por el problema humanitario causado en especial África y otras naciones, siendo Lady Dy ─en pleno apogeo─ una de las principales promotoras; tal como posteriormente lo hace en torno al cambio climático Greta Thunberg. Chile, a raíz de los graves problemas que tuvimos en el pasado con las naciones vecinas, había sembrado campos minados a lo largo de sus fronteras terrestres, como parte de su sistema defensivo en aquellos pasos no habilitados y que constituían una vulnerabilidad, lo que a la fecha producto de su levantamiento ha originado la crisis actual. Toribio vaticinó hace más de 30 años en TVN que esto pasaría, pero estábamos con “la fiebre del sábado por la noche” y nadie lo pescó. Cabe señalar que si bien es cierto, se produjeron accidentes a causa de ello, en especial por personas que hacían caso omiso a las señales de advertencias existentes, estos han sido notoriamente menores a las muertes de personas que han fallecido producto de las inclemencias del tiempo y el esfuerzo cruzando el altiplano y el desierto. Algunos estrategas civiles siempre han cuestionados las hipótesis bélicas, pero no vaya a ser cosa que, producto del Convenio de Asistencia Militar entre China y Perú, nuestros hermanos del norte quieran recuperar la “estrellita del sur” y surja otro Velasco Alvarado viéndonos en la necesidad de resembrar los campos minados.

            Escuché a un dirigente con justificada molestia exigir la protección de las fronteras en el norte, a lo largo de 600 kilómetros con medios del Ejército; cavar zanjas ─hace algún tiempo anunciadas por J.A. Kast y fuertemente criticado─ trabajo que sin duda demandará bastante tiempo, no tanto como la Muralla China, pero no solucionará el problema con la celeridad que se requiere; al mismo tiempo una medida de sentido común, “elemental Watson”, pero que el gobierno no ha implementado. Tal es el control de buses trasladando a inmigrantes ilegales hasta el centro y sur del país. Obvio, pero como lo iba a hacer, si por otra parte el “Supremo Gobierno” financiaba dichos buses con aportes al Servicio de Jesuita de Migrantes, contando ─seguramente─ con la venia del director del Servicio Nacional de Migraciones, Eduardo Thayer, famoso por los recursos de protección a favor de los inmigrantes ilegales.

       Alcaldes y parlamentarios apelan al Estado de Emergencia, similar al de Infraestructura para hacer frente a la delincuencia y al crimen organizado; con justificada razón los camioneros se suman a las críticas con un pliego de peticiones a raíz del asesinato de dos agricultores de Malloa y dan plazo de 72 horas para solucionar el problema de la delincuencia. Sumemos el terrorismo persistente en la macrozona sur y todo lo anterior se pretende que “con los mismos duraznitos se haga otro ponchecito.”

            Pero, Toribio recuerda a los señores políticos, toditos: izquierda, centro y derecha que eliminaron el Servicio Militar Obligatorio, en circunstancias que cada día hay más jóvenes vagando y se pliegan a la droga y a la delincuencia dado el fracaso de la “educación de calidad”; y no solo eso, han disminuido la cantidad del contingente anual a una cantidad no superior a los 7.000 conscriptos, en circunstancias que en décadas pasadas las cifras superaban los 12.ooo jóvenes. Por si fuera poco, la derecha eliminó la Ley Reservada del Cobre, ─aspiración histórica de la izquierda, “es una tremenda noticia y una de las mayores modernizaciones institucionales de los últimos años”, declaró ufano el ministro de Defensa, Alberto Espina─ afectando el financiamiento de las Fuerzas Armadas, al ser reemplazado por una modalidad de presupuesto estable, plurianual, con un fondo de contingencia, que es transparente…”. Pero hoy día, a la primera de cambio, con una ministro Socialista y un subsecretario Comunista, ─el mismo que quebró la universidad Arcis, propiedad del PC, que dejó a cientos de estudiantes sin terminar sus carreras─ le echaron manos en la Ley del Presupuesto reduciendo las capacidades estratégicas de las FF.AA.

            A mayor abundancia, ¿para que quieren a las fuerzas armadas en un estado de emergencia? Cuándo con las famosas Reglas de uso de la Fuerza (R.U.F.) les limitan su actuación, ya que su empleo debe ser “proporcional” ─ la estupidez más grande creada por nuestros legisladores─. Los militares no pueden salir a la calle mientras no se las modifiquen, por cuanto estarán expuestos a que jueces y fiscales izquierdistas y corruptos, como la Chang, Armendáriz y tantos más, terminarán procesados y condenados. La lectura de dichas reglas me hace recordar a un cómico argentino o uruguayo: ¡Aló! ¡Aló! ¿Hablo con el enemigo? Hola, ¿me puedes decir a qué hora es el ataque y con que los vas hacer? ¡Mirá! que tengo que saber para cumplir con el principio de legalidad, con el de necesidad, proporcionalidad y gradualidad. A lo mejor conversando, yo te persuado y negociamos y llegamos a una solución, caso contrario y según como sea tu ataque, yo hago el mío, pero quiero saber qué equipo tienes, porque si no, te voy  disparar con mi revolver de 6 tiros o con mi fusil.

            Lo anterior es una parodia, estamos claro, pero ante la hipocresía de parlamentarios y políticos en general, que quieren sacarse el pillo con las fuerzas armadas ─que no son policías, no han sido instruidos como tales y que deben actuar como ellos─  para después decir, no, nosotros hicimos lo que correspondía pero ellos no cumplieron con las R.UF. y son los tribunales ─corruptos e ideologizados─ quienes deben resolver. Saben que más señores políticos, váyanse a la misma m….., con el perdón de mis parroquianos. Uds. están incitando y creando las condiciones aptas para que el día de mañana, una persona desesperada recurra al sicariato, o que alguien se arranque con los tarros y agarre a cañonazos el edificio de los tribunales y de la Corte Suprema, lo que Toribio desde ya no aprueba y rechaza categóricamente.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

Enrique Slater

@slater_enrique

¿Por qué perseguir a carabineros y militares que en dos crisis políticas históricas, han debido actuar en resguardo de la seguridad? ¿Por qué aún no se investigan a los responsables políticos de los hechos vividos? ¿Se busca su destrucción?

Lo dice Pepe Auth: El INDH cometió fraude…:

https://youtube.com/shorts/uKG6yjGvUGE?si=rq4WcH1Xrv4N4W4d

Debemos tomar el control del país

Brillante alocución en la Cámara del Diputados Miguel Becker:

https://www.instagram.com/reel/C22nQWsOhCi/?igsh=MTZoMnZqYWs4NTRvaw==

El gobierno no sabe qué hacer

La convocatoria al Cosena sólo viene a confirmar que el gobierno del Presidente Boric no sabe qué hacer y no es capaz de asumir cabalmente su responsabilidad de brindar seguridad a los chilenos.

por Patricio Navia2 febrero, 2024

En vez de dar tranquilidad a la población o de demostrar que tiene un plan para combatir la creciente delincuencia, la decisión del Presidente Gabriel Boric de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) simplemente confirma lo que muchos chilenos sospechan. El gobierno está haciendo aguas por todas partes y Boric ya no sabe qué hacer para llevar el barco a un puerto seguro.  

Desde el retorno de la democracia, los gobiernos de izquierda democráticamente electos siempre se resistieron a convocar al Cosena. Hasta 2005, el Cosena tenía igual número de miembros civiles y militares. Para la izquierda, por buenas razones, el Cosena era un resabio de la dictadura y uno de los enclaves autoritarios más molestos que tenía la constitución. Cuando Pinochet fue arrestado en Londres, el Cosena se reunió en cuatro ocasiones entre fines de 1998 y marzo de 1999. Después de las reformas constitucionales de 2005, cuando se redujeron sus funciones y se estableció una mayoría de civiles entre sus miembros, el Cosena sólo se ha reunido tres veces. Las dos primeras, fue para discutir problemas limítrofes con el Perú. La última vez fue semanas después del estallido social de 2019.

La decisión de Boric de convocar al Cosena constituye una afrenta para la posición histórica que ha tenido la izquierda respecto a la supremacía del poder civil democráticamente electo sobre las Fuerzas Armadas. Aunque es cuestionable que convocarlo ponga en duda esa supremacía, la izquierda siempre argumentó que, en una democracia que funciona bien, no es necesario que el Cosena discuta cuestiones de política pública. De ahí que la decisión del Presidente Boric sea un trago amargo para la izquierda. Después de cuando asumió en 2022, Boric demostró su incapacidad para encausar el proceso constituyente por un buen camino, la izquierda terminó votando en diciembre de 2023 para mantener la Constitución de Pinochet. Ahora, Boric vuelve a humillar a la izquierda al convocar al Cosena.

Lee también de Patricio Navia: El pasado los persigue y el futuro los asusta

La convocatoria sólo muestra que el gobierno no sabe qué hacer frente a la delincuencia. La responsabilidad de velar por el orden y la seguridad recae fundamentalmente en el gobierno nacional. Pero como el Presidente no sabe qué hacer para combatir la delincuencia, en su desesperación y confusión, ha tomado una medida que sólo demuestra que él no tiene brújula ni plan para cumplir con sus deberes. Los chilenos esperan que el gobierno haga su trabajo. Pero Boric responde a esa demanda pidiéndole a otros que le ayuden a hacer su pega.

La mala noticia es que el Cosena no tiene ni las atribuciones ni la capacidad para brindar seguridad a la ciudadanía. Convocar al Cosena equivale convocar a una reunión familiar de emergencia cuando hay un pariente luchando por su vida en la sala de emergencia. Aunque parezca que se está haciendo algo para ayudar a lidiar con la situación, en realidad es poco lo que la familia puede hacer. Peor aún, cuando el médico a cargo del turno pide ayuda porque no sabe qué hacer, los familiares del paciente tendrán más razones para preocuparse.

Aunque no hay buenas noticias frente a la crisis de inseguridad que vive el país, sí hay razones para pensar que podemos salir adelante. Hay otros países que han podido hacer frente exitosamente a crisis de inseguridad todavía peores. Hay forma de salir del foso. Pero para eso, se necesita un líder que tenga la capacidad para mostrar el camino y la valentía para hacer lo que se necesita. En países que vivieron crisis similares, el restablecimiento del orden y del estado de derecho precisó políticas valientes de tolerancia cero a la delincuencia y de persecución a los delincuentes. Los gobiernos que pudieron liderar a sus países en crisis de delincuencia siempre trabajaron junto a las policías -no se dedicaron a perseguir a las policías ni a acusarlas injustamente de violar sistemáticamente los derechos humanos.

En Chile, el combate contra la delincuencia va a tener derrotas significativas antes de que las cosas puedan comenzar a mejorar. Cuando un piloto no sabe volar aviones, es iluso esperar que el resto del vuelo vaya a ser sin sobresaltos. Vamos a tener que hacernos de paciencia y esperar hasta que haya un nuevo gobierno para que las cosas comiencen a mejorar.

La experiencia comparada muestra que los países que han tenido malos liderazgos nunca logran derrotar a la delincuencia. Por más que se reúna el Cosena, mientras Chile tenga un gobierno liderado por personas que han llamado a saltarse los torniquetes, que han acusado injustamente a las policías de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y que prefieren indultar y dar pensiones de gracia a delincuentes con amplio prontuario, va a ser difícil ver la luz al final del túnel en el combate contra la delincuencia.

La convocatoria al Cosena sólo viene a confirmar que el gobierno del Presidente Boric no sabe qué hacer y no es capaz de asumir cabalmente su responsabilidad de brindar seguridad a los chilenos.

por Gonzalo Ibáñez Santamaría

Con bombos y platillos, Ricardo Lagos ha anunciado su retiro de la vida pública, sin duda aconsejado por su edad. Lagos siente que deja la política en gloria y majestad; que se retira siendo reconocido como un estadista, uno de los más grandes de la historia de Chile. Así se lo han hecho saber, por lo demás, figuras de todo el espectro político nacional. Especialmente elogioso ha sido el también ex presidente de la República, Sebastián Piñera, quien no vaciló en agradecer a Lagos por “su enorme contribución a recuperar nuestra democracia”.

Desde luego, Piñera no dice, ni nadie dice, que Lagos formó parte de los que más contribuyeron a que Chile perdiera su democracia. Es decir, al grupo de Allende y de quienes con él se hicieron de la presidencia de la república en 1970. Lagos estuvo entre los que hicieron inevitable el pronunciamiento militar de 1973.

La democracia en Chile fue restaurada por el gobierno militar que devolvió al país su libertad y que lo puso en una senda de crecimiento que nunca había conocido antes. Los gobiernos civiles que lo sucedieron, encontraron un país recuperado y lleno de pujanza. Se aprovecharon del éxito del gobierno militar y continuaron con las políticas de éste especialmente en el campo económico.

Pero, junto con eso, comenzaron la guerra contra las bases sobre las cuales el régimen militar había sustentado su éxito. De hecho, comenzaron a idealizar el régimen de Salvador Allende, hasta el punto de levantar frente al palacio de la Moneda, una estatua en su homenaje. Eso sucedió precisamente durante el gobierno de Ricardo Lagos y contó con el entusiasta apoyo de Sebastián Piñera. Por otra parte, se dedicaron a condenar el pronunciamiento de 1973 y a culparlo por el quiebre democrático. Con ello, lo único que hicieron fue dejar establecido que el retorno a la democracia era el retorno al día 10 de septiembre de 1973. Y, en todo este proceso, Ricardo Lagos fue, sin duda, una figura principal.

Él fue quien abrió paso a las corrientes anarquistas que dieron lugar al Frente Amplio y al triunfo de Gabriel Boric. El estallido de octubre de 2019 fue así la culminación de un discurso que se elaboró precisamente durante los años en los que Lagos fue presidente.

Hoy pagamos las consecuencias de todos esos desvaríos. Hoy, sí hemos recuperado una democracia, la del día 10 de septiembre de 1973, y eso se ve reflejado en la situación de máxima inseguridad que vivimos los chilenos; en el fracaso económico y en el aumento de la cesantía; en la caída de la natalidad y en otras múltiples realidades negativas de nuestro país.

Detrás estuvo Ricardo Lagos. Otras figuras también; pero él siendo de las principales. Lo que hoy sucede en Chile es cosecha de lo que Lagos sembró.
Un gran fracaso.

 UNA GUERRA ASIMÉTRICA

     Por  Humberto Julio Reyes

                  Aletargado por la canícula veraniega y la habitual ausencia de noticias positivas, me he decidido a abordar, nuevamente, el tema de las sentencias que pronuncian, con notable “productividad y creatividad”, las diversas instancias del poder judicial, en causas denominadas de derechos humanos.

                  Debo confesar que mi principal motivación ha sido la reciente publicación, en cartas al director y redes sociales, de diversos planteamientos críticos con los cuales coincido en gran parte y que denuncian la existencia de una verdadera “Guerra Judicial”, Lawfare, para usar la expresión de uno de sus autores.

                  Posiblemente usted, paciente y estimado lector, habrá leído alguno de ellos.

                  Por mi parte e incurriendo “malgré moi” en la autorreferencia, tan frecuente en los intelectuales, he vuelto a recordar una columna que me publicara “La Segunda” en el año 2003, si la memoria no me falla.

                  En ella y advirtiendo lo que ya estaba ocurriendo con las referidas causas, como consecuencia de los acuerdos de la llamada “Mesa de diálogo”, sugería un proceso único donde se procesara a todo aquel que hubiera formado parte de las Fuerzas Armadas y de Orden durante el Gobierno Militar, anticipándome en 20 años a lo que hoy está haciendo un ministro de fuero.

                  Resumo: todos seríamos responsables, así fuera por sólo pertenecer.

                  Si no te retiraste ni te opusiste ni denunciaste, eres culpable sea como autor, cómplice o encubridor. Ni qué decir el pertenecer a una gran asociación ilícita donde se cometieron delitos de lesa humanidad, tal como a menudo se señala en las sentencias.

                  Naturalmente que proponía una razonable proporcionalidad en las condenas, partiendo por absolver a todos los que sólo cumplían con su servicio militar obligatorio o eran alumnos de las escuelas matrices, aplicando penas remitidas a los subalternos e irlas subiendo a medida que se llegara a las categorías superiores.

                  Por lo demás, en esa época, la segunda sala penal aún no era cooptada por los prevaricadores, ya que había en ella distinguidos ministros que aplicaban la ley vigente, morigerando el ímpetu de los ministros de fuero.

                  Así, razonaba, se podrían rápidamente disponer las reparaciones del caso y la justicia estaría servida, aunque mal servida, toda vez que el requisito esencial de establecer la verdad aplicando la ley vigente, dada la distancia con los hechos, presentaba dificultades insalvables, como lo terminó reconociendo en años posteriores la Corte Suprema para explicar su permanente prevaricación inútilmente denunciada.

                  Por supuesto que era un disparate, pero, quizás, a estas alturas, esos procesos serían sólo un mal recuerdo y no un presente el cual ya a muy pocos sorprende o causa justificada indignación. Nos hemos habituado a que el poder judicial haga tabla rasa con los recursos de los abogados defensores e imponga su fuerza sin contrapeso alguno.

                  Concuerdo entonces con que el poder judicial está en guerra declarada con las instituciones de las fuerzas armadas y de orden desde 1990, cuando advirtió que podía borrar sus propias pasadas omisiones haciendo lo que le viniera en gana con los ex uniformados, primero tímidamente, pero, como el apetito aumenta comiendo, con el pasar de los años se ha llegado a encarcelar conscriptos (¡) y jóvenes subalternos que ni siquiera eran mayores de edad cuando sucedieron los hechos que hoy se investigan.

                  También, más adelante, se ha condenado y se pretende seguir condenando a quienes cumplieron con su deber al oponerse a la asonada golpista detonada, supuestamente, por el alza de los pasajes del Metro.

                  ¿Por qué esta guerra sería asimétrica?

                  Porque la desproporción es absoluta, las instituciones afectadas no pueden defender en tribunales ni siquiera a su personal en servicio activo, menos a los retirados.

                  Comprendo perfectamente que existen problemas muchos más prioritarios a nivel nacional que la suerte que corran los que aún cumplen penas de cárcel o los que podrían sumárseles, pero ¿cómo podría pretenderse un mayor compromiso o motivación para involucrarse en la solución del principal problema, la seguridad, a sabiendas de la vigencia de este estado de guerra que actúa como un permanente inhibidor del legítimo uso de la fuerza?

2 de feb. de 24

GUERRA JUDICIAL (Lawfare)

Por Jorge Palacios M.

Hemos constatado como el Poder Judicial ha ido empoderando en los últimos años, adoptando una doctrina de persecución hacia los militares y policías que participaron durante el gobierno militar, aplicando sentencias implacables a todo uniformado que caiga en sus esferas, designando ministros en visita extraordinarios con el único objeto de perseguir y condenarlos, no de hacer justicia. Recientemente el ministro Álvaro Mesa Latorre, de la Corte de Apelaciones de Temuco, en sus últimos fallos, señala “no importa la función que cumpliera, en el caso del regimiento “Tucapel”, el acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen donde se detenía, apremiaba y ejecutaba a personas, luego entonces corresponde imputarle penalmente responsabilidad”, con esa sola idea le bastaba para condenar como autores y cómplices a la pena máxima, esto es presidio perpetuo, por sólo considerar que adherían al régimen militar. En total 20 militares condenados de por vida, (3 tenientes, 4 subtenientes, 7 clases, 5 conscriptos y un abogado). O sea, los únicos oficiales no condenados en este caso (Polvorín), fueron sobreseídos por haber fallecido
El lawfare es una idea que ha sido incorporada por la izquierda a la política latinoamericana en los últimos años, según Wikipedia, se define como la “persecución judicial, instrumentalización de la justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial”.
Es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente”.
Se utilizan herramientas jurídicas de modo abusivo, afectando el debido proceso para perseguir un enemigo político y/o militar, generando inestabilidad, desprestigio de las FF.AA. y policías. Es usada como un arma de guerra, empleando las normas como proyectiles.
Un buen ejemplo, de lo señalado, en el ámbito de los DD.HH. son las condenas a uniformados por delitos de lesa humanidad, este tipo de delito fue tipificado en el Estatuto de Roma de la Corte Internacional, publicado en el Diario Oficial el 01 de agoste de 2009, fecha de entrada en vigencia de la norma, inclusive, el artículo 24 de este Estatuto estipula taxativamente que no puede aplicarse en forma retroactiva (Irretroactividad ratione personae).
No obstante lo anterior, los tribunales de justicia en concomitancia con los medios de comunicación social, no han respetado el citado Estatuto, tan importante es lo señalado que al no existir el delito de lesa humanidad, son plenamente aplicable la prescripción, cosa juzgada y ley de amnistía, por lo tanto –legalmente- no debiera haber ningún militar o policía cumpliendo condena, pues de existir este tipo de delitos, éstos están prescritos.

OPINIÓN

SEÑOR DIRECTOR

Carlos era el menor de una familia de escasos recursos y vivía al sur de Chile. A pesar de todas las ganas, no pudo terminar su cuarto medio como muchos en este país, porque tuvo que trabajar para ayudar a sus padres. Sin embargo, Carlos tenía un sueño, quería algún día terminar sus estudios y superarse. En esos tiempos, cuando era aún menor de edad, con 18 años, hizo obligatoriamente el Servicio Militar. Admiraba a los uniformados por su valentía y formación, quizás algún día podría ser un suboficial de Ejército y tener una oportunidad. Carlos por su calidad de soldado conscripto y posición, no tenía poder de decisión, pero confiaba en sus superiores. Le enseñaron de jerarquía y obediencia e incluso a dar la vida si fuese necesario.

Chile, es 11 de septiembre de 1973 y Carlos se enfrenta a sucesos que no comprende del todo. Las órdenes de sus superiores que venían desde aún más arriba, eran claras y no existía posibilidad de cuestionamiento. A Carlos le tocó manejar una camioneta que llevaba presos que habían sido detenidos en circunstancias desconocidas para él. Solo debía conducir. Hoy Carlos tiene 68 años y está privado de libertad hace 5 con una condena de 10 años más.

Qué injusta puede ser la vida. Confió en la jerarquía. Confió porque por el contexto, tampoco podía cuestionarse. Tampoco existía la posibilidad de tomar sus propias decisiones. ¿Qué estamos haciendo Chile? Tenemos presos a personas que en esos tiempos eran soldados u oficiales que, por sus rangos, no tenían poder de decisión. Cientos de Carlos privados de libertad con altas condenas sin ser responsables ni haber tenido la posibilidad de “hacerlo mejor”.

Mi padre, como Carlos, tenía 22 años. No participó de los hechos y tiene una sentencia de 13 años por el mero acontecimiento de haber estado de guardia el día equivocado.

Por un Chile más empático y con más corazón, al menos 50 años después.

Viviana Fuentes Bozzolo

Periodista

*LOS SUBTENIENTES DEL 73*

Señor Director:
La generación de oficiales que egresaron de la Escuela Militar, a inicio de los 70, son quienes están pagando “los platos rotos”, por hechos ocurridos a partir del 11 de septiembre de 1973, circunstancias que nunca imaginaron ni quisieron vivir.
Ingresaban a la Escuela, siendo unos niños, de 14, 15 o 16 años, formados con una estricta disciplina, las órdenes no se discutían. Actualmente estos jóvenes sobrepasan los 70 años.
Después de cinco años de entrenamiento militar, egresaban como subtenientes, en la mayoría de los casos su primera destinación, las escuelas de armas, luego los regimientos de tropa.
Su instrucción orientada a prepararse para enfrentar conflictos bélicos, sin embargo, debieron combatir el terrorismo, lo que significó readecuar su instrucción militar para enfrentarse a un enemigo armado no convencional, que atacaba en el lugar y hora menos esperado.
Los subtenientes recién egresados, confiaban que sus mandos respetaban los reglamentos, siendo inimaginable que podrían obrar con un comportamiento indebido, por lo que no discutían una orden.
Suma a lo anterior que, en los inicios del gobierno militar, los ex presidentes de la república Gabriel González V., Jorge Alessandri R. y Eduardo Frei M., apoyaron decididamente la intervención militar dado el caos general que se vivía, toda vez que pensaban que era la única salida que se disponía para no caer en el comunismo. Países, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Suiza, Israel, etc., a pocos días de la intervención militar, reconocieron a la Junta Militar como tal; del mismo modo, la Comisión de DD.HH. de la OEA reconoció a la Junta Militar como “Mando Supremo de la Nación”, aprobando con su venia los primeros decretos emitidos por ella.
Respecto a la participación de oficiales y suboficiales subalternos, el propio ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Guzmán, quien poseía experiencia en investigar delitos contra los DD.HH., en entrevista publicada en revista “Le Monde Diplomatique”, manifestó que a estos subalternos les era aplicable la circunstancia eximente de responsabilidad criminal del que obra “violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable”, contemplado en el artículo 10 Nº9 del Código Penal.
Los subalternos que participaron en el cumplimiento de su deber en los años 73 y posteriores, no debieran tener responsabilidad penal, son víctimas de las circunstancias, convencidos de contribuir a la paz de su país. Los verdaderos responsables –los políticos de la época- se han lavado las manos y mantienen a cientos de militares y carabineros presos con altas condenas, transformándose las cárceles en campos de exterminio, siendo muchos octogenarios enfermos.
Llamo a la sociedad y en especial a la Corte Suprema, a razonar y resolver un tema que se arrastra por 50 años, donde quienes en definitiva se encuentran dando la cara son subalternos, que sólo cumplieron órdenes.
Roberto Fuentes

LA PREVARICACION ARMA DE VENGANZA

Los jueces chilenos despiertan desprecio y odio en la gente

 Toribio no tiene por norma incluir textos de otros autores, a lo sumo, para no apropiarse de algunos contenidos o referencias menciona a sus autores. En esta oportunidad, estimó conveniente incluir en forma íntegra y fidedigna el escrito de Tomás Jocelyn-Holt, considerando que reveló antecedentes que dieron margen a uno de los procesos más burdos, ominosos, miserables y vergonzosos de los anales de nuestra historia judicial, llevado a cabo por el juez Mario Carrosa, ministros de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema, por abogados; falsos testigos y un periodista de Chile Visión. Juicio, que guardando las debidas proporciones se asemeja al caso del capitán Dreyfuss del ejército francés, injustamente acusado de espía, procesado y condenado a prisión perpetua en la Isla del Diablo. Pero en nuestro querido Chile, esta afrenta no ha conmocionado a la opinión pública como en Francia; tampoco hay un Émile Zolá que logre convulsionar y provocar una crisis política; ni siquiera a los organismos de Derechos Humanos, la iglesia Católica, como otrora lo hiciera el Cardenal Raúl Silva Henríquez; y mucho menos a los parlamentarios de la derecha que han resultado un fiasco. Lo anterior no solamente es válido para Julio Castañer sino para centeneras de oficiales, suboficiales y conscriptos que han sido víctimas de procesos espurios.

6. Queda por descifrar los grupos que han presionado para dictar este fallo y sus efectos─y es inevitable que el poder judicial de Chile, se exponga al encarcelar por 20 años a un inocente, para que se pudra y se muera en la cárcel, como si nadie se incomodará por ello─. Queda por descifrar como Carroza usó este caso para llegar a la Suprema. Cómo la masonería y una trenza judicial lo usó como una muestra de su poder. Cómo abogados pendejos de DD.HH. ─que no tienen historia ni testimonio de la época cuando se produjeron estos abusos─ han pretendido ensayar sus teorías para lograr validar lo que sienten que sus antecesores no fueron capaces de hacer y creer que ganan un testimonio sobre sus mentores ─así Joaquín Perera del Ministerio del Interior sintió el deber de hacer un besamanos a Jorge Daham al jubilar, hace pocos días, para refregarle a él su vasallaje y a Brito, y exhibir el desprestigio que tiene la 2ª. sala de la Suprema hace rato con una casación que estaba pendiente de dar a conocer su fallo─. Tampoco estos abogados pendejos como desprestigian a jueces y abogados que les tocó enfrentar el caso apenas se produjo y en los años siguientes. También cómo una trenza de izquierda ha tratado de venderle a los gringos y a la @USAmb.cl que no hay 5 oct. sin Barnes…No hay Barnes sin caso Quemados…No hay agenda US-Chile sin escalar las condenas del caso Quemados y no hay agenda US-Chile sin supeditar ese Poder Judicial de Chile a la C.I.D.H.

7. Difícil será vender como una verdad judicial con 6 fallos distintos. Menos creer que es la última palabra de nada. Una cosa es joderle la vida a alguien y victimizar a otro tenido por inocente y querido por muchos. Otra cosa muy distinta es creer que no tendrá efectos perversos. Hay mucha gente de derecha que quiere ver a Julio Castañer preso, porque tontamente creen que su inmolación ayudará a la causa de los demás encarcelados por causas de DD.HH. ─algo parecido a lo de Cheyre aunque la Suprema no se atrevió a encarcelarlo─-. Lleva el tema a la esfera política, como si siempre no hubiera estado ahí. Por suerte, Julio Castañer nunca se prestó a eso. Ahora Julio Castañer pasa a ser una prenda de un debate perverso que debilitará la manera como la Suprema usó los 50 años para marketing de otra cara de la justicia chilena, tratando todos estos casos como un bulto y negándose a verlos en su mérito ─solo lo hizo en el caso Frei y se asustó─ algo ya cuestionado por el Observatorio Judicial.

            En el momento en que Celestino Córdoba sale libre y se va a vivir vecina a la familia que debe sufrir, por partida doble, la calcinación despiadada a sus padres y como se ríe de ellos por su impunidad. En el mismo momento en que conocemos el asesinato de otra pareja de adultos mayores en Angol. En el mismo instante en que indultados por Boric vuelven a delinquir y debemos ver como se le entregan pensiones de gracia a homicidas y otro condenados ─y se buscan escusas para que no se puedan revocar y hacer uso irreversible─. En un momento en que los protagonistas del caso Convenios se declaran presos políticos y avisan que no caerán solos. En el momento en que un jefe policial politiza su formalización, como si fuéramos un país bananero, secuestra a Carabineros para su defensa personal y la anula para enfrentar la crisis de orden y seguridad en el país. Es grosero y esta Suprema no dimensiona su frivolidad y la relación con el contexto en que se da. La injusticia y desamparo que este desequilibrio muestra solo se vuelve en contra de las camarillas que tienen a la Suprema con Sergio Muñoz blindando a su hija de reclamos en su desempeño ministerial ─al punto de desafiar al Tribunal Constitucional─; a otros jueces capturados por el crimen organizado; y tienen la peregrina pretensión de que el país se mantendrá pasivo mientras ese poder judicial busca legislar en temas como ISAPRES ─al punto de hacerlas quebrar y dejar en el más soberano ridículo a Ángela Vivanco en la pasada, mientras Andrea Muñoz exige que le  tengan conmiseración por ser mujer─ exige mayor arbitrio judicial y endosa el remanente al tribunales internacionales que no tienen legitimidad democrática. El forro de eso solo describe el problema del próximo gobierno con ese poder judicial.

Va a ser un problema, y al que le toque, deberá tener el temple para solucionarlo y de enfrentar a esos jueces venales y prevaricadores. No le será fácil al próximo presidente y tendrá un problema severo con la Corte Suprema por ello, pero es temerario creer que Chile será una excepción a las disputas que ya tienen gobiernos con sus poderes judiciales así ─vean Hungría, Polonia, Israel y la disputa por su ley de razonabilidad, Brasil, el Reino Unido con la Corte Europea de DD.HH. o España, con su Tribunal Constitucional y el conflicto catalán, solo por mencionar democracias. Argentina, viene pronto─. El Poder Judicial de Chile no dimensiona el tema ─ y eso que ya debió conocer una acusación constitucional el 2020, con Silva Donoso por como los jueces manejaron tontamente y al bulto las excarcelaciones que les confió con la reforma de S. Piñera. 1 mil o 2 mil excarcelados de un golpe en el segundo gobierno de Michel Bachelet, por jueces que no entendieron que su responsabilidad era preso a preso. 2 Penales completos ¿y el poder judicial creyó que nadie iba a reclamar?─. Los jueces chilenos despiertan desprecio y odio en la gente por una variedad de razones. Se la tienen merecida. Pero la principal es que se sienten inmunes, se esconden detrás de una manada y cultura burocrática y no dimensionan el impacto de su desprestigio, ni menos cómo sus afanes por compensarlo solo los hunden más. Yo, no solo, no culpo a la gente por ese sentimiento. No soy responsable de ello y solo me angustia tener que hacerme responsable por buscar maneras de resolver algo que estos jueces han hecho oídos sordos cuando se les ha advertido. Son responsables de la anomia del Estado, del desamparo y sentimiento de impunidad en Chile y la factura no es chica. Tengo una formación cristiana y, todos los días, me hace fuerza la crucifixión de un inocente por un proceso injusto y como el cristianismo ha pasado riéndose del episodio por dos mil años. Así, si alguien cree que va a poder vender este fallo como la última palabra o la verdad judicial de un caso que el Poder Judicial de Chile no ha sabido manejar, se pueden quedar sentados esperando.

FERNANDO HORMAZABAL DIAZ

General de Brigada (R)

JULIO CASTAÑER ES INOCENTE

Ruego difundir urbi et orbi

  Por Humberto Julio Reyes

                  Nuevamente una interesante columna dominical de don Carlos Peña, titulada “El caso de Cathy Barriga” me facilita expresar una opinión que puede ayudar a amenizar su vida, estimado y paciente lector.

                  No es que me interese en particular el tema de la persona caída en desgracia ya que la mezcla de farándula y política habitualmente no me motivan, en comparación a tanto grave problema que afecta a nuestra sociedad en general y, por otra parte, no disfruto sumándome a quienes hacen leña del árbol caído.

                  Lo que realmente me interesó son las reflexiones del autor, de las cuales he seleccionado aquellas que perfectamente podrían aplicarse a otra persona de otro sexo y que ha sido elevada a más altas responsabilidades.

                  “Cómo es que ella pudo llegar a alcaldesa a impulsos de un partido? ¿Qué concepción de lo público o de la política pudo tener ese partido o grupo de partidos para considerarla a ella una persona capaz de promover sus ideas en la esfera municipal?

                  “Porque lo llamativo de este caso es que ella no engañó a nadie, ni ejecutó conducta alguna tendiente a esconder su manera distraída y superficial, con la que, al parecer, comprende al mundo y los problemas que en él se anidan.”

                  “La explicación está en una frivolidad peor a la de la propia Cathy Barriga, sin ninguna duda, una frivolidad consistente en concebir la política como un juego puramente electoral, donde ni las ideas, ni el proyecto, ni la seriedad, ni el ridículo importan, salvo, claro, los votos que el personaje, que la exalcaldesa desempeña con talento, era capaz de obtener.”

                  Después del infaltable recurso a Weber, concluye el autor achacándole a Chile Vamos su responsabilidad porque en lugar de seleccionar un liderazgo profesional, decidieron “no hacer cuando vieron en Cathy Barriga a alguien que podía obtener votos y nada más”.

                  Así, “¿qué podía tener de malo administrar el municipio de Maipú como su personalidad a ras de superficie le indicaba?”

                  Ahora estimado lector, le ruego reemplazar, en cada párrafo seleccionado, la exalcaldesa y el perjuicio para Maipú por quien nos gobierna y el perjuicio que ocasiona a nivel nacional.

                  Si está de acuerdo, le sugiero reemplazar el título de la columna por el siguiente:

                  DONDE DICE BARRIGA, LÉASE BORIC.

23 de ene. de 24

Estado De Derecho Caso convenios: “Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo” Sólo esperemos que se haga justicia y que se cumpla el “caiga quien caiga” https://t.co/fhiXhVvihK” / X

https://twitter.com/CHILENOSCORAZON/status/1751793866976456967

CHILENOS DE CORAZÓN

@CHILENOSCORAZON

#ChilenosDeCorazon #EstadoDeDerecho ¿Sabrá que Chile tiene una gravísima crisis de seguridad, que la salud está en la UCI y que la cesantía nos continúa golpeando muy fuerte?

En Chile va a haber una guerra civil:

https://youtu.be/XwwduzfJ–Q?si=fQsSJN1eJhu_Wl-e

VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS*
Señor director
Veía ayer 23 de enero en la TV del Senado, los alegatos para votar el proyecto de ley que regula penas alternativas para reclusos privados de libertad con enfermedades terminales, deterioro físico grave o que hayan alcanzado una determinada edad (70 o 75 años o más).
Escuchaba como los senadores de izquierda con un odio atroz atacaban mientras hacía uso de la palabra el senador Francisco Chaguan que presentaba el proyecto, asimismo la vehemencia con que se expresaron posteriormente estos senadores, dejando en evidencia el rencor y resentimiento hacia los militares y carabineros que les tocó participar durante el gobierno militar, persiguiendo como único propósito el lema “Ni Perdón ni Olvido”.
Sabrán estos parlamentarios, que si hubo responsables están fallecidos o cumpliendo condena. Un subteniente en esa época tenía entre 20 y 23 años, por lo que en la actualidad tienen entre 70 y 74, lo mismo un clase (cabo o sargento); un soldado conscripto, tenía entre 18 y 19 años, por cierto menores de edad en aquellos años, hoy tienen entre 69 y 70 años.
O sea, los grandes violadores de los derechos humanos a los que no se les quiere otorgar cumplir las penas con arresto total domiciliario eran subalternos, sin ningún grado de influencia y que sólo cumplieron órdenes, y en muchos casos condenados por el simple hecho de pertenecer a una unidad militar.
Se comenta que Miguel Krassnoff era un asesino de la cúpula de la Dina, pero resulta que difícilmente pudo serlo, toda vez que tenía el grado de teniente (25 años) y ha sido perseguido por haber dado de baja -en un enfrentamiento- a Miguel Enríquez, jefe del MIR.
Como es posible que transcurridos 50 años de los hechos, no seamos capases de perdonarnos mutuamente, de abrazarnos y rogar para que nunca más los políticos no cumplan sus funciones y eviten que la democracia se venga abajo.

Jorge Palacios

Camila Flores Oporto 

@Cami_FloresO

Mientras el gobierno indulta y entrega pensiones a delincuentes, los adultos mayores con Alzheimer y enfermedades terminales deben permanecer encarcelados por ser “un peligro para la sociedad”

https://twitter.com/cami_floreso/status/1750315480953299219?s=46

Enrique Slater

@slater_enrique

Gracias diputada por su permanente apoyo a la causa. Los senadores que no apoyaron el proyecto, debieran aprender de su espíritu humanitario y sentido de justicia.

 ALGUNAS VERDADES AL RESPECTO:

Cumplir la condena con arresto domiciliario no es impunidad. #SiALeyHumanitaria

Los enfermos terminales no son un peligro para la sociedad. #SiALeyHumanitaria

El maltrato a los enfermos y discapacitados no es justicia. #SiALeyHumanitaria

Los enfermos terminales merecen una muerte digna. #SiALeyHumanitaria

Gendarmería no tiene medios para responsabilizarse de adultos mayores y enfermos terminales. #SiALeyHumanitaria

Las cárceles no son hospitales ni geriátricos. #SiALeyHumanitaria

Las medidas alternativas de cumplimiento de condena existen en todo el mundo. #SiALeyHumanitaria

Los enfermos terminales deben estar en los hospitales. #SiALeyHumanitaria

Las cárceles son para sicarios, ladrones y narcos, no para adultos mayores y enfermos. #SiALeyHumanitaria

Los enfermos terminales y discapacitados no son reincidentes. #SiALeyHumanitaria

Si a la reclusión domiciliaria de adultos mayores y enfermos terminales, no son un peligro para la sociedad. Encerremos a sicarios, narcotraficantes y delincuentes. Priorícenos la seguridad y vivir en paz en nuestra sociedad. #SiALeyHumanitaria

Varios países ya aplican la Ley Humanitaria sin discriminación; España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Uruguay, Brasil, Argentina, Colombia, entre otros. #SiALeyHumanitaria

Instando a Chile a cumplir sus compromisos internacionales sobre la protección de los adultos mayores y enfermos terminales. No se pide algo extraordinario, simplemente que Chile cumpla los tratados suscritos. #SiALeyHumanitaria

Discriminar en el proyecto de ley humanitaria constituye una violacion a la Declaración Universal de DDHH. #SiALeyHumanitaria

Comisión Interamericana de DDHH indica “toda persona privada de Libertad debe ser tratada humanamente con dignidad” sin discriminación! #SiALeyHumanitaria

La Convención Interamericana indica que los Estados parte “ promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad para los adultos mayores” #SiALeyHumanitaria

¿Que sociedad queremos ser? No confundir justicia con venganza. Negar derechos a adultos mayores y enfermos terminales sería una seria violacion a los DDHH. Sin discriminación.
#SiALeyHumanitaria

Mensaje de una señora de un Militar Prisionero Político

Hoy ya han pasado 4 días desde que Julio Castañer se entregó voluntariamente a un tribunal que lo
Notificó de haber sido condenado a 20 años de prisión por un delito que no cometió.
Hoy sólo temo que nos azote el castigo del olvido, como tantos otros siguen esperando su ansiada libertad.
Julio ya no tiene voz para defenderse, yo seré su voz para golpear todas las puertas que sean necesarias hasta que un día recupere esa libertad que le arrebataron.
Un inocente no puede ser condenado. La reclusión de un inocente es la vergüenza de un Poder Judicial que tiene el mayor rechazo entre las instituciones del país.

Si me quieren ayudar a levantar la voz, compartan mi mensaje incansablemente, como incansablemente no dejare de Luchar
*JULIO CASTAÑER INOCENTE*

Jeannette Reyes de Castañer

SE SUMAN VOCES CALIFICADAS

Mediocridad Judicial Grosera.

            El adjetivo con que Toribio inicia la presente columna no es de su autoría, sino, es uno de los tantos adjetivos que utilizó José Tomás Jocelyn-Holt Letelier, en un reciente artículo. Su autor, es un egresado de derecho, exdiputado de la Democracia Cristiana y ex candidato independiente a la presidencia de la república, en el 2013. Como habrán comprobado mis valientes y pacientes lectores, la pluma de Toribio últimamente ha estado orientada en defensa de sus camaradas de armas sometidos a una draconiana e injusta persecución judicial, la que podría ser considerada ─como efectivamente lo es─ muy parcial en defensa de quienes son víctimas de la prevaricación de jueces y fiscales. Por las razones antes señaladas y con el objeto de incorporar argumentos no teñidos institucionalmente y para una mayor objetividad, Toribio transcribirá en forma fidedigna la visión del columnista, llevándolo desde el “modo twitter” ─como era el original, tipo taquigrafía─ a un modo Word, para su mejor lectura. Debido a su extensión y a fin de no agotar a los lectores, se presentará en parcialidades. El uso de negritas y letra cursivas están el texto original.

                Con esta columna, Toribio se suma a la fuerte y valiente campaña que desde hace años realiza  la esposa del coronel Julio Castañer, afirmando la inocencia de su esposo; en la personificación más inequívoca de la “esposa del soldado” como nos legara el viejo poeta militar Santiago Polanco Nuño.

                ´José Tomás Joselyn-Holt, escribió hace unos días:

    Entre desmoralizado e indignado recibí este fallo a las 17.30 hrs. del viernes pasado. No quise reaccionar hasta leerlo y ordenarme mentalmente. Pero es ignominioso por 7 razones y quiero ponerlas por escrito para que sirva a quien quiera leerlo y como referencia para el futuro. Quiero contextualizar el dilema jurídico y político del fallo por el caso Quemados.

1. Seis fallos en 38 años(1988, 1991, 1994, 2019, 2022 y2024) está lejos de ser una larga búsqueda de justicia, sino de cómo grupos han pretendido usar el Poder Judicial políticamente para mantener heridas abiertas y mantenerlas como recursos de poder. No existe otro caso parecido. Si algo demuestra lo anterior es que el Poder Judicial chileno no sabe cómo tratar este caso y como se ha prestado para la presión de grupos que lo quieren usarlo con otros fines. De otro modo, hubieran valorado el esfuerzo de jueces como Alberto Echavarría Lorca, Alberto Chaigneau, Adolfo Bañados, Mario Garrido Montt, Eleodoro Ortiz y Eugenio Velasco. Hubieran sido 6 fallos consecutivos y no contradictorios. Y si tanta disputa hubiera habido sobre los hechos, es curioso que el caso nunca tuvo más que una sola reconstitución de escena, en 1986. Ni Carroza lo hizo ni la C.A. (Corte de Apelaciones) ni nadie después del 2015.

2. La Suprema se dispara al pie al echarse la cosa juzgada en democracia, como hace. Lo hace por arriba y por debajo. Abre la posibilidad que tribunales inferiores revoquen sus fallos y le entrega a la C.I.D.H. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) garantías de que pueda hacerlo en la causa que sea. Esto es una pretensión de grupos desde 2019, cuando Lamberto Cisternas era vocero de la Suprema en el caso Narín Catrimán y, como toda moda judicial, seguirá el ciclo político. Hoy ese ciclo recela de dar competencias a tribunales internacionales y mientras la Corte Suprema juegue ese juego, estará animando el péndulo en Chile hacia un radicalismo anti-onunista y anti-multilaterista y sus instituciones.

  Fue una de las razones de porqué el A Favor perdió el 17 de diciembre y el Rechazo de Salida se impuso el 4 de septiembre de 2022. Los grupos que buscan esta jurisdicción universal hoy no cuentan con la legitimidad política para forzar fallos como este, y la Suprema pondera mal el ciclo de la opinión pública dominante. Termina poniendo en jaque lo que intenta vender. La manera como el fallo hace copy-paste de los casos de la C.I.D.H. el 88; el de Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala el 2004; el de Almonacid Arellano vs. Chile, el 2006; y el de Norin Catrimán y otros vs. Chile, el 2014, demuestra una mediocridad judicial grosera para resolver un caso con 6.000 fojas y con la complicidad como este ─y que merecía otro trato y consideración─. Yo quiero ver cómo reacciona ese Poder Judicial cuando el clima local exprese presiones por denegación de la justicia, al haber endosado su responsabilidad ─en el caso que sea─ a entes extranjeros sin responsabilidad democrática. Será tan severo como el desprestigio por como esos jueces negaron el recurso de amparo en dictadura.

Los jueces chilenos siguen modas y nunca asimilan cuando se les vuelven en contra. Jubilan y sienten que mueren validados. Muy por el contrario, acaba de morir Ricardo Gálvez y nadie lo va a echar de menos. Tampoco nadie a Brito ni tampoco a Daham. Nuestra Suprema no tiene penalistas destacados en la 2ª sala ─desde la muerte de Cury y la jubilación de Kunstemuller─ para que alguien eche de menos al resto y se tranquilice con los que quedan o reemplacen.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

                                                         JULIO CASTAÑER ES INOCENTE

Ruego difundir Urbi et Orbi

TELEVISION COMPLICE.

Grosero Montaje ignorado por Carroza

         Continuando con la publicación de Tomás Jocelyn-Holt, hay antecedentes que una inmensa mayoría de la población desconoce, por cuanto no han tenido cobertura por parte de los medios y mucho menos el interés de los personeros de la justicia, por no convenir a los funestos objetivos perseguidos por este poder judicial corrupto, puesto en evidencia por hechos concretos y que son omitidos exprofeso o desvirtuados con falsedades que no resisten mayor análisis.

3.            El caso “Quemados” se reabrió el 2015 con el mérito de declaración de dos conscriptos que nunca se le permitió a Julio Castañer poder cuestionar y que terminó animando reportajes por un grosero montaje de Chile Visión Noticias[1]. Que la Suprema se corra de ese tema olímpicamente, validando que la Corte de apelaciones se haya hecho la lesa para fallar como lo hizo el 2022, hiere este fallo por prevaricar ─se dio por recibida de una declaración “que tendría en cuenta al momento de la causa” cosa que nunca la tuvo por tal ni tampoco dio explicaciones de por qué la descartó─. Los jueces chilenos se creen pillos despachando cuestiones de fondo con un alegato cínico y hora debemos desayunarnos que la nueva ministra María Teresa Letelier se siente depositaria, en la 2ª. Sala de esa arrogancia y cinismo corporativo.

4.     Nunca se le permitió a Julio Castañer demostrar su inocencia y eso que, no solo a pesar que 3 fallos lo tuvieron por tal, sino que nunca fue incriminado ni por Rodrigo Rojas ni por Carmen Gloria Quintana. Está siendo condenado sin ser incriminado NUNCA por las víctimas. Ni siquiera por el tercer detenido ese día, cuñado de cuñado de Carmen Gloria Quintana, Luis Alberto Fuentes Marín ─y que fue liberado─. Impresionante esto. Que la Suprema se preste para grupos decididos a condenar a un inocente y que después alegue no puede discutir un fallo de la C.A. (Corte de Apelaciones) pondera su culpabilidad, es no entender los dos únicos temas que tenía la Suprema entre manos ─la cosa juzgada y el montaje para incriminar a quien nadie tenía por culpable─. Que además lo haga validar como Poder Judicial de Chile, pasa, en 38 años de declarar inocente a Julio Castañer, para condenarlo después a 10 y después a 20 años, es grosero y olímpico. ¿Sin permitirle controvertirlo y sin que un tribunal de cuenta razonada de cómo procesa ese alegato? ¿Sin que se tenga por abuso merecedor de casación, de que no dé cuenta de cómo llega a esa conclusión y la Suprema lo considera lo más normal? Es negación de justicia y daba para acoger la casación. También demuestra como este fallo es una construcción para establecerla como  una ficción y tenerla como verdad judicial. No tiene como  funcionar, a la larga.

5.  La soltura por como la Suprema califica delitos de lesa humanidad, para evadir las prescripciones, atenuantes, y para dictar olímpicamente sentencia de reemplazo a unos y no a otros. En el fondo, la Suprema en 80 páginas, tomó la decisión de liberar a los conscriptos de tener que cumplir cárcel ─incluso del conscripto que se declaró culpable, el 2015, de haber incendiado a Carmen Gloria Quintana y a Rodrigo Rojas, y al que solo se le tiene finalmente por cómplice─ e imponer la cárcel efectiva solo a los oficiales ─hayan participado o no o por responsabilidad de mando ¿Dónde quedó el derecho penal del autor?─. Sin entrar en detalle todos los -considerandos de María Teresa Letelier de la cosa juzgada y delitos de lesa humanidad son copy- paste de otros fallos, tratando de petrificar una jurisprudencia y  doctrina que solo muestra la flojera y mediocridad de la justicia chilena para ser merecedora de mayor arbitrio y consideración. Un homicidio cometido en dictadura no es delito de lesa humanidad per se, por mucho que haya sido un delito de mayor connotación bajo el régimen militar.  No basta novelar los delitos de lesa humanidad, sin que nadie lo pruebe, en el caso concreto como fue la asociación ilícita[2] para delinquir ─como lo fue la DINA o el caso degollados─ o probar que el delito se cometió como parte de un plan sistemático ─y por mucho que Joaquín Perera del Ministerio del Interior lo intentó en sus alegatos y Nelson Caucoto también lo intentó al cuestionar al juez militar. Pero curiosamente, el fallo de María Teresa Letelier no se hizo eco ni de Caucoto ni de Perera y solo se remitió a la Corte de Apelaciones para validar su ponderación y hacerla suya─.

        Si algo le pasó a la Corte Suprema el 94 ─cuando la vio en democracia─ fue que no hubo como sacarle al mismo más que reprochar el tremendo abuso de gente culpable, pero que operó sin concierto previo y pasionalmente. No hubo más que exprimirle al caso y un delito no es de lesa humanidad solo por la frustración de grupos políticos que no se conforman con esa conclusión. La suprema juega a la galería… ─una galería cada vez más aislada y minoritaria─ por algo este fallo no tiene repercusiones internacionales e  internas que sus agitadores creen ver en él y que con el tiempo desprestigiará a los ministros que lo suscribieron. La falta de carácter y de mediocridad es grosera, y solo se hará más evidente cuando más se resienta tener a un inocente por más 20 años, creyendo que un escarnio semejante pueda ser popular. Julio Castañer no es Mauricio Hernández Norambuena, ni Álvaro Corbalán o Krasnoff.[3] Tampoco se va a suicidar como Odlanier Mena o arrancar como Galvarino Apablaza. Va a quedar ahí como un símbolo de un abuso judicial.

[1] Se refiere a que el periodista Alejandro Vega de Chile Visión ubicó al ex-conscripto Pedro Franco Rivas que integró la patrulla, quien se encontraba en situación de calle, sin trabajo e inestable emocionalmente, a quien ofreció sacarlo de la calle, dar dinero en efectivo, vestuario, alimentación, una nueva vida y otros beneficios, junto con ofrecer llevar a un hotel para preparar declaración ante el juez Carroza, induciéndolo a faltar a la verdad incriminando a Julio Castañer, que ni siquiera se encontraba presente en el lugar de los hechos en el momento de producirse el accidente.

[2] Toribio no puede dejar pasar este grave error al considerar que la DINA era una asociación ilícita, por cuanto su creación fue producto del Decreto Ley 521 del 14 de junio de 1974 emanado de la Junta de Gobierno

[3] Toribio discrepa de las comparaciones de los oficiales afectados con los terroristas mencionados por él

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

                    JULIO CASTAÑER ES INOCENTE    

Ruego difundir Urbi et orbi 

Por Cristián Labbé Galilea

Las buenas intenciones de dedicar estas líneas a múltiples atractivos veraniegos, como cambiar de ambiente, romper la vida rutinaria, leer libros postergados, cometer algún “pecado gastronómico”, o conversar “de la nada misma” saboreando algún buen brebaje… se fueron al traste, porque, al siempre optimista tintero de esta pluma, cayeron de sopetón…. amargas gotas de odio, venganza y sadismo, imposibles de soslayar.

Este miércoles recién pasado el Senado rechazó, por 21 votos a favor y 23 en contra, el proyecto de ley que buscaba dar a los presos mayores de 70 años, que padezcan alguna enfermedad terminal o menoscabo físico grave, el beneficio de cumplir sus penas con medidas alternativas como, por ejemplo, el arresto domiciliario total.

Lo irritante de esta situación es que los argumentos esgrimidos por el oficialismo para rechazar este proyecto humanitario fueron, más que nada, sentimientos de odio y venganza destilados en sus palabras: “que se pudran en la cárcel” … ¡Sin comentarios! Esos son “los sólidos argumentos” de los representantes del Gobierno.

Para esta irritada pluma, este episodio no ha sido más que un triste espectáculo de “un grupo de cobardes” que, amparados en un poder circunstancial, encubren su intolerancia y su sed de venganza con argumentos falaces, como la búsqueda de “impunidad” para los militares privados de libertad, en su gran mayoría octogenarios que padecen enfermedades terminales.

Quizá es bueno recordar a nuestros leguleyos contertulios que los presos militares cumplen condenas fundadas, no sólo en “un sistema judicial obsoleto” que se descartó por ser injusto, inquisidor y sesgado, sino que también por resquicios legales como la ficción jurídica, el secuestro permanente…

Hay que decirlo con todas sus letras: en el país hay dos sistemas judiciales, uno para los militares y otro para el resto de los ciudadanos. ¿Es eso justo?

Claro que no. De allí que estemos en presencia de una actitud cobarde de los senadores de gobierno que rechazaron el proyecto (y los de oposición que no fueron a votar), porque no se está pidiendo impunidad, se están planteando “razones estrictamente humanitarias”. No se está pidiendo indultos, amnistías, condonaciones o nada similar, sino básicamente “que cumplan sus condenas en arresto domiciliario total”, dada su condición etaria y de salud terminal… ¿Es eso mucho pedir?

Cuando pareciera que todas las puertas se cierran, y se desvanecen las esperanzas de encontrar la paz social que nos permita dejar atrás rencores e inquinas, esta intrépida pluma tiene la osadía de preguntar a los cuatro vientos: ¿no es la hora de que la Iglesia, otrora la voz de los sin voz, en un acto de caridad cristiana… haga algo por esos viejos soldados condenados a morir en prisión? ¿Podrá la iglesia advertir a la comunidad nacional que la justicia no se puede confundir con venganza?…

Finalmente, se tenga o no respuesta a tan inquisidoras preguntas, sería recomendable que, tanto los veraniegos parroquianos como los señores políticos que están próximos a iniciar su receso legislativo, se den un tiempo para pensar que situaciones como las comentadas en estas líneas… no son buen augurio para el año que recién comienza.

Llamado a PARO de camioneros:

https://youtu.be/eslYvfJkzDg?si=0tcTXwZzhjYldovv

La impunidad en el ADN

Las pensiones de gracia son otro ejemplo de la incoherencia y opacidad con que actúa este gobierno donde nadie da cuenta de sus actos.

por Pilar Molina27 enero, 2024

Van sólo dos años, pero hasta ahora, nada refleja mejor la impunidad con que actúa el gobierno de Gabriel Boric que el caso de las pensiones de gracia. Califican como “desprolijidades” lo que en algunos casos llega a ser delito. O prefieren hablar de “descriterios políticos” en vez de asumir el millonario fraude de funcionarios oficialistas con las fundaciones y de “error” cuando seis ministros no registran sus reuniones en la casa de un lobista con empresarios.

Frente a las 419 pensiones de gracia hasta por 500 mil pesos que ha concedido Gabriel Boric a los que alegaron lesiones por acción policial después del 18 de octubre, la raíz es siempre la misma. La falta de transparencia y la impunidad para actuar fuera del libreto. En febrero pasado la oposición pidió publicar la lista de beneficiados. El Estado está obligado por Ley de Transparencia a publicar la nómina de personas a las que otorga beneficios y subsidios.

Salvo que se trate de “datos sensibles”, excepción a la que se acogió el Ejecutivo. Cómo no, porque ¿cómo no iban a constituir datos sensibles que le financiemos pensiones de por vida a personas que fueron condenados por su participación delictiva en hechos del 18 de octubre, los mismos que los hicieron acreedores de la gracia del Estado? Ellos, con pensiones vitalicias por tirar bombas molotov a carabineros, quemar sus casetas o patearlos en el suelo. En contraste, los carabineros fueron formalizados por apremios ilegítimos. Una señal nada buena en medio de la crisis de seguridad en que estamos sumergidos.

Para peor, algunos beneficiados no tuvieron lesiones o fueron leves (“erosión en el dorso de las manos”). O bien, no sufrieron nada que les menoscabara su capacidad laboral y además muchos (69 de los 140 que analizó Contraloría) tenían condenas anteriores, hasta 10 en varios casos, que incluían delitos tan graves como homicidio o producción de material pornográfico, además de robo con violencia.

Pero nada de esto lo conocimos porque le bajara un ataque de sinceridad al gobierno, sino que porque Ex Ante empezó a publicar a partir de septiembre los prófugos de la justicia y los condenados que los chilenos financiamos con una mesada mensual. Desde La Moneda empezó entonces el goteo habitual de información, donde las cifras de los pensionados y los condenados, los con y sin daño para trabajar, cambia según la ocasión. Y también la reacción: que no se pueden revocar los beneficios administrativamente, que sí se puede, que lo harán en el caso de los delitos graves solamente, que el Presidente ordenó antes de irse a vacaciones, según aseveró su ministra Tohá, quitarle la pensión a un agraciado “con antecedentes de pornografía infantil”.

Pero la última fue sólo una reacción poco sincera de la ministra del Interior, Carolina Tohá, cuando se sintió pillada por la revelación del lapidario informe de Contraloría esta semana sobre la falta de responsabilidad, control, eficacia y eficiencia con que se concedieron las pensiones de gracia. El Ejecutivo no buscó acreditar nada, salvo la calidad de víctima que la justificó el INDH, que ya conocemos cómo opera.

La Moneda tenía en su poder el informe acusatorio de Contraloría desde el 13 de diciembre, pero sólo esta semana atinó a decir algo (que el procedimiento estuvo mal regulado y fue un error entregar pensiones a personas con prontuario y sin daño permanente), pero echándole la culpa por ello al INDH, al Congreso, que legisló el procedimiento en dos Presupuestos anuales y, para variar…. ¡al gobierno anterior! 

La ley 18.056 que establece normas generales para otorgar este derecho vitalicio señala una serie de exigencias para acreditar los “servicios distinguidos”, los “actos meritorios” en “beneficio importante del país” o las catástrofes o accidentes que justifican concederlo. Y señala que el Presidente, que es quien tiene la facultad, puede saltarse las exigencias previstas en la ley “en casos calificados y por decreto supremo fundado”.

Boric dictó los decretos, pero está claro, no fueron fundados y por eso ocultaban los beneficiados.

Pero la impunidad es total. El Instituto Nacional de Derechos Humanos eximió su responsabilidad acusando que sólo le correspondió acreditar la calidad de víctima de las personas, escudándose en que los 419 beneficios se entregaron por la glosa 12 del Presupuesto 2022 que deja la decisión exclusivamente en manos de Interior.

La ministra Tohá y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, buscaron diluir cualquier atisbo de responsabilidad: que nunca antes se habían exigido antecedentes penales ni diagnósticos médicos para otorgar las 18 mil pensiones de gracia que existen, lo cual habrá que revisar para atrás también.

Tohá aseguró que dejarán sin pensión a 17 de los 69 con antecedentes penales, de los cuales 13 (“algunos de ellos muy graves”) fueron concedidas por Piñera, donde al menos sí se reglamentó la exigencia de antecedentes médicos que esta administración no tuvo a la vista en 19 casos.

En la Comisión de Pensiones de Gracia, que recomienda sobre la pertinencia del beneficio al Mandatario, participan representantes de cuatro ministerios y uno del fenecido gabinete de la ex Primera Dama. Todos nombrados por el Presidente, pero nadie se dio cuenta de nada tampoco. Las pensiones pasaron como por un tubo y ni siquiera dejaron en actas qué agravamiento de lesiones originó que las subieran, como consignó Contraloría.  Tal parece no tenían que justificarlo porque fue Boric quien anunció en su primera cuenta pública (del 1º junio de 2022) que alzaría el monto del regalo.

Pasamos de los indultados con prontuario a los pensionados de gracia que no tienen otro mérito que ser parte del octubrismo que comprometió al actual Gobierno. Pero poco importa cualquier argumento. Una vez más se consagran actitudes incoherentes e incomprensibles de La Moneda, una opacidad censurable y el ocultamiento deliberado de información. Como siempre antes, seguirá campeando la impunidad. Parece estar en el ADN de esta administración.
PILAR MOLINA

Periodista Más de Pilar Molina

Grande, único y pitoniso, nos advirtió hace más de 20 años… escuchen:

Gobierno:

“La ley y el desorden”: duro análisis de especialistas británicos sobre crisis de seguridad en Chile

Por Christian Leal

Sábado 20 enero de 2024 | 16:04

“La gente quiere a los militares de vuelta en las calles, quieren que se decrete el estado de emergencia, y quieren ver una mano fuerte a cargo, algo que el gobierno no ha sido capaz de tener”, escribe el Senior Associate Fellow de RUSI, Richard Kouyoumdjian.

Un duro análisis publicó este viernes el Royal United Services Institute (RUSI), un reputado grupo de expertos en seguridad británico, sobre el aumento de la delincuencia en Chile, así como del proceso que enfrenta el general de Carabineros, Ricardo Yáñez, por presuntas violaciones a los derechos humanos.

En la columna, escrita por el consultor en seguridad Richard Kouyoumdjian Inglis, se hace un recuento de los hechos ocurridos durante el estallido social de 2019 y sus consecuencias sobre las policías, así como del avance del crimen organizado en nuestro país durante las últimas décadas.

“(Carabineros) no estaba preparado -y al parecer nadie lo estaba- para enfrentar un estallido social a nivel nacional donde se mezclaban demandas sociales genuinas, con las acciones de criminales y delincuentes del peor tipo, quienes vieron una oportunidad para saquear, destruir y robar”, establece el texto.

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A partir de ello, Kouyoumdjian presenta su tesis de que el procesamiento del general Yáñez no sólo afectaría nuevamente la imagen de Carabineros, sino que pondría en jaque los esfuerzos para superar la crisis de seguridad que vive Chile.

“Aunque (el Ministerio Público) sólo tiene un jefe, el fiscal nacional Ángel Valencia, los fiscales regionales no siempre le prestan atención y como resultado, pueden dejarse llevar (por sus convicciones). Es lo que ocurre con fiscales como Ximena Chong y Xavier Armendáriz, quienes con frecuencia dejan entrever sus tendencias progresistas o de izquierda cuando lidian con casos como estos”, especifica.

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Kouyoumdjian, quien es Senior Associate Fellow de RUSI, prestó servicios en la Armada de Chile desde 1986 a 1994, labor que lo llevó a trabajar durante 9 meses como observador internacional y oficial al mando de fuerzas de las Naciones Unidas en Camboya.

“El crimen es algo que necesita que todas las partes involucradas estén en sintonía, y procesar al jefe de la policía uniformada no va a ayudar en esto. Este es un tema importante para los chilenos porque impacta su vida diaria: han visto cómo su calles pasaron de robos, a secuestros, asaltos, homicidios y narcotráfico“, añade en su conclusión.

El columnista de RUSI cita el ejemplo de Ecuador respecto de cómo un país donde no se prioriza la seguridad puede ser superado por el crimen organizado, y con una tasa de homicidios que creció en un 800%. Basado en el toque de queda de dos meses ordenado por el presidente Daniel Noboa, Kouyoumdjian apela a las Fuerzas Armadas como un recurso al que el presidente Boric se niega a utilizar.

“Chile solía ser un bien país en el cual vivir, en muchos sentidos, mejor que sus vecinos. La gente quiere a los militares de vuelta en las calles, quieren que se decrete el estado de emergencia, y quieren ver una mano fuerte a cargo, algo que el gobierno no ha sido capaz de tener. En este ambiente, reemplazar la cabeza de Carabineros no es una buena idea, especialmente si impacta en su eficiencia y efectividad”, sentencia.

ROBERTO HERNANDEZ

@RAHM52

¡Escándalo nacional x pensiones d gracia entregadas a delincuentes que se declararon víctimas del estado en el estallido delincuencial de 2019! PARA ELLO HA BASTADO SOLO EL TESTIMONIO DE LAS “VÍCTIMAS”. Así se ha condenado a cientos de ex uniformados de 1973, sólo x TESTIMONIOS

ARCHIVO DEL AUTOR:

Jaime Jankelevich

A la captura del mercado de capitales
Capturar el mercado de capitales es lo que verdaderamente busca el gobierno con su reforma de pensiones. Ceder que el 6% vaya 4/2 o 5/1 a las cuentas individuales no les importa, si logran aprobar la reforma que les abre el camino a los fondos.
Las reformas de pensiones y la tributaria, mal llamada pacto fiscal, son las únicas dos reformas que el Gobierno podría llegar a mostrar como herencia de su mandato. El problema es que las dos son muy malas y particularmente la de pensiones, contiene una amenaza oculta en el texto de la reforma, cual es transformar el Estado en el administrador de los fondos de pensiones y dominador del mercado de capitales.

La ministra Jara pretende terminar con las AFP en dos años y generar un ente llamado Inversor de Pensiones (IP), que serían uno público y varios privados -los que estarían a cargo de la inversión de las cotizaciones de pensiones- y una organización única, monopólica, pagada por el Estado, que se haría cargo de la gestión del soporte operacional.

Adicionalmente a la IP, habría una licitación de stocks de afiliados, con lo cual el Estado podría acceder a millones de dólares desde las cuentas individuales, pues baste decir que, a diciembre de 2023, la cartera de inversiones de las AFP era de US$188.594,34MM, lo que equivale aproximadamente a un 57% del PIB. ¿Se imagina esos fondos en manos del Estado? Es justamente a esto a lo que aspiran, por lo que el 6% repartido 4/2 o 5/1 les da lo mismo, lo importante es el botín financiero.

Si esto se aprueba, le facilitaría al Estado invertir en el mercado de capitales comprando acciones, permitiéndole el acceso a la propiedad de empresas privadas y a sus directorios, pudiendo eventualmente imponer cambios en los objetivos empresariales, políticas sectoriales, etc., con lo cual la pérdida de valor por incertidumbre sería incalculable pues en no más de 10 años, tendrían el control absoluto del sistema.

Pregúntese qué inversionista va a querer invertir en una empresa chilena, teniendo en su directorio a burócratas estatales con poder. Si esto se llegase a aprobar, Chile perdería todo atractivo para los inversionistas y el país sufriría un retroceso que costaría muchos años revertir. Porque, quién administra mejor, ¿el sector privado o el público?

Es cosa de mirar Codelco, que cerró a septiembre de 2023 con una deuda de US$20.000 MM -18% superior respecto de 2022- una baja de producción del 9% y una caída del 65% en sus excedentes; desde US$2.606MM (9/22) a US$917MM (9/23). Un estudio del Centro de Estudios del Cobre y la Minería calculó que la deuda podría alcanzar los US$30.000MM en 2030 e incluso estimó que Codelco podría caer en insolvencia por el aumento de costos y de creciente deuda en proyectos que se han dilatado en concretarse.

El Estado es una masa gelatinosa de burocracia ineficiente capturada políticamente, de la cual no responde nadie. Las listas de espera en Salud son interminables, provocando muertes inaceptables; el fracaso absoluto de las reformas de educación aumentó la desigualdad en el país y destruyeron la educación pública. Terminaron con el mérito y la selección, lo que aumentó la brecha entre la educación privada y la estatal, lo que quieren ocultar prohibiendo que se publiquen los resultados de la última PAES.

Se gasta indiscriminadamente en proyectos de escasa rentabilidad social, lo cual se sabe, pero se siguen manteniendo. El Ministro de Hacienda quiere más impuestos, pero no existe accountability alguna de como se emplean los dineros de los contribuyentes y por supuesto la evaluación de los empleados fiscales es siempre la mejor, con lo cual acceden a los beneficios por gestión, y todos sabemos que eso está muy lejos de representar la realidad.

Si el Estado es ineficiente, indolente y un muy mal administrador de recursos, el riesgo que capturen el mercado de capitales y tomen posiciones en la propiedad de empresas privadas es gigantesco, por las negativas consecuencias que eso podría generar en la confianza empresarial, en los inversionistas y en el desarrollo del país.

Pero, el gobierno va a repartir caramelos en el Congreso y existen altas probabilidades que el proyecto se apruebe en la Cámara. Se habla de aprobar un auto préstamo limitado; o sea, de un retiro disfrazado y como eso a la gente le va a encantar, los diputados que tienen pronto que reelegirse, no querrán quedar mal con sus electores. Pero si además el gobierno acepta que un 4/2 o incluso un 5/1 del 6% adicional vaya a las cuentas individuales, será muy difícil que pierda la votación.

La esperanza entonces radica en el Senado, porque ahí es más difícil que logren su aprobación, aunque nada es seguro.

Si el gobierno triunfa en su intento, en pocos años Chile vería desaparecer uno de los pilares más relevantes del desarrollo logrado durante más de 30 años, lo que nos llevó a ser líderes en la región y admirados como un verdadero milagro económico por el resto del mundo.

Fronteras sin control

Por : Carlos Gajardo PintoAbogado. Exfiscal.

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Frente a este panorama, no podemos pasar por alto las palabras del Fiscal Regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, quien denuncia que pasadas las 18:00 horas se accede sin control por el paso fronterizo de Colchane.

El inicio de enero nos sumerge en un año que ya se vislumbra marcado por la violencia, una realidad palpable en varios de nuestros países vecinos y que demanda nuestra atención inmediata en Chile. Nos enfrentamos a una situación alarmante: la permeabilidad de nuestras fronteras, por donde ingresan armas, drogas, contrabando y migrantes. Sin ir más lejos, la situación en Bolivia sirve como un recordatorio urgente para tomar acción y no subestimar esta problemática.

La reciente noticia acerca de la muerte de un militar del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) en Pisiga, cerca de la frontera que compartimos con Bolivia, es un trágico ejemplo de la gravedad de la situación. Este hecho, una presunta emboscada durante un control rutinario, ilustra la peligrosidad que rodea a quienes luchan contra el contrabando en nuestra región.

Durante 2023, la Aduana boliviana experimentó 35 ataques, agresiones y emboscadas, con 19 técnicos heridos y 41 vehículos dañados. Hace aproximadamente una semana, cinco militares del CEO-LCC fueron quemados vivos dentro de un automóvil por una organización criminal que opera en la frontera entre Bolivia y Argentina, y el viceministro de Lucha contra el Contrabando de Bolivia enfatizó que estos actos fueron acciones planificadas por organizaciones criminales.

Considerando la naturaleza transnacional de muchos de estos grupos, no hay que perder de vista el foco. Una encuesta sobre Percepción de Comercio Ilícito en Chile, publicada este mes por la Cámara Nacional de Comercio, revela la gravedad de la situación internamente: el 80% de los encuestados considera que detrás del comercio ambulante ilegal existen mafias asociadas a delitos e ilegalidades. Esta percepción se respalda con la desarticulación de bandas, como la reciente operación en Tarapacá, donde se incautaron 838 mil unidades de cigarrillos ilegales y se reveló una logística organizada para el traslado de mercancía, utilizando una retroexcavadora para abrirse paso por rutas no autorizadas.

Frente a este panorama, no podemos pasar por alto las palabras del Fiscal Regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, quien denuncia que pasadas las 18:00 horas se accede sin control por el paso fronterizo de Colchane. La sofisticación de estos delitos se hace evidente, y si no actuamos con determinación ahora, enfrentaremos consecuencias similares a las de nuestros vecinos.

• El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Pensiones vitalicias, indultos y harto más. ¿Meras coincidencias?

Las pensiones de gracia vitalicias otorgadas por el gobierno se suman a lo acontecido con los indultos, al retiro de 139 querellas por LSE a presos de la violencia octubrista y a un proyecto de ley para indemnizarlos. ¿Serán meras coincidencias?

por Jaime Jankelevich28 enero, 2024

La contralora (s) Dorothy Pérez abrió un nuevo frente de conflicto para el Gobierno al publicar el informe sobre el otorgamiento de pensiones de gracia vitalicias durante 2022, en el que se señala que se tuvo a la vista antecedentes para entregar el beneficio a personas con condenas por estafa, narcotráfico, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, homicidio (publicado por El Líbero), violencia intrafamiliar, etc. La Contraloría detectó 58 casos, pero el Gobierno, intentado mostrar «acuciosidad» aumentó a 69.

La ministra del Interior Carolina Tohá, a raíz de dicho informe declaró: «Pero no fue nuestro Gobierno el que definió este procedimiento, estaba definido ya cuando nosotros llegamos». Lo que dijo la ministra es cierto en cuanto al procedimiento, pero sus palabras suenan a intentar liberar de responsabilidad a su Gobierno en otorgar dichas pensiones de gracia, sin haber comprobado a quien se estaba beneficiando.

Este episodio no es el primero en que hay problemas relacionados a beneficios otorgados por el Gobierno a personas que han estado involucradas en el octubrismo, ya sea en hechos de violencia, en delincuencia, personas con densos prontuarios  y que, al hacerse públicos, se le asignan responsabilidades a terceros y no se asumen las propias por parte de quienes tomaron las decisiones.

Me pregunto si esto es mera coincidencia u obedece a un patrón de conducta para beneficiar a actores del octubrismo, lo que me lleva a pensar que dicho cuestionamiento amerita ser analizado y contextualizado para intentar sacar conclusiones.

El actual gobierno, un día antes de asumir oficialmente su mandato, es decir, el 10 de marzo de 2022, anunció a través de los futuros ministros del Interior y Justicia el retiro inmediato de 139 querellas por LSE a presos de la violencia octubristra, por hechos que ocurrieron entre el 19 de octubre de 2019 y el 18 de enero de 2020, además de una mesa de reparación para las víctimas de DD.HH., lo que correspondía, dijeron, a una promesa de su programa de gobierno y que buscaba que la LSE no fuera utilizada para la persecución injusta y desproporcionada.

Fue la primera señal de perdonazos a los violentistas del octubrismo.

Antes, en octubre de 2020, diputados de lo que ahora es el oficialismo, entre los que estaba Gabriel Boric, presentaron un proyecto de ley en la Cámara para indemnizar a las llamadas “víctimas del estallido social” y se aprobó una moción en que se rebajaron los estándares probatorios para que una persona fuera considerada víctima. El sentido de esa ley era “establecer una regulación especial para efectos de determinar la responsabilidad del Estado de Chile respecto de todas aquellas personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones y muertes bajo el contexto de movilizaciones sociales en el denominado estallido social”.

Pasó el tiempo y sobrevino el caso de los indultos. Nuevamente, gracias al rol de la prensa, T13 dio a conocer que el indultado Luis Castillo estaba vinculado a 26 causas judiciales y tenía 5 condenas desde 2005. Adicionalmente se supo que Gendarmería había recomendado no indultarlo por alto riesgo de reincidencia, pero Boric le otorgó el beneficio sin considerar dicha recomendación. Resultado, en diciembre pasado fue detenido por estar involucrado en un secuestro. Pero no fue el único caso, pues hubo otros cuatro delincuentes que estaban condenados y fueron beneficiados con indulto.

Esto dio lugar a que se atribuyeran los beneficios otorgados a desprolijidades, mientras la ministra Vallejo aseveró que si el Presidente hubiera tenido todos los antecedentes, no los habría indultado. En definitiva, terceros eran los culpables por lo que se utilizaron los fusibles, exonerando de sus cargos al jefe de Gabinete del Presidente y a la ministra de Justicia.

Y esto continúa con las pensiones de gracia vitalicias ya comentadas, que gracias al informe de la Contraloría se conoció que hubo falta de control interno, además de comprobarse que en 19 casos había una inconsistencia entre el relato del caso y los antecedentes médicos que lo avalan, responsabilidad que recae en el INDH.

De todo esto tiendo a pensar que son demasiadas las similitudes en las decisiones gubernamentales para considerarlas meras coincidencias. Pienso que ha existido y probablemente aún existe el intento de beneficiar a quienes participaron del octubrismo, pues no es un secreto para nadie que, gracias al octubrismo, Gabriel Boric logró ser elegido Presidente de la República.

¿Formará esto parte de la superioridad moral con la que llegaron a gobernar según el ex ministro Jackson?

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JAIME JANKELEVICH

Bioquímico y consultor Más de Jaime Jankelevich

S.O.S. ESA MAL LLAMADA JUSTICIA

¡Mayday, mayday, mayday!

            Lo recuerdo como si fuera hoy día. Regresábamos de una comisión de servicio desde Arica, en plenos preparativos para enfrentar el conflicto bélico casi inminente con Argentina. Integrábamos el Cuartel General del comando que dirigiría las operaciones en el Teatro de Operaciones Norte y volábamos en un pequeño avión Cesna. Después de sobrevolar Caldera se desencadenó una tremenda tormenta que nos sumió en un caos;  el avión a causa del hielo acumulado en las alas perdió sus condiciones aerodinámicas y empezó a caer. ¡Mayday, mayday, mayday! Repetía el piloto. Canessa gritaba !El velocímetro, el velocímetro¡ Uno de los pasajeros rezaba el Padre Nuestro; y yo agarrado del asiento ─como una quinta rienda─ veía pasar mi vida como cuando se rebobina un video. De repente, una respuesta al llamado: ¡Denos su ubicación! “Motores fallando, vamos cayendo”, contestó el piloto, mientras el aparato caía en Stall. Felizmente no hubo accidente; no sé si fue la oración, la maniobra del piloto, el llamado de mi general Canessa, pero nos salvamos.

                Nuestro querido Chile se encuentra en una situación similar. La caída en Stall es evidente, no hay a quien recurrir, pues no hay respuesta al “mayday”; el “Chapulín Colorado” no está dispuesto por haber recibido el “pago de Chile”; hemos perdido cuatro años en dos procesos constitucionales ideados por los cocineros de la política, que nadie pidió y que solo perseguía quien se haría del poder; el terrorismo en la Araucanía ya es parte del inventario; el crimen organizado y los asesinatos con que nos despertamos a diario han pasado a formar parte de nuestra normalidad; la inmigración en el norte sigue descontrolada a pesar que la información oficial dice otra cosa, mientras que los encargados disfrutan en Colchane de un “happy birthday”, seguramente con “cocoroco” proveniente de Bolivia o al menos con pisco. No nos extrañemos entonces, que el criminal más peligroso de Ecuador, el “Fito”, busque “allegarse” en Chile, pues como se dice en la jerga futbolística, nuestras fronteras están como “tirar y abrazarse.”

                Pero lo que ha superado todos los límites de la inteligencia humana, es la impúdica y siniestra justicia chilena a la que Toribio ha hecho referencia con anterioridad. Uno de los representantes más funestos entre  varios connotados que integran los tribunales de justicia, está el Ministro en Visita designado por la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, quien, en uno de sus últimas sentencias que alcanzó más de 1.400 páginas, condenó a los sobrevivientes de una causa denominada Polvorín ─noviembre de 1973─ ex servidores del Regimiento de Infantería “Tucapel” de esa ciudad. De 10 imputados por homicidio a la fecha sobreviven dos y que fueron condenados a cadena perpetua; 19 personas fueron inculpadas cómplices, que en aquel entonces eran oficiales y suboficiales de menor graduación, no superando los 25 años de edad, incluso varios ni siquiera se encontraban en la unidad por estar persiguiendo al guerrillero llamado el comandante Pepe, José Liendo. Como lo precisara el abogado Luciano Cruz al Diario Constitucional.cl, el fallo se remitió a declaraciones que ningún supuesto testigo tuvo el carácter de presencial en los hechos investigados, basado exclusivamente en generalidades, rumores, contradicciones, etc., sin acreditar conducta alguna que relacione a los condenados con las víctimas y que permita a lo menos de manera fundada presumir una eventual complicidad.

               Sin embargo, lo que resulta realmente insólito, absurdo y descriteriado, fruto de una persona que carece de las condiciones mínimas morales y profesionales para otorgar justicia y  menos aún, ostentar su calidad de Ministro en Visita, guiado tan solo por su ideologismo extremo, fundamentar su fallo en lo siguiente: que “no importa la función que cumpliera, en el caso del regimiento Tucapel, el acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen donde se detenía, apremiaba y ejecutaba a personas, luego entonces corresponde imputarle penalmente su responsabilidad”, sin tener en consideración el papel que los individuos cumplían en dicha unidad a la fecha. Es decir a juicio de este perverso iluminado, la sola condición de pertenecer al Ejército lo convertía en delincuente.

             No obstante, se esperaría que la causa ingresada a la Corte de Apelaciones para la segunda instancia con fecha 27 de diciembre 2023, fuere sometida al rigor que requería dicho proceso que superaban las 22.000 páginas, pero el fiscal subrogante que le correspondió informar, Germán Varas -de quien pesan acusaciones ante la ONU por presiones indebidas a una jueza; y postular a cuanto cargo disponible existiera en Temuco, obrando de acuerdo al gobierno de turno- lo hizo al día siguiente, alcanzando un nuevo record de Guinness, a menos que hubiese recurrido a la I.A., por cuanto en un solo día logró analizar y estudiar íntegramente el voluminoso expediente, señalando además que era del parecer de confirmar la sentencia respecto de todos los condenados.

          Ante este alevoso y ominoso atentado a la justicia, que prácticamente condena a morir en prisión a gran parte de los afectados, por lo demás inocentes y que ya superan los 70 años de edad, Toribio consulta a sus lectores ¿cuál sería el camino a seguir ante la evidencia que las instituciones no funcionan? No faltará quienes sugieran sencillamente repetir la conducta de 1973, pero sabemos que ello no es factible, ni creo que ni siquiera haya sido considerada una opción. Muy a mi pesar, estimo que la gran mayoría de los chilenos no está ni ahí ─como decía el Chino Ríos─ con lo que les pueda pasar a quienes otrora arriesgaron su vida por evitar que Chile fuera presa de la doctrina de Fidel; otros sugerirán un abierta deliberación de los mandos institucionales haciendo ver su malestar por la conducta de los tribunales, es decir mandar un “recado”. Pero, estamos en un periodo pre-electoral y parodiando al célebre Nicanor Parra, “la izquierda y derecha unida jamás serán vencidas”, se dejarán caer como perros de presa ante este “violento” atentado a la democracia y no faltará quienes pidan su remoción. ¿Habrá alguien que searriesgue?

             Toribio, después de mucho cavilar admite que no existen otras alternativas que las sugeridas por “Pepe Grillo,” ante la colusión por omisión de los señores políticos y el silencio de las autoridades correspondientes, lo que sin duda provocaría un alto impacto en la sociedad como única manera de despertar las conciencias. Candidatos sobran. Y no me vengan a decir que los poderes del Estado son independientes cuando hay suficientes ejemplos que ello no se ha respetado. La Corte Suprema tiene la palabra para evitar más pesares.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

Enrique Slater

@slater_enrique

Se corrobora lo que ya sabemos: “No es justicia, es venganza”. Jóvenes oficiales del 73, por el solo hecho de pertenecer al Ejército, sin tener relación con los hechos que se les acusa, son condenados a cadena perpetua. ¿Quién detiene esta injusticia?:

diarioconstitucional.cl

La vara de la justicia. – Diario Constitucional

Una sentencia condenatoria dictada por el Ministro Alvaro Mesa Latorre concluye que no importa la función que cumpliera, el acusado era “partidario” de una dictadura militar, luego corresponde…

 Cristobal Koch en X: “En materia de señales es muy peligrosa y debilita nuestra defensa. ¿Quién querrá pertenecer a una fuerza, que cuando debe actuar, será condenada hasta por generaciones? Así es más sencillo instalar futuras dictaduras. Muy mal.” / X

Cristobal Koch

@cristobal_koch

En materia de señales es muy peligrosa y debilita nuestra defensa. ¿Quién querrá pertenecer a una fuerza, que cuando debe actuar, será condenada hasta por generaciones? Así es más sencillo instalar futuras dictaduras. Muy mal.

Cita

Enrique Slater

@slater_enrique

21 ene.

Se corrobora lo que ya sabemos: “No es justicia, es venganza”. Jóvenes oficiales del 73, por el solo hecho de pertenecer al Ejército, sin tener relación con los hechos que se les acusa, son condenados a cadena perpetua. ¿Quién detiene esta injusticia? https://diarioconstitucional.cl/cartas-al-director/la-vara-de-la-justicia/…

*¡Firme la Caña General!*

Por Cristián Labbé Galilea

Literalmente “de miedo…”: por donde se la mire, todos los días y como nunca antes, crimen, violencia y delincuencia dan cuenta de una “tormenta delincuencial”, al punto que ya no se está protegido y menos seguro en ninguna parte; calles, barrios, carreteras, regiones, están en manos de “anarco delincuentes” que aniquilan nuestra tranquilidad y seguridad.

Es paradójico que, siendo ésta la principal preocupación de la ciudadanía, la autoridad pareciera no existir y, si aparece “la modelo” que oficia de vocera, es para amenazar a los antisociales con toda suerte de acciones que, por supuesto, no conducen a nada concreto.

Además de paradójica, la situación resulta… incomprensible porque, mientras la violencia campea a todo nivel, el General Director de Carabineros, responsable principal de combatir la delincuencia, es perseguido judicialmente por haber cumplido con su deber y por haber impedido la caída del gobierno de la época, a raíz de los actos de violencia de octubre de 2019.

Acentúa lo chocante de la situación el que “los verdugos” del General Director son dos conocidos Fiscales que no han perdido oportunidad para denostar a dicha institución policial, al punto que uno de ellos ha señalado que “Carabineros es una cueva de encubridores”. Además, todos los que están hoy en el gobierno, en su momento no ahorraron epítetos para descalificar a las fuerzas de orden… incluido el Presidente.

Aprovechando que el país está en “modo vacaciones”, el General, hoy en calidad de imputado, ha sido notificado que será formalizado el 7 de Mayo por violaciones a los derechos humanos durante los actos vandálicos de octubre de 2019.

Claramente el gobierno, y particularmente el Presidente, se ha metido en “un Gran zapato chino”, ya que, desde que son autoridad, no han ahorrado loas para Carabineros y su General Director, ni han escatimado recursos para ganarse su lealtad mediante la entrega de equipamiento.

Por lo mismo, no tienen cara para pedirse la renuncia al General. Sería una pésima señal política en los momentos de violencia e inseguridad que se viven, pero tampoco tienen piso para responder a quienes como el Partido Comunista y la izquierda más dura exigen “la cabeza del General Director”.

Así las cosas, en última instancia la palabra la tiene el General, quien debiera estar más que claro que no puede fallarles a sus Carabineros; todos ellos pertenecen a una institución donde las lealtades y los liderazgos son la base del orden y la disciplina.

Por último, esta pluma, que hoy escribe con tinta “verde”, recuerda a sus contertulios que “los grandes pilotos se prueban en las tormentas” …. El General Director tiene un solo camino: “no renunciar y mantener firme la caña… a pesar de las turbulencias que se puedan generar”.

OTRO GENERAL DESPUÉS DE LA GUERRA

Por    Humberto Julio Reyes

                  Recientemente don Sebastián Piñera concedió una extensa entrevista a un diario de circulación nacional. En ella abordó principalmente dos temas.

                  Primero se refirió a las decisiones adoptadas a partir del “estallido social”, en terminología periodística, para posteriormente dar su visión crítica del proyecto de constitución que fuera rechazado en diciembre.

                  Huelga decir que su autoevaluación es bastante positiva, no percibí asomo alguno de autocrítica lo que me lleva a pensar que no siempre “los palos enseñan a gente”.

                  En cambio, y pese a haber llamado a votar favorablemente el proyecto plebiscitado, ahora nos dice que la buena propuesta era la de los expertos y que los gustitos de los representantes elegidos están en la causa del rechazo.

                  Nos dice, ahora, que debiera haberse redactado un proyecto ”aprobable”.

                  Pudo decir: me he convencido finalmente que no era la mejor opción pero, como eso llevaría implícito el reconocimiento de una equivocación, no era probable que lo hiciera.

Por ello exijo una explicación.

Es comprensible que después de la guerra surjan generales, pero pienso que no hay que exagerar.

Los expertos fueron designados por los partidos, lo que me llevó a denunciar anticipadamente “la trampa de los expertos” (30-04-2023). Ruego excusar la autorreferencia.

Los convencionales fueron elegidos en votación libre, secreta e informada y para cumplir un rol. ¿Debieron limitarse a aprobar el texto de los expertos sin mayor discusión?

¿Debieron “bajarse los pantalones” ante la minoría para que el texto resultante fuera “aprobable”?

No estoy de acuerdo, tenía que ser aceptable, justamente por quienes nos veíamos representados por la mayoría.

En estos días se avanza en el largamente discutido proyecto de pensiones.

¿Habría que ceder a la presión del gobierno para que el proyecto sea “aprobable” aunque no se considera aceptable?

La supuesta “concesión” de destinar un 3%, que no es tal ya que sólo un 70% de ese porcentaje iría a las cuentas individuales, se parece mucho a la propuesta de los expertos, no es “ni chicha ni limoná”, ya que sería inaceptable terminar finalmente con un aumento insignificante en las futuras pensiones, pero ya lo creo que sería “aprobable”.

Viniendo de un ex presidente parece curioso que, al final, valga más que se apruebe lo que sea con tal que se apruebe, pero, tratándose de alguien que no se caracteriza por honrar los compromisos adquiridos, sólo habría que tomarlo como algo anecdótico.

19 de ene. de 24

Macrozona Sur: Insurgencia, terrorismo o violencia rural

Lo que tenemos en la Macrozona Sur es insurgencia y que por ende todo lo bueno que se está haciendo hoy en día tiene sus limitaciones ya que el diagnóstico está equivocado y el problema está lejos de ser solucionado.

por Richard Kouyoumdjian24 enero, 2024

FOTO: HECTOR ANDRADE / AGENCIAUNO

Felicito a Pablo Urquízar y a la Universidad de San Sebastián por publicar el libro “Radiografía de la violencia y el terrorismo en la Macrozona Sur: problemas y desafíos actuales”. En el programa Vía Pública hay una buena entrevista de Matías del Río en que se puede ver la opinión de Urquízar sobre el tema y lo que cubre su libro.

Una de las principales conclusiones de Pablo Urquízar es que el 2023 fue un buen año en lo que se refiere a la reducción de la violencia en la zona y detenciones de personas buscadas por delitos cometidos en el pasado. Se indica que finalmente el Estado de Chile, incluyendo en esa definición al Ministerio Público, policías, tribunales, Ejecutivo, Fuerzas Armadas y autoridades locales, finalmente habría como un todo que habría logrado mejorar su coordinación y eficacia, y que producto de ello se están observando las mejoras de las que habla la prensa.

Lee también de Richard Kouyoumdjian: Sobre el Consejo de Seguridad Nacional y los estados de excepción

El 2024 partió con señales mixtas como son la quema de un bus en Collipulli, o la libertad condicional de Celestino Córdova, posteriormente revocada por la Corte Suprema. El primero de los casos muestra las limitaciones de nuestras acciones preventivas del tipo estados de emergencia, y la segunda, que no podemos dar por hecho de que las descoordinaciones del pasado están superadas en un 100%.

Bien indica Urquízar que estamos al debe en lo que se debe al Sistema Nacional de Inteligencia, ya que el actual no da el ancho para lo que ocurre en Chile. Su ley necesita ser modernizada y el sistema como un todo está diseñado para ser ineficaz y es incapaz de operar correctamente en el Chile en que tenemos, aparte de los problemas en la Macrozona Sur, graves problemas de crimen organizado urbano, narcotráfico y violencia en las principales ciudades del país.

En los gobiernos de Bachelet y Piñera se hablaba de violencia rural, ahora se habla tímidamente de terrorismo, pero que no podemos tratar como tal por las limitaciones operativas de la ley antiterrorista. Tratamos los problemas de la Macrozona Sur como si fueran delitos comunes, pero sin el instrumental adecuado si es que creemos que es terrorismo.

A diferencia de muchos, yo postulo que lo que tenemos en la Macrozona Sur es insurgencia y que por ende todo lo bueno que se está haciendo hoy en día tiene sus limitaciones ya que el diagnóstico está equivocado y el problema está lejos de ser solucionado. Claramente hay mejoras y los políticos están felices mostrando estadísticas que dicen que estamos mejor, pero insisto que estamos eliminando los síntomas delictuales y no estamos atacando los problemas de fondo, y los insurgentes lo saben, tienen claro las limitaciones de nuestras acciones y operan sabiendo que lo que hacemos no los va a neutralizar.

Digo insurgencia porque estamos frente a varios grupos armados de origen mapuche que buscan ser soberanos en territorios que son chilenos, en donde no se reconoce la autoridad del Estado de Chile, que tienen planes bastante expansivos y que van a hacer lo que sea necesario por lograr sus objetivos. Es cosa de preguntar quién gobierna en Temucuicui y les aseguro que no es el gobierno de Chile, y que el Estado no está presente en ese territorio.

A veces lo que hacen los insurgentes tiene cara de delincuencia, violencia rural o de terrorismo, pero no por ello se transforman en delincuentes, violentistas o terroristas. Se debe mirar la motivación que tienen, ya que el ladrón busca beneficios económicos, el terrorista causar terror y publicidad, y a diferencia de los anteriores, el insurgente busca el control territorial para ser quien lo gobierna, para ser su soberano. Va a realizar acciones delictuales o terroristas si es que las necesita para sus fines, y va a permitir robo, narcotráfico, quemas y otras malas prácticas si es que ello le permite financiar sus operaciones.

Si no entendemos que estamos frente a insurgentes nunca vamos a eliminar el problema de la Macrozona Sur. Eliminar la insurgencia requiere de una acción conjunta del Estado de Chile, pero con mayor acento en soluciones militares distintas de las que conocemos, que van acompañadas de acciones económicas y sociales que buscan mejorar las condiciones de las personas que habitan los territorios que buscan gobernar los insurgentes. También requiere de un sistema de inteligencia robusto y efectivo ya que debemos ser capaces de detectar sus unidades operativas, los nombres de sus integrantes, las comunidades que les dan protección y apoyo, y así muchas otras cosas más. También debemos ser capaces el día en que los neutralizamos, de poder dar soluciones a los problemas que permitieron que surgiera la insurgencia, es decir, de que sean parte efectiva del Estado de Chile y no territorios abandonados en donde opera la ley del más fuerte.

Mas de lo mismo no soluciona el problema de la Macrozona Sur. Claro que ayuda mucho lo realizado a la fecha, pero si queremos eliminar o neutralizar los problemas debemos partir por reconocer que es insurgencia y por ende darle los remedios que ese tipo de fenómeno necesita.

Multigremial de La Araucanía: “Este 2024 tenemos el inicio más violento de los últimos años en la macrozona sur”

por Carlos Pizarroenero 23, 2024

Cedida – Multigremial de La Araucanía-

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La multigremial de La Araucanía manifestó su preocupación por el aumento de los hechos de violencia que se han registrado en lo que va de enero en la macrozona sur.

Según datos de la entidad gremial, que es presidida por Patricio Santibáñez, en lo que va del primer mes del año se han registrado 15 atentados, lo que significa más de un atentado cada dos días.

Esto representa un aumento significativo respecto a los años anteriores, cuando en enero de 2022 se registraron 13 atentados y en enero de 2023 hubo 14.

Al respecto, Santibáñez expreso que “este aumento de la violencia es preocupante, ya que puede significar un recrudecimiento del terrorismo en la región“.

“Este es el inicio de año más violento de los últimos años en la Macrozona Sur. El Gobierno debe tomar medidas concretas para detener la violencia y proteger a las personas y las empresas”, declaró el líder gremial.

Por otro lado, la Multigremial de La Araucanía también expresó su preocupación por las condiciones climáticas, que se están tornando favorables para el aumento de los incendios forestales.

“Muchos de estos incendios son provocados intencionalmente por estas redes terroristas”, advirtió.

Ante esto, enfatizó que “es importante que el Gobierno no baje los brazos y refuerce las medidas de seguridad en la macrozona sur para evitar una catástrofe como la del 2023″.

Detalles de atentados en la macrozona sur

De acuerdo al registro del gremio, entre los hechos de mayor violencia registrados en lo que va del 2024 se encuentran:

• Tres ataques armados
• Un incendio a plantaciones forestales
• Dos incendios a construcciones
• Siete incendios a vehículos

Dos incendios a maquinarias

CHILENOS DE CORAZÓN en X: “El abogado y doctor en Derecho, Gonzalo Ibáñez Santa María, nos comparte esta reflexión con respecto a lo que la conmemoración de los 50 años del Pronunciamiento Militar y cómo el gobierno trató de instalarse en la agenda mediática. Comenta y comparte. https://t.co/xj0cquUw8J” / X

CHILENOS DE CORAZÓN

@CHILENOSCORAZON

El abogado y doctor en Derecho, Gonzalo Ibáñez Santa María, nos comparte esta reflexión con respecto a lo que la conmemoración de los 50 años del Pronunciamiento Militar y cómo el gobierno trató de instalarse en la agenda mediática. Comenta y comparte.

La Vara de la Justicia

Con fecha 15 de septiembre último, el Ministro en Visita Extraordinaria designado por la Corte de Apelaciones de Temuco, señor Alvaro Mesa Latorre, dictó sentencia definitiva en la causa denominada “Polvorín”, rol 113.089, relacionada con apremios ilegítimos y el infortunado fusilamiento de 7 ciudadanos, hecho acaecido el día 10 de noviembre del año 1973 en el Regimiento Tucapel de esa ciudad.

Tal sentencia se compone de 1.458 páginas, en ella se atribuye autoría del delito de homicidio a 10 de los procesados, de los cuales sobreviven y fueron condenados a cadena perpetua 2 individuos, 3 fallecieron durante el proceso por lo que a su respecto se dictó sobreseimiento, en tanto que 4 no fueron procesados por haber fallecido con anterioridad como se dejó constancia.

De otra parte condenó como cómplices de los delitos señalados, a 19 individuos, de los cuales la mayor parte cumplían con las funciones propias de Oficiales subalternos en los grados de Subtenientes y Tenientes, jóvenes que no superaban los 25 años de edad y quienes sostuvieron su total y absoluta inocencia, incluso algunos de ellos no se encontraban en Temuco y por lo tanto en el Regimiento, sin embargo buscando probar lo improbable, el fallo se remite a diversas declaraciones de 81 individuos de los casi 200 que fueron citados a declarar como “ testigos” por los querellantes y por el Tribunal.

De tales declaraciones se concluye que ningún supuesto testigo tuvo el carácter de presencial en los hechos investigados, todos declaran sobre generalidades, rumores, comentarios u otras circunstancias fuera de contexto e incluso contradictorias, sin acreditar conducta alguna que relacione a los condenados con las víctimas y que permita a lo menos de manera fundada presumir una eventual complicidad.

– Así, el señor Ministro concluye argumentando: “no importa la función que cumpliera, en el caso del regimiento Tucapel, el acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen donde se detenía, apremiaba y ejecutaba a personas, luego entonces corresponde imputarle penalmente su responsabilidad” y termina aplicando a los supuestos cómplices la pena máxima ( presidio perpetuo), por estimar que adherían a un determinado régimen, sin importar lo que efectivamente pudieron hacer o no hacer, como derechamente lo consigna, asumiendo como elemento esencial para dictar su fallo la circunstancia de que los condenados, a su juicio, habrían sido partidarios de un régimen determinado, sancionándolos por la forma como interpreta que pensaban.

– Es evidente que el concepto ideológico que el sentenciador atribuye a los condenados como conducta que debe ser castigada, en esa época no había permeabilizado ni a los más capacitados tribunos del país, por lo que menos podía darse en jóvenes que recién llegaban a la vida adulta, de manera que el fallo vulnera la libertad de conciencia establecida en nuestro ordenamiento jurídico como derecho de rango Constitucional, asemejándolo a las purgas judiciales por medio de las cuales Stalin condeno a sus oponentes.

La Causa que se compone de 22.110 páginas, ingresó a la Corte de Apelaciones de Temuco para resolver en segunda instancia los recursos interpuestos por los condenados, los que suman varios cientos de páginas adicionales a las referidas, y pasó al Señor Fiscal (S) de la misma, Dn. Germán Varas Cicarelli, con fecha 27 de Diciembre último para su pronunciamiento e informe, obligación que dicho funcionario, hermano del Actuario de Tramitación del Sumario, Marcelo Varas Cicarelli, materializó el día 28, señalando que era del parecer de confirmar la sentencia respecto de todos los condenados, evidenciando que en un día analizó y estudió íntegramente el complejo expediente, lo que resulta inverosímil.

– Fluye de lo relacionado que en el improbable evento de que los condenados hubiesen sido efectivamente cómplices de los delitos sancionados, cuyo no es el caso, la vara utilizada para determinar el rango de las penas aplicadas es absolutamente desproporcionada, no guarda relación alguna con otros fallos que pueden ser similares, por lo que la equidad y la apreciación de las circunstancias individuales que debieron informar la sentencia no se consideraron, así, el fallo deviene en erróneo y comete injusticia atroz, más aún, se trata de individuos cuya participación en los hechos investigados no fue acreditada, y peor aún, cuando al haber calificado a los mismos como delitos de lesa humanidad, el Juez no aplicó la amnistía, la prescripción ni las atenuantes que beneficiaban a los condenados, manteniendo el mismo hilo conductor de otras sentencias suyas que coincidentemente dicto durante el año 2023.

– De lo dicho, pareciera que para que este Juez, al igual que para el Fiscal (S) aludido, la consigna de “ ni perdón ni olvido” informa sus conclusiones y estaría inserta en la norma pagana “ dura lex sed lex” lo que les haría entender que la historia los absolverá de toda culpa.-

Luciano Cruz Muñoz

Abogado

Respecto al mismo Juez Alvaro Mesa Latorre

Condena masiva

La ideologización impuesta en la Justicia:

https://youtu.be/FHvj9Jg3KZw?si=DaqRAaXVz5Zrx109

En cambio en la República del Ecuador:

Ecuador. Reforma a la Ley Orgánica Integral Penal: “Cadena perpetua a políticos, jueces y fiscales corruptos ya no quedarán impune. Los privados de libertad tendrán que trabajar para pagar su alimentación…”.

 ¿Y en Chile cuándo?

Región de La Araucanía

Ataque incendiario sobre Puente Malleco provoca caos vehicular en Ruta 5 Sur

Por Antonio González
Con información de Esteban Araus y Radio Bío Bío.

Miércoles 17 enero de 2024 | 07:43

Encapuchados quemaron un furgón en mitad del viaducto, lo que obligó a cortar el tránsito en ambas direcciones.

Esta madrugada, cerca de las 06:00 horas, se registró un ataque incendiario en el Puente Malleco, en plena Ruta 5 Sur, a la altura de Collipulli, región de La Araucanía. Según testigos, se habrían escuchado disparos y luego se vio fuego sobre el viaducto, donde desconocidos habrían quemado un furgón.

El hecho generó una gran congestión vehicular en la zona, ya que se debió interrumpir el tránsito en dirección al sur y también hacia el norte; mientras personal de Bomberos y Carabineros trabajaba en el lugar. Hasta el momento, no se reportan heridos ni detenidos por este incidente.

Se trata de un nuevo hecho de violencia que afecta a la región de La Araucanía, donde en los últimos meses se han registrado diversos ataques a camiones, maquinarias, predios y viviendas.

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En conversación con personal de Carabineros, el conductor del minibús incendiado manifestó que mientras se encontraba en el sector urbano de Collipulli para recoger a unos trabajadores que prestan servicios a una forestal, llegó al lugar una camioneta con 4 sujetos en su interior, descendiendo 3 de estos.

En ese momento, los sujetos a rostro cubierto y premunidos de escopetas intimidan y obligan al conductor junto a cuatro trabajadores a trasladarse hasta el ingreso del Puente Malleco, haciendo descender a las víctimas; posteriormente rociaron el vehículo con líquido acelerante e incendiarlo, dejando una pancarta y posteriormente huyendo del lugar en la camioneta que los esperaba, realizando disparos al aire (3), según testigos.

El alcalde de Collipulli, Manuel Macaya, lamentó lo ocurrido.

La fiscalía local instruyó la concurrencia de Labocar para los peritajes en el sitio del suceso, mientras que el proceso investigativo quedó a cargo del OS-9 Araucanía; para determinar las circunstancias y los responsables de este ataque, que podría estar vinculado a grupos violentistas que operan en el territorio.

Cedida a RBB

Es bueno estar informado:

Sin mas comentarios

Por Clemente Recabarren, José Manuel Castro y José Ignacio Palma 

Tras cuatro años de experimentos constitucionales es oportuno volver a reflexionar sobre el valor de la regularidad institucional y el carácter excepcional del reemplazo constitucional en la historia de Chile y el mundo. Hasta ahora, demasiada atención se ha concentrado en evaluar el desempeño de los partidos y líderes políticos que protagonizaron los dos procesos constitucionales (ver, por ejemplo Claudio Alvarado, Las derechas y su autocrítica; Alfredo Joignant, Letalmente parecidos). No hay duda de que ese análisis es necesario. Sin embargo, lo que no puede omitirse es una revisión crítica del proceso constitucional al que fue arrastrado el país la noche del 15 de noviembre de 2019.

La primera gran lección de este periodo de ensayos constitucionales es el fracaso de la tesis refundacional. Es decir, de la postura de quienes —en algunos casos obnubilados por ver confirmado su propio diagnóstico y en otros por falta de capacidad crítica frente a discursos instalados— sostuvieron que la vía por excelencia para canalizar institucionalmente el “estallido social” era la sustitución de la Constitución vigente. En las líneas que siguen queremos simplemente notar cómo la historia constitucional de Chile, la experiencia comparada y la reflexión crítica sobre los riesgos y virtudes de los procesos de cambio constitucional confirman esta primera gran lección que haríamos bien en no olvidar.

El reemplazo constitucional ha sido la excepción y no la regla en la historia de Chile. Las constituciones de 1833, 1925 y 1980 fueron promulgadas en momentos particularmente críticos de la trayectoria nacional, en contextos de profundas crisis políticas y con intervención militar. La regla general ha sido la regularidad institucional, esto es, el cambio constitucional vía reformas. Fue mediante reformas al texto de 1833 que transitamos desde un sistema presidencial a uno pseudo-parlamentario. Gracias a las reformas —y no la sustitución de la Constitución de 1925— se fortaleció la libertad de enseñanza a través del Estatuto de Garantías Democráticas en 1970. Las reformas a la Constitución de 1980 plebiscitadas en 1989 —y no el reemplazo del texto— encauzaron la transición a la democracia y la llegada de Patricio Aylwin a La Moneda. A la luz de estos ejemplos y muchos otros que podrían citarse, es posible observar que los dos intentos de reemplazo constitucional que experimentó Chile después del 18 de octubre de 2019 son una excepción.

A nivel comparado, la situación es similar. Por regla general, los países solo recurren al reemplazo constitucional en dos tipos de situaciones: cuando no cuentan con un orden constitucional propio o cuando el existente ha sido destruido. Entre las primeras encontramos casos de secesión (Bélgica, Irlanda), desintegración de órdenes imperiales (la Corona de España, el Imperio Británico, la Unión Soviética) y creación de nuevos estados federales (Estados Unidos). Las segundas incluyen casos de guerra civil (México, Grecia), transiciones desde regímenes autoritarios (España, Sudáfrica) o reorganización después de una ocupación extranjera (Países Bajos, Corea del Sur, Alemania, Japón). Por supuesto, como ha sido recurrente en Latinoamérica, también hay casos en que el reemplazo constitucional, junto con la crisis que lo hace posible, son manufacturados políticamente con el objeto de alterar radicalmente el orden existente.

Este panorama no es un mero accidente histórico. Existen buenas razones para evitar el reemplazo constitucional. La metáfora de Neurath ilustra bien el punto: si el buque está en alta mar, conviene ir haciendo los arreglos de a poco y evitar daños en la estructura. Por cada pieza que removemos, más vale instalar de inmediato el reemplazo adecuado. Así, si llega a ser necesario, bien puede reconstruirse gradualmente el barco completo, sin desarmes que arriesguen la llegada a puerto.

Toda Constitución tiene problemas, pero eso no significa que sea razonable pretender solucionarlos todos a la vez. Los procesos de reemplazo constitucional, como el desarme de un buque en alta mar, acarrean serios problemas. En primer lugar, arriesgan la estabilidad general que los países necesitan para responder a los desafíos del bien común. El deterioro social, económico y en materia de seguridad que Chile ha sufrido en estos cuatro años de experimentos constitucionales son ejemplos claros de ello. Más aún, este tipo de procesos introducen un elemento de inestabilidad permanente, ya que sientan el precedente de que el reemplazo total de la carta magna es necesario para legitimar cambios constitucionales. A su vez, este precedente invita a grupos políticos radicales a adoptar un compromiso meramente táctico con el orden constitucional vigente. Se trata, además, de procesos que sufren las distorsiones propias de cualquier deliberación política sin contornos claros, en que la negociación tiende a acumular concesiones recíprocas que minan la calidad y coherencia de las reglas propuestas.

El camino de las reformas constitucionales, en cambio, tiene virtudes importantes. Entre otras, favorece que identidades políticas distintas se plasmen en la carta y permite que la negociación constitucional sea progresiva y diacrónica. De ahí que el texto vigente puede ser considerado simultáneamente como la Constitución de Jaime Guzmán y de Ricardo Lagos. Además, posibilita el reconocimiento de un orden político arraigado, pero en constante evolución. En contraste, el reemplazo implica entender el orden constitucional como susceptible de ser refundado y definido en su totalidad por mayorías contingentes, dificultando la identificación de quienes no forman parte de esa mayoría.

La experiencia de los últimos dos procesos no habrá sido en vano si de ella nace un compromiso transversal por la regularidad constitucional. Esto es, si las fuerzas políticas asumen que todo cambio institucional duradero ha de realizarse por la vía modesta, pero segura de la reforma. Llegado el momento, cuando el tiempo ayude a decantar esta y otras lecciones, bien valdría tener presente que buenas y oportunas reformas son el mejor antídoto contra la pulsión refundacional.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El País el jueves 4 de enero de 2024.

Señor Director:

La idea de Estado reposa, en último término, en el imperativo del orden y la seguridad. La conservación del orden público es la obligación esencial de los gobernantes. Para tales efectos el Estado cuenta con el monopolio de la violencia física legítima.

El “discurso de los derechos humanos”, que tanto se pregona, considera violatoria de tales derechos cualquier acción destinada a reprimir la delincuencia, el vandalismo, el flagelo terrorista o la insurrección revolucionaria. Tal discurso es un arma estratégica del comunismo que es usada para quitar legitimidad al uso de la fuerza y para desarmar psicológica y moralmente a quienes, por deber de autoridad, están obligados en justicia a aplicar la violencia legítima del Estado para reprimir a quienes subvierten el orden social.

                                   Atentamente le saluda.

                                       Adolfo Paúl Latorre

                      Abogado

        Magíster en ciencia política

Viña del Mar, 10 de enero de 2024.

Solicitud de formalización del General Director de Carabineros, disuasión y uso proporcional de la fuerza

Señor Director:

El mundo al revés. El general Ricardo Yáñez está siendo procesado por supuestos delitos cometidos en el cumplimiento de su función de mantener la seguridad y el orden público —obligación principalísima de los gobernantes de un Estado y para lo cual este cuenta con el monopolio de la violencia física legítima— durante la asonada revolucionaria iniciada el 18 de octubre de 2019 (que buscaba derrocar al gobierno constitucional del presidente Sebastián Piñera) mientras se premia con indultos y con pensiones de gracia a los delincuentes que, atentando contra los derechos humanos de la gran mayoría de los habitantes de nuestra patria y aplicando una violencia ilegítima superlativa, realizaron innumerables actos vandálicos. En más de 19.000 eventos graves de alteraciones del orden público incendiaron el Metro de Santiago e iglesias patrimoniales; saquearon supermercados; destruyeron bienes públicos y privados; y atacaron al personal de Carabineros con diversos elementos: contundentes, incendiarios o de otro tipo; tales como bombas Molotov, hondas que lanzaban bolitas de acero (de rodamientos) que causaban lesiones oculares; 554 ataques a cuarteles policiales y 1200 vehículos de carabineros con daños estructurales.
Lo que sí podría reprochársele al general Yáñez y a su antecesor, el general Mario Rozas, es la responsabilidad que les cupo en la violación de los derechos humanos del personal bajo su mando al prohibirles el uso de sus armas de fuego; razón por la que ellos no lo hicieron ni siquiera en defensa propia —no obstante que en tales casos estaban exentos de responsabilidad criminal, según lo dispuesto en los artículos 10 del Código Penal y 208,
410, 411 y 412 del Código de Justicia militar— lo que dio como resultado más de cinco mil carabineros lesionados: 126 recibieron impactos balísticos, 5 con pérdida ocular y 82 quemados con artefactos incendiarios.
El general Rozas, junto con ufanarse porque los carabineros no hicieron uso de sus armas de fuego —lo que a mi juicio es motivo de vergüenza— declaró: “el ministro de la época, Andrés Chadwick, me ordenó controlar el orden público dentro del ámbito legal y respetando irrestrictamente los derechos humanos”. Evidentemente, con ello el gobierno pretendía “sacar las castañas del fuego con las manos del gato” y deslindar sus responsabilidades en caso de que la actuación de carabineros, en cumplimiento de su
función policial, produjere bajas fatales.
Complementando lo antedicho, cabría una explicación sobre dos conceptos
íntimamente relacionados con el tema del control del orden público y que son mal entendidos por una gran parte de políticos, académicos, periodistas, la población en general e, incluso, por los propios policías. Me refiero a la disuasión y al uso proporcional de la fuerza.
La “disuasión” es un efecto psicológico que se logra mediante la amenaza de un daño que el agresor no está dispuesto a aceptar y que los beneficios que espera lograr si actúa no compensarían los daños que podría sufrir.
Si las fuerzas de orden y seguridad están autorizadas para usar sus armas letales solo en casos de legítima defensa, cuando esté en riesgo la vida de personas, quedan sin capacidades ofensivas, disuasivas o represivas, no constituyendo una amenaza real y sus miembros reducidos a la calidad de meros espantajos; observadores de quienes estén cometiendo o se apresten a cometer actos terroristas, vandálicos o de violencia insurreccional.
Si quienes están dispuestos a cometer graves atentados saben que los policías tienen prohibido usar sus armas letales o que no se van a atrever a emplearlas —ya sea por impedimento legal o porque si lo hicieren serían defenestrados o condenados a severas penas de presidio por “abuso de la fuerza” o por “violar los derechos humanos”— tienen la seguridad de que podrán actuar impunemente por lo que no solo van a cometerlos, sino que
se verán estimulados a seguir cometiéndolos.
La “proporcionalidad en el uso de la fuerza” no significa igualdad: que si un
delincuente agrede con piedras, con un arma blanca o con una bomba Molotov a un carabinero, este debe responderle con los mismos elementos.
La proporcionalidad significa que la fuerza debe estar en proporción a la resistencia ofrecida, a la gravedad del delito, a la situación que se controla, al peligro representado por los delincuentes y al objetivo legítimo que se persigue, lo que en casos graves justifica el empleo de medios letales.
La desproporción en el uso de la fuerza no solo puede predicarse respecto de la que es excesiva para cumplir con un determinado fin legítimo, sino que también respecto de la que es insuficiente para lograrlo.
La proporcionalidad en el uso de la fuerza consiste en la respuesta a la pregunta:
¿cuánta fuerza utilizar? Obviamente, ella debe ser superior a la de los delincuentes.

Atentamente le saluda.

Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política

DESAPARECIERON LOS GASFÍTERES

Y el agua contaminada corre y corre.

        Esa es la impresión  que causa el poder judicial chileno, prácticamente prostituido por jueces y fiscales que persiguen sin descanso a ex miembros de las fuerzas armadas, en especial la segunda sala de la Corte Suprema, valorada y destacada por uno de los jueces más rufianes, Mario Carroza, quien es el encargado de coordinar todas las causas por DD.HH. en la que estarían comprometidos exfuncionarios. Toribio recurre a esta analogía, ya que no hay día en que desde los diversos jueces y cortes que sustancian dichos procesos judiciales escurran en forma ininterrumpida resoluciones en una lucha desenfrenada, competiendo en la cantidad de años de presidio que reparten a diestra y siniestra por hechos acaecidos hace medio siglo, afectando a jóvenes en esos años iniciando su carrera y que actuaban en cumplimiento de órdenes. Sin embargo, ya fallecidos los mandos superiores sufren el escarnio despiadado de quienes dicen ejercer la justicia, pues buscan con ello no solo la venganza sino mejorar sus expectativas para favorecer sus carreras profesionales. Alcanzar la Corte Suprema, jubilar a los 75 años, con una remuneración que bordea los $14 millones, más auto fiscal y otros beneficios, es un muy buen incentivo. El fin justifica los medios parece ser la guía de estos pseudos servidores de la justicia, sin importar la podredumbre y el hedor que rodean much0s procesos.

            A los casos recientemente referidos por esta pluma, donde la causa del teniente Cheyre y la conocida como el “de los quemados” –ambos instruidos por Mario Carroza– constituyen la mejor prueba a que nivel de pudrimiento ha llegado la imposición de una pseuda justicia, que ha dado lugar a un nuevo emprendimiento, sustentados por abogados que al parecer se coluden con jueces. Trecientos y cuatrocientos millones de pesos ─según confesara a Toribio un inculpado después de haber sido sobreseído en un proceso anterior por la misma causa─ que los querellantes de Carmen Gloria Quintana y de Rodrigo Rojas de Negri  le habrían solicitado para retirar las querellas.

           En los próximos días la Corte Suprema de Justicia resolverá el pedido de extradición solicitado por la justicia de Italia y que ya cuenta con la bendición de la ministra Ángela Vivanco, en contra del teniente de aquella época Manuel Vásquez Chahuán, quien ha sido procesado y condenado a presidio perpetuo en el país requirente, causa realizada en forma oscura, sesgada y secreta sin la presencia del presunto inculpado, pues jamás fue notificado o invitado a fijar domicilio en Italia o nombrar letrado allá en su representación; en síntesis, como lo afirma  su abogado defensor “en el proceso en Italia no fue oído por decisión caprichosa, hostil o desidiosa del Estado Italiano, cuestión que se agravó con la imposibilidad absoluta de salida de chile desde Julio del 2010”, ya que existe arraigo nacional por otras circunstancias, como es la situación de cientos de exfuncionarios de las fuerzas armadas en retiro, víctima de la persecución odiosa de miembros del poder judicial.

            Se le condena por el homicidio de Roberto Venturelli Leonelli basado solo en hipótesis, sin haberse declarado judicialmente la muerte presunta ni mucho menos haberse acreditado que el teniente Vásquez haya cometido dicho delito. Por el contrario, ha quedado meridianamente claro documentalmente, que mientras el ciudadano italiano permaneció detenido en Chile entre el 12 de septiembre y el 20 de octubre de 1973, el teniente Vásquez era partícipe de una operación militar en el Complejo Maderero de Panguipulli en busca del terrorista Gregorio José Liendo, conocido como el comandante Pepe, quien fuera detenido días después y entregado en el retén de Liñique, más tarde sometido a Consejo de Guerra y fusilado en Valdivia en octubre de 1973, Consejo que la actual justicia desconoció y tiene procesado a los militares vinculados que aún están con vida. Durante la citada operación militar, el teniente Vásquez enfermó gravemente de tifoidea y fue extraído en helicóptero el 24 de septiembre y trasladado a Temuco, permaneciendo hospitalizado y posteriormente con reposo absoluto en domicilio hasta el 21 de octubre. Todos estos hechos constan en su hoja de vida, siendo acreedor de una anotación de mérito  de la cual hay constancia en el mismo documento. Cabe señalar por otra parte, que al teniente Vásquez la justicia italiana lo identifica como un agente de inteligencia secreto del Ejército, como autor penalmente responsable del delito de homicidio voluntario pluri-agravado  cometido en Chile  el 16 de septiembre  de 1973 en contra del ciudadano italiano Omar Roberto Venturelli Leonelli, lo que es absolutamente falso dado los antecedentes ya citados; por lo que resulta absurda la resolución de la ministra Vivanco de negar la solicitud de extradición estando pendiente la causa por la desaparición del ciudadano italiano.

            Todo parece indicar que doña Ángela Vivanco de algún modo quiere corregir su caída como vocera, cuando tanto el presidente Boric como el ministro de Justicia le dijeron que los jueces hablan con los fallos y no por declaraciones. Esperamos que prime la cordura algún día en el máximo tribunal.

            Volviendo al tema que nos preocupa, Pepe Grillo anda rondando y algo me dice al oído, trato de hacerme el tonto, pero debe ser un grillo vasco por lo porfiado. Le escucho:

         ─Mira Toribio. ¿Qué sacas tú, Humberto, Cristián, Christian y tantos otros en dar cuenta de la corruptela judicial? Todo indica que es en vano escribir y pregonar sobre el estiércol que abunda en dicho poder.  A diario, desde ellos escurren las aguas contaminadas y no hay gasfíteres que den solución al problema. Realmente los admiro por vuestra persistencia. Por una parte, los mandos institucionales jerarquizados, obedientes, no deliberantes están atados de mano y veo muy difícil que por lo menos expresen su preocupación por esta impúdica justicia. Y  por otra, está absolutamente acreditado que los políticos en general valen hongo, solo les interesa mantenerse en sus cargos, disfrutar de sus millonarias remuneraciones, cuantiosas prebendas y no meterse en zapatos de chinos, conscientes de la inmoralidad reinante en jueces y fiscales. Al mismo tiempo los chilenos ─que nos llenamos la boca de ser solidarios─ a nadie le interesa el futuro de nuestros camaradas de armas, son mal agradecidos y viven el país “del nunca jamás”. Me sumo al ejemplo de Hermógenes Pérez de Arce al citar el caso del Capitán Dreyfuss, (siglo XIX), en que toda la sociedad francesa protestó en forma airada ante la injusticia de que fuera víctima, hasta que se logró su restablecimiento; con una gran diferencia, Punta Peuco, Colina 1 y otros recintos albergan a decenas de Dreyfuss, pero en Francia en esos años, existía una reserva moral, aquí al parecer queda muy poco o no hay.

─Pepe Grillo, tú lo ves muy sencillo, pero ¿cuál es la solución?

─Te lo he insinuado varias veces, pero no hay mayor sordo que el que no quiere escuchar. ¿Te lo digo en Power Point o con peras y manzanas? Hay que remover las conciencias, a menos que seamos cómplices  de que los veteranos del 73 mueran en los recintos penales o se suiciden, ante la carencia de juicios justos y no basados en la venganza.

─ ¿Y cómo remover las conciencias de los chilenos?

─Mira, yo sé que tú no estás de acuerdo, pero, en estos momentos en que cada día el nivel de violencia nos asemeja a un país bananero, hay dos alternativas: Recurrir al sicariato, así de simple, haciendo uso de la experiencia extranjera y candidatos de pasar al más allá sobran; o bien, que los afectados en vez de agotar sus días en esperanzas vagas u optar por el suicidio como varios lo han hecho, antes de morir en los recintos penales dada su avanzada edad y precaria salud sin gozar de los beneficios legales establecidos, que ante la falta de apoyo y las circunstancias reinantes opongan resistencia armada en el momento de su detención con los costos que ello traería consigo. Morir con las botas puestas

─Sabes, Pepe Grillo. Te fuisteis al chancho. Te recomiendo unas vacaciones.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)