LA MONEDA, LA CASA REPUBLICANA.

Por Christian Slater E.

diciembre 18, 2025

La Moneda, la casa del Presidente y el sentido republicano del poder.

“En tiempos de desgaste institucional, este gesto lo instala no como un gobernante distante, sino como un verdadero símbolo republicano, sobrio, presente y consciente de la dignidad del Estado que le corresponde conducir”.

La decisión del presidente electo José Antonio Kast de manifestar su intención de vivir en el Palacio de La Moneda no es una anécdota ni un gesto efectista. Es una señal política clara, coherente con lo que ha anunciado desde el inicio: austeridad, dedicación absoluta al cargo y respeto por las instituciones del Estado. En tiempos de estrechez fiscal y de profundo descrédito de la política, optar por no arrendar residencias especiales ni generar gastos adicionales es una forma concreta de alinear discurso y acción.

Conviene recordar que La Moneda sí fue residencia presidencial durante buena parte de la historia republicana de Chile. Presidentes como Arturo Alessandri Palma, Pedro Aguirre Cerda y Gabriel González Videla vivieron allí. Sin embargo, el último presidente que habitó el Palacio de La Moneda como residencia fue Carlos Ibáñez del Campo, durante su segundo mandato, entre 1952 y 1958. Tras él, al asumir en 1958, Jorge Alessandri Rodríguez fue el primer presidente que decidió no vivir en La Moneda, transformando el Palacio exclusivamente en sede administrativa y dando inicio a una costumbre que se prolongó por más de seis décadas.

El antecedente de Carlos Ibáñez del Campo no es menor y resulta especialmente ilustrativo. Ibáñez llegó al poder en un contexto de desgaste del sistema político, luego de un largo ciclo radical encabezado por Gabriel González Videla, cuyo gobierno estuvo marcado por inflación, déficit fiscal, fragmentación política y una creciente sensación de desorden y pérdida de autoridad. La ciudadanía buscaba conducción, sobriedad y decisiones claras, más que relatos ideológicos.

Ibáñez no era un hombre de partido. Provenía del Ejército de Chile, donde alcanzó el grado de General de División, y siempre se definió como un gobernante independiente, antipartidos y pragmático, convencido de que sin autoridad el Estado se debilita. En muchas fotografías aparece vestido de militar por esa razón. En otras, se le ve con uniforme de Carabineros, lo que tiene una explicación precisa: en 1927 fue el principal impulsor de la creación de Carabineros de Chile y fue nombrado Director General de la institución, cargo que ejerció formalmente. En esa época, el uniforme no era una puesta en escena, sino la expresión directa de la función que se desempeñaba. Para Ibáñez, la autoridad se ejercía desde la institución, no desde el gesto.

Su decisión de vivir en La Moneda respondía a esa misma lógica. No era un privilegio ni una comodidad, sino la consecuencia natural de entender la presidencia como un servicio permanente al Estado, con presencia, sobriedad y responsabilidad directa. La Moneda no era una casa familiar, sino el lugar donde se gobernaba y, cuando era necesario, también se descansaba.

En ese marco histórico adquiere pleno sentido la decisión de José Antonio Kast. No se trata de nostalgia ni de una puesta en escena, sino de una decisión prudente, adecuada y consistente, coherente con lo que ha anunciado para su gobierno. Al optar por vivir en La Moneda, utilizar una habitación austera ya existente, reducir traslados, simplificar la seguridad y evitar gastos innecesarios, Kast retoma una práctica histórica con criterio moderno, alineando forma y fondo. Es una señal clara de compromiso absoluto con el cargo, de respeto por la República y de comprensión profunda de que los símbolos importan. En tiempos de desgaste institucional, este gesto lo instala no como un gobernante distante, sino como un verdadero símbolo republicano, sobrio, presente y consciente de la dignidad del Estado que le corresponde conducir.

Para muchos terminó una pesadilla y comienza el esfuerzo por el “deber ser”.

*La Ambigüedad Oscurece… La Claridad Ilumina*

Por Cristián Labbé Galilea

Todo salió como estaba esperado, el triunfo fue contundente. El candidato -nuestro candidato- que representó las ideas de la Sociedad Libre (orden, seguridad, justicia, propiedad, desarrollo y bienestar social) se impuso en todas las regiones. La comunista, representante de un gobierno cuyo principal legado será el haber transgredido todos los valores republicanos, sufrió una estrepitosa derrota, con lo cual se abrieron para el país y su futuro… ¡grandes esperanzas!

“Grandes Esperanzas” … que nos traen a la memoria la novela homónima del novelista inglés Charles Dickens, donde él nos recuerda que “el crecimiento real” se produce cuando una sociedad aprende a reconocer los verdaderos valores por sobre las ambiciones personales, remarcándonos también en sus páginas que “todo desarrollo individual o colectivo” toma tiempo, sacrificio, coherencia y coraje. En buen chileno diríamos… “paciencia, que a su tiempo maduran las brevas”.

Recalcar lo anterior en estos días es importante, porque pareciera que las expectativas “se fueron a las nubes…”. No faltan los ansiosos pretendiendo que se muestren “todas las cartas” con las que se va a jugar el futuro gobierno, lo que puede resultar comprensible… porque las esperanzas son necesarias -empujan y orientan- pero, cuando se convierten en obsesión, suelen nublar el juicio y crear desilusión.

Mis experimentados (por no decir añosos) contertulios saben perfectamente que, en política, la vida no se revela de golpe; todo se toma su tiempo, y hay que saber darle tiempo al tiempo, lo que en ningún caso significa renuncia o desazón, sino más bien… confianza.

Dicho lo anterior, esta optimista y realista pluma siente que es su deber levantar una pequeña advertencia, en cuanto a que las nuevas autoridades no pueden confundir la prudencia -tiempo al tiempo- con la necesidad de darle “ahora”, a los electores y al país entero, “señales claras” sobre la línea que el nuevo gobierno tendrá con aquellos problemas que afectan a la realidad nacional, y para cuya solución fueron elegidos.

A un gobierno elegido específicamente para hacer frente a una situación nacional crítica, y que se ha definido como “de emergencia”, le es prioritario dar “señales claras” en materias como: seguridad, narcoterrorismo, migración ilegal, corrupción judicial, DDHH y otros etcéteras… El país está cansado de ambigüedades, por eso quiere, en buen chileno… ¡las cosas claras y el chocolate espeso! pero siempre cuidando un ambiente de concordia republicana.

Por lo tanto, si el diagnostico no ha cambiado, tampoco pueden variar las señales que den las futuras autoridades, porque ello invariablemente terminará por minar las confianzas con sus electores.

En definitiva, cuando en política los mensajes son ambiguos se instala la incertidumbre, se debilita la credibilidad abriendo paso a la especulación y la polarización.

Dar señales claras no implica rigidez ni radicalización, sino honestidad, coherencia y consecuencia. La ambigüedad actúa como una niebla que confunde, diluye intenciones y siembra dudas, mientras que las señales claras funcionan como un faro que orienta, revela y construye confianza… En suma: ¡La ambigüedad oscurece… La claridad ilumina!

Comentarios muy interesantes:

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A REcuperar Chile

Por José Tomás Hargous Fuentes 

Tras más de ocho años de espera y trabajo, José Antonio Kast es el Presidente de Chile. Con orgullo puedo decir que me cuento entre quienes lo apoyamos desde que anunció su renuncia a la UDI en 2016 con el objetivo de iniciar una campaña presidencial. En ese entonces, muy pocos miles de chilenos acudieron al llamado de Kast, mientras que la mayoría del electorado de derecha seguía anclada en las lógicas a las que nos acostumbró Chile Vamos, de esconder las propias convicciones y claudicar de ellas con temor a que la izquierda los califique de fascistas y les bloquee cualquier intento de hacer bien al país.

Hace más de ocho años, José Antonio se rebeló contra esa lógica entreguista, y comenzó por sentar como base algo que hoy parece pequeño, pero que en ese entonces era un gran salto: que “Para Volver a Creer”, había que hablar con “La Pura Verdad”. En aquella elección, Kast convocó a más de medio millón de votantes, lo que equivalía al 8% de los votos. No se cumplía la meta de pasar a la segunda vuelta, pero se sembraban las semillas que este domingo terminaron por dar fruto. Cuatro años después, con esa base ya establecida, nos invitó a “Atr[e]ver[nos]” y sumarnos a un proyecto convocante y de mayoría, en torno al Frente Social Cristiano. Pasaría como primera mayoría a segunda vuelta –quedando la centroderecha en un paupérrimo cuarto lugar– y en el balotaje alcanzaría una de las más altas votaciones de la historia republicana, pero fue insuficiente para derrotar a Gabriel Boric.

Entre medio de ambas elecciones, no dejaría de recorrer Chile, conociendo los dolores de las personas, para dar forma al programa de gobierno que este domingo derrotó aplastantemente a la candidata del comunismo. También, tendría una primera aunque fallida experiencia en lo público –el segundo (tercer) proceso constitucional–, donde se tomó nota y los aprendizajes se notaron en esta elección, con Kast maduro, con carácter más presidencial, pero que recordaba al tranquilo diputado que en 2017 iniciaba su primera aventura presidencial. Entre medio, sería el único en rechazar la extorsión del 15 de noviembre de 2019, y comenzaría, desde entonces, a liderar el rechazo al proyecto refundacional de la izquierda, que sería derrotado por casi ocho millones de chilenos en septiembre de 2022, hito que todo parece indicar que se convertirá en el clivaje de los próximos años.

Este año, Kast volvió a convocar a “La Fuerza del Cambio”, frente a los agoreros que decían que ya había pasado su hora y que debía dar un paso al costado. Si bien quedaría segundo en la primera vuelta, los apoyos de Chile Vamos y el Partido Nacional Libertario hacían inapelable el triunfo en segunda vuelta frente a Jeannette Jara. Y así fue. De paso, rompió varios récords que son dignos de destacar. No sólo es el Presidente más votado de la historia de Chile en números absolutos y ganó en todas las regiones del país, sino que también logró unir a prácticamente todos los casi ocho millones de chilenos que dijeron Rechazo al “mamarracho”, empujado por el actual Gobierno como el marco constitucional que le permitiría dar cumplimiento a su programa y que, en consecuencia, representaba de cuerpo entero su visión de país. También, podemos decir sin exagerar que es el Presidente de derecha con mejor votación no sólo desde 1989, sino que de la historia con elecciones presidenciales directas con excepción de los Presidentes del período parlamentario.

La unidad en torno a José Antonio Kast no sólo puede decirse en términos numéricos de sufragios; con una diferencia de alrededor de seiscientos mil votos entre el plebiscito de 2022 y el ballotage, en ambos se encantó a alrededor del 60% del país. Pero también unió a las fuerzas del Rechazo en función de los apoyos de partidos y líderes, desde el ex Presidente Frei y dirigentes del Partido Radical hasta Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario, pasando por los partidos de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas. Como decíamos en nuestra última columna, el hoy Presidente Kast fue capaz de dar unidad no sólo a la derecha, sino que al país.

En unos pocos meses, el Presidente Kast se encontrará con un Congreso que, rozando la mayoría, le permitirá –haciendo las negociaciones correspondientes–, impulsar los cambios que el país necesita para REconstruir nuestras instituciones y REcuperar Chile. No lo tendrá fácil, porque el octubrismo sigue despierto y buscará –como ya lo ha hecho estos días– causar estragos al Gobierno de Emergencia y unidad nacional que encabezará Kast. Este no fue el punto de llegada, sino que una nueva parada en una carrera que lleva ocho años de trabajo, para devolver a Chile a la senda del progreso integral. Manos a la obra.

Manos a la Obra

Por Juan Pablo Zúñiga Hertz 

Además de la alegría por Chile tras el triunfo de José Antonio Kast, creo que la palabra que mejor describe el sentir de muchos es alivio. Alivio de que por fin termina este ciclo histórico de caída libre. Siendo así, ahora hay que ponerse manos a la obra.

No va a ser fácil. Reconstruir moral, espiritual y materialmente al país nos llama a todos. En su trabajo, en sus estudios, en sus escritos, en sus conversas, en el educar a sus hijos, en todo ámbito se necesitarán manos. ¡Y esas manos están disponibles! Después de años de desidia, de alimentar la flojera, el desprecio a la cultura, al trabajo, a la fe y a lo más propio nuestro que es el deseo de vivir en paz, ahora podemos retomar el camino.

Desde esta mañana en adelante, todos estamos llamados. Hoy más de 7 millones de chilenos tomamos en nuestras manos la espada de Némesis para castigar la arrogancia de las izquierdas nacionales. Tomamos en nuestras manos el simple lápiz para marcar el voto que se transformó en un bisturí con el cual comenzar a extirpar el cáncer que nos aqueja. Y la cirugía ha comenzado.

Orden en la casa y mano dura es lo primero en este gobierno de emergencia que viene a rescatar a Chile, a tenderle una mano antes de caer por el despeñadero al cual desde la Sra. Bachelet en adelante nos empujaron con total irresponsabilidad. Por ello, me atrevo a decir que, en la tarea de poner orden, no solamente se necesitará una mano durísima contra el terrorismo, el narcotráfico y la inmigración ilegal, sino también comenzar a buscar a todos y cada uno de los responsables del 18 de octubre de 2019, a cada uno de los que se beneficiaron directa o indirectamente de la destrucción de Chile, a cada persona que fue contratada irregularmente por el Estado, a cada uno que robó a las arcas fiscales, etc. Ninguno de ellos puede quedar impune. Aquí se les acabó la fiesta. Dejar los cargos no basta, todos ellos deberán pagar con las penas que determine la justicia. Y la información e inteligencia al respecto de cada uno de ellos está disponible.

Hoy empieza un nuevo comienzo para Chile. No importa cuántas veces las izquierdas, el comunismo, el progresismo o quienquiera que sea destruyan nuestro país, tengamos siempre la tranquilidad que se van a encontrar con un pueblo tozudo y cabeza dura como nosotros, dispuestos a recoger las piezas rotas y rearmar de nuevo nuestra copia feliz del edén.

Post

Enrique Slater @slater_enrique

El gobierno en su afán de venganza y búsqueda de rédito político, aplica una nueva y humillante medida, contra ex uniformados presos en P.P. Muchos de ellos inocentes. El PC y sus representantes en el Ejecutivo, han instrumentalizado su odiosidad .

Trasladan a dos condenados por delitos sexuales a Punta Peuco

Al fin algo de Justicia contra nuestros Carabineros que actuaron conforme a la ley en el Estallido Delictual:

EN ARGENTINA:

Por Cristián Labbé Galilea

Vivimos momentos decisivos. Estamos a pocas horas de definir lo que queremos para nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. El triunfo de las ideas de la libertad pareciera estar a la vuelta de la esquina, todo así lo indica, pero en estas horas cruciales hay un “peligroso virus” que amenaza la victoria… Esa toxina se llama “confianza”, la hemos padecido varias veces en nuestra vida republicana, y sabemos que sus efectos son letales. Cada vez que hemos tenido confianza, hemos abierto la puerta a la derrota.

El camino para llegar a estos momentos no ha sido nada fácil; el gobierno y la izquierda “han jugado todas sus fichas” pero, a pesar de ello, de las maniobras perversas que han realizado, de todos los obstáculos que han puesto al triunfo de la libertad, el orden y el progreso, sus esfuerzos les han resultado inútiles.

Nuestras ideas han avanzado con paso firme y seguro; y si vamos “ganando la partida”, no es por casualidad, sino porque hemos sabido superar nuestras diferencias; hemos mantenido la disciplina y, por sobre todo, porque hemos sido consecuentes.

Nuestro candidato representa a quienes defendemos la libertad: la libertad de pensar, de crear, de construir un futuro donde cada persona pueda forjar su destino sin miedo y sin cadenas que lo aten a ideas foráneas. Sabemos que la libertad no es un regalo: es una responsabilidad, una conquista y por eso la hemos defendido con fuerza y convicción.

Nuestra opción encarna la firme decisión de restablecer y proteger el orden, la seguridad y la paz social… Estos valores intrínsecos son la base que nos permitirá restablecer la justicia verdadera y la institucionalidad republicana, porque donde gobierna el orden hay justicia, y donde hay justicia hay seguridad.

Nuestro éxito será volver a impulsar el progreso que nos permita llevar bienestar social a los sectores más vulnerables; será asegurar las condiciones y la estabilidad, esenciales para que el mundo privado y del emprendimiento impulse un crecimiento económico que nos saque de esta amarga crisis, que nos permita invertir en salud, educación, vivienda… para que las futuras generaciones se atrevan a mirar más lejos.

Así las cosas, al comprobar que la campaña realizada por nuestro candidato empieza a mostrar sus frutos, esta optimista pluma se permite recordar a sus responsables contertulios que, para ganar, hay que redoblar el esfuerzo, especialmente ahora… en “la última milla”.

La victoria nos exige visión, unidad, coraje y responsabilidad porque, cuando se está cerca de lograr lo que otros creían inalcanzable, es cuando más fuerte soplan los vientos en contra.

Estamos convencidos, por último, que cada paso nuestro, en estas horas claves, requiere un llamado a no confiarse. Es ahora cuando hay que despertar a los que creen en el triunfo fácil… porque: “la ventaja no garantiza la victoria”. Si el “virus de la confianza” corroe el ímpetu por el triunfo… “su antídoto”, debe ser: ¡la pasión por tiempos mejores!

LA COMUNISTA JEANNETTE JARA CALIFICA DE “GOLPISTA” A CORINA MACHADO.

_”Al diablo siempre le ha sido difícil esconder la cola cuando se pone sotana”._

En Chile, este tema no pasó inadvertido. Durante el último debate presidencial, la candidata comunista Jeannette Jara calificó a Machado como “golpista”, un gesto que no solo le significó un costo político inmediato, sino que además generó rechazo transversal en el país y críticas desde el extranjero. La respuesta llegó incluso desde Oslo, donde Magdalena Piñera, hija del expresidente chileno, cuestionó públicamente las palabras de Jara: “¿Alguien cree que le estarían dando el Nobel de la Paz a María Corina Machado si fuese una mujer golpista?”.

Opinion
Situación política y estratégica que hunde a Maduro y salpica a Sudamérica
Hoy, el despliegue estadounidense frente a las costas venezolanas supera por lejos cualquier operativo antidrogas.

Por Christian Slater E., coronel (R) de Ejército.

Los últimos acontecimientos en Venezuela no pueden analizarse como hechos aislados ni como simples gestos de presión diplomática. Lo que presenciamos es un rediseño geopolítico de mayor escala: el retorno de Estados Unidos a Sudamérica como actor militar decisivo, justo cuando Washington expresa una creciente frustración con Europa y con la OTAN por su incapacidad de asumir sus propias responsabilidades estratégicas. Mientras el frente euroasiático se tensiona por la debilidad europea, en el Caribe emerge un escenario donde Estados Unidos sí está dispuesto a actuar con determinación.

La reciente designación del régimen de Maduro y del llamado Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO) marca un punto de ruptura. Esta categoría no es simbólica: otorga a Washington facultades legales para realizar operaciones ofensivas, interdicciones marítimas, confiscaciones de activos, detenciones extraterritoriales y ataques selectivos contra infraestructura crítica del régimen. Y ya comenzó a aplicarse. La incautación de un petrolero sancionado frente a las costas venezolanas, realizada por fuerzas estadounidenses, demuestra que la fase operacional ya está en marcha.

A este cuadro se suma la carta de Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar venezolano hoy preso en Estados Unidos, quien —tras declararse culpable de conspiración por narcoterrorismo— detalló cómo el régimen articuló durante años una red integrada con las FARC, el ELN, Hezbollah y la inteligencia cubana, usando el narcotráfico, las bandas criminales y el espionaje como armas contra Estados Unidos. Carvajal no busca indulgencias menores: asumió delitos gravísimos que le significan décadas de prisión. Su objetivo es derribar el régimen que ayudó a construir, aportando pruebas internas que confirman la naturaleza narcoterrorista y transnacional del aparato chavista.

Washington lo entendió. Y actuó.

Hoy, el despliegue estadounidense frente a las costas venezolanas supera por lejos cualquier operativo antidrogas. Según advirtió James Stavridis, excomandante supremo de la OTAN, cuando un presidente de EE.UU. declara “cerrado” el espacio aéreo de un país, no está enviando una señal diplomática: está preparando una operación militar. Más de una docena de buques, miles de marines, aviones de supresión electrónica y el portaaviones más avanzado del mundo no son una presencia simbólica. Son la configuración clásica de una fuerza de coerción estratégica con capacidad de abrir una transición forzada.

Mientras Europa recibe críticas de Washington por su crónica dependencia militar, Sudamérica vuelve al tablero mayor por razones mucho más concretas: la amenaza en el Caribe afecta directamente la seguridad del hemisferio. Y Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en el frente europeo, no delega, no duda y no espera.

En este contexto, la marcha mundial del 6 de diciembre convocada por María Corina Machado —y realizada en más de 120 países, incluido Chile— se transformó en un símbolo de legitimidad democrática. Fue su hija quien tuvo que recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, porque la propia Machado solo logró llegar horas después de la ceremonia. Ese hecho no solo humanizó la causa venezolana, sino que dejó sin piso cualquier intento por relativizar su liderazgo.

En Chile, este tema no pasó inadvertido. Durante el último debate presidencial, la candidata comunista Jeannette Jara calificó a Machado como “golpista”, un gesto que no solo le significó un costo político inmediato, sino que además generó rechazo transversal en el país y críticas desde el extranjero. La respuesta llegó incluso desde Oslo, donde Magdalena Piñera, hija del expresidente chileno, cuestionó públicamente las palabras de Jara: “¿Alguien cree que le estarían dando el Nobel de la Paz a María Corina Machado si fuese una mujer golpista?”.

El golpe final vino del propio presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, quien pronunció uno de los discursos más duros de los últimos años, exigiendo respeto a la voluntad democrática del pueblo venezolano y cuestionando abiertamente la falta de legitimidad del régimen de Maduro. Difícil pensar en una desautorización más contundente para quienes, en Chile, todavía intentan justificar lo injustificable.

Todo esto configura un hecho mayor: Sudamérica vuelve a importar para Estados Unidos, no por romanticismo democrático, sino porque el régimen venezolano cruzó el umbral que separa la criminalidad común del terrorismo internacional. Y cuando eso ocurre en el hemisferio occidental, Washington no actúa con la lentitud que critica en Europa; actúa con la urgencia que exige su propia seguridad nacional.

El desenlace está abierto. Maduro tiene una salida política, estrecha pero real. Si no la toma, la pregunta dejará de ser “si” habrá un quiebre, para transformarse en “cuándo” y “qué tan profundo”.

CONOZCA LA VERDAD ANTES DE VOTAR:

Cómo el odio y la venganza viola los Derechos Humanos de los Militares Prisioneros Políticos:

PPHOY INFORMA

COMUNICADO A LA PRENSA

Se informa a los medios de comunicación que, con fecha 5 de diciembre de 2025, distintas resoluciones judiciales fueron dictadas respecto de la situación del penal de Til Til (ex Punta Peuco), todas las cuales deberán ser cumplidas íntegramente por Gendarmería de Chile.

“Tribunales ordenan paralizar intervenciones en el penal”

El Juzgado de Garantía de Colina resolvió acoger las presentaciones realizadas por Solange Robert de la Mahotiere y Jeannette Reyes Neira, quienes denunciaron intervenciones en los patios del penal, incluyendo la modificación de carpas y toldos, pese a existir una Orden de No Innovar decretada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El Juzgado ordenó:

el cumplimiento estricto de la Orden de No Innovar dictada en el Recurso de Protección Rol N° 17.428-2025,

la paralización inmediata de cualquier intervención que afecte carpas o toldos,

la rehabilitación de los espacios intervenidos,

y la mantención del estado actual del recinto mientras el recurso siga pendiente.

El tribunal reiteró que dicha Orden de No Innovar, interpuesta por la abogada Carla Fernández, incluye expresamente el capítulo relativo a toldos y carpas.

“Corte Suprema fija plazo de 72 horas a Gendarmería”

Ese mismo día, la Corte Suprema, en el Amparo Rol N° 13.479-2022, instruyó a Gendarmería:

informar en 72 horas sobre el estado de las condiciones eléctricas del penal de Til Til, considerando el riesgo que éstas representan, incluida la posibilidad de incendio.

El informe deberá ser entregado dentro del plazo establecido por el máximo tribunal.

“Reconocimiento al rol de la abogada Carla Fernández”

Se deja constancia del reconocimiento a la labor de la abogada Carla Fernández, cuyas acciones judiciales permitieron:

la dictación de la Orden de No Innovar,

la intervención de la Corte de Apelaciones,

y la revisión de la Corte Suprema respecto de las condiciones del penal.

Su gestión ha sido fundamental para la protección jurídica de los internos afectados.

Cumplimiento de las resoluciones

De acuerdo con lo resuelto por los tribunales:

Se espera el cumplimiento inmediato de todas las órdenes judiciales,

Se observará el respeto estricto a la Orden de No Innovar,

Se estará atento al informe que Gendarmería debe remitir en el plazo señalado,

y se verificará el adecuado resguardo de la seguridad y dignidad de los internos.

FARO

¿Unos “Derechos Humanos” de Autor?

Por Max Silva Abbott 

Constituye un lugar común hablar hoy de la “universalidad” de los derechos humanos, en el sentido que ellos le son atribuidos a todos los miembros de la familia humana, por el solo hecho de pertenecer a la especie homo sapiens.

Sin embargo, y pese a que para vastos sectores la noción de “derechos humanos” alude a una realidad objetiva y hasta incuestionable, en la actualidad existe tal debate, confusión y manipulación a su respecto, que prácticamente cualquier cosa puede –y muchas veces ha sido– defendida como un “derecho humano” por alguno de los muchos sectores que se dedican a su promoción. De ahí que aunque esto pueda extrañar o incluso escandalizar a algunos, si hoy existe una materia debatida y en la cual casi no queda nada en común, es aquí.

De hecho, y sin ir más lejos, una de las múltiples pruebas de lo antes dicho se encuentra en la cuestión de quiénes son los titulares de estos derechos. Lo anterior está ocurriendo, pues existen varios sectores para los cuales la violación de los derechos humanos no depende tanto de los comportamientos realizados, sino de quién sea el autor y/o la víctima de los mismos.

Por tanto, no se trata de unos derechos humanos que incentivan o condenan tales o cuales conductas en sí mismas, sino que dependen para su existencia de quiénes serían sus víctimas o sus victimarios, según el caso. Y sobre todo, existiría violación –o no– de estos derechos dependiendo de quién sea el autor de tales conductas.

De esta forma, los atentados contra la integridad física o la propiedad, incluso siendo exactamente los mismos, pueden o no ser tildados de violatorios de derechos humanos en atención a quién los lleva a cabo. Ejemplos muy claros de lo anterior se encuentran en el llamado “estallido social” que afectó a Chile en octubre del 2019 (para muchos, en realidad, un golpe de Estado no convencional), pues las lesiones que recibían unos y otros participantes, incluso siendo iguales, no eran consideradas de la misma manera. En este caso, únicamente eran estimadas violatorias de los derechos humanos las perpetradas por los agentes del Estado, no por los manifestantes.

Otro ejemplo muy claro se percibe respecto de la delincuencia, que cada vez azota más a los países de la región. Aquí, incluso los asesinatos no son considerados violatorios de los derechos humanos por diversos sectores, pues estiman que los autores de estos lamentables hechos son víctimas del sistema. En cambio, casi cualquier tipo de represión que ejerza la fuerza pública sobre ellos es tenida como un grave atentado contra estos derechos.

Se insiste que muchas veces se trata de las mismas conductas y víctimas; sin embargo, sólo en algunos de ellos se alega violación de estos derechos y se actúa en consecuencia, con sanciones muy duras. Mas, ¿es esto justo?; y ¿por qué en un caso sí y en el otro no?

Por tanto, forzoso es concluir que para estos sectores, los derechos humanos han dejado de ser universales y se aplican –o se quitan– a quien se estima pertinente por razones políticas e ideológicas, con lo cual se produce una manipulación inaceptable a su respecto.

Así entonces, todo parece depender del cristal con que se mire. Por eso se asiste de manera creciente a unos “derechos humanos” de autor y no de hechos, como debiera ser. Ello explica que existan cada vez más “grupos sospechosos” de violar estos derechos por el solo hecho de existir, lo cual se acerca peligrosamente a prácticas dignas de un Estado totalitario.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho, profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián y miembro del Capítulo Concepción de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile.

Y EN ARGENTINA MUY SIMILAR A NUESTRO PAÍS:

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Escribe: Hermógenes Pérez de Arce

No somos un país, somos un chiste. El debate público es lamentable. Estamos gobernados por un subnormal. Su última medida anunciada es procurar impedir el indulto de personas ilegalmente presas por un delito que no pudieron cometer. Esto no lo sabe la gran mayoría, porque los medios no lo informan. Vivimos en un país engañado.

Acá las leyes no valen. No hay un solo caso de “secuestro permanente” acreditado. Eso lo inventó un sujeto que oficiaba de juez y cuando yo, hace diez años, lo confronté con la verdad y el derecho, en el programa El Informante de TVN, él confesó que no probaba los delitos, sino que los fingía (“es una ficción jurídica”, dijo.) Y confesó en cámara, ante millones de telespectadores: “Yo no estoy diciendo que la realidad sea ésa”. Textual. O sea, confesó mentir en sus fallos. Lo hacía para no tener que aplicar las leyes sobre prescripción, amnistía y cosa juzgada.

Todas las condenas en juicios de derechos humanos son ilegales. En ellos se viola reiterada e invariablemente la letra de la ley y se oculta la verdad de los hechos.

Acabo de ver un video en que una periodista le decía repetitivamente a Johannes Kaiser. “Krassnoff, Krassnoff”, y Kaiser le cortó la comunicación. Porque no quiso bajar al nivel de la mentira reiterada. A Krassnoff el juez Alejandro Solís lo condenó por sí solo a 600 años de presidio antes de siquiera interrogarlo ni conocerlo. Sobre la base de mentiras flagrantes e ilegalidades. Y nadie dijo nada. Después otros prevaricadores, también impunes, por supuesto, a lo largo de los años le añadieron otros 400 años de condenas. Pero Krassnoff nunca secuestró ni detuvo a nadie, salvo a la herida conviviente de Miguel Enríquez, Carmen Castillo, y para llevarla a una ambulancia. Todo eso cuando descubrió la guarida del principal asaltante de bancos, en 1974. Le dieron a Krassnoff la “medalla al valor” por eso.

Cuarenta años después, el juez Mario Carroza condenó a Krassnoff por el “asesinato” de Enríquez. Porque no les importa nada. Se saben impunes. Y por esa “meritoria actuación” el indescriptible y principal perseguidor de militares, Sebastián Piñera, propuso a Carroza para ministro de la Corte Suprema, cargo del que aún disfruta, completamente impune. Escandaloso, ilícito, vergonzoso. Chileno.

La mayoría de los chilenos repite necedades divulgadas por los comunistas. Si entendieran lo que leen podrían abrir el Código Penal en el acápite 3 del Títuo III, que dice: “Crímenes y simples delitos contra la libertad y seguridad cometidos por particulares”. Ese delito no podrían cometerlo los militares, que no son “particulares”. Y luego leería el art. 141 del mismo código que dice que el que “sin derecho encerrare o detuviere a otro sufrirá la pena de presidio o reclusión menores en cualesquiera de sus grados”.

Delito que no pueden cometer los militares y no se les aplica, pero en Chile sí se les condena por él. Aunque no hayan secuestrado a nadie. Y pueden pasar más de 30 años presos por eso, sin que exista el delito (no hay ni ha habido ningún secuestrado por ellos).

No existe el estado de derecho, es decir, la versión castellana de “rule of law”, lo que manda la ley. Aquí no manda la ley, mandan los subnormales, los incapaces y los acusadores que se quedan impunemente con miles de millones de pesos del fisco a lo largo de más de veinte años. Y el gobernante quiere impedir que se le ponga término a esta escandalosa y subnormal ilegalidad que sirve para robarle al fisco y en la cual ni siquiera Dorothy Pérez se atreve a meterse, aunque la Constitución le ordene hacerlo. Porque la imbecilidad puede más, porque no somos un país, somos apenas un chiste.

Por Cristián Labbé Galilea

En política, pocas emociones son tan corrosivas como la desesperación que produce la convicción de perder. Es el temor, a un resultado desfavorable o a la sensación que un “proyecto revolucionario” va al fracaso. Esa desesperación anticipada opera como “veneno silencioso”, abriendo espacios para que “el diablo meta la cola” y aparezcan conductas que intoxican la convivencia electoral.

Cuando una candidata, y el gobierno que representa, se convencen que la derrota es inminente y que la diferencia con el oponente es irremontable, comienzan a comportarse como si el fracaso ya hubiese ocurrido. Entonces sus estrategias pierden toda coherencia, convirtiéndose en una desesperada lucha por el poder.

Estas conductas tienen, además, efecto sobre un electorado que percibe “el olor de la derrota” antes de que las urnas se abran, produciéndole un efecto mágico: el elector decide apoyar aquella causa que cree que va a ganar. Así la derrota se vuelve profecía auto cumplida.

Pero, “ojo pestaña y ceja”, la desesperación frente a una derrota inminente abre camino a desviaciones peligrosas, que procuran “salvación improbable” mediante maniobras desesperadas e inescrupulosas como descalificaciones, falsedades sobre la regresión de beneficios ciudadanos o, lo que es más siniestro, la adopción de medidas destinadas a desfalcar al Estado o a ejercer venganza contra militares.

Es cierto que, desde la perspectiva de quien está mejor “aspectado”, no es conveniente “meter ruido” cuando el pan “está en la puerta del horno”. Pero, a riesgo de ser calificada de irreflexiva, a esta pluma le resulta imposible no denunciar que, a última hora, se están asignando millonarias indemnizaciones por causas de DDHH, mediante “acuerdos express”. Tampoco puede silenciar que en Punta Peuco, donde están prisioneros octogenarios soldados, ahora último se han dispuesto intervenciones estructurales al margen de la ley, con un manifiesto propósito de provocación al candidato y de humillación a los militares.

Sobre lo anterior, esta breve reflexión intenta eximirme por el atrevimiento de denunciar tan graves hechos y por solicitar a quien corresponda un pronunciamiento al respecto. ”En la vida existe la tendencia a confundir la prudencia con la conducta pusilánime“, no porque ambas se parezcan sino porque “el pusilánime” suele vestirse con la ropa de “la prudencia”. Dicho de otra forma, el pusilánime se refugia en el discurso de la prudencia para ocultar sus temores, porque así convierte su renuncia en virtud y su inacción en sabiduría.

Desde Aristóteles sabemos que la prudencia exige tanto discernimiento como acción. Según ”el estagirita”, el prudente no actúa impulsivamente, “pero actúa”; el pusilánime, en cambio, “espera el momento adecuado” … ese que siempre llega tarde.

Por último, para cerrar esta reflexión, todo indica que los principios de la Sociedad de la Libertad se impondrán en Diciembre, y que habrá “justicia para nuestros soldados prisioneros del pasado”.

Por lo tanto, seré prudente, mis labios y mi pluma se obligan a callar. Sin embargo… ¡mis silencios seguirán gritando!

Escándalo Nacional:

La metamorfosis

Por Rodrigo Ojeda 

La trama tras la pluma de Kafka mezcló la realidad con la fantasía. La vida de la familia Samsa despertó. El protagonista se transformó y provocó un cambio abrupto en las relaciones domésticas además de contradicciones familiares. La metamorfosis es “una transformación de algo en otra cosa” y va más allá de la literatura. En Chile, la candidata del continuismo, frenteamplismo, comunismo y octubrismo, ha recurrido a una metamorfosis electoral y mediática. Posa de socialdemócrata, pero no lo es. Dice ser de centroizquierda y no lo es. Jeannette Jara adscribe a una ideología totalitaria y posee una disciplinada militancia comunista. Su programa de gobierno “plantea un aumento del Estado y una gran expansión del gasto público, con una orientación ideológica en derechos sociales universales, redistribución y enfoque de género”. Jara se presenta “falsamente como una candidata moderada”, según Daniela Carrasco.

La segunda vuelta presidencial enfrenta dos visiones de ser humano y de mundo. El comunismo no es democrático y su legado histórico es criminal. No importa cuando lo leas. La academia progresista, local e internacional, ha recubierto con un manto de buenas intenciones y derechos sociales la eterna lucha de clases. Hoy, los enemigos del pueblo son los empresarios, el patriarcado, el fascismo y los poderosos de siempre. El catálogo de denuncias aumenta y la lucha es infinita acorde a la ley histórica del marxismo. Sospechosamente, el comunismo goza de “tolerancia e impunidad”, además de una amnesia histórica conveniente para la bolsa de empleo de académicos e intelectuales antifascistas. “Con el facho no se discute, se lo combate”. La candidata Jara ha señalado en estos días que Kast es un peligro para las mujeres recurriendo al manual del antagonismo y la odiosidad. Es el enemigo de las oprimidas y de las “conquistas sociales”. El feminismo de nicho despertó y marchó por las grandes alamedas denunciando los riesgos de la ola machista. Ese feminismo no ha marchado por las mujeres violentadas en las poblaciones ni las secuestradas por la narcocultura, su lucha no incluye a todas. Kast es descalificado moralmente, y presentado en el relato callejero como un peligro para la democracia, los derechos sociales y las mujeres. “Dime cómo defines al partido que aborreces y te diré por quién votas”, según Alejo Schapire. En rigor, la derecha no es fascista ni antidemocrática, tampoco lo es Kast.

La metamorfosis de la candidata es evidente, su “abajismo de ocasión es un insulto” y su desmarque del gobierno de turno es poco creíble. Tiene diagnósticos y recetas para todos los males de Chile, olvidando su labor ministerial. “La seguridad y el orden son condiciones básicas para la vida y la cultura”, según Lucy Oporto. Tal vez, Jara se siente más cómoda bailando que respondiendo en los debates. Declara su preocupación por los problemas en seguridad y orden, omitiendo su actuar y declaraciones durante el “estallido social”, además de las votaciones en esas temáticas de la bancada comunista en la legislatura reciente. Su receta estatal es añeja y fracasada.

Los peligros para la democracia y la sociedad libre son: la delincuencia, el narcotráfico y la narcocultura, el crimen organizado, el irrespeto de las normas y las leyes, el terrorismo, el estancamiento económico y la falta de oportunidades. El comunismo es un retroceso civilizatorio y un paréntesis sangriento en la historia de las libertades. Su implementación significó la deshumanización de millones de inocentes, no es una democracia distinta. La metamorfosis no es suficiente. El 14 de diciembre del presente se juega algo más que una segunda vuelta presidencial, hay que volver a rechazar las pulsiones refundacionales y a la candidata del comunismo. Es un deber democrático derrotarlos en las urnas.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Pingüino el domingo 30 de noviembre de 2025.

La desesperación porque van a perder las elecciones los lleva al delirio:

Organizaciones de DD.HH. alertan por eventual triunfo de José Antonio Kast en segunda vuelta « Diario y Radio Universidad Chile

Todos estas organizaciones solo transmiten odios y sus miembros viven del Estado.

Cero peso con Kast ojalá

Dios quiera, se pueda terminar con estos parásitos.
Viven del Estado o de organismos internacionales.

El negociado de los DD.HH.

El gran negocio de los DDHH, esquilmar al Estado, que no se defiende, solo paga; dicho de otra manera, pagamos todos los Chilenos:

Lo reconoce un abogado de DDHH:

No es lo mismo que la gente que apoya a Kast, que viven de su esfuerzo y trabajo.

Por Rodrigo Cooper Cortés.

Señor Director: Resulta incomprensible y profundamente inquietante que el gobierno haya iniciado los trabajos de transformación del penal de Punta Peuco…

Señor Director:

Resulta incomprensible y profundamente inquietante que el gobierno haya iniciado los trabajos de transformación del penal de Punta Peuco pese a la existencia de dos órdenes de no innovar emitidas por cortes de apelaciones y órdenes de paralización de faenas emitidas por la Municipalidad de Til Til. No estamos frente a un matiz jurídico menor: se trata de una desobediencia abierta a resoluciones judiciales vigentes, que debiera alarmar a cualquier demócrata, independientemente de su posición política.

En ese penal sobreviven alrededor de 140 personas de edad avanzada, con un promedio de 86 años, muchas de ellas aquejadas por enfermedades graves y degenerativas, incluso, desconectadas de la realidad. Es decir, un grupo vulnerable, cuya situación debiera ser tratada con criterios humanitarios y dentro del marco del Estado de Derecho. Sin embargo, la autoridad ha optado por avanzar en obras que podrían afectar directamente sus condiciones de vida, ignorando los límites que la justicia ha establecido.

La señal es gravísima: ¿desde cuándo un gobierno puede escoger qué resoluciones judiciales obedecer y cuáles pasar por alto? ¿Qué queda del equilibrio republicano si el Ejecutivo empieza a operar como si estuviera por encima de los tribunales? Hoy es Punta Peuco; mañana podrá ser cualquier otra materia a través de la cual el gobierno saliente trate de dejar algún tipo de legado, al menos reconocible por su sector.

1. Adolfo Paúl Latorre dice:

¿Desde cuándo un gobierno puede escoger qué resoluciones judiciales obedecer y cuáles pasar por alto?
Desde la época de la Unidad Popular, durante la cual un gobierno legítimo en su origen devino en ilegítimo durante su ejercicio, al convertirse en una tiranía que no respetaba el Estado de derecho; y el quiebre del Estado de derecho acarrea, inevitablemente, la violencia.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política

2. Enrique Slater Escanilla dice:

Era esperable que este gobierno, al final de su período y como un acto de apoyo a sus adherentes y candidata presidencial, buscara gravar aún más, la situación de vida de los uniformados condenados en Punta Peuco, transformándola en una cárcel común y ahora, disponiendo el inicio de los trabajos de transformación, existiendo órdenes de no innovar, por parte de la justicia.
Nuevamente, queda en evidencia la arbitrariedad del Ejecutivo, la ineficacia del Judicial y la debilidad del Estado de Derecho.
Es de esperar que esta vez, la justicia se imponga por sobre los fines políticos y partidistas del gobierno.
No puede ser, que en un país supuestamente democrático, ocurran estos hechos.

Max Colodro: “Jara va a salir muy dañada, con un resultado peor que el de Guillier”

“Gambito Frei”

Por José Tomás Hargous Fuentes

Hace 55 años, nos encontrábamos en una encrucijada similar a la actual.

Teníamos tres grandes proyectos de país –el reaccionario, el reformista y el revolucionario, que hoy serían el septiembrista, el noviembrista y el octubrista–, ninguno de los cuales alcanzó la mayoría absoluta.

Una de las opciones que se barajó en esa época para impedir la llegada “del comunismo” al poder, fue la unción en el Congreso Pleno, de acuerdo con la norma vigente en esa época, de Jorge Alessandri –segunda mayoría–, como Presidente de la República.Pero no lo haría para llegar a La Moneda, sino para renunciar inmediatamente y llamar a nuevas elecciones, en las que iría como candidato único de la derecha y la Decé Eduardo Frei Montalva, el Presidente en ejercicio. A esa jugada maestra se le denominó “Gambito Frei”, sin embargo, quedó en los anales de la musa Clío solamente como algo que pudo ser.

Cinco décadas después, hemos sido testigos de un nuevo y distinto “Gambito Frei” –debo reconocer que la analogía no es mía sino que fruto de conversaciones con amigos de este inusual hito político– protagonizado por la siguiente generación política: el ex Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se reunió con el candidato presidencial de la oposición, José Antonio Kast. Si bien no declaró explícitamente que lo apoyaba como candidato, así se interpretó –en sentido estricto, el comunicado del ex Mandatario dificulta concluir otra cosa–.

Si bien las críticas desde la izquierda al ingeniero civil no tardaron en llegar, su decisión abre un nuevo horizonte político para el país. Como en el plebiscito de 2022, cuando la centroizquierda cruzó el charco para unirse a la derecha en defensa de las instituciones políticas del país y, en última instancia, de su libertad como nación; el ex Presidente Frei ha tenido la valentía de romper los muros entre la Democracia Cristiana (DC) y la derecha, que sólo habían sido bajados cuando nuestro país estuvo en peligro de caer en un régimen totalitario.

Cuando nos enfrentamos nuevamente a la decisión entre comunismo y libertad, el ejemplo del ex Presidente Eduardo Frei debe inspirar a todos quienes, entre la centroizquierda y la centroderecha, aunque discrepen del proyecto político republicano, aman a su país y reconocen que con el comunismo no hay vuelta atrás.  Si bien la elección de José Antonio Kast en diciembre próximo está prácticamente ganada, cada voto cuenta, y gestos como los de Frei se agradecen. La Patria los necesita.

El gesto de Frei I

Por Daniel Mansuy Huerta 

Hasta hace pocas semanas, la izquierda alimentaba sus esperanzas repitiendo que la segunda vuelta sería una nueva elección. Así, esperaban que los resultados del 16 de noviembre abrieran un nuevo escenario, con Kaiser en segunda vuelta o la candidata oficialista en torno a 35 puntos. Sin embargo, sabemos que nada de eso ocurrió: Jeannette Jara no alcanzó el 27%; y, peor, los candidatos de derecha sumaron más de la mitad de los votos, mientras que la izquierda reunida no superó el umbral del 30%. Estos datos elementales permiten comprender que —en lo grueso— el cuadro quedó cristalizado hace dos semanas y que, salvo sorpresa mayúscula, los dados parecen echados.

El fenómeno es llamativo, y merece ser observado. Después de todo, el hecho macizo es que el gobierno que, en principio, sería profundamente transformador terminará entregando un país muy inclinado a la derecha. En su primer discurso presidencial, Gabriel Boric jugó a convertirse en el heredero de Salvador Allende, y prometió abrir —por fin— las grandes Alamedas, sin sospechar que le estaba abriendo el camino al Partido Republicano. La izquierda enfrenta una tarea intelectual de dimensiones colosales: explicar el error de diagnóstico que está en el origen del desajuste entre expectativas y realidad. Cualquier esfuerzo por minimizar o relativizar ese error solo contribuirá a alargar sus consecuencias.

Un lector atento podría objetar lo dicho hasta acá. Que no se entusiasme la derecha, pues no hay nada nuevo bajo el sol: estamos, una vez más, frente al eterno retorno del péndulo que va de un lado a otro, cada vez con mayor fuerza. La secuencia es clara: la elección del 2017 marcó un rechazo a la segunda administración de Michelle Bachelet, el voto de 2021 fue contra Sebastián Piñera, y el resultado de 2025, contra Gabriel Boric. Así las cosas, lo mejor que puede hacer la izquierda es sentarse a esperar que el nuevo gobierno fracase, para regresar en cuatro años más. De algún modo, si seguimos esta lógica, los gobiernos están condenados a decepcionar a los chilenos por motivos estructurales que no guardan relación con los agentes. La tesis es tan tentadora como insuficiente. Desde luego, tiene bastante de verdadero: no es difícil ganar una presidencial desde la oposición. En primer término, es cuando menos dudoso que la seguidilla de gobiernos frustrados pueda reproducir ad nauseam la alternancia política. Más bien, cabría pensar que el péndulo va cambiando de forma y dirección (y allí están los votos de Franco Parisi para confirmarlo).

Hay un segundo motivo que permite interrogar la teoría del péndulo. En las últimas décadas, la derecha ha ganado dos presidenciales, pero nunca sus candidatos reunidos habían obtenido la mayoría en primera vuelta. Si se quiere, los dos triunfos de Sebastián Piñera fueron a contrapelo de cierta hegemonía de centro-izquierda: la derecha nunca logró asentar una mayoría social más allá de la coyuntura.  El fenómeno que emerge hoy es distinto, y podría marcar un nuevo ciclo. El solo hecho de haber contado con tres candidatos competitivos en primera vuelta, provenientes de distintas tradiciones, es fiel reflejo de una vitalidad renovada, y deja ver de qué lado está la energía. Mientras, la izquierda, después de años de embriaguez, no logra dar con una palabra política que entre en contacto con la realidad: la performance ha sido reemplazada por el silencio.

Desde luego, nada de lo señalado implica que la oposición vaya a tenerlo todo fácil, muy por el contrario. Aprovechar esta oportunidad requerirá de dosis enormes de talento político, para convertir un viento favorable en un proyecto político digno de ese nombre. Aquí reside el desafío: construir, a partir de una mayoría electoral, una coalición y un discurso que respondan a la situación de Chile. En último término, no se trata de derechas ni de izquierdas, sino del país: las múltiples crisis que enfrentamos se merecen una respuesta a la altura de las circunstancias, y la izquierda no supo elaborarla. Me parece que el gesto de Eduardo Frei debe leerse desde estas coordenadas. En lugar de rendirles culto a viejas lealtades, el exmandatario ha comprendido bien que los desafíos actuales del país no se juegan en la misma cancha que hace veinte o treinta años. La paradoja es que son precisamente aquellos que desahuciaron los treinta años —rompiendo las viejas lealtades— quienes más se desesperan de las consecuencias de su decisión. El gesto de Frei es simplemente el último episodio de una reconfiguración que otros impulsaron.

Con todo, el gesto es un respaldo y una advertencia, aunque esta segunda dimensión haya quedado oculta. Respaldo: no es trivial que un líder de la Concertación quede asociado así a la derecha. Advertencia: si Kast es electo presidente, no podrá gobernar desde una esquina, pues Frei lo invita a una empresa más amplia. El exmandatario cargó al candidato con una enorme responsabilidad: dejar de ser el jefe de una facción para transformarse en algo muy distinto, cuyos contornos aún están por dibujarse. En ese estricto sentido, la segunda vuelta bien puede ser una nueva elección.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el domingo 30 de noviembre de 2025.

El gesto de Frei II

Por Francisco José Covarrubias 

La foto de Frei causó sorpresa. Cuando nadie lo esperaba hizo el gesto. Algo que esperó durante semanas el comando de Evelyn Matthei, finalmente ocurrió. A los pies de un cuadro de una mujer con la cabellera al viento, al presidente Frei no se le movió un pelo. Tampoco esbozó una sonrisa. Pero en su cabeza tenía claro que esa foto desataría el temporal. Sin decirlo claramente, lo dijo todo.

En pocos minutos, el viento del cuadro se transformó en un huracán en el mundo político.

No solo su partido fue muy duro. Sus excorreligionarios no tuvieron piedad. El exdiputado Aguiló lo trató de “traidor”. El exsenador Ávila habló de “cadáver político”. Jadue dijo que “solo le interesa su bolsillo”. El exdiputado Seguel habló de “una vergüenza”. Huenchumilla le enrostró “la memoria histórica de Frei Montalva”.

Paradójicamente, en la dirigencia del oficialismo se insistía que “Frei no mueve la aguja”. Pero no se explica una reacción tan dura frente a algo irrelevante. Y la verdad es que una noticia es noticia cuando asombra. Y el apoyo —a diferencia de lo que hizo Bachelet con Jara— generó un gran asombro y eso tiene una carga simbólica enorme.

Tan simbólico como fue la declaración de Ricardo Lagos antes del plebiscito, cuando señaló que “las dos alternativas están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadanía”. Aquel fue un espaldarazo al Rechazo sin decirlo. Fue un aliento a cruzar el Rubicón. Fue una palabra de aliento a quienes desertaban, pese a venir juntos desde el No a la dictadura. Y, claro, después vinieron los epítetos contra Lagos. Y ambos gestos se cruzan. El “apoyo” de Lagos al Rechazo en 2022 y el “apoyo” de Frei a Kast tienen la misma gesta. Se trata de actos valientes, simbólicos y con un gran costo personal (mal que mal, desde siempre, se ha sido más duro con el apóstata que con el hereje). Pero que, en el fondo, está hablando de que la nueva realidad política del país se ordena en torno al estallido y ya no a la dictadura.

Mención aparte es lo que queda de la Democracia Cristiana, que hoy vive una paradoja amarga: exige disciplina a quienes le quedan, pero no se pregunta por qué tantos referentes se han ido o se han alejado silenciosamente. Cada expulsión, cada sumario disciplinario, cada descalificación pública la reduce aún más. Eduardo Frei, con o sin sanción, seguirá siendo un protagonista de la historia de Chile. La Democracia Cristiana, en cambio, ha sido empujada hacia la irrelevancia.

Ayer se publicaron cuatro encuestas y todas hablan del mismo 60-40 del plebiscito del 22. Si ello se ratifica, le implicaría al Gobierno una derrota tan simbólica como la de aquel 4 de septiembre, y obligaría al oficialismo a una reflexión muy profunda. Pero más importante que la reflexión de quienes gobiernan, es la reflexión de esa izquierda democrática (que no tuvo un tan mal resultado en la elección parlamentaria), que insiste en estar aliada a un partido, el Partido Comunista, que doctrinalmente no cree en la democracia liberal. Y cuyo marxismo leninismo, recientemente ratificado, no lo hace compatible con convicciones democráticas básicas. La candidata Jara, al ritmo de la cumbia, ha intentado jugar al travestismo político argumentando que sus posturas son de “centro izquierda”. Así lo planteó Marx, para quien el capitalismo era simplemente el eslabón de una cadena que se iba a terminar.

Así las cosas, va quedando atrás el clivaje Pinochet, dictadura y transición. Y los chilenos están votando más bien frente a la trenza estallido-convención constitucional-comunismo. Algo que parece estar lejos de sintonizar con los chilenos.

Tal vez, vale la pena recordar al famoso filósofo Steven Pinker, quien dijo hace varios años una frase que sintoniza mucho con lo que está ocurriendo en Chile: “Mis alumnos se pasan a la extrema derecha por culpa de la izquierda”.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el sábado 29 de noviembre de 2025.

Frei como símbolo

Por Max Colodro 

El oficialismo –incluida la DC– aparenta vivir en la edad de la inocencia, como si las decisiones tomadas en los últimos años no tuvieran consecuencias. ¿Será posible que los actuales dirigentes de la centroizquierda de verdad hayan pensado que sus acciones no tendrían efectos? ¿En serio creen que usar ahora al expresidente Frei de chivo expiatorio los absolverá de su responsabilidad ante la derrota inminente?

Sigan soñando, porque jamás podrán borrar su huella en cada uno de los pasos dejados; una senda de irresponsabilidad y oportunismo que hoy los tiene ad portas de cosechar todo lo que han sembrado en más de una década. En rigor, lo que faltaría es que los líderes de la DC y el oficialismo intenten culpar, entre otros, a Eduardo Frei del resultado. Porque, si la DC hoy sólo puede mirarse en el espejo de su ruina e insignificancia, es por el empeño sistemático puesto por sus dirigentes. Y si la izquierda y la centroizquierda se encaminan a un escenario increíble: ser derrotados por lo que llaman la “ultraderecha”, es precisamente por haber apoyado y justificado cosas también increíbles, en especial, desde el 18 de octubre de 2019.

Mejor ni preguntarse por los efectos que todo esto ha tenido para el país, y si alguna vez eso estuvo en sus cálculos y consideraciones. Es probable que no, que el delirio refundacional que alimentaron durante el estallido, su complicidad activa con la violencia y la destrucción, nunca fueran confrontados en su conciencia. Ahora, el motivo de escándalo no es todo el daño producido –al país y a sí mismos–, sino una conversación entre el expresidente Frei y el candidato de oposición, que ni siquiera terminó con la explicitación de su voluntad de respaldarlo en las urnas.

Esta semana Eduardo Frei volvió a mostrarse como símbolo de una franja muy relevante de gente de centro y centroizquierda, que no sintió alegría ni entusiasmo cuando en Chile ardieron estaciones del Metro, se quemaron iglesias y se vandalizaron escuelas; un proceso en que vastas zonas del territorio fueron entregadas “por la vía de los hechos” al crimen organizado y a los narcos. Tiempo después, Frei junto al expresidente Lagos fueron también el símbolo de todos aquellos progresistas que no estuvieron dispuestos a aprobar la propuesta constitucional de la Convención, texto que desde la DC a los comunistas se exhibió sin pudor como lo que más se acercaba a lo que siempre soñaron. Fueron esos hitos, a lo que se agregó también la crítica evaluación del actual gobierno, lo que a la larga condujo a esta ruptura irreparable en el alma y el cuerpo de la centroizquierda chilena; un quiebre y un daño cuyos responsables –incluido un sector importante de la ciudadanía– hoy prefieren mirarlos con distancia.

Esta semana Eduardo Frei volvió a mostrarse como símbolo de una franja muy relevante de gente de centro y centroizquierda, que no sintió alegría ni entusiasmo cuando en Chile ardieron estaciones del Metro, se quemaron iglesias y se vandalizaron escuelas; un proceso en que vastas zonas del territorio fueron entregadas “por la vía de los hechos” al crimen organizado y a los narcos. Tiempo después, Frei junto al expresidente Lagos fueron también el símbolo de todos aquellos progresistas que no estuvieron dispuestos a aprobar la propuesta constitucional de la Convención, texto que desde la DC a los comunistas se exhibió sin pudor como lo que más se acercaba a lo que siempre soñaron. Fueron esos hitos, a lo que se agregó también la crítica evaluación del actual gobierno, lo que a la larga condujo a esta ruptura irreparable en el alma y el cuerpo de la centroizquierda chilena; un quiebre y un daño cuyos responsables –incluido un sector importante de la ciudadanía– hoy prefieren mirarlos con distancia.

Pero no: por fortuna personeros como el expresidente Frei siguen dando testimonio de la profundidad de este quiebre político y de la magnitud del daño generado al país. Aunque sus autores intelectuales no quieran hacerse cargo de las consecuencias de sus actos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el domingo 30 de noviembre de 2025.

La situación del CCP de Til Til, tras la aplicación del Decreto Supremo N°80-2025 que eliminó el carácter “especial” del ex Punta Peuco, ha generado un profundo deterioro en las condiciones de seguridad, salud y trato de su población penal mayor, según advierte esta carta. El texto cuestiona la medida gubernamental, recoge las prevenciones de la Contraloría y alerta sobre riesgos estructurales, humanitarios y jurídicos derivados de la transformación del recinto en una cárcel común.

A propósito de la situación que actualmente vive el CCP de Til Til (ex Punta Peuco), hay tres frases célebres del filósofo italiano Giacomo Leopardi, que me gustaría traer a colación para evidenciar la problemática que se expondrá en esta carta: “el hombre no puede vivir en modo alguno sin esperanza, y tampoco sin amor propio”; “si no esperase, el hombre no desesperaría”; y “jamás alguien está tan desesperado como para no estar expuesto realmente a sentir que su mal aumenta”.

Desazón, desesperanza y dolor es lo que está experimentando la población penal del CCP Til Til, a raíz de la aplicación del Decreto Supremo n° 80-2025, por medio del cual, se modificó el Decreto Supremo n° 580-1995, eliminando el carácter “especial” de la Unidad Penal denominada “Punta Peuco”, y suprimiendo además la siguiente oración del segundo párrafo de la parte considerativa:

“La necesidad que exista un establecimiento penitenciario que reúna especiales condiciones de seguridad, que asegure la integridad física y síquica de las personas que permanecerán en él, a quienes debe prestarse dicho tratamiento en atención a la particularidad de sus condiciones personales».

El actual Gobierno y la constante negación hegeliana que guía su actuación política, ahora hace que crea que si elimina una consideración establecida en función de un objeto de tutela iusfundamental (en el cual no cree), hará prevalecer “su verdad”, tratando de defender esta medida con la monserga del “fin de los privilegios”, lo que se lograría transformando Punta Peuco en una “cárcel común”.cAsí, al pasar a ser una cárcel como cualquier otra, se terminaría con los privilegios que tenían esos internos militares condenados por causas de DDHH, como si la realidad fuera lo que se quiere, y no lo que realmente es, porque quien decide “darse el gusto” al final de su mandato, lo hace desapegado de la responsabilidad que su cargo le exige (deshabitándolo, como diría él), y que en palabreas de Ortega y Gasset, significa abandonar al “hombre selecto” para dar paso al “hombre masa”, que es especialista en todo, que se siente en posesión de la verdad (la suya) y que trata de imponerla (a cualquier precio).

Aún más, la Contraloría General de la República si bien tomó razón del Decreto Supremo n° 80, lo hizo con una importante prevención respecto de la eliminación del carácter “especial” del recinto penal, esta es que: “debe considerar la normativa vigente y los tratados internacionales ratificados por Chile, así como lo resuelto, en definitiva, por los Tribunales de Justicia, en cuanto al resguardo de la integridad física y la salud de las personas adultas mayores privadas de libertad” (Dictamen n° E184038N25, de fecha 29-10-2025).

Así las cosas, la Contraloría le recuerda al Gobierno que aun cuando eliminen la parte considerativa del Decreto n° 580-1995 modificado, debe tener en cuenta las especiales condiciones de seguridad que resguarden la integridad física y psíquica de los internos por sus condiciones personales particulares. Son precisamente esas particularidades de los reos del ex penal de Punta Peuco las que jamás podrán ser borradas por una decisión administrativa, porque esa es la realidad, y no otra. Como dijo el mismo Ortega y Gasset, “de querer ser a creer que se es ya va la distancia de lo trágico a lo cómico”.

En efecto, como nos enseña la lógica aristotélica sobre la verdad “decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es, es falso”, por ende, mal podría llegar a defenderse tal decisión puramente política, ya que la falsedad en que incurre resulta de su incoherencia, que es lo que nos permite juzgarla así. Es incongruente con lo que sabemos de los presos del ex penal de Punta Peuco, que son todos ancianos con enfermedades crónicas de base e incluso terminales, que en su mayoría probablemente morirán privados de libertad, y cuyo perfil criminológico difiere de cualquier reo de otra cárcel del país, y como tales, requieren de “cuidados especiales” (así lo dijo por cierto la propia Corte Suprema, homologando este tipo de penales a los ELEAM, en causa Rol n° 249.389-2023, de 25/09/2024); y es contradictorio, además, con lo que también sabemos respecto de las cárceles comunes y los privilegios, porque este recinto -a diferencia de lo cree el Gobierno- no se distingue de una cárcel común, por lo menos desde el punto de vista de su Administración y el Reglamento al cual se sujeta (DS n° 518).

Y aun cuando en relación con la “seguridad fáctica al interior del penal”, existe una notoria diferencia con el resto de los recintos carcelarios del país, haciendo superfluas las necesidades de prevención especial, el hecho que en este penal el ambiente carcelario existente sea “tranquilo, ordenado y respetuoso de las normas”, ello no lo hace por sí un penal “privilegiado”, sino más bien, se proyecta como un efecto propio fruto del tipo de condenado que alberga y que hace rato -por lo menos por edad y condición de salud- ya no representa un peligro para la sociedad, ni tampoco, existe riesgo alguno de reincidencia. Esto ha hecho que la mayoría de ellos se institucionalicen, y acepten hidalgamente su destino, con la sola condición de no recibir más malos tratos por parte del Estado, más allá que el mal inherente al castigo penal.

cAhora bien, y por una cuestión de honestidad intelectual, también merece hacerse el alcance de que decir en algún momento que “los presos de Punta Peuco no son privilegiados” para posteriormente en otro instante afirmar lo contrario, si bien son afirmaciones incompatibles entre sí, ninguna es contradictoria con el conocimiento actual del Derecho penitenciario y su praxis. En este sentido, lo que es juzgado verdadero en un tiempo no lo es necesariamente en otro. Sin embargo, esta simple constatación, ¿basta para reafirmar esa “verdad” que el Gobierno pretende instalar? Creemos que no.

Actualmente, el CCP de Til Til -en aras de la implementación del tan citado DS n° 80- está siendo objeto de transformaciones radicales que han afectado seriamente la vida de la población penal, mermando su seguridad individual y sufriendo menoscabo en su integridad física y psíquica. A las ya conocidas restricciones (falta de atención médica, precariedad alimentaria del “rancho” y recorte de alimentos ingresados vía encomiendas, destrucción del huerto que proveía yerbas medicinales, retiro de los rucos destinados a recibir las visitas, amenaza de destrucción de la gruta de la Virgen María que los presos construyeron con sus manos, etc.), ,se han sumado recientemente dos muy importantes: primero, se les ha restringido a los internos el lugar común donde ellos hacían sus caminatas diarias al aire libre sin riesgo de caída para aquellos que usan burritos, bastones o que sufren problemas óseos o simplemente que no pueden caminar solos sin la asistencia de otros, aprovechando además los beneficios de la luz solar, decidiendo en cambio instalar en dicho sitio un galpón destinado a juntar las visitas de los actuales residentes con aquellos 32 reos “comunes” provenientes de otras cárceles, y cuya llegada ya se inició con el ingreso hace pocos días de un preso condenado por violación a menor de edad.

cLa otra medida de Gendarmería y lesiva de derechos ha sido limitar el número de refrigeradores disponibles para que los internos conserven sus alimentos (corrientes y aquellos especiales para diabéticos), aduciendo el sobre consumo derivado del hacinamiento que está siendo objeto el penal, y reconociendo -que es lo más grave- el peligro existente de una sobrecarga eléctrica por la antigüedad y mal estado de las instalaciones existentes, y cuyo reemplazo cuesta $370 millones que Gendarmería no dispone (aun cuando para la implementación del cambio del penal de “especial” a “común” se presupuestó un gasto de más de $1.000 millones). Para entender el contexto, se sugiere revisar apelaciones ante Corte Suprema (Rol Ingreso Amparo n° 51.996-2025 y Rol Ingreso Protección ICA de Santiago n° 14.626-2025, aun sin rol ingreso Corte Suprema).

Resulta evidente que los riesgos propios de una medida administrativa tan descabellada no fueron evaluados ex ante por la Autoridad, desde el más obvio como el incendio del penal, al decidir hacinar un recinto que carece de una infraestructura eléctrica ad  hoc y con la inexcusable negligencia de pretender que con quitar refrigeradores solucionará el problema, cuando en realidad, lo agravará por su repercusión en la salud y alimentación de los internos mayores; o igualmente el peligro de agresiones físicas o psíquicas que pueden ser objeto los residentes provectos por parte de la población penal común que irá ingresando, y cuya edad y perfil criminológico es totalmente diferente; o adicionalmente el simple temor y ansiedad que conllevará para las visitas de los ex militares que acompañan menores de edad (nietos, bisnietos) el tener que compartir en un galpón común con reos condenados por delitos sexuales precisamente, contra menores de edad. En fin, son variadas las hipótesis imaginables potencialmente lesivas de derechos que podrían mencionarse y que el lector puede también concebir.

¿Cuál será el costo personal y moral de semejante tozudez política basada en una verdad aparente? No lo sabemos aún, pero lo que sí es claro, es que lo que el Poder escribió con la mano de la ideología, lamentablemente para él, será borrado con el codo de la realidad.

Porque como dijo Alfred Adler “una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa”.

¿Puede imaginarse mayor peligro “ideológico” para este Gobierno que reconocer que los internos del ex CCP de Punta Peuco por edad y condición de salud, ya no merecen (ni pueden) cumplir en forma efectiva sus condenas?

Esperamos que las nuevas autoridades sepan poner las cosas en su  lugar y no olviden las palabras de Ortega y Gasset, en cuanto a que “toda realidad que se ignora prepara su venganza”.

Carla Fernández Montero

Abogada, Derecho Penal-Penitenciario

𝑹𝑬𝑺𝑼𝑴𝑬𝑵 𝑶𝑭𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑺𝑰𝑻𝑼𝑨𝑪𝑰𝑶́𝑵 𝑸𝑼𝑬 𝑬𝑺𝑻𝑨́ 𝑶𝑪𝑼𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑫𝑶 𝑬𝑵 𝑷𝑼𝑵𝑻𝑨 𝑷𝑬𝑼𝑪𝑶

1. 𝑬𝑿𝑰𝑺𝑻𝑬𝑵 𝑶́𝑹𝑫𝑬𝑵𝑬𝑺 𝑱𝑼𝑫𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳𝑬𝑺 𝑸𝑼𝑬 𝑰𝑴𝑷𝑰𝑫𝑬𝑵 𝑪𝑼𝑨𝑳𝑸𝑼𝑰𝑬𝑹 𝑪𝑨𝑴𝑩𝑰𝑶 𝑬𝑵 𝑬𝑳 𝑷𝑬𝑵𝑨𝑳

Los recursos Rol 17428-2025 y 14626-2025, presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, cuentan con Órdenes de No Innovar concedidas, lo que prohíbe realizar intervenciones, retiros, divisiones o modificaciones en Punta Peuco mientras los procesos estén vigentes.

Asimismo, el Juzgado de Garantía de Colina ordenó al Alcaide entregar un informe completo en un plazo de 72 horas, detallando la situación sanitaria y estructural del penalEse informe aún 𝑵𝑶 ha sido entregado, por lo que ninguna medida puede ejecutarse legalmente.
(Las resoluciones oficiales se adjuntan como respaldo.)

2.𝑨𝑼𝑵 𝑨𝑺𝑰́, 𝑺𝑬 𝑬𝑺𝑻𝑨́𝑵 𝑬𝑱𝑬𝑪𝑼𝑻𝑨𝑵𝑫𝑶 𝑪𝑨𝑴𝑩𝑰𝑶𝑺 𝑺𝑰𝑵 𝑹𝑬𝑺𝑷𝑬𝑻𝑨𝑹 𝑳𝑨 𝑳𝑬𝒀

Pese a que existen órdenes judiciales vigentes:

Se anunció el retiro de toldos, carpas y pertenencias.
Se ingresó un camión para el traslado de estructuras.
Se contrató una empresa externa para embalar y remover elementos.
Se informó que el día 1 se iniciarán retiros y divisiones internas del penal.
Todo esto ocurre sin esperar la respuesta obligatoria del Alcaide, y sin respetar la Orden de No Innovar vigente.

(Se adjunta Oficio 6137/25 y documentos asociados.)

3. 𝑳𝑨 𝑺𝑰𝑻𝑼𝑨𝑪𝑰𝑶́𝑵 𝑺𝑨𝑵𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑨 𝑬𝑺 𝑪𝑹𝑰́𝑻𝑰𝑪𝑨

De acuerdo con lo contenido en los amparos y las presentaciones judiciales:

Cortes de agua de 2 a 3 días

Rebalses del módulo 1
Falta de alcantarillado suficiente

Cortes de luz injustificados

Adultos mayores durmiendo en comedores

Notificaciones contradictorias hacia los internos

Angustia, insomnio y crisis emocionales documentadas

Esto afecta gravemente a internos de tercera y cuarta edad, muchos con dependencia y enfermedades crónicas.

4.𝑬𝑺𝑻𝑶 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑺𝑮𝑹𝑬𝑫𝑬 𝑬𝑳 𝑬𝑺𝑻𝑨𝑫𝑶 𝑫𝑬 𝑫𝑬𝑹𝑬𝑪𝑯𝑶

En síntesis:
No se están respetando órdenes judiciales vigentes.

Se ejecutan medidas sin cumplir con el informe exigido por el juez.
La infraestructura sanitaria está sobrepasada.
El penal está siendo intervenido sin sustento legal, sin protocolo y sin coordinación con las familias.
(Todos los documentos respaldatorios se adjuntan para conocimiento de la ciudadanía.)

DENUNCIA:

DENUNCIA SEREMI SALUD RM

CABALLA LA TORTA: La frase que explica mejor la historia que el respetado Senador Huenchumilla.

Señor Director:

Conozco al Senador Francisco Huenchumilla desde el año 2004 y 2005 en que ambos coincidimos en Temuco. Yo, como comandante del Regimiento Tucapel, y él como alcalde de la ciudad. Durante ese período inauguramos el Casino de Soldados que llevó el nombre de su padre, un suboficial muy querido y respetado del regimiento, un hombre de presencia imponente, muy conocido por su porte, y recordado por generaciones. Compartimos más de una vez una comida en mi casa y yo en la suya. Incluso me obsequió un hermoso poncho araucano al finalizar mi destinación. Siempre tuvimos un trato cordial, respetuoso y profesional: yo, sin poder hablar de política; él, cumpliendo su rol institucional.

Por eso, me cuesta comprender —y lo digo con la misma ironía fina del que sabe exactamente de qué está hablando— las declaraciones del hoy timonel de la Democracia Cristiana respecto a Eduardo Frei Ruiz-Tagle y su reunión con José Antonio Kast. No porque uno tenga que estar de acuerdo con el expresidente Frei en todo, sino porque sorprende que un político del temple de Huenchumilla recurra a un tono inquisidor para reprochar públicamente a otro líder de larga trayectoria. Huenchumilla no es un youtuber buscando polémica; es un dirigente respetado de la Araucanía, conocido por su mesura y su tono siempre ponderado. Esa es precisamente la razón por la que cuesta entender este estilo casi disciplinario, como de pequeño tribunal moral instalado en la directiva de la DC. Chile no está para ver a sus líderes “ajusticiarse” en la prensa, sino para ver soluciones reales a los problemas que más preocupan al país. Las diferencias internas se resuelven dentro de los partidos; a la ciudadanía le interesan la seguridad, el desarrollo, la gobernabilidad, la justicia y el futuro de la patria, no la supervivencia angustiosa de una colectividad que lleva años en caída libre.

Además, cuando se habla de “ultraderecha”, conviene recordar de qué estamos hablando. El Partido Republicano es un partido plenamente democrático, legalmente constituido y aprobado por el Servicio Electoral de Chile. Y si en su ideario hubiera existido siquiera un atisbo de extremismo antidemocrático, el Servel simplemente no lo habría aceptado. Ultraderecha no es una categoría jurídica ni objetiva en Chile; es una etiqueta política, tan elástica como conveniente para quien la usa.

También conviene recordar la historia completa. Porque si la memoria se va a invocar, que sea memoria completa, no memoria selectiva. La Democracia Cristiana —la histórica, la de verdad, la que tuvo densidad doctrinaria y un proyecto propio— fue la que permitió que Salvador Allende llegara a la Presidencia con apenas un tercio de los votos del país. Y fue también la Democracia Cristiana —la misma— la que, tres años después, concluyó que Chile se encaminaba a una guerra civil y apoyó el pronunciamiento militar de 1973. No lo digo yo: lo dijo el propio Eduardo Frei Montalva en un documento enviado al secretario general de la Unión Mundial Demócrata Cristiana, Mariano Rumor. En esa carta, Frei padre sostuvo que las Fuerzas Armadas habían “llenado el vacío” creado por la incapacidad del gobierno de Allende y que contaban con “el total apoyo” de la DC.

Y si Frei padre consideraba ofensivo que se catalogara a la DC como “de izquierda o de derecha”, ¿por qué hoy algunos se empeñan en agregarle la palabra “ultra” a un partido de derecha como si fuera una acusación definitiva? ¿No estamos acaso repitiendo la misma superficialidad que él criticaba hace cincuenta años?

Cuando hablamos de Frei, importa distinguir cuál: el Frei de 1968, el Presidente de Chile, que visitó Los Ángeles cuando mi padre era comandante del Regimiento y que probó la famosa torta de merengue con frutillas que mi madre preparó. Torta que él calificó —y dejó por escrito en una tarjeta que aún conservo— como “caballa la torta”. Y lo curioso es que, a sus 94 años, esa torta seguía siendo igual de sabrosa. Y si el Presidente Frei Montalva estuviera vivo, probablemente seguiría encontrándola “caballa”.

Esa anécdota no es trivial: sirve para recordar que la política, la buena política, también se compone de memorias reales, humanas, no de caricaturas. Y también sirve para entender que la DC de entonces tenía claridad doctrinaria, proyecto y liderazgo. Esa DC ya no existe. Lo dijo Carlos Peña con crudeza: la Democracia Cristiana murió de dos formas a la vez: dejó de existir y, al mismo tiempo, siguió existiendo de un modo que contradice por completo lo que fue. Ya no tiene ideario, no tiene horizonte y no tiene identidad. Vive —como escribió Peña— del instinto de supervivencia electoral.

La señal que dio la Fundación Konrad Adenauer —la histórica fundación alemana ligada a la Democracia Cristiana internacional— es el ejemplo más duro de esa desconexión. La Konrad Adenauer no es una fundación cualquiera: fue durante décadas el sostén doctrinario, estratégico y financiero de las DC del mundo. Pero cuando la DC chilena decidió apoyar el “Apruebo” en el proceso constitucional de 2022, la fundación simplemente cortó relaciones. No por capricho, sino porque la DC chilena había abandonado la tradición humanista cristiana que esa fundación representa. Y en vez de agradecer medio siglo de apoyo alemán, algunos dirigentes se molestaron… como si la ruptura hubiera sido culpa de otros y no consecuencia de sus decisiones.

Por eso, tal vez no sea tan sorprendente que Eduardo Frei Ruiz-Tagle haya encontrado más coincidencias hoy con Kast que con la propia DC. No porque sea de derecha ni de izquierdas —él mismo lo ha dicho— sino porque, mirando las urgencias del país, concluye que la continuidad del actual gobierno sería un riesgo mayor. Su gesto fue más republicano que partisanista: un llamado a priorizar la estabilidad, la seguridad y la responsabilidad fiscal por sobre las etiquetas vacías.

Entonces, frente a ese panorama, ¿cuál es realmente el hecho grave?

¿La decisión de un expresidente que ya vio a Chile caer en una crisis institucional profunda en los años 70?

¿O la deriva de un partido que dejó hace mucho tiempo de parecerse a sí mismo, y que hoy pretende levantar tribunales morales contra quienes no se someten a su línea, aun cuando esa línea ya no representa ni a su historia ni a sus bases?

Si vamos a hablar de memoria, hablemos de memoria completa. De Frei padre, de Frei hijo, de la DC de verdad y de la DC que hoy existe solo como sigla. Y también de las palabras que, a veces, explican mejor una historia que los discursos completos.

Como aquella frase del Presidente Frei Montalva frente a una simple torta de merengue: “caballa”.

Una palabra que decía más de lo que parecía.

Mucho más que algunos discursos de hoy.

Atentamente,

Christian Slater E., Coronel (R) del Ejército de Chile.

La ciudadanía debería darse cuenta, que determinadas ideología ofrecen cualquier cosa para llegar al poder, sabiendo que no lo cumplirán:

Verdades de nuestra realidad:

https://www.facebook.com/reel/4375272979422716

¿Quiénes son los fascistas?:

https://www.instagram.com/reel/DO1HWw5CE_N/?igsh=bWNjcmVlOHcwdXJv

Oficio al Ministro de justicia que no respeta las disposiciones judiciales:

Oficio Becker Flores MINJU Pta. Peuco

Esto es lo que ha faltado:

EE.UU. declara a Maduro y al Cartel de los Soles, como un grupo terrorista:

Por Christian Slater

Escalada en Venezuela: nuevo escenario

“Si en mi publicación anterior señalé que la Operación Multidominio estaba en pleno desarrollo, hoy corresponde reconocer que ha entrado en un tramo decisivo. La incógnita ya no es si habrá consecuencias, sino cuáles serán y cuán cerca nos encontramos de presenciarlas”.

Última actualización 24 Nov, 2025

Esta es la famosa familia de Jara:

Inconsecuente solo interesado en la plata:

“El legado: dañar a la izquierda”

Por: Pilar Molina, periodista.

Con un resultado tan adverso de su administración, difícilmente la izquierda, una vez en la oposición, le reconocerá a Boric la capacidad para liderarla, como es su pretensión.

El Presidente Boric pareciera, más que sus antecesores en el cargo, tener una obsesión por su legado.

Pero lo más trascendental de su gestión no es el catálogo de cambios que acordó con la oposición, como las 40 horas o la reforma previsional. Lo más importante es que después de casi cuatro años deja un país derechizado. Entregará una nación en donde las ideas que prevalecen en lo público ya no son los abusos, las injusticias, las desigualdades y donde los términos de moda son la paridad de género, el feminismo, las diversidades sexuales, el plurinacionalismo o la ecología. Por primera vez los tres candidatos presidenciales de derecha se atrevieron a hablar de bajar impuestos, en vez de subirlos, a competir por quién reduce más los gastos del fisco y modernizar el Estado. Y coinciden esos tres liberales con la candidata de continuidad de la izquierda en que la prioridad principal es la seguridad, una que no existía en el programa de este gobierno, como asimismo en el crecimiento económico, que sus ideólogos creían que era un factor fijo que caía como maná.

Su legado es dejar una izquierda que se movió a las ideas liberales y de la economía de mercado. El programa de la candidata Jeannette Jara se parece más al de José Antonio Kast que al que desplegó el candidato de Apruebo Dignidad en 2021. Hasta el PC, cuyos parlamentarios votaron con el diputado Boric en contra todos los proyectos de seguridad presentados por Sebastián Piñera, ahora tienen una especial preocupación por el tema. Y ha ocurrido el milagro de que incluso no niegan el despliegue de las FF.AA. por motivos de orden público.

“El Mandatario le lega a la izquierda su peor resultado histórico desde el regreso a la democracia. Su candidata apenas alcanzó el 27% de los votos en primera vuelta. Y lo culpan a él en buena parte. Deja debilitada la coalición con la que gobernó”

Hasta ahora, los comunistas han votado mayoritariamente en contra o se abstienen de aprobar el despliegue uniformado en la Macrozona Sur y en las fronteras del norte. Y que no les hablen del proyecto donde los militares puedan encargarse de proteger infraestructura crítica. Ahí está estancado hace años en el Congreso, como las RUF o el proyecto sobre Inteligencia. Su candidata, sin embargo, señaló frente al tema que “si en esto, eventualmente, los militares pueden contribuir en una tarea en particular, yo no voy a tener complejo en asumirlo”. Es más, Marcos Barraza, quien fuera un articulador clave para el resultado revolucionario de la Convención Constitucional, recientemente electo diputado por el distrito 8, plantea respecto a las FF.AA. en las calles por motivos de seguridad: “Mientras lo permita la institucionalidad es una medida que no puede ser a priori descartada”. Y reconviene al gobierno al opinar que “si no se toman medidas urgentes en materia de seguridad pública, los riesgos de que el crimen organizado, el narcotráfico penetre en las instituciones son altos”.

El legado es un país donde hay un amplio consenso en que el gobierno ha hecho una tarea deficiente en materia de seguridad. Es cierto que algunos indicadores han mejorado, como el de homicidios, pero eso parece no convencer a nadie, como tampoco la forzada teoría del Ejecutivo de que esta administración normalizó y estabilizó el país. Aunque asegure que “vamos a entregar un Chile más próspero y con menos conflictividad social que el Chile del 2022”, nadie le cree.  Ni en lo económico ni en lo institucional. Está demasiada fresca la marca de fuego de que quienes pulverizaron el orden público y el estado de derecho son los mismos que le han quitado conflictividad social al país. En buena parte porque en vez de estar marchando en las calles están ocupando cargos excelentemente remunerados en el Estado.

Su legado es que su coalición completa, con excepción del Frente Amplio, ha buscado distanciarse de su Presidente como si se tratara de una lepra. Su candidata Jara lo remarca cada vez que tiene oportunidad. Y los partidos oficialistas coinciden en que perjudicó a la candidata comunista al buscar él un protagonismo personal interpelando a JAK que la invisibilizó a ella, cuando tiene para mostrar las mismas iniciativas que Boric pregona como logros: la jornada semanal de 40 horas, el sueldo mínimo, la Ley Karin y la reforma previsional. En todas ella fue protagonista como Ministra del Trabajo. El lunes pasado, después de reunirse con los presidentes de los partidos oficialistas, Jara fue clara: “El Presidente y el gobierno deben dedicarse a gobernar”.

El Mandatario le lega a la izquierda su peor resultado histórico desde el regreso a la democracia. Su candidata apenas alcanzó el 27% de los votos en primera vuelta. Y lo culpan a él en buena parte. Deja debilitada la coalición con la que gobernó. Sumaba 79 escaños en la Cámara y ahora sólo 64, perdiendo la izquierda el predominio del que gozó hasta el domingo pasado. Y deja a su partido, el Frente Amplio, también debilitado. Bajó de 42 a 31 diputados, y a quienes perdieron sus escaños derramando lágrimas esta semana al volver al Congreso.

Boric deja en herencia que en su período la derecha alcanzó su máxima votación histórica, lo mismo que en las municipales del año pasado. De facto, restauró el binomalismo, pero esta vez en favor de la derecha. Aunque ésta no alcanzó la mayoría en la Cámara, la roza por dos votos y continúa al próximo período el empate que durante su administración se produjo en el Senado por el empecinamiento oficialista en empujar una nueva Constitución que daría escalofríos hasta el país más anárquico del orbe. Y también tendrá que asumir como legado que a pesar de todos sus temores y advertencias contra los avances de la “ultra derecha” en Chile, será bajo su reinado cuando el populismo llegó a su peak con el 20% de votación que obtuvo Parisi y los 14 diputados que eligió. Algo tendrá que ver, pero no lo vio venir…

Tampoco deber haber imaginado que el cabo Zamora iba a terminar de diputado en el Congreso cuando él y sus amigos Camila Vallejo y Giorgio Jackson tuiteaban que el joven de 16 años era un “criminal” y exigían la renuncia del director general de Carabineros y del Ministro del Interior, porque al obedecer las instrucciones superiores de poner orden en las inmediaciones del puente Pío Nono en un choque cuerpo a cuerpo con un manifestante, éste terminó cayendo al río. El joven recibió pensión de gracia como víctima y el carabinero de Fuerzas Especiales un proceso de persecución de todo el aparataje del Estado durante 4 años, donde la fiscal Chong fue incluso condenada a pagar las costas del juicio por haber hecho una acusación infundada.

Boric asume con el símbolo del “perro matapacos” pegado en un sticker en su computador y la consigna de refundar carabineros y termina su período con los estados de excepción más largos de la historia. Paradojalmente, abandonará La Moneda no con un carabinero convertido en diputado, sino que ¡dos! (también el exgeneral Enrique Bassaletti en el distrito 8 de Maipú) y un general del Ejército senador (Cristián Vial electo con la primera mayoría en la Región del Maule).

Se espanta el Presidente con que algunas personas se atrevan ahora a defender a la dictadura, habiendo quienes “hoy día relativizan o desprecian a la democracia como sistema político”. Esta resulta ser la parte principal de su herencia: ante la ineficacia de su gestión para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, las personas valoran más aquello de lo que carecen, la seguridad antes que las libertades.

Pero su legado puede ser aún más doloroso para él. Entregarle la banda no a un futuro Presidente de derecha, sino que a uno de “ultraderecha”, como le gusta decir. Con un resultado tan adverso de su administración, difícilmente la izquierda, una vez en la oposición, le reconocerá a Boric la capacidad para liderarla, como es su pretensión.

Conozca el comunismo:

Editorial del Boletín de la ONG  JURE

ÁLVARO GUZMÁN VALENZUELA

General de Brigada

Esta editorial busca reflexionar sobre la defensa del Estado de Derecho desde una perspectiva profundamente ética, frente a la negación de justicia que sufren tantos militares en los casos de derechos humanos. Queremos dejar absolutamente claro que nuestra lucha no busca la impunidad. Muy por el contrario: nuestra causa es la verdad, la equidad y la dignidad, valores que deben sostener toda justicia genuina.

Nos mueve la convicción de que denunciar la manipulación, los prejuicios y las irregularidades que han contaminado ciertos procesos judiciales en Chile no solo es un deber moral, sino un acto de amor a la Patria y a sus instituciones. No podemos permanecer en silencio ante una justicia que, en lugar de unirnos bajo el imperio de la ley, divide y castiga según interese políticos o presiones mediáticas.

La imparcialidad de la justicia chilena es —y debe seguir siendo— un principio fundamental consagrado en nuestra Constitución. Exige jueces que actúen con independencia, guiados por la verdad y no por el temor o la conveniencia. Sin embargo, la realidad muestra un panorama inquietante: la confianza ciudadana se erosiona día a día, golpeada por escándalos, favoritismos y decisiones que parecen responder más al clima político que al derecho mismo.

Aun cuando el marco legal proclama la imparcialidad, hoy se alza con fuerza un debate ético y académico: ¿estamos realmente protegiendo ese principio sagrado? La ética judicial nos recuerda que la justicia no puede desligarse de los valores esenciales del ser humano — honestidad, compasión, equilibrio, respeto a la verdad—. Olvidarlos es traicionar el alma misma del derecho.

Los tribunales, han actuado, completamente alejados de los principios de todo sistema procesal penal, se percibe un sesgo ideológico en las distintas sentencias o resoluciones de cualquier índole.

Desde nuestra experiencia, observamos con dolor que los tribunales se han transformado, en demasiadas ocasiones, en escenarios de revancha política.

Vemos jueces que parecen más preocupados por agradar a la opinión pública o escalar posiciones en el poder judicial, que por descubrir la verdad y hacer justicia.

Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿importa la verdad en sus resoluciones?

Lamentablemente, muchas veces la respuesta es no. Se dictan fallos sin pruebas suficientes, basados en ficciones jurídicas, como reconoció el propio ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Eduardo Alejandro Solís Muñoz.

¿Deberían los jueces avergonzarse de ello? Tal vez más que vergüenza, deberían sentir el peso de la conciencia: la justicia sin verdad es solo poder disfrazado de ley.

Y frente a tanta distorsión, nos corresponde a nosotros, con serenidad, pero con firmeza, seguir denunciando, seguir defendiendo y seguir creyendo en una justicia que algún día recupere su honor y su sentido más humano.

A los miembros de la magistratura, solo debemos decirles que reencausen sus fallos en lo que es su deber, la búsqueda de la verdad, dictando fallos que hagan justicia, así se hará honor a nuestra tradición jurídica.

Es ahora, después será muy tarde.

Por Cristián Labbé Galilea

Después de cada elección se suele decir… ¡la gente habló! En este caso lo hizo “fuerte y claro”, sorprendiendo a muchos, no sólo a las encuestadoras, que anduvieron un tanto perdidas, sino a la sociedad en general, la que no se esperaba tantas sorpresas. Nadie pensó que la candidata del gobierno sufriría tan estrepitosa derrota, ni se sospechaba que -como dicen los hípicos- “entraría por los palos” un “curioso” candidato a quienes las apuestas daban poca chance.

Una primera lectura sobre los resultados permite deducir que la comunidad está “hastiada” con el desempeño de “los señores políticos” y sus conglomerados, quienes desde hace tiempo han vivido de espaldas a la realidad y, lo que es más grave, con total indiferencia por el desprestigio de nuestras instituciones republicanas… se dice que vivimos en “un estado fallido”.

Por lo mismo, el oficialismo no fue capaz de alcanzar el umbral del 30%, que era lo mínimo que se esperaba, y las fuerzas opositoras “tradicionales” reunidas en “Chile Grande y Unido” (RN, UDI, Evopoli, Demócratas y Amarillos) quedaron relegadas a un quinto lugar, ubicación que no soñaron ni en la peor de sus pesadillas.

Queda claro que “el hastío social”, al que hemos hecho referencia, es reflejo del fastidio de una sociedad donde se ha perdido el Estado de Derecho y donde las instituciones políticas no responden a las urgencias nacionales. Frases como “son los mismos de siempre” o “los políticos viven su mundo” dan cuenta de ese desgaste, y confirman la sensación que, si se sigue por el mismo camino, existen pocas esperanzas de soluciones concretas.

Ahora bien, si lo miramos desde “la vereda de lo positivo”, lo que pasó en la primera vuelta presidencial revela que “existe la esperanza” que las cosas cambien… porque siempre ella surge cuando hay señales de tiempos mejores. Expresiones como “esta vez será diferente” o “ahora veremos soluciones concretas”, son señales de expectativa positiva que se escuchan cuando se percibe liderazgos… con convicción y firmeza.

Así las cosas, hay optimismo con lo que podría ocurrir el 14 de Diciembre, pero lo que no puede pasar es que, por ganar la elección, se caiga en “toda suerte de transacas” que destruyan la esperanza de terminar con: la corrupción, la pitutocracia y la inseguridad; la falta de institucionalidad; de salud, educación, justicia, progreso y bienestar, así como tantos etcéteras, que serán el legado dejado por la ineficiencia y la incapacidad de este gobierno.

En suma, sin estar autorizada esta pluma para dar consejos, se atreve a sugerir que, por mucho que se requiera sumar otras fuerzas, no se puede traicionar las propias convicciones, y menos la esperanza que hoy anima a los partidarios de la Sociedad de la Libertad. La esperanza es la fuerza que sostiene a una nación cuando lo demás falla… La esperanza exige convicción, coherencia y responsabilidad. Traicionarla no es opción porque… ¡Hay un país que levantar y no una torta que repartir!

Unidad en la oposición, una responsabilidad histórica

Por Beatriz Hevia 

La elección de primera vuelta de este domingo dejó un mensaje claro: una amplia mayoría confió su voto en los distintos candidatos de oposición al gobierno del Presidente Boric y su continuidad representada por Jeannette Jara.

Si bien es José Antonio Kast quien disputará el balotaje, el resultado refleja que la ciudadanía vio en la oposición en su conjunto la mejor alternativa para encaminar a Chile hacia el orden, estabilidad y seguridad. Por lo mismo, la responsabilidad histórica no recae sólo en los republicanos, sino en todo un sector. Quienes somos oposición a este nefasto gobierno, a las ideas refundacionales y de izquierda radical tenemos el deber de ponernos de acuerdo en lo esencial y dejar atrás disputas pequeñas frente a las grandes emergencias nacionales.

La unidad, sin embargo, es más que una imagen o frases de buena crianza. Exige traducirse en una convergencia o compromiso programático en torno a soluciones que permitan resolver, en el menor tiempo y de la mejor manera, los urgentes problemas que afectan a los chilenos.

En seguridad, para recuperar el control del territorio y enfrentar al crimen organizado; en economía, para volver a crecer y generar empleos formales para que las familias chilenas puedan llegar tranquilas a fin de mes; y en políticas sociales, para asegurar que el esfuerzo de todos sea reconocido y apoyado donde realmente importa.

La unidad que necesitamos no es para ganar por ganar. Es para que Chile vuelva a mirar hacia adelante y deje atrás la espiral de violencia, estancamiento y frustración de los últimos años.

La segunda vuelta nos demanda acordar lo fundamental y demostrar que estamos a la altura de lo que los chilenos exigen. Una oportunidad para mostrarle al país que esta mayoría no sólo está para administrar, sino para impulsar con fuerza los cambios que Chile necesita y mejorar de verdad la vida de las personas. Pensando además no sólo en cuatro años, sino en una unidad que le dé estabilidad al país y los chilenos quieran volver a elegir.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el lunes 17 de noviembre de 2025.

Pequeños, pseudointelectuales y poco inteligentes

Por Magdalena Merbilháa 

Esta semana ha seguido la polémica de “la pequeñez” evidente de algunos sectores de derecha que han puesto “condiciones” para apoyar alguno de los otros candidatos del sector en caso de no pasar ellos a segunda vuelta. Eso es no entender a quien se tiene al frente. No se puede ser tan “infeliz” de poner en riesgo a Chile por “gustitos” de intentar, cual niño chico, dejar a algunos fuera. Propio de la cultura del bullying. Por otro lado, la candidata de Chile Vamos insiste en “golpear” a quienes debieran estar en la misma vereda. Esta vez desde un video que francamente es vergonzoso. Pareciera ser que la candidata insiste en enterrarse y quedarse sin ninguna opción. Mientras tanto, la carrera actual parece claramente haber cambiado las posiciones, lo que ha puesto nerviosos a varios.

No han faltado los epítetos de “supuestos altos intelectuales” quienes, hablando desde el Olimpo, alertan del peligro del “candidato de última milla” haciendo alusión al terraplanismo y a las creencias anticientíficas de  la supuesta “ultraderecha” mundial. Kaiser “los tiene locos”. Se advierte de una elección de dos extremos añorando un supuesto centro perdido. De hecho, Ignacio Walker afirmó que si Johannes Kaiser pasa a segunda vuelta, Jeannette Jara será Presidenta de Chile y contará con su voto. El nivel de ignorancia y falta de responsabilidad es total. Walker dice que Kaiser es una especie de “neonazi”, cosa que no es. Los Nazis eran estatistas y Kaiser es un libertario, es decir agua y aceite. Jara, por su parte, es abiertamente y completamente comunista y a Walker eso no le importa. Está dispuesto a votar por alguien que milita en un partido antidemocrático cuya aplicación en la historia han costado, al menos, 150 millones de muertos, es decir, los mayores violadores a los derechos humanos por lejos. Walker se dice democrático y cristiano, pero está dispuesto a apoyar a quien representa la antítesis de eso. La ignorancia y la estupidez son atrevidas.

Hay que comprender que el concepto de “terraplanismo”, es una invención panfletaria del siglo XIX del británico Samuel Birley Rowbotham. Esta idea fue comprada por ignorantes y ha servido para hacer mala prensa ideológica a la mal llamada Edad Media. No es un término que nadie serio pueda usar,  ya que se construye desde una falsa premisa y ciertamente un pequeño error al principio termina por ser un grave error al final. Es un término ideológico que busca vilipendiar a quien piensa distinto ayer y hoy. El mundo medieval no era oscurantista, ni fanático como se ha intentado establecer. Hoy, frente a la reinauguración de la Catedral de la Notre Dame de París, no se nos puede olvidar que el llamado medioevo creó el arte más sublime de occidente, el gótico. Esos hombres supuestamente “oscurantistas” hicieron cálculos de ingeniería que aún asombran y  lograron lo imposible, “tocar el cielo” con una belleza sublime. Esos hombres sabían que la tierra era redonda y no eran terraplanistas. El mito supone que el primer hombre moderno fue Colón, cosa totalmente falsa. Hay muchísimos mapas medievales con la tierra redonda y comúnmente se dibuja a Dios con un compás creando el mundo. Hasta donde sabemos, con un compás no se dibuja un triángulo. Muchos mapas medievales dibujan además hombres arriba y hombres abajo lo que implica una concepción esférica. Ciertamente no conocían muchas cosas, pero sí las esenciales. Eran coherentes, entendían la realidad  en su verdadera dimensión y no desde su ombligo. Sabían que ellos no eran la medida de las cosas y aceptaban la existencia de un bien y un mal objetivo.

Teniendo eso en cuenta, el mal objetivo, analizado desde la aplicación de ideas en la realidad que han generado funestos resultados una y otra vez, la candidata comunista representa el mal a todas luces. Calificar la política de los acuerdo como buena en sí, es hacer un pésimo análisis de los que le ha sucedido a Chile. Fue el acuerdo de eliminar el binominal el que complicó e imposibilitó la buena política. Fue la Reforma Tributaria de Bachelet la que frenó el país y fue la reforma educacional la que destruyó la educación pública y complicó la vida de la educación subvencionada. Hoy, la educación es peor y la eliminación del mérito arrasó con la posibilidad de ascenso real. Estas reformas contaron con los votos de la “supuesta derecha”. No todos los acuerdos son buenos. Es el excesivo “buenismo” que muchos comulgan el culpable de tantos errores basados en “buenas intenciones” que le han costado tan caro a Chile. Son esos errores y falta de rumbo  lo que hace que las personas busquen claridad y honestidad, lo que no es extremo, es normal. Ciertamente la derecha liberal se desdibujó, la Democracia Cristiana se perdió y quienes han hecho estos comentarios igualando los extremos son ejemplo de eso. El wokismo les nubló la mente  y la estupidez no ayuda, es esencial volver a la cordura y dejar de maquillar la realidad, ya que ésta es real y se aparece a la corta o a la larga. Jara es un peligro a todas luces y evitar que llegue a La Moneda debe ser el principal objetivo de cualquiera que se diga democrático.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el martes 11 de noviembre de 2025.

Malas reglas, mal juego

Por Joaquín García-Huidobro

Presumo que buena parte de los lectores estarán de acuerdo conmigo: esta primera vuelta de las elecciones presidenciales ha terminado por ser una mala pichanga de barrio. El espectáculo no ha sido grato y nos lleva a preguntarnos: ¿de quién es la culpa? Lo más fácil es responsabilizar a los jugadores. Es verdad que algunos son bastante malos, pero me parece que buena parte del problema no está ahí, sino en las malas reglas que rigen este juego o en los ambientes donde se lleva a cabo.

Pensemos, por ejemplo, en los debates presidenciales, ese espectáculo circense donde muchos chilenos simplemente quieren ver el resumen al día siguiente para descubrir los episodios más ridículos. Parece que el objetivo central de los principales candidatos es tan solo evitar el ser transformados en un “meme”.

¿Qué sentido tienen esos debates de ocho candidatos?

Alguna vez yo mismo pensé que todos los que figuraban en la papeleta tenían derecho a participar de ellos. Este razonamiento es erróneo. El fin de los debates es ilustrarnos para que podamos elegir mejor. Los candidatos del 1% tienen derecho a presentarse a la elección, pero no corresponde que nos quiten un tiempo que es necesario para saber más a fondo qué piensan los que efectivamente podrán llegar a La Moneda, esos que tienen reales posibilidades de afectar de modo muy significativo la vida de los chilenos. Los debates no pueden ser una oportunidad para que determinadas personas tengan su minuto de fama, sino un medio para que los ciudadanos podamos ilustrarnos.

El modelo actual pone énfasis en los procedimientos más que en el sentido del debate, e impide que los periodistas hagan bien su trabajo.

El formato de nuestros debates constituye un serio obstáculo para que se lleve a cabo la tarea de deliberación que permite a los ciudadanos formarse una opinión fundada. Así planteados, estos debates no ayudan a la democracia, sino que la entorpecen. Buenos periodistas terminan por ser meros administradores del tiempo. “Le quedan 12 segundos”, dicen. Es una muestra de la racionalización técnica de la discusión pública.

Además, se presenta un problema adicional: ¿qué buscan medir los debates? Hoy no nos permiten determinar la calidad y viabilidad de las propuestas, sino, a lo más, medir la habilidad retórica de los candidatos, su capacidad para salir rápido del paso ante cualquier trampa. ¿Qué tiene que ver eso con sus aptitudes para gobernar?

Imaginemos, por un momento, un debate donde participan Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Gabriel Boric. Probablemente ganaría la retórica de Boric. Sin embargo, hasta sus adversarios de entonces reconocemos que Frei fue un buen presidente y dudo que en el futuro podamos decir lo mismo de nuestro actual gobernante.

Algo anda mal aquí, y de la amarga experiencia de estas elecciones, deberíamos aprender a corregirlo.

Los debates pueden ser de alguna utilidad, si se restringe a quienes son candidatos en serio. Además de ellos, necesitamos ver entrevistas en profundidad, donde el postulante pueda explayarse, pero sin ninguna posibilidad de eludir preguntas incómodas. Deben incluir muchas contrapreguntas, hasta que podamos discernir si sus propuestas son voladores de luces o están bien fundadas.

La calidad de las campañas depende, en buena medida, de las reglas que las regulan. ¿Quién influye sobre ellas? Algunas dependen de las diversas agrupaciones de prensa; otras, de las leyes.

Archi, Anatel y otras entidades semejantes deben ser conscientes de que su papel de mediación entre los postulantes y el público es algo muy serio. No pueden limitarse, como hasta ahora, a seguir el camino más fácil para evitar ser cuestionadas por quienes quedan fuera de los debates. Las decisiones sobre las reglas de los encuentros futuros deberían tomarse ahora, de manera anticipada e impersonal. No en cuatro años más, cuando es posible que tengamos de nuevo una multitud de candidatos presidenciales.

Otras reglas de las elecciones presidenciales dependen del Congreso. En marzo tendremos uno nuevo. ¿Es muy difícil pedirle que suba cuanto antes el umbral para las candidaturas presidenciales? Este no es un problema de izquierdas o derechas, de manera que debería ser fácil alcanzar acuerdos al respecto.

Otro tanto cabe decir respecto de la necesidad de derogar la prohibición de difundir encuestas quince días antes de las elecciones. Aquí, el acuerdo es amplísimo: fue una idea pensada para otras circunstancias, que no funciona cuando existen redes sociales. Urge cambiarla cuanto antes.

Todas estas son lecciones que podemos sacar a la luz de la actual campaña presidencial. Casi todos los sectores políticos deberían estar interesados en corregir estas deficiencias, porque de lo contrario este espectáculo se repetirá, empeorado, en las próximas elecciones.

Hemos visto un juego malo, porque las reglas son malas, pero también debemos pedirles a los candidatos que no trivialicen la discusión política. Más que sus codazos y pullas, nos interesa saber por qué quieren llegar a La Moneda, qué buscan llevar a cabo si llegan allí y si tienen los medios y la capacidad de conseguirlo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el domingo 9 de noviembre de 2025.

Un justo equilibrio humanitario

El debate presidencial reabrió con fuerza la discusión sobre el trato que reciben en Punta Peuco los reos de edad avanzada y con graves enfermedades, reactivando viejas fracturas políticas e históricas que siguen marcando a la sociedad chilena. En medio de un clima de creciente polarización, la controversia revela tensiones no resueltas respecto del rol de las Fuerzas Armadas en 1973, la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la legitimidad del Poder Judicial y el trato que el Estado debe otorgar a una población penal envejecida, poniendo en el centro la necesidad —urgente e ineludible— de un equilibrio jurídico que permita evitar nuevos ciclos de confrontación.

15 de noviembre de 2025

Imagen: El País

La actual contienda presidencial y el debate que se ha abierto sobre los DDHH de aquellos provectos enfermos que cumplen condena en el Penal de Punta por hechos acaecidos hace más de medio siglo, amerita hacer algunas reflexiones atingentes al delicado momento político-social que vivimos.

¿Cuántos años son necesarios que transcurran para reconciliar al país y que se produzca el tan ansiado reencuentro que Chile necesita en esta materia? ¿Hasta qué punto se continuará citando a los organismos internacionales de DDHH como argumento para mantener la herida abierta en nuestra sociedad? ¿Hasta cuando Chile se comportará como una “colonia” de la institucionalidad internacional de los DDHH en desmedro de su propia regulación interna y socavando la credibilidad de los ciudadanos en el Poder Judicial?

Diversos actores políticos, respaldados por partidos de extrema izquierda, haciendo caso omiso a la historia, han querido reconstruirla de acuerdo a sus intereses partidarios, manteniendo la división entre chilenos buenos y malos, entre personas dignas de derechos y enemigos privados de ellos, entre presos merecedores de la gracia del Estado y aquellos que no, etc.

El actual Gobierno -incluso morigerado por los resultados electorales del 4S 2022 y 17D 2023- no trepida en desvirtuar la realidad y -a la luz de la teoría marcusiana y los valores marxistas- pretende hacernos creer que la intervención armada del año 1973 fue un «Golpe» y no un «Pronunciamiento». En otras palabras, una intervención militar contraria al orden constitucional (ya quebrantado), injustificada y opuesta a la supuesta «democracia» que se vivía.

Ellos saben que el lenguaje construye realidad, y si asumen que fue un «Pronunciamiento», deberán también aceptar que el Gobierno de Salvador Allende fue un Gobierno inconstitucional, un desastre en lo político, económico y social, y que fue la población civil mayoritaria la que salió a las calles a exigir la salida (por la fuerza) de Allende.

Pero aceptar que ese mismo «pueblo» quería derrocar al supuesto «Gobierno del pueblo», es algo que la extrema izquierda e incluso el ahora “progresismo” y “socialismo democrático”, no están dispuestos a reconocer, menos hoy, que saben que ese mismo «pueblo» les ha propinado las derrotas electorales más grandes de su historia -a la que muy probablemente se sumará la del próximo 16N 2025 y 14D 2025- echando abajo el proyecto refundacional de la izquierda (por lo menos durante un buen tiempo).

Haciendo un poco de historia, la verdad irredargüible es que la sociedad chilena de la incipiente época setentera se encontraba extremadamente polarizada, y los dos grupos sociales organizados dominantes, la UP, por un lado, y los partidos políticos y gremios de derecha, por el otro, no tenían posibilidad alguna de alcanzar un consenso en cuanto a la catástrofe política que vivía el país en ese momento y que tenía a Chile al borde de una guerra civil.

Antaño, sólo había un grupo organizado existente, las Fuerzas Armadas, que, a punta de maíz y pañuelos blancos izados por nuestras valientes mujeres chilenas, se vieron en la necesidad de intervenir y salvar a Chile de una masacre entre connacionales. Nuestro Ejército -que lógicamente no son políticos, sino soldados- dio pie para que llegara el “momento de los fusiles», porque la hora del diálogo -se sabía- había terminado; así lo reconocieron incluso los máximos personeros de la Democracia Cristiana, como los ex Presidentes Patricio Aylwin A. y Eduardo Frei M. Por lo demás, el discurso del senador socialista Carlos Altamirano el día 9 de septiembre de 1973, dejó claro que los tiempos de paz habían finalizado.

Y porque, así como el sacrificio de Cristo fue necesario para la remisión de los pecados y la reconciliación con Dios, no se puede pretender que no exista «daño colateral» en tal contexto de crisis político-social, donde peligraba nuestra patria, y donde había una guerra interna y personas -no militares- dispuestas a asesinar a ciudadanos chilenos por la vía terrorista. Si es mejor que murieran tres mil personas a que fallecieran uno o dos millones de chilenos a raíz de una guerra civil, siempre será una cuestión debatible y, en la comodidad de un aula de clases, de un suntuoso despacho de algún “honorable” político de turno, en la tranquilidad de un hogar, de un trabajo o de una reunión social y, por supuesto, en democracia, el debate permanecerá abierto. Finalmente, después de la guerra, ¡todos somos generales!

Hoy, revivir ese escenario del 73, lamentablemente no parece tan descabellado, porque la “polarización política” se siente en las calles, y de algo estamos seguros: el PC no estará dispuesto a someterse al imperio de la ley de mano de un Gobierno de derecha, menos aún, cuando durante cuatro años han ordenado dormir a sus huestes, que ansiosas, esperan salir nuevamente, y recrear el infierno de octubre de 2019.

La historia -dijo Tucídides- es un constante volver a empezar. Esta ciclicidad histórica ha sido aprovechada siempre por el marxismo, disfrazado de “lucha política”. En los setenta, en el «contexto de la Guerra Fría», la amenaza comunista era real, y la vía armada, violenta y sangrienta que caracterizaba el actuar del MIR y luego, del FPMR, no eran fantasías en la cabeza de los militares, sino una realidad que sufría la sociedad chilena en carne propia. Los 760 uniformados asesinados, 40 de ellos en las primeras 24 horas del once, son “datos” que desgraciadamente, no han destruido el “relato” de la extrema izquierda. ¿acaso ellos no tenían también DDHH? ¿No son mártires, con viudas, familias mutiladas, huérfanos etc.? Esos militares fueron víctimas del terrorismo y se inmolaron por la defensa y seguridad de su patria y, a diferencia del terrorismo de izquierda, no estaban contaminados por ideologías políticas foráneas. ¡Lo hicieron porque son soldados que aman a su patria!

En relación a las violaciones de DDHH, efectivamente estas ocurrieron, ya que detrás de las instituciones existen personas y éstas, por definición, se equivocan. Pero también se apresaron personas inocentes, o militares que convencidos que su actuar estaba ajustado al Derecho de entonces, simplemente cumplieron con su deber.

Sin embargo, culpar a las FFAA de estos excesos, es un despropósito. No hay que olvidar que la mayoría de los individuos que murieron o desaparecieron por intervención de las FF.AA. y de Orden y, de sus Servicios de Seguridad, estaban siendo protagonistas de una lucha armada que ellos mismos originaron. ¿Debieron desaparecer? No. ¿Fallecieron inocentes? Sí, pero no como resultado de una acción directa en contra de ellos -derivada de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil-, sino a raíz del «daño colateral», -aceptado en ese entonces- y cuestionado ahora en pleno Siglo XXI por la doctrina y jurisprudencia internacional entorno a los DDHH, pero curiosamente, no criticado con la misma fuerza respecto de atentados terroristas atribuibles a movimientos de extrema izquierda que -para el logro de sus espurios objetivos- no discriminaron entre personas inocentes y no. Para todos ellos, la amnistía y el indulto fue justificado a todo evento.

¿Cuánto se recuerda y discute, por ejemplo, respecto del alevoso atentado al general Carol Urzúa y sus dos escoltas, el año 1983, o los cinco escoltas fallecidos en el atentado del General Augusto Pinochet el año 1986 o el asesinato del senador Jaime Guzmán el año 1991?

¿Acaso los carabineros, el general y el senador fallecidos, no eran personas inocentes?, ¿Qué pasó con los culpables de estos actos ilícitos? ¡Impunidad!

Ahora la sombra de la “Guerra Fría” se nos aparece nuevamente, pero como una amenaza nuclear global, que salpica también a Chile, pero sin muestras evidentes de sus efectos (por ahora). En cambio, la sociedad chilena actual está asustada, ansiosa y cansada de la delincuencia, el narcotráfico y la inseguridad. La Economía también ha hecho lo suyo, y los efectos del peor Gobierno de la historia democrática de Chile se ve en nuestras calles, en el diario vivir de millones de ciudadanos inocentes que lo sufren. Este caldo de cultivo cocinado durante estos últimos cuatro años está preparado para ser servido y “degustado” durante la próxima Administración. ¿Qué se hará entonces?

Hoy, aún existe resistencia en entender el contexto que se vivía el 73 y aceptar sus inevitables consecuencias, y la espada de Damocles que pendía sobre la sociedad chilena de esa época, y que llevó de manera inevitable a la intervención armada, hoy aparece nuevamente, pero con la inseguridad -ahora- de que su blandir pueda ser neutralizado, sino a costa de la vida de un gran número de víctimas inocentes, y probablemente, con la pasividad de las FFAA, quienes han aprendido las consecuencias jurídico-políticas de ser “carne de cañón”, y de cómo -de manera indigna- se apagan las vidas de cientos de militares presos, que bajo el código del honor militar, enfrentaron al enemigo y salvaron nuestra patria.

Es por eso que, llegado el momento de la defensa del Estado de Derecho, sin un apoyo político “serio” y “creíble” por parte del Poder y que no sea manifestación de sólo una burda propaganda eleccionaria, será imposible reestablecer el imperio del Derecho vigente y hacer valer la paz social de una forma más o menos permanente.

Y porque las acciones salvadoras de antes, merecen ser valoradas y, lo más importante, recordadas, es momento para poner un poco de equilibrio ante los excesos de parte de la justicia chilena contra militares que valerosamente se enfrentaron contra el terrorismo criminal del MIR y FPMR, e hicieron uso legal de la fuerza de las armas.

Muchos militares que en ejercicio legítimo de la fuerza contra esos criminales de ultra izquierda, fueron largamente perseguidos por medio de procesos judiciales indefinidos o reabriendo otros con total desprecio del principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica; fueron además juzgados al alero de un sistema inquisitivo y secreto, incompatible con garantías procesales mínimas, obsoleto; así como fueron injustamente sentenciados a penas draconianas que aseguraban su muerte en la cárcel o lisa y llanamente, condenados pese a que no estaban en condiciones etarias ni de salud para afrontar una cárcel efectiva, y aun cuando, por razones de prevención especial, merecían terminar sus días en su casa.

Las recientes decisiones ejecutivas respecto de la cárcel de Punta Peuco, la forma como se han materializado estas medidas y los daños físicos y morales que ha provocado en la población penal, dan cuenta de que lejos de existir el ánimo de alcanzar verdadera justicia, sigue primando la venganza del Poder sobre un grupo vulnerable de nuestro país.

No se trata de “blindar” a condenados por causas de DDHH y favorecer la impunidad. De lo que se trata es de inclinar la balanza de Temis y lograr un “justo equilibrio” al momento de ejercer la jurisdicción, especialmente, cuando se debe decidir sobre una forma de cumplimiento alternativo a la privación de libertad efectiva para reos provectos y enfermos, porque sólo de esa forma, podemos enviar un poderoso mensaje a nuestra institucionalidad político-castrense, que nos permita afrontar los riesgos socio-políticos actuales, evitando una guerra fratricida, y lo más importante, confiando siempre en que si las cosas se ponen “color de hormiga”, no estamos solos, echados a nuestra suerte.

Carla Fernández Montero

Abogada

Derecho Penal-Penitenciario

Publicado por Diario Constitucional

𝑳𝑨 𝑪𝑼𝑨𝑹𝑻𝑨 𝑪𝑶𝑵𝑫𝑬𝑵𝑨

Escribe: René Norambuena Veliz. General (R)

Con dolor recibo la cuarta condena para mis camaradas privados de libertad en Punta Peuco.

La primera es la condena definitiva de la Corte, la segunda es la privación absoluta de derechos, la tercera es el cierre de Cordillera y traslado a PP. y la cuarta es la transformación en cárcel común de ese recinto, mezclando delincuentes comunes con ancianos militares.

Lo lamento por mis camaradas de Ejercito, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, PDI y empleados civiles. Lo lamento por esos abnegados padres, hijos, esposas, hermanos y nietos. Conozco gente que lleva treinta años o más, he visto ancianos sin mirada, sin rumbo, sin una luz que lo ilumine. Semana a semana he visto a abnegadas esposas o hijas y algunas nobles organizaciones de retirados, con bultos, con comida, ropas, esos familiares y grupos, van con una predisposición digna de comentar, de admirar o de aplaudir en silencio.
Para mucha gente civil, para muchos políticos, esto debe ser una gran noticia.

Para los que hicimos nuestra vida en la carrera de las armas esto es una pésima noticia, más aún que conocemos a muchos de ellos.

Me podrán decir algunos políticos que esto es un acto simbólico del gobierno y de la izquierda, ya que estaba en el programa de gobierno y que como quedan dos semanas para una elección y cinco meses para el termino de este gobierno esto a lo mejor se podría revertir. Me digan lo que me digan, creo acá hay que haber vestido uniforme para opinar de ellos, para mi es un nuevo castigo para las mismas personas, para mi es no conocer el gran estado de ancianidad de muchos, las enfermedades terminales que tienen, el estado mental de otros.

Esta noticia es dolorosa, es fuerte, es de una impotencia terrible.

El pensar en ellos, muertos en vida, ancianos, enfermos y sin terminar sus días en su hogar, mezclados con delincuentes comunes, con visitas mezcladas con familiares de delincuentes, solos, abandonados por la sociedad y con apoyos solo de sus familiares y de organizaciones de retirados y de algunos civiles, es de los peores dolores que siento.

En Argentina:

                                                                  ¡CANALLAS!

por Enrique Guillermo Avogadro (Nota N° 1020)

“En los regímenes totalitarios, la cárcel es la trinchera de los hombres libres”.

 Jorge Mones Ruiz

Al finalizar la II° Guerra Mundial que costó la destrucción de Europa y parte de Rusia y la muerte de 85 millones de personas, se juzgó en Nuremberg a 22 jerarcas nazis; luego, en otros procesos, a 177 más; es decir que, por esos hechos, sólo fueron juzgados 199 dirigentes alemanes y, en 1995, 50 años después, ya ninguno estaba en la cárcel. En la Argentina, que padeció una guerra – lo reconoció en el Tribunal que juzgó a las juntas – provocada por organizaciones terroristas instruidas y financiadas por Cuba, Checoeslovaquia y Rusia, y en la que perdieron la vida menos de 9000 guerrilleros, los vencedores fueron arrastrados ante la in-Justicia por Néstor Kirchner; éste, para obtener la indulgencia de la izquierda para la masiva corrupción que encabezaría, pactó con Horacio Perro Verbitsky, de Montoneros, la demonización de las fuerzas armadas.

Las cifras, publicadas por la Unión de Promociones, permite evaluar la diferencia entre ambos escenarios y la magnitud que alcanzó aquí esa artera maniobra: 2.824 personas fueron sometidas a proceso y, actualmente, descontando las 957 muertos ya registrados (793 sin sentencia firme), quedan 1050 condenados y 813 que aún no tienen veredicto definitivo; además, muchos de ellos eran, o son, héroes de Malvinas.

En 1986 y 1987, el Congreso sancionó las leyes de “obediencia debida” y “punto final”, y todo fue declarado válido por la Corte Suprema. Pero el infame Tuerto necesitaba torcer y falsear la historia para complacer a los subversivos; hizo que el H° Aguantadero declarara nulas esas leyes. Esas mismas ratas que fungían de legisladores, cuando algunos magistrados aplicaron a esos presos políticos la ley del “2×1” (por cada dos días de prisión preventiva se descuenta uno de la pena), “re-interpretaron” su propio texto para excluir de ese beneficio sólo a éstos. Luego, sacó a escobazos a los miembros de la Corte que se negaban a convalidar tamaño dislate y, entre los nuevos miembros, ingresó Ricardo Lorenzetti; el Mono (su nombre de guerra) no tuvo empacho en declarar que todos los procesos de “lesa humanidad” eran “una política de Estado consensuada entre sus tres poderes”; y como eso no fuera suficiente, manifestó que “los jueces habían obedecido al clamor de la sociedad”.

Para producir esos juicios, Kirchner recurrió a varios cómplices: a cobardes asesinos togados, a fiscales militantes (designados por los mismos terroristas), a falsos testigos – generosamente “indemnizados” – que recurrían a “una memoria construida colectivamente”, y a organismos (tuertos y corruptos) de derechos humanos. Todos “olvidaron” que rigen, garantizados por la Constitución, los principios de juez natural, de igualdad ante la ley, de legalidad, de presunción de inocencia, de cosa juzgada, de “non bis in idem”, de prescripción y de ley anterior al hecho del proceso. Para utilizar “lesa humanidad”, recurrieron al Estatuto de Roma, que entró en vigor en 2002 y que, expresamente, prohíbe su aplicación retroactiva.

Según la ley, las prisiones preventivas no pueden exceder de los dos años, eventualmente prorrogable por un año por razones debidamente fundadas en el peligro de fuga o el riesgo para las pruebas. Pero ningún límite rige para los presos políticos, aunque su senectud hace imposible que escapen y, menos aún, que puedan alterar las “pruebas” de hechos cometidos hace 50 años. Los verdugos las mantienen, en 450 casos, excediendo ese máximo (en 203 de ellos supera los 11 años y, en 30, los 16), convirtiéndolas en cumplimiento anticipado de las penas y que, por afectar a gerontes (el promedio de edad es de 81 años, aunque hay quienes llegan a los 100) son sentencias de muerte, que se cumplen en cárceles que carecen de la más mínima posibilidad de atender a sus naturales dolencias.

El kirchnerismo contó con el silencio de una sociedad tan hipócrita que lleva más de 20 años mirando para otro lado, transformando en chivos expiatorios a esos mismos militares a los cuales rogó, aterrada ante el desmadre de asesinatos, atentados, secuestros extorsivos, robos de bancos y armas  y hasta violento copamiento de instalaciones castrenses, que tomaran el poder para evitar que las organizaciones terroristas, que prometían fusilar un millón de argentinos, nos convirtieran en lo que hoy son Cuba y Venezuela. Aunque se perciben sutiles cambios en la actitud del Poder Judicial, tales como la causa “Castillo”, donde la Corte exigió a los tribunales inferiores que fundamentaran la extensión de la prisiones preventivas, no ha habido nunca, ni siquiera durante las gestiones de Mauricio Macri y de Javier Milei, señales de cambio al respecto.

La indignación se exacerba hoy viendo al Tribunal que abrió el juicio en la causa “Cuadernos” pero admite que las audiencias se realicen por Zoom, cuando tantos presos políticos fueron obligados a comparecer aunque fuera con evidentes signos de demencia; se llevó a una audiencia a Luis Patti, parapléjico, en camilla. O cuando se  revocan prisiones domiciliarias por hechos nimios, pero se permite a Cristina Fernández, con condena firme, bailar en el balcón de su casa, abusar de las redes sociales y adoctrinar a sus seguidores. O cuando se concede a ex funcionarios y empresarios que cumplan sus penas en sus privilegiadas residencias, adquiridas con frutos de la misma corrupción que se les imputa; y cuando se los habilita, invocando causales tan absurdas como el stress, a atenderse en instituciones privadas.

El sábado 29 de noviembre, a las 1600 horas, quienes sentimos vergüenza por haber tolerado esto y reclamamos la inmediata libertad de los presos políticos que aún se pudren en las mazmorras de este país sin Justicia, diremos ¡PRESENTE! en la Plaza de Mayo.

Bs.As., 15 Nov 25

Por Cristián Labbé Galilea

No hay plazo que no se cumpla… Estamos a horas que el país defina su futuro, después de una campaña que asegura un “balotaje” entre el oficialismo y un candidato de la oposición. Si hay algo, además, que ha caracterizado esta campaña, es el optimismo que se respira en el ambiente… Los pronósticos advierten que el próximo gobierno será de la oposición, y que ésta tendrá mayoría en ambas cámaras.

Se termina un gobierno que llegó para cambiarlo todo, y claro que lo logró: se desató la delincuencia, el narcoterrorismo y la corrupción; se debilitó el orden institucional; se mancillaron los valores patrios; se violaron principios básicos de la moral y la ética; ni que hablar de la salud y la educación, la vivienda y las obras públicas… Todo un desastre.

Hay optimismo, claro que sí, porque debieran volver los tiempos de prosperidad, los tiempos en que se crecía sostenidamente, cuando se podía vivir con tranquilidad, los niños podían ir a la escuela sin riesgo; aquella época en la que se honraban nuestras tradiciones y nuestra historia… Y no se trata de idealizar el pasado, también tuvo luces y sombras, sólo que ahora existe la esperanza de un mejor futuro.

Son “sueños de tiempos mejores”, el anhelo de creer que es posible el cambio, lo que debiera movernos a luchar porque vuelvan a nuestro país los valores y principios de la Sociedad Libre: seguridad, orden, justicia, progreso, bienestar… sueño que sólo será posible si se trabaja por él.

Por lo mismo, no debiera sernos indiferente quien, de nuestro sector, sea el que llegue a La Moneda. Serán tiempos difíciles, habrá que hacerse cargo, con decisión y firmeza, de todo lo que se dijo y no se dijo durante la campaña.

En esta elección se tocaron temas que por mucho tiempo los políticos se negaron a enfrentar con coraje, v.gr., indultos en materias de derechos humanos, y futuro del Instituto a cargo del tema; la participación en organismos internacionales; lo referido a la identidad de género y a ministerios que debieran fusionarse o sencillamente eliminarse; la modernización de la Justicia y de la Fiscalía Nacional; la reducción del Estado… y tantos otros.

Así también, hubo temas que se tocaron tangencialmente y no se presentaron soluciones concretas, como en el área de Educación, especialmente en la básica y la media: ¿se mantendrá municipalizada, se seguirá con los SLEP, se eliminará el ESI (educación sexual integral)? En materia de salud, los candidatos también quedaron al debe, no presentaron soluciones concretas, sólo generalidades…

En definitiva, lo que se dijo y lo que no se dijo marca la diferencia entre los candidatos de la oposición. Otro factor clave, a la hora de definir el voto, es…. quien tendrá “los pantalones” para tomar las decisiones que se requieren… Y por último, si de definiciones se trata, *esta pluma se inclina por la “Fórmula K”, a la que -en segunda vuelta- debieran sumarse todos los demás

Elegir bien: 

En este periodo tenso de elecciones, no olvidemos lo ocurrido entre 1971 y 1972. Con especial afecto espero que este episodio, los ayude a recordar que las Fuerzas Armadas, tanto desde las filas como desde el gobierno fueron las que sostuvieron el país en esos años hasta que el sistema se rompió:

Vea una argumentación de peso:

Así se responde en las entrevistas:

Demagogia en el proceso electoral

La ciudadanía merece soluciones, no bravatas de campaña ni promesas que trasladan la responsabilidad a quienes, por mandato constitucional, deben mantenerse fuera de la contienda política.

En 14 Nov, 2025

Por Christian Slater E., coronel (R) del Ejército

Resulta triste y profundamente preocupante constatar el nivel de ciertos candidatos presidenciales que, lejos de elevar el debate público, recurren a frases efectistas, propuestas temerarias y un lenguaje impropio para quien aspira a dirigir el país. Más inquietante aún es observar cómo un sector de la ciudadanía celebra estas salidas de libreto sin advertir el riesgo que implica confiar en quienes reducen la política a un espectáculo.

Pareciera que, una vez más, cada candidato termina rodeado de los votantes que él mismo genera. Pero no deja de alarmar la facilidad con que un discurso simplista y emocional puede convencer a quienes no han tenido la educación, el criterio o la experiencia para distinguir entre una propuesta seria y un acto de mera demagogia.

En días recientes, un candidato afirmó públicamente que ordenaría el despliegue de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interior y que destituiría a cualquier alto mando que no acatara sus instrucciones, utilizando expresiones inaceptables para referirse a almirantes y generales de la República. Frente a ello, y entendiendo que las Fuerzas Armadas y Carabineros no pueden intervenir en debates políticos, corresponde esperar —e incluso exigir— una respuesta clara de la Ministra de Defensa. Su silencio, en este contexto, sería una señal preocupante respecto del respeto institucional que el país requiere.

Este episodio ofrece, además, una oportunidad para recordar algo que el debate público parece olvidar: es el poder político, no los militares, quien ha sido incapaz durante años de asumir su responsabilidad en la elaboración de Reglas de Uso de la Fuerza claras, modernas y adecuadas a cada circunstancia. Esa omisión es la que mantiene a nuestros soldados y carabineros expuestos a la inseguridad jurídica, al riesgo personal y a la persecución posterior cuando actúan en defensa del orden público.

Pretender que un general, un almirante o cualquier mando operacional ordene a su personal salir a la calle sin contar con el debido respaldo legal, político y judicial no solo sería irresponsable: sería exigirles traicionar el deber más básico que tienen, que es proteger la integridad y la vida de la tropa bajo su mando. Ningún comandante serio enviaría a su personal a una misión que sabe que el poder político no respaldará, que puede ser cuestionada por el poder judicial y que, además, será objeto de múltiples denuncias ante organismos de derechos humanos.

¡No, señores! Háganse cargo de lo que ustedes mismos han establecido en la Constitución: es el poder político el responsable del destino del país. No los militares. La seguridad, el orden público y el marco jurídico que los regula son tareas indelegables del Estado y de sus autoridades civiles, no un comodín para culpabilizar a la institución armada cuando fallan las decisiones políticas.

Chile necesita un debate serio, responsable y con altura de miras. La ciudadanía merece soluciones, no bravatas de campaña ni promesas que trasladan la responsabilidad a quienes, por mandato constitucional, deben mantenerse fuera de la contienda política.

Oficio eviado al INDH por diputados valientes que respetan el Estado de Derecho:

Oficio INDH juicios Despachado

En Argentina:

Crespo, ¿víctima o victimario?

Por Gerardo Varela 

El pasado 4 de noviembre se cumplió un año del juicio oral en contra del comandante de Carabineros Claudio Crespo, por las lesiones oculares sufridas por el integrante de la primera línea y hoy candidato a diputado por el PC Gustavo Gatica. En julio del año 2024 Crespo fue absuelto en juicio oral, por otra acusación de la fiscalía, y la semana pasada la Corte de Apelaciones confirmó otro sobreseimiento, que, agregado a dos causas más ya desestimadas con anterioridad, lo han obligado a enfrentar algo que se parece más a una persecución que a una investigación criminal imparcial.

El 8 de noviembre de 2019 fue uno de los días más violentos del “estallido social”. Los mismos manifestantes que ese día quemaron la iglesia de la Asunción, la universidad Pedro de Valdivia y atacaron la embajada argentina, se enfrentaban con un pequeño grupo de fuerzas especiales en la esquina de la calle Carabineros de Chile con Vicuña Mackenna. No era una manifestación pacífica y los carabineros estaban superados en número, llevaban 20 días consecutivos en jornadas interminables y sometidos a un estrés terrible, tratando de restablecer el orden. Los policías eran atacados con hondas, bombas molotov, piedras, postones; los conductores, cegados con láseres y, según se aprecia en las imágenes presentadas por la propia fiscalía, hasta con un arco y flecha.

En ese nivel de violencia, cumpliendo con los protocolos y en el fragor del enfrentamiento, varios carabineros hicieron uso de sus escopetas antidisturbios. Estas armas no tienen aparatos de puntería, los cartuchos llevan 12 postas de caucho y a la distancia que se encontraba Crespo de Gatica (24 metros), la dispersión de los balines es de más de dos metros. Según un experto en estadística que declaró en el proceso, la probabilidad de que esos balines impactaran en los ojos a Gatica, era de uno en 250 mil, lo que acerca las lesiones a un accidente y lo aleja de un delito.

Crespo no decidió estar en ese lugar, se lo ordenaron. Disparó la escopeta con munición no letal que le fue entregada para el servicio, para responder a las agresiones que enfrentaba. Los expertos han acreditado que la trayectoria de las postas que hirieron a Gustavo Gatica es incompatible con la posición del acusado y, sin embargo, la fiscalía ha decidido perseguirlo. Crespo ya ha sido castigado por la fiscalía con la pérdida de su trabajo, la pérdida de sus bienes, su criminalización y debiendo enfrentar varios procesos judiciales en los últimos cinco años. Un lustro dedicado a defenderse por haber cumplido con su juramento de defendernos.

La norma era expresa y pública, estas agresiones activas denominadas nivel 4 —y estas lo eran con claridad— permitían el uso de armas no letales. Esto es correcto, los abogados hemos tomado nota, pero la fiscalía parece no enterarse. El caso Gatica es un caso claro de uso racional de la fuerza, es un caso obscuro en cuanto a la autoría de Crespo y es un caso donde la duda razonable está escrita en toda la causa.

La evidencia clave presentada por la fiscalía la vimos en TV, unos videos donde solo se aprecia una manifestación violenta en que la “primera línea” agrede a carabineros que, parapetados, se defienden; se escuchan estruendos, no se aprecia bien quién dispara, desde dónde viene ni a quién le impacta. Es una evidencia confusa para culpar a alguien y muy clara para exculpar a otros.

Destinar un año a un juicio oral que suspende la vida del acusado, emplea ingentes recursos públicos con evidencia débil, no es un despropósito, es un abuso que solo busca crear un precedente que disuada al resto de los carabineros a cumplir con su deber. En el caso Crespo no está en riesgo solo su libertad, sino que la de todos nosotros.

La tragedia de Gustavo Gatica es un accidente lamentable, pero no un delito. Crespo es un hombre fuerte, decidido y respetado por sus hombres. Mide casi dos metros y es valiente como el que más. Es el primero que uno quiere a su lado cuando las papas queman. Eso no lo transforma en delincuente, lo hace un carabinero de fuerzas especiales que la fiscalía quiere transformar en victimario.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el viernes 7 de noviembre de 2025.

Chile: Aprendiendo de la Historia

Por Gonzalo Ibáñez Santa María 

Durante el pasado mes de septiembre conmemoramos un nuevo aniversario del pronunciamiento militar que tuvo lugar el día 11 de ese mes en 1973. Y, en octubre, del estallido de violencia que comenzó el día 18 de ese mismo mes, pero en 2019.

En la primera de esas fechas el país actuó, por intermedio de sus Fuerzas Armadas y Carabineros, para poner término a la situación de caos por la que atravesábamos entonces y al afán que dominaba al gobierno de Salvador Allende, de someter a nuestro país para convertirlo en una segunda Cuba y en un lacayo de la Unión Soviética. Los chilenos no quisimos perder nuestra libertad y nos la jugamos para mantener al país en el concierto de las naciones civilizadas. Fue, sin duda una experiencia traumática. Hubo abusos de poder por parte de nuestros uniformados que deben ser juzgados, por supuesto, pero sin perder de vista el contexto en que ellos se cometieron. Y sin perder de vista lo que se obtuvo durante los años del gobierno militar: Chile entró en una senda de desarrollo única en su historia. De hecho, pasamos a ser el primer país de nuestro continente después de haber, por décadas, marchado al final. Llegamos a ser así un país muy seguro que ofrecía a sus habitantes un futuro de paz y de prosperidad.

El 11 de marzo de 1990 recomenzaron en Chile los gobiernos civiles. Estos, sin inmutarse, continuaron las exitosas políticas que tanto bien le habían hecho al país, pero renegaron del origen de estas, es decir, del gobierno militar. Grave contradicción: Chile entró en la mejor etapa de su historia, practicando estas sanas políticas, pero socavando las bases que las sostenían.

Fue por esta vía que el modelo comunista de 1973 comenzó a recobrar una aparente validez. Y, por lo mismo, las políticas del gobierno militar, heredadas por los gobiernos civiles, comenzaran a ser presentadas como ilegítimas a pesar de sus evidentes éxitos. Englobadas bajo el nombre de “neoliberalismo”, se organizó todo un movimiento destinado a ponerles término, a repudiar el régimen militar y a reponer como alternativa válida el programa marxista. El resultado fue el estallido del 19 de octubre de 2019 y, con él, la sumersión del país en una ola de violencia, pobreza, delincuencia y terrorismo. En pocas palabras, si se produjo el estallido de violencia, fue porque el país había dejado de lado la enseñanza de su propia historia.

Ese estallido, como se sabe, se apaciguó por la llegada de la pandemia de COVID que obligó a suspender las manifestaciones, las marchas y la violencia. Pero, los motivos han seguido latentes y sabemos de fuerzas que ahora buscan reeditarlo. Por eso, como conclusión, o somos leales a la enseñanza que nos proporciona nuestra historia o nuestro destino va a ser el de repetir la acción del día 19 de octubre de 2019.

Desafío a la esencia de la democracia

Por Karin Ebensperger 

La seguridad y la libertad están siendo desafiadas en gran parte de Occidente, también en Chile, por un debilitamiento de los propios valores que les dieron origen. Como he repetido en estas columnas, el concepto de Estado de Derecho solo ha surgido en Occidente, en los últimos dos siglos, tras una larga evolución de las instituciones; no se conoce igual en otras culturas. Pero cuando se nace en libertad y en democracia, esos valores se dan por sentados, incluso se exigen sin un esfuerzo a cambio.

En Chile hace mucho tiempo se ha dejado de lado el interés por la polis y su defensa conceptual. Hoy cunde un narcisismo hedonista, y muchos políticos en altos cargos han olvidado completamente la idea de que la libertad se defiende cada día: en lo interno, aplicando rigurosamente la ley, y en política exterior, actuando según el interés nacional por sobre la ideología del gobernante de turno.

A los jóvenes ya no se los prepara para ser parte de una sociedad civil comprometida con los temas públicos; y la inversión en la defensa militar no se considera prioritaria, se ha cedido ante presiones contrarias a los conceptos de seguridad nacional, que son intransables y muy presentes en todas las democracias estables de Occidente. En educación, las universidades se limitan muchas veces a una instrucción instrumental, sin preparar para la reflexión ética; no hay espacio para análisis sobre la condición humana y el sentido de la vida cívica. Incluso se considera políticamente incorrecto educar a los jóvenes en los valores occidentales, porque se privilegia la opinión de diversas minorías antisistémicas de un relativismo radical. Se impide así transmitir los códigos morales propios de la larga tradición filosófica.

A pesar de todo, Chile ha mostrado cierta resiliencia. El solo hecho de que haya elecciones periódicas, resultados rápidos, reconocidos, y alternancia en el poder, muestra una cultura democrática destacable dentro de la inestabilidad de Latinoamérica. Según todas las encuestas, Carabineros y las FF.AA. son muy valorados —algo muy atípico en los países de la región—, no obstante haber sido denostados hasta el extremo por las actuales autoridades durante el llamado estallido social y la violencia delictual. Y las cifras económicas del Gobierno, malas y además inexactas, son rechazadas porque aún se exige rigurosidad en Chile.

Tras años de ineptitud en materia de seguridad y de relajo en la aplicación de las normas, debemos recuperar el imperio de la ley. También preparar al país para el retorno de la geopolítica en el campo internacional. La Presidencia de Chile y el Congreso deben volver a inspirar respeto y aprecio. Y para eso es crucial ejercer el voto en forma responsable: es un deber, un derecho y un privilegio.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el viernes 7 de noviembre de 2025.

octubre 26, 2025

El mainstream se desnuda: la caída del director de la BBC confirma lo que, en agosto, se denuncio en este Blog.

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Que renuncie el director de la BBC por un montaje informativo no es un “escándalo aislado”: es una confirmación pública de algo que ya veníamos advirtiendo en este blog. La corriente principal de los medios no es neutra; selecciona, edita y decide qué relato se impone. Y cuando tropiezan, se protegen entre iguales hasta que la presión obliga a una purga simbólica.

El caso BBC: manipulación global.

El episodio reciente —un documental de la BBC cuya edición de un discurso de Donald Trump fue criticada como engañosa— dejó en evidencia la forma en que opera el poder mediático. La edición importa: un fragmento fuera de contexto puede cambiar la verdad. Y cuando el error se vuelve público, los medios hablan de “fallas” técnicas o “errores editoriales”, pero nunca de manipulación ideológica.

Un error que le costará muy caro a la BBC y sus integrantes. Algo que algún día será realidad en Chile.

En Chile también: el caso Francisco Vidal y TVN.

Y uno podría también hacerse la pregunta: ¿y en Chile, cuándo? Porque aquí también existen casos que, aunque distintos en magnitud y forma, muestran síntomas similares. La salida de Francisco Vidal del directorio de TVN no fue un detalle menor. Si bien su renuncia no obedeció a un montaje informativo como el de la BBC, sí se dio en un contexto de acusaciones por falta de pluralidad y manipulación editorial en un medio estatal que debería ser de todos los chilenos. Cuando un medio público pierde la confianza del ciudadano por sus sesgos, se transforma en un actor político más, amparado en la excusa de la “libertad de expresión” para imponer una libertad de distorsión.

Caso Quemados: la denuncia que se derrumbó.

En 2022, un exconscripto declaró haber mentido en el “Caso Quemados” y aseguró que un equipo periodístico de Chilevisión le habría ofrecido dinero y beneficios para inculpar a inocentes. El testimonio, acompañado de una declaración jurada ante notario, nunca fue refutado ni investigado a fondo. Si aquello llegara a confirmarse, estaríamos ante uno de los episodios más graves de manipulación mediática en democracia. Mientras en otros países los responsables de montajes enfrentan sanciones, en Chile solo reina el silencio.

El caso Kioto de Megavisión.

Otro episodio emblemático de manipulación mediática ocurrió en 1991 con el llamado “caso Radio Kioto”, transmitido por Megavisión. El canal emitió una grabación privada e ilegal del entonces senador Sebastián Piñera, lo que desató una crisis política y ética sin precedentes. El escándalo terminó con la salida del director de prensa Jorge Claro y del periodista Claudio Sánchez, ambos acusados de vulnerar la ética profesional y de usar un medio de comunicación como arma política. Aquella grabación fue un ejemplo claro de cómo el poder mediático puede torcer los hechos, violar la privacidad y manipular la opinión pública.

Caso Baquedano: la mentira del “centro de tortura”

Durante el estallido social de 2019, se difundió masivamente la denuncia de un supuesto “centro de tortura” en la estación Baquedano. Líderes políticos y parlamentarios de izquierda repitieron la acusación como un hecho consumado. Sin embargo, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI concluyó que “no se encontraron indicios criminalísticos para acreditar la efectividad del delito denunciado” y que “no se logró establecer la veracidad de los hechos”. El relato fue falso, pero ya había cumplido su cometido: encender la calle, destruir reputaciones y reforzar la narrativa del abuso estatal. Nadie pidió disculpas. Ningún medio asumió responsabilidad.

Caso Pío Nono: cuando la verdad llega tarde.

El ex carabinero Sebastián Zamora fue acusado de homicidio frustrado tras la caída de un joven al Mapocho en 2020. La noticia fue presentada de inmediato como una prueba del “uso excesivo de la fuerza” por parte de Carabineros. Tres años después, el Tribunal Oral en lo Penal lo absolvió por unanimidad y la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia. Zamora fue reincorporado a la institución, pero el daño mediático ya estaba hecho: una imagen pública destruida por una narrativa apresurada.

La colusión entre el periodismo “woke” (*) y la izquierda radical.

Los ejemplos sobran. En Chile y en el mundo hemos visto cómo el periodismo militante —ese que se disfraza de imparcialidad mientras sirve a una agenda ideológica— se colude con la izquierda radical para manipular la opinión pública. Desde el montaje de la BBC, pasando por TVN, Chilevisión, Megavisión, el caso Baquedano y el caso Pío Nono, todos comparten el mismo patrón: se lanza una acusación, se instala una historia, se destruye una reputación, y cuando la verdad aparece, nadie pide disculpas. Eso no es periodismo: es activismo disfrazado de prensa. Y lo más grave es que muchos de esos medios siguen operando con fondos públicos o con el silencio cómplice de quienes deberían fiscalizarlos.

¿Y en Chile, cuándo?

Porque el problema no es solo la mentira, sino la impunidad. Cuando los medios pueden manipular, acusar y fabricar sin consecuencias, la democracia se convierte en rehén de sus relatos. Y la pregunta sigue resonando, más vigente que nunca: ¿Y en Chile, cuándo habrá consecuencias para los que manipulan la verdad?

(*) NOTA:

¿Qué es el “Periodismo Woke”?

El llamado periodismo woke —o “periodismo despierto”— es una corriente ideológica que, en lugar de buscar la verdad, intenta imponer una moral política bajo la apariencia de justicia social.

No informa: adoctrina.

No contrasta hechos: elige relatos que refuercen su visión “correcta” del mundo.

Principales características:

1. Militancia disfrazada de objetividad:defiende causas, no hechos.
2. Cultura de cancelación:silencia o ridiculiza al disidente.
3. Control del lenguaje:redefine palabras para condicionar la opinión.
4. Victimismo selectivo:solo algunas víctimas son “válidas”.
5. Manipulación emocional:prioriza la emoción sobre la evidencia.
6. Alineamiento globalista:replica consignas ideológicas internacionales.

En síntesis, el periodismo woke reemplaza la verdad por corrección política, transformando la prensa en un instrumento de poder y no de información.

DENUNCIA DE AGOSTO DE 2026:

El “Mainstream” y la realidad que no quieren ver.

La palabra mainstream significa literalmente “corriente principal”. En política y comunicación, describe a la red de medios de comunicación dominantes, organismos internacionales, centros de pensamiento y élites económicas que imponen una narrativa única y moldean la opinión pública. No lo hacen necesariamente a través de mentiras directas, sino seleccionando qué se dice, cómo se dice y quién tiene derecho a ser escuchado. Es una forma de poder blando: silenciosa, sofisticada y extremadamente efectiva.

Esa corriente dominante no es neutra. Está fuertemente alineada con una visión progresista y globalista, representada por medios internacionales como The New York Times, BBC, El País o CNN, y reforzada por organismos como la ONU, la OCDE o la Unión Europea. Desde allí se emiten juicios, se instalan conceptos y se definen marcos de interpretación que luego la inteligencia artificial reproduce automáticamente, porque se alimenta de esas fuentes masivas y “prestigiadas”.

Sin embargo, el mainstream no actúa solo desde el extranjero. En Chile, también tiene rostro propio. Parte de la centroderecha tradicional —especialmente quienes orbitan alrededor de Chile Vamos— ha contribuido activamente a construir esta narrativa dominante. Muchos de sus voceros tienen acceso privilegiado a los medios, a espacios de opinión y a plataformas de análisis político. Aunque no usen el lenguaje de la izquierda, han contribuido a instalar una visión que desacredita cualquier liderazgo que desafíe al establishment, incluso si proviene de su propio sector.

El mainstream en nuestro país no es una sola voz, sino una red bien articulada que reúne a grandes medios de comunicación, universidades tradicionales, centros de estudios, poder económico y actores políticos que comparten un mismo marco narrativo. No siempre piensan igual, pero protegen el mismo ecosistema de poder, administrando el debate público y excluyendo a quienes desafían ese orden. Un rol central en esta construcción lo cumplen los llamados “líderes de opinión”, rostros recurrentes en columnas, editoriales y paneles que presentan sus posturas como verdades técnicas o razonables, pero que en la práctica refuerzan el mismo marco ideológico dominante.

Es desde esa estructura —y no desde la neutralidad— que se construye buena parte del relato que la IA termina amplificando.

En este escenario, José Antonio Kast y Johannes Kaiser se han convertido en una piedra en el zapato para ese sistema instalado. A pesar de la maquinaria política, mediática y económica en su contra, han logrado consolidar un electorado firme, con presencia territorial y una propuesta política coherente. Los resultados de las últimas mediciones reflejan esa fuerza creciente: Kast y Kaiser han desplazado a Evelyn Matthei al cuarto lugar, un golpe directo a quienes daban por hecho que la derecha tradicional controlaría la escena política de cara al 2025. Este avance no se debe a encuestas infladas ni a maniobras comunicacionales, sino a un trabajo político real, sostenido y en contacto con la ciudadanía, algo que el mainstream ha ignorado deliberadamente.

En Argentina acaba de ocurrir algo muy parecido —y aún más revelador. Durante semanas, la prensa internacional y analistas “expertos” aseguraban que Javier Milei enfrentaba un escenario adverso, que su apoyo se debilitaba y que su coalición difícilmente lograría un triunfo contundente. La IA, alimentada por esa misma matriz informativa, repitió el diagnóstico como si fuera verdad revelada. La realidad fue muy distinta: Milei obtuvo una victoria aplastante en las elecciones legislativas, con un resultado histórico en la provincia de Buenos Aires, el bastión político más poderoso del país. Ese triunfo no solo reafirma su liderazgo, sino que desnuda a toda una maquinaria de relato que intentó instalar su derrota como una “certeza técnica”.

Lo mismo ocurrió antes con Donald Trump en 2016, cuando prácticamente todos los analistas daban por ganada la elección a Hillary Clinton, y con el fenómeno de Vox en España, o con el avance de la derecha en Europa Central. No son hechos aislados. Son expresiones de una realidad que el mainstream no quiere ver ni admitir: que amplios sectores de la ciudadanía están hartos de un modelo político que ha servido a minorías instaladas en el poder, mientras desatiende la seguridad, la soberanía, el desarrollo real y la libertad individual.

En Chile, además, este relato dominante no solo es sostenido por la izquierda, sino también por un sector de la derecha económica que ha preferido proteger sus privilegios antes que defender ideas. Son ellos quienes financian, ocupan espacios de influencia y moldean la discusión pública desde los medios tradicionales. Y es esa misma voz la que termina siendo amplificada por la IA, porque es la que más se oye, la que más se publica y la que más circula.

Cuando uno busca información sobre Kast, Kaiser o Milei en medios convencionales o mediante IA, lo primero que aparece no son sus programas de gobierno, sus logros o su respaldo ciudadano. Lo que surge son etiquetas ideológicas cuidadosamente repetidas: “ultraderecha”, “populismo conservador”, “pinochetismo”, “amenaza autoritaria”. En cambio, cuando se habla de líderes progresistas, la narrativa cambia: se resaltan sus propuestas, sus ideales y su supuesta vocación democrática. Esto no es casualidad: es ingeniería narrativa.

La IA no es la causante de este fenómeno. Es simplemente un reflejo de la hegemonía comunicacional existente. Absorbe lo que domina el espacio público, y eso significa amplificar a quienes ya tienen el control de los grandes medios, de los organismos multilaterales y de las redes de influencia política y económica. En este sentido, la IA actúa como un espejo, no como un actor ideológico independiente. Pero es un espejo que amplifica, y por lo tanto potencia los sesgos existentes.

Por eso, cuando la realidad política da un giro —como ocurrió hoy en Argentina, como viene ocurriendo en Chile—, los analistas mainstream hablan de “sorpresa”. Pero no es sorpresa: es la evidencia de que su relato no coincide con lo que está pasando realmente en la calle, en los barrios, en las regiones, en las urnas.

El problema no está en que existan medios progresistas o agendas globalistas. El problema está en la concentración del relato en pocas manos y en una derecha tradicional que, en vez de ofrecer resistencia, ha sido cómplice silenciosa de ese dominio. La verdadera batalla política no se libra solo en los votos: se libra en quién controla la conversación antes de que se vote.

Y cuando esa conversación está secuestrada, la democracia se vuelve predecible solo para los que la controlan… hasta que llega el pueblo y los desmiente.

De cara a las próximas elecciones

Por Max Silva Abbott

Una de las muchas lecciones que pueden extraerse ya, al final del actual gobierno, es que nuestra institucionalidad ha resultado ser bastante más vulnerable de lo que se creía, lo cual ha quedado de sobra demostrado con los continuos escándalos, sobre todo financieros, que han endilgado a la actual administración.

De hecho –y parece no haberse tomado suficiente conciencia de esto todavía–, tal vez el mayor problema del auténtico desfalco del cual han sido objeto las arcas fiscales, es la notable falta de servicio que ello está ocasionando en las más diversas áreas del Estado, falta de servicio que puede incluso tener consecuencias fatales, como ocurre y lamentablemente ha ocurrido con las prestaciones de salud.

No sólo eso: el hecho de tener un Estado insolvente hace que un sinnúmero de empresas y particulares que negocian con él, sufran graves perjuicios económicos, e incluso puedan quebrar, al serles imposible mantener sus emprendimientos por falta de pago, lo que a su vez, genera más despidos.

En realidad, no resulta exagerado señalar que esta lamentable situación no puede menos que haber sido prevista por las actuales autoridades. Esto es obvio, puesto que como todo el mundo sabe, los recursos son siempre limitados y las necesidades, prácticamente infinitas. En consecuencia, si se desvían fondos, es evidente que muchas de estas necesidades quedarán insatisfechas.

Por eso, no sólo le cabe responsabilidad a quienes han procedido a este desfalco por el monto de los recursos sustraídos, sino también por los perjuicios causados a la población, fruto de este doloso comportamiento. Este es un tema que debiera investigarse en el futuro.

En consecuencia, a menos que se quiera convertir a Chile en un Estado fallido (algunos dicen que en parte ya lo es), resulta imperioso un drástico cambio de rumbo, lo que exige un fuerte golpe de timón por parte del próximo gobierno, pues la situación es tan grave, que aquí ya no caben medias tintas.

Lo anterior exige así, reforzar la institucionalidad existente, a fin de evitar las fugas y escándalos antes señalados y, además, colocar gente honesta en los cargos clave, pues de poco sirve una normativa idónea, si quienes tienen el deber de aplicarla no están a la altura de las circunstancias.

Todo lo dicho hace, pues, que la próxima elección sea una de las más importantes de los últimos tiempos (aunque obviamente, toda elección lo es), dada la auténtica encrucijada en la que se encuentra Chile en estos momentos.

Finalmente, también se necesita responsabilidad cívica, lo cual exige concurrir a votar, al margen de que el sufragio sea obligatorio o no. Ello, pues el argumento de quienes no votan, en virtud del cual no les importa lo que ocurra en el ámbito político, resulta falaz; y lo es, porque las actividades cotidianas de aquellos que no voten, se verán igualmente afectadas por quienes resulten electos. De nada les servirá a los no votantes escudarse en su omisión. Por eso, al menos deben sufragar por lo que consideren el mal menor.

A votar entonces. No tendrán derecho a quejarse de su futura situación quienes pretendan desentenderse tan fácilmente de su responsabilidad cívica.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián.

No confían ni en ellos mismos, vea:

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Mostrando la peor cara

Mientras el Poder Judicial está sumido en una severa crisis de corrupción, la instancia que debe fiscalizarlo muestra su peor rostro. Quizás no por azar la única institución con peor evaluación ciudadana en las encuestas que los tribunales de justicia es el Congreso Nacional

por María Asunción Poblete R.12 noviembre, 2025

El lunes se aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa. El juez fue acusado de notable abandono de deberes por presuntamente vulnerar los deberes de reserva y confidencialidad, filtrando resoluciones judiciales al abogado Luis Hermosilla y participando en nombramientos de jueces sin declararse inhabilitado. Con su destitución, ya son tres los ministros de tribunales superiores de justicia removidos en un solo año (recordemos que desde 1990, sólo se había destituido a uno, Hernán Cereceda, en 1992).

El caso ilustra la crisis del Poder Judicial, cuyos escándalos de corrupción se han sucedido in crescendo desde el “desastre de Rancagua” en 2019. Así lo confirma el nuevo informe del IES, Sistema judicial y percepción ciudadana, que aborda entre otros casos, los episodios de corrupción del Poder Judicial para explicar la profunda desconfianza pública hacia este y las consecuencias de aquello. Se trata de un poder debilitado, tensionado con la política y la ciudadanía, y envuelto en episodios que exceden las fricciones naturales entre los poderes del Estado. En particular, los casos de corrupción al interior del Poder Judicial son alarmantes no sólo por la magnitud de los hechos, sino por el deterioro progresivo de la legitimidad del “gran árbitro” que debe perseguir a los corruptos e impartir justicia. Esta pérdida de credibilidad apunta a un problema sistémico, alimentado por incentivos y prácticas internas que podrían corregirse, aunque ello exige reformas de fondo (por ejemplo, fortalecer el control disciplinario de la Corte Suprema y revisar el modelo de gobierno judicial).

Es en este contexto que debemos evaluar el caso Ulloa: el de una ciudadanía recelosa que suma este episodio como evidencia para confirmar el deseo contenido (que a ratos explota) de “que se vayan todos”. Eso explica las rápidas reacciones de los candidatos presidenciales: en redes sociales, Evelyn Matthei instó a Chile Vamos y Demócratas a respaldar la acusación, en la misma línea de la definición de Johannes Kaiser, quien suspendió su gira de campaña para votar en la Cámara de Diputados. De hecho, su discurso el 29 de octubre fue decisivo para alinear a diputados que pensaban abstenerse o rechazar: “La República no puede sobrevivir a malos jueces”, advirtió, acusando los “macuqueos” entre el Ejecutivo y el Senado que habrían corrompido el sistema. “Que ellos decidan -añadió-, pero sabiendo que todo el país les está mirando los dedos”.

A pesar de esto, y como pudimos ver esta semana, al llegar la votación al Senado las cosas se complicaron. Durante la sesión el lunes, el diputado Daniel Manouchehri -invitado en su calidad de fiscal de la acusación- aprovechó su intervención para atacar a la senadora Yasna Provoste, acusándola de participar en las operaciones fraudulentas de Ulloa y provocando reacciones indignadas. Pero los motivos del diputado son altamente sospechosos: Provoste disputa la elección en Atacama de este domingo con la diputada Cicardini, no sólo compañera de bancada de Manouchehri, sino su pareja. Luego de ese ataque, el diputado protagonizó un altercado con el senador Fidel Espinoza, al cual tildó también de corrupto. El episodio obligó al presidente del Senado a llamarlo reiteradamente al orden y, finalmente, a suspender la sesión. Su “gustito” casi cuesta la aprobación del libelo. Afortunadamente, al reanudarse la discusión, se le prohibió volver a intervenir y se concretó la votación.

El incidente es revelador: mientras el Poder Judicial está sumido en una severa crisis de corrupción, la instancia que debe fiscalizarlo muestra su peor rostro. Quizás no por azar la única institución con peor evaluación ciudadana en las encuestas que los tribunales de justicia es el Congreso Nacional (y, por cierto, el gobierno). Es difícil imaginar un panorama más crítico: la baja evaluación no hace más que confirmarse ante este lamentable desempeño del poder llamado a castigar la corrupción del Estado.

Todo esto debiera preocupar a la política, y más aún en tiempo electoral. De cara a la ciudadanía, pareciera dibujarse con persuasión la rentable imagen de la casta -compuesta por jueces, parlamentarios, funcionarios que viajan con licencias falsas, entre otros-, pues lo que ven es que trabaja sólo para sí misma, que los políticos prefieren asegurar sus posiciones antes que servir al país. Muchos se escandalizan ante el auge de las candidaturas anti-establishment que se apropian del enojo ciudadano. Y tienen razón: necesitamos salvar a las instituciones de sus peores versiones. Sin embargo, eso exige estar a la altura, y no es claro que contemos con las personas para ello.

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María Asunción Poblete R.

Investigadora IES Más de María Asunción Poblete R.

El factor de la seguridad pública en las elecciones del 16 de noviembre

Se debe entender la seguridad pública como un sistema, en donde el Ministerio de Seguridad Pública juega un rol principal tanto en la ejecución como en la coordinación, pero que el tema no se resuelve sólo vía voluntarismo o colocando cara de malo o duro.

por Richard Kouyoumdjian12 noviembre, 2025

Esta es mi columna número 100 con El Líbero. Qué suerte la mía que toque ad portas de una elección presidencial, de senadores y diputados, una elección en donde todos tenemos cifradas grandes esperanzas, una en que podría darse que la derecha a través de sus distintas versiones, pero al final derechas todas, puede incluso terminar con el control del Senado y la Cámara de Diputados. ¡Literalmente el sueño del pibe!

Las reflexiones que lleva esta columna las escribo como una persona que se ha ido especializando en temas de relaciones exteriores, seguridad nacional y pública, y defensa. No lo hago como concejal RN por la comuna de Las Condes, ello a pesar de que la seguridad comunal es una de mis principales preocupaciones.

Estoy seguro de que todos los chilenos, de diestra a siniestra, estamos de acuerdo en que atravesamos por una situación de grave inseguridad pública, y que tenemos relativamente claro cuáles son los problemas, sus orígenes y eventualmente la forma en que se deben trabajar y resolver, algo que quedó claro en el último debate realizado el lunes 10 de diciembre, ya que las aproximaciones de los principales candidatos no eran muy distintas, todos indicaban que es lo que iban a hacer pero ninguno indicó cuál era su estrategia, ninguno presentó objetivos en forma clara, algo básico ya que toda estrategia se basa en fines, medios y formas de uso. Dos tenían claro a quiénes iban a designar como ministros de Seguridad Pública y los otros sólo ideas de cómo debía ser la persona o la experiencia profesional que debían tener.

Las características que debe tener el Presidente de la República como las que deben tener los ministros de Defensa Nacional y de Seguridad Pública quedaron detalladas en las columnas que escribí al respecto en este mismo medio, características que se ajustan a lo que Chile necesita dada su realidad y problemas actuales.

No es la intención de esta columna enfocarse en la candidatura de Jannette Jara, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, o del profesor Artés. El foco está en uno de los tres de derecha que pasará a segunda vuelta y será el próximo Presidente de Chile, y por ende el que deba lidiar con los temas que nos afligen.

Los tres candidatos dicen tener estrategias de seguridad pública, pero la verdad es que tienen programas que identifican qué es lo que quieren hacer, pero para ser estrategias tiene que haber una identificación de los objetivos, los medios a usar y su forma de uso. Todos hablan de eliminar o neutralizar al Tren de Aragua, de cerrar la frontera, y de terminar con el terrorismo o insurgencia en la Macrozona Sur. Ninguno habló de la seguridad comunal, de los portonazos, de las encerronas, de los turbazos y cosas de ese tipo que afligen a las personas comunes y corrientes. Ninguno habló de apalancar sobre lo bueno que se está haciendo hoy en algunas unidades regionales del Ministerio Público y sólo una hablo de la seguridad pública como un sistema, y que producto de ello, que necesitaba un ingeniero para operarlo. Nadie indicó cómo van a financiar sus estrategias de seguridad pública, de dónde van a sacar financiamiento o de lo contrario, a quién se lo van a quitar. Los chilenos merecemos racionalidad y que se nos trate como adultos, más en un país en donde la inseguridad pública no es el único problema que nos aqueja.

Lo que se vio en el último debate, especialmente en la sección de seguridad, en la que en teoría más importa a Chile, fue una competencia de quién aparecía como más duro, buscando transmitir seguridad, carácter y firmeza. La competencia no fue por la calidad de los programas, o por quién tiene al mejor ministro. Fue una búsqueda vía imágenes que transmitían seriedad y un hablar golpeado para convencer al electorado de que eran la persona correcta para desde la presidencia liderar los esfuerzos en materia de seguridad.

La verdad es que la presidencia, a diferencia de antaño, en el Chile actual no controla todo lo que pasa en el territorio nacional. Sólo tiene el mando directo de los ministerios de Interior, Defensa y Seguridad Pública, delegados presidenciales y seremías, las policías, las Fuerzas Armadas, la inteligencia, gendarmería, aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, y la UAF, pero no lo tiene de los gobernadores, alcaldes, tribunales, el Ministerio Público, o del Senado y Cámara de Diputados, todas instancias igualmente críticas cuando se trata del combate al narco, la delincuencia o al crimen organizado transnacional y el terrorismo que nos azota.

Un presidente y sus ministros deben entender que es tan importante lo que depende de ellos, como lo que hacen otros. Se debe entender la seguridad pública como un sistema, en donde el Ministerio de Seguridad Pública juega un rol principal tanto en la ejecución como en la coordinación, pero que el tema no se resuelve sólo vía voluntarismo o colocando cara de malo o duro. Dicho eso, los electores deben hacer el ejercicio de pensar no sólo quién tiene más carácter, pero también la capacidad de atraer los talentos necesarios y de diseñar e implementar una estrategia exitosa. Claro que suena atractivo colocar generales y almirantes a cargo, pero el problema que tenemos es más que uno de seleccionar el liderazgo adecuado, es de tener un sistema que funcioné y sea efectivo. Los chilenos tenemos derechos a ser bien gobernados y a tener un buen gobierno como bien indica Gonzalo Ibáñez en su columna de El Líbero del 11 de noviembre.

Tanto o más importante que la Presidencia es la composición del Congreso. Hay evidentemente cosas que un presidente puede llegar a hacer el día uno, pero todo lo que es más estructural depende de modificar o generar nuevas leyes, leyes que en el caso de la seguridad pública se refieren a la inteligencia, los estados de excepción, el rol de las Fuerzas Armadas, la justicia militar, la debida protección legal de las fuerzas de orden y seguridad pública, y así muchas otras cosas. Tener 4/7 en ambas cámaras sería soñado. Tener a las fuerzas de derecha no peleando y buscando lo mejor para Chile en el Parlamento sería el paraíso.

No me preocupan las críticas que se hacen a Republicanos y Libertarios por tener menos equipos disponibles para conformar un gobierno cuando se les compara con Chile Vamos. La verdad es que uno esperaría que haya muchos disponibles para esta refundación de Chile, más aún cuando hablamos de seguridad y defensa. Un gobierno necesita 100 entre ministros y subsecretarios o posiciones de rango equivalente, y otros 2.500 para completar la administración central y sus representantes regionales, algo que en materia de seguridad y defensa se puede completar rápidamente con buenos especialistas en esas materias.

Como ha sido mi práctica, e independiente de mi afiliación política, no voy a recomendar a ningún candidato a presidente, senador o diputado, pero sí les voy a pedir que basados en las reflexiones que incluye esta columna número 100, piensen por un minuto quién les da más garantía de seriedad y de éxito en lo que a seguridad pública se refiere. No podemos farrearnos esta única oportunidad que tenemos de refundar y reenderezar a nuestro querido Chile. Llegó la hora de los profesionales y dejó de ser la hora de los amateurs.

Como reflexión final es importante en todo problema ser capaces de identificar la naturaleza de este. Es distinta la solución para uno que es propiamente delictual, de uno que es del tipo terrorista, de otro que es del tipo insurgente, o de los que son del tipo crimen organizado. Unos van a necesitar de Carabineros, otros de la PDI, o de una combinación de ambos, como también los habrá los que necesitan de las Fuerzas Armadas o de operaciones especiales de inteligencia o contrainteligencia. Ya no aplica la única estrategia de presentar querellas, de pasarle el problema al Ministerio Público o de enviar la pelota al córner. Llegó la hora de asumir la responsabilidad por las órdenes que se dan. Ya no aplica hacer responsables a los soldados conscriptos y a los carabineros por las consecuencias de las decisiones que se tomen. En el debate del lunes 10 se vio a mucho candidato prometiendo cárcel o bala. Espero que el que resulte electo esté a la altura de la dignidad de su cargo y asuma la responsabilidad de mando que implica ser el comandante en jefe de Chile.

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Richard Kouyoumdjian

Experto en Defensa y Seguridad Nacional; concejal por Las Condes

Caballo de Troya

Por Rolf Lüders 

El gobierno ha propuesto un proyecto que pretende resolver el problema de las deudas por los créditos con aval del Estado (CAE) –y así cumplir con una de las promesas de campaña– y simultáneamente crear un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior (FES). En esta columna me referiré a este segundo aspecto de la propuesta, cuyo principal defecto es –como ya lo expuse en las columnas de este mismo medio el 28 de febrero y el 13 de agosto– que, de aprobarse, limitaría severamente la autonomía de las instituciones que componen el señalado sector de nuestro sistema educacional.

La propuesta gubernamental exime de todo pago de aranceles a los estudiantes provenientes de los hogares de los nueve deciles de ingreso más bajos. Para hacer posible tal gratuidad, el Fisco, por un lado, les pagaría a las instituciones de educación superior un arancel determinado por el mismo y, por el otro lado, les cobraría a los egresados lo que en el fondo es un tributo contingente al ingreso.

La discusión pública, hasta muy recientemente, ha tendido a centrarse en lo que podríamos considerar las implicancias financieras de la propuesta: afectará la calidad académica de las instituciones de educación superior, porque el arancel pagado por el Fisco sería significativamente inferior al que estas instituciones perciben actualmente; una proporción relativamente alta de los egresados tendría que pagar un impuesto que excede –para algunos en mucho– el costo de sus estudios; el pago de los aranceles hay que contabilizarlos como un gasto fiscal en vez de como un activo; el esquema terminará generando una educación de alta calidad para los estudiantes provenientes de las familias pertenecientes al 10 por ciento más rico de la población, y una paupérrima para el resto; etc.

No cabe la menor duda que la propuesta tiene los problemas recién descritos. Pero ellos no constituyen lo más grave de ella, que es su efecto sobre la autonomía de las instituciones de educación superior. Ya lo hemos señalado en otras ocasiones, el que pone la plata, pone la música. En el proceso de fijación del monto de las matrículas de las instituciones de educación superior, los gobiernos de turno podrán influenciar decisivamente el quehacer de las mismas. Demostración palpable de lo señalado se está viviendo en estos momentos en los EE.UU., en que la administración del Presidente Trump está vinculando financiamiento al cambio de ciertas prácticas universitarias.

No habría que descartar que el proyecto del FES sea un Caballo de Troya. Apunta a resolver el problema de las deudas del CAE y a proponer un nuevo esquema de financiamiento de la educación superior, el FES, pero su fin último –no explicitado– sería lograr el control estatal de las instituciones de la educación superior.

Maximiliano Murath – Candidato Diputado Distrito 9 en X:

“Jeannette Jara faltó a la verdad en el #DebateAnatel2025 al rebatir a @Jou_Kaiser. El PC sí ha votado en contra leyes de seguridad. En la ley Nain-Retamal votaron en contra los diputados comunistas: Barrera, Pizarro, Placencia, Castillo, Cuello y Serrano. También votó en contra https://t.co/rIuUVz2Yyy” / X

https://x.com/maxmurath/status/1988053458100822375

𝑷𝑼𝑵𝑻𝑨 𝑷𝑬𝑼𝑪𝑶

Escribe: Miguel A. Vergara Villalobos

Me imagino que muchos de los pacifistas de hoy, que ayer validaban la lucha armada como un medio legitimo para alcanzar el poder y que buscaban instaurar un régimen contrario a la tradición republicana de Chile, hoy-cual Pilatos -sienten aliviadas sus conciencias al ver cómo los militares que debieron combatir la subversión cumplen condena como violadores de los derechos humanos.

A nadie interesa que muchas de tales condenas claman al cielo por su arbitrariedad, amparadas en un sistema abolido hace ya 25 años, precisamente por no respetar el debido proceso. Poco importa la liviandad con que ciertos magistrados validan las pruebas, o que apliquen ficciones jurídicas o leyes con efecto retroactivo. En los hechos, tácitamente se ignoran los derechos de quienes son prejuzgados como “criminales de lesa humanidad”. )

Ahora, con una hipocresia inaudita, se esgrime la igualdad ante la ley para transformar el penal especial de Punta Peuco en una cárcel común, no importando que la mayoría de los uniformados allí detenidos son octogenarios y muchos con enfermedades terminales. El supuesto privilegio de aquel recinto, que a tantos incomoda, es producto del orden, disciplina y peculio de los propios internos.

En definitiva, es difícil no pensar en la palabra “venganza”, por la que en estos días se han rasgado tantas vestiduras.

𝑬𝑳 𝑮𝑼𝑺𝑻𝑰𝑻𝑶 𝑷𝑶𝑳𝑰́𝑻𝑰𝑪𝑶 𝑫𝑬 𝑩𝑶𝑹𝑰𝑪 𝑪𝑶𝑵 𝑷𝑼𝑵𝑻𝑨 𝑷𝑬𝑼𝑪𝑶

Escribe: Álvaro José Yáñez Mora

Abogado U. de Chile

En días pasados, el Presidente Boric, se vanagloriaba por el cambio de destino y nombre del penal de Punta Peuco.

Las consideraciones políticas y administrativas, han sido comentadas por muchos.

Pero lo más relevante, se refirió a los internos del penal como victimarios de violaciones a los Derechos Humanos, que gozan de privilegios.

Al Presidente le digo dos cosas, antes de decir que tienen privilegios, debería visitar el lugar, y por otra parte esos condenados como victimarios, hoy son víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos por parte del Estado de Chile.

Presidente, cumpla con la Convención sobre Derechos Humanos de los Adultos Mayores, y deje de darse gustitos.

Escuche canción en honor a los Héroes del 73:

https://suno.com/s/5U05MV9PZ9ysGLEO

08 de noviembre 2025   Boletín Cren N° 43   www.ongcren.cl boletin@ongcren.cl Comparte esta publicación     LOS QUE HABRIAN ASOLADO CHILE                        Humberto Julio Reyes      El título de esta columna no es original. Repite, en cierta forma, la frase empleada por el presidente Boric, para respaldar el cambio decretado para el penal de Punta Peuco.        Volveré, más adelante, a mencionar el temerario juicio. Como columnistas de talla lo han hecho ver, el argumento de la igualdad ante la ley no se sostiene, toda vez que fue la distinta naturaleza de los delitos a castigar con la prisión efectiva, lo que llevó a la construcción de este recinto penal. Como uno de estos columnistas ha señalado: “la igualdad no puede ser alcanzada por la vía del maltrato”. Contraloría, al tomar razón del decreto, ha sido específica en una especial diferencia: “la administración interna de ese recinto debe considerar la normativa vigente y los tratados internacionales ratificados por Chile, así como lo resuelto, en definitiva, por los tribunales de justicia, en cuanto al resguardo de la integridad física y la salud de las personas adultas mayores privadas de libertad”. Si ello se cumple, el régimen sería similar al de Colina I, donde, pese a las duras condiciones impuestas por el repetidamente denunciado hacinamiento de los reclusos, se mantiene la necesaria segregación respecto de los delincuentes comunes. Siendo así, la decisión presidencial, [..] sólo implicaría “causar aflicción extrema”, uno de los sinónimos de asolar. Pienso, en todo caso, que esta aflicción afectará principalmente a inocentes, es decir las familias de los presos y quienes los apoyan en una u otra forma, toda vez que los internos han demostrado a través de los años su resiliencia frente a la adversidad y la arbitrariedad que les ha negado todos los beneficios a que tienen derecho. Pero, sin pecar de optimista, todavía podría revertirse la medida por efecto de algún recurso ya interpuesto o, a futuro, cuando sean otras las autoridades que hereden este “legado”. Volviendo a la frase del presidente que atribuye a la dictadura civil y militar el haber asolado Chile durante 17 años, lo que implica destruir, arruinar o arrasar, bastaría con comparar las cifras del país cuando dicha dictadura asumió con las que existían al entregar el gobierno. Los datos no mienten. Como viví los 1000 días de la Unidad Popular y tengo a mano el testimonio de don Julio Bazán A. en su libro “Lo derrocó el pueblo” (Editorial Mayo 2009), creo que fue ese desgobierno el que sí asoló nuestra Patria, dejándonos como legado una división que supera el medio siglo y que se expresa, ahora, en el cambio decretado para Punta Peuco   Comandante Crespo, ¿víctima o victimario? EL MERCURIO VIERNES 7 DE NOVIEMBRE 2025 GERARDO VARELA A.     Abogado.   El 4 de noviembre cumplió un año el juicio oral contra el comandante de Carabineros Claudio Crespo, por lesiones oculares sufridas por el integrante de la primera línea y hoy candidato a diputado por el PC Gustavo Gatica.     En julio 2024 Crespo fue absuelto, por otra acusación y la semana pasada la C. Apelaciones confirmó otro sobreseimiento agregado a dos causas ya desestimadas, que lo han obligado a enfrentar lo que parece más  una persecución que una investigación imparcial. El 8 de noviembre de 2019, fue uno de los días más violentos del “estallido social”. Los mismos manifestantes que quemaron la Iglesia de La Asunción, Universidad Pedro de Valdivia y atacaron la embajada argentina, también lo hicieron contra un pequeño grupo de fuerzas especiales que llevaba 20 días consecutivos sometidos a un estrés terrible para mantener el orden, los atacaron con hondas, bombas molotov, piedras, postones, cegados con rayos láser y hasta con un arco y flechas. En ese nivel de violencia, cumpliendo con los protocolos y en el fragor del enfrentamiento, varios carabineros hicieron uso de sus escopetas antidisturbios, que no tienen aparato de puntería. A la distancia de 24 metros que se encontraba Crespo de Gatica, la posibilidad que uno de los 12 balines de goma le impactara un ojo es de uno en 250 mil, lo que las lesiones se  acerca a un accidente y lo aleja de un delito Crespo no decidió estar en el lugar, se lo ordenaron, disparó munición no letal que le fue entregada para el servicio para responder agresiones. Los expertos han acreditado que la trayectoria de los balines de goma que hirieron a Gatica es incompatible con la posición del acusado, sin embargo la fiscalía ha decidido perseguirlo, siendo castigado con la pérdida de su trabajo, de sus bienes, criminalizado y enfrentando varios procesos en los últimos 5 años, por haber cumplido su deber de defendernos. En este caso claramente la agresión (de la primera línea) era de nivel 4 que la norma permite el uso de arma no letales, además los abogados afirman que es un caso claro de uso racional de la fuerza. La evidencia clave para la fiscalía son unos videos en que sólo se parecía que la “primera línea” agrede a carabineros que parapetados se defienden, no se aprecia bien quién dispara ni a quién impacta. Destinar un año a un juicio, suspender la vida del acusado que debe enfrentar con su familia el riesgo de perder no solo su libertad sino la de todos nosotros, emplear ingentes recursos públicos, es un abuso que sólo busca crear otro precedente que disuada al resto de los carabineros a cumplir con su deber. La tragedia de Gustavo Gatica es un accidente lamentable, pero no un delito, (Que lo catapulta a postular a diputado) Claudio Crespo, hombre fuerte decidido y respetado por sus hombres, que es el primero que uno quiere a su lado cuando las papas queman, la fiscalía lo quiere transformar en un delincuente. .===== En BoletínN° 41, El General Divisón Ejercito (R) Miguel Trincado, en carta al El Mercurio de fecha , 21 de octubre advierte que de no estar definidas las RUF, podría cambiar el paso de las Tropas por el Parque O’Higgins por un desfile de soldados por los Tribunales.    Si Ministros y Fiscales continuan utlizando torcidamente la ley como arma de venganza y no son procesados como criminales de lesa humanidad, la situación no variaríá mucho.   Para ampliar su difusión compártelo y coméntalo.

La población de Tiltil quiere mantener Punta Peuco sin delincuentes:

Escribe: Hermógenes Pérez de Arce

Son tan enormes las distancias que separan a los sectores de opinión en Chile que nunca va a poder haber una genuina reconciliación, en el sentido del respeto que debemos guardarnos unos a otros.

Esto ha quedado de manifiesto en los foros presidenciales o eventos en que los periodistas de una tendencia preguntan a los candidatos de otras posturas. En una de estas ocasiones una periodista de izquierda desafiaba a un candidato de derecha a que respondiera si iba o no a indultar a Miguel Krassnoff, condenado a más de mil años por delitos que le atribuyen los jueces.

Pero para una minoría informada Miguel Krassnoff es un héroe y mártir, porque, siendo un oficial y servidor público intachable, ha sido ilegalmente condenado y le han cargado medio centenar de crímenes que no cometió.

Conozco muy bien su caso porque en los años 90, cuando era brigadier del Ejército en actividad, solicitó reunirse conmigo para exponerme acerca de la verdad de varios procesos que se habían iniciado en su contra.

Por su hoja de vida, por su desempeño en la profesión militar, por su calidad de jefe de una familia ejemplar, Miguel Krassnoff era y es un hombre intachable. Pero la izquierda ha conseguido que la mayoría lo considere un monstruo. Y como la izquierda maneja la justicia a su conveniencia, lo ha mantenido más de treinta años preso y presentado públicamente como el peor de los criminales.

Yo lo atribuyo a que quienes controlan el poder en Chile imponen sus consignas, por falsas que sean. Y a ese sector no le importa la verdad, sino que le interesa el poder, porque desde el gobierno lucra y manda a los demás. Como seres humanos que son, buscan su máxima satisfacción y bienestar personal gozando del apoyo mayoritario.

Lenin fue muy claro cuando dijo: “si los hechos no concuerdan con lo que sostiene la revolución, peor para los hechos”.

Y aquí en Chile el comunismo domina el poder y los medios repiten sus consignas, de tal modo que la mayoría piensa lo que ellos quieren que piense y por eso cree que Miguel Krassnoff es un monstruo, aunque no sea verdad.

Hay una distancia sideral entre los sectores de opinión opuestos. Eso imposibilita toda posibilidad de acuerdos. Hasta ahora ello ha ido en ventaja de la izquierda. Sería un milagro que la mayoría llegara a compartir las opiniones y visión del mundo, de la economía y de la justicia con la derecha.

Hace 51 años la sociedad, la opinión pública y hasta los sindicatos admiraban a Miguel Krassnoff, porque había descubierto la guarida del principal terrorista y asaltante de bancos Miguel Enríquez, “muerto en combate” su hijo ME-O. Hace diez años el juez Carroza reabrió el fenecido, prescrito y archivado proceso, declaró que Miguel Krassnoff había asesinado a Enríquez, le dio una millonaria indemnización a su hijo y éste, ahora candidato presidencial, ya no dice que su padre “murió en combate”, sino que fue asesinado por Miguel Krassnoff. ¿Puede haber armonía en una sociedad así, con tan siderales diferencias en cuanto a la verdad, la justicia y la integridad moral?

Imposible. Por eso Chile está como está y tiene el gobernante que tiene. Boric, ME-O y Krassnoff. ¿Cuál está preso y cuáles deberían estarlo? Póngase una mano en el corazón y responda en conciencia. Y verá la sideral distancia que hay entre la mayoría y la conciencia de usted.

Vea cómo se derrota a los periodistas de izquierda:

ROTERÍA:

En Bolivia no vimos diplomacia. Vimos un nuevo acto atorrante del desgobierno de Chile, en manos del “Choro del Barrio”:

https://patriotaslater.blogspot.com/2025/11/chile-ante-el-mundo-la-diplomacia-de.html?m=1

ROTERIA DE MARCA MUNDIAL Y VERGUENZA NACIONAL:

Deudas con proveedores que el Estado debía pagar y que la chutearon para el próximo gobierno:

NI PERAS NI MANZANAS. SOLO PERROS.

noviembre 06, 2025

🐾 Un cuento de perros patriotas, no de quiltros callejeros.

Una fábula política sobre lealtad, estrategia y el deber de elegir bien.

En la vieja Perrera Nacional, donde cada elección es un nuevo reparto de huesos y ladridos, los perros más atentos sabían que se acercaba una batalla decisiva. No era una pelea por comida ni por territorio; era algo más grande. Era la disputa por el alma del patio, ese gran espacio llamado Chile, donde algunos perros querían mantener el orden y otros, los más ruidosos, soñaban con romper el portón y dejar que todo volviera al caos.

Allá por los días de la primera Convención Constitucional, muchos perros confundidos seguían a un grupo de gatos que prometían construir una nueva casa desde cero, sin planos, sin ladrillos y sin dueño. Aquello terminó como se esperaba: en desastre. Los gatos se pelearon entre ellos, los ratones celebraron, y la perrera quedó llena de polvo y desconfianza. Fue entonces cuando un perro policial, sereno y de mirada firme, se puso de pie entre los escombros. Era Kast, un perro de entrenamiento impecable, acostumbrado a obedecer la razón más que el impulso, a esperar el momento oportuno antes de actuar. No ladraba por costumbre; ladraba solo cuando debía hacerlo. Y aunque muchos no lo entendieron, se opuso a derribar los cimientos de la casa. No porque le pareciera perfecta, sino porque sabía que sin base firme ningún hogar resiste el invierno.

Pasó el tiempo y, tras el fracaso de los gatos, llegó una nueva oportunidad. Esta vez habría reglas claras, árbitros, expertos y elecciones justas. Kast olfateó el aire, levantó las orejas y comprendió que el terreno era propicio. Si los perros patriotas jugaban bien sus cartas, podrían construir una casa nueva sobre los buenos cimientos de la antigua. Así fue: en 2023, los republicanos ganaron la mayoría del Consejo Constitucional, y sus ladridos marcaron el ritmo del trabajo. Pero el país, distraído y confundido, volvió a decir que no. Kast aceptó el resultado sin perder la calma, y prometió seguir defendiendo el orden, la libertad y la responsabilidad. Sabía que los perros verdaderos no abandonan su guardia porque el viento cambie de dirección.

Hoy, en 2025, los perros leales se preparan para otra contienda. Dos grandes guardianes encabezan la defensa del hogar. Uno es Kast, el perro policial de siempre, con la experiencia del que ha patrullado todos los rincones del país, conocedor de cada olor y de cada rastro de traición. Sabe cuándo avanzar, cuándo ceder y cuándo morder. Su fuerza está en la estrategia, en la cabeza fría y en la mirada fija en el horizonte.

El otro es Kaiser, un doberman de pura raza, orgulloso, de ladrido fuerte y presencia imponente. Tiene el coraje del que no teme saltar la cerca para defender su territorio. Sus ideas son firmes, su lenguaje directo, y aunque a veces su ímpetu asusta a los más pequeños, su lealtad es inquebrantable. Kast lo sabe. Por eso, lejos de rivalizar, lo respeta. Ambos comparten la misma causa: cuidar la casa común y mantener a raya a los gatos comunistas que merodean el portón con su sonrisa de cartón y sus uñas afiladas.

Entre ellos no hay odio ni competencia, sino entendimiento. Kast sabe que Kaiser será el que mantenga encendida la antorcha cuando él ya haya cumplido su turno de guardia. Y Kaiser comprende que, sin la experiencia y prudencia del perro policial, el grupo podría lanzarse al combate antes de tiempo. Se miran, se huelen, se entienden. Son distintos, pero se complementan. Uno representa la estrategia; el otro, la energía. Y ambos comparten la misma lealtad a su amo: Chile.

Algunos soñadores, sin embargo, imaginan un tercer tipo de perro: un Westie, pequeño, carismático, de esos que logran la simpatía del vecindario con solo mover la cola, pero que no por eso dejan de ser valientes. Un perro con el coraje del doberman y la inteligencia del policial, pero con ese toque de cercanía y ternura que conquista corazones. Un perro que, quizás algún día, encarne la mezcla perfecta entre firmeza, estrategia y empatía. Pero mientras tanto, en el presente, la elección es clara.

Los perros patriotas deben decidir con sabiduría. No se trata de elegir quién ladra más fuerte ni quién corre más rápido, sino quién sabe proteger mejor el hogar. Kast tiene la experiencia, el temple y la serenidad del guía. Kaiser, la fuerza, la convicción y la garra del relevo. Si pensamos en Chile —no en el ego, ni en la vanidad de la raza—, debemos votar con la cabeza del perro policial y el corazón del doberman. Porque la historia de este país no necesita otro experimento, sino una guardia firme, disciplinada y patriota.

Y así, bajo la luna del 2025, mientras los gatos vuelven a maullar promesas y los ratones planean fiestas, los perros verdaderos alzan el hocico y ladran al unísono:

“Kast hoy, Kaiser mañana.”

Y el pequeño Westie, sentado a un costado, mueve la cola y susurra:

“Mientras sea por Chile, aquí estaré vigilando la puerta.”

Christian Slater E.
Coronel (R) del Ejército de Chile
Blog Patriota Slater

La transformación del Penal de Punta Peuco en cárcel común ha reabierto un doloroso debate. Este recinto creado por decisión administrativa para albergar a soldados, carabineros y policías condenados por hechos ocurridos hace más de cincuenta años. La gran mayoría enjuiciados sin las garantías del debido proceso, condenados por presunciones o testimonios dudosos, y hoy son ancianos muchos enfermos, que enfrentan en condiciones indignas el ocaso de sus vidas. Si bien la ley no distingue entre civiles y militares, pero la justicia verdadera exige humanidad y equidad. El paso del tiempo no borra el deber de la sociedad de tratar con respeto y equidad a quienes sirvieron a la patria. Humanizar la justicia no es olvidar el pasado, sino honrar los valores que un día nos unieron en el deber y el servicio.     Extracto Columna publicada por Puro Chile.   En Chile se lleva años perfeccionando el arte de torcer la ley sin romperla. El “secuestro permanente”, la amnistía ignorada y la fe en la buena intención revelan esa perversa costumbre: confundir justicia con conveniencia. Una de las formas más persistentes de corrupción es disfrazada de virtud, torcer las normas con rostro de buena conciencia. El violar el  principio mientras se invoca su espíritu, reaparece hoy en un terreno más delicado. En 1978 se concedió amnistía a quienes habrían cometido delitos entre 1973 y 1978. En 2009 Chile ratificó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y comenzó a aplicar sus principios a hechos ocurridos mucho antes de su vigencia. Pero el derecho penal tiene una regla tan elemental como civilizadora: la irretroactividad. Nadie puede ser condenado por un delito que no existía cuando actuó ni sometido a una pena más grave que la prevista entonces. Esa garantía, que separa la justicia de la venganza. Según esta figura, si una persona desapareció y su cuerpo no ha sido hallado, el delito seguiría cometiéndose hasta hoy. Así, la amnistía no se aplica, la prescripción no corre y la irretroactividad deja de importar. Con ese razonamiento se han dictado condenas por hechos de hace más de cincuenta años, aunque el propio Estado conserve desde hace años restos humanos sin identificar en sus laboratorios. Si la intención podría ser comprensible ya que: nadie quiere impunidad frente al horror, pero confundir justicia con desquite, o verdad con narrativa moral, es degradar la ley La corrupción chilena no viola la ley, la interpreta. No destruye el derecho, lo vacía de sentido. Lo hace con un aire de decencia que la vuelve más peligrosa, porque se presenta como servicio al bien. El problema no está en nuestras leyes, sino en la relación que tenemos con ellas. En Chile, obedecer la ley se considera ingenuo; lo virtuoso es saber doblarla sin que se note. erosiona la confianza, sobre la que se construyen las relaciones humanas. Cuando el derecho se usa para servir causas,  se vuelve instrumento vil. Y cuando eso ocurre, lo justo se degrada en su propia parodia. Y así, entre la virtud declamada y la astucia celebrada, seguimos creyendo que somos un Estado de Derecho.   Si prefieres no recibir esta información te puedes desinscribir Para ampliar su difusión compártelo y coméntalo. Contacto y artículos dirígelos a: boletin@ongcren.cl Más sobre el tema los puede revisar https://ongcren.cl

¿El fin de Punta Peuco?

La reciente decisión del Gobierno de transformar Punta Peuco en un penal común, tras la toma de razón de la Contraloría, reabre el debate sobre la naturaleza y propósito de este recinto históricamente asociado a condenados por causas de derechos humanos. Pese al discurso oficial de igualdad penitenciaria, las condiciones de los internos —en su mayoría adultos mayores, enfermos o discapacitados— evidencian una realidad distinta, marcada por el deterioro físico y la desesperanza, que plantea interrogantes sobre el trato humanitario en el sistema carcelario chileno.

5 de noviembre de 2025

Imagen Puranoticia

No basta la toma de razón de la Contraloría de un Decreto Supremo inmotivado para poner término al penal de Punta Peuco.

Por décadas, este recinto carcelario sólo ha sido identificado por albergar condenados por causas de DDHH. Sin embargo, pese a que el paso del tiempo y su inevitable huella en las personas no es algo que haya importado a la Autoridad ni a los Tribunales, si ha sido algo que ha reflejado la esencia de este penal, distinguiéndolo del resto, aunque no le guste a la actual Administración, y aun cuando pretendan “lavar la imagen” de este recinto hacinándolo con 32 nuevos reos “comunes”.

Hoy, el Gobierno saliente cree que la “especialidad” de este penal feneció y que ahora es una cárcel “común” como cualquiera. Sin “privilegios”. Pero nada más lejos que la cruda realidad, que se seguirá revelando, pues se trata de un lugar habitado por viejos moribundos, discapacitados, inválidos o simplemente, seres desesperanzados, que no temen a la muerte porque en las condiciones carcelarias que viven, más bien la desean, como una forma de poner fin a su sufrimiento.

Carla Fernández Montero

Abogada, Derecho Penal-Penitenciario

La verdad sobre los restos en el IML:

https://vm.tiktok.com/ZMAtGJYJE/

LOS QUE HABRIAN ASOLADO CHILE

Por Humberto Julio Reyes

El título de esta columna no es original. Repite, en cierta forma, la frase empleada por el presidente Boric, para respaldar el cambio decretado para el penal de Punta Peuco.

Volveré, más adelante, a mencionar el temerario juicio.

Como columnistas de talla lo han hecho ver, el argumento de la igualdad ante la ley no se sostiene, toda vez que fue la distinta naturaleza de los delitos a castigar con la prisión efectiva, lo que llevó a la construcción de este recinto penal.

Como uno de estos columnistas ha señalado: “la igualdad no puede ser alcanzada por la vía del maltrato”.

Contraloría, al tomar razón del decreto, ha sido específica en una especial diferencia: “la administración interna de ese recinto debe considerar la normativa vigente y los tratados internacionales ratificados por Chile, así como lo resuelto, en definitiva, por los tribunales de justicia, en cuanto al resguardo de la integridad física y la salud de las personas adultas mayores privadas de libertad”.

Si ello se cumple, el régimen sería similar al de Colina I, donde, pese a las duras condiciones impuestas por el repetidamente denunciado hacinamiento de los reclusos, se mantiene la necesaria segregación respecto de los delincuentes comunes.

Siendo así, la decisión presidencial, que nos recuerda el fallido intento de la expresidente Bachelet de cerrar el recinto, frustrado por su ministro de justicia, sólo implicaría “causar aflicción extrema”, uno de los sinónimos de asolar.

Pienso, en todo caso, que esta aflicción afectará principalmente a inocentes, es decir las familias de los presos y quienes los apoyan en una u otra forma, toda vez que los internos han demostrado a través de los años su resiliencia frente a la adversidad y la arbitrariedad que les ha negado todos los beneficios a que tienen derecho.

Pero, sin pecar de optimista, todavía podría revertirse la medida por efecto de algún recurso ya interpuesto o, a futuro, cuando sean otras las autoridades que hereden este “legado”.

Volviendo a la frase del presidente que atribuye a la dictadura civil y militar el haber asolado Chile durante 17 años, lo que implica destruir, arruinar o arrasar, bastaría con comparar las cifras del país cuando dicha dictadura asumió con las que existían al entregar el gobierno. Los datos no mienten.

Para finalizar y como viví los 1000 días de la Unidad Popular y tengo casualmente a mano el testimonio de don Julio Bazán Álvarez en su libro “Lo derrocó el pueblo” (Editorial Maye 2009), creo que fue ese desgobierno el que sí asoló nuestra Patria, dejándonos como legado una división que supera el medio siglo y que se expresa, ahora, en el cambio decretado para Punta Peuco.

6 de noviembre de 2025.

*Los Principios no se Negocian: se Honran*

Por Cristián Labbé Galilea

Una persona ruin es alguien cuya conducta refleja el deseo de causar daño a otro, movido por la frustración y el resentimiento. Esta definición nos permite entender las razones que movieron al Presidente a decretar, en el ocaso de su mandato, el cierre del Penal Punta Peuco, transformándolo en una cárcel común. Con esta decisión, el mandatario demostró una vez más su debilidad emocional, ligada más a problemas de salud mental como la ansiedad o la depresión, que a un acto de poder.

Un hombre de bien, un “político de fuste”, no requiere hacer daño innecesario -porque su poder no depende del menoscabo que pueda inferir a su adversario-, sino del bien que pueda hacer a la sociedad a la que pertenece. En cambio, la satisfacción del hombre ruin se alimenta del odio, la venganza y la felonía. Tal es el caso del Presidente, para quien la ruindad de su actuar no es otra cosa que una confesión de su inferioridad. Es la frustración hecha palabra.

Frente a este tipo de comportamiento, la respuesta más sabia es la “nobleza, la dignidad, y la convicción”, que animan a los “políticos de talla” -a los estadistas-, las mismas que han mantenido siempre de pie y erguido al soldado chileno. Descender al nivel de un político ruin, por muy alto que sea su cargo, es “una bobada”, porque la dignidad y el honor se resguardan negándose a caer en el juego sucio.

Mis leales lectores saben lo que piensa esta pluma, tanto sobre la injusta persecución y el ánimo de venganza que ha inspirado a la izquierda y sus adláteres, como sobre aquellos políticos que “miran para el lado” cuando se trata de defender a los militares. Por ello, en esta oportunidad sólo subrayará que: “la verdadera fortaleza de un soldado es mantener su dignidad, y la de un político… actuar con consecuencia, por adverso que se vuelva el entorno”.

Lo preocupante, estando ad-portas de una elección, es “la felonía” -la traición política-, no sólo del Presidente por el cierre de Punta Peuco, sino de aquellos sectores políticos en quienes se ha confiado, porque la felonía política, venga de donde venga, hiere la confianza en las instituciones republicanas, fundamento esencial en la convivencia humana.

Desde la antigüedad, la felonía ha sido considerada una degradación moral. Dante Alighieri, en La Divina Comedia, ubica a los traidores en “el último círculo del Infierno”, congelados en hielo, imagen que resume “la fría alma del felón”, aquel que traiciona con frialdad la confianza, pilar que sostiene la paz, la concordia y el respeto en el orden social.

Por último, esta pluma concluye que el elector privilegiará a aquellos políticos que muestren consecuencia con los principios que dicen representar, y coherencia entre la palabra y la acción. En política, donde la tentación del poder suele doblar las convicciones, ganarán quienes tengan claro que: *“Los principios no se negocian… se honran”.*

En Chile se lleva años perfeccionando el arte de torcer la ley sin romperla. El “secuestro permanente”, la amnistía ignorada y la fe en la buena intención revelan una vieja costumbre: confundir justicia con conveniencia.

Una de las formas más persistentes de corrupción en Chile no es la que se compra con dinero, sino la que se disfraza de virtud. Es esa inclinación, tan nuestra, a torcer las normas con rostro de buena conciencia. En Chile se lleva años perfeccionando ese arte: logramos incumplir la ley mientras seguimos declarándonos respetuosos de ella.

Durante décadas nos enorgullecimos de ser un país sin divorcio. El matrimonio, se decía, era un vínculo indisoluble. Sin embargo, los tribunales anularon miles de matrimonios con un expediente tan absurdo como eficaz: bastaban dos testigos que afirmaran que los contrayentes no vivían donde dijeron al casarse. En apariencia, la moral se mantenía intacta; en la práctica, el derecho se había vuelto una farsa. El país prefería mentirse a sí mismo antes que cambiar la ley.

Esa gimnasia moral, la de violar el principio mientras se invoca su espíritu, reaparece hoy en un terreno más delicado. En 1978 se dictó el Decreto Ley 2.191, que concedió amnistía a todas las personas que hubieran cometido delitos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Décadas después, Chile ratificó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, aprobada en 2009, y comenzó a aplicar sus principios a hechos ocurridos mucho antes de su vigencia.

Pero el derecho penal tiene una regla tan elemental como civilizadora: la irretroactividad. Nadie puede ser condenado por un delito que no existía cuando actuó ni sometido a una pena más grave que la prevista entonces. Esa garantía, que separa la justicia de la venganza, es lo que los tribunales comenzaron a erosionar con una invención retórica: el “secuestro permanente”.

Según esta figura, si una persona desapareció y su cuerpo no ha sido hallado, el delito seguiría cometiéndose hasta hoy. Así, la amnistía no se aplica, la prescripción no corre y la irretroactividad deja de importar. Con ese razonamiento se han dictado condenas por hechos de hace más de cuarenta años, aunque el propio Estado conserve desde hace más de veinticinco años restos humanos sin identificar en sus laboratorios. Si esos restos existen, si se sabe que hubo muerte, ¿puede sostenerse seriamente que hay un secuestro en curso?

Por supuesto que la intención es comprensible: nadie quiere impunidad frente al horror. Pero confundir justicia con desquite, o verdad con narrativa moral, es degradar la ley en nombre de la emoción. El derecho no es un obstáculo para la justicia, es su forma civilizada. Si empezamos a forzarlo para obtener el resultado que deseamos, mañana se forzará para castigarnos a nosotros.

No se trata de negar la memoria, sino de no falsificarla. Cuando el derecho se acomoda a la moral del momento, deja de protegernos y se vuelve un arma. La corrupción no empieza cuando alguien recibe dinero; comienza cuando nos convencemos de que la astucia jurídica es una forma de virtud.

Esa misma lógica atraviesa buena parte de nuestra vida pública. La complacencia con el tráfico de influencias, los amiguismos judiciales, los jueces que confunden independencia con lealtad personal o los abogados que se jactan de saber “cómo se hacen las cosas”. Todos participan del mismo hábito: torcer la norma para acomodar la realidad, convencidos de obrar en nombre de un bien superior.

La corrupción chilena no es brutal, es educada. No viola la ley, la interpreta. No destruye el derecho, lo vacía de sentido. Y lo hace con un aire de decencia que la vuelve más peligrosa, porque se presenta como servicio al bien.

El problema no está en nuestras leyes, sino en la relación que tenemos con ellas. En Chile, obedecer la ley se considera ingenuo; lo virtuoso es saber doblarla sin que se note. Ese talento, tan admirado en privado y tan condenado en público, es el que erosiona la confianza, ese sustrato invisible sobre el que se construyen las relaciones humanas.

Porque cuando el derecho se usa para servir causas, por nobles que sean, se vuelve instrumento vil. Y cuando eso ocurre, lo justo se degrada en su propia parodia. Y así, entre la virtud declamada y la astucia celebrada, seguimos creyendo que somos un Estado de Derecho.

Y que decir de la cantidad de militares condenados, por el simple expediente de “Haber estado allí”.

 *QUE EN PAZ DESCANSE*

por Nicolás Kipreos A.

Que Chile Vamos pierda ante Republicanos y Nacional Libertarios debe ser leído no como una tragedia, sino como un ciclo sano de reemplazo político, necesario para que la derecha vuelva a ser una fuerza interpretativa de lo que Chile necesita, haga lo que tenga que hacer y genere un ciclo virtuoso, y deje de ser una fuerza meramente administrativa del país, que por lograr visualización ha estado dispuesta, sin vergüenza alguna, a hacer y deshacer al antojo de la izquierda.

El agotamiento del ciclo de Chile Vamos es evidente. Se ha desdibujado. El diagnóstico que desarrolla sobre el país y sus respuestas institucionales son propias de la centro izquierda. Ya no ofrecen soluciones a los problemas actuales, se han dejado llevar por una “narrativa” ajena a sus principios, y en su intento por sobrevivir han terminado recurriendo a acuerdos transversales que evidencian su desorientación.

Cuando una coalición de derecha, que se presenta como heredera de una cierta tradición política chilena, necesita apoyarse en sectores de izquierda para sostenerse, es señal de que su propio relato político se ha vaciado, de que poco o nada se puede hacer y que la figura del sepulturero se vuelve más prominente o se siente más cercana porque el fin de su vida está por llegar.

Kaiser:

https://youtu.be/CW9W3EjK9-I?si=9uRm-v_KE0WgKpww

Kaiser 2026-2030:

https://x.com/zurditabella261/status/1986720731405938835

Acto ilegal y arbitrario

El decreto del presidente Boric cuya razón tomó la Contraloría y que quita el carácter de especial al penal de Punta Peuco, es un acto administrativo ilegal y arbitrario, porque aun cuando cumpla con el estándar formal exigido por la ley, carece de motivación, ya que no está basado en razones jurídicas sino meramente políticas, y lesiona garantías constitucionales de los internos, quienes por edad y condición de salud no son comparables con el resto de la población penal del país mereciendo un trato distinto a los demás porque precisamente no se se encuentran en la misma condición.

Al transformar Punta Peuco en una cárcel “común” se logra el efecto contrario al supuestamente pretendido por la autoridad, especialmente, derivado del hacinamiento y empeoramiento de las condiciones carcelarias porque los nuevos internos no tienen el perfil biológico ni criminal que lo actuales residentes, lo que de por sí generará situaciones de evidente riesgo para su integridad física y psíquica.
Entonces, habrá que analizar el decreto y la toma de razón y a partir de ello ver los pasos a seguir.

Carla Fernández Montero
Abogada

Punta Peuco: Contraloría advierte al gobierno que debe considerar “la integridad física y la salud de las personas adultas mayores”

Ex-Ante

La Contralora General de la República Dorothy Pérez.

“Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría”, dijo el Presidente Boric al anunciar que Contraloría tomó razón del decreto para transformar Punta Peuco —que reúne a condenados por violaciones a los derechos humanos—, en un penal común. El mandatario omitió que, al tomar razón, el organismo hizo una advertencia al gobierno.

Lo nuevo. La Contraloría General de la República advirtió al gobierno que al transformar el penal Punta Peuco en una cárcel común debía considerar la integridad física y la salud de los adultos mayores que están internos en el recinto que reúne a condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura.

• La advertencia quedó contenida en el dictamen E184038 del 29 de octubre con que el organismo encabezado por Dorothy Pérez tomó razón del decreto 80 del Ministerio de Justicia que modificó el decreto de 1995 que creó la unidad penal en Til Til, durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
• Esta cárcel alberga actualmente a 139 internos, entre estos oficiales y suboficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, además de las policías.
• “Esta Contraloría (…) cumple con hacer presente que, habida cuenta de lo informado por Gendarmería de Chile, en relación con las edades y condiciones de salud de los internos de ese establecimiento penitenciario, la eliminación del carácter ‘Especial’ de dicha Unidad Penal, dispuesta en el punto 3, letra a), del artículo único del decreto de la suma, no puede implicar una limitación a las atribuciones de esa repartición pública”, dijo el documento.
• “(Esto, ya que) en la regulación sobre la administración interna de ese recinto, debe considerar la normativa vigente y los tratados internacionales ratificados por Chile, así como lo resuelto, en definitiva, por los Tribunales de Justicia, en cuanto al resguardo de la integridad física y la salud de las personas adultas mayores privadas de libertad”.

Por qué importa. El dictamen de Contraloría incorporó un elemento omitido por el Presidente Gabriel Boric al anunciar el cierre de Punta Peuco este lunes en La Moneda.

• Es incierto cuáles serán las medidas que tomará el gobierno para cumplir con el alcance de Contraloría. Por ejemplo, si esto implicará que los internos actuales se mantendrán en un área especial del recinto, como sugirió en junio el ministro de Justicia Jaime Gajardo (PC), o si serán trasladado a una zona especialmente resguardada de otra cárcel.
• También es incierto cuánto costará aplicar la disposición de Contraloría que, adicionalmente, abre la pregunta de qué medidas se está tomando con la población de más de edad de otros recintos penales.

Qué dijo Boric. “Me gustaría poder compartir con ustedes una noticia que da cuenta del cumplimiento de un compromiso que adquirimos en la última cuenta pública”, dijo el mandatario.

• “La Contraloría ha tomado razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser definitivamente un penal común, a disposición por tanto de las necesidades del país, en particular en el contexto del desafío que enfrentamos en materia de seguridad”.
• “Ya estamos ejecutando obras dentro del recinto que va a poder recibir a nuevos internos desde comienzos del próximo año; estamos construyendo un espacio de visitas, una oficina técnica, equipos de tecnovigilancia en el espacio donde antiguamente existía una de las canchas”.
• “Para inicios de 2026 estas obras y la habilitación de módulos de reclusión en área de ingreso y registro de visitas, van a estar finalizadas”.
• “Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría. Y las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegios”.

Las reacciones de los candidatos. “El Presidente está de salida y todo lo que hace hoy día es pensando en su supuesto legado, pero es tarde”, dijo el candidato de Republicanos José Antonio Kast, el más probable contendor de Jeannette Jara, la postulante del oficialismo, en segunda vuelta.

• “Me parece muy bien que la Contraloría hoy haya tomado razón y que, en definitiva, este penal, que alberga a personas que han sido condenadas por violación a los derechos humanos y por delitos de lesa humanidad, pasa a convertirse en un penal común como siempre debió haber sido”, dijo Jara (PC).

Lea el dictamen de Contraloría:

OPINION MUNICIPAL:

Además de lo anterior, no hay autorización municipal para las obras, ¡¡¡otra chambonada del gobierno!!!

OPINION PERSONAL DE GENDARMERÍA:

Denuncia efectuada por ONG HNPP.

Por sistemáticos y graves atropellos a los derechos humanos de adultos mayores recluidos en el CCP Punta Peuco y Pabellón Asistir de Colina 1 y Solicitud de audiencia :

CamScanner 04-11-25 12.51

La venganza y persecución en acción:

Gobierno de Boric acelera obras en Punta Peuco para convertirla en penal común

Tres de las cuatro licitaciones de Gendarmería destinadas a habilitar el recinto para recibir a una treintena de reos comunes, están adjudicadas y ya se están ejecutando obras para concretar la promesa del Presidente en su Cuenta Pública de 2025. Los actuales internos -personas de la tercera edad condenadas por crímenes de lesa humanidad- alegan impactos negativos en su vida diaria y presentaron recursos ante la justicia con el fin de paralizar los trabajos.

por Sofía Buckel30 octubre, 2025

Para cumplir con una de las promesas más simbólicas del Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública de 2025, el gobierno ha acelerado las medidas para convertir el recinto penitenciario especial de Punta Peuco en un penal común. Actualmente lo ocupan exclusivamente reclusos condenados por crímenes de lesa humanidad, todas personas de la tercera edad.

Esta primera etapa contempla cuatro licitaciones. Tres de ellas ya fueron adjudicadas y para una ya se habrían comenzado trabajos dentro del penal, ubicado en Til Til. La más importante, la de módulos para sumar a nuevos reos, está desierta y hasta el momento no se ha presentado una nueva licitación.

Las licitaciones corresponden a obras para la habilitación de un galpón de visitas, la habilitación de un contenedor de oficina técnica; la implementación de equipos de seguridad y la habilitación de módulos y área de ingreso y registro de visitas. El objetivo es tener la primera fase del proyecto terminada para febrero de 2026, antes de que finalice el actual mandato y llegue un nuevo gobierno que pudiese eventualmente cambiar los planes.

Dentro del penal ya se están realizando trabajos, por lo que los internos han gestionado la presentación de tres recursos -de protección y de amparo- para detener las obras.

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Las licitaciones

En agosto se abrieron las licitaciones que forman parte de la transformación del recinto. Una de ellas contempla la habilitación de un galpón de visitas que se está construyendo en una de las canchas utilizadas por los reclusos como huerta y como un espacio para realizar actividad física y caminatas. El proyecto cuenta con un presupuesto de $117.817.140 y fue adjudicado a la empresa Inmobiliaria B & V Spa.

La oferta fue publicada el 8 de agosto, y se adjudicó el 1 de octubre. Dos semanas después comenzaron las obras, lo que significó la eliminación del huerto y de la cancha.

En azul el lugar donde se está instalando el galpón de visitas.

La abogada Carla Fernández -que participa en varias causas y recursos en favor de los reclusos del penal-, describió que el lugar donde se instalará el galpón de visitas «es donde hay un huerto que ellos mismos han ido cultivando, cosechando, produciendo hierbas medicinales, algunas frutas y algunas verduras». Agregó que ya hay maquinaria pesada y gente trabajando.

Otra de las licitaciones adjudicadas corresponde a la instalación de un contenedor modular para instalar oficinas administrativas. El proyecto, del cual también está a cargo la Inmobiliaria B & V Spa, tiene fecha de término en diciembre de 2025, y cuenta con un presupuesto de $14.386.620 con la asignación de «Mantenimiento y Reparación de Edificaciones». Según Mercado Público, la oferta fue adjudicada el 24 de septiembre y la orden de compra está registrada desde el 29.

El tercer proyecto está destinado a la modernización del sistema electrónico de seguridad. La oferta se publicó el 12 de agosto y fue asignada a la empresa «Proyectos y Productos Profesionales Limitada» el 20 de octubre, por el monto de $255.374.000.

La cuarta licitación del plan, y la más relevante para concretar la promesa del gobierno, se encuentra desierta. Esta tenía como objetivo la habilitación de módulos de reclusión y un área de ingreso y registro de visitas. Es decir, se trata de nuevas habitaciones para la treintena de reos comunes que el Ejecutivo quiere que lleguen al penal donde hay más de 130 reclusos de las Fuerzas Armadas en retiro y exagentes del Estado de edad avanzada, condenados por crímenes de lesa humanidad. El Líbero no encontró ninguna licitación abierta en esa línea en Mercado Público y consultó a Gendarmería sobre la existencia de una nueva licitación, pero no hubo respuesta.

Los intentos de frenar el avance de las obras en Punta Peuco

Un aspecto que ha causado divisiones y polémica dentro y fuera del penal es la construcción de un muro divisorio en el patio común, donde los internos recibían a sus visitas y armaban «rucos», toldos o «carpas» que utilizaban para recibir visitas y mantener sus espacios y objetos personales, como sillas y radios.

Sin embargo, este proyecto se encuentra en pausa debido a un recurso de protección presentado por Fernández en representación de los internos del penal el 7 de octubre contra Gendarmería, el que fue admitido a trámite por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Según el texto, «la aplicación de esta decisión, en estos momentos, cuando los reos son más viejos y están más enfermos, quitándoles su legítimo derecho a contar con el único espacio común que les va quedando para socializar entre ellos y recibir semanalmente a sus seres queridos; no tiene un fundamento racional, es ilegal y arbitraria, porque lesiona derechos fundamentales básicos de los internos».

El Líbero consultó a Gendarmería a qué proyecto de la ampliación del penal responde la construcción de ese muro y el estado de las obras mayores, pero la institución tampoco estuvo disponible para entregar esa información.

La abogada también tiene la intención de frenar la habilitación del galpón de visitas. Para ello, solicitó que se frenaran todos los trabajos hasta que se resolviera el recurso que puso por el asunto del muro divisorio. Sin embargo, rechazaron su petición, por lo que el 12 de octubre presentó un recurso de reposición insistiendo en su requerimiento de parar el resto de las obras y advirtiendo que Gendarmería les avisó a los monitores de los módulos del penal que el huerto «sería destruido esta semana del 13 al 17 de octubre» con motivo de esas obras.

Desde Gendarmería solicitaron una ampliación del plazo para contestar a las acciones legales.

El 16 de octubre Fernández insistió y presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago para detener la obra de construcción en la cancha y el huerto, que según la acción legal, ha privado a los internos del «único espacio al aire libre y con luz solar destinado al ejercicio diario de los internos y su reforzamiento de su sistema inmunológico».

En el recurso se afirma que la medida es percibida al interior del penal como una evidente “persecución y hostigamiento carcelario”, cuya ocurrencia «ya es un hecho notorio y público».

Cuatro días después de presentado, la Corte declaró inadmisible el recurso, ante lo cual la abogada apeló y el 28 de octubre se admitió esa apelación.

Si se acoge la orden de no innovar se frenarían los trabajos, lo que según Fernández, podría ocurrir en los próximos días.

Presos alegan «persecución vengativa» del gobierno

Este año también hubo un intento de retirar los refrigeradores que los internos de Punta Peuco tienen en sus habitaciones, con el fin de hacer más espacio para los nuevos reos.

Sin embargo la abogada lo frenó presentando un recurso de protección en el que alegaba que los presos no sólo guardaban comida ahí, sino que que también medicamentos, como la insulina para los diabéticos.

El tema de la destrucción del huerto también lo consideran un asunto de salud, pues usaban esos productos para complementar su alimentación.

Asimismo, Fernández asegura que esto es una falencia más en ese ámbito, pues dice que no existe un médico de planta en el penal y que la ambulancia que tienen asignada pasa varios periodos sin funcionamiento, sin que exista capacidad de trasladar a los internos -todos adultos mayores- a chequeos.

«Nosotros pedimos que haya un médico que pueda atenderlos, hay muchas personas que salen infartadas de Punta Peuco, con accidentes cerebrovasculares. Hay muchas caídas, hay presos que ya no tienen dientes…», relata Fernández, quien agrega que existe una voluntad de «querer igualar hacia abajo el estado de estas personas que están privadas de libertad».

Según la abogada, algunos gendarmes les han dicho con sorna a los presos que se deben empezar a preparar para el cambio de penal, lo que ella calificó como un «un maltrato indirecto». Desde Gendarmería afirmaron que no han habido denuncias ni reclamos por malos tratos.

Ante todos estos cambios, los internos escribieron una carta en la que denuncian una «persecución vengativa de orígenes políticos en los últimos meses de mandato del actual gobierno» dentro del penal.

PPHOY COMUNICADO

《 Por la Verdad, la Dignidad y la Reconciliación 》

Nos dirigimos a Chile con respeto.

Somos internos ancianos, varios con enfermedades graves y solo pedimos trato digno.

El anuncio presidencial sobre el “cierre” o transformación de Punta Peuco en una cárcel común es un DECRETO administrativo, no una LEY, el cual puede ser revertido por un NUEVO gobierno mediante otro decreto presidencial.

Lo que el Presidente Boric presentó como un “cambio histórico” no implica una modificación legal ni permanente del régimen penitenciario.

Se trata únicamente de una decisión administrativa y simbólica, cuyo propósito político resulta evidente que es dejar instalada antes de terminar su mandato, una señal de venganza ideológica potente para ALGUNOS.

Cambiar el nombre del recinto por “Centro Penitenciario Tiltil” y declarar que ya no habrá “presos con privilegios”, no transforma la realidad, solo busca profundizar la división de los chilenos, lo que consideramos muy lamentable.

Nosotros, los internos no hablaremos nunca desde el resentimiento,
siempre hablaremos desde la serenidad, la fe y la conciencia tranquila.

Muchos de nosotros cumplimos órdenes en tiempos difíciles, cuando Chile vivía una amenaza real de guerra interna. Hoy somos hombres mayores que seguimos privados de libertad, mientras quienes dictaron aquellas órdenes , la mayoría ya han partido y no somos lapidarios en ello.

No pedimos perdón ni compasión, solo pedimos justicia, igualdad ante la ley y humanidad.

Chile no puede sanar mientras el Estado mantenga políticas penitenciarias motivadas por venganza e ideología.

Ninguna nación puede reconciliarse cuando se castiga a unos y se exalta a otros según su color político.

Llamamos a nuestros compatriotas a comprender que lo anunciado por el Gobierno no es definitivo.

El decreto puede ser revocado íntegramente por el ” Próximo Presidente de la República”, restituyendo el carácter y la administración original del recinto, conforme al derecho y al sentido común.

Confiamos en que Chile sabrá reconocer a quienes trabajan por la reconciliación verdadera y no por el odio ni el oportunismo.

Confiamos en que el futuro traerá un gobierno que repare con justicia, sin venganza y sin rencor.

Porque la verdad, la justicia y la humanidad siempre prevalecerán.

Con respeto y esperanza,

Los internos del Penal de Punta Peuco

15.OCT.025 CARTA A CFM

Opinión del valiente diputado Kaiser:

https://www.t13.cl/noticia/politica/kaiser-cuestiona-fin-punta-peuco-como-carcel-especial-violacion-derechos-humanos-3-11-2025?utm_source=chatgpt.com

Punta Peuco

Con dolor recibo la cuarta condena para mis camaradas privados de libertad en Punta Peuco .
La primera es la condena definitiva de la Corte , la segunda es la privación absoluta de derechos , la tercera es el cierre de Cordillera y traslado a PP. y la cuarta es la transformación en cárcel común de ese recinto , mezclando delincuentes comunes con ancianos militares .
Lo lamento por mis camaradas de Ejercito , Armada , Fuerza Aérea , Carabineros, PDI y empleados civiles . Lo lamento por esos abnegados padres , hijos , esposas , hermanos y nietos . Conozco gente que lleva treinta años o más , he visto ancianos sin mirada , sin rumbo , sin una luz que lo ilumine. Semana a semana he visto a abnegadas esposas o hijas y algunas nobles organizaciones de retirados , con bultos , con comida , ropas , esos familiares y grupos , van con una predisposición digna de comentar , de admirar o de aplaudir en silencio .
Para mucha gente civil , para muchos políticos, esto debe ser una gran noticia .
Para los que hicimos nuestra vida en la carrera de las armas esto es una pésima noticia , más aún que conocemos a muchos de ellos .
Me podrán decir algunos políticos que esto es un acto simbólico del gobierno y de la izquierda , ya que estaba en el programa de gobierno y que como quedan dos semanas para una elección y cinco meses para el termino de este gobierno esto a lo mejor se podría revertir . Me digan lo que me digan , creo acá hay que haber vestido uniforme para opinar de ellos , para mi es un nuevo castigo para las mismas personas , para mi es no conocer el gran estado de ancianidad de muchos , las enfermedades terminales que tienen , el estado mental de otros .
Esta noticia es dolorosa , es fuerte , es de una impotencia terrible .
El pensar en ellos , muertos en vida , ancianos , enfermos y sin terminar sus días en su hogar , mezclados con delincuentes comunes , con visitas mezcladas con familiares de delincuentes , solos , abandonados por la sociedad y con apoyos solo de sus familiares y de organizaciones de retirados y de algunos civiles, es de los peores dolores que siento .
René Norambuena Veliz
General ( R)

Otra diputada valiente:

Boric y la maldad del ser humano

Andrés Montero

04/nov/25 – 08:20

El saliente presidente chileno Gabriel Boric, aprovecha sus últimos meses de mandato, para confirmar su violencia ideológica . Tras regresar de Corea y a punto de partir a Bolivia, el púber presidente anuncia con bombos y platillos la transformación del centro de detención de antiguos militares, en una cárcel común. Hoy, un centenar de octogenarios  y nonagenarios militares mueren día a día de enfermedades crónicas, de fatiga y de pena. La mayoría de esos militares no tuvieron juicio justo y fueron traicionados hasta por quienes salvaron, tras el gobierno del marxista Salvador Allende. Boric quiere darse un gustito. Al más puro estilo de los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela, está feliz de ver sufrir a chilenos que un día cumplieron su promesa de defender a Chile y a su bandera. De que hubo errores, los hubo.

A dos semanas de las presidenciales y al verse perdido, él y su pandilla zurda, aprovechan de vengarse y de concluir su tarea odiosa. Los chilenos le diremos en las urnas, cuán solo está y cuánto aborrecemos su gestión. Ha llegado la hora de auditar los usos de fondos, las fundaciones fraudulentas y verificar cuánto dinero han malgastado y cuánto odio han sembrado. Llegará el momento de la justicia y tendrán que ir a la cárcel los corruptos. Viene un nuevo Chile no progresista y no plurinacional. Regresará a Chile la protección de fronteras, la seguridad interna y la historia verdadera de los últimos 50 años. La cultura ha sido raptada por la izquierda, pero ya varios artistas e intelectuales cambian sus posiciones y se acercan a la realidad. Boric prepara sus maletas para desembarcar en alguna universidad u ONG progre. También viaja, con fondos públicos, para promover la campaña de Bachelet para dirigir la ONU. Sus sociedades con Pedro Sánchez, Lula y Petro, se van deteriorando y las calles de Salvador Allende van desapareciendo. La historia se empieza a reescribir, de la mano de la verdad histórica y no de una memoria tergiversada. Cuenta regresiva para unos niños engreídos que se dieron el lujo de “gobernar” sin saber cómo.

Publicado por El Diario de Madrid

*KAISER, VA A CERRAR EL CAPITULO DEL ‘73  y TERMINAR CON EL ABUSO y VENGANZA DE DD.HH Contra UNIFORMADOS:

¿Incompetencia o intencionalidad?

En las dos últimas semanas, a los errores del Gobierno en las cuentas de la luz, prueba Simce y en catalogar al FES como activo, se les suma el rechazo a casi todas las partidas de la ley de presupuesto 2026. ¿Incompetencia o Intencionalidad?

por Jaime Jankelevich1 noviembre, 2025

Si recordamos que el Gobierno pretendía refundar Chile y para eso esperaba que se aprobara el mamarracho para ejecutar  su programa, donde se planteaba terminar con el modelo, con el extractivismo  y hacer del Estado el controlador de toda la actividad económica del país, surge la duda si los graves errores de las últimas dos semanas obedecen sólo a una absoluta incompetencia o detrás de ellos hay una intencionalidad de dejarle problemas al próximo gobierno a fin de que no sea exitoso y eso les facilite el volver al poder en cuatro años más.

Partiendo por el FES, el gobierno lo consideraba un activo financiero y la razón para ello es que con esa definición no se afectaría el balance estructural ni la deuda pública al considerarse contablemente bajo la línea. Pero, tal como lo advirtió el CFA y lo refrendó la CGR esta semana, el mecanismo propuesto por Hacienda no es realmente un activo financiero por la incertidumbre en la recuperación de los fondos -los que dependen de los ingresos futuros de los egresados- sino que se debe considerar como gasto fiscal y contabilizarse sobre la línea, con lo cual sí tiene implicancias en el balance fiscal estructural y en la deuda pública. De acuerdo con Acción Educar, el proyecto FES le saldría casi US$1.000 MM más caro al Tesoro Público, acotando además que se trataría sin duda de un impuesto.

Lo que hay detrás de todo el tema FES es que el gobierno quiere el control de las universidades privadas lo que para muchas de ellas sería el fin de su existencia porque el Estado les fijaría el costo de las carreras. Por algo les exigió que se le entregara el sueldo de todos los docentes que laboran en ellas y no sería de extrañar que quieran terminar con el sistema privado de educación universitaria, así como prohibieron la fundación de nuevos colegios subvencionados.

Pero más grave aún, es lo ocurrido con la Ley de Presupuestos 2026. El 28 y 29 de este mes, sesionó la Comisión Mixta Especial de Presupuesto, instancia que rechazó casi todas las partidas presupuestarias; entre ellas las de Transporte, Ministerio Público, Defensa, Seguridad, Deportes, Culturas, Mujer, Minería, Salud, Trabajo, Agricultura, Interior, Gobiernos Regionales, Relaciones Exteriores, Justicia, Medio Ambiente, Energía, Obras Públicas, Economía, Desarrollo Social, Vivienda, Educación, Hacienda y el Tesoro Público.

Esto se debió a la falta de información sobre los gastos comprometidos para el próximo año, particularmente en materia de remuneraciones del sector público que el Ministro Grau no estuvo dispuesto a entregar, pero además porque las proyecciones de ingresos del Gobierno descansan sobre supuestos optimistas y con alto grado de incertidumbre, lo que ha sido habitual en las estimaciones de la Dipres, que han impedido el cumplimiento de las metas fiscales cada año.

A todo esto, el sector privado se reunió el miércoles pasado para afrontar la preocupación que sectores como minería, forestal, construcción, pesca y acuicultura tienen respecto de la aplicación de la ley de Servicio de Biodiversidad y áreas Protegidas, pues consideran que podría congelar la actividad económica, ya que las restricciones podrían prohibir desde remover tierra hasta realizar acciones en 3,9 MM de hectáreas que equivalen a prácticamente el 5% del territorio nacional, pese a contar con los permisos y las resoluciones de calificación ambiental.

Junto a todos estos problemas, se añade una permisología ideológica que tiene paralizados US$100,000MM de inversión en diversos proyectos, entre otros Dominga y logró que US$110.000MM de inversión chilena se fuera del país para no volver.

Todo este cuadro más otros errores, graves errores, como el de las cuentas de luz y el Simce, permite cuestionar si el gobierno es realmente incompetente o lo que hay detrás es intencionalidad para que el próximo gobierno no tenga éxito y eso les facilite volver al poder en 2030. El tiempo nos dará la respuesta.

Etiquetado:FESgrauPresupuestosimce

Jaime Jankelevich

Bioquímico y consultor Más de Jaime Jankelevich

La verdad económica: 

Empezando la reconstrucción

Por Juan Pablo Zúñiga Hertz

Ya corría el año 2022 cuando era posible advertir que el péndulo del estado mental de las sociedades occidentales ya estaba empezando a venir de vuelta. Síntoma claro de ello en nuestro país es que las candidaturas más fuertes no son precisamente las que optan por el continuismo progresista. Sin ir más lejos, la segunda vuelta boliviana sin candidatos de izquierda y la reciente victoria de “La Libertad Avanza” de Milei, muestran el resultado del fastidio general hacia las izquierdas en todas sus formas y sabores.

En los EE.UU. se ve exactamente lo mismo. Personas que abiertamente no votaron por el presidente Trump y que ofrecían una oposición a ultranza, hoy en día están empezando a reconocer que tan equivocado no está el presidente, independiente que su estilo personal no sea de su gusto.

Lo mismo estamos viendo en Chile. Las caricaturas elitistas con las que pintaban a José Antonio Kast en las elecciones pasadas, ya no funcionan y, por lo demás, no les interesan a los ciudadanos que están más interesados en soluciones y en que nos demos el gran gustazo como país de sacar de una buena vez a esta patota de pelafustanes.

Como hemos venido advirtiendo, tenemos que ser pacientes. Una cosa es arrancar el tumor, y otra muy diferente es recuperar el estado de salud. El 16 de noviembre tenemos la alternativa real de que cada chileno tome en su mano el bisturí electoral que nos permita extirpar este cáncer que nos aqueja. Esta cirugía es el comienzo de una terapia intensiva que nos permita recuperar la salud como nación para luego comenzar a reconstruir.

Por ello, ganar es el primer paso. El segundo será en marzo de 2026 hacer una evaluación de los daños catastróficos que hizo el cáncer progresista. Lo tercero será tomar las drásticas medidas que todos sabemos que van a venir. Recién lo cuarto será reconstruir. Y esa tarea nos llama a todos.

No es necesario ser políticos o estar en cargos estratégicos como para cambiar el curso de una nación. Los grandes cambios comienzan con pies de palomas. Como tal, nos cabe a todos poner de nuestra parte para reestructurar y recuperar nuestro país.

Las ironías del legado

Por Leonidas Montes

Hace mucho tiempo que los vientos no soplaban tan fuerte para la derecha. Rememorando el primer año de este gobierno, quién hubiera imaginado que terminaría con una candidata del PC promoviendo la seguridad, el crecimiento económico y el empleo. En esta campaña los discursos sobre los derechos humanos, el feminismo o la desigualdad se han evaporado. Y la bandera mapuche solo flameó un segundo en la franja del profe Artés.

La administración de Boric ha logrado hacer posible lo imposible. Si comparamos la reciente encuesta CEP con la de diciembre de 2019, en medio del estallido social, hay cambios siderales. El desplome de las instituciones, alimentado y atizado por la izquierda, fue brutal. La confianza en Carabineros se desplomó a un 17%. Hoy es un 56%. La de las FF.AA. apenas alcanzaba un 24%. Ahora es 53%. Las redes sociales se alzaban con un 28%. Hoy bajaron a 13%, mientras las radios subieron de 29 a 43%, los diarios de 11 a 29% y las empresas privadas de 7 a 27%. Y en esa aciaga encuesta de 2019, Piñera era castigado con un 82% de desaprobación. Pero al final, con estallido social y covid a cuestas, logró cerrar su gobierno con una desaprobación promedio de 60%. Es la misma cifra que ostentará Boric. Vaya ironía.

El mejor augurio de la última encuesta CEP son las expectativas económicas. Al preguntar por “la situación económica del país” durante todo el gobierno de Boric, un promedio del 55% percibió que era “mala o muy mala” y un 32% que empeoraría en el año siguiente. En ambas preguntas este gobierno tiene el récord desde el regreso a la democracia. Sin embargo, cuando comienza a despedirse de La Moneda, aparece un renovado optimismo. Los que piensan que la situación es “mala o muy mala” bajan a 48%, y respecto a los próximos 12 meses, ese pesimismo disminuye a solo un 15%. Hay mayor confianza en el rumbo de la economía del país.

En este nuevo contexto, donde el empleo reaparece como una de las tres mayores preocupaciones de la ciudadanía, la última encuesta CEP arrojó un importante aumento de quienes se cuadran con la derecha. Esa identificación salta de un 12% al comienzo del gobierno del Frente Amplio a un 24% a su cierre. Históricamente es la más alta, seguida solo por un 21% a mediados del primer año del gobierno de Piñera, en medio de la exitosa reconstrucción después del terremoto del 2010.

Todo esto tiene un efecto electoral. Al preguntar si “en las elecciones parlamentarias votaría por alguien de derecha”, un 42% responde que sí. En cambio, solo un 28% lo haría por un candidato de izquierda. Y en las presidenciales se repite el fenómeno; un 28% optaría por un representante de derecha y solo un 15% por uno de izquierda. De hecho, un 25% ya tiene decidido votar por Kast, un 24% por Jara y un 13% por Matthei. Ahora bien, todavía hay aproximadamente un 20% de los votantes que aún no decide su voto. Su perfil es clave. Ya sabemos que la volatilidad es una realidad que hoy campea.

Para estas elecciones hay mayor interés y preocupación por la política. La identificación con partidos políticos es la más alta desde el primer gobierno de Bachelet, alcanzando un 42% (en diciembre de 2019 era solo un 14%). El 85% declara que irá a votar. La mayoría dice que lee noticias y conversa con amigos y familiares sobre política. Esta efervescencia, habitual en períodos electorales, es más intensa en esta contienda. Parece que hay mucho en juego.

Pero también hay señales de alerta. Solo un 47% cree que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno” y un 23% que “en algunas circunstancias, un régimen autoritario puede ser preferible”. El germen autoritario está latente. Será tarea del próximo gobierno recuperar la confianza. No podemos olvidar que el poder sin responsabilidad solo es vanidad. Y de eso ya hemos tenido demasiado.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el jueves 30 de octubre de 2025.

Tensa calma

Por José Tomás Hargous Fuentes

Con la veda de las encuestas a partir del sábado recién pasado se cierra otro hito en esta campaña presidencial y quedan cada vez menos días para la primera vuelta. De creerle a las encuestas que han entrado en reposo, Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista (PC), está consolidada en un primer lugar, a una distancia importante de José Antonio Kast, quien se ha estabilizado en el segundo lugar.

Prácticamente todos los estudios de opinión pública –si consideramos las encuestas semanales, así como la última Encuesta CEP– coinciden en que el balotaje será entre el postulante de La Fuerza del Cambio y la candidata comunista y relevo de este gobierno fracasado. Si usted es de los que creía que había alguna esperanza de que Evelyn Matthei se sumara a esa pelea, lamento informarle que ninguna encuesta lo muestra como estadísticamente posible, y la candidata de Chile Vamos hace mucho que entregó los dos primeros lugares a punta de una campaña profundamente amateur.

Donde hay más movimiento es a partir del tercer lugar, mostrando un empate técnico entre Evelyn Matthei –que luego de un repunte ha vuelto a la irregularidad– y Johannes Kaiser –consistentemente al alza–, a los que en algunos estudios se agrega a Franco Parisi –estable en su quinto lugar pero a escasa distancia de Kaiser y Matthei–. Es en esta parte de la tabla donde está realmente interesante la disputa, y no sería sorprendente que Kaiser alcance el tercer lugar, en desmedro de Matthei, repitiendo el papelón de Sichel.

Si bien pareciera que la suerte está echada, en dos semanas pueden pasar muchas cosas. Aunque en esta ocasión la derecha tenga opciones distintas, deben tomar nota de las últimas elecciones. Por eso, es clave que los partidos de Chile Vamos, junto con su candidata, definan con claridad si apoyarán a José Antonio Kast en el más probable balotaje. A la fecha sólo la Unión Demócrata Independiente (UDI) ha dicho explícitamente que lo hará, si no consideramos a dirigentes específicos de Renovación Nacional (RN) o que la declaración del Presidente de Evópoli del “dolor de guata” sea interpretable como un apoyo entusiasta. No es indiferente que esta definición se tome antes de los resultados del 16 de noviembre.

Cuatro años después, y luego del estallido, los procesos constitucionales y el gobierno de Gabriel Boric, es de esperar que Chile Vamos haya aprendido su error en 2021: no es viable estirar ese chicle más de la cuenta, exigiendo condiciones irrisorias, como hiciera Sebastián Sichel, o prefiriendo la abstención entre socialismo y libertad, como optó Ignacio Briones, poniendo así en peligro la elección tal como hace cuatro años. Muy distinto fue el escenario en 2017, cuando José Antonio Kast apoyó sin condiciones a Sebastián Piñera, porque comprendía que “el adversario está al frente y no al lado”, cosa que en Chile Vamos acostumbran a olvidar. ¿Están dispuestos en Chile Vamos a garantizar el triunfo de José Antonio Kast? El tiempo corre.

¿QUÉ PODRÍA HABER OCURRIDO SI KAST HUBIESE GANADO EL 2021?

octubre 08, 2024

UNA UCRONÍA LITERARIA QUE ESPECULA SOBRE UNA DESEADA REALIDAD ALTERNATIVA.

La Revolución del Sentido Común.

Un Cuento Político.

Autor: Christian Slater E.

Capítulo Uno:

La noche del 19 de diciembre de 2021, Chile despertó con una sorpresa mayúscula. Contra todas las predicciones, José Antonio Kast había ganado la presidencia con 826.046 votos de ventaja sobre Gabriel Boric. Los votos de los seguidores de Franco Parisi y Sebastián Sichel, que muchos creían que se dispersarían o apoyarían a Boric, terminaron inclinando la balanza a favor de Kast. En esa noche, Chile no solo eligió un nuevo presidente, sino también un rumbo completamente distinto.

El país, sumido en una mezcla de esperanza y tensión, se encontraba ante la posibilidad de un futuro radicalmente diferente. Para algunos, la victoria de Kast era la promesa de restaurar el orden y la estabilidad. Para otros, un desafío a la transformación progresista que muchos esperaban. El 19 de diciembre, Chile entraba en una nueva era.

Capítulo Dos:

Bajo el liderazgo de José Antonio Kast, Chile experimentó lo que él mismo llamó “la revolución del sentido común”. Con un enfoque pragmático y decidido, Kast organizó un gobierno basado en principios de autoridad, orden y libertad al servicio del Bien Común. Su gabinete estaba compuesto por expertos, seleccionados bajo estrictos criterios de meritocracia, alejados del nepotismo, la corrupción y la pitutocracia que habían marcado administraciones anteriores.

La primera gran reforma fue la restauración del orden público. Kast implementó un robusto plan de seguridad que no se basaba en promesas y doble estándar de las autoridadespolíticas, sino en la restauración del contrato social: el respeto a la ley debía ser correspondido con oportunidades para quienes más lo necesitaban. Carabineros y Fuerzas Armadas dejaron de ser percibidos -por un sector de la sociedad- como entes represivos, reconociendo en ellos, los pilares protectores de todos los chilenos.

Uno de los principales desafíos que enfrentó el nuevo gobierno fue la reestructuración completa del Ministerio de Justicia. Se implementó un riguroso proceso de depuración para desmantelar las redes de corrupción que operaban dentro de los tribunales, estableciendo un nuevo código ético de probidad profesional que se extendió tanto a jueces como a fiscales, con especial atención a los futuros abogados en formación en las universidades. Al mismo tiempo, se abrieron investigaciones exhaustivas para revisar las sentencias dictadas contra exuniformados, quienes, por primera vez, tuvieron acceso a un debido proceso justo y transparente, garantizando la imparcialidad y el respeto a los derechos humanos en cada caso.

En el ámbito económico, Chile vivió una auténtica revolución. Atraer inversión extranjera, reducir la deuda pública y asegurar un crecimiento sostenible fueron los pilares del éxito económico del gobierno. Las reformas al sistema de pensiones y de salud permitieron que los adultos mayores vivieran con dignidad, mientras que los hospitales públicos modernizados reducían drásticamente las listas de espera.

Internacionalmente, Chile se consolidó como un líder en la región, admirado por haber logrado el equilibrio entre desarrollo económico y justicia social. En foros globales, se hablaba de cómo el gobierno de Kast había rescatado a Chile de la polarización y el caos.

Capítulo Tres:

El Joven Soldado.

Pedro, un joven que creció en un barrio modesto de Santiago, decidió unirse al Servicio Militar bajo el nuevo sistema implementado por el gobierno de Kast. Este Servicio Militar extendido no solo ofrecía entrenamiento militar, sino también una formación técnica que permitía a los jóvenes adquirir una especialización profesional. Para Pedro, esto fue mucho más que una oportunidad laboral; fue un camino hacia la disciplina, la responsabilidad y el amor por su patria.

A lo largo de los cuatro años de servicio, Pedro se convirtió en un experto en motores y electricidad, una especialización que le aseguraba un futuro dentro o fuera de las Fuerzas Armadas. El Servicio Militar le enseñó mucho más que técnica. Aprendió el valor del respeto mutuo, la lealtad a sus camaradas, y el compromiso de cuidar y proteger a los más débiles. Su momento más emotivo fue cuando, durante la ceremonia de entrega de armas, su padre le entregó un fusil, símbolo de su responsabilidad hacia la patria. El juramento a la bandera selló su compromiso de defender a su país, incluso con su vida.

Para Pedro, el Servicio Militar fue el pilar que le dio un propósito y una visión clara del futuro. Gracias a este sistema, Chile no solo producía soldados, sino ciudadanos comprometidos con el país.

El Inmigrante.

Javier llegó a Chile en busca de una oportunidad que no encontraba en su país de origen. Al principio, todo fue difícil. Sin papeles y sin estabilidad, Javier vivió en la incertidumbre hasta que el gobierno de Kast implementó una serie de políticas migratorias justas, permitiendo a quienes realmente querían contribuir al país regularizar su situación. Javier fue uno de los beneficiados.

No solo consiguió su estatus legal, sino que también pudo reintegrarse plenamente a la sociedad chilena. Gracias a su formación técnica en electricidad, Javier se convirtió en profesor en un programa técnico del Ejército, enseñando a jóvenes como Pedro. Para él, Chile se había convertido en su nuevo hogar, y su contribución a la sociedad era una muestra de gratitud por la oportunidad que se le había dado.

El día que regularizó su situación fue uno de los más felices de su vida. La incertidumbre había quedado atrás, y ahora podía mirar al futuro con esperanza y confianza. A través de su trabajo, Javier vio cómo podía ayudar a otros a construir un futuro mejor, tal como él lo había hecho.

La Artista y Ministra.

Carmen, una talentosa artista y promotora cultural, fue designada por el gobierno de Kast para liderar el Ministerio de las Culturas. Bajo su liderazgo, Chile experimentó un renacimiento cultural que integró las tradiciones criollas con las culturas de los pueblos originarios. Carmen implementó un ambicioso programa que buscaba rescatar las raíces históricas de Chile mientras promovía el respeto y la integración de todas las culturas que componían el país.

Su trabajo en la Araucanía fue particularmente significativo. Junto con Diego, el ministro encargado de la región, logró implementar un plan de desarrollo que no solo mejoró la economía local, sino que también promovió la paz y el respeto entre las comunidades. Para Carmen, ver a la gente celebrando sus raíces y compartiendo sus historias era la realización de un sueño. Chile estaba volviendo a conectarse con su historia, pero también estaba mirando hacia el futuro.

El Ministro de la Araucanía.

Diego, un hombre pragmático y con una profunda conexión con la Araucanía, fue nombrado ministro con dedicación exclusiva para la región. Su tarea no era fácil: la Araucanía había sido por años una de las zonas más pobres y conflictivas del país. Sin embargo, bajo el gobierno de Kast, Diego lideró un plan de desarrollo integral que combinaba el progreso económico con el respeto por las tradiciones locales.

Bajo su mandato, la delincuencia y la violencia en la región comenzaron a disminuir, y nuevas oportunidades surgieron para los jóvenes locales. El festival de integración cultural organizado por Carmen en la Araucanía fue solo uno de los muchos hitos que marcaron este renacimiento regional. Para Diego, el éxito de la Araucanía era prueba de que la paz y el progreso eran posibles cuando se trabajaba con compromiso y visión.

La Embajadora.

Valentina, como embajadora de Chile en Japón, fue pieza clave en uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Kast: el proyecto de hidrógeno verde en el Estrecho de Magallanes. Valentina negoció con Japón, país reconocido por su ética de trabajo y responsabilidad medioambiental, para que Chile pudiera convertirse en un líder mundial en energías renovables.

Bajo su liderazgo, la alianza con Japón floreció, y Chile se posicionó como pionero en la producción de hidrógeno verde, una energía limpia y sostenible que prometía transformar la economía mundial. Para Valentina, este proyecto no solo era un logro diplomático, sino también un símbolo del nuevo Chile que emergía bajo el liderazgo de Kast: fuerte, comprometido y con los ojos puestos en el futuro.

El Soldado.

Mauricio era parte de las unidades conjuntas de despliegue rápido, creadas bajo el gobierno de Kast para responder a desastres naturales y emergencias causadas por el cambio climático. Mauricio y su equipo estaban entrenados para actuar rápidamente en situaciones de crisis, y su papel en la protección del proyecto de hidrógeno verde en el Estrecho de Magallanes fue crucial para garantizar que el país avanzara en su camino hacia el liderazgo mundial en energías renovables.

Mauricio había servido por años en las fuerzas armadas, pero bajo la nueva administración, su misión no solo se enfocaba en la defensa del país, sino también en la protección de su futuro. Para él, cada día en la unidad de despliegue rápido era una oportunidad para contribuir al progreso de Chile y asegurar que su país siguiera avanzando.

Capítulo Cuatro:

Una ceremonia cívico-militar, planificada durante varios años, uniría los destinos de los personajes que hemos conocido en este cuento. El presidente José Antonio Kast, desde el primer día de su mandato, se había autoimpuesto la tarea de realizar un gran acto de reconciliación nacional. Sin embargo, este no sería un evento impuesto desde el poder. Kast insistió en que debía contar con el soporte y la aprobación de toda la ciudadanía, para que fuera un acto de verdadero reconocimiento y aceptación por parte de todo Chile.

Para lograrlo, los jefes de los partidos políticos y los alcaldes de todo el país participaron activamente en la planificación de este evento. Durante años, trabajaron juntos para que la ceremonia no solo fuera un símbolo, sino una verdadera muestra de unidad. Era esencial que el acto representara a todos los sectores de la sociedad chilena.

En la Plaza de la Unidad Nacional, el lugar donde alguna vez se levantó el Monumento al General Baquedano, ahora se realizaba este acto solemne. El monumento, que había sido destruido durante el estallido social, fue restaurado y erigido nuevamente como un símbolo de un país que había encontrado el camino hacia la reconciliación.

Pedro, quien representaba a los miles de jóvenes que pasaron por el Servicio Militar, fue invitado a participar en el evento. Su experiencia en las fuerzas armadas había sido clave en su crecimiento personal y profesional, y ahora estaba allí, con su uniforme impecable, como parte del contingente que celebraba este nuevo comienzo para el país.

Javier, quien había regularizado su estatus migratorio, también fue llamado a asistir. Él representaba a las miles de personas que habían encontrado una nueva vida en Chile, contribuyendo al desarrollo del país. Estar presente en esa ceremonia significaba el reconocimiento de su integración y esfuerzo por ser parte activa de la sociedad chilena.

Carmen y Diego, quienes habían trabajado para promover la cultura y el desarrollo en la Araucanía, llegaron a la ceremonia conscientes del impacto de su labor. Ver a las diferentes comunidades del país unidas en esta ceremonia era un sueño hecho realidad. Sabían que su trabajo había ayudado a construir este puente entre el pasado y el futuro.

Valentina, que regresó desde Japón para estar presente, también estaba allí para presenciar el éxito de los proyectos que había liderado en el extranjero, especialmente el proyecto de hidrógeno verde que había posicionado a Chile como un líder mundial en energías renovables.

Mauricio, miembro de las unidades conjuntas de despliegue rápido, estaba allí para garantizar que la ceremonia se desarrollara en orden. Pero más allá de su deber, sentía el peso de la importancia de este evento, que simbolizaba el renacer de un país que había pasado por grandes desafíos.

Con todos ellos presentes, la ceremonia comenzó. Bandas militares tocaron mientras la multitud observaba con reverencia cómo Chile celebraba su renacer. Ex vándalos, que alguna vez destruyeron el monumento, fueron invitados a la ceremonia como parte del proceso de reconciliación nacional. Arrepentidos, participaron en la restauración del lugar, simbolizando el perdón y la unidad.

Con la bandera ondeando en lo alto, el presidente Kast dio un discurso breve pero poderoso, destacando el espíritu de unidad que había guiado al país durante su mandato.

—”Este no es solo el renacer de un monumento”, dijo Kast, “es el renacer de una nación que, guiada por el sentido común, ha elegido el camino del progreso y la unidad”.

Capítulo Cinco:

Lo que acabas de leer es una ficción. Esta es la historia de lo que pudo haber sido, un Chile transformado bajo el liderazgo de José Antonio Kast, quien en 2021 tuvo la oportunidad de guiar al país hacia un futuro de prosperidad, orden y unidad. Sin embargo, en esa ocasión, la mayoría de los chilenos decidió un camino diferente.

Pero la historia no termina aquí. En diciembre de 2025, el país tendrá una nueva oportunidad de elegir el rumbo que desea seguir. Este sueño, que hoy parece lejano, aún puede hacerse realidad, si la voluntad de los ciudadanos se alinea en esa dirección. Chile, una vez más, estará ante una encrucijada, y el futuro estará en manos de quienes decidan votar por el país que desean construir.

EPÍLOGO (Actualización 2025):

Cuando este cuento fue escrito, en octubre del 2024, la posibilidad de un Chile liderado por José Antonio Kast era solo una ucronía, una especulación sobre lo que pudo haber sido. Hoy, en 2025, la historia nos está dando una nueva oportunidad, pero con un escenario más complejo.

La crisis ha dejado claro que el país necesita un liderazgo fuerte y comprometido con el bien común. Sin embargo, el camino a las elecciones no es claro. Kast sigue en carrera, pero no está solo. Johannes Kaiser y otras figuras han captado el interés de quienes buscan un cambio real, lo que ha convertido las primarias en un terreno incierto.

¿Quién será el candidato que pueda reconstruir Chile?

¿Quién representa mejor la revolución del sentido común?

La respuesta está en el futuro, y en manos de los ciudadanos. Lo que antes fue solo un ejercicio de ficción, hoy es un debate crucial para la nación.

Lo que debe primar:

El MIR, el PS y Allende

Por Gonzalo Rojas Sánchez

El video de los jóvenes militantes del PS de Concepción, en el que reivindicaron el derecho a la violencia, calificándola de legítima en ciertas situaciones de supuesta opresión, merece dos comentarios de contenido histórico.

Por una parte, nos recuerda la fuerte infiltración que la juventud socialista experimentó durante los años de la Unidad Popular por parte de integrantes del MIR, hasta el punto que bien puede hablarse de una doble militancia mirista-socialista entre los jóvenes durante esos tres años. Ciertamente la presencia de Carlos Altamirano en la secretaría general PS no sólo amparaba, sino que propiciaba esa doble pertenencia, dadas las convicciones violentistas del senador socialista.

Si Concepción fue la ciudad del más extenso desarrollo del MIR –aunque estrictamente su nacimiento hubiese tenido lugar en Santiago– no nos debe extrañar, por lo tanto, que sea en aquella misma ciudad donde más de 50 años después los jóvenes socialistas parecen en realidad miristas.

Pero, por otra parte, debe recordarse también que la apelación a esa supuesta violencia legítima que los jóvenes socialistas del 2025 expresan de manera tan abierta, le hace perfecto eco a la frase tantas veces cacareada por el propio Salvador Allende: “A la violencia reaccionaria, responderemos con la violencia revolucionaria”. Por lo tanto, el escándalo con que algunos senadores socialistas reaccionaron días atrás condenando el video de sus jóvenes correligionarios penquistas, o es fruto de su ignorancia respecto de la convicción allendista, o es una hipócrita mascarada para evitar que desde sus juventudes se lesione la imagen democrática que el PS ha intentado instalar.

Ojalá no sea una cosa ni la otra, ni ignorancia ni hipocresía, sino el reconocimiento tácito de cuán cerca estuvo el PS del MIR y de cuán ambiguo respecto de la violencia fue Salvador Allende.

¿Hacia un Nuevo Estallido Social?

Por Gonzalo Ibáñez Santa María

Es la pregunta que todos nos hacemos al apreciar cómo resurge la violencia entre nosotros, especialmente en el mundo estudiantil. Los casos de Internado Nacional Barros Arana (INBA), del Instituto Nacional y del Liceo José Victorino Lastarria son emblemáticos. Todos conocemos las noticias de lo que sucede al interior de ellos, esto es, cómo son dominados por bandas de los mismos alumnos, pero con apoyo exterior; cómo se disfrazan y atacan paralizando esos establecimientos y, todo, sin ninguna razón suficiente y sin que encuentre resistencia.

Las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica también ha sido significativa. La nueva directiva proviene de un grupo marcado también por el recurso a la violencia. Queda la impresión de que estamos a punto de comenzar de nuevo lo que sucedió hace seis años. Y, como entonces, los violentistas pretenden que los siga una mayoría de la población de modo de provocar una alteración mayor en nuestro orden institucional.

Sin duda, se intenta reponer los escenarios de entonces y que el país detenga su curso. Es un hecho que la coalición actualmente gobernante perderá la próxima elección del mes de noviembre; pero, no por eso, dejará simplemente el poder de que dispone ahora. Veremos entonces cómo se regresa a la lucha de calles y al terrorismo vecinal.

Muy importante, entonces, adquirir conciencia de lo que se avecina y comenzar a combatirlo desde ahora. Chile no puede volver a un pasado de violencia, de miseria y de demagogia. La tarea para impedirlo no es de unos pocos, sino que es una tarea de todos. Y hay que emprenderla desde luego.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el autor en sus redes sociales.

ARTICULOS LEGALES

Inaplicabilidad de la media prescripción y sus efectos: ¿simple “dosimetría penal”? o, más bien ¿anacronismo punitivo?

Análisis crítico sobre la aplicación del Art. 103 del Código Penal y la media prescripción en delitos de lesa humanidad en Chile, considerando el fallo de la Corte Interamericana de DDHH en el caso “Vega González y Otros vs. Chile” (12/03/2024), y evaluando los argumentos de la defensa del Programa de DDHH respecto de la obligatoriedad de penas privativas de libertad efectivas frente a la condición etaria y de salud de los condenados, la proporcionalidad de la sanción y el respeto a los derechos de las víctimas.

27 de octubre de 2025

Imagen: radiomaria.org.ar

En relación al reciente debate ante la Excma. Corte Suprema sobre la aplicación del Art. 103 del Código Penal -que regula la media prescripción o prescripción gradual- a los delitos de lesa humanidad cometidos por diversas personas, varias de las cuales cumplen condena hoy, y a propósito del fallo de la Corte Interamericana de DDHH (en adelante CIDH) de 12 de marzo de 2024, recaído en el “caso Vega González y Otros vs. Chile”, y que básicamente declaró la inconvencionalidad de dicha norma punitiva ordenando el “ajuste” de la sanción penal respectiva, merece hacerse algunas reflexiones en torno a la idea de los querellantes -específicamente, el Programa de DDHH- en cuanto a que “la pena privativa de libertad efectiva es la única vía que no compromete los derechos de las víctimas”, y que en la práctica significa prescindir de consideraciones relacionadas a la condición etaria y de salud de los condenados, y expresamente, restando toda eficacia jurídica a lo preceptuado por la Convención Interamericana sobre la Protección de los DDHH de las Personas Mayores (en adelante CIPDHPM), que en su Art. 13 inciso final, mandata que “Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos”.

En primer lugar, desmenuzaremos los argumentos esgrimidos por esta defensa, representada por la abogada Karina Fernández, y que nos parece necesario traer a colación a fin de develar sus puntos débiles en lo que dice relación al real alcance que tendría el Punto Resolutivo 10° del fallo, que dispone: “El Estado revisará y/o anulará las reducciones de las penas que hubieran derivado de la aplicación inconvencional de la media prescripción en los casos que fueron objeto de examen en la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 290 y 291 de esta Sentencia”.

Por su parte los párrafos 290 y 291 declaran que:

“Tal como reconoció el Estado y fue determinado por esta Corte, las sentencias de casación y sus subsiguientes sentencias de remplazo aplicaron de manera inconvencional la media prescripción o prescripción gradual en el marco de procesos penales relativos a crímenes de lesa humanidad y generaron una violación a las garantías de investigar y sancionar a los responsables (supra párr. 264), por lo anterior, la cosa juzgada debe ceder”.

“En consecuencia, la Corte considera que, dentro del marco de su ordenamiento jurídico y siguiendo el precedente que el Estado ya ha aplicado en reparaciones ordenadas anteriormente por la Corte, deberá revisar y/o anular las reducciones de las penas que hubieran derivado de la aplicación de la media prescripción en los casos que fueron objeto de examen en la presente Sentencia”.

En este orden de ideas, la defensa del Programa de DDHH. señala que la aplicación por la Sala Penal de la Excma. Corte Suprema de la media prescripción, significó “abdicar a su deber de sancionar con penas proporcionales y efectivas” a los responsables de delitos de lesa humanidad, consagrando una suerte de “impunidad en una nueva forma”, citando al respecto otro caso judicial (caso “Parral”), donde -insiste esta defensa- todos los culpables murieron en absoluta impunidad al ser beneficiados con la media prescripción y, en apoyo de su argumentación destinada a materializar esa “única vía de sanción ”, alude a diversos pasajes de un libro del escritor Vladimir Rivera (hijo de un detenido desaparecido), impregnando el debate -por medio de citas literarias- de una atmósfera de cargada emocionalidad, pero que oculta la oscura intención de estigmatizar a personas que ya fueron juzgadas y condenadas, pretendiendo evidenciar en ellas una supuesta maldad intrínseca, un comportamiento vil de aquellos que -según la abogada defensora- fueron “premiados”, y que disfrutando de su libertad habrían desplegado conductas burlonas con las víctimas, jactándose de su “impunidad”, provocándoles terror y angustia.

Aún más, la defensa avanza en su argumentación y señala la necesidad de que por medio de la denuncia presentada que acoge la CIDH, exista una cristalización de un nuevo precedente para Chile y para el mundo, y que permita acreditar que la obligación de sancionar implica proporcionalidad, efectividad y penas efectivas que eviten la impunidad, aludiendo incluso a un Reporte del Vaticano, que habría exigido penas tangibles y proporcionales (aun cuando el reciente Reporte del Papa León XIV sólo se refiere a víctimas de abusos sexuales eclesiásticos).

En fin, la defensa del Programa se apoya en el control de convencionalidad como herramienta hermenéutica de la judicatura chilena, y que ha sido expresamente adoptada por nuestro tribunal vértice, además de recurrir a doctrina nacional (como la del profesor Guzmán Dálbora) que señaló que esta sentencia de la CIDH “constituye un título ejecutivo para superar errores mayúsculos”, que tiene dos objetivos principales: reestablecer los derechos de las víctimas y que la política interna no es la última voz o palabra en materia de DDHH.

Añade la defensa que el concepto de cosa juzgada fraudulenta no sería aplicable al caso porque no era el punto en debate en la CIDH ni tampoco la Excma. Corte Suprema lo habría utilizado jamás para referirse o desestimar la aplicación de la media prescripción, y que tendría otro impacto, el de ser un “factor de impunidad”, de acuerdo a lo que señalan los Párrafos 290 y 291 del fallo, y que harían referencia a un problema de “dosimetría penal” o “recálculo de la pena”, que operaría como una “restitución” o “medida reparatoria”, es decir, la obligación judicial de volver o retrotraerse al momento en que surge la vulneración, esto es, al momento de hacer la determinación de la pena (ya que ni siquiera se debatió en juicio la aplicación de este instituto, siendo otorgada de oficio por el máximo tribunal), y que significaría imponer una pena efectiva a partir del “recálculo”, lo cual -de acuerdo a esta defensa- sí sería considerado como “la única” «medida reparatoria» para las víctimas (sin necesidad de reabrir los procesos).

Ahora bien, y continuando respecto a la medida de restitución propuesta, según esta defensa, habría que seguir las directrices del Párrafo 253 de la sentencia, que señala “La Corte recuerda que la persecución de conductas ilícitas debe ser consecuente con el deber de garantía al que atiende, por lo cual es necesario que los Estados eviten medidas ilusorias que sólo aparenten satisfacer las exigencias formales de justicia. Por tanto, la regla de proporcionalidad exige que los Estados impongan penas que contribuyan a prevenir la impunidad, tomando en cuenta varios factores como las características del delito, la participación y la culpabilidad del acusado”. Pero, además, también serían pertinentes de acuerdo a este parecer aquellos lineamientos fijados en el Párrafo 250 del fallo en cuestión, que dice “Particularmente, la jurisprudencia de la Corte ha reflejado que el otorgamiento indebido de beneficios procesales puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”.

Del mismo modo, sería aplicable el Párrafo 257 del dictamen referido a los “factores de impunidad”, y que, de acuerdo a la abogada Fernández, representan un “test” que debe ser superado por nuestro máximo tribunal al establecer un mecanismo de ejecución del Punto Resolutivo 10°, y que básicamente conlleva evitar 1) la desnaturalización de las causas; 2) la generación de impunidad; y 3) la restricción del derecho de las víctimas a obtener una sanción apropiada y efectiva. Dice este Párrafo: “Esta Corte considera que tal como está regulada la media prescripción, particularmente con los efectos que ha generado y con las características específicas de esta figura, su aplicación impacta el proceso de impartir justicia. Recuerda este Tribunal que, además, esta figura se encuentra regulada en el Código Penal chileno, siendo una situación particular y que no tiene paralelismos exactos con otros contextos regionales. Debido a lo anterior, concluye el Tribunal que, en este caso específico, la norma permitió la reducción sustantiva de las penas y actuó como factor de impunidad, incompatible con las obligaciones del Estado de investigación y sanción de crímenes de lesa humanidad”.

En relación a este punto, la defensa vuelve a citar a Guzmán Dálbora, quien, respecto de la media prescripción, dijo que “significó una torsión del derecho, cuando el jugador emplea una norma y cuando lo hace omite lo que le es propio a su férula, lo que en el caso de la media prescripción sería considerar que no se podría aplicar respecto de los delitos imprescriptibles”.

Y ya terminando con su exposición, la abogada Fernández se refiere expresamente al Art. 13 de la CIPDHPM, denunciando una supuesta interpretación errada de esa norma por parte de nuestro máximo tribunal, que superaría su propia naturaleza, por tratarse de una norma de origen programático, que no puede tener un efecto inmediato y que por ende, no irroga una obligación estatal que de oficio deba ser ponderada por los jueces para asegurar la libertad de los agentes o su cumplimiento de las condenas en su domicilio (del modo que diversa jurisprudencia de alzada lo ha establecido, como p. ej. 25 fallos de la ICA de Valparaíso). Añade esta defensa, que una interpretación de esta naturaleza, será “resistida” por ellos, porque representaría una “nueva torsión del derecho”, considerando el fallo de la CIDH como una “nueva herramienta”, que permitiría reforzar esta tesis y permitir la “exigencia de medidas provisionales” en caso de que se realice una interpretación torcida de esta disposición del Art. 13 o se garantice la libertad o impunidad de los responsables, todo lo cual estaría respaldado además por lo dispuesto en el Art. 63 de la Convención Americana de DDHH y el Párrafo 29 de la sentencia de la CIDH. La primera disposición establece lo siguiente: “1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización de la parte lesionada. 2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión. Mientras que la sentencia, en su Párrafo 29 -de acuerdo a la defensa- consagraría un “ejercicio de poder de tutela jurisdiccional” directa de la CIDH sobre nuestro sistema de justicia penal (y no solo ser una observadora), al ordenar que: “Ahora bien, de conformidad con los artículos 62 y 64 del Reglamento, en ejercicio de sus poderes de tutela judicial internacional de derechos humanos y por tratarse de una particularmente de delitos de lesa humanidad, corresponde a este Tribunal velar porque los actos de allanamiento sean aceptables para los fines que busca cumplir el Sistema Interamericano. En esta tarea, la Corte no se limita a constatar o tomar nota del reconocimiento efectuado por el Estado, o a verificar las condiciones formales de los mencionados actos, sino que los debe confrontar con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares del caso concreto y la posición de las partes, de manera que pueda precisar, en cuanto sea posible y en el ejercicio de su competencia, la verdad de lo acontecido. Por esa razón, la Corte estima necesario dictar una sentencia en la cual se determinen los hechos ocurridos, de acuerdo con el reconocimiento de responsabilidad internacional hecho por el Estado y teniendo en cuenta la prueba recabada. Ello contribuye a la reparación de las víctimas, a evitar que se repitan hechos similares y a satisfacer, en suma, los fines de la jurisdicción interamericana”.

Finalmente, la defensa del Programa de DDHH concluye con su exposición haciendo hincapié en que las “decisiones políticas” que se adoptan muchas veces para salvaguardar la libertad de los agentes, por diversos “factores de impunidad”, terminarían afectando los derechos de las víctimas, a quienes les ha sido negada la justicia y la verdad durante décadas, reiterando que la única forma de cumplir con el Punto Resolutivo 10° sería la medida restitutiva de cumplimiento efectivo de la pena.

En lo que respecta al segundo punto que dice relación con la refutación de estos argumentos esgrimidos por la defensa del Programa de DDHH cuya validez jurídica no es unívoca (como al contrario parecer pretender la defensa) sino susceptible a una crítica objetiva, cabe señalar que este breve análisis que realizaremos nos permitirá percatarnos que lo que se procura es consagrar una visión “anacrónica” de la sanción penal, deshumanizada, desapegada de finalidades preventivas, y por medio de un relato sesgado e incompleto, que deja fuera una serie de elementos fáctico-jurídicos que merecen especial atención.

Ciertamente, al momento de advertir a la Excma. Corte Suprema sobre la presentación de futuras demandas internacionales de no seguir un determinado criterio de interpretación propuesto por ellos, por ejemplo, una interpretación contra reo del Art. 13 de la CIPDHPM, se expone una cierta intención de la defensa del Programa de DDHH de querer entregar un ejemplo público, una suerte de aleccionamiento encarnizado basado en una supuesta falta de justicia para las víctimas.

En efecto, lo que asevera la defensa, lejos de ser verdad, lo que en realidad devela es un déficit de equidad para los condenados por causas por DDHH, porque la única reparación posible para los querellantes y permitida, es la cárcel efectiva, que, tratándose de provectos enfermos, significa en la práctica una “condena a muerte”. Vale decir, a diferencia de lo que cree la abogada Fernández, sí existe justicia para las víctimas, quienes, ya han recibido justicia penal y reparación civil por medio de diversos fallos condenatorios, no existiendo, por tanto -desde el punto de vista del Derecho- impunidad o falta de castigo.

Con todo, son los condenados quienes -por décadas- han debido someterse a un juicio inquisitivo, secreto y escrito, de evidente falta de imparcialidad, y cuya sola investigación, supera los límites temporales racionales de un juicio penal actual, conculcando severamente el derecho de defensa de los encartados, manteniendo en suspenso sus vidas y la de sus familiares, afectando su honor y honra y obligándolos a recibir toda la estigmatización imaginable bajo el rótulo de ser “violadores de DDHH”. Eso, claramente, no es verdadera justicia penal, sino pura facticidad.

Ahora bien, dicho lo anterior, podemos señalar diversos “factores de desacuerdo” con los argumentos expuestos por la defensa del Programa de DDHH:

En primer término, se encuentra la situación etaria y de salud de las personas condenadas por este tipo de causas de DDHH, que en su mayoría son ancianas con serias enfermedades crónicas y algunas terminales. Para estos seres humanos, el cumplimiento efectivo como única medida reparativa de las víctimas, resulta ser imposible, no solo por razones de vulnerabilidad etaria y de salud, sino igualmente, por motivos de índole económicos, derivado de la escasez de recursos materiales y humanos que experimenta la Administración Penitenciaria para hacer frente a las necesidades de salud de una población mayor y enferma. Pero, además, porque jurídicamente, las necesidades de prevención especial no existen respecto de estos condenados, y su reemplazo por un retribucionismo llevado ad extremum -soslayando razones humanitarias que el Estado chileno se jacta constantemente de cumplir y que nuestra Carta Magna plasma como primer imperativo en su Art. 1°- resulta ser una solución inaceptable en un Estado de Derecho. Y finalmente, desde el punto de vista moral y teniendo en cuenta una visión antropocéntrica dominante en la actualidad y el valor supremo de la dignidad, resulta insostenible que en pleno siglo XXI un Estado permita que una persona en las condiciones etarias y de salud de los condenados por este tipo de causas, termine falleciendo en una cárcel.

En segundo lugar, y tal cual mencionó otra defensa de las víctimas, nuestro Código Penal es el más antiguo del mundo en lengua española vigente, y contiene diversos institutos que han “sobrevivido al paso del tiempo”, entre los cuales se encuentra la prescripción gradual o media prescripción. No son pocos los fallos del tribunal vértice de nuestra jurisdicción que otorgan una distinta naturaleza a la prescripción gradual o media prescripción respecto de la prescripción propiamente tal. La primera, a diferencia de la segunda, es tratada como una institución separada con efectos disímiles, como una “atenuante especial” que permite disminuir la cuantía de la pena, pero jamás extinguirla.

En un tercer punto, cabe señalar que ningún tratado internacional suscrito por Chile ha vedado la atenuación de la pena por el transcurso del tiempo. La prescripción gradual como circunstancia atenuante especial, lo único que tiene en común con la institución de la prescripción es el transcurso del tiempo, no debiendo confundirse entonces la prescripción como medio de extinción de la responsabilidad penal, con el pasar del tiempo como circunstancia atenuante de la pena impuesta, porque el efecto atenuatorio –la rebaja de la pena- está sujeto sólo al transcurso de una porción del tiempo total exigido para la prescripción en cuanto causal extintiva (porque igualmente existe castigo), y por ende, no se puede hablar de impunidad. Desde esta perspectiva, la sentencia del Excmo. Tribunal que condenó a los encartados tiene un soporte procesal válido, y estableció una responsabilidad penal por los hechos acaecidos ese año 1986, por ende, no se puede hablar de impunidad cuando la condena es reflejo de una intención real de someter a los justiciables a la acción de la justicia. En este punto, vale recordar lo señalado en el Párrafo 270 de la sentencia, que dice: “Finalmente, esta Corte entiende que la Sala de Casación Penal aplicó la media prescripción al resolver un recurso de última instancia, al cual las personas acreditadas como víctimas en el proceso interno no tuvieron posibilidad de recurrir. Resulta justificado desde la perspectiva de la eficaz administración de justicia que los procesos judiciales tengan fin, y que por lo tanto no puedan ser impugnadas las sentencias de casación, por lo tanto, no se violó el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo”.

En cuarto lugar, la norma del Art. 103 del Código Penal –tratándose de personas ancianas y con enfermedades crónicas- opera claramente como un mecanismo de atenuación de la pena que se justifica no tan solo por razones humanitarias, sino también, por motivos de certeza jurídica. El transcurrir del tiempo nunca es indiferente para el Derecho, y menos para el Derecho penal. No debe olvidarse que estamos frente a procesos penales inquisitivos que -en un viaje remoto en el tiempo- juzgan el actuar delictivo de personas que hace medio siglo eran jóvenes pero los condenan hoy en un cuerpo de un individuo viejo y enfermo, lo que de por sí ya constituye una importante limitación al derecho de defensa material, particularmente, respecto de las testimoniales, por la falibilidad de la memoria humana y, de los documentos, que están expuestos al deterioro o pérdida propio del transcurso del tiempo. Pero eso no importa, porque los hechos se fijan sin el recelo investigativo, producto de una visión de túnel que suele ser dominada por una convicción moral o política más que por la sobriedad del análisis propiamente jurídico.

En este punto basta con solo recordar las lecciones que nos dejó la reciente sentencia del caso SQM, juzgado al alero de nuestro actual sistema de justicia penal, y que tantas críticas ha recibido por su demora (más de 10 años), que a los ojos de los espectadores, parece irracional, contrario al sentido común, pero que bajo el prisma de un juicio inquisitivo, dicho término se ubica en el límite inferior de una sola “investigación” por causas de DDHH. Me remito a lo señalado por el profesor Julián López a propósito de este emblemático juicio: “La importancia de que los imputados de un delito sean juzgados dentro de un plazo razonable es, indudablemente, una garantía para el acusado, pero es también un factor decisivo en la percepción pública sobre la forma en que funcionan nuestras instituciones y en la credibilidad que merece nuestro sistema de administración de justicia”. (El Mercurio, 25/10/2025).

Entonces, más allá de los efectos que pueda tener la aplicación de la prescripción gradual en materia de DDHH, creemos que no es un tema que pueda ser revisado retroactivamente, esto es, respecto de cómo se miró el derecho o cómo se esperaba que se mirara. Hacerlo, nos parece que desconoce el carácter evolutivo del derecho, y las diversas formas de verlo, pero siempre, desde una óptica prospectiva, y que, por cierto, comprende las interpretaciones de fallos de DDHH.

En quinto lugar, la proporcionalidad entre la pena concreta y el hecho, y que la defensa del Programa de DDHH denuncia como vulnerada, estaría morigerada -inevitablemente- por la vulnerabilidad etaria y de salud de los condenados por este tipo de causas tan pretéritas. Es insostenible pretender que factores bilógicos de esta envergadura no repercutan en la determinación de la pena de los condenados en estos juicios. De hecho, el voto disidente del juez de la CIDH Sr. Humberto Sierra Porto señala claramente que, a los condenados en esta causa, les será imposible cumplir la totalidad de las penas impuestas, por lo que la reparación propuesta por la CIDH en cuanto a anular estas condenas disminuidas por el efecto de la aplicación de la prescripción gradual, resulta ineficaz.

Y finalmente, en sexto lugar, estimamos pertinente tener en cuenta lo preceptuado en el Art. 19 n° 3 incisos 6°, 8° y 9° de la Constitución Política y el Art. 18 del Código Penal, y los principios del debido proceso, tales como la irretroactividad y la tipicidad. Del mismo modo, debe tenerse en consideración una interpretación restrictiva del Art. 2 de la Convención Americana de DDHH, que ordena: “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. Y esta última norma, debe ser necesariamente interpretada en consonancia además con las directrices básicas de interpretación que la misma Convención mandata cumplir en las letras b) y c) del Art. 29, disponiendo que: “Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: … b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, …”.

Entonces, cuando la defensa del Programa de DDHH -criticando el actuar de la Excma. Corte Suprema- señala que la norma del Art. 13 de la CIPDHPM no puede tener un efecto inmediato, ni tampoco irroga una obligación estatal que impulsaría el actuar de oficio del tribunal para otorgar la libertad o el cumplimiento domiciliario de las penas, lo que está haciendo simplemente es emitir una opinión personal y subjetiva, pero que en ningún caso, da cuenta de una regla judicial, ni mucho menos, de un precedente que se oriente en el sentido propuesto por esta defensa. Por el contrario, la cláusula “Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos”, no deja lugar a dudas de la importancia que tiene la rehabilitación destinada a la reinserción social, conectando dicha finalidad a la posibilidad de otorgar una medida alternativa al cumplimiento efectivo. Como acertadamente señaló hace dos años el juez Ricardo Pérez Manríquez, ex Presidente de la Corte Interamericana de DDHH, “El Estado debe hacer un esfuerzo para recuperar al recluso, esa es la finalidad de la pena, y una pena que no persigue la resocialización de la persona privada de libertad, es una pena violatoria de los DDHH y contraria a la Convención Americana” (26/04/2023, CNN Chile).

De ahí que contrariamente al parecer de la defensa del Programa de DDHH, el criterio jurisprudencial seguido hasta ahora respecto de la aplicación del Art. 13 de la CIPDHPM, no representa una “nueva torsión del derecho”, ni tampoco puede ser considerada una “nueva herramienta” que permitiría reforzar la tesis de esta defensa y permitir la “exigencia de medidas provisionales”, como aquellas que regula el Art. 63 de la Convención Americana de DDHH en casos de “extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas…”.

Insistimos, no se ve de qué manera podría justificarse la invocación de estas “medidas provisionales” si la judicatura chilena, aplicando -con efecto inmediato- el tan citado Art. 13 de la CIPDHPM, decide -por edad y enfermedad del condenado y/o condiciones carcelarias incompatibles con la dignidad humana, como el hacinamiento y falta de recursos materiales y humanos destinados a la salud de los internos- aplicar una medida alternativa a la pena efectiva, como, por ejemplo, un cumplimiento domiciliario.

En efecto, desde un punto de vista de una interpretación lingüística, sistémica y funcional de las normas de la Convención Americana de DDHH que serían aplicables a los derechos de las personas privadas de libertad, no existiría contradicción alguna con el razonamiento esgrimido por diversos tribunales chilenos para justificar la aplicación inmediata del tan citado Art. 13, habida cuenta lo regulado, verbigracia, por el Art. 5.1., que establece que “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”; el Art. 5.3., que consagra el principio universal de que “La pena no puede trascender de la persona del delincuente”; el Art. 5.6., que dispone “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”; y sin perjuicio de lo ya expuesto en relación a las normas de interpretación del Art. 29 del Pacto de San José.

No es este el lugar para ahondar aún más en los argumentos que se oponen a los señalado por la defensa del Programa de DDHH, ni tampoco para incorporar otros (que por cierto existen), sin embargo, creemos que los motivos esgrimidos hasta ahora satisfacen la intención propuesta al principio, en cuanto a dejar en evidencia la fragilidad de las razones expuestas por la abogada Karina Fernández, y en alguno de sus pasajes, su evidente equivocidad.

Carla Fernández Montero

Abogada, Derecho Penal-Penitenciario

*Teniente Coronel Claudio Crespo Guzmán*

El Teniente Coronel Claudio Crespo Guzmán, oficial de Carabineros de Chile, *cumplió fielmente con su deber conforme al mandato de la Constitución, las leyes y los protocolos institucionales y con empleo de los medios que el estado y carabineros le entrego*, desempeñando su misión de resguardar el orden público y la democracia durante el denominado “estallido social… delincuencial del 18 de octubre de 2019”.
En aquella difícil jornada, las hordas de delincuentes, anarquistas y agitadores políticos de extrema izquierda, el PC , etc., destruyeron, saquearon y atentaron contra la tranquilidad y la seguridad de millones de chilenos y por ende contra la democracia que se vió seriamente amenazada.
Es no tener dos dedos de frente para quienes puedan decir… no pensar, y expresar que son heroes, quienes atacaron y destruyeron sin piedad toda la infraestructura necesaria de las comunas como comercio, transporte, mobiliario público, etc. Afectando a familias de la clase trabajadora de más escasos recursos del pais.
Es el ladrón detrás de quienes debe velar por el vigilar y mantener el orden publico…y ese es Carabineros de Chile.

Como consecuencia de su participación en el cumplimiento del deber, el Comandante Crespo fue llamado a retiro por el Alto Mando, sin recibir el respaldo moral y legal que merecía como camarada y oficial de su institución. Prevalecieron entonces las presiones de autoridades incapaces del gobierno de turno y de sectores políticos de izquierda.
A ello se sumó una persecución judicial implacable dirigida por una fiscal de conocida orientación ideológica, que ha mantenido al oficial compareciendo en más de doscientas audiencias diarias ante el tribunal de Garantía, en un proceso que busca infructuosamente probar una culpabilidad inexistente, *esa fiscal es Ximena Chong*.

Mientras tanto, los verdaderos responsables de la violencia y destrucción del pais, las llamadas “primeras líneas”— son hoy enaltecidas y premiadas por este desgobierno y la izquierda, como si esos sujetos fueran héroes…héroes de pacotilla, entre otros tantos de ellos, está el individuo de *Gustavo Gatica*, emblema de una causa que terminó por dañar profundamente al país.

Estoy convencido de que la justicia, aunque tarde, finalmente llegará, y el Teniente Coronel Claudio Crespo será reconocido como lo que siempre ha sido: un hombre honorable, con una trayectoria intachable y una familia sólida y ejemplar.
El tiempo pondrá a cada uno en su lugar, y el karma alcanzará a quienes obraron mal, movidos por intereses oscuros.

Luis E. Barrera C.

 La estrategia de seguridad para el día cero de Kaiser, Kast o Matthei

Para entender qué se puede hacer en los primeros 100 días debemos entender con qué recursos se cuentan y sobre qué capacidades se puede apalancar para hacer lo que se conocen en jerga militar como “Hit the ground running”.

por Richard Kouyoumdjian29 octubre, 2025

Al igual que la gran mayoría de los chilenos, asumo que el próximo gobierno será de derecha. En ese sentido, e independiente de quien salga electo Presidente de la República, sea José Antonio Kast, Johannes Kaiser o Evelyn Matthei (colocados en orden del abecedario de sus apellidos), las expectativas que ellos han generado en lo que se refiere a una mejora sustancial del ambiente de seguridad es no menor. Se espera que un gobierno por ser de derecha tenga resultados relevantes y rápidos, especialmente en lo que se refiere al crimen organizado, delincuencia, insurgencia y terrorismo en la Macrozona Sur, control de las fronteras al norte y noreste de Chile, y con el ello el termino de la inmigración ilegal y la operación del crimen transnacional transfronterizo.

La luna de miel se estima será corta. No creo que la opinión pública y la oposición les den más de 100 días para demostrar resultados, los que obviamente deben ser más que sólo anuncios del tipo presentar querellas como fue en el segundo gobierno de Sebastian Piñera, o de la presentación de proyectos de ley que no ven la luz, una práctica habitual del actual gobierno.

Claramente contar con un Senado y una Cámara de Diputados del sector ayuda mucho, no es mucho lo que ese apoyo da en los primeros 100 días, ya que estos se juegan principalmente con los recursos que existen y no con los que puedan existir a futuro. Obviamente un proyecto de derecha que busca enderezar a Chile necesita de mayorías en el Congreso que superen el corte de los 4/7s, pero esa mayoría va a ser clave en la reforma estructural que se debe realizar objeto cortar las amaras y estructuras que la izquierda implemento en Chile en los gobiernos de Bachelet 2 y del actual Presidente, Gabriel Boric.

Para entender qué se puede hacer en los primeros 100 días debemos entender con qué recursos se cuentan y sobre qué capacidades se puede apalancar para hacer lo que se conocen en jerga militar como “Hit the ground running”, que no es otra cosa que impactar en forma efectiva y con resultados desde el día uno, es decir, desde el mismo 11 de marzo de 2026 y en los días siguientes. Para los que se puedan tentar, no estamos hablando de ir a sacarse fotos en la frontera o de visitar el cuartel Los Álamos vestido de militar.

Lo primero, olvídense de tener más carabineros, soldados del Ejército (que no sean de la reserva), marinos e infantes de marina que los que existen actualmente, los que son por cierto pocos, y también olvídense de usar para fines de seguridad interior soldados conscriptos que no tengan a lo menos un año de instrucción. El primer tiempo se juega con el equipo que tendrán para el 11 de marzo, y por ende cualquier estrategia que sea intensiva en mano de obra militar o policial queda por de pronto descartada hasta que esos recursos existan en las cantidades necesarias y con las capacidades requeridas.

Claro que podemos eventualmente usar los institutos militares y las escuelas de formación de Carabineros, enviando a sus alumnos a terreno, pero el sentido común deja claro que pueden estar inmaduros para los fines buscados, y que es algo que a futuro pagaremos, al afectar sus periodos iniciales de entrenamiento y de adquisición de capacidades.

Lo segundo es que iniciativas de seguridad que requieran de financiamiento no van a estar inmediatamente disponibles. Eso debido a que algunas van a tener que pasar por ambas cámaras del Congreso, y otras del tipo reasignaciones no son tan simples de realizar como han querido indicar algunos en extremo optimistas. El presupuesto con el cual se va a contar es que el quede aprobado en el 2025 para el 2026, que en la práctica deja a las policías y las fuerzas armadas como están actualmente, sin mayores capacidades o de hacer más de lo que ya hacen ahora, que no es mucho más de lo que hoy existe en términos policiales, o de despliegues en las fronteras del norte y noreste, o en las provincias que están bajo estado de constitucional de excepción de emergencia.

Y si así están las cosas, ¿qué es lo que sí se puede hacer? La respuesta es que claro que las hay, pero claramente no son con exactitud las que los candidatos publican en sus programas de gobierno, los que están más enfocados en soluciones que requieren de financiamiento como son las cárceles o son del tipo estructural, como es la creación de un cuerpo militar de fronteras. Hasta ahora, la competencia en el ámbito de la seguridad ha estado en pasar mensajes que causen impacto más que estar caracterizado por su racionalidad y claridad en los objetivos a lograr. Vale más el que anuncia cosas que parezcan importantes, pero sin especificar el cómo se van a financiar, los plazos y forma en que se implementarán. Vale más el que aparece más duro y que genera más credibilidad ante la opinión pública, no el que tiene la mejor estrategia, y la mayor experiencia.

Lo primero es la eficacia del trabajo actual que se está realizando en el combate al crimen organizado. Por un lado, se debe mejorar la efectividad del Ministerio de Seguridad Pública, incluyendo tener gente apropiada en las subsecretarías y seremis. Estamos hablando de profesionales que saben de lo que están hablando, lo que de inmediato produce un efecto positivo. Por otro lado, hay que rescatar lo bueno que están haciendo fiscales como Santiago Sur, Temuco y Antofagasta, los cuales han logrado implementar equipos de trabajo multi-agenciales que incluyen el Ministerio Público y las policías, lo que ha resultado en un aumento notable de la eficacia de la investigación y detención de criminales. Nada de lo aquí indicado implica un presupuesto adicional. Es solo hacer mejor las cosas, algo que en los últimos cuatro años ha estado ausente en buena parte del aparato estatal. Copiar y escalar lo bueno es algo de implementación inmediata.

Lo segundo es el trabajo que se está realizando en las fronteras del norte y noreste. Después de un tiempo de estar trabajando las policías junto al Ejército y otras agencias del Estado se están logrando resultados. El esfuerzo conjunto sumado al uso efectivo de las tecnologías ha ido generando un mayor control. Esto se debe mantener y seguir perfeccionando. Decir que las fronteras están completamente descontroladas es un error, es algo del pasado, es más percepción que realidad.

Lo tercero es la eficacia de los estados de emergencia en la Macrozona Sur. Claro que tener tropas desplegadas tiene un efecto positivo, pero como solo están en modo espantapájaros lo único que logran es bajar la temperatura. Si se declara en cambio un estado de sitio en esa zona y se les ordena a los jefes de la defensa detener a todos los insurgentes y terroristas, el problema se resuelve rápido. Sí se debe tener claro que no hay solución que no tenga costos. Puede haber bajas de uno y otro lado, pero se resuelve el problema y se termina con los despliegues que tienen un muy alto costo para el personal del Ejército y la Armada.

Lo cuarto es el apoyo político y la responsabilidad de mando. No cuesta dinero. Sólo es necesario tener un Presidente que asuma la responsabilidad por sus órdenes, tanto en lo que se debe realizar en el sur como en el norte, y en el combate al crimen organizado. Claro que todos somos responsables ante la justicia, pero otra cosa es que los cabos Zamora o los soldados Robledo sean los que paguen por órdenes superiores. Si un candidato a la presidencia no está dispuesto a esto, mejor que no se presenten y nos ahorre la acusación constitucional que correspondería.

Lo quinto es colocar a profesionales competentes en el Ministerio de Seguridad Pública y el de Defensa Nacional. Esto es algo que ya se mencionó en la primera medida. Tener gente competente y con experiencia a cargo de la seguridad pública, la defensa nacional y la inteligencia son medidas obvias, pero no tanto cuando caen bajo la lógica de reparto de cuotas entre partidos. La seguridad y la defensa deben quedar exentas de esa lógica.

Lo sexto es designar a un Asesor de Seguridad Nacional. Separar el segundo piso en dos oficinas, una dedicada a la seguridad nacional y la otra a otras materias de gobierno, tiene toda lógica considerando el contexto y necesidades que tenemos. Un asesor de seguridad nacional sería clave para apoyar a la presidencia, coordinar e implementar estrategias y buscar efectividad en las acciones que se tomen. Tampoco cuesta mucho su implementación.

Lo séptimo, tener una estrategia de seguridad pública. A la fecha se conoce una que recientemente lanzó el gobierno, que como toda cosa que venga de esta administración debe ser revisada. Tan pronto el que salga elegido tenga acceso a información reservada sobre las policías y la data que ellos manejan podrán establecer objetivos, recursos y medios, y formas de uso. Por de pronto han comunicado solo cosas de sentido común, pero mientras no tengan claro los recursos de los cuales disponen, no es más que música. Todos estarán de acuerdo que tener una estrategia es mandatorio.

Y, por último, revisar antes del cambio de mando el estado de las finanzas públicas para ver el real estado de la caja y cuentas relativas a seguridad y defensa. Se sabe que esta administración indica una cosa y hace otra. Una auditoría profunda al estado de las finanzas públicas es prioritario para iniciativas que impliquen reasignaciones, o un uso más intensivo de militares y policías. El fondo de contingencia estratégica no fue financiado en el 2025 y tampoco viene considerado para el 2026.

Etiquetado:Ministerio de SeguridadPresupuestoseguridad pública

Richard Kouyoumdjian

Experto en Defensa y Seguridad Nacional; concejal por Las Condes Más de Richard Kouyoumdjian

4 Comments

1. Carlos Souper Quinterosdice:

29 octubre, 2025 en 00:32

Muy de acuerdo a lo planteado. También hay una opción de medida dura y efectiva desde el día uno, salir o renunciar al tratado de Ottawa, minar pasos no habilitados, persuadir a Bolivia a cumplir controles fronterizos y reconducciones, o, si no cooperan, realizo cierre completo de fronteras, no ingresa ni sale nada ni nadie.

2. Richard Kouyoumdjian Inglisdice:

29 octubre, 2025 en 06:39

Muchas gracias Carlos por tu comentario. Tenemos que ver que implica tener un gobierno mas racional en La Paz. Minar siempre es complicado por las experiencias que tenemos con el invierno boliviano y lo que ello significa con el posicionamiento fisico de las minas.

3. Richard Kouyoumdjian Inglisdice:

29 octubre, 2025 en 10:45

En la próxima columna hablaremos de la preparación y entrenamiento del plan de abordaje.

4. Pilar Molina Armasdice:

29 octubre, 2025 en 13:50

Es posible recuperar relación con Trump, después que se vaya Boric, para que nos ayude a exigirle a Maduro recibir los delincuentes venezolanos? Si es que no está caído el dictador a marzo 2026

Publicado por El Líbero

¿El cierre de una época?

Por Gonzalo Rojas Sánchez

Con el comienzo de una presidencia de derecha en marzo próximo, podría cerrarse toda una época de la historia nacional, la que ha venido desarrollándose durante 35 años, desde 1990 a la fecha.

Ha sido un período de certezas y dudas, de crecimiento y de estancamiento, de paz y de violencia, de transacciones y de rupturas, de izquierdas, centros y derechas. Una de esas etapas históricas en que “ha habido de todo”, como entre 1810 y 1830, como entre 1861 y 1891, como entre 1920 y 1973, momentos históricos tan diferentes de períodos como los que van entre 1830 y 1861, entre 1891 y 1920, y entre 1973 y 1990. En estos últimos, aunque tan distintos entre sí, hubo algo en común: matrices definidas y constantes, gusten o no cada una de ellas.

¿Es posible abrir en marzo próximo un nuevo ciclo de décadas que pueda ser reconocido en el futuro como un cuarto período de gran estabilidad nacional, por supuesto, dentro de los marcos de la legítima discrepancia democrática?

Si se pensara que una nueva matriz definida y constante va a poder eliminar las dudas, las dificultades de crecimiento, la violencia, las rupturas, en fin, incluso a las izquierdas, esa ilusión constituiría una pretensión mesiánica de peligrosa tendencia autoritaria. No, no se trata de eso. Citando a Havel: “Un paraíso sobre la tierra en el cual todo el mundo ame a todos los demás y cada persona sea trabajadora, educada y virtuosa, en que la tierra sea floreciente y todo sea dulzura y luz, en armoniosa resonancia para la satisfacción de Dios… un mundo así jamás existirá; por el contrario, el mundo ha tenido sus peores experiencias con los pensadores utópicos que prometieron todo eso; la maldad se quedará con nosotros, nadie jamás eliminará el sufrimiento humano, el escenario político siempre atraerá a aventureros y a charlatanes irresponsables y ambiciosos”, nos advertía el gran presidente checo.

¿Qué podría intentarse entonces? ¿Por dónde habría que comenzar a construir una matriz de estabilidad y auténtico progreso?

Simplemente, habría que empeñarse en la recuperación de las bases del sentido republicano de Chile: la protección de la dignidad humana, de la familia y de la vida; la probidad y el desprendimiento en el ejercicio de los poderes (de los tres; no solo del Ejecutivo); la imaginación creativa para favorecer el progreso dentro del orden; el respeto a la Constitución, las leyes y las instituciones; el ejercicio decidido del principio de autoridad, aunque pueda implicar fuertes desagrados; la neutralización de la violencia; el despliegue de una educación desde la libertad y para personas libres; la promoción de la cultura y de la historia nacional, de sus tradiciones y de sus costumbres, de las instituciones de la defensa nacional y del territorio; el respeto a la libertad de las conciencias y de las creencias. Y agregue usted otras dimensiones republicanas, siempre que le salgan desde el fondo del alma…

Si la reacción ante la enumeración de estas coordenadas fuera algo así como “demasiado general”, “muy utópico”, “imposible”, “una imposición inaceptable”… sin duda esa persona pertenecerá a la oposición al nuevo gobierno. Y en su derecho estará. Pero si el lector se sintiese conmovido por la posibilidad de comenzar una nueva época a partir de esas líneas fundamentales, deberá además sentirse convocado a trabajar por su realización y consolidación.

Consolidación, porque si solo se tratara de un virtuoso paréntesis —para volver después a más de lo mismo—, se habría perdido quizás la última posibilidad de comenzar una nueva época en nuestra historia. Y seríamos más responsables que aquellos que no han contado con esta notable oportunidad histórica.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el miércoles 15 de octubre de 2025.

“La Fuente”

José Tomás Hargous Fuente

En las vísperas de un nuevo aniversario de la insurrección octubrista, se realizó el preestreno de la película “La Fuente”. Inspirada en la historia de Carlo Siri, quien es representado por el actor Luis Gnecco, la película de Daniel Vivanco narra la historia de Luca Barella, dueño del local “La Fuente”, a pocos metros de la Plaza Baquedano, que se vuelve el centro neurálgico de las protestas y la violencia que desencadenaron en las calles. El film –que no contó con fondos estatales para su producción– retrata, con las licencias propias de la ficción, la defensa que Siri tuvo que realizar de la ex Fuente Alemana, hoy Antigua Fuente, de los reiterados ataques que sufrió de la Primera Línea. En ese entonces los políticos no se preocupaban, salvo excepciones, de las verdaderas víctimas del 18 de octubre, los residentes y comerciantes de la “Zona Cero” que, como Siri, vivían día a día la violencia y el caos octubrista.

Los políticos no quisieron ver esa parte de la historia, la real y concreta, y prefirieron quedarse con el relato de que el malestar social justifica la destrucción, tanto material de nuestras calles, como la de nuestras instituciones, y en un espurio contubernio, decidieron abrirle la puerta al gato para que custodie la carnicería. Sí, está película, aunque trata de la historia humana de Siri, de esa microhistoria –con el quiebre de las dos familias y los dos locales –la Antigua Fuente de Baquedano y la Fuente Alemana de Pedro de Valdivia, pandemia mediante–, también nos permite recordar ese megaproceso en el que nos embarcaron los políticos: los procesos constituyentes como supuesto antídoto de la violencia octubrista.

Así, representa de cuerpo entero las “tres actitudes” con las que la clase política vivió el proceso: octubrismo revolucionario, noviembrismo reformista y septiembrismo reaccionario o contrarrevolucionario. Primero, el octubrismo de quienes se aprovecharon, defendieron y, hasta cierto punto, propiciaron la violencia, para intentar tomarse el poder, ya sea por la vía violenta –las protestas de octubre con que intentaron que renunciara Sebastián Piñera–, la electoral –que llevó a Gabriel Boric a La Moneda– o la constituyente –con la que buscaron infructuosamente convertirnos en una mezcla entre Venezuela, Bolivia y Ecuador–. Segundo, el noviembrismo de quienes, haciendo caso omiso de la violencia, se creyeron el relato del malestar y su solución constitucional, que apoyaron los procesos constituyentes, que hoy encarna Evelyn Matthei y parte de Chile Vamos. Y, finalmente, el septiembrismo de quienes se opusieron desde el primer minuto al acuerdo del 15 de noviembre, propiciaron el Rechazo de entrada y unieron al país el 4 de septiembre de 2022, que hoy aspira a la Presidencia de la mano de José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

Quedan unas tres semanas para las elecciones presidenciales. La película protagonizada por Luis Gnecco –aunque sólo podremos verla en los cines a principios de diciembre– permite recordar qué posiciones tomaron los distintos sectores políticos ante aquel verdadero intento de golpe de Estado que vivimos en los días posteriores al 18 de octubre y que, hasta cierto punto y a pesar de toda el agua bajo el puente, aún siguen representando los sectores políticos que hoy aspiran a la Presidencia. Corresponde agradecer a Daniel Vivanco por la valentía de querer presentar en la gran pantalla la cara del estallido que pasó desapercibida ante la opinión pública y que seis años después afortunadamente vemos con otros ojos.

Un Baile de Máscaras

Mauricio Riesco Valdés

Utilizar disfraces es una aventura desafiante para cambiar de identidad, para no ser reconocido, para confundir. Incluso, para embaucar. Pero no solo los niños los usan en sus juegos o los payasos en el circo; suelen ser de utilidad, también, en la actividad política. No lo digo por la afinidad que ocasionalmente ésta pudiera tener con el circo sino por exigencia de las circunstancias… y de los votos; siempre hay uno que otro por ahí que busca “reformatearse”. Lo extraño e inusual es ver que en esa misma actividad también existen los que terminan sacándose la careta para aparecer lo que siempre han sido. Pero, es que en política se da de todo en verdad. De hecho, lo que estamos viendo en esta campaña presidencial es notable: la candidata comunista se pone la máscara de socialdemócrata y los DC, que ahora apoyan a la comunista, se sacan la de camaleón. Una, siendo marxista, escoge su nuevo look para parecer lo que no es, y los otros (quizás sí porque ya no engañan a nadie) optan por prescindir de los apoyos del animalito aquel.

Te quedan pocas semanas, juntemos fuerzas le dijeron éstos a aquella, golpeándole la puerta para ver qué pudieran conseguir en caso de salir ella electa. Esta les preguntó, ¿de qué fuerza me hablan?, ¿cuántos son ustedes? Vamos quedando pocos le advirtieron, eso es cierto, pero tenemos experiencia y podemos fortalecer tu disfraz, le daremos prestancia y credibilidad porque siempre fuimos reconocidos por ser de “centro”. (¿Qué tendrá el centro para los políticos? Les gusta tanto como la luz a una polilla).

Bien pensado, dijo ésta; ustedes que saben de estas cosas me podrían enseñar cómo hacerlo mejor; tengo muchos maquilladores que se afanan por darme algunos “tips”, pero estoy topada en las encuestas. Es que tu trasnochada ideología marxista ya no va con estos tiempos le dijeron ellos; finges, pero no convences. Antes de avanzar nuestra negociación, te podemos adelantar algunos consejos muy básicos para que los practiques. Después veremos qué nos das a cambio. Debes partir por camuflar tu pasado que te traiciona, pero, tranquila, tan solo será por un par de meses, hasta que seas elegida presidenta. Sigue evitando presentarte ante audiencias muy ilustradas, te pones nerviosa y yerras. Cuando hables, debes esquivar expresiones categóricas como “jamás”, “nunca”, “siempre”; nadie del centro político las ha usado jamás. Al contrario, emplea frases como: “creo que hay aspectos válidos en ambos planteamientos”; “estoy segura de que podemos encontrar un punto medio”; “todo depende del contexto”; “estoy muy de acuerdo con esa idea, pero hagámosle algunos pequeños ajustes”. Ni se te ocurra explicar cuáles serían los ajustes porque te costaría varios puntos en las encuestas. Otra cosa: muestra que entiendes bien la complejidad de los problemas, pero cambia rápido de tema evitando dar soluciones.

Deberás parecer una ovejita cautivadora y representar un personaje de centro como nosotros, demócrata, dialogante, flexible y bien dispuesta a los acuerdos. En política internacional, debes olvidarte de las “democracias diferentes” y referirte derechamente a las tiranías. Aunque te cueste, condena sin tapujos a Ortega, a Maduro, a Díaz Canel. No temas, ellos entenderán. Y ni se te ocurra meterte con Trump, salvo para adularle. Un cordero cándido y risueño ha sido siempre un disfraz de excelentes resultados, hace maravillas. Algo tienen estos animalitos que cautivan. ¿Será su mansedumbre, su bondad, docilidad? Todo lo que le falta a un comunista.

Tienes que simular total lejanía de aquel hato de lobos de tu grupo. Son tan duros de cabeza que te hacen difícil tu campaña cuando abren la boca. Olvídate de los Carmonas, Jadues y similares, quienes como actores del mismo elenco no aprendieron nunca el libreto. Siguen viendo en blanco y negro y están siendo un desprestigio para la obra; es que son demasiado toscos, no saben nada de los matices que exigen las tablas. Contradícelos. Rehúyeles. Pero ten la seguridad que una vez elegida presidenta te besarán los pies.

Muy importante: insiste en que no serás continuadora del gobierno actual. Deberás olvidarte de que hasta hace poco eras parte de él y mostrarte ahora muy distante. Promete que, esta vez sí, devolverás la moralidad en todas las funciones públicas; nada de licencias médicas para salir de vacaciones al exterior, nada de fundaciones, nada de escándalos sexuales, fin a la corrupción. Deberás reclamar por el desastre económico en que te han dejado el país para cuando seas presidenta; critica sin tapujos el alto grado de Inseguridad, delincuencia y narcotráfico que heredarás de tu antecesor. Por razones obvias, no te metas con el elevado desempleo, aunque no dejes de resaltar que mientras tu fuiste la ministra del ramo creaste al menos 141 nuevas plazas de trabajo.

En fin, no olvides que por cuatro años deberás ser una líder de la socialdemocracia chilena; suena bien, aunque no tengamos muy claro qué es eso. Nosotros ya no abusaremos más de los camaleones; a tu lado ya no los necesitamos. Te seremos leales colaboradores y consejeros, pero recuerda asegurarnos una generosa tajada de la torta en tu gobierno. No es mucho pedir, recuerda que ya quedamos muy pocos.

¿Una Institucionalidad de Papel?

Por Max Silva Abbott

Como se sabe desde los albores de la historia, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. En parte ello se debe a que gracias a él, quien lo detenta puede llevar a cabo acciones fuera del alcance del ciudadano común, y por regla muy general, con pocas o incluso nulas posibilidades de recibir un castigo por ellas, en caso de ser deshonestas. De ahí que desde el punto de vista personal, prácticamente su único muro de contención sean sus convicciones morales y/o religiosas.

Sabido lo anterior, se ha intentado generar en los últimos siglos diversos mecanismos de control y de sanción para aquellos gobernantes que abusen del poder que se les ha conferido, con a veces intrincados mecanismos normativos y de contrapeso, siguiendo y perfeccionando la ya clásica doctrina de Montesquieu.

Sin embargo y al margen de la utilidad de lo anterior, a veces se cae en el espejismo de creer que este problema se encontraría resuelto por el sólo hecho de contar con una institucionalidad relativamente bien pensada, casi como si se tratara de una máquina lubricada correctamente. Se olvida con frecuencia que detrás de todas las instituciones hay personas de carne y hueso, sometidas a las mismas tentaciones que sus semejantes. Por eso no sirve de mucho poseer una impecable institucionalidad si quienes la encarnan no poseen sólidas convicciones morales (las tradicionales, se entiende).

Ahora bien, si se aplica lo anterior a la realidad chilena, el panorama no puede ser más desolador, al punto que los problemas y escándalos que se han ido acumulando en los últimos años son tantos y de tal magnitud, que se corre el riesgo de perder la capacidad de asombro. Y dentro de estos múltiples asuntos, tal vez los más peligrosos sean la inmigración creciente y descontrolada, la rampante y agresiva inseguridad, y la general y desvergonzada malversación de caudales públicos, que está haciendo que muchos servicios y prestaciones básicas que otorga el Estado hoy se encuentren pendiendo de un hilo.

Más aún: estas situaciones han aumentado de manera tan vertiginosa, que a ratos cabría preguntarse si Chile realmente cuenta con los mecanismos para enfrentarlas, o si se prefiere, si nuestra institucionalidad no era simplemente de papel.

Por momentos parece que sí, que toda esta institucionalidad era un simple espejismo, al considerar, por ejemplo, la facilidad con que ha penetrado el crimen organizado o por la grosera desaparición de recursos públicos. Y tal como pintan las cosas, tampoco parece que sus autores, cómplices y encubridores vayan a recibir algún castigo por las acciones realizadas, e incluso que se encuentren realmente preocupados por ello.

Sin embargo, por otro lado, esta “institucionalidad de papel” ha comenzado a funcionar, sobre todo gracias a la labor de la Contraloría General de la República, destapando múltiples escándalos, algunos insospechados, y otros tolerados por muchos durante largo tiempo. Todo lo cual significa que existen las herramientas para enfrentar esta situación.

De esta manera, Chile se encuentra en un momento crítico: o el próximo gobierno realiza de manera valiente y decidida las acciones necesarias para revertir de verdad esta situación, o la institucionalidad vigente terminará siendo, efectivamente, sólo de papel.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián.

El Chile que viene y los saboteadores

Juan Pablo Zúñiga Hertz 

“Los saboteadores y enemigos de la revolución”, una de aquellas frases marxistas que de sólo escucharlas hace a las izquierdas radicales tiritar de éxtasis. Cualquier oposición a sus siniestros planes es tildada de sabotaje. Sin embargo, la misma estrategia deja de tener –para ellos– un tenor negativo, cuando son ellos los encargados de sabotear. Y es precisamente esa la actual tarea de las izquierdas más duras, que son mayoría en el lado siniestro de la política chilena, ya que los resabios concertacionistas que aún existen son un mero adorno.

Nunca se engañe, estimado lector, en el alcance que puede tener la maldad de las izquierdas radicales chilenas. En ese sentido, sepa que la tarea para el próximo gobierno será titánica, por no decir, extremadamente difícil. Lo será por la profunda erosión moral del país, por los cofres vacíos, y por el sabotaje que ya está en marcha.

El desfalco a las arcas fiscales es en sí mismo el primer elemento de sabotaje; sin recursos será muy difícil echar a andar todos los proyectos y reconstrucciones que el actual gobierno nunca hizo. Al mismo tiempo, sin estos, pensar en nuevas obras, como por ejemplo la modernización del sistema de aguas del país, será casi imposible. El segundo elemento de sabotaje que estará esperando al próximo gobierno son las decenas de miles de funcionarios públicos inamovibles e incompetentes, que atornillarán al revés desde la transición al nuevo gobierno. Si eso no bastase, viene más. Pero su forma dependerá de quién gane las elecciones.

En el caso de que gane José Antonio Kast –que así esperamos la mayoría de los chilenos– el sabotaje a su gobierno será feroz. No hay nada que las izquierdas radicales chilenas disfruten más que el caos y la destrucción. Perdón, corrijo pues sí hay algo que les gusta más: la plata ajena. Si bien saben que las condiciones sociales y mentales de hoy no son las mismas que en 2019, van a ejecutar una asonada insurreccional 2.0. Ya que esta vez no tendrán el apoyo sustantivo de los incautos de la vez anterior, la única alternativa que les queda para tener éxito será recrudecer la violencia. Los paros y movilizaciones serán pan de cada día, de manera que a José Antonio no le cabrá otra alternativa más que tener mano firme y utilizar todos los recursos de fuerza que no fueron usados por el presidente Piñera, situación que será posible sí y solo sí Eidelstein y compañía no socavaron lo suficiente el Ministerio de Defensa.

En el caso de ganar la Sra. Matthei, la tarea será más fácil para el sabotaje de las izquierdas, pues encontrará en ella y su gobierno los mismos impulsos claudicantes que encontraron con el señor Piñera quien rápidamente entregó la Constitución en bandeja de plata. Un eventual gobierno de Matthei no tendrá como alternativa ceder la constitución frente a una asonada insurreccional, pero podrá claudicar a algo mucho más preciado para las izquierdas: el poder. En otras palabras, harán lo posible para, primero, llenar su gobierno de fulanos de izquierdas radicales travestidos de socialdemócratas para luego, segundo, forzar la caída de Matthei y, o quedarse con el gobierno, o lisa y llanamente forzar nuevas elecciones.

Usted creerá que estos son pensamientos fantasiosos y especulativos. No tengo en mis manos la hoja de ruta ni el itinerario insurreccional de las izquierdas para los próximos años, pero, estudiando la historia y analizando detenidamente sus pasos desde 2014 a la fecha, verá que estos escenarios no solo son altamente plausibles, sino que algunos ya están en curso. ¿Qué le cabe a usted y a mí a este respecto? Votar sabiamente y tomar parte activa ofreciéndose como parte de esa reserva moral y espiritual que aún le queda a Chile

Mistral, el estallido de octubre y la Veracruz

Por Luis Aránguiz 

Corría 1925, año convulso, cuando se publicó en Chile un texto de Gabriela Mistral sobre cristianismo y sentido social. Señalaba ahí el “divorcio absoluto” que veía entre “las masas populares y la religión”. Veía con pesadumbre los efectos de la revolución rusa y su rechazo por lo religioso. Cosa “jacobina” aquella de confundir religión con superstición, que era como confundir a “marionetas con la tragedia griega”. Pero con la misma pesadumbre veía también al cristianismo latinoamericano, que “se divorció de la cuestión social”, indiferente.

Cien años después, un transeúnte cualquiera pasa por Barrio Lastarria, llega a la otrora icónica Iglesia de la Veracruz y la encuentra igualmente icónica, pero no ya como un atractivo patrimonial sino como un resabio triste que apenas sobrevivió al vandalismo y las llamas del estallido social de 2019. Devenida en museo, bien acondicionada para que el transeúnte no se espante, la iglesia ahora es un recordatorio de que en el estallido de 2019 también hubo un sentimiento anticristiano, antirreligioso, o mejor, jacobino, que actuó contra los lugares de culto que tenían que ser custodiados a veces día y noche.

Aunque 1925 y 2019 son contextos diferentes, no parece que ocurra lo mismo con los ánimos. Nadie podría negar que después de las palabras de la poeta, muchos cristianos buscaron ofrecer respuestas a los problemas sociales del país, cosa que en todo caso venía pasando desde fines del siglo XIX. ¿Por qué, entonces, el ataque a un ícono cristiano? Puede esto asociarse a los diversos casos de abuso, qué duda cabe. Pero no sería apropiado desconocer que también existen en Chile fuerzas anárquicas o de extrema izquierda cuyo móvil no se limita a este tipo de contingencias sino a un rechazo fundamental de lo religioso como símbolo de poder.

No obstante, la cuestión no se limita a la violencia contra lo religioso, sino también a la pasividad respecto a esa violencia. Por esos días, había dos grandes posiciones: una a favor de las acciones destructivas y otra en contra. No obstante, entre quienes observaban a ambos grupos bien definidos, se produjo una afinidad con las acciones violentas no por su violencia, sino porque estas reclamaban actuar en nombre de una variedad de demandas. Es por estas demandas que mucha población pacífica llegó a la aceptación —más o menos conforme según el caso— si es que no a la validación de la violencia. Eran los que miraban por la televisión o salían a protestar sin destrozar, los que viven las inclemencias y precariedades de los servicios estatales, deseando que las cosas mejoren.

Visto así, el estallido tuvo a lo menos dos niveles: el de los que podían tener todo tipo de intencionalidades, preferentemente políticas, para realizar desmanes; y el de la población que se identificaba con las demandas que decían representar. De tal suerte, en ese rango intermedio que había entre los encapuchados y la oposición férrea, hubo un conjunto de la sociedad que miraba más bien desde lo cotidiano, no desde la política en sentido partidista. El foco sobre la cuestión de la violencia, en ambos casos, podía terminar en desplazar a un segundo plano la razón por la cual esa violencia recibía más apoyo del que debería en una democracia y, en medio de todo esto, encontramos a la Veracruz, testimonio de que la validación o aceptación de la violencia también se hizo sentir respecto a los símbolos religiosos.

Así como es cierto que el reconocimiento de diversas desigualdades o injusticias no implica el aceptar el uso de la violencia para combatirlas, igualmente lo es que el limitar el estallido solo a las acciones violentas empaña la vista de los aspectos que hicieron que fuera respaldado por población no violenta. Mistral, cristiana, decía que con o sin “nosotros”, las reformas vendrían de todos modos, y el resultado podía ser la “democracia jacobina”. Ante ese escenario, su propuesta era tan sencilla como fundamental: que los cristianos tomasen parte en la cuestión social.

Su posición no era —ni es— fácil: en una polaridad tan clara como la que describía, pedía no ceder ni al jacobinismo ni a la indiferencia. En 2019 se vieron ambas en general y en el terreno político: cristianos que cedieron al jacobinismo y otros que se mantuvieron en la indiferencia. Los unos validando o aceptando la violencia y los otros ignorando que hay problemas sociales que requieren atención. A 80 años de su Nobel, cabe recordar el lado cristiano de la poeta nacional y su preocupación por los problemas sociales.

Pese a que la sociedad chilena parece moverse hacia una mayor secularización, queda la pregunta sobre si los cristianos tienen todavía algo que decir. Cierto es que la Veracruz puede verse como un testimonio de la violencia de octubre de 2019, pero también —por qué no— como uno de problemas profundos de la vida común que llaman a la acción cristiana. Pero esa acción ha de ocurrir no tanto porque quiera evitar otros episodios semejantes simplemente, sino sobre todo porque cree sin temores en el valor perenne de su mensaje. Ese llamado a un “cristianismo con sentido social” del que habló Mistral sigue resonando cien años después.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Suroeste el miércoles 22 de octubre de 2025. La ilustración fue realizada por José Ignacio Aguirre para Revista Suroeste.

El fantasma de octubre

Por Rodrigo Ojeda

Olvidar octubre es un riesgo. Han transcurrido seis años y el fantasma sigue presente. Suena bien que no vuelva a ocurrir, pero la amenaza velada de un nuevo estallido es inaceptable, condenable y antidemocrática. La historia reciente interpela y no es sensato esconderla debajo de la alfombra de la desmemoria. A pocos días de las movilizaciones del 2019 ya existían llamados a un bloqueo legislativo, la conformación de una “Asamblea Nacional Constituyente” y la solicitud de renuncia del presidente Piñera. Las movilizaciones fueron diversas y reales, masivas e instrumentalizadas con fines políticos. La seducción guerrillera de antaño volvió recubierta de “protesta social”. No todos condenaron la violencia oportunamente. Para Sergio Micco, “nadie estuvo a la altura”, fue “una crisis política gravísima que puede haber conducido al quiebre de la democracia”, “en Plaza Baquedano llegué a sentir más odio que en marzo del 73”.

Tras seis años se consolida una mirada crítica sobre lo ocurrido y las repercusiones en lo social son evidentes. La violencia no es el camino. Todos se sumaron al desmadre material, moral e intelectual, “todos sentían culpa por algo”, “todos justificaban lo que ocurría”, elaborando coartadas para justificar la violencia cotidiana. Un sector olvidó que la paz social es responsabilidad de todos. Cuidar la paz social es un mandamiento cívico que debemos tallar en piedra y exhibir constantemente. Además de condenar el uso de la violencia y los discursos de odio. Las funas son contrarias a la democracia y a los derechos fundamentales. Hoy, se condena lo sucedido sin asumir las responsabilidades del momento. Debemos revisar las acciones y omisiones del gobierno y de la oposición durante la crisis social de octubre. Desde distintos flancos se alimentó la polarización ideológica y afectiva. Fueron reales la romantización y justificación de la violencia callejera desde partidos políticos. La pulsión generacional y emocional estableció una dictadura de injusticias subjetivas, olvidando que siempre somos responsables de lo que hacemos a pesar de las circunstancias, en palabras del rector Peña. Las certezas subjetivas se transformaron en injusticias y en rabia en contra del orden público e institucional. La caída y toma de La Moneda no fue un delirio.

En el presente, existe una minoría que llama a conmemorar octubre e insiste en la lucha “para romper con el neoliberalismo y su matriz colonial”, según Daniel Jadue. Son creyentes en el odio y el antagonismo social. Son los mismos que defendieron la existencia de “la primera línea”. Nos hicieron creer que era necesaria para defender el derecho a manifestarse pacíficamente. Las capuchas sostuvieron la resistencia y la lucha en contra de la violencia institucional. Fueron renombrados como héroes de la Plaza Baquedano. Además, fueron recibidos con aplausos a su llegada a un foro latinoamericano. Su función, “defender la marcha de la arremetida policial”, mediante “tareas defensivas y ofensivas” en el “campo de batalla” y en los “territorios de conflicto”. Los movilizaba la “desigualdad, la lucha de clases y la disputa del poder”.

No pocos intelectuales aportaron conceptos y elucubraciones. Otros renombraron las plazas, santificaron un perro y llamaron a refundarlo todo. El estallido reflejó una crisis material y espiritual que no ha sido comprendida ni resuelta del todo. Hubo y hay problemas acumulados, expectativas y frustraciones de “promesas incumplidas” en los sectores medios y bajos. La crisis de octubre sobrepasó la política, la democracia y las instituciones. Las protestas multitudinarias fueron reales y un reflejo del descontento. El acceso al consumo y al crédito no resuelve todo lo material e inmaterial. Hay desafíos pendientes en el tejido social y en el bien común. El fantasma nos persigue.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Pingüino el domingo 19 de octubre de 2025.

De regreso a octubre

Por Alejandro San Francisco

Desde hace seis años, octubre es un mes con renovada historia, cuando se produjo el ataque repetido a las estaciones del Metro, que dio comienzo al estallido social, o revuelta popular o derechamente a la revolución que se transformó en la prueba más dura para la democracia chilena desde 1990 en adelante.

Lo primero que salta a la vista, al recordar aquellos días, es la dinámica contradictoria entre la destrucción y la violencia, frente a las esperanzas y anhelos de un futuro mejor. Aunque hoy algunas de estas cosas parezcan difuminadas, lo cierto es que a fines de 2019 hubo una crítica muy dura hacia las tres décadas de democracia, un sector importante de la población validó la violencia como método para promover los cambios y se desarrolló un ambiente profundamente contrario al Estado y las instituciones, en aras de un futuro mejor.

En esa línea se puede inscribir el inicio del proceso constituyente en esa histórica jornada del 15 de noviembre. En la práctica, tres días antes las fuerzas de izquierda –desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista– habían señalado que ese proceso se había iniciado de hecho en las calles de Chile. De los hechos a los acuerdos se inició un camino que a muchos pareció una locura y que en buena medida se transformó en una vía llena de contradicciones, fracasos y decepción.

Hoy queda poco del ambiente de jolgorio, de ídolos renovados (el “perro matapacos”), de cultura iconoclasta (contra la autoridad, la policía y las estatuas), de la destrucción y quema de iglesias, propiedad estatal y privada. Pero esa destrucción no tiene vuelta atrás. También será difícil recuperar el prestigio internacional de Chile y los miles de millones de dólares que salieron del país en medio de la revolución.

El fracaso dos procesos constituyentes terminó demostrando que el problema de Chile, al menos para la ciudadanía, no era de carácter constitucional, aunque en noviembre de 2019 llegó a considerarlo así un sector importante de la población y casi toda la clase política. Por otra parte, quedó claro que la democracia es frágil y que no es posible enfrentar el presente mediante la división, sino con diferencias, pero con un sentido de país que no puede perderse. En otras palabras, la vorágine plurinacional y un cierto resentimiento contra la historia patria –propia de los procesos refundacionales– significaron una especie de fuegos artificiales que terminaron por agotar a la mayoría del país, que seguramente no había pensado en una deriva tan creativa del estallido propiamente social de octubre de 2019. Después de la derrota de la Convención el 4 de septiembre de 2022 -derrota que también fue del gobierno de Gabriel Boric y de la constitución que propuso dicho órgano- el país volvió a una especie de normalidad, pero arrastrando un problema importante: es probable que hoy Chile sea relativamente más pobre que en 2019, con múltiples problemas sociales no resueltos (crecimiento de los campamentos, interminables listas de espera en salud, una pobreza que no cede y falta de oportunidades de trabajo).

No se trata de ver todo mal, pero sí es necesario mirar la situación con realismo, por lo que fue el 18 de octubre, por lo que es Chile hoy y por las perspectivas que se asoman hacia adelante. En la campaña electoral de este 2025 hay quienes han insinuado la posibilidad de un nuevo estallido social en caso de que gobierne la derecha; incluso algunos estiman que hay problemas no resueltos y podría haber una crisis de gobernabilidad. En esos planteamientos puede haber una convicción real o mero oportunismo político, poco importa. Lo que sí es relevante es que los problemas sociales deben ser una prioridad, muchos deben resolverse con urgencia y metas claras, así como es preciso comprender que un fracaso en el progreso social tiene consecuencias políticas graves, como el desprestigio de las instituciones, el desafecto hacia la democracia y un caldo de cultivo de odio y resentimiento.

Esta semana se presentó el libro de Sergio Micco, Ocurrió en octubre. Diario del estallido y de mi paso por el INDH (Ediciones UC, 2025). Vale la pena leerlo: una obra que tiene pasión, que en ocasiones habla en primera persona y muchas veces hace un análisis político e histórico sobre lo que vivió Chile, los peligros que experimentó la democracia y el crecimiento del odio político, que casi termina por destruir lo que tanto había costado construir. Asimismo, vale la pena leer otros tantos libros sobre el estallido/revuelta/revolución de octubre de 2019. Esto no responde sólo a un esfuerzo intelectual, sino a un ánimo de comprensión política. En ese momento se expresaron anhelos y frustraciones, no solo violencia y destrucción. Hubo muchos que genuinamente pensaron en un futuro mejor, aunque el camino se haya desviado hacia otros objetivos y propuestas.

Seguramente el 18 octubre habrá pocas celebraciones y no habrá muchos herederos del octubrismo, que parecen haberse esfumado del escenario político. Bien por una realidad más equilibrada. Sin embargo, sería un error hacer desaparecer de la discusión a ciertos problemas sociales persistentes, como si no existieran o ya se hubieran solucionado. Más bien es necesario recuperar un análisis fino de la realidad, un sentido de urgencia en las soluciones y una convicción de que es posible avanzar en forma pacífica hacia una sociedad mejor. De lo contrario, es probable que renazca la desesperanza y los cantos de sirena, con todo lo que implica.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el domingo 5 octubre de 2025.

23-octubre-2025

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal invalidó la sentencia condenatoria, al haber surgido nuevos antecedentes que permiten establecer la inocencia del recurrente Pedro Victorio Frioli Otonel en los hechos.

La Corte Suprema acogió el recurso de revisión impetrado por la defensa y decretó la absolución de oficial de la Armada en retiro de responsabilidad en el delito de secuestro simple de los hermanos José Miguel Sánchez Larraín e Isabel Verónica Sánchez Larraín. Ilícito cometido en agosto de 1974, en el sector de El Belloto, comuna de Quilpué.

En fallo unánime (causa rol 721-2024), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por el ministro Manuel Antonio Valderrama, las ministras María Teresa Letelier, María Soledad Melo, el abogado (i) Raúl Fuentes y la abogada (i) Andrea Ruiz– invalidó la sentencia condenatoria, al haber surgido nuevos antecedentes que permiten establecer la inocencia del recurrente Pedro Victorio Frioli Otonel en los hechos.

Ver noticia completa en:

https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/134820

La duda que queda es si los jueces que condenaron en las resoluciones anteriores, además de recibir el llamado de atención en este fallo, son objeto de alguna medida disciplinaria por su responsabilidad profesional y ética al no realizar una completa y profunda investigación tal como lo establece un verdadero Estado de Derecho.

De igual forma qué medidas de reparación e indemnización debieran aplicarse con el afectado, ahora víctima de una injusticia atroz.

Libertad con Cicatrices

Por Cristián Labbé Galilea

Se dice que “la justicia que tarda no es justicia”. Son muchos los que, por largos años, han debido padecer los vicios de un sistema judicial que no sólo se ha vuelto lento e ineficiente, sino por sobre todo… injusto.

Es cierto, la opinión pública se descompone cuando se conoce algún caso que reviste caracteres de escándalo, como el ocurrido con SQM, Tocornal o el cabo Zamora, pero es válido preguntarse: ¿Cuántas otras situaciones similares existen sin que nadie se entere? ¡Miles!

El tiempo, y no sólo un fallo correcto, es parte de la verdadera justicia; también lo es el que éste no se dilate “ad eternum”, porque, cuando una resolución tarda más allá de lo aceptable, se prolonga el daño en él o los acusados, convirtiéndose en una “injusticia irreparable”, y en una pérdida de confianza en las instituciones encargadas de ejercer justicia.

Uno de los principios básicos del derecho establece que “A confesión de parte… relevo de pruebas” (Confessio partis probationem eximit); ha sido -claramente- la propia Magistrada del caso SQM quien eximió a esta pluma de “dar pruebas”, por cuestionar las actuaciones del Ministerio Público, situación extrapolable a infinidad de situaciones similares en el Poder Judicial.

La jueza fue muy clara al calificar de “poco prolijo” el actuar del Ministerio Público, cuando centró sus críticas en las falencias de la Fiscalía que llevó el referido “mega juicio”. La magistrada también aludió a acciones que afectaron “el derecho de defensa” de los imputados, y que, por el tiempo que duró la investigación, se produjo un insalvable “deterioro en la calidad de las pruebas”, y “una violación flagrante al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable”.

Claramente el Ministerio Publico “no da para más”. Las críticas se centran en su lentitud e ineficiencia, en la calidad de las pruebas y la vulneración de plazos razonables, en la falta de transparencia, en el poco control sobre los fiscales, y en la presunta presión política e interferencia externa… todas críticas que son aplicables a la forma como se están llevando los juicios a los militares.

Procesados en absoluta transgresión a la Constitución, los militares son los únicos ciudadanos sometidos a un sistema obsoleto donde se dan los mismos vicios comentados en estas líneas: faltas del debido proceso, debilidad de las pruebas, ficciones jurídicas, presiones políticas y muchos otros etcéteras… Para ellos no hay justicia, hay venganza.

Dicen que la verdad siempre sale a la luz, pero no dicen cuánto tarda, ni cuánto ha dolido el sacrificio de aquellos octogenarios soldados prisioneros políticos y el de sus familias. A ellos ningún fallo les devolverá el tiempo, ni les restituirá la honra, ni el sueño interrumpido por el odio y la venganza.

Por último, esta optimista pluma está convencida que la justicia llegará… Será tarde, pero traerá la verdad. Sin embargo, no podrá reparar el alma que humilló, porque si la justicia no es oportuna, no es justicia, es disculpa tardía, es libertad con cicatrices.

Aquí hay más plata para recortar:

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La justicia de dos varas

El caso SQM evidencia la desigualdad en la administración de justicia en Chile: tras diez años de investigación y reconocimiento judicial de dilación excesiva, los imputados políticos fueron absueltos, mientras exuniformados enfrentan condenas por hechos de hace cinco décadas bajo procesos prolongados y cuestionables.

23 de octubre de 2025

Imagen: ex-ante.cl

Llama profundamente la atención —y preocupa— que en el caso SQM, después de diez años de investigación, la propia magistrada María Teresa Barrientos reconociera en audiencia pública la existencia de una violación flagrante al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, atribuyendo expresamente a la Fiscalía la responsabilidad por la dilación excesiva y su actuar poco prolijo. Como consecuencia de ello, todos los imputados —entre ellos Pablo Longueira y Marco Enríquez-Ominami— fueron absueltos. (Emol, 22 de octubre de 2025).

En contraste, decenas de exuniformados siguen recibiendo condenas por hechos ocurridos hace cincuenta años, en procesos que se tramitan durante décadas bajo un sistema inquisitivo que fue eliminado en Chile en 2005. Muchas de esas condenas se sostienen en ficciones jurídicas, donde basta haber pertenecido a una unidad militar para ser declarado responsable, aunque no existan pruebas directas de participación individual.

La misma justicia que considera intolerable una demora de diez años para políticos y empresarios, calla ante procesos de medio siglo cuando se trata de militares en retiro. No se puede hablar de Estado de Derecho cuando la justicia se aplica con dos varas tan distintas.

Christian Slater Escanilla

Coronel (R) del Ejército de Chile

Publicada en Diario Constitucional . cl

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Conversación

Paula Cabezas  @paulacabezas56

CLAPS CLAPS !! ” El Poder Judicial se transforma en perito en excavación/ aplausos !!”

El Poder Judicial vuelve a ponerse el casco de perito en excavación. El día 25 del presente, anunció una nueva diligencia por inhumación ilegal, esta vez en la comuna de Bulnes, encabezada por el ministro Waldemar Koch Salazar. Lo mismo ocurrió hace pocos días en el ex balneario popular Carlos Cortés, en Santo Domingo, donde la ministra Marianela Cifuentes lidera otra búsqueda de osamentas, medio siglo después de los hechos. Se anuncian con despliegue mediático, pero sin resultados comprobados, sin hallazgos, sin informes periciales concluidos.

Han pasado más de cincuenta años desde 1973 y más de tres décadas desde que Chile recuperó la democracia. Si la búsqueda de la verdad hubiera sido realmente una prioridad, estas diligencias se habrían hecho en los noventa, cuando existían recursos, gobiernos y comisiones para ello. No se hicieron entonces pero se hacen ahora en “época de elecciones” y cuando el relato histórico empieza a resquebrajarse.

Cuando el poder actúa a destiempo, simplemente no busca justicia, solo intenta salvar su propio nefasto relato. El caso de Bernarda, declarada detenida desaparecida, la mujer viva fusilada viviendo feliz en Argentina, es una minucia. Ella figura en informes, memoriales e indemnizaciones por una muerte inexistente , me pregunto ¿cuántos otros relatos falsos se siguen defendiendo hoy como verdades intocables?

Mientras tanto, jueces como el DISTINGUIDO Álvaro Mesa Latorre, querellado por PREVARICACIÓN en causas de derechos humanos, continúan habilitados en sus funciones, dictando sentencias sin revisión.

LA PERSECUCIÓN de militares, hoy todos ancianos, es VERGONZOSA, mientras se protege a ESTOS magistrados cuestionados. La justicia hoy se viste de excavadora para causar revuelo y levantar el dolor qué tanto bien proporciona a TANTOS, menos a los realmente afectados. Chile no necesita más excavaciones mediáticas ni titulares de ocasión. Lo que nuestro país necesita  es VERDAD y TRANSPARENCIA .

No basta con HACER VOTOS EN LA TIERRA tierra, tratando de IMPACTAR, lo que DEBEN HACER, es ABRIR los archivos y la conciencia. Mientras el Poder Judicial siga actuando como perito en excavación, seguirá enterrando lo único que podría reconciliar al país, la VERDAD.

Paula Cabezas Leiton

Al final la verdad se impondrá:

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Conversación

JanoMatus  Republicano @janomatusmc

¡¡ QUE DEN GRACIAS A DIOS QUE NO SON MILITARES !! Pablo Longueira, Marco Enríquez y Patricio Contesse, hoy estaría presos si hubiesen sido militares del 73. La Ley con que a ellos se les juzga toda prueba, por falsa que sea, es válida según el Juez. Y no son 11 son 50 años.

18-O la mayor vergüenza de Chile

Lo que tenemos que perfeccionar es nuestra capacidad de defendernos de enemigos como el que nos pegó ese trágico viernes de mediados de octubre de 2019.

por Richard Kouyoumdjian  22 octubre, 2025

Todavía recuerdo con absoluta claridad la tarde del viernes 18 de octubre del 2019, una que califico como el “Pearl Harbor” chileno. Nos sacaron la cresta en forma sorpresiva, no la vimos venir, falló la inteligencia o la falta de ella. No supimos cómo reaccionar. Nuestro Jefe de Estado comía pizzas celebrando un cumpleaños familiar en un reflejo de que no entendíamos qué, y cómo nos había pegado, o de la magnitud e importancia de lo ocurrido. Nada funcionaba, las policías trataban de reaccionar y actuar, no estando preparados para ello. Bomberos de inmediato en acción, siendo lo único que funcionó esa tarde y la noche que siguió. Con el estado de emergencia decretado el 19 entraron los militares, quedando Chile bajo control de las Fuerzas Armadas por primera vez desde el gobierno militar. El problema es que había uno que decía que estábamos en guerra y otro que decía que no estaba en guerra con nadie. Eso mejor que nada refleja la magnitud del knock out y nuestra dificultad para recuperarnos. Estábamos como esos boxeadores que quedan tirados en el suelo, que no pueden o les cuesta reincorporarse.

El 18-O es la mayor derrota de Chile. Nos hicieron pedazos en un par de horas. Nos pegaron en el centro de gravedad, en la capital. Mataron el sistema de transporte público de Santiago en un par de horas y desencadenaron una revolución que nos tuvo al borde del colapso durante meses. La trataron de vestir de movimiento social revolucionario, lo que obligó a realizar concesiones que el tiempo, el Covid y el sentido común se encargaron de desarmar. Su derrota final ocurrió cuando Chile despertó y rechazamos la Constitución que nos llevaba por el camino a ser una república socialista bolivariana.

Hasta esa fecha y en más de doscientos años de historia independiente sólo habíamos saboreado la humillación cuando los españoles bombardearon Valparaíso en marzo de 1866, pero lo ocurrido en octubre de 2019 y durante los meses siguientes fue mucho más grave, puso en riesgo la República, sus fundamentos, el estado de derecho, e infraestructura pública y privada por muchos miles de millones de dólares. Retrocedimos años, muchos años.

Para evitar lo ocurrido en Valparaíso hace más de 150 años creamos una serie de fortificaciones y con el tiempo desarrollamos una flota que nos asegurará dominar el Pacífico Sur Oriental de modo de que nunca más ello volviera a ocurrir. Hoy en día eso se mantiene como principio estratégico de la defensa nacional, excepto obviamente en lo que se refiere a potencias globales nucleares, caso en el que sería difícil evitar que nos peguen, no sin daños y elevados costos para ellos. Chile con su Ejército, Marina y Fuera Aérea está en condiciones de defender la soberanía, el territorio, los mares, el aire, y el espacio que nos son propios, pero todo ello ante quienes podrían ser potencialmente nuestros enemigos. Para ello sólo requerimos se asignen los presupuestos de operaciones y de inversiones correspondientes objeto mantener y desarrollar las capacidades requeridas.

Lo que tenemos que perfeccionar es nuestra capacidad de defendernos de enemigos como el que nos pegó ese trágico viernes de mediados de octubre de 2019.

Nadie me ha podido explicar a la fecha quién orquestó la quema y destrucción casi simultánea de estaciones de Metro. Nadie me puede explicar por qué la ANI no fue capaz de levantar una alerta estratégica que permitiera al gobierno actuar preventivamente. Nadie me puede explicar por qué los gobiernos no realizaban activamente revisiones de riesgos y amenazas, como tampoco implementaran un sistema de seguridad nacional, aunque básico, estuviera preocupado de resguardar la seguridad de los chilenos ante ataques externos. Nadie me ha podido explicar por qué a pesar de tener al régimen de Maduro en calidad de pseudo enemigo, no monitoreamos la actividad de su embajada, o controlábamos quién entraba o salía de Chile. Nadie me ha podido explicar por qué después de seis años la Cámara de Diputados aún no establece una comisión investigadora de lo ocurrido en esas fechas, buscando entender quién fue el enemigo que buscó destruir el Chile con el que todos nos identificamos. Nadie me ha podido explicar por qué el soldado Robledo sigue en la cárcel, lo mismo con el capitán Maturana, o por qué el distinguido comandante Crespo sigue en tribunales dando explicaciones por enfrentar a los delincuentes de la pseudo primera línea. Nadie me ha podido explicar por qué los culpables de lo ocurrido siguen libres, y por qué a los responsables de evitarlo nadie les ha cobrado su responsabilidad en la materia.

Me van a disculpar la crudeza del párrafo anterior, pero ad portas de un nuevo gobierno de derecha y la posibilidad de que la izquierda vuelva a la calle necesitamos estar preparados, y eso parte por entender dónde fallamos en octubre y noviembre del 2019, más aún considerando que no tenemos suficientes carabineros para, en paralelo, manejar problemas de seguridad y orden público, y de tenerlos, no estoy seguro de que se vayan a inmolar por Chile como lo hicieron en esa época, una en donde sus mandos no salieron a defenderlos sino más bien estaban preocupados de salvar su propio pellejo.

Para cerrar, y a modo de ejemplo, en Israel al poco tiempo de ocurrido el cruel ataque del 7 de octubre de 2023 se iniciaron las investigaciones para determinar dónde fallaron y qué se debía corregir, incluyendo el actuar del nivel político y de los altos mandos. Ellos lo hacen regularmente ya que no se pueden dar el lujo de no hacerlo. Su supervivencia está permanentemente en juego. En cambio, en Chile nada se hace y nada se investiga. Se le pasa el problema al Ministerio Público, y los tribunales ordinarios condenan a carabineros y militares por su actuar en la contención del ataque y la defensa de Chile. Flor de país y autoridades tenemos. Siempre se corta el hilo por lo más delgado. Que Dios nos encuentre confesados para la próxima e ilumine a los chilenos para votar por líderes y autoridades que tengan pantalones, capacidad de mando, pero por sobre todo, respondan por sus actos y asuman su responsabilidad.

Etiquetado:18-0Carabinerosestallidooctubreprimera línea

Richard Kouyoumdjian

Experto en Defensa y Seguridad Nacional; concejal por Las Condes

Revolución rechazada:

https://youtu.be/HA32JNsZSyE?si=Hk-SIWqfJ5WerV0x

Los inmaculados

Por Rodrigo Ojeda

Los inocentes al poder de Daniel Mansuy es una crónica y radiografía de la generación impugnadora aglutinada en el actual Frente Amplio (FA). Una ruta desde las movilizaciones y petitorios hasta la llegada a La Moneda. Sus diagnósticos, los cuestionamientos a la transición y concertación, la acumulación y representación de los malestares son parte de su mochila política.

Es una generación que se percibe dotada de pureza y transparencia, voluntad redentora, moral superior y lejanos a la opacidad. “Vienen a salvarnos” desde una voluntad transformadora y grandilocuente. Son “portavoces del malestar” de la calle y del pueblo, pero su verborrea está por sobre la reflexión y realidad. Creen en el uso y abuso de conceptos y la repetición como un acto suficiente para generar cambios. En las movilizaciones utilizaron las tomas de espacios como un mecanismo de presión y chantaje. Desde el altar callejero han buscado “impugnarlo todo”. El objetivo final es superar el neoliberalismo y el modelo constitucional de la dictadura. El neoliberalismo es la fuente del malestar social según el manual frenteamplista, el cual contiene sesgos y consignas para interpelar y llamar la atención. Dicen representar a los excluidos de la transición y el duopolio. Su ideario anhela fundar algo nuevo, ajeno a la mancha de la transición política, considerada como una traición y una concesión con el dictador, es decir, un falso consenso. El FA es el camino sin mácula y correcto para rescatar a los marginados. Cada paso importa y cada error se evade porque el objetivo ulterior es inevitable, lo importante es avanzar: “seguimos”.

El libro retrata y rastrea el recorrido del FA, sus contradicciones y fracasos, el repliegue discursivo e ideológico, sus pasiones y pulsiones, sus desafíos y el personalismo de Boric. Una generación que carga con la angustia del privilegiado que, de algún modo, la culpa los exculpa, carga con expectativas imposibles de cumplir. La tentación y pretensión de la inocencia permanece junto a la puesta en escena al momento de comunicar y amplificar el “malestar social”, pero “la acumulación de malestares no resuelve la cuestión del conflicto”, una característica en lo discursivo y en su estrategia electoral.

La épica del FA ya no es suficiente, la lógica del espectáculo ya no alcanza, no es lo mismo dirigir una federación de estudiantes que un país. Hoy son administradores de lo existente y chocan con la realidad, esa que indica que reunir malestares no es suficiente para empujar “cambios profundos”. El gobierno de Boric se ha caracterizado por la improvisación y la frivolidad. No basta con impugnar ni evadir las responsabilidades.

El FA tiene mala memoria, apoyó las evasiones del año 2019 sin importar las consecuencias reales ni las afectaciones domésticas. La desobediencia y movilizaciones de octubre fueron funcionales a “sus objetivos políticos”, la violencia fue vista “con benevolencia” ya que Piñera era el “adversario declarado del pueblo”. Convirtieron a “Carabineros en su enemigo y al perro Matapacos en ícono de la resistencia civil”. Una épica, lucha y dictadura imaginaria tras meses de acusaciones falsas con tal de dañar “al máximo la legitimidad del gobierno”, por ejemplo, el centro de torturas, un actuar “revelador del desquiciamiento generalizado”. A ratos, sacralizaron los desmanes tras la pulsión popular. Apostaron el todo o nada en la constituyente, esa convención heredera de la violencia del estallido que buscó refundarlo todo. Prefieren mantener su inocencia y “confirmar su propio diagnóstico”.

El país que sueñan se ha convertido en una pesadilla propia y ajena. Ya no son tan inocentes y habitan una “cárcel mental”. Lo inmaculado llegó para quedarse en el FA y ha cruzado las fronteras ideológicas con tintes demagógicos e impugnadores, olvidando que en la política no hay puros ni inocentes.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Pingüino el domingo 12 de octubre de 2025.

Penas privativas de libertad y enfermedades graves

Jorge Ferdman Niedmann: “En mi opinión, en un Estado respetuoso de los derechos fundamentales, no se puede legitimar el que el sistema punitivo mantenga sin modificaciones castigos corporales a individuos que por su deterioro físico o mental no están siquiera en condiciones de comprender lo que ocurre”.

En el complejo entramado del sistema judicial chileno, surge una interrogante crucial que pone en tensión los derechos fundamentales de los individuos y los intereses de la justicia: ¿Cómo abordar los casos de prisión preventiva o cumplimiento de condenas cuando el imputado o condenado padece una enfermedad grave?

19 de octubre de 2025

Por Esteban Marusic Maalouf, Universidad de Chile

Esta entrevista explora los matices legales, éticos y prácticos de esta problemática, abordando temas como: El marco legal actual y sus posibles vacíos. Los criterios para suspender la privación de libertad por razones de salud. El equilibrio entre derechos individuales y el cumplimiento de las penas. Precedentes judiciales recientes. Consideraciones éticas en la toma de decisiones. El proyecto de ley archivado. El rol de los profesionales de la salud en el proceso judicial. Propuestas de cambios legislativos. El caso particular de los condenados por delitos de lesa humanidad, entre otros.

A través de estas preguntas, buscamos arrojar luz sobre un tema que desafía los límites de nuestro sistema legal y nos obliga a reflexionar sobre los valores fundamentales de nuestra sociedad.

Para ello entrevistamos a Jorge Ferdman Niedmann, profesor asociado del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuyas respuestas ofrecen una visión detallada de la tensión existente entre la exigencia del cumplimiento penal y el respeto a la dignidad humana.

Ferdman plantea que el problema no es sólo jurídico sino en definitiva ético: el derecho penal debe funcionar como un instrumento de protección social, pero sin jamás perder de vista ni desconocer los límites impuestos por el reconocimiento y alcance de los derechos fundamentales, de manera que en situaciones límite, del tenor y naturaleza de las que motiva la entrevista, en definitiva no se desconozca la necesaria cuota de  humanidad y proporcionalidad que a su vez obliga el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano.

1. ¿Qué establece la ley chilena sobre la prisión preventiva en casos de personas con enfermedades graves? ¿Existen vacíos legales en esta materia?

No hay ninguna disposición en el Código Procesal Penal que explícitamente se refiera al particular. Y evidentemente que se presentan situaciones muy conflictivas, al límite, que en la práctica forense han sido resueltas con el auxilio de herramientas extraordinarias, como lo es la acción de amparo. Tampoco existe regulación sobre la materia en el ámbito regulatorio sustantivo del derecho penal, lo que bien puede constituir un vacío legal, como lo plantea la pregunta.

Sin embargo, es necesario considerar que, en el ámbito de la regulación contenida en las fuentes de derecho internacional, sí se comprende regulación sobre el particular de esta índole, y esas fuentes forman parte del derecho interno, que los tribunales han aplicado y aplican regularmente. Cabe precisar, por último, que el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios hace expresa mención a los tratados de derecho internacional ratificados por el país, y que se encuentran vigentes, como parte del orden regulatorio correspondiente.

2. ¿Existen criterios claros para suspender la prisión preventiva o una pena privativa de libertad por razones de salud?

Es un tema particularmente complejo. Como mencioné en la respuesta precedente, los tribunales superiores —a través de acciones de amparo, tanto en Cortes de Apelaciones como en la Corte Suprema— han emitido pronunciamientos en los que han tenido que hacerse cargo de este problema, accediendo en casos de grave deterioro de salud a reemplazar medidas cautelares o a modificar el régimen de cumplimiento de condenas cuando la condición del interno se entiende que así lo demanda.

Como es sabido, las condiciones carcelarias en Chile son particularmente precarias. El Estado carece de los recursos necesarios para atender adecuadamente a quienes presentan un deterioro de salud, y si ya tiene dificultades para asistir a quienes no están privados de libertad, menos puede hacerlo en el ámbito penitenciario, contexto en el que el déficit y carencias de un sistema de salud muy estresado se intensifica mucho más. En varios de estos casos la Corte Suprema ha destacado el carácter de último recurso de la prisión preventiva y concluido que no se justifica en presencia de condiciones de salud muy disminuidas, que requieren tratamiento y cuidado nada más imposibles en establecimientos penitenciarios

3. ¿Qué se debe priorizar los derechos fundamentales del sujeto privado de libertad, o el interés de la justicia en que cumpla su condena?

Es inherente al Derecho Penal lo que la literatura especializada destaca como una “función de naturaleza instrumental”, legitimada fundamentalmente por lo que un sector muy numeroso de la doctrina entiende como “protección de bienes jurídicos”. En ese contexto, ello puede explicarse y asociarse a las demandas de justicia, por así decirlo, originadas en hechos que atentan y desconocen los valores esenciales reconocidos en la comunidad, que razonable y legítimamente demandan como consecuencia de su comisión, de la perpetración de un delito, la correspondiente sanción.

No obstante, dichas demandas deben satisfacerse dentro del marco de irrestricto respeto de lo que constituyen los derechos fundamentales que emanan del reconocimiento de la dignidad de todo ser humano, y como consecuencia de ello no resultaría justificado desconocer que, eventualmente, la demanda de justicia pudiere ceder frente a la situación de una persona responsable —ya sea un condenado o un sujeto afecto a una medida cautelar— cuyo grave estado de salud lo aconsejare.

En definitiva, se trata de una cuestión de ponderación: la demanda de justicia debe estar siempre presente, pero existen circunstancias en las que resulta necesario administrarla considerando otros factores, especialmente aquellos vinculados con la dignidad y la condición humana del afectado. Un sistema de justicia que tenga presente consideraciones de esta índole, que desde luego son extraordinarias y o excepcionales, en modo alguno se pervierte o degrada, a mi parecer ocurre precisamente lo contrario.

4. ¿Ha habido fallos recientes que sienten precedente sobre este tipo de casos?

Sí. Como mencioné, existen pronunciamientos de la Corte Suprema, algunos muy recientes, que conociendo recursos de apelación de acciones de amparo desestimadas, han revocado decisiones de Cortes de Apelaciones, que conociendo en primera instancia de la correspondiente acción desestimaron peticiones fundadas formuladas por las respectivas defensas, que demandaron bien la modificación de la modalidad del cumplimiento de la condena, o el cese de la medida cautelar de prisión preventiva, casos todos ellos en los cuales se ha resuelto finalmente teniendo en consideración la gravedad de la condición de salud del afectado y lo que al respecto los instrumentos de derecho internacional consagran.

De este modo, por vía meramente ilustrativa, se puede mencionar el pronunciamiento que se hizo en el mes de marzo último en el ingreso rol 6395-2025, en el que la Corte Suprema acogió un amparo presentado por una defensora de la Región de Antofagasta en favor de un condenado, con el objetivo de conmutar su pena privativa de libertad a una reclusión domiciliaria.

Lo propio ocurrió en el ingreso rol 8705-2024, también de la E. Corte Suprema, en esta oportunidad conociendo de un recurso de casación, en cuya sentencia se hizo lugar por la vía de la declaración al otorgamiento de arresto domiciliario, en reemplazo del régimen de cumplimiento ordinario o regular de la pena privativa de libertad, a condenados de muy avanzada edad. Existen una pluralidad de pronunciamientos que ordenan el cese de la prisión preventiva en virtud de razones de similar naturaleza, todos ellos difundidos por la Defensoría Penal.

La Corte Suprema lo ha señalado con toda claridad: con independencia de los delitos por los cuales una persona haya sido condenada, las obligaciones que emanan de los tratados internacionales vigentes en Chile no permiten establecer distinciones en esta materia, lo que incluso aplica para casos especialmente  delicados y complejos, en los que la demanda de justicia resulta especialmente intensa, como ocurre respecto de los condenados por crímenes de lesa humanidad en que no es excepcional se trate de condenados de 90 años o más, cuya condición física y mental es tan grave que, en muchos casos, ni siquiera conservan noción de quiénes son.

Esto, por cierto, no significa en modo alguno —como también lo ha señalado la propia Corte Suprema— desconocer ni minimizar la gravedad de los hechos por los cuales fueron condenadas.

5. ¿Cómo evalúa desde la ética la decisión de mantener a un sujeto privado de libertad si su vida corre riesgo por enfermedad?

Si de por sí las condiciones carcelarias son muy gravosas y de muy difícil adaptación y sobrevivencia para un adulto o una persona joven, por así decirlo, “sanos”, tratándose de personas de muy avanzada edad y de quienes adolecen de un muy grave deterioro en su condición de salud, sencillamente el escenario puede transformarse en algo intolerable.

Luego, si el sistema carcelario no está en condiciones de asegurar las prestaciones mínimas de vida para todos los internos, ello implica que el grupo de personas aludidas enfrentarán un castigo incomparablemente más duro y gravoso, viéndose afectados, además, en ámbitos que no tienen por qué restringirse por una condena o el encierro, o no al menos a ese extremo.

Ello redunda en un trato que no se condice en definitiva con el que recibirán los demás internos, en el que paradojalmente quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, enfrentarán condiciones mucho más adversas, por expresarlo de alguna manera, al margen de un elemental dictado de humanidad. A mí entender hay un innegable trasfondo ético en este asunto, pues en el hecho equivale punto menos que a olvidarnos que se trata de todos modos de seres humanos, muchas veces ni siquiera conscientes de su propia realidad. Me parece que ello no es compatible con el mínimo ético que debe imperar en una comunidad mínimamente civilizada.

6. ¿Qué alcances tiene del proyecto de ley, (Boletín N°12.037-07) actualmente archivado en el Senado, que incorpora criterios estrictos para otorgar beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad?

Una respuesta ilustrativa conlleva considerar la especificación de su objetivo, según lo que indica su título, y asimismo reparar en el contenido de su articulado: “regular la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, para condenados que indica”.

En concordancia con la mención de su objetivo, su artículo segundo establece el deber del tribunal de disponer la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad mientras dure el impedimento, en casos de enfermedad mental; cuando el padecimiento de otras enfermedades hiciere temer un peligro para su vida; o cuando presente un estado físico incompatible con la ejecución en la cárcel o la infraestructura del establecimiento penitenciario. Precisamente, el proyecto por el que me pregunta intenta hacerse cargo del problema, y estimo útil y conveniente leer la exposición de sus motivos y su articulado.

7. ¿Qué papel juegan los médicos y peritos en las decisiones judiciales, en estos casos en que se debe resolver si se dispone otra modalidad de cumplimiento de la pena que no sea en un recinto penitenciario?

Si he de referir la respuesta al proyecto de ley anteriormente aludido, cabe destacar que su artículo 4° regula el procedimiento de la incidencia respectiva, y en lo pertinente exige se acompañar los antecedentes médicos que demuestren la concurrencia de los presupuestos correspondientes, es decir, la existencia de cualquiera de las condiciones establecidas en su artículo 2°, según precisé anteriormente. Cabe destacar que la historia del establecimiento de la regulación, a disposición de quien esté interesado en revisarla, da cuenta al respecto del informe que evacuó sobre su articulado la Corte Suprema, en el que formuló bastantes observaciones y alcances sobre su contenido.

Ahora, en este momento, en ausencia de regulación sobre la materia, si se revisan los pronunciamientos judiciales aludidos anteriormente en la entrevista, se podrá advertir que han sido las propias defensas las que han acompañado informes médicos muy completos, en los cuales los reconocimientos destacan una condición de salud particularmente deteriorada, que el encierro no hace más que agudizar de manera particularmente significativa.

8. ¿Qué cambios legales propondría para regular en qué casos y cómo los jueces podrían decretar el cumplimiento de las penas fuera de recintos carcelarios?

Cualquier cambio en esta materia, desde luego, debe operar bajo la sanción legal correspondiente. Considero que dicho cambio debería explicitar, dejando abierta la determinación a la decisión judicial, de en qué casos se trata de dolencias graves o enfermedades, como, por ejemplo, enfermedades terminales de vida, o bien aquellas de muy difícil, costoso o prácticamente imposible tratamiento intra penitenciario del condenado.

Desde luego estos casos deberían ser evaluados y resueltos a partir de informes o antecedentes médicos, que den fidedigna cuenta sobre la condición del interno, ya sea en enfermedades físicas o mentales. Asimismo, se requiere se regule la manera de comprobar el que la suspensión y o cambio de régimen bajo ninguna circunstancia pueda dar lugar al abuso o aprovechamiento, pues no se trata de ignorar la existencia de condenas, en ocasiones relacionadas a la comisión de muy graves delitos, y esta sería una excepción para quienes solamente la sociedad reconoce de no encontrarse ya en condiciones mínima como para afrontar las consecuencias de sus actos. El proyecto de ley aludido contiene una regulación a este propósito, que, de seguro, en su caso, habría que analizar e intentar una redacción que permitiera el aseguramiento en las mejores condiciones posibles en todo caso.

9. ¿Se puede justificar un trato diferente en esta materia respecto de los condenados por delitos de lesa humanidad?

Creo que la expresión o el calificativo de “justificado” puede inducir a error. En estricto rigor, podría entenderse que, con su empleo, se están justificando de alguna manera los crímenes por los cuales las personas fueron condenadas, y ello evidentemente no es así bajo ninguna circunstancia Me parece pertinente recordar en este particular las palabras de José Zalaquett, quien expresamente afirmó que “la justicia no excluye la humanidad”. Y él no ha sido el único, baste recordar las opiniones que en el mismo sentido en su momento formuló el sacerdote jesuita Fernando Montes. Insisto, es un extremo, cuando no un dictado, de mínima humanidad.

El mismo José Zalaquett precisó que “si otros fueron monstruos al cometer esos crímenes, la comunidad no”, y con ello precisamente se refería a la posibilidad de admitir un régimen o implementar medidas que se hicieren cargo de una realidad como la que motiva este asunto. En mi opinión, además, me parece que las finalidades del castigo estatal en modo alguno se ven perjudicadas.

Si se entiende que la sanción punitiva posee un efecto comunicativo hacia toda la comunidad, en términos que con su imposición desacredita y condena la infracción de sus reglas más básicas y elementales, este efecto y alcance a mi entender solo concurre cuando el proceso en que se impone la pena y su posterior ejecución reconocen y se adecuan a condiciones mínimas, más allá de las cuales cuesta ya diferenciar la justicia de la mera venganza. Por último, me parece necesario destacar que son los propios fallos de nuestro más alto tribunal los que han venido explicitando que los instrumentos de derecho internacional no excluyen por definición estos beneficios en este tipo de delitos.

Por Humberto Julio Reyes

Imagino que, al igual que usted estimado lector, experimenté gran satisfacción al enterarme que había terminado la restauración del vandalizado monumento conocido como “La fuente alemana” y cuya majestuosidad me impresionó cuando lo conocí en mi niñez.

Quizás por ello, por aportar belleza al entorno, fue elegido, junto con otros, como blanco de la barbarie desatada el 18-0.

Curioso que, a poca distancia, una histórica sandwichería que por años prodigó rápida atención de calidad en un grato ambiente y que también fue conocida originalmente con el mismo nombre, recibiera igualmente de parte de los violentistas la distinción de someterla a una agresión que buscaba su desaparición.

Volviendo al monumento restaurado, confieso que mi satisfacción se vio atemperada por el hecho de haberse financiado este encomiable esfuerzo con fondos del Metro, es decir de todos quienes aportamos con nuestros impuestos al erario nacional y también por las reservas expresadas por algunos lectores.

Estas se referían a la fecha, coincidente con el sexto aniversario del inicio de un episodio que debiera avergonzarnos como país y a la posibilidad que se le volviera a vandalizar, tal como nos enteramos al día siguiente.

¿No existió autoridad alguna que previera lo que podía ocurrir y actuara en consecuencia? ¿Era acaso algo impensable en el Chile de hoy?

Pareciera que no era necesario ser experto en seguridad o en inteligencia para, al menos, asignar algún grado de probabilidad a que los inadaptados de siempre, las emprendieran contra este símbolo.

Ignoramos si se dispuso alguna medida especial de protección, pero nada se ha sabido al respecto.

Algunos rasgan vestiduras y otros se lamentan, junto con señalar que se volverá a restaurar, pero ¿qué hay de la prevención o acaso no existe la voluntad o la fuerza para disuadir a los que no respetan el estado de derecho?

También ha habido “condenas” que de poco sirven, ya que sólo los tribunales pueden efectivamente condenar, pero, para ello, se requiere detener a los vándalos y ponerlos a disposición de la justicia. El resto es música.

Se ha reiterado que, más adelante volverá a ocupar su plinto la restaurada estatua ecuestre del General Baquedano, esta vez acompañado de un monumento a Gabriela Mistral.

¿Ocurrirá lo mismo tan pronto se inauguren?

No es mi intención sumarme a quienes esgrimen razones para no exponer la memoria del General a una nueva ofensa, sino que advertir que no basta desear que algo no suceda cuando quienes agredieron el alma nacional no han mostrado arrepentimiento alguno, por el contrario, de tiempo en tiempo reivindican la violencia que presenciamos.

En su momento el presidente Piñera habló de una guerra y ello a muchos les pareció inaceptable ya que justificaría “la agresión a su propio pueblo”. Creo que en la medida que periódicamente, en diversas formas, se nos amenaza con una repetición, vivimos una tregua en dicha guerra, por mucho que el término escandalice a los buenistas.

No creo exagerado sostener que lo sucedido con el monumento vandalizado tan pronto fue restaurado, demuestra la existencia de una voluntad colectiva de imponerse por la fuerza a quienes deseamos vivir en paz y que, por ello, acatamos la ley y el orden.

Recordando a Clausewitz, lo que está en juego es una dialéctica de voluntades.

No nos perdamos.

20 de octubre de 2025.

Fiscalía decide no seguir adelante con indagatoria por la casa de Allende por no contar con antecedentes para una imputación

Ingresó un escrito al tribunal en que comunica que no perseverará en la causa, en la que el Ministerio Público pesquisó un eventual tráfico de influencias.

20 de Octubre de 2025 | 13:16 |

Por Lorena Cruzat, El Mercurio

Si bien se realizaron múltiples diligencias, que incluyeron la toma de declaración de la exministra Maya Fernández y de la exsenadora Isabel Allende, la Fiscalía Regional de Coquimbo decidió no seguir adelante con la indagatoria por la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Gobierno.

Recientemente, los investigadores ingresaron un escrito al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en el que comunican que no se perseverará en la causa.

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En este caso se investigó un eventual tráfico de influencias y fraude al fisco en el marco de la adquisición de ese inmueble —que se había pactado en poco más de $900 millones—, ubicado en calle Guardia Vieja, en la comuna de Providencia, pero el organismo de persecución penal indica que no se dispone, por ahora, de antecedentes que permitan sostener una imputación contra personas determinadas, sin perjuicio de otras informaciones que puedan surgir.

La causa —cuyas pesquisas dirigió el fiscal regional Patricio Cooper— comenzó de oficio el 8 de enero pasado, dado que existen dos artículos constitucionales que prohíben que autoridades como Fernández y la exlegisladora Allende celebren contratos con el Estado. Se trata del 37 bis y el 60. Aquello hizo que la hija de Allende fuera destituida por el Tribunal Constitucional (TC) en abril; mientras que su nieta renunció a inicios de marzo, en medio de presiones por el libelo acusatorio que se preparaba en el Congreso. También debió dejar su cargo la entonces ministra Marcela Sandoval, a quien se le pidió la renuncia de Bienes Nacionales, sin contar a una serie de funcionarios —de Presidencia y otras reparticiones— que presentaron su renuncia.

Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2025/10/20/1180945/fiscalia-no-preservar-casa-allende.html

¡¡¡¡ SIN COMENTARIOS !!!!

LOS US.$ 6000 MILLONES DE MENOR GASTO DEL PIB

¡Ahí esta la plata y sobra!

    A propósito de disminuir el gasto público en US. $6 mil millones mencionados por el candidato Kast, cito una síntesis de recomendaciones hechas por el BID y organismos de la OCD que valoran entre un 0,11 y 0,13 % de menor gasto del PIB. Considerando una estimación del PIB para el 2025 de US. $ 338 mil millones, sin duda que estas cifras no calzaban. No obstante, no cabe duda que no se ha “hilado fino” porque aún hay “mucho más paño donde cortar”. No se ha hurgado en las cuantiosas pérdidas de las empresas públicas y estatales. Codelco US. $ 450 mil millones (2023); Metro: US. $ 359 millones (2024) TVN: US. $18,5 millones (2024) varias empresas estatales (2023) según chat GPT: US. $375 millones -en las pocos datos oficiales conocidos-. Los 345 municipios manejan en total US. $16.329 millones y la C.G.R. en 257 fiscalizaciones entregó cerca de 5.900 observaciones, que suman $88.204 millones por variadas deficiencias.

    El contralor anterior detectó un total de 3.00o falsos exonerados con un pago indebido entre 1998 y 2011 de $29.000 millones. Según el Comando Nacional de Exonerados Políticos, la cifra de falsos exonerados superaría los 100 mil. De comprobarse lo anterior, podemos inferir que el pago ilícito alcanzaría la cantidad de US $966.600 millones. ¿Se imaginan los chilenos a qué cifras estratosféricas si extendemos esos montos a la fecha?  Y si de cifras cuantiosas hablamos, no podemos dejar de lado la discrecionalidad con que los tribunales de justicia han fijado montos por indemnizaciones en causas de derechos humanos, lo que no ha estado exento de críticas. De hecho, hay un ministro de Corte de Apelaciones sobre el cual pesa una demanda por prevaricación que fue acogida por la Corte Suprema. Una cifra muy conservadora -por cuanto no existe un registro consolidado oficial al respecto- salvo lo difundido públicamente, estamos hablando de $ 992 mil millones aproximadamente.

    Ahora, si sumamos los fondos investigados por la Fiscalía Nacional en 57 fundaciones y corporaciones asociadas al Caso Convenios (2023) llegamos a $90 mil millones en total de transferencias, de los cuales $77 mil millones corresponden transferencias desde gobernaciones -que se conocen hasta la fecha-; u otros, que se podrán determinar en las auditorías internacionales que se recomiendan, con lo que  incluso superar el menor gasto anunciado

    Para no extenderme, otro ejemplo del mal empleo de los recursos públicos. El bono de $50 000 que el Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio depositará en las cuentas Rut del 40% más pobre que durante el 2025  cumplirán 18 años -se estiman 120 mil aprox.- y  adultos, 65 años -aprox. 50.000- denominado Pase Cultural –entradas cine, teatro, danza, circo, conciertos y exposiciones, como también libros, revistas, comics, discos, artesanías y mucho más-lo que sin duda no estará ajeno a darle otro uso, en especial muchos jóvenes y adultos, etre los cuales el “carrete” no estará exento.

    Ya que la gestión de esta cartera incluye el patrimonio ¿no sería más apropiado donar los $8 mil quinientos millones de ese “pase cultural” para contribuir a la reparación de la Basílica de San Salvador.?

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

Aquí mas plata:
APRA

Parte de la plata que falta

A seis años del 18-O: Monto entregado por Tesorería por pensiones de gracia alcanza los $6.200.564.577:

https://www.t13.cl/…/a-seis-anos-del-18-monto-entregado…

*El estallido que se apagó solo: seis años de cobardía institucional*

Por René Fuchslocher

Han pasado seis años desde el mal llamado “estallido social”, y el aniversario pasó prácticamente inadvertido. Ninguna gran marcha, ningún discurso conmemorativo, apenas una nota al pie en los medios. Es curioso: un fenómeno que fue presentado como un “despertar colectivo” hoy parece más bien un recuerdo incómodo, una resaca institucional que muchos prefieren no revisar.

El silencio dice más que cualquier conmemoración. Dice que algo se quebró y que, pese a los intentos por revestirlo de épica, la sociedad chilena intuye que aquello no fue una gesta, sino un síntoma de descomposición.

Lo verdaderamente inquietante es constatar cómo amplios sectores —políticos, empresariales y mediáticos— siguen buscando justificaciones morales para su propia indecisión de entonces. A falta de coraje, optaron por la coartada de la empatía: comprender la violencia, relativizar el saqueo, tolerar la destrucción, como si la fragilidad institucional fuese una expresión legítima del malestar.

Lo que ocurrió en 2019 no fue solo una crisis de orden público. Fue la puesta en evidencia de que el Estado había perdido su autoridad simbólica y que la élite dirigente, en vez de defender la legalidad, eligió plegarse a un relato fabricado para reescribir la realidad en clave emocional, donde toda forma de poder era opresión y toda norma, sospechosa. Detrás de esa narrativa hubo, sin duda, malestares reales. Pero también *hubo una ingeniería discursiva más amplia, global, capaz de transformar la frustración social en un instrumento político, bajo la apariencia de una “revolución ciudadana”*.

El resultado fue un país paralizado, con instituciones que dejaron de creer en sí mismas, y una dirigencia que confundió gobernabilidad con rendición. El gran empresariado —salvo honrosas excepciones— se refugió en el cálculo y en la tibieza, como si la neutralidad fuese una forma de virtud. No entendieron que la defensa del Estado de Derecho no es un gesto ideológico, sino una condición básica para que existan contratos, propiedad y desarrollo.

El sexto aniversario del “estallido” debería haber sido una ocasión para evaluar, con serenidad, cuánto costó esa renuncia colectiva a la autoridad y cuánto nos falta para reconstruir una noción compartida de orden y responsabilidad. Pero *no hubo reflexión, porque reflexionar implica asumir culpas*. Y es más cómodo hablar de “procesos sociales” que reconocer errores políticos y morales.

Quizás esa sea la lección más dura: las instituciones pueden resistir la presión externa, pero no sobreviven a la claudicación interna. Cuando quienes debían sostener el orden jurídico decidieron mirar hacia otro lado, el país entero pagó el precio. Hoy, seis años después, *la calma no es señal de sanación, sino de cansancio, y de que la traición de muchos sigue impune*.

Ardieron en silencio:

El estallido y la sociedad civil

Por Manfred Svensson |

A seis años del estallido social, continúan circulando preguntas irresueltas sobre sus causas y responsables. En el orden de las causas hay algunas tangibles —los abusos puestos al descubierto, las frases de algún ministro que actuaron como detonante— y otras intangibles —como la lenta instalación de un clima cultural que favorecía una explosión violenta—. Ante la pregunta por los responsables, por otro lado, más personas están hoy dispuestas a subrayar la intencionalidad y la planificación, con el consiguiente anhelo por saber quién hizo qué. Cabe ser escéptico sobre nuestra capacidad para responder tales preguntas, pero no hay manera de ocultar lo pertinentes que son.

Junto con ellas, sin embargo, bien vale la pena dirigir la mirada al lugar que ocupó la sociedad civil —o un simulacro de ella— en esos meses del 2019. ¿Qué clase de asociaciones se tomaban la palabra? ¿Qué revelan de nuestra más general crisis de representación? En un elocuente hito, el 22 de octubre varios partidos de oposición se restaban de una reunión convocada por el Presidente Piñera en La Moneda, pues, en palabras de Álvaro Elizalde, la invitación a los partidos “deja fuera a los actores sociales”. ¿Quiénes eran los “actores sociales” en cuestión, que llevaban no solo al PC y el FA, sino también al PS, a restarse de los intentos por encauzar la crisis?

Se trataba de la famosa Mesa de Unidad Social, formada en agosto de ese año y compuesta por decenas de organizaciones, desde Chile Mejor sin TLC a No+AFP. El popurrí de siglas en la lista de organizaciones implicadas dice tal vez tanto como la violencia que esos días se vivía en las calles. Pero el problema no es solo que tales grupos de interés pretendieran tener representatividad, sino que declaraciones como las de Elizalde, con tal de emplazar a Piñera, se la reconocieran. Esta sigue siendo una de nuestras deudas mayores en la comprensión de esos agitados meses: no es solo que hubiera diversas formas de delirio colectivo y otras tantas de la más ruin manipulación política. En medio suyo apareció también una farsa de sociedad civil. En lugar de reivindicar el mundo intermedio de la agencia ciudadana, estas eran asociaciones civiles dedicadas al giro de pedir más Estado.

Cuán representativas eran quedó claro una vez que integraron la Convención, escribieron una Constitución y nadie se sintió representado por ella. Esa parte de la historia acabó ahí. Pero sus efectos disolventes para la sociedad civil se extienden al presente, entre otras cosas en el circuito de ONGs que operan como grupo de presión trabando inversiones. El caso Convenios, por su parte, continuó mostrando cómo tal fachada sirve para exprimir recursos del Estado, y el precio lo han pagado luego las fundaciones de verdad, con recursos congelados por el clima de sospecha generado. No cabe minimizar el daño generado por el saqueo y violencia del estallido, pero la impostura de sociedad civil, avalada por los partidos, no se quedó atrás.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el viernes 17 de octubre de 2025.

Una verdad irrefutable:

https://www.instagram.com/reel/DQEjl7DD_oH/

Incompetencia

Por Cristián Valenzuela 

¿Cuántos amigos del Presidente Boric se necesitan para cambiar una ampolleta?

Uno convoca una mesa de trabajo, otro inventa un subsidio que no llega, otro culpa al gobierno anterior, y el Presidente sale en televisión a hablar de una “sinvergüenzura tremenda”, como si los chilenos no sintiéramos vergüenza por la gestión de su gobierno. Porque respecto de las alzas de la luz, no hay chivo expiatorio posible: el error, el abuso y la indolencia son obra exclusiva de su propio gobierno.

La Comisión Nacional de Energía aplicó dos veces el IPC en el cálculo de las tarifas eléctricas. Dos veces. Un error que cualquier egresado de Derecho habría detectado, pero que la élite gobernante, tan segura de su supuesta superioridad moral e intelectual, no vio. O no quiso ver. El resultado es un escándalo: sobrecobros por más de 112 mil millones de pesos, alzas en las cuentas y un golpe directo a la inflación. Millones de chilenos pagando de más por un error aritmético del gobierno actual.

Diego Pardow cayó, como era inevitable. Pero la renuncia no borra la vergüenza. Porque lo que aquí se desplomó no fue solo un ministro, sino que se ratificó la incompetencia de un gobierno que confunde gobernar con improvisar. Nadie revisó, nadie fiscalizó, nadie asumió. El error no lo descubrió la CNE, ni el ministerio, ni el Presidente: lo detectó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, casi por accidente, luego de años de omisión. Así de profundo es el nivel de ineptitud. Y pese a que asumió un biministro de Economía y Energía, ahí seguirán los asesores cercanos a Pardow y aquellos funcionarios de gobierno que, en vez de hacer su pega, trabajan para el comando de la candidata de la continuidad.

Mientras tanto, los hogares más pobres son los primeros en sentir el golpe. Para ellos, la electricidad no es una variable regulatoria, sino la diferencia entre comer fresco o perder la comida; entre estudiar con luz o hacerlo a oscuras; entre abrigarse o congelarse. Durante este gobierno, la cuenta de la luz ha subido más de un 60%. Y ahora resulta que, además, deben financiar los errores del Estado.

El Presidente, en lugar de pedir perdón, reaccionó con la misma indiferencia de siempre. Porque la verdadera falta de vergüenza es seguir hablando de justicia social mientras les cobran de más a los más pobres. Es salir a pontificar sobre empatía mientras se mira para otro lado cuando la gente no puede pagar la cuenta. Es encubrir la torpeza con tecnicismos, como si el problema fuera una fórmula mal escrita y no la incompetencia de un conjunto de operadores amateur que no saben ni sumar.

El discurso oficial intenta disfrazar el desastre con palabras elegantes: “Ajuste tarifario”, “problema metodológico”, “revisión técnica”. Pero traducido al lenguaje común, significa lo siguiente: cientos de miles de chilenos pagaron boletas infladas por culpa de funcionarios que no hicieron su trabajo. Lo más grave no es el error, sino la respuesta. En vez de transparencia, hubo excusas. En vez de soluciones rápidas, hubo cálculos políticos.

Se habló de “devolver el dinero”, pero sin plazos, sin mecanismos, sin urgencia. Como si la gente pudiera esperar. No entienden que para una familia que vive con el sueldo justo cada peso de más duele. Y cuando ese peso se va a pagarle la ineficiencia a un burócrata, el dolor se convierte en rabia.

Este gobierno se acostumbró a no rendir cuentas. Prometió ser distinto, pero actúa igual o peor: sin preparación, sin humildad, sin respeto. Llenaron el Estado de operadores y lo vaciaron de competencia. Convirtieron los ministerios en trincheras ideológicas y los servicios públicos en oficinas de improvisación.

Pagamos una electricidad más cara porque el gobierno no sabe calcularla.

Pagamos una inflación más alta porque no saben controlarla.

Pagamos sus errores, sus discursos y sus viajes.

Chile no está a oscuras: está pagando de más.

Pagando por la soberbia, la incompetencia y la desconexión de un gobierno que ya no gobierna. Pagando por los que llegaron a “cambiarlo todo” y ni siquiera fueron capaces de reparar en un cálculo básico. Pagando por un conjunto de operadores que llegaron a aprender al gobierno y que, al final, reprobarán por su indolencia e incompetencia.

Así que la pregunta sigue en pie:

¿Cuántos amigos del Presidente Boric se necesitan para cambiar una ampolleta?

Ninguno. Porque ni saben cómo hacerlo ni tienen la vergüenza de reconocer que su gobierno ha sido un desastre y que lo único que esperan los chilenos es que abandonen pronto La Moneda. Quedan 143 días.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el sábado 18 de octubre de 2025.

De Kast en adelante

Por Gonzalo Rojas Sánchez 

Pocos días atrás un gran amigo me recordaba que, entre otras tantas enseñanzas, Jaime Guzmán había dejado ésta: cuando se ocupa un cargo, una de las tareas más importantes del titular es ayudar a buscar, a encontrar y a preparar, a su sucesor. Y me agregaba mi buen amigo –concretando de manera obvia a qué cargo se refería– porque 8 años, me decía es lo mínimo necesario: con 4 apenas se alcanza a comenzar.

Si finalmente José Antonio Kast alcanza la necesaria y merecida elección para ocupar la primera magistratura, una de sus tareas “hacia el interior” de la coalición de gobierno, será justamente ésa. Y desde el primer día… no desde el año 2.

A diferencia de lo que un sociólogo de izquierda sostenía en El Mercurio –o con el evidente propósito de ningunear o por simple ignorancia– hay al menos cuatro nombres que se perfilan con total calidad (tres hombres y una mujer) para disputar la presidencial del 2029, con claras opciones de triunfo… hoy. Por razones obvias, de respeto a esas personas y a Kast, obviamente no voy a dar sus nombres, pero seguramente los lectores y yo coincidiríamos de inmediato en al menos dos o tres de ellos.

Por supuesto, no es tarea del presidente de la República determinar quién ha de ser su sucesor, sino sólo de sugerir uno o dos nombres de excelencia y ayudar a su formación. Manuel Bulnes no estaba nada de convencido de la opción de Manuel Montt –aunque había sido su ministro del interior en momentos del octubrismo de la época– pero cuando vio que era la alternativa más deseada en el tronco pelucón, se plegó a ella y buscó asegurar el éxito del abogado de Petorca (por cierto, mediante el típico intervencionismo de la época).

De lo que no cabe duda es que para el año 2030 se necesitará de un liderazgo distinto del de José Antonio Kast. Hoy el candidato republicano es la persona más capacitada para sacar adelante un plan de emergencia que va a requerir las dos condiciones fundamentales que encarna Kast: claridad absoluta en las prioridades y fortaleza para arrostrar todos los sinsabores que significará enfrentar la gravísima crisis nacional. Quien postule a sucederlo deberá tener un perfil mucho más realizador, en la medida que Kast le haya dejado el país mirando en la dirección correcta y con un optimismo nacional del que hoy se carece en absoluto.

La persona escogida deberá tener, en cuatro años más, entre 45 y 60 de edad, no necesariamente deberá ser un militante del Partido Republicano –aunque varios de los que tengo en mente lo sean– pero sí una persona que sea capaz de proyectar todo lo estabilizado por Kast, que le dé continuidad a la Nueva Época. ¿Y si el candidato de sucesión no logra ser electo en 2029? Pues bien, que sea indudablemente la mejor carta para 2033.

Soñemos, pero también, seamos previsores.

PRISIONEROS POLITICOS MILITARES QUE HAN FALLECIDO VICTIMAS DEL ODIO, VENGANZA Y JUSTICIA PREVARICADORA:

Prisioneros Políticos Militares Fallecidos

El 9 de junio del año 1995 el entonces Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle dirigía a la Honorable Cámara de Diputados el mensaje por el fundamentaba la necesidad de reformar y modificar el antiguo sistema de administración de justicia penal, vigente a la época desde mediados del Siglo XIX. Sostenía éste que, dada la evolución de la sociedad en sus diferentes esferas, y entrando ya al Siglo XXI, era imperioso desprenderse del sistema inquisitivo, con su enjambre de males y vicios, para entrar en el nuevo sistema de carácter acusatorio.

En efecto, el sistema inquisitivo antiguo daba lugar a que un mismo juez se abocara al conocimiento de una causa penal, a su investigación, sustanciación y a la dictación de sentencia.

Sostenía el entonces mandatario que: “En la situación actual, se trata no sólo de un procedimiento que confiere pocas garantías, sino que, además se trata de un procedimiento carente de eficiencia, y lo que es peor, displicente con las víctimas y los usuarios que a él acceden”.

Continúa Frei: “Desde el punto de vista político y constitucional, el mayor defecto del sistema penal en Chile (el antiguo) es que carece de un genuino juicio contradictorio que satisfaga las exigencias del debido proceso …, el proceso penal en Chile posee una estructura inquisitiva, absolutista y secreta, que despersonaliza al inculpado y que no se corresponde con la noción de ciudadanía propia de un Estado Democrático. La consolidación de la democracia exige la reforma al proceso penal de modo que satisfaga las exigencias de un juicio público y contradictorio. La reforma al proceso penal que proponemos, constituye entonces, una profundización de las instituciones democráticas que conforman el Estado chileno”.

Define el ex presidente al objetivo global de modernización de justicia como: “la maximización de las garantías y la imparcialidad del estado democrático y el incremento del bienestar”.

Señala también en su mensaje que, la reforma supone además, supervigilar la ejecución de las penas para evitar así castigos excesivos y favorecer la reinserción ..,; supone por sobre todo, de un modo urgente y prioritario, modificar el proceso penal para transformarlo en un juicio genuino, con igualdad de armas entre el Estado y el inculpado y con plena vigencia de la oralidad, la oportunidad y la inmediación.

El Sistema Inquisitivo en los actuales juicios de DD.:HH.:

Tal sistema es el producto del sistema inquisitivo heredado de la Corona durante la colonia. Dicho procedimiento concentra roles, funciones y poder en un mismo juez. Éste, al ser el titular monopólico de la instrucción está a cargo de producir toda la prueba, ya para apoyar o desestimar la eventual condena, formular los cargos, dirigir la investigación, condenar al inculpado etc., dejando un limitado rol a la defensa.

El prestigioso procesalista italiano Pizzi aseveró en que su país, al igual que en Chile: “la investigación criminal: “creció a expensas del juicio que llegó a ser un mero ejercicio formal”

Y claro que así es, en cuanto los ministros de las CAP, que en sus diversas jurisdicciones se encuentran abocados al conocimiento y decisión de una pluralidad de causas (bajo el sistema antiguo) por presuntos delitos acaecidos hace varios decenios, partiendo de la premisa que hay que condenar a los inculpados –salvo escasas excepciones- por el solo hecho de haber pertenecido a una institución que apoyaba a un gobierno “violador sistemático de los DD.HH”.

Lo que está ocurriendo en gran parte de los juicios -contra quienes a la época, los inculpados eran jóvenes militares sin mayores potestades de mando-, es que los juzgadores, al amparo de las normas procesales del antiguo procedimiento, están haciendo caso omiso de los principios fundantes que el propio Congreso Nacional reconociera al aprobar la reforma que desde hace algo más de veinte años está hoy en día en pleno vigor en Chile.

Si bien la práctica de tal obsoleto sistema de enjuiciamiento penal, de sustento constitucional y legal, sigue rigiendo para los delitos perpetrados durante la época anterior a la entrada en vigencia del nuevo sistema inquisitivo o adversarial, los sentenciadores –en una falta de pudor manifiesta-, ignoran absolutamente las consideraciones valóricas y éticas razonablemente esgrimidas por el ex presidente de la República Frei Ruiz-Tagle ante el H. Congreso Nacional.

El sustrato ético de la reforma razona en torno a la idea de que el anterior procedimiento tenía una estructura inquisitiva, absolutista y secreta, en tanto que el nuevo sistema acusatorio pretende –entre otras ventajas- propende a supervigilar la ejecución de las penas, para evitar así castigos excesivos y favorecer la reinserción.

Como quiera que fuese, por mucho que se hayan producido luctuosos y grotescos delitos, repugna al menor espíritu de justicia dictar condenas extremas a una pluralidad de individuos, por meras presunciones o en base a gran cantidad de testigos –ni siquiera presenciales- concertados para dar fe de conocimientos adquiridos de oídas.

Fue el mismo poder legislativo, el que recogió mayoritariamente los conceptos del entonces primer mandatario, cuyos integrantes del Poder Judicial aprobaron mayoritariamente, para dar lugar a la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal que barría con los vicios decimonónicos que arrastraba el vetusto sistema inquisitorio, y que a pesar de ello, continúan ejerciendo abusivamente los jueces que constituyen la primera instancia en los procesos contra militares.

De otra vera, constituyendo la primera instancia las sentencias de los ministros instructores, son las respectivas salas de las CAP las que conocen las respetivas apelaciones a esos fallos. Lamentablemente no es mucho lo que se puede esperar de los fallos de los tribunales de alzada y menos de la Iltma. C.S., a menos que, caso a caso, un abogado ingenioso y no conocido en la esfera de los frecuentes alegatos, abra su intervención aludiendo a que no fue menos que el mismo presidente de la República, con total respaldo del Congreso, admitieron la existencia de todos los vicios de que adolecía el sistema antiguo, que hasta la actualidad  se mantiene vigente en los juicios contra militares.

LA FUENTE

Por Humberto Julio Reyes

Escribo estas líneas todavía bajo la impresión de haber vuelto a presenciar imágenes de la barbarie desatada a partir del llamado estallido social, cuyo sexto aniversario se conmemorará mañana.

Ayer, acompañado por un miembro de mi familia, asistí al estreno de la película de ficción, basada en hechos reales, que lleva el nombre de esta columna.

No pretendiéndome crítico de cine, no me referiré a su calidad como expresión artística, sino que al mérito de haberla producido.

Este ha sido un emprendimiento absolutamente privado que se centra en la valentía de un empresario para resistir a una cobarde y sostenida agresión durante un tiempo que se hace interminable.

Superada la fuerza pública, su negocio familiar, que por años nos permitió disfrutar de gratos momentos, queda a merced de quienes lo han hecho objeto de su pasión destructiva como forma de expresar su descontento. Otros dirán que sólo se trataba de pacíficas manifestaciones que reclamaban dignidad.

Quisiera detenerme en mis recuerdos personales de “La fuente alemana”, la protagonista en la vida real que ya no existe.

Ahí acudíamos en familia y con amigos, después de asistir a la función de noche de alguno de los cines del centro de Santiago, sin temor alguno a las distintas formas de delincuencia que hoy hacen impensable intentar repetir esa grata experiencia.

A fines de los años 60 y de regreso de una comisión antártica, el primer lugar al que concurrimos en Santiago fue “La fuente alemana”.

Éramos dos amigos y compañeros de promoción y ¡con quien nos encontramos de sorpresa!

Otro buen camarada, muy bien acompañado, que justamente nos había precedido en nuestra aventura antártica.

Todavía a principios de los años 90 y gracias a trabajar en el centro, de vez en cuando reemplazábamos el almuerzo por alguna de las sabrosas especialidades de ese inolvidable lugar donde el cliente se iba con deseos de regresar.

Así que, tal como imagino lo sintieron muchos de sus parroquianos, experimenté una terrible impotencia al verlo objeto de una violencia desatada que parecía haber llegado para quedarse, por usar una expresión muy de moda.

La ficción deja el mensaje de la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad de quienes aportan justamente para tener derecho a ella y de lo solo que se sintió el protagonista cuando, al acudir a diversas instancias, no encontró el apoyo que buscaba, no sólo para él, sino que para todos los afectados que nunca han encontrado justicia, verdad y reparación para el inmenso daño que se les ha inferido, en muchos casos irreparable.

A este respecto, información pública recientemente difundida, da cuenta de 17.000 pymes dañadas, siendo de ellas un 40 % irrecuperable.

Por ello mi alegría cuando, años atrás, conocí la intención de producir una película que impidiera que el olvido facilitara la repetición de hechos inaceptables en un país civilizado y con los que periódicamente se nos amenaza, en forma velada o directa.

Un valiente, no afectado directamente dio un paso al frente y encontró otros valientes y generosos dispuestos a ayudarlo a materializar su sueño.

A esos valientes aplaudimos anoche y espero que muchos más lo hagan cuando la película comience a exhibirse al público, sin amedrentarse por los que, habitualmente, son expertos en imponer posverdades donde se victimiza a todo aquel que desafía al estado de derecho, mientras se condena al llamado a defenderlo.

Salí reconfortado pero reafirmado en mi convicción que la sociedad está en deuda con los afectados directamente por la violencia del 18-0 y con los que, intentaron defenderlos en cumplimiento a su deber y que han recibido injustas condenas o afrontan aún desiguales procesos.

17 de octubre de 2025