COMPARE UNA MALA CON UNA BUENA POLÍTICA:

Renuncia el ministro de Energía de Boric por el escándalo en el error del cálculo de las cuentas de la luz

Diego Pardow, militante del Frente Amplio, dimite tras la decisión de la oposición de acusarlo en el Congreso para buscar destituirlo. Lo remplaza Álvaro García como biministro de Economía y Energía

Diego Pardow ministro de Energía, el 1 de octubre del 2025.Cristobal Venegas

Ana María Sanhueza

Santiago de Chile – 16 OCT 2025 – 13:34 CLST

El ministro de Energía del Gobierno de Gabriel Boric, Diego Pardow, ha presentado este jueves su renuncia tras el escándalo que generó un error en el cálculo de las tarifas de la energía eléctrica, que implicó que los chilenos pagaran sobreprecio en sus boletas mensuales. Su dimisión se produce en medio del anuncio de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI), de la derecha tradicional, de presentar una acusación constitucional en su contra que, de ser aprobada en el Congreso, termina en una destitución y en la inhabilitación de ejercer cargos públicos por cinco años.

El presidente Boric, en la recta final de la campaña presidencial y parlamentaria, del próximo 16 de noviembre, ha optado por no extender la crisis política. La propia candidata presidencial del sector, Jeannette Jara, se había distanciado de la Administración por el error de cálculo. “En mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades”, dijo poco antes de la dimisión de Pardow.

Desde el Gobierno se señaló en un comunicado público que Boric, que llegó la mañana de este jueves a Chile tras una gira a Roma, aceptó la dimisión de Pardow, con quien se reunió en La Moneda. En su reemplazo fue nombrado Álvaro García, ministro de Economía. Su nuevo puesto en el Gabinete será de biministro del ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y también de Energía. García, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts de la Universidad de Maryland y Ph.D de la Universidad de California en Berkeley, ha sido un militante histórico del partido de centroizquierda PPD.

La portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, ha explicado que, con su salida, Pardow asume las responsabilidades políticas del escándalo, a pesar de que el error originario surgió desde las gestiones anteriores. “Pero nosotros somos Gobierno ahora. por lo que el presidente de la República ha determinado establecer responsabilidades políticas”, aseguró la portavoz.

El escándalo se generó tras un informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE), conocido este martes, que detectó una duplicación del efecto inflacionario en las cuentas de la luz, lo que significa un incremento en el pago mensual que ha afectado directamente a los consumidores. Tras ello, la primera medida que tomó García fue pedir la renuncia al secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla.

La CNE es un organismo público encargado de la regulación, análisis y asesoría técnica del sector energético chileno, y en su informe dio cuenta de inconsistencias en la metodología, aplicada desde 2017, en los últimos ajustes tarifarios, que han implicado un aumento en el precio de las boletas. De acuerdo a este análisis, que publicó Canal 13, el Índice de Precio al Consumidor (IPC) habría sido ejecutado dos veces. Esto ha impactado en un eventual aumento de las tarifas para los clientes entre los años 2024 y 2025.

La sobreestimación del efecto inflacionario costó unos 115 millones de dólares adicionales en los cobros en las cuentas de luz a los consumidores. Un día antes de su renuncia, el ministerio de Energía emitió una declaración pública en la que explicó que “se dispuso la devolución de los montos cobrados en exceso, debidamente reajustados, lo que significaría una reducción aproximada del 2% en las cuentas de electricidad, a contar de enero del próximo año”.

Pardow, abogado de la Universidad de Chile, forma parte del Gobierno de Boric desde sus inicios. Primero fue del grupo de asesores de confianza, conocido como el segundo piso por su ubicación en La Moneda. En septiembre de 2022, cuando el presidente realizó su primer cambio de Gabinete, fue nombrado en el ministerio de Energía. Es militante del Frente Amplio, el partido del mandatario.

Es, además, el tercer integrante del Gabinete de Boric que renuncia en menos de dos meses. A finales de agosto dimitió el ministro de Hacienda Mario Marcel, por razones personales, y fue reemplazado por Nicolás Grau. Grau, a su vez, fue sustituido por Álvaro García, que hoy asume el biministerio. El mandatario además pidió la dimisión a Esteban Valenzuela, quien encabezaba la cartera de Agricultura.

*Ignorantes e Incompetentes*

Por Cristián Labbé Galilea

La ignorancia y la incompetencia son dos condiciones que, cuando coexisten, pueden tener consecuencias devastadoras. Mientras la ignorancia se refiere a la falta de conocimiento, la incompetencia alude a la incapacidad de aplicar conocimientos. La primera limita el saber; la segunda, el hacer. Cuando se juntan, la ceguera es doble: no se sabe qué hacer y no se sabe… que no se sabe.

Es básico… La incompetencia perpetúa la ignorancia, y el problema se agrava cuando ignorantes e incompetentes alcanzan posiciones de poder. La historia está llena de ejemplos, donde gobiernos y gobernantes carentes de conocimiento y habilidad, han conducido a sus países al desastre.

En nuestra realidad, la ignorancia y la incompetencia son patrones que se repiten y se vuelven sistemáticos, lo que ha terminado debilitando la institucionalidad democrática y erosionando la confianza en el sistema político.
Ejemplos sobran… se dan cada vez con mayor frecuencia.

En la reciente presentación del Informe de Finanzas Públicas (IFP), realizada por la Directora de Presupuesto, “la brillante, la mejor”, junto al titular de Hacienda, a la Comisión de Presupuestos, simplemente las cifras no coincidían y, después de muchos “balbuceos”, el ministro no encontró nada mejor que echarle la culpa al diablo: “Quiero pedir disculpas… desgraciadamente a veces el diablo mete la cola”.

Ahora le tocó a las cuentas de la luz. Un error en el ajuste de las tarifas eléctricas (2024/2025) les significó a los consumidores tener que absorber un pago adicional de más de 116 millones de dólares, “traspié” cuya justificación fue… un “simple” desliz de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Pero donde la cosa “dijo fuera”, fue en las explicaciones que se han dado por la fallida reunión de Boric con Giorgia Meloni. Se aseguró que no podrían reunirse, porque ella debió viajar a la cumbre por el cese al fuego en Gaza. Falso, “primero se pilla a un mentiroso…” porque ambos estaban en Roma, tanto así que, en esos mismos días, la Premier Italiana recibió al presidente de Paraguay.

Sorprende a esta ilustrada pluma que, al solicitar hace más de un mes la audiencia con la Premier Italiana, ninguno de “los genios de la Cancillería”, y menos los “parásitos” del segundo piso, consideraran el protocolo que debe cumplir un gobierno cuando se trata de programar una visita a SS. El Papa y a la primera autoridad de Italia.

El referido Protocolo establece que un jefe de Estado no destinará la misma visita a reunirse con el Papa y con el Primer Ministro de Italia, fundado en que el Vaticano e Italia son países distintos y soberanos, aunque ambos tengan sede en la Roma Eterna. Por protocolo Vaticano, se deben organizar visitas separadas, práctica que viene desde el Tratado de Letrán (1929).

Finalmente esta pluma concluye que todo calificado funcionario de Cancillería, o político de fuste, debe conocer algo tan básico. De esto nadie ha dicho… “esta boca es mía”, otro ejemplo más: estamos en manos de un gobierno de ignorantes e incompetentes.

AQUÍ HAY MAS PLATA PARA AHORRAR:

Pensiones de gracia del 18-O: ex prófugo por estafa ha recibido más de $19 millones pese a peticiones de revocar su beneficio

Jorge Poblete

Juan Francisco Villalobos Prado. (Cedida)

El 15 de septiembre —antes del feriado de Fiestas Patrias— Tesorería depositó $681.976 a Juan Francisco Villalobos —el pensionado de gracia del 18-O que estuvo un año y medio prófugo por estafa—, pese a que en enero se cerró la causa en que figuraba como víctima y a las solicitudes parlamentarias de revocar su beneficio. Ha recibido más de $19 millones.

Por qué importa. Los más de $19 millones transferidos por el estado al ex prófugo por estafa Juan Francisco Villalobos Prado, 39, expusieron una de las controversias asociadas a las 418 pensiones de gracia otorgadas tras el 18-O, en que falsas víctimas de brutalidad policíaca y militar recibieron el beneficio junto a docenas de víctimas reales.

• La controversia consiste en la mantención de su pensión de casi $700 mil al mes, pese a que en enero la fiscalía decidió no perseverar en la causa donde figuraba como presunta víctima de Carabineros; al año y medio que estuvo prófugo por una estafa no relacionada con el caso y a las solicitudes de revocarle el beneficio formuladas en agosto por los diputados de RN Andrés Longton y Diego Schalper.
• La Tesorería General de la República detalló —tras una solicitud por ley de transparencia— que hasta el mes pasado había recibido $19.166.928. El 15 de septiembre, previo al feriado de Fiestas Patrias, le depositaron $681.976.
• El Ministerio del Interior no respondió si su pensión había sido revocada posteriormente.
• Villalobos Prado fue pensionado por el Presidente Gabriel Boric, que otorgó 270 de las 418 pensiones del 18-O. El expresidente Sebastián Piñera otorgó 148.

Formalizaciones. El caso de Villalobos Prado contrastó con los 28 donde el gobierno sí canceló la entrega del beneficio.

• Dos de ellos, Robinson Jaramillo Monje, 58, y Francisco Gatica Catalán, 34, se transformaron este jueves en los dos primeros formalizados por fraude de subvenciones del caso.
• Jaramillo Monje —que acusó haber sido baleado en el tobillo por militares en una zona donde no había personal del Ejército, que tenía una condena por abusar sexualmente de una niña y alcanzó a recibir $6.896.461—, quedó en prisión preventiva por peligro de fuga, con una caución de $6 millones para salir de la cárcel.
• Gatica Catalán —que reconoció haber inventado que recibió un tiro de perdigón de Carabineros, le transfirieron $7.341.227 y tenía irreprochable conducta anterior—, quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
• A la fecha la fiscalía no ha informado si formalizará cargos contra Villalobos.
• “Hay una pasividad preocupante”, dijo el diputado Longton, de la comisión de Seguridad de la Cámara. “Esto no se condice con la finalidad de perseguir a quienes cometen delitos, sobre todo cuando están quitando recursos públicos, tan valiosos, al estado”.

Por qué fue pensionado. Su caso se remonta al 21 de agosto del 2020, cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella en contra quiénes fueran responsables de tortura con abuso sexual calificado, en el Décimo Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

• De acuerdo con el escrito —basado en su testimonio—, fue detenido a las 10:30 pm del 7 de noviembre de 2019, tras participar de una protesta en La Florida. La querella dijo que en el calabozo de la subcomisaría Los Quillayes lo insultaron y agredieron.
• Tras esto, dijo el escrito, le ordenaron desnudarse y “lo esposan, al tiempo que dos carabineros lo sujetan fuertemente de sus brazos mientras que un tercer funcionario policial introdujo un dedo en su recto, hecho que se repitió cuatro veces mientras se le preguntaba de forma amenazante: ‘tení (SIC) algo … tení (SIC) droga’”.
• Este relato fue el primer paso para que el Presidente Boric le otorgara una pensión de gracia de dos ingresos mínimos no remuneracionales.

La causa por estafa. El 5 de julio de 2019 —tres meses antes del estallido social— el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago había abierto una causa su contra por una estafa cometida en marzo de ese año.

• En ésta la víctima sufrió el robo de $900 mil desde su cuenta rut en Banco Estado, que fueron a parar a la de Villalobos.
• Tras diversos intentos por ubicarlo, el 23 de junio de 2022 se dictó su orden de detención.
• El 7 de septiembre de 2022, casi tres meses después, se emitió el decreto que le otorgó la pensión de gracia.
• La causa por estafa se cerró en enero de 2024, luego de que pagara una caución de $300 mil, cerca de la mitad de su pensión mensual.
• Previamente había sido condenado por hurto, en 2008.

El cierre de su causa como víctima. El 17 de enero de este año, el juez Patricio Souza del Décimo Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago encabezó la audiencia de cierre del caso, luego de que la fiscalía comunicara su decisión de no perseverar en la causa, en que no había acusados.

• Consultados por el caso, el INDH respondió que “se desistió de la investigación porque el denunciante no asistió en dos oportunidades a las pericias citadas por el Servicio Médico Legal (SML) y, además, no mostró interés en su causa”.
• Esto dejó su testimonio sin una resolución judicial ni una investigación abierta que lo respaldara.

Panorama general. Hasta mayo, Tesorera había entregado $5.434 millones en pensiones del 18-O, desde inicios de 2022. Boric asumió el 11 de marzo de ese año.

• Los beneficiarios cuestionados recibieron la pensión porque ni el INDH que presentó los casos, ni la comisión presidencial que los analizó, revisó sus antecedentes penales. La explicación que dieron fue que no era un requisito legal.

Formalizan a dos falsas víctimas del estallido social que recibieron millonarias pensiones del Estado

Carlos Martínez

Jefe de oficina Radio Bío Bío Temuco

Publicado por Paula Villaseñor

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Cedida

Dos falsas víctimas del estallido social del 2019 que recibieron millonarias indemnizaciones por parte del Estado fueron formalizadas ante el Juzgado de Garantía de Temuco, en la región de La Araucanía.

Por este delito de fraude de pensiones, el Ministerio Público inició una investigación en contra de Francisco Gatica Catalán, de 34 años, quien en su momento declaró haber sufrido una lesión ocular por un perdigón que le habría disparado Carabineros en una manifestación en Temuco en el período mencionado.

Gatica recibió desde el Estado más de 7 millones 300 mil pesos por concepto de pensión. A él se suma Robinson Jaramillo Monje, de 57 años, quien aseguró haber sido baleado en el tobillo por militares en Valdivia, por lo que recibió más de 6 millones 896 mil pesos.

Formalizan a dos falsas víctimas del estallido social

Según pudo constatar Radio Bío Bío, ambos son los primeros formalizados en Chile por este delito en particular.

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Respecto al primer caso, y tras una denuncia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se verificó que Gatica sí sufrió lesiones, pero al menos 10 días antes de lo que informó, y en un accidente de tránsito.

En tanto, sobre Jaramillo, quien registra condenas por violencia intrafamiliar y por abuso sexual en contra de una niña de seis años en 2009, se estableció que sus lesiones no correspondían a municiones ni militares ni policiales.

La fiscal Paulina Díaz, jefa de la Fiscalía de Alta Complejidad Regional Metropolitana Occidente, quien se encuentra a cargo de estas causas agrupadas en Temuco, detalló el delito invocado en la investigación contra ambos sujetos.

La jueza Ruth Martínez rechazó la prisión preventiva en contra de Gatica Catalán pues no registraba antecedentes penales, dejándolo así con arresto domiciliario nocturno.

Jaramillo Monje, por otro lado, quedó en prisión preventiva por mantener antecedentes, pero se le fijó una caución de 6 millones de pesos, que de ser pagada lo dejaría con arresto domiciliario total y arraigo nacional por peligro de fuga.

Los vínculos de Álvaro Elizalde con San Ramón: hasta obtuvo licencia de conducir en esa comuna

Por Felipe Díaz Montero
La información es de Néstor Aburto

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Archivo | AgenciaUNO

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Desde el año 2017 que está acreditada la relación entre el actual presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, con la comuna de San Ramón. Estrecho vínculo que salió a la luz pública en medio de las investigaciones judiciales contra una serie de “colaboradores” del alcalde, Miguel Ángel Aguilera, que mantenían condenas por distintos delitos, la mayoría ligados al tráfico de drogas.

Los hechos -de los cuales en su momento informó Radio Bío Bío– se remontan al 20 de octubre del 2017 cuando hasta la sede del Partido Socialista llegó el alcalde Aguilera para presentar su renuncia a la colectividad política, en medio de los cuestionamientos e investigaciones por contratar personas con antecedentes penales en distintas reparticiones.

En esa oportunidad, una decena de personas que acompañaban al jefe comunal gritaron a las afueras del edificio de calle Londres: “Elizalde ¿de dónde sacaste la licencia?, la licencia la obtuviste en San Ramón”.

De esta forma, los propios seguidores del alcalde Aguilera revelaron la relación del hoy timonel del PS con la comuna y con esto, abrieron una verdadera caja de pandora que relaciona a Elizalde con una red de personas investigadas y condenadas por delitos.

Según los registros exhibidos por los “san ramoninos”, Elizalde sacó su licencia de conducir en la comuna entregando la dirección Mirador 1570, que corresponde a la residencia de una conocida del ex ministro de Bachelet, Flor Lucero.

Mujer que, a su vez, según los registros del 2017, es pareja de Francisco Andrés Olguín, en ese minuto militante del PS y conocido en la comuna de San Ramón por haber ejercido como jefe de gabinete del alcalde Miguel Ángel Aguilera.

Puesto del que Olguín desapareció tras su primera detención por receptación de un vehículo robado. Hecho que ocurrió el 15 de febrero del 2013 cuando fue sorprendido por Carabineros a bordo de una camioneta Chevrolet Luv roja, encargada por robo desde el año 2012. Según, reveló CIPER, por esos cargos el entonces militante socialista fue condenado a 61 días de presidido.

Sin embargo, dentro de sus registros aparece que fue detenido por la policía en otras dos oportunidades. Una de ellas lo relaciona directamente con el entorno del ex ministro, cuando el 2014 Carabineros lo sorprendió manejando en estado de ebriedad en la comuna de Limache.

El vehículo era un Hyundai Sonata blanco, propiedad de William Ara Droguett, hombre cercano a Álvaro Elizalde, ejemplo es que se desempeñó como abogado de la unidad jurídica de la Secretaría General de Gobierno cuando Álvaro Elizalde era ministro.

Cercanos a Elizalde sostienen que el senador no sabía el perfil de Olguín, ni tampoco Flores y que solamente sacó su licencia en esa comuna con la finalidad de ayudar económicamente la comuna, lo que reafirmó el propio Elizalde este martes.

Lo cierto es que, en la actualidad, BioBioChile pudo acreditar que Olguín dejó efectivamente el PS para pasar a militar al Partido Radical en la misma comuna de San Ramón.

LOS MERCADERES DEL CONGRESO.

Del Blog Patriotaslater.blogspot.com:

octubre 08, 2025

¿Qué habría dicho Jesús hoy?

Si hay un pasaje en los Evangelios que muestra a Jesús profundamente indignado, es aquel en que entra al templo de Jerusalén y lo encuentra invadido por comerciantes y cambistas. No levantó un discurso tibio ni buscó acuerdos políticos. Con firmeza, volcó las mesas y dijo:

“Mi casa será llamada casa de oración; pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones” (Mateo 21:13).

Ese momento no fue un arrebato de violencia, sino un acto de defensa de lo sagrado. Jesús no toleró que el templo, lugar destinado a servir a Dios y al pueblo, fuera usado como un mercado para el provecho personal.

Hoy, más de dos mil años después, ese mismo espíritu de justa indignación podría repetirse. Porque cuando uno observa el Congreso y buena parte del aparato público, lo que se ve —con otras formas pero con la misma esencia— es la conversión de un espacio concebido para servir al bien común en un mercado de intereses personales. No hay cambistas ni palomas, pero sí hay operadores políticos, pitutos, asesores de confianza, redes de favores y cálculos mezquinos. No se venden ofrendas, pero se negocian cargos, recursos y poder.

Si Jesús levantó la voz en el templo, ¿cómo no la levantaría hoy frente a quienes han convertido el servicio público en un negocio? Este no es un llamado a la ira, sino un recordatorio de que la verdadera autoridad nace del servicio y no del abuso. Y cuando lo sagrado —como la fe, la política o el deber público— es profanado por la codicia, el silencio es complicidad.

Y fue precisamente al recordar ese episodio que vino a mi mente un texto que me envió un amigo a través de las redes sociales. Lo leí con atención y no pude evitar pensar que describe con precisión quirúrgica lo que estamos viviendo. Por eso, con su autorización, lo comparto íntegramente a continuación.

Los mercaderes del Congreso.

por Petricor — reproducido con autorización del autor

El episodio bíblico de Jesús expulsando a los mercaderes del templo vuelve a cobrar sentido cuando uno observa lo que está ocurriendo hoy en Chile: la política se ha transformado en un mercado de poder, y el Congreso en la mejor vitrina para quienes confunden servicio público con privilegio personal.

Cuando Jesús entró al templo de Jerusalén y vio a los comerciantes instalados donde debía reinar la fe, volcó las mesas y los expulsó diciendo:

“Han convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones” (Mateo 21:12-13).

No lo hizo por desprecio al comercio, sino por indignación ante la corrupción del propósito original del templo: lo sagrado había sido reemplazado por el negocio. Dos mil años después, el eco de esa escena resuena en el Congreso de Chile.

En los pasillos donde debiera debatirse el futuro de la Nación se tranzan cuotas de poder; en las comisiones donde debiera estudiarse el bienestar ciudadano se negocian beneficios; y en el hemiciclo donde debiera escucharse la voz del pueblo, se oyen los susurros del lobby. La avaricia no se mide solo en dinero: también se expresa en la ambición por mantenerse en el cargo, en la manipulación del discurso público y en la indiferencia ante millones de chilenos que viven con sueldos mínimos y servicios precarios.

El templo del poder político, igual que aquel templo antiguo, ha sido profanado por quienes confundieron servicio con privilegio. No hay látigo que baste para limpiar esta distorsión, pero sí una herramienta poderosa: la memoria y el voto ciudadano.

Cuando los representantes olvidan su misión, el silencio de los indignados se convierte en complicidad. Y si Jesús se atrevió a volcar las mesas de los mercaderes, quizás hoy nos toca a nosotros volcar las urnas contra quienes han convertido la política en un negocio. Ya no es una voz aislada: es un murmullo que crece. El voto consciente es el látigo ciudadano… y más de uno ya siente su chasquido en los pasillos del poder.

Mientras leía esas líneas, pensaba que la indignación por sí sola no basta. La denuncia es necesaria, pero no suficiente. Así como Jesús no se quedó mirando lo que ocurría en el templo, tampoco nosotros podemos quedarnos paralizados ante la evidencia. La pregunta inevitable es: cómo se soluciona esto.

Un camino para recuperar el sentido del servicio público.

La historia nos enseña que Jesús no se quedó en la denuncia: cuando vio el templo profanado, actuó con decisión y coraje para restablecer el orden y devolverle su sentido sagrado. En la política actual, no bastan los diagnósticos ni los discursos bien intencionados. Si hay que crear un Gobierno de Emergencia, entonces que sea precisamente para limpiar y reconstruir lo que ha sido capturado por intereses mezquinos.

Una solución clara sería poner fin al ejército de operadores políticos y parásitos del Estado, manteniendo en funciones solo a quienes tengan una trayectoria intachable, profesional y ética. Y cuando sea necesario reforzar la administración pública, Chile cuenta con reservas morales y técnicas: profesionales jubilados, exfuncionarios honorables y miembros en retiro de las Fuerzas Armadas y de Orden dispuestos a servir —incluso sin remuneración— por deber y amor a su patria.

No se trata de militarizar el Estado, sino de recuperar el sentido del servicio público, con experiencia, probidad y vocación. Porque si alguna vez se habla en serio de un Gobierno de Emergencia, este no puede construirse sobre las mismas prácticas que nos llevaron a esta crisis, sino sobre honor, mérito y servicio real al país.

Un nuevo gobierno debe premiar al que cumple, al que sirve y al que dice la verdad, debe proteger al que denuncia la corrupción, al que actúa con integridad y compromiso, y no castigarlo ni aislarlo como tantas veces ocurre hoy. Nadie debería ser enviado al “subterráneo” ni destruido profesionalmente por decir la verdad, por ser honesto, profesional y profundamente comprometido con su patria.

POST

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HAY MUCHO DONDE RECORTAR

¿Qué tal el sueldo de Paulina Veloso la mamá de Nicolás Grau de $19.795.256 mensuales? Eso le paga el Consejo de Defensa del Estado más bono adicional que en el mes de junio fue de $ 4.382.319

LA MAJESTAD DEL CARGO.

Es un hecho que la izquierda ha logrado capturar a los “artistas”que usan y abusan de sus dotes histriónicas y popularidad para defender la causa zurda. Afortunadamente son relativamente pocos en comparación con los ciudadanos del mundo real, alejado de la farándula. Siempre buscando responsables de su fracaso, ahora la “siniestra” está tratando de atacar a la oposición sosteniendo que irespeta la Institución de la Presidencia de la República, porque considera que denunciar las graves falencias de Boric, sería faltarle el respeto a ella. Tendrían razón si el mandatario hubiese tenido un mínimo de consideración y respeto por la majestad del cargo, partiendo por su apariencia y dichos, para concluir con sus actos desfachatados de manos en los bolsillos y marrueco abierto. Entregará el gobierno con la seguridad nacional comprometida debido al desfinanciamiento de las FFAA, la soberanía en riesgo por la inmigración descontrolada y la economía destruida, al borde de caer en el crimen de lesa patria. Desde Allende, siguiendo con la “Gordi”, ningún Gobierno ha sido tan disruptivo e irrespetuoso como el de este barbado “revolucionario” con síndrome de Peter Pan. A partir de Marzo, la Patria recuperará su dignidad y la de sus instituciones logrando su futuro esplendor postergado. Mantengamos la fe y apoyemos al candidato que mejor represente, en sus respectivos ámbitos, a don Andrés Bello y a don Diego Portales.

Patricio Mackenna Salas.

La suerte de algunos

Por Juan Pablo Zúñiga Hertz 

Ruego disculpar de antemano, estimados compatriotas, la dureza de mis palabras que representan a millones. ¡Qué impotencia más grande y qué rabia produce este fulano que ha ocupado el sillón presidencial los últimos años! Pasó sin pena ni gloria, causando más penas que glorias desfalcando al Estado de todas las maneras posibles para saciar las fauces de decenas de miles de incompetentes y de paso arruinar al país.

¿Cómo es posible tanto descaro de poner un cerrojo de acero a la asignación de pensión vitalicia para los expresidentes? Es decir, de ser un pobre diablo, gracias a la gran sabiduría de quienes se dejaron embaucar por el discurso progresista, el presidente de la República va a retirarse a los 40 años con una exquisita pensión que ya se la quisiera cualquier chileno.

El saqueo al Estado en estos cuatro años y el saqueo vitalicio que el Sr. Boric hará en calidad de expresidente debiera causarles vergüenza. Los únicos que mejoraron su calidad de vida son la patota de pelafustanes vestidos con un manto de modernidad y de una “moral superior”. Que “el pueblo”, “que las políticas sociales”, “que las políticas públicas”, “que el gasto social”. Solo mentiras. Solo burlas contra el pueblo de Chile.

Usted, que se levanta a trabajar antes de las 5 de la mañana para sacar adelante a su familia, tenga presente que a esa hora estos fulanos duermen a pata suelta. A la hora que usted va camino al trabajo con un té y un pan tostado de desayuno, estos señores están disfrutando de un rico y suculento desayuno orgánico y natural mientras juegan con el celular. Para usted que se saca la mugre todo el día trabajando, durante esa misma jornada estos fulanos están sacando la vuelta o haciendo más de un artilugio para sacarle otra tajadita a los fondos del estado. Usted, que al final del día laboral está camino a un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes, déjeme contarle que a esa hora estos fulanos están en plena pichanga para luego salir a celebrar, todo auspiciado con el sudor de su frente.

Usted, que se aprieta el cinturón todos los meses para poder ahorrar para su vejez, le cuento que el presidente Boric con 40 años ya estará jubilado y no necesitará trabajar, que por lo demás nunca hizo. Le cuento también que, si usted mira con esperanza el próximo año en cuanto a su sueldo y perspectivas de trabajo, el presidente Boric ya está muerto de la risa pues para el 2026 contará 151 millones de pesos. ¡Qué rico!

Me pregunto qué accidente histórico, qué clase de confabulación, o en definitiva, qué tremendo golpe de suerte permitió que un fulano mediocre, sin experiencia laboral, y sin estudios terminados haya llegado a ser presidente. Es insólito.

Estos fulanos desprecian al pueblo, se ríen del pueblo, se aprovechan del pueblo. ¿Se acuerda cuando decían “hasta que la dignidad se haga costumbre”? ¿Se acuerda cuando decían “pensiones dignas para todos”? Bueno, se referían a ellos mismos; no a usted, no a la “señora Juanita”, no al pueblo, no a mí. No son más que una patota de pobres diablos, llenos de resentimientos, de frustraciones y de fracasos personales. Son personajes menos que mediocres, de pobres intelectos, pero con un hambre de dinero impresionante. Forjaron una revolución que casi nos cuesta el país, gracias a la cual llegaron al poder para, en cuatro años, poder agarrar lo máximo posible de recursos públicos y así garantizar sus finanzas de por vida. ¡Qué impotencia!

El punto no es el cuánto gana usted o yo y cuánto ganan estos fulanos del gobierno. El punto es que usted y yo nos esforzamos, trabajamos duro y dignamente para ganar la remuneración correspondiente a nuestro cargo, mientras que del Sr. Boric para abajo se han hecho la América haciendo nada más que desastres.

A fin de año, cuando vaya a votar, usted tendrá sus razones para elegir al candidato de su gusto. Si su intención es votar por la continuidad del gobierno, le pido que piense en una sola cosa antes de marcar la raya: si estos fulanos siguen en el poder, en marzo de 2026 el saqueo seguirá en marcha, más pililos hambrientos serán apernados al gobierno, y, mientras su planilla de sueldo siga igual, la del Sr. Boric va a indicar la rica suma de $19 millones al mes. Piénselo bien.

Una nueva generación de servidores

Por Gonzalo Rojas Sánchez

Si José Antonio Kast es el nuevo presidente de la República, gobernará con las mejores personas, nos ha dicho.

Eso será posible si puede contar no solo con colaboradores experimentados de muy variadas afiliaciones en las distintas derechas –así como provenientes de los independientes y de los centros sensatos– sino también si logra convocar a la generación que tiene hoy entre 25 y 40 años de edad.

Por supuesto el mejor ejemplo de una aportación como ésa se encuentra en la segunda mitad de los años 70 y durante buena parte de los 80, cuando miles de jóvenes profesionales y técnicos se incorporaron a las tareas de gobierno o al trabajo en las municipalidades.

La comparación tiene, eso sí, una dificultad. Esa generación contaba con dos ventajas por sobre la actual. Por una parte, muchos de esos jóvenes habían enfrentado en sus vidas escolares o universitarias los conflictos que el marxismo había provocado en la educación y, estaban por lo tanto ansiosos de colaborar con un gobierno que había derrotado la amenaza totalitaria y que iniciaba una reconstrucción nacional. Por otra, a esas generaciones no se les presentaban las muy variadas opciones laborales que justamente la recuperación del país, impulsada por el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, ofrece hoy a quienes egresan de la educación superior. Las posibilidades de “privatizarse” eran mucho menores que las actuales.

Pero la generación actual, tiene también sus propias ventajas frente a quienes hace 50 o 40 años atrás tomaron el camino del servicio público. Por una parte, demostrarles a sus mayores –y, de modo aún más importante, a quienes son menores que ellos, o sea, a quienes tienen de 25 para abajo– que el fracasado experimento frenteamplista no incluye a toda una generación de jóvenes chilenos y, por otra, que están en condiciones de tomar las riendas de la derecha en el momento oportuno –cuando se comienza a trabajar en serio– y desde el servicio público, es decir desde el lugar donde tanto se sufre y tanto bien se puede hacer.

A una generación tachada de inmadura e indolente, esta oportunidad de demostrar lo contrario y de quedarse con la conducción de la derecha chilena hasta el año 2060, no le puede resultar indiferente.

¿Y dónde están esos jóvenes? Están actualmente en las universidades, como profesores de jornada completa (algunos en sus postgrados en el extranjero); están hoy –acorralados o perseguidos por las izquierdas, pero valientes– en el aparato del Estado; están, además, en múltiples ocupaciones particulares, como profesionales, empleados, socios, emprendedores, etc.; y los hay también, y muy valiosos, en variadísimas ONGS, de las que pueden salir colaboradores especializados en variadas materias.

La tarea de comenzar a invitarlos no puede esperar; no es poner la carreta antes de los bueyes. Es tenerle echado un ojo a la carreta y otro a los bueyes. Sin unos y otros no se podrá arar, no habrá cosecha oportuna.

Tres actitudes

Por José Tomás Hargous Fuentes

Queda poco más de un mes para una de las elecciones más trascendentes de los últimos años. Por primera vez el comunismo tiene opciones serias de disputar la Presidencia de la República, el centro ha quedado vaciado con el desfonde de la ex Concertación y la prácticamente inapelable caída de Evelyn Matthei al tercer o cuarto lugar. José Antonio Kast, por su parte, tiene la oportunidad de oro para alcanzar la Primera Magistratura de la Nación –con una mayor madurez política y un mejor equipo que en 2021–.

En esta elección se juega qué modelo de país queremos para los próximos años: si queremos seguir cavando en nuestra crisis social e institucional, o si optamos por salir del hoyo en que nos encontramos y retomar la senda del progreso integral que nunca debimos dejar de lado. También, se enfrentan las tres visiones sobre los acontecimientos iniciados el 18 de octubre de 2019 y que redundaron en los dos fallidos procesos constitucionales, y cómo se leen ambos procesos.

Tal como lo hemos abordado en diversas ocasiones en esta tribuna, se resumen en tres actitudes: el octubrismo, el noviembrismo y el septiembrismo. Tres grupos que hasta hoy están divididos según qué fecha los representa mejor –si el 18 de octubre, el 15 de noviembre o el 4 de septiembre–. Tres fechas que marcan dos visiones políticas irreconciliables, y una que, a medio camino entre ambas, sigue ante el desafío de elegir de qué lado está. En resumen, tres miradas sobre la crisis y sobre cómo salir de ella.

El octubrismo, que parecía muerto luego de ser aplastado en 2022 por la mayoría del sentido común, sigue vivo y busca amarrarse a la única posibilidad que le queda de seguir profitando del Estado y destruyendo nuestras instituciones, representada por Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista (PC). Sin embargo, las encuestas siguen mostrando que su techo pareciera estar en el 30% que sigue respaldando a un Gobierno incompetente, corrupto e indolente. Por eso, Gabriel Boric, olvidando que es Presidente de la República y no presidente de curso, usufructuó de la cadena nacional para presentar a José Antonio Kast como el arquetipo del mal.

Evelyn Matthei, a quien la semana pasada describíamos como “paladín del noviembrismo”, sigue pensando que su adversario es José Antonio Kast y sigue sin decir si lo apoyará o no en el más probable escenario de ballotage, y respaldando a la izquierda radical en su crítica al líder del Cambio por Chile. Tal como hace cuatro años, Matthei y sus escuderos noviembristas –principalmente de Renovación Nacional (RN) y Evópoli, pero también de Demócratas– juegan a la ambigüedad profundamente poco patriótica de si prefieren un triunfo de su ex correligionario o de la aspirante de la izquierda radical y totalitaria, mostrando una vez más cómo el noviembrismo le termina haciendo el juego al octubrismo. Eso explica que siga teniendo fugas de dirigentes que anuncian sus respaldos a José Antonio Kast, en un grado aparentemente más profundo que con Sebastián Sichel en 2021.

El septiembrismo, si bien se encuentra mejor aspectado que el noviembrismo, y ha recuperado el primer lugar en dos de las tres encuestas semanales, no ha logrado recuperar el apoyo que tenía hace unos meses. En las semanas que quedan de campaña, José Antonio Kast debe demostrar que es el mejor preparado para los desafíos venideros, y que sólo el septiembrismo puede devolvernos la esperanza de que en el futuro –luego de al menos cuatro años de reconstrucción institucional– podamos retomar la senda del crecimiento y de las instituciones sólidas.

Jara y Matthei: La humillada y la ofendida

Por Juan Ignacio Brito

¿Qué tienen en común Evelyn Matthei y Jeannette Jara? No solo que las dos fueron ministras del Trabajo y ahora compiten por la presidencia, sino también una realidad que se hace cada vez más insoslayable: ambas saben que seguramente no llegarán a La Moneda. Los números son fríos y no mienten. A no ser que el destino les depare una sorpresa mayúscula, lo más probable es que Matthei se despida de la campaña en noviembre y que Jara sea derrotada en diciembre.

En el caso de esta última, el problema mayor radica en la actitud de los que deberían estar apoyándola. Parece obvio que en el Partido Comunista priorizaron el proyecto por sobre una abanderada que jamás emocionó a la cúpula ortodoxa. Tampoco hay entusiasmo en el Socialismo Democrático, como ha quedado en evidencia en variadas ocasiones, y en la Democracia Cristiana, que ha puesto exigencias para respaldar a la exministra. Menos aún en el Frente Amplio. Ni siquiera el Gobierno se ha cuadrado detrás de ella: lo ratifica el incómodo enfrentamiento entre Jara y el ministro de Vivienda.

Quizás lo más revelador sea que el propio Presidente de la República no parece creer en una victoria de Jara. Eso explicaría que haya decidido convertirse en opositor a priori de un eventual gobierno de José Antonio Kast. Al actuar de esa manera, el mandatario reconoce que la elección está perdida y que es mejor abocarse a la operación retorno 2030.

La situación es aún más dolorosa para Matthei y su sector, pues hasta hace apenas unos meses, la centroderecha parecía ganadora segura y actuaba como tal. Sin embargo, la persistencia de Kast, los errores propios y la incapacidad de la abanderada para reinventarse han provocado que caiga a un distante tercer lugar, desde el cual le está resultando muy difícil salir. Aunque su campaña se ha ordenado y la candidata repuntó algo en las encuestas, da la impresión de que no será suficiente.

Las dificultades de Matthei para voltear ese escenario desfavorable resultan notorias, al igual que la desesperación que ello provoca en el comando de Chile Grande y Unido. La impotencia se manifiesta en que a ratos pareciera que el rival de Matthei es Kast, no el Gobierno. La postulante dijo esta semana que le da “miedo” que el republicano arribe a La Moneda, porque “puede correr mucho los límites”, un argumento que cuestiona las credenciales democráticas de su contendor y se asemeja al que han enarbolado figuras de izquierda. Sigue victimizándose por el “troleo” en redes sociales, como si a ella fuera la única que le sucede, y responsabiliza a Kast, de quien se revela “decepcionada” a nivel humano. Al verla y escucharla, uno se interroga contra quién compite: nominalmente, contra el gobierno de izquierda y Jeannette Jara; en realidad, contra el republicano, al cual no consigue darle caza. Esta opción, que puede parecer lógica, no lo es tanto, sino más bien una consecuencia de la decisión estratégica que adoptó Matthei: correrse hacia el centro en lugar de competir en la derecha. El resultado es que la enorme mayoría de los votantes de este sector le ha dado la espalda y que la candidata no ha conseguido rescatar apoyo decisivo en un centro vacío de votos.

La obsesión anti-Kast de Matthei provoca resistencia en algunos sectores de su coalición, en especial en aquellos que se resignan a un futuro gobierno republicano con el cual esperan colaborar. La gran pregunta para muchos en la centroderecha no es si, por segunda elección consecutiva, su representante quedará fuera de carrera en primera vuelta, sino más bien si Matthei apoyará a Kast en el ballotage.

El tiempo se agota para Jeannette Jara y Evelyn Matthei. Ante la fatal desgracia de un escenario muy difícil de remontar, la primera se ve cada vez más sola, mientras que a la segunda se le nota crecientemente frustrada.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el domingo 12 de octubre de 2025.

El mérito, antídoto contra la mediocridad

Por Álvaro Pezoa Bissières 

La ensayista francesa Sophie Coignard (La tiranía de la mediocridad, Deusto, 2024), advierte que renunciar al mérito no genera justicia, sino estancamiento, y que defender la exigencia y el esfuerzo es hoy un acto de “esperanza democrática”.

En una época que parece preferir el confort del conformismo a la incomodidad del empeño, hablar de mérito suena casi provocador. Pero, sobre el respecto, la autora recuerda una verdad elemental: cuando una sociedad deja de premiar el talento y el trabajo, abre la puerta a la corrupción, el clientelismo y la pérdida de excelencia. La mediocridad no solo es un problema moral, sino también político y económico.

La “nivelación hacia abajo” ha debilitado instituciones que antes eran ejemplo de rigor: universidades, liceos, escuelas y diversos servicios públicos han reemplazado la competencia por la conveniencia. La obsesión por no excluir ha terminado por excluir la excelencia. En nombre de una igualdad de resultados, se desdibuja la igualdad de oportunidades; cuando el afán noble se hace inútil, el mérito deja de ser promesa de movilidad social y se convierte en ímpetu frustrado.

Entre los enemigos del mérito, Coignard identifica tres fuerzas que actualmente erosionan la cultura del esfuerzo: la ideología “woke”, que a veces confunde justicia con victimismo; el paternalismo igualitarista, que rebaja estándares por temor a la desigualdad; y las élites culturales que monopolizan la definición misma de talento. El resultado es una sociedad que teme exigir, porque hacerlo incomoda.

Pero “la tiranía de la mediocridad” no debe inmovilizarnos en un interminable lamento nostálgico. La autora propone procurar un “mérito bien templado”: uno que combine justicia con exigencia, excelencia con inclusión. El mérito, bien entendido, no excluye a nadie: amplía horizontes. En este ánimo, el Estado debe garantizar igualdad real de oportunidades, colaborar a educar bien desde la base y, en lo posible, velar por que el ahínco sea recompensado justamente.

También en Chile enfrentamos la disyuntiva entre inclusión y excelencia, entre “abrir espacios” y mantener estándares. Defender el mérito no significa volver al elitismo, sino impedir que la mediocridad se institucionalice. En educación, en el servicio público y en la empresa, premiar el esfuerzo es una forma de respeto al ciudadano, de fundamento para el desarrollo y de confianza en la libertad.

La defensa del mérito es, en última instancia, una defensa de la dignidad humana. Significa creer que cada persona puede mejorar y que el reconocimiento al trabajo bien hecho fortalece el tejido social. Implica la convicción de que las capacidades, la dedicación y la responsabilidad personal siguen siendo motores legítimos de progreso. En tiempos de eslóganes fáciles y exigencias mínimas, reivindicarlo no es “conservadurismo”, sino coraje cívico.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el lunes 6 de octubre de 2025.

El desafío de hacer lo correcto

Por Enrique Cruz Ugarte 

A poco más de un mes de las elecciones presidenciales y parlamentarias, es clave comprender que sin recomponer las confianzas no podremos alcanzar la anhelada recuperación social y económica que tanto ansiamos luego de más de una década de una profunda crisis de confianza y estancamiento económico. En ese proceso, la empresa tiene un rol ineludible: trabajar por reconstruir confianzas desde de la organización hacia afuera, por medio de una relación ética con todos los stakeholders: trabajadores, familias, accionistas, clientes, proveedores, comunidad y Estado.

El momento es ahora. No podemos perder tiempo, porque para construir un Chile más justo, próspero, solidario y humano nos necesitamos a todos, donde cada uno aporte desde su lugar y capacidades para superar los problemas y desafíos país que tenemos hoy.

Esta nueva forma de mirar la empresa requiere liderazgos éticos que vivan su actividad empresarial como una noble vocación al servicio del bien común, donde el éxito empresarial no se mida sólo por la rentabilidad, sino por su aporte a la sociedad, es decir, en el ejercicio de su rol público. No hay confianza sin coherencia, y se reconstruye con gestos concretos, con decisiones que humanizan, con compromisos que se cumplen, incluso más allá de la normativa y leyes vigentes.

Tras el análisis de un sondeo que realizamos a nuestros socios, si bien el 77% de los encuestados considera que la empresa a la que pertenece la ética tiene un rol relevante, el 49% estima que el principal obstáculo para una conducta ética sostenida en el tiempo es la presión por los resultados. El corto plazo es el gran enemigo de la ética, debilitando la mirada a largo plazo y el actuar responsable con las personas y comunidades.

Lo anterior, se da en un contexto mayor que está ocurriendo en toda Latinoamérica, y de la que Chile no está exento. De acuerdo con los resultados del Barómetro de la Confianza de Edelman –que por primera vez se presentaron en Chile de la mano de Mariana Sanz, su CEO para América Latina, en el Seminario Anual USEC “El desafío de hacer lo correcto: construyamos el país que queremos”–, se constata la sensación ciudadana de que el sistema no está funcionando (o funciona para algunos pocos) y que las instituciones no están siendo capaces de resolver los problemas que nos afectan. La llamada “crisis del agravio”.

Pero también hay buenas señales. El mismo barómetro de Edelman muestra que la mayor relación de confianzas en Latinoamérica se da entre empleadores y trabajadores de una misma organización. Ahí las empresas –las únicas instituciones éticas y competentes–, y sus liderazgos, tienen una tremenda oportunidad de aportar a la recomposición del tejido social de nuestro país. La cultura de la empresa es lo que crea confianza interna y externa.

La confianza se reconstruye con gestos concretos, con decisiones que humanizan, con compromisos que se cumplen, incluso más allá de la normativa y leyes vigentes. Necesitamos más líderes empresariales que vivan su rol público y más empresas que sean altamente productivas, plenamente humanas, y socialmente responsables.

Vivimos tiempos de desconfianza, fragmentación y polarización. Hoy las personas no confían en sus instituciones, ni entre ellas. Hemos perdido el sentido de comunidad, el “nosotros”. Chile necesita recomponer su alma. Volver a recuperar esos valores cristianos que han formado nuestra identidad: valores como la solidaridad, la dignidad de la persona y el bien común. Chile no se arregla desde la trinchera, sino desde el encuentro; y la empresa puede convertirse en ese espacio. Puede ser el lugar más relevante de transformación positiva de las personas.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el domingo 12 de octubre de 2025.

Vea como nos quieren cambiar:

13 de octubre 2025   FlashBoletín Cren N° 11   Geratricidio Carcelario   www.ongcren.cl        UN LEAL SERVIDOR DE LA PATRIA MÁS QUE SE VA, OTRA INJUSTICIA QUE QUEDA   Con profunda impotencia y pesar, vemos partir al Subcomisario (R) de la PDI Sergio Méndez Henríquez, quien cumpliría 90 años en las próximas semanas. Aquejado de una enfermedad terminal, debió soportar sus últimos días sin la dignidad que merece todo ser humano, enfrentando el dolor con la abnegación de quien sabe que poco o nada puede esperar de una sociedad que ha optado por no mirar la realidad, y de una justicia inmisericorde que le negó todos sus derechos, incluso el de recibir el cariño y cuidado de su familia.   Solo la bondad del Creador, que lo llamó a su encuentro, logró liberarlo finalmente de las rejas de la crueldad y la venganza.   Expresamos nuestro más profundo pesar a su familia y a sus camaradas de Colina 1, quienes lo acompañaron y alentaron en sus momentos de mayor dolor y flaqueza.   Compartimos con todos ustedes la sentida despedida de sus camaradas encarcelados, condenados por ministros que han hecho de la justicia un arma de venganza, al desconocer la igualdad ante la ley y las normas del debido proceso.   Con ellos y sus familiasreafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por la Verdad, la Justicia y los Derechos Humanos, para que:   Se ponga fin al Gratricidio Carcelario que avergüenza a nuestra nación.   PUNTA PEUCO INFORMA    Con profundo pesar informamos el fallecimiento de don Sergio Méndez Henríquez, Subcomisario (R) de la Policía de Investigaciones de Chile.   Nacido el 26 de octubre de 1935, quien partió en la madrugada del 12 de octubre, a pocos días de cumplir 90 años, en el Hospital DIPRECA.      Privado de libertad en Colina I, padecía un cáncer que lo mantuvo hospitalizado durante el último mes.   Su muerte, tras una larga lucha y en el ocaso de su vida, se suma al dolor de tantos hombres mayores que han debido enfrentar enfermedad y prisión sin compasión del Estado.   Quienes aún permanecemos prisioneros lo despedimos con hondo dolor, reconociendo en él a un camarada leal, que sirvió con honor a nuestra Patria.   Desde nuestras celdas, le rendimos un homenaje de gratitud eterna por su entrega y sacrificio, agradeciéndole el ejemplo de dignidad y valentía que deja como legado.   Le deseamos un buen viaje hacia la eternidad, seguros de que su recuerdo permanecerá vivo en nuestros corazones.   Descanse en paz y gracias por tanto !   Sus camaradas.     Acompañemos a su familia en su dolor .   Si prefieres no recibir esta información te puedes desinscribir Para ampliar su difusión compartelo y comentalo. boletin@ongcren.cl

PÉSAME

Solicitamos a todos los integrantes de las FFAA, Fuerzas de Orden, a las distintas ONG e Instituciones, a familiares y amigos en general, a continuar sumándose en apoyo de todos quienes deben enfrentar esta injusta situación, a fin de afirmar, fortalecer e incrementar el planteo de los justos reclamos por acceder a una justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva, a través del irrestricto respeto por la Constitución de la República.

La continuación de la ardua lucha en su apoyo, por la recuperación plena del estado de derecho y por la reparación del respeto y la credibilidad de las Instituciones de la República, así lo exige.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, compañeros de Promoción, camaradas y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

ONG-CREN

Los oficios que dan cuenta de las acciones del gobierno ante ministro en visita para llevar a cabo “gestiones reservadas” por el caso Bernarda Vera

Por CNN Chile

04.10.2025 / 22:18

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En mayo de 2025 el gobierno fue informado por Suecia que una mujer identificada como Bernarda Vera había pedido la nacionalidad sueca. Frente a esa información, el Ejecutivo se comprometió ante el ministro en visita, Álvaro Mesa en hacer las gestiones necesarias para individualizar “con la mayor certeza posible” a la mujer.

Siguen las repercusiones políticas a raíz del reportaje de CHV que dio a conocer que una presunta detenida desaparecida, estaría viva en Argentina. En concreto, se trata del caso de Bernarda Vera, mujer a la que se le perdió el rastro durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El pasado 30 de septiembre, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero aseguró en CNN Chile, que “no tenemos certeza de que la persona que se encuentra en Argentina sea Bernarda Vera”.

Sin embargo, desde la misma Cancillería nacional dieron cuenta de las gestiones que se hicieron con el país trasandino y con Suecia para tratar de conocer el paradero de la mujer.

El 10 de abril de 2025, el Programa de Derechos Humanos ofició a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, con el fin de realizar gestiones ante el gobierno del Reino de Suecia para confirmar si se le había otorgado la nacionalidad sueca durante la década de 1980 a Bernarda Vera Contardo, o una variación de ese nombre, nacida el 4 de febrero de 1946, de origen chileno”.

La respuesta llegó el 13 de mayo de 2025, cuando se dijo que “tras gestiones del Consulado de Chile en Gotemburgo, la oficina de migraciones de Suecia informó que sí otorgó la nacionalidad sueca a una persona de nombre Bernarda Vera en calidad de refugiada”.

Los documentos que confirman las gestiones

CNN Chile tuvo acceso exclusivo a los documentos. En ellos se dan cuenta de las respuestas que fueron enviadas al ministro en visita, Álvaro Mesa que lleva la causa por la desaparición forzosa de Vera.

“El Programa de Derechos Humanos, al indagar en los episodios de Liquiñe para la identificación de las trayectorias de las víctimas, identificó relatos contradictorios respecto a los antecedentes del caso de doña Bernarda Rosalba Vera Contardo, víctima calificada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como detenida desaparecida”, indicaron.

“Tras gestiones del Consulado de Chile en Gotemburgo, la oficina de migraciones de Suecia ha informado que una persona singularizada con el nombre de la víctima previamente señalada obtuvo la nacionalidad sueca. Ante esta información se ha instruido realizar nuevas gestiones reservadas para poder individualizar con la mayor certeza posible a la peticionaria de la nacionalidad reportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de forma de corroborar o descartar que se trate de la víctima en comento”, se agregó en el documento:

928155965-2025-05-22-Oficio-498-Ministro-Mesa-Vera-Contardo

𝑷𝑹𝑰𝑺𝑰𝑶𝑵𝑬𝑹𝑶𝑺 𝑫𝑬 𝑷𝑼𝑵𝑻𝑨 𝑷𝑬𝑼𝑪𝑶 𝑳𝑶𝑮𝑹𝑨𝑵 𝑸𝑼𝑬 𝑳𝑨 𝑪𝑶𝑹𝑻𝑬 𝑨𝑫𝑴𝑰𝑻𝑨 𝑹𝑬𝑪𝑼𝑹𝑺𝑶 𝑷𝑶𝑹 𝑽𝑼𝑳𝑵𝑬𝑹𝑨𝑪𝑰𝑶́𝑵 𝑫𝑬 𝑫𝑬𝑹𝑬𝑪𝑯𝑶𝑺

El tribunal acogió a trámite la acción presentada por la defensa de los internos, ordenando a Gendarmería informar sobre las medidas cuestionadas.

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el Recurso de Protección presentado por la abogada Carla Fernández Montero en representación de los ex uniformados prisioneros en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, quienes denunciaron la aplicación de medidas que vulneran su dignidad y derechos fundamentales.

El recurso se originó luego de que el 6 de octubre el alcaide del penal, Roberto Santibáñez Rojas, informara a los internos la instalación de un muro divisorio en el patio común del recinto, medida dispuesta por la Jefatura Nacional de Gendarmería con base en un decreto presidencial aún no vigente. La instrucción implicaba retirar pertenencias personales y desarmar estructuras utilizadas por los prisioneros militares para resguardarse, afectando el principal espacio de convivencia y visitas de hombres en su mayoría mayores de edad y con problemas de salud.

En su presentación, la defensa sostuvo que la decisión de Gendarmería carece de fundamento legal y constituye un acto arbitrario que vulnera el artículo 19 N°1 de la Constitución, referido a la protección de la integridad física y psíquica de las personas. Se solicita al tribunal dejar sin efecto la medida, restablecer el imperio del derecho y garantizar condiciones dignas de reclusión.

Con la admisión del recurso, la Corte ordenó a Gendarmería entregar un informe formal sobre los hechos denunciados, lo que abre la posibilidad de una revisión judicial del fondo del caso. El pronunciamiento fue recibido como un avance por las familias de los internos, que desde hace años denuncian prácticas que consideran abusivas y contrarias a los principios básicos de humanidad.

Más allá del resultado final, la decisión judicial representa un gesto relevante: el reconocimiento de que incluso quienes cumplen condena mantienen intacto el derecho a ser tratados con respeto y dignidad.

jra.

Richard Kouyoumdjian: «Nunca había pasado que el Ejército se quedara sin financiamiento para llegar a final de año»

«La ministra de Defensa está arriesgando una acusación constitucional en este minuto si no toma acciones inmediatas para asegurar que, venga de donde venga, al Ejército y a la Marina le lleguen los recursos», advierte en entrevista con El Líbero el especialista en defensa y seguridad nacional, a propósito de que esta semana el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, dijera que el déficit en esa institución es de $40.000 millones y que no tienen cómo cubrir los gastos.

por Diana Lozano Perafán12 octubre, 2025

No pocas reacciones se han generado luego de que esta semana el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, dijera ante la segunda subcomisión mixta de Presupuesto que el déficit en esa institución es de $40.000 millones y que no tienen cómo cubrir ciertos gastos, como las remuneraciones. Sus palabras fueron contundentes: “Indudablemente que no estamos en condiciones de terminar el año. Es algo que se ha venido hablando, nuestras autoridades lo conocen e indudablemente debiéramos abordarlo porque no tenemos ninguna solución”.

Richard Kouyoumdjian

El experto en defensa y seguridad nacional, Richard Kouyoumdjian, advierte en entrevista con El Líbero que este hecho no tiene precedente en el país y que «no es más que otra muestra de la inoperancia del gobierno de poder manejar y administrar Chile».

“Estoy seguro de que este tema era conocido por el Ministerio de Defensa, pero no tomó acciones. Eso sí, en paralelo el Presidente Gabriel Boric va a la zona norte a decir que quiere cambiar la Constitución para poder desplegar a las FF.AA. en labores de seguridad interior, sin pasar por el Congreso. Por un lado este señor está preocupado de ir a sacarse fotos en Colchane, pero por otro lado tiene al Ejército desfinanciado”, dice el también concejal de Las Condes a propósito del viaje que esta semana hizo el mandatario a Tarapacá, precisamente para el lanzamiento de planes para reforzar la seguridad fronteriza.

Aunque Kouyoumdjian señala que lo urgente es solucionar el déficit en lo inmediato, advierte que no se debe descuidar la inversión en materia de capacidades estratégicas, tanto en las que ya están instaladas en Chile como en las denominadas de guerra moderna. «En el caso de la Marina, si no se comienzan a construir buques nuevos o a comprar buques de segunda mano, pero que estén menos usados, nos vamos a quedar sin escuadra y sin fuerza de submarinos de aquí al 2040», dice.

«Habiendo plata en este país para gastar en otras cosas, las FF.AA. no reciben la caja»

-¿Había ocurrido en el pasado reciente en Chile, digamos en los últimos 30 años, que el Ejército no tuviera recursos para llegar a fin de año?

-No, nunca había pasado que el Ejército se quedara sin financiamiento para llegar a final de año. Ha habido situaciones en las que se reclamaban por los sueldos bajos. Este presupuesto es el más bajo que hemos tenido.

-¿Este déficit de los $40.000 millones es la consecuencia de un problema económico, porque no hay recursos, o responde más a un asunto ideológico de este gobierno de no darle prioridad a las FF.AA.?

-Creo que es más una situación de índole económica y financiera que refleja la realidad del país. Ahora, dicho eso, el gobierno prefiere recortar sueldos y gastos generales, sabiendo que impacta poco en otras materias, pero probablemente no sé si estaban 100% conscientes del impacto que eso tiene en la FF.AA. La parte ideológica del tema está en que probablemente ellos protegen presupuestos como el del Ministerio de Cultura o el de Desarrollo Social, lógicamente los de Salud y Educación. Los programas de todos esos ministerios no sufrieron recortes relevantes. Entonces tenemos un gobierno que tiene una fascinación por ciertos temas, que se maneja mal en lo financiero, que sobreestimó el presupuesto de ingresos y después cuando se dio cuenta de que tenían un error fue al Congreso e hizo un ajuste al presupuesto.

-¿Qué implicación tiene para la seguridad de la nación que la FF.AA. tenga este déficit?

-Creo que si uno tuviera un problema de seguridad nacional extremadamente grande se pudieran usar los fondos de reserva o contingencia que tiene el gobierno para otras cosas o el que tienen la FF.AA. para contingencias estratégicas. El tema acá es que Hacienda no le pasa plata a las FF.AA. Entonces, habiendo plata en este país para gastar en otras cosas, las FF.AA. no reciben la caja, porque esto es no tener caja para pagar los sueldos. La Marina va a cerrar el año porque redujo su mantenimiento, entrenamiento y labores de fiscalización aguas afuera.

«La ministra de Defensa está arriesgando una acusación constitucional en este minuto»

-¿Cómo puede haber ocurrido esto, cómo no se alertó antes?

-Esto para mí es simplemente un desorden de Hacienda y estoy seguro de que en las FF.AA. tienen que haber venido levantando la voz todos los meses al Ministerio de Defensa, pero recuérdese que tenemos una ministra (Adriana Delpiano) que no sabe de defensa. Esta señora, con todo respeto, es asistente social, nunca había estado a cargo de las FF.AA. y los subsecretarios son un par de ineficacees: el señor Ricardo Montero y el señor Galo Eidelstein. Probablemente están más preocupados de temas ideológicos, de salir en la foto y de ir a ceremonias, pero ninguno de ellos estaba preocupado de resolver los problemas del Ejército, de la Marina y eventualmente de la Fuerza Aérea. Llegamos a esto porque las FF.AA. son jerárquicas, disciplinadas y no deliberantes y es muy mal visto en los tiempos actuales si un comandante sale en la prensa hace dos meses atrás y dice que no tiene plata para llegar a final de año, cosa que habría hecho cualquier otro jefe de servicio de cualquier otro ministerio, pero a las FF.AA. no les permiten eso. Cuando hablan queda un escándalo nacional porque dicen que los comandantes en jefe están deliberando.

-¿Qué lectura se le puede dar a la respuesta que dio la ministra Delpiano, cuando asegura que ya hay “un acuerdo con Hacienda, pero que hay una deuda que no es de Hacienda, sino que es una transferencia que tiene que hacer el Ministerio del Interior”?

-La señora ministra dijo en algún minuto que este desfinanciamiento de las FF.AA. no era responsabilidad de ella, sino de la anterior administración, de la ministra Maya Fernández, y del entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel. Si ella es ministra de Defensa se tiene que hacer responsable de la situación de las FF.AA., ¿si no es ella, quién? La ministra de Defensa está arriesgando una acusación constitucional en este minuto si no toma acciones inmediatas para asegurar que, venga de donde venga, al Ejército y a la Marina le lleguen los recursos.

-¿Qué mensaje se les da a los integrantes de la FF.AA. cuando se hacen recortes a su presupuesto y no se transfieren los recursos necesarios para el pago de remuneraciones?

-Es muy desmotivante, porque además se les exige, se les saca de la casa, se les manda a la Macrozona Sur o a la frontera, por ejemplo; no reciben asignaciones especiales que compensen ese esfuerzo. Terminas afectando a toda una familia. Mucha gente de las FF.AA. realiza otras labores después del horario laboral o los fines de semana para suplementar su ingreso. Estamos hablando además de personas que están muy capacitadas y entrenadas, cuando hay una fuerte demanda en el sector privado por contratar a exmiembros de la FF.AA. para labores de seguridad y con sueldos muy atractivos.

«Los diputados y senadores deben forzar al gobierno para que suplemente los fondos que el Ejército necesita»

-¿Cómo se entiende que recorten el presupuesto a la FF.AA. y no le transfieran los recursos que necesitan y que a la par les impongan tareas adicionales como el despliegue en la frontera Norte y la Macrozona Sur?

-Y no solo eso, estoy seguro de que en el presupuesto del próximo año el Ejército va a tener un déficit de 20.000 millones del despliegue, más la asignación adicional para los conscriptos. A eso se suma que todos los candidatos han dicho que de ganar harán un mayor uso de las FF.AA., pero ninguno ha dicho cómo va a hacer para financiar eso.

-¿Si ya existe este déficit en este presupuesto, no se está afectando ya de plano el presupuesto 2026?

-Sí, claro, se está afectando el presupuesto. Ya el presupuesto de la FF.AA. de este año tiene un déficit de $40.000 millones, más los $5.400 millones que se necesitan para las labores de la jornada electoral. Para el próximo año ya se parte con un déficit de 20.000 millones por los mismos conceptos de este año. Si a esto se le suma lo adicional que con la FF.AA. quiere hacer cualquiera de los candidatos, son unos $30.000 millones más, es decir, sería un déficit proyectado de $50.000 millones.

-¿Qué decisiones deberían tomar los diputados y senadores ante todo esto que ha quedado expuesto con respecto a la situación financiera de las FF.AA.?

-Los diputados y senadores deben forzar al gobierno para que suplemente los fondos que el Ejército necesita, tanto como para suplir el déficit de los $40.000 millones, como lo que se necesita para cubrir las elecciones. Deberían preguntar cómo están los pagos de proveedores del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea; si es que estamos incurriendo en atrasos significativos, porque además se pueden terminar afectado pymes u otro tipo de empresas debido a que las FF.AA. estén atrasadas en sus pagos. Ellos deberían entender que los famosos presupuestos de continuidad que se han estado mencionando a la larga disminuyen los niveles de actividad de las FF.AA. a un punto, donde independiente del equipamiento, terminas afectando la seguridad nacional, porque la capacidad estratégica viene dada por tus niveles de alistamiento y de entrenamiento, no solamente por tu material, si está en buenas o malas condiciones. El segundo punto que yo esperaría, tanto la ministra como los diputados y senadores, es que evalúen bien el presupuesto que se presentó para el próximo año: qué es lo que permite hacer. También que los comandos presidenciales de los distintos candidatos entiendan la situación en las cuales reciben las FF.AA., porque cada uno de ellos está pensando en mayores niveles de utilización de las FF.AA. a contar de marzo del próximo año.

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3 Comments

1. Carlos Souper Quinterosdice:

12 octubre, 2025 en 00:56

Toda esta situación descrita, claramente es el resultado de un pdte y de un gobierno corrupto, ineficiente, ignorante y claramente mala leche, no debe descartarse la INTENCIONALIDAD en la situación provocada.

2. Adolfo Paúl Latorredice:

12 octubre, 2025 en 09:16

Ciertas corrientes de pensamiento pacifistas propugnan el desarme y conllevan una repulsa moral hacia las instituciones militares, porque ellas se entrenan para matar y porque las armas —aparte de sembrar la muerte— consumen recursos que podrían ser mejor utilizados en el desarrollo social.
Con frecuencia, a quienes hemos hecho exposiciones relacionadas con la Defensa Nacional ante auditorios conformados por civiles, se nos formula la siguiente pregunta: ¿Por qué las cuantiosas sumas que se emplean en los gastos de defensa no se utilizan para tener mejores hospitales, más escuelas y más viviendas? La respuesta que hemos dado a esta inquietud es que el Estado debe contribuir a cubrir las necesidades sanitarias y culturales, así como a facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna, especialmente a aquellos sectores más modestos de la población.
Ello es obligación primordial de todos los gobiernos; pero en igual medida lo son la defensa, la policía y la justicia, es decir, atender a la seguridad de los gobernados. No son obligaciones excluyentes, sino complementarias. Lo que sí debe hacerse es mantener los gastos de la Defensa Nacional dentro de unos límites prudentes.
En otras oportunidades nos hemos encontrado con personas que afirman que en las Fuerzas Armadas se enseña a matar. A ellas les hemos respondido que en las Fuerzas Armadas se enseña a defender a la patria, de la que todos formamos parte, lo que es diferente.
La finalidad de los institutos armados no es hacer la guerra, como afirman esas mismas personas. La finalidad de los ejércitos es preparar a los hombres que los constituyen para defender con las armas, si llegara el caso, la independencia de la patria, su integridad territorial, la seguridad nacional y el orden institucional. En las Fuerzas Armadas no se enseña a matar, por más que su razón de ser sea formar hombres aptos para el combate. La existencia de ellas significa que la nación tiene voluntad de conservar una identidad forjada en siglos de existencia. Los cuerpos armados constituyen el medio coactivo del Estado al servicio de la comunidad nacional frente a la amenaza exterior, y, en su caso, frente a la subversión interior.
Además su espíritu, su organización, sus complejos medios y la preparación de sus componentes, le permiten cooperar eficazmente con otros organismos en casos de emergencia o de catástrofe, o cuando circunstancias extraordinarias lo requieran.
Las Fuerzas Armadas, por otra parte, contribuyen eficazmente al desarrollo nacional con actividades concretas y específicas que los cuerpos armados ejecutan en ámbitos tales como los científicos, técnicos, industriales, culturales y de apoyo a la comunidad; pero su mayor contribución al desarrollo es la de permitir un clima de orden, paz y seguridad, en que las diversas actividades nacionales puedan ser realizadas con normalidad y tranquilidad.
Los militares conocemos la Ecuación de la Seguridad, cuya formulación es la siguiente: DESARROLLO + DEFENSA = SEGURIDAD; con lo que se quiere señalar que, para una adecuada seguridad, debe haber un equilibrio entre ambos factores; si se privilegia uno de ellos en desmedro del otro, la seguridad se verá afectada.
Es posible que sea efectivo lo que tan gráficamente señalan algunos autores, en el sentido de que el gasto en dos fragatas podría haberse usado “para solucionar el déficit de alcantarillado de todo el país” y que el gasto en cuatro misiles Exocet pudo haber sido destinado a “construir cuatro liceos completos”; pero lo que sí es efectivo, con certeza absoluta, es que ni las fragatas ni los Exocet habrían estado disponibles para disuadir a Argentina de una agresión armada en 1978.
Adolfo Paúl Latorre
Capitán de navío EM, Armada de Chile
Magíster en ciencia política
Magíster en ciencias navales y marítimas
Abogado

3. Daphne Lackington Hunterdice:

12 octubre, 2025 en 14:58

Excelente.

*La guerra de posiciones y el debilitamiento de las Fuerzas Armadas en Chile*

Por Pablo Javier Cánovas Silva

En política, las guerras no siempre se libran con armas. También se combaten con ideas, símbolos y relatos. Antonio Gramsci, el gran teórico del marxismo cultural, entendió que antes de conquistar el poder del Estado era necesario conquistar el poder moral e intelectual de la sociedad. A eso llamó “guerra de posiciones”: una disputa prolongada por la hegemonía cultural que prepara el terreno para la transformación política.

En Chile, esa guerra lleva décadas en curso. Y una de sus trincheras más significativas ha sido el prestigio y la legitimidad de las Fuerzas Armadas. Desde el retorno a la democracia, hemos visto cómo se ha desplegado una estrategia persistente para debilitar la autoridad simbólica, moral e institucional del mundo militar, principalmente desde la izquierda extrema.

Durante años se impulsó una erosión moral y narrativa. En la educación, los medios y la cultura popular se intentó instalar la idea de que las Fuerzas Armadas no eran herederas de una tradición republicana al servicio de Chile, sino de una “dictadura” que debía ser condenada eternamente. Esa mirada reduccionista transformó el esfuerzo por hacer justicia en un discurso de memoria punitiva, donde todo el mundo castrense quedó bajo sospecha —haya delinquido o no, haya hecho lo que haya hecho—.
Aunque esa erosión ha retrocedido en los últimos años —en parte por el contraste con la inseguridad y el desorden actual—, su huella cultural persiste: marcó a generaciones enteras y debilitó la autoestima institucional.

Luego vino la erosión institucional. Las reformas legales y presupuestarias fueron despojando a las Fuerzas Armadas de autonomía y capacidad operativa. La justicia militar se vació de contenido y muchos casos pasaron a la justicia civil, un mundo lleno de prejuicios y de franco desconocimiento del ámbito castrense. Los mandos viven bajo la amenaza de ser procesados por decisiones tomadas en contextos pasados o por responsabilidades colectivas imposibles de probar. Todo esto ha generado un efecto disciplinador: el temor a actuar y el retraimiento frente al poder político.

Y, paradójicamente, aunque las Fuerzas Armadas mantienen un alto prestigio ciudadano, se encuentran inhibidas de actuar con decisión. El miedo a juicios futuros, el control político de los presupuestos y los estados de excepción limitados o condicionados han convertido su accionar en una forma de autopreservación institucional más que en una defensa efectiva del orden y la soberanía.

A eso se suma una penetración ideológica silenciosa, a través de cambios curriculares, ascensos con criterios políticos y discursos de “modernización” que en realidad buscan desmilitarizar el ethos castrense. En nombre de la inclusión y la democracia, se ha intentado diluir los valores del deber, la jerarquía y la patria que daban identidad al uniforme.

El resultado es claro: unas Fuerzas Armadas semi-neutralizadas. No suprimidas, pero sí debilitadas moralmente y reducidas institucionalmente.
En el tablero de Gramsci, eso equivale a conquistar una fortificación desde dentro: lo que se busca ya no es derrotarla, sino volverla inocua frente al proceso de “transformación”.

Chile necesita comprender que esta erosión no es solo un problema militar. Es un problema cultural y político de fondo. Cuando un país permite que no se respete a quienes lo defienden, termina también debilitando la idea misma de soberanía.
Y sin soberanía —siguiendo a Gramsci— no hay política posible ni libertad que proteger.

Tarea primordial para los próximos gobiernos: recuperar las Fuerzas Armadas y su lugar como sostén orgulloso de la República.

El gobierno de Boric extorsiona a las Fuerzas Armadas chilenas

Andrés Montero

10/oct/25 – 10:38Actualizado: 10/oct/25 – 10:38

Cuando el precio del cobre – principal producto de exportación chileno – se acerca de a poco a los 5 euros la libra, las FFAA chilenas sufren penurias por restricciones económicas. En 1958 bajo el gobierno del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, se aprobó una ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas chilenas, en la que se utilizaban recursos provenientes de la gran minería para asegurar capacidades operativas y estratégicas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

En 2019, bajo el gobierno de Sebastián Piñera y con mayoría opositora en la Cámara de Diputados, se derogó la Ley Reservada del Cobre, que había sufrido distintas modificaciones. Con esto, las Fuerzas Armadas quedaron expuestas a lo que determine el presupuesto de la Nación.

Sin embargo, la grave situación de las arcas fiscales chilenas y una evidente discriminación a las entidades militares, los recursos han sido reducidos y más grave aún, no se ha cumplido con los desembolsos asignados por ley. Adicionalmente, a las Fuerzas Armadas se les han aumentado sus labores de control de la frontera norte, para impedir inmigración ilegal y controles en la macrozona sur, en cuyo entorno actúan terroristas con “fines reivindicatorios” de tierras.

Esta semana en una reunión sostenida en el Congreso por los altos mandos, en el marco de la discusión legislativa para el presupuesto 2026, se ha destapado el hecho de que solo al Ejército de Chile le hacen falta al menos 35 millones de euros, para llegar a fin de año. Adicionalmente, las Fuerzas Armadas chilenas cumplen un rol de supervisión de la seguridad del proceso eleccionario presidencial próximo, a desarrollarse en noviembre.

De existir segunda vuelta, en diciembre se llevará a cabo un segundo proceso electoral. Los recursos para llevar adelante estas tareas están en riesgo. Lo sorprendente de esta realidad, es que al gobierno de Boric, no le faltan recursos para nuevos memoriales históricos que promueven una historia falsa y sesgada. Tampoco le faltan recursos para financiar todo tipo de fundaciones cercanas a la izquierda, cultura a su medida e innumerables viajes de promoción de la “política exterior feminista” llevada a cabo por el Ministerio de Exteriores. El Estado de Chile ha aumentado el número de funcionarios en 100 mil, bajo el gobierno de ultraizquierda.

Chile es un país que ha sufrido amenazas y conflictos, tanto en su frontera norte, como en su extensa frontera con Argentina. Aunque hoy no existen conflictos inminentes, su compleja geografía y su condición de país marítimo, requieren recursos para su defensa territorial y para asegurar la paz. Los jóvenes gobernantes, que ahora apoyan una candidata comunista – caso raro en el mundo – siempre le han tenido odio a las Fuerzas Armadas chilenas. Su máxima venganza ha sido mantener prisioneros a oficiales de 80 y 90 años, quienes mueren cada día enfermos y abandonados. Para ellos no hubo justicia, pues algunos fueron entonces jóvenes oficiales que cumplieron órdenes y en muchos casos ni siquiera participaron como autores de hechos reprobables. Los chilenos esperan, que esta maldita persecución tenga un fin próximamente.

Todo indica que la derecha regresará al poder y los izquierdistas furibundos – un 30 % – tendrán que acostumbrarse a ser oposición y sus líderes a volver a trabajar. A ellos les gusta vivir del Estado y de los organismos internacionales. Quien no sufrirá apremios económicos, será Boric, que sin cumplir aún 40 años, tiene asegurado su salario de por vida. Se le verá dictando conferencias entre los “progres” de todo el mundo, contando su historia y la de un grupo de inexpertos que llegaron a gobernar Chile sin tener la experiencia ni las capacidades para ser eficientes. Boric en marzo de 2026, entregará un país endeudado, dividido, asediado por el crimen organizado y con unas Fuerzas Armadas que tendrán que recuperar su dignidad, arrebatada desde la billetera fiscal, en otras palabras, una vez más han sido extorsionadas.

Andrés Montero

Reflexiones Australes

Video 18 de octubre:

Para los que se preguntan cómo reducir los gastos del Estado, aquí unos pocos ejemplos:

La nómina de sueldos (millonarios) del Instituto Nacional de DD.HH.:

Documentalista del gobierno de Bachelet se adjudica $602 millones del CNTV para miniserie sobre “cuatro amigos socialistas”

Esta semana el Consejo Nacional de Televisión dio a conocer a los 17 ganadores de los fondos que reparten todos los años para distintas producciones. La directora Tatiana Gaviola, de dilatada trayectoria y que estuvo envuelta en una polémica cuando fue contratada por La Moneda para realizar la memoria audiovisual del segundo gobierno de la ex Mandataria, fue una de las seleccionadas para llevar a cabo su proyecto de miniserie de ficción política “¿Has visto a Pablo?”.

por Renato Gaggero11 octubre, 2025

“¿Has visto a Pablo?”. Ese es el título de la miniserie de ficción política basada en hechos reales, dirigida por la cineasta Tatiana Gaviola, que esta semana se adjudicó un fondo del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por $602.185.490.

La producción, que fue una de las 17 ganadoras de fondos entre más de 230 proyectos que concursaron (ver ganadores aquí), “narra la historia de Aníbal, Isabel, Carlos y Pablo, cuatro amigos socialistas en los años 70, separados por la dictadura y una supuesta traición”, dice el comunicado del CNTV.

Imagen de “¿Has visto a Pablo?”

“Cincuenta años después, Aníbal cree ver a Pablo, el compañero desaparecido, y junto a Isabel inicia una búsqueda que reabre viejas heridas. La serie alterna entre el presente y flashbacks de su juventud, planteando dudas sobre la verdadera identidad de Pablo y su rol durante la represión. Una historia íntima y vibrante que rescata la memoria histórica, el trauma de los detenidos desaparecidos y la necesidad de justicia”, se agrega.

A pesar de tener una dilatada trayectoria como cineasta y documentalista con piezas como “La mirada incendiada” -que relata la historia de Rodrigo Rojas de Negri-, “Teresa”, “Mi último hombre”, “Magnicidio” -que aborda el supuesto asesinato del Presidente Eduardo Frei Montalva un año antes de que la Corte Suprema descartara esa tesis- y “Ángeles” -esta última con una trama similar a “¿Has visto a Pablo?”, pues narra la historia de un grupo de amigos de izquierda que estudian en la universidad a inicios de los años 70 y que, tras la caída del gobierno de Salvador Allende, algunos son detenidos y desaparecidos-, Gaviola tuvo un cuestionado paso por el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Los contratos para el registro audiovisual del gobierno de Bachelet

En febrero de 2016 salió a la luz pública que Gaviola había sido contratada por Presidencia para la realización de un documental sobre la segunda administración de Michelle Bachelet.

Si bien en un principio se habló de un acuerdo de $40 millones para esos fines, una investigación de El Líbero dio cuenta que la confección del documental tendría un costo mucho mayor.

En noviembre de 2014 Presidencia contrató a honorarios a Tatiana Gaviola por un monto de $3.382.500 como asesora de la dirección administrativa, a cargo de Cristián Riquelme. Pero el vínculo a través de ese formato se extendió sólo hasta el 31 de diciembre de ese año ($6.765.000 en total).

Tatiana Gaviola

Según fuentes de ese gobierno que estuvieron siguiendo el tema desde cerca, siempre estuvo contemplado que Gaviola trabajara en la realización de un registro audiovisual sobre el mandato de Bachelet.

En mayo de 2015, Riquelme, que era el administrador de La Moneda, habría ideado otra fórmula para pagar por sus servicios. Mediante la resolución exenta N°1121 (ver aquí), que firma el 14 de mayo, Presidencia volvió a contratarla por trato directo a través de su empresa Gaviola y García Producciones de Cine y TV LTDA. En el documento se señalaba “la necesidad de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, de contratar los servicios de edición documental, consistente en la selección, organización y montaje del material audiovisual disponible en la cámara presidencial de la Dirección de Prensa de la Presidencia de la República, que testimonie la gestión presidencial de S.E. Presidenta de la República a través de los hitos más relevantes”.

Más adelante se detallaba que la empresa de Gaviola –era dueña del 95% de sus acciones- debería entregar un documental de una hora de duración en un disco duro y cinco copias en formato DVD, material por el que se le pagarían $24.800.000, en dos cuotas.

Entre julio y diciembre de 2015, la cineasta volvió a ser contratada vía honorarios por el mismo salario de antes: $3.382.500 (recibió 20.295.000 en total).

Y el 31 de diciembre de 2015, mediante resolución exenta N°3080 (ver aquí) firmada por Riquelme, se le volvió a contratar por trato directo. Pero esta vez no a su empresa, sino que a Tatiana Gaviola como persona natural. ¿La misión? La misma de antes: “Realizar la Memoria Presidencial en formato audiovisual, que permita mantener el registro de la gestión del Gobierno de S.E., la Presidenta de la República, con una vigencia de 12 meses a contar del 01 de enero de 2016”. Todo, por un monto de $40.000.000.

El formato de contratación fue cuestionado por expertos en transparencia y compras públicas, quienes advirtieron que los contratos estaban rozando la ilegalidad. De hecho, Cristián Riquelme tuvo que dejar su cargo días después de que estallara la polémica.

La oposición de ese entonces recurrió a la Contraloría para que se dejara sin efecto el contrato, pero en el buscador del ente contralor no figura publicado ningún dictamen que entregue luces de que se haya revertido la contratación. En el portal de Transparencia de la Presidencia de la República, en tanto, no figuran los datos de contrataciones de los años anteriores a 2018 para ver si Gaviola siguió contratada tras la polémica. Pero todo indica que sí.

¿Qué ocurrió con el documental?

El año 2020 el medio Interferencia consultó a Gaviola por el documental. Según la publicación, “Gaviola aclaró haber entregado el documental a finales del periodo presidencial de Bachelet, es decir, a comienzos de 2018. Además, agregó no recordar el nombre específico del departamento o unidad donde hizo entrega del material”.

En marzo de 2016, un mes después de la polémica, la propia cineasta explicó en revista Sábado en qué consistía el trabajo que estaba realizando para la Presidencia. “Se creyó que esto lo iba a empezar a hacer ahora, para este año, y no es así. Yo lo vengo trabajando desde fines de 2014 y lo terminaré en marzo de 2018. Semestralmente entrego material audiovisual de aproximadamente una hora de duración cada uno, con todo lo que se hizo esos meses en cuanto a gestión presidencial (de Bachelet). Esos dos semestres luego los sintetizo en una hora. Y, a su vez, los cuatro años de gobierno estarán sintetizados en una hora y media, de manera que puedas ver, temáticamente, qué se hizo en el período”, dijo.

Ahí aclaró que lo que ella hacía no era un documental propiamente tal: “No es para ser proyectado públicamente. La idea es que quede en La Moneda como patrimonio. Y cuando mires en perspectiva este período puedas tener material de base para investigar lo que fue la reforma educacional o el tema de las relaciones internacionales. Está muy lejos de ser propaganda política. No tiene nada que ver. Quien lo mire se va a dar cuenta de que no está construido como documental propagandístico o promocional”.

Además de las fundaciones truchas y contrataciones infundadas.

Rolf Lüders: “Es posible técnicamente rebajar el gasto fiscal en 6 mil millones de dólares en un año y medio”

Marcelo Soto

El economista Rolf Lüders, exministro de Hacienda de Augusto Pinochet y uno de los pilares de los Chicago Boys, es una voz autorizada en el mundo económico liberal. En esta entrevista, analiza algunos tópicos de la campaña presidencial y desmenuza el presupuesto anunciado por Boric. Dice que bajar US$ 6 mil millones es posible, pero advierte que el ejemplo de Milei demuestra la necesidad de negociar políticamente.

-¿Usted cree que es posible rebajar 6 mil millones de dólares en un año y medio en el gasto público como plantea Kast? Evelyn Matthei dijo que “no se llega ni por un lado”.

-No cabe la menor duda que Chile requiere de una reforma del Estado que aumente su eficiencia y genere un superávit que permita reducir paulatinamente su deuda y repletar los fondos de reserva de los cuales en algún momento gozamos.  Respondiendo a su pregunta y en estricto rigor, claro que es posible técnicamente rebajar el gasto fiscal en esos 6 mil millones de dólares en un año y medio y es más, una medida así va en la dirección correcta.

La pregunta del millón es si eso se puede lograr políticamente en el Chile de hoy. Quizás sea útil tener en cuenta que un ajuste probablemente de similar magnitud relativa e incluso mayor, lo acaba de hacer en Argentina, en unos pocos meses, Javier Milei, pero -al parecer- con un importante costo político, por lo que está en peligro su programa de reformas.

-Se ha criticado que este gobierno usa el aparato estatal para financiar amigos o pagar favores. ¿Hay un exceso de burocracia que podría ser erradicada?

-Así es y existen varios estudios recientes que cuantifican ese exceso de burocracia. En Chile, como norma y desde algunas décadas, cada nuevo gobierno ha contratado personal de su confianza, sin despedir el personal existente en esas funciones.  A menudo este nuevo personal se ha contratado para administrar nuevos programas sociales –hoy hay unos 600 de estos- muchos de los cuales son muy mal evaluados, pero no se descontinúan porque gozan de apoyo político cruzado.

–Laura Albornoz, por ejemplo, ha sido objeto de críticas por mantener su cargo en el directorio de Enap y, al mismo tiempo, desempeñarse como vocera de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara. ¿Observa una falla en esta materia?

-Lo prudente en este caso –donde Laura Albornoz al parecer está jugando un rol muy importante en el comando de Jeannette Jara- sería que ella al menos hubiese suspendido su participación en el directorio de ENAP durante el período de la campaña presidencial.

La norma en Chile es que los directores independientes de empresas tienden a ser de tiempo parcial, es decir, que realizan otras actividades además de los directorios. Esta práctica incluso enriquece la labor del director.  En estos casos, el comportamiento ético consiste en que el director se abstiene de participar y votar en casos de conflicto de interés, como podría ser el de Laura Albornoz en esta oportunidad.

–El último Imacec fue de 0,5%. ¿El gobierno de Boric tendrá el menor promedio de crecimiento desde la transición?

-Puede que eventualmente ello resulte ser así, pero eso no es lo importante. No se trata –si deseamos salir de la trampa de los países de ingreso medio- de crecer económicamente unas pocas décimas más o menos que bajo un gobierno de otro signo, sino de crecer al menos unos dos puntos anuales más.  Lo anterior es posible como se sostiene en El Puente (un grupo de economistas chilenos que busca reactivar el crecimiento económico del país).

Pero requiere voluntad transversal para adoptar las medidas necesarias para crecer económicamente, voluntad que hasta hace poco no existía.  Es más, incluso algunos abogaban por el decrecimiento.  Ahora, afortunadamente, el ambiente parece haber cambiado y al menos los principales candidatos presidenciales, tienen el crecimiento económico y la generación de empleo entre sus dos o tres prioridades.

-Jeannette Jara presentó su programa donde insiste en el sueldo vital de 750 mil pesos. 

-Es cierto que la candidata insiste en el salario vital de 750.000 pesos mensuales, pero ahora propone evitar sus efectos negativos sobre el costo de la mano de obra, y por ende sobre el empleo, mediante una transferencia fiscal a las pyme que compense tal alza de costos.  Es decir, traslada el problema del mercado laboral al fisco. Se trata, además, de un pon y quita engorroso administrativamente. Si se desea asegurar que las personas gocen de un ingreso mayor al que clarea el mercado de trabajo, sería mucho más eficiente hacerlo mediante un impuesto negativo al ingreso (INI).

¿Qué riesgos para Chile representa una posible presidenta comunista?

La respuesta a la pregunta sobre mi reacción frente a un gobierno liderado por un o una comunista requeriría una respuesta de varias páginas. ¿Existe en la actualidad un Partido Comunista, así, con mayúscula? ¿Existe una doctrina comunista? En general, eso sí, asocio al comunismo de facto con un sistema político autoritario y el predominio estatal absoluto en materias económico-sociales. Nada más alejado de mis preferencias.

-¿Cómo evalúa el último presupuesto de Boric?

-Se trata de un presupuesto de continuidad, que –como era de esperar- refleja en alguna medida las preferencias valóricas del actual gobierno (a pesar de que debe implementarlo el próximo). En ese sentido, llama la atención que no incluya la tradicional glosa republicana.

En materia de responsabilidad fiscal, el presupuesto cumple formalmente con los requisitos exigidos, pero no puedo juzgar si la estimación de ingresos nuevamente está sobreestimada. Además me habría gustado que se incluyan en la información hecha pública los gastos fiscales bajo de la línea, las deudas públicas –incluyendo aquellas de las empresas estatales- formalizadas, y los montos atrasados de pagos, como parecen ser aquellos del Ejército. En segundo lugar, un punto muy importante sería que los gastos presupuestados fuesen menores, para así iniciar un proceso de reducción de la deuda pública y del déficit fiscal.

-¿Tiene decidido su voto?

-No he decidido aún mi voto a favor de uno u otro candidato, pero lo haré días antes de la elección y estratégicamente para apoyar aquella alternativa que maximice las posibilidades de tener un gobierno que fortalezca nuestra democracia liberal. Y que pueda generar los cambios necesarios en nuestra institucionalidad económica para, en el marco de una economía social de mercado, duplicar al menos nuestro crecimiento económico de tendencia.

COLUMNA DE OPINIÓN DE PILAR MOLINA

Periodista.

Los hoyos del queso

Sendas declaraciones de la exministra Tohá y el ministro Grau ponen el dedo en la llaga de por qué la izquierda perderá las próximas presidenciales.

Esta semana dos declaraciones dieron en el clavo de por qué la oposición va a ganar las presidenciales, a pesar de la0 intervención electoral del Gobierno y de las amenazas a la futura gobernabilidad si la izquierda pierde La Moneda. Una fue la de la ex Ministra del Interior y la otra, del Ministro de Hacienda.

Carolina Tohá, en un conversatorio con público latino en París, hizo un descarnado análisis de la relación de la izquierda con la delincuencia y el acatamiento de las leyes. Sus opiniones reflejan las dificultades que vivió mientras dirigió el Ministerio del Interior y Seguridad, principalmente con la ultra izquierda del PC y del Frente Amplio, a pesar de que ella no discrimina entre ese polo y el del Socialismo Democrático. De esa izquierda en el poder, sumándose ella misma, señala que “tendemos a explicar la inseguridad como resultado de otros problemas”.

“Hay dos necesidades primordiales hoy: seguridad y empleo. La primera requiere respetar la ley y la policía y, el segundo, no obstaculizar la libre iniciativa privada para crear riqueza”

Eso es exactamente lo que hace Gabriel Boric el mismo día que asume la Presidencia, cuando en su primer discurso asevera que “la desigualdad es su origen”, refiriéndose a la delincuencia.

Y la ex ministra PPD añade que es una “trampa” esa mirada para explicar la inseguridad, a lo cual habría que agregarle también la violencia, porque tienen el mismo clivaje en la visión de izquierda: “si la inseguridad es una consecuencia de la desigualdad, la exclusión y la pobreza, agrava estos problemas y hace difícil de resolverlos”. Pero el argumento principal de la trampa es que “las mayores víctimas de la desigualdad son los más desprotegidos, no los poderosos”, y son a los primeros a quienes más les cuesta obtener justicia y los “más vulnerables a caer en carreras delictuales”.

Exactamente esa es la interpretación causal que el Presidente Boric le da también a la violencia (que mezcla indistintamente con la delincuencia) y la repite cada vez que se refiere al 18-O, donde critica que se le tilde como “estallido delictual”. Él ha defendido que pudo tener un ingrediente de violencia, pero que fue una expresión de las injusticias “que coinciden con las demandas que se expresaron en el estallido social, (que) no han sido resueltas; atenderlas es prioridad de nuestro gobierno: seguridad, pensiones, salud, salud mental, la crisis de la vivienda” (discurso en la Sofofa, 26 octubre 2022).

Y, es más, en numerosas ocasiones agradece la violencia como partera de la historia. Junto con asumir, desde los balcones de La Moneda, asevera: “No estaríamos aquí sin la movilización de ustedes”. No fue una movilización cualquiera, sino que una delictual, pero él hace caso omiso de ese factor esencial, como lo hicieron también en la Convención Constitucional líderes como Fernando Atria, que la justificaron para llegar allí. Y por eso el “compromiso”, así lo llamó, con los indultos a quienes no fueron juzgados por la desigualdad, la pobreza, los abusos o por las demandas insatisfechas, sino porque cometieron delitos comunes. Algunos tenían prontuario de delitos comunes previo a la revuelta. Pero el Presidente no consideró fechorías las condenas por saquear supermercados, atropellar a un detective, incendiar hoteles o universidades. Fueron parte de la movilización que sirvió a sus fines: abrir el proceso constituyente. Y llamó insistentemente a apoyar sus reformas como mecanismo para neutralizar nuevos estallidos, partiendo por la tributaria y la previsional.

Dos años después, volviendo sobre los incidentes del 18-O, Boric señalaba “hay otra violencia que también es más profunda, las desigualdades, la impunidad, la falta de ejercicio de derechos a quienes más lo merecen”, reivindicando la movilidad social como instrumento para avanzar. Y reiteraba que la movilización (esa que lleva implícita la violencia y delinquir) ha sido la única forma de avanzar (23 agosto 2024).

Con esa concepción de los avances sociales (donde el trabajo bien hecho y las políticas públicas adecuadas no existen), se entiende el reproche de Tohá a “los complejos de la izquierda que le tienen alergia a la policía”, al “orden público” y a “hacer cumplir la ley”, a pesar de que “es la principal protección de los vulnerables”.

Por eso ha envejecido tan mal el octubrismo, porque si bien es cierto que antes hubo apoyo a la protesta violenta para demandar cambios, hoy el clamor es por la crisis de inseguridad que se oye con desesperación en las poblaciones, no en Vitacura.

De ahí que ahora las personas no estén mirando a la izquierda que amparó la movilización social insurreccional, que le quitó toda legitimidad a carabineros para reprimir la delincuencia y que en gran parte no apoyó los proyectos de seguridad de su propio gobierno, con los cuales hoy se jacta La Moneda de haber hecho más que ningún otro en materia de seguridad (principalmente por los votos de la derecha). Hoy los vecinos buscan orden y atajar el crimen organizado que reemplaza al Estado en las poblaciones.

Las otras perforaciones del queso corrieron por cuenta del ministro Nicolás Grau. Admitió esta semana que el desempleo “es el pendiente más importante que tenemos nosotros”. Y quien encabezó el Ministerio del Trabajo, Jeannette Jara, es precisamente la candidata de continuidad, que ha buscado convertir en su fortaleza las 40 horas y el alza del salario mínimo. Lamentablemente, informes del Banco Central han reparado que justamente el alza de los costos laborales, por arriba de la productividad, es lo que ha impedido volver a tasas de desocupación anteriores a la pandemia.

Grau, que en un su nuevo rol en Hacienda hace acrobacias políticas con las cifras para intentar demostrar que este gobierno no será el con los peores resultados económicos desde 1990, ha procurado destacar la “disminución de la informalidad y la creación de puestos de trabajo con protección social”. Por desgracia, dato mata relato y lo que indican las cifras de cotizantes, así como las del seguro de cesantía, es todo lo contrario. “Los empleos formales han caído desde 2022”, señaló a fines de agosto el economista David Bravo, comparando los registros administrativos de las AFP con las erróneas estimaciones del INE.

Hay dos necesidades primordiales hoy: seguridad y empleo. La primera requiere respetar la ley y la policía y, el segundo, no obstaculizar la libre iniciativa privada para crear riqueza. Esos principios ajenos a quienes “habitan” hoy La Moneda son los mismos que determinarán la salida de la izquierda del poder.

Dirección PC del Servicio Médico Legal deberá ofrecer disculpas por caso de maltrato y discriminación por razones políticas

La justicia también condenó a la organización dirigida por la comunista Marisol Prado a pagarle $10 millones de indemnización a la exjefa del Departamento de Asesoría Jurídica por haber vulnerado sus derechos físicos y psíquicos. A la abogada la excluyeron del trabajo y le quitaron labores hasta eliminar la unidad de la que estaba a cargo. En su lugar, Prado nombró a una militante del PC con antecedentes curriculares inferiores a los de la denunciante. El SML también deberá pagarle retroactivamente la asignación de funciones críticas mensual que le quitaron en 2023.

por Gracia Rodrigo13 octubre, 2025

El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenó a la dirección nacional del Servicio Médico Legal (SML), dirigida por Marisol Prado (PC), a indemnizar y ofrecer disculpas a la exjefa del Departamento de Asesoría Jurídica, quien presentó una demanda por maltrato laboral y discriminación por razones políticas en octubre de 2023.

Este caso es el primero que termina con una reprimenda a la gestión de Prado, cuyo trato ha estado permanentemente cuestionado en tensiones internas que se han visto reflejadas en tutelas laborales y denuncias en Contraloría.

Según la abogada Yasmine Picero, quien representó a la denunciante, este caso “no era una simple tutela laboral. Aquí había una implicancia política importante y que también es relevante para nuestro país, porque estamos siendo testigos de autoridades con mucho poder que están tomando decisiones arbitrarias, que no les importan las personas, sino que les importan más que nada, fines de tipo político”.

Este medio consultó al SML si ya han avanzado con alguna de las órdenes de la condena, sus impresiones sobre el proceso y qué medidas han tomado para mejorar el clima laboral, pero informaron que no se referirán a este tema. La directora Marisol Prado tampoco accedió a declarar en la causa y mandó a una representante (ver abajo).

Pago de funciones críticas y $10 millones de indemnización

La denunciante (A.C.) no tiene militancia política, cuenta con una carrera de más de 21 años trabajando en el SML y estuvo 14 como jefa del Departamento de Asesoría Jurídica, por lo que en su demanda destaca que se desempeñó sin inconvenientes bajo gobiernos de diferentes signos, hasta que llegó Marisol Prado.

Desde entonces, denunció, comenzó a ser excluida en reuniones y comunicaciones hasta llegar a quitarle labores y hasta su “función crítica”, que es una asignación monetaria que reciben algunos profesionales del Estado por hacer trabajos exclusivos y estratégicos para la gestión. En efecto, Jurídica era la sección que podía darle luz verde o roja a las iniciativas de la directora.

Eso, dicen en el SML, no le habría acomodado a Marisol Prado, por lo que sorpresivamente para la denunciante, eliminó la Unidad de Asesoría Jurídica y creó una Fiscalía hoy dirigida por una abogada también del PC y con antecedentes curriculares que son «notablemente inferiores» a los de la demandante, dice la sentencia.

A la denunciante Prado no sólo le quitó ingresos de la “función crítica”, sino que la trasladó a una Unidad Disciplinaria y Probidad, donde en principio sólo trabajaba ella. “Fue una degradación”, dice Picero, quien agrega que debido a todos los temas sensibles que maneja el SML y al conocimiento de A.C. en medicina legal, mantener a su representada en la jefatura “era un riesgo para la gestión de Prado. Así de simple”.

«El único nexo previo entre ambas (entre Marisol Prado y la abogada que llevó a la jefatura de la Fiscalía) era su militancia política, lo que, sumado a los dichos de la testigo (nombre en reserva) quien enfatizó que la directora nacional mencionó que su decisión se fundó en motivos de confianza política, y atendido también que la actora no se encontraría afiliada a ningún partido político y que prestó servicios respondiendo directamente a jefaturas nombradas, en última instancia, por autoridades de distintas corrientes políticas, permite establecer también un indicio de peso en cuanto a que la decisión adoptada se motivó por afinidad política o ideológica«, dice el documento del juez Santiago Peña.

Si bien el juez reconoció la facultad de Prado para reorganizar el servicio, afirmó que «no le era dable ejercer tales atribuciones ilimitadamente, sino que debió fundar adecuadamente sus decisiones», de eliminar y crear unidades y cargos, cuestionando también la eficiencia de las medidas.

Todos los antecedentes fueron considerados detalladamente en 96 páginas por el juez, quien ordenó “el pago de $1 millón mensual por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2023 y hasta la fecha en que la sentencia se encuentre ejecutoriada, a título de indemnización por la falta de integro de la asignación de función crítica que formaba parte de sus remuneraciones”. Esto, afirmó el magistrado, “equivale a la indemnización del lucro cesante sufrido por la funcionaria, quien dejó de recibir dicha parte de sus remuneraciones producto de decisiones (y) actos que se ha determinado que vulneraron sus derechos fundamentales”.

Asimismo, determinó que se le debe indemnizar con $10 millones por haberse establecido que la mujer “fue vulnerada en su integridad psíquica y física, y que sufrió, a causa de ello, un daño moral, padeciendo, incluso por periodos posteriores a la fecha de la interposición de la denuncia, de una enfermedad que debió ser tratada por psiquiatras”.

El tribunal ordenó que se ajustaran los montos de las indemnizaciones con intereses y reajustes y que se cubrieran las costas judiciales por un monto de $3 millones.

El Departamento de Asesoría Jurídica no fue el único desechado. Marisol Prado también eliminó la Unidad de Derechos Humanos, creando un puesto de coordinación cuya representante también terminó recurriendo a la justicia acusando malos tratos de la directora. La exjefa de DD.HH. dijo a El Líbero el año pasado “que desde el partido siempre tuvieron la intención de deshacerse de la unidad. La visión del PC era diferente a la nuestra, y no importó cuánto insistimos en la necesidad de nuestra labor”.

Disculpas por parte de la dirección del SML

Adicionalmente, el tribunal ordenó que “como medida de reparación de la honra de la denunciante”, la dirección nacional del SML envíe un mail a todos los funcionarios de la Fiscalía, en este tenor:

“La dirección nacional del Servicio Médico Legal, ofrece una disculpa pública a la profesional de carrera de esta institución, la abogada A.C.D., por toda acción vulneratoria y el trato que recibiera de parte de esta autoridad al suprimir su cargo de jefatura nacional de Asesoría Jurídica, entre otras circunstancias gravosas ligadas a la reestructuración dispuesta por esta autoridad en la materias de su competencia y sin que tal supresión se debiese al desempeño de la profesional, el que se reconoce ha sido intachable y se obliga a propiciar una mejora en el clima laboral y al cese de toda perturbación en el ejercicio de la labor de la profesional A.C. en el SML”.

El mail aún no es enviado, pero la dirección tiene un mes para hacerlo luego de que la sentencia quede firme.

La demanda también pedía que se ordenara la realización de cursos sobre normas laborales, sin embargo, la justicia lo desestimó afirmando que debiera ser materia conocida por la autoridad. No obstante, las denuncias contra la gestión de Prado -al menos una por ley Karin-, no se condicen con ello.

Directora del SML no declaró

Al llegar los casos de acoso y malos tratos de la dirección del SML a la justicia, fue el Consejo de Defensa del Estado  (CDE) el que tomó la representación del servicio y de Prado. Normalmente, se llama a dar prueba testimonial al acusado, sin embargo, Marisol Prado no asistió.

Según relata la abogada Picero, se le llamó a declarar, pero ella optó por enviar a una funcionaria en su representación, quien llevaba apenas un mes trabajando en el servicio, de modo que no supo contestar varias inquietudes.

“Eso la ilustra muchísimo (…) de no comparecer ella, se puede presumir como cierto la postura o los hechos que uno denuncia”, comenta la representante de A.C., quien agrega que la defensa del CDE nunca negó la existencia de los hechos vulneratorios, sino que más bien defendió la potestad de la directora para tomar medidas como cambiar cargos y crear o eliminar unidades.

Si bien Picero avizora una pronta apelación del CDE, cree que este primer fallo contra la dirección de Marisol Prado “puede tener un impacto, porque es la primera que relata y que grafica la gravedad de la arbitrariedad que puede existir de una dirección de servicio que cree que todo lo puede hacer, y no todo lo puede hacer. Existe una Constitución, existen las leyes”.

“Cuando Chile era como Venezuela en los titulares” :

Otra muerte mas de un Militar Prisionero Político del Campo de Exterminio Punta Peuco:

En la madrugada del o8 de octubre, dejó de existir nuestro camarada y PPM, Coronel de Ejército Juan Morales Salgado,

8 de octubre 2025   Boletín Cren N° 40   Geratricidio Carcelario   www.ongcren.cl        UN SOLDADO MÁS QUE SE VA, OTRA INJUSTICIA QUE QUEDA   Con una impotencia que nos abruma somos testigos de que nuestro amigo y camarada el Coronel (R) Juan Morales Salgado, que debió padecer tras las rejas una larga y cruel enfermedad , que lo tuvo postrado largo tiempo sin capacidad de levantarse ni valerse por si mismo, nos ha dejado. Solo la misericordia del creador que lo llamó a su encuentro, lo liberó de las rejas de la crueldad y la venganza. Montado en “Peregrino -su brioso corcel-  emprendió el galope acompasado al mas alla, donde legiones de jinetes saldrán a su encuentro para guiarlo hacia la eternidad Uno de tantos jinetes conmovidos por su partida, nos recuerda que “Un hombre solo muere cuando es olvidado” , no será el caso de “Juanito,”como cariñosmente se le conocía, formó  generaciones de junetes que lo mantendrán en sus recuerdos, como el hombre que fur, según otros era habitual encontrarlo en las pesebreras de los mas variados lugares, jugando truco, con una copa de vino y un pucho en la poca, contando anécdotas y mentiras. Nuestro profundo pesar a Cuca y sus hijos, los que orgullosos han lucido el uniforme de la patria, y a sus caradas de Punta Peuco que lo apañaron en los momentos de dolor y flaqueza.   Compartimos con ustedes, la sentida despedida de sus camadas en desgracia.     PUNTA PEUCO INFORMA  Con profundo pesar comunicamos que en la madrugada de hoy, 8 de octubre de 2025, a las 6:20 horas, falleció en el Hospital Militar el Coronel (R) Juan Morales Salgado (Q.E.P.D.), a la edad de 83 años, víctima de una insuficiencia respiratoria tras una larga enfermedad.   Privado de libertad por más de 15 años, soportó con fortaleza y dignidad los rigores de una prisión injusta, convertida en castigo político para quienes entregaron su vida al servicio de Chile.   Fue un hombre de convicciones firmes, un soldado íntegro y un camarada leal que enfrentó la adversidad con entereza hasta su último aliento.   Su partida nos enluta profundamente y se suma a la dolorosa lista de 37 camaradas fallecidos durante este gobierno.   Desde nuestras celdas, quienes aún permanecemos privados de libertad lo despedimos con respeto y gratitud, reconociendo su coraje, lealtad y amor a la Patria.   Descanse en paz  Coronel.  al fin vuela LIBRE!   Sus camaradas.     Sus restos serán velados en el Parque del Recuerdo   Acompañemos a su familia en su despedida. Jueves 9 octubre 13:00 Parque del Recuerdo .         COMPROMISO   Su partida no es un hecho aislado, es la expresión de un sistema que persigue con saña a los soldados del 73, por causas políticas, negándoles todos sus derechos. Hoy ancianos, algunos enfermos incapaces de valerse por si mismos resisten estoicamente la adversidad Despedimos con respeto a juan morales Salgado y con la certeza de que su historia ya se ha convertido en un símbolo más de la doble vara y la crueldad institucional que impera en Chile. Redoblaremos los esfuerzo realizados junto a las familias, amigos, compañeros y organizaciones que luchan incansablemente para desenterrar la Verdad y que se haga Justicia       Para ampliar su difusión compartelo y comentalo. boletin@ongcren.cl

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PuntaPeucoHoy @PuntaPeucoHoy

PPH PRENSA COMUNICADO OFICIAL 《 Recurso de Protección CCP Punta Peuco 》 El 8 de octubre de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el Recurso de Protección presentado por la abogada Carla Fernández Montero, en representación de los internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, frente a medidas adoptadas por Gendarmería de Chile que vulneran derechos fundamentales y la dignidad humana de los reclusos. ” Hechos que originan el Recurso ” El 6 de octubre, el alcaide del penal, Roberto Santibáñez Rojas, informó a los internos que se instalaría un muro divisorio en el patio común del recinto, por orden de la Jefatura Nacional de Gendarmería. Esa medida, basada en un decreto presidencial aún no vigente, obliga a desarmar los rucos y retirar los enseres personales, eliminando el único espacio de convivencia y visitas de hombres mayores y enfermos, afectando su salud física y emocional.

” Razones ” El recurso sostiene que la actuación de Gendarmería es ilegal y arbitraria, al aplicar una medida sin fundamento jurídico ni proporcionalidad, violando el artículo 19 N°1 de la Constitución, que protege la integridad física y psíquica de toda persona. Se solicita a la Corte dejar sin efecto la medida, restablecer el imperio del derecho y garantizar condiciones dignas de reclusión. ” Importancia de la Admisibilidad ” La admisión del recurso constituye un paso relevante: obliga a Gendarmería a rendir un informe formal ante el tribunal y abre la posibilidad de una revisión judicial del fondo. Este hecho representa una señal de esperanza para los internos y sus familias, que durante años han vivido situaciones de abuso y desprotección.

Por fin la humanidad está llegando a varios en el Congreso, pero aún hay otros que son dominados por la venganza y el odio:

Oficio al MINJU:

Oficio MINJU Pta Peuco

¿Cuántos “Tocornales” Más Habrán?

Por Cristián Labbé Galilea

Tanto el “caso Tocornal” como el de la “detenida-aparecida”, no sólo han tenido amplia cobertura si no, que “han puesto la pelota al piso” en un tema al que la sociedad le ha hecho el quite desde hace tiempo… “la verdadera justicia”. Ambos casos han removido la conciencia ciudadana sobre el daño que generan falsos testimonios y lo irreparable que resulta la condena de un inocente por prejuicios o por jueces prevaricadores.

Son muchos los que hoy se preguntan ¿hasta dónde puede llegar la injusticia? Más duro aún, cuántos estarán pensando en la impotencia que deben haber sentido aquellos que, cargando sobre sus hombros una culpa que no les pertenece, murieron en cautiverio esperando que el sistema judicial que lo condenó tuviera el coraje de decir “nos equivocamos”.

Cabe preguntarse… ¿Habrá algo más injusto que condenar a un inocente, sin tener las pruebas necesarias, o por la declaración de sólo “un presunto afectado” cuyos falsos recuerdos reaparecen en forma milagrosa después de cincuenta años, o incluso por “ficciones jurídicas” creadas para fundamentar una injusta y prejuiciada condena?

Que fácil ha resultado para muchos, especialmente para nuestros políticos, “mirar para el lado” sabiendo que estas injusticias, particularmente en el caso de los militares, se han venido repitiendo por años. ¿Fue necesario que se conocieran los casos mencionados, ambos envueltos en denuncias falsas, condenas prejuiciadas, débiles garantías procesales e insuficientes pruebas, para que se tomara conciencia de lo precario e injusto que es nuestro sistema judicial?

Digámoslo claro, una condena injusta es un hecho irreparable, se trata de “una persona” que es despojada de sus derechos, de su libertad, de su reputación, situación que se agrava si esa injusta condena termina en que octogenarios soldados mueren privados de libertad, prisioneros del pasado que no conocieron la justicia, porque para ellos prevaleció el odio y la venganza.

Por lo mismo, la sociedad civil no puede ignorar que, en materias referidas a los Derechos Humanos, la izquierda ha logrado imponer tanto su verdad como su sesgo, violando todas las normas del derecho y del debido proceso, “a vista y paciencia” de una sociedad política que “ha dado la espalda” a los militares, y de un poder judicial “cooptado por la cobardía y la presión política”.

Estando ad-portas de una elección presidencial, es importante que los postulantes a la Moneda se pronuncien al respecto. ¿Mantendrán la conducta permisiva de sus partidos políticos ante quienes procuran que para los militares prime la venganza y no la justicia? ¿Mantendrán el apoyo al Instituto de los Derechos Humanos, que es una madriguera de comunistas? ¿O tomaran “el toro por las astas” y terminarán con “el geriatricidio” que significa que octogenarios soldados mueran injustamente privados de libertad?

Finalmente, pensando en la historia y no sólo en los casos comentados, esta pluma se pregunta, ¿estamos haciendo justicia en este país? ¿Estamos defendiendo la verdad? ¿Estamos garantizando procesos justos? Y, por último, ¿cuántos “tocornales” o “detenidas-aparecidas” más hay en nuestro país por injustas condenas?

Amparo por cuenta de gas de Punta Peuco 

Al parecer en el campo de exterminio los quieren matar con diferentes métodos:

AMPARO CTA. GAS PUNTA PEUCO

EN DEFENSA Y DÉFICIT PRESUPUESTARIO:

Ante la segunda Subcomisión Mixta de Presupuestos del Senado, los comandantes en jefe del Ejército y de la Armada detallaron el impacto financiero que afecta a sus instituciones de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). El general Javier Iturriaga y el almirante Fernando Cabrera se refirieron a los recursos con los que dispondrán el 2026 y detallaron las dificultades para finalizar el ejercicio 2025.

El general Iturriaga enumeró tres factores principales que afectaron las finanzas del Ejército este año. El primero corresponde a una rebaja presupuestaria aprobada en el Congreso. En esa línea, precisó que “en el subtítulo 21 nos afectó en $16 mil millones y fracción”.

Además, mencionó como un hecho positivo el aumento a la asignación de los soldados conscriptos, aunque aclaró que este incremento no contó con una partida en el Presupuesto.

La tercera causa que identificó corresponde a las labores extras que la institución realizó. “Todas las tareas extras que el Ejército ha debido cumplir en apoyo al país”, señaló. Iturriaga afirmó que la combinación de estos elementos generó un déficit.

Posteriormente, el almirante Fernando Cabrera, comandante en jefe de la Armada, se dirigió a la comisión, confirmando que su institución también sufrió afectaciones. “Al igual que el Ejército, fuimos un poco, o diría yo, bastante afectados. Principalmente, en el subtítulo 21 este año 2025”, sostuvo. Relató que lograron paliar el recorte gracias a un trabajo conjunto con la Dipres y el Ministerio de Defensa que permitió flexibilidad fiscal.

Exposición CJE:

Alerta del Ejército por falta de recursos tensiona discusión presupuestaria en el Congreso:

Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2025/10/09/1180025/ejercito-falta-recursos-discusion-presupuesto.html

El pequeño Presidente

5 octubre, 2025

Gabriel Boric suele repetir, con su habitual tono de estudiante aplicado, que camina sobre hombros de gigantes. La frase suena bonita en los manuales de historia, pero en su caso es pura impostura: cada vez que la pronuncia, lo único que logra es dejar en evidencia su propia pequeñez. Porque si de verdad alguien lo subió a hombros, lo dejaron demasiado chico para la baja altura en que ha desempeñado su cargo. Y desde ahí, lo único que ha hecho es confirmarnos que el traje de Presidente le quedó enorme.

La última cuenta pública fue la radiografía perfecta del “pequeño Presidente”. En vez de hablarle al país con grandeza, de trazar un horizonte o de marcar los ejes del legado de su gobierno, Boric usó la cadena nacional para lo único que sabe hacer: pelear como si siguiera en la FECH. Desde el sillón de La Moneda se permitió atacar a José Antonio Kast, un candidato opositor, como si aún estuviera en campaña y no al mando de un país en crisis. ¿Qué nivel de inseguridad debe tener un Mandatario para usar el micrófono oficial de Chile con el único objetivo de intentar desacreditar a su principal adversario político? Lo que vimos no fue un discurso presidencial, fue un berrinche político en horario prime.

Ese acto de cobardía institucional retrata lo que es Gabriel Boric: un adolescente tardío jugando a ser Presidente de la República. Mientras la delincuencia desborda nuestras calles, mientras el narcotráfico se toma barrios completos, mientras los hospitales colapsan y la economía se arrastra sin crecer, él prefiere subirse a una tribuna para desahogarse contra Kast. Al igual que sus ministros del Interior, Seguridad, Mujer, Defensa, Trabajo, Hacienda y la vocera de Gobierno. Son las escenas patéticas de quienes jamás entendieron para qué era su cargo ni qué responsabilidad cargaba sobre sus hombros.

El pequeño Presidente vive en un mundo paralelo. En su realidad, lo urgente es ir al estadio a ver a su club de fútbol, como si fuera un hincha más que tiene libres los fines de semana. En su burbuja, la prioridad es juntarse con Silvio Rodríguez, cantar himnos revolucionarios y sentirse parte de una épica setentera que a nadie le importa en el Chile de hoy. En su universo, bastaría con dar un discurso contra la “ultraderecha” para tapar el desastre de la inseguridad, el desempleo y la corrupción en que nos tiene sumido su propio gobierno.

Pero la realidad no perdona. Afuera, en la vida real, la violencia se disparó, los homicidios se multiplicaron, la inmigración está desbordada y el miedo se ha instalado en cada barrio. Afuera, la inflación carcome los bolsillos de los más humildes, la inversión se desplomó y la pobreza volvió a crecer en los campamentos. Afuera, millones de chilenos esperan meses por una atención de salud o una cirugía, mientras el Presidente se da el lujo de organizar reuniones con trovadores y deportistas. Esa es la obscena distancia entre el pequeño Presidente y el enorme país que des-gobierna.

La grandeza de un estadista se mide en la adversidad. Boric eligió la pequeñez: culpar a otros, atacar al rival, esconder su fracaso bajo discursos de dudosa épica que no convencen a nadie. Lo trágico es que lo hace con el micrófono del Estado, con la investidura de la Presidencia, degradando el cargo al nivel de un comité político universitario. Usar una cadena nacional para atacar a un adversario político no es sólo un error: es un acto de bajeza política. La triste constatación de que nunca ha estado a la altura de la responsabilidad que ostenta.

Decía que caminaba sobre hombros de gigantes. La verdad es que no camina: se tambalea. No heredó grandeza, heredó vértigo. Porque el país esperaba firmeza y lo que recibió fue inseguridad. Esperaba rumbo y recibió contradicciones. Esperaba carácter y recibió excusas. Boric es el Presidente que creyó que bastaba con frases de sobremesa para gobernar un país. Y Chile, lamentablemente, está pagando caro el costo de su mediocridad.

En la historia quedará, sin duda, pero no como él sueña. No será recordado como el joven que transformó Chile, sino como el pequeño Presidente: el que prefirió ser hincha antes que gobernante, el que confundió el poder con un escenario para sus fantasías juveniles, el que usó las cadenas nacionales para pelear con Kast mientras el país se sigue cayendo a pedazos.

Y lo peor: un Presidente que nunca entendió que su deber era servir a Chile y no servirse de Chile. (La Tercera)

Cristián Valenzuela

Publicado por Nuevo Poder

Boric, una vez más

Por Gonzalo Rojas Sánchez 

Un gran amigo me autoriza para utilizar en esta columna algunas de sus certeras apreciaciones sobre la cadena presidencial del presidente Boric.

Aquí vamos.

En primer lugar, con independencia de la falta ética en que incurrió al utilizar su investidura para referirse a un candidato en plena campaña, Boric ha transgredido una de las más importantes máximas en el ejercicio del poder: “Jamás atacarás a tus rivales, porque desde tu posición lo único que harías sería elevarlos a la misma altura en la que tú estás”. A los adversarios directos, y en especial a quienes pretenden ser los reemplazantes de su propia magistratura –como es el caso de José Antonio Kast– se les debe ignorar por completo. No deben existir, dice el manual.

Pero como Boric se deja llevar por unos instintos primarios que solo se pueden analizar desde la biología, olvidó por completo esa máxima –si es que la conocía– y posicionó a Kast en situación de privilegio, colocándolo como único interlocutor en las disputas por el poder.

¿Qué pudo llevar al presidente Boric a cometer un error de esa magnitud?

Quizás hayan sido las encuestas que maneja La Moneda, y en las que el candidato Republicano se esté afianzando claramente con la primera opción para ser el nuevo presidente de la República. Una información de esa naturaleza siempre provoca desesperación en quienes perteneciendo al bando contrario ven cómo se esfuman las posibilidades de retener el poder. Y, entonces, se toman decisiones comunicacionales de carácter pasional que revelan la angustia que se experimenta en Palacio.

La candidata del partido comunista se dio perfecta cuenta del error cometido y procuró desmarcarse de la crítica de Boric a Kast (al fin de cuentas, aunque intente disimularlo, tiene toda la sapiencia táctica de los comunistas) pero ya era demasiado tarde. Boric la había descolocado, entregándole a Kast la primacía en la carrera electoral.

Un patriotismo muy raro

Por Joaquín García-Huidobro Correa

Los viajes del Presidente Boric suelen producir polémicas y este último no ha sido la excepción. Las críticas no se hicieron esperar y son bien conocidas.

Con su original sentido de la diplomacia, aprovechó su participación en la Asamblea General de la ONU para repartir diversas críticas a gobernantes de Estados históricamente amigos de Chile. De paso, planteó la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de esa organización internacional, sin advertir que ambos objetivos no armonizaban bien.

En efecto, se ve que, aunque tenga simpatías por la Sra. Bachelet, le importaba más mostrar su autenticidad, aunque eso significara poner importantes obstáculos a esa candidatura, que no podrá salir adelante sin el beneplácito del primer mandatario norteamericano, uno de los agraviados por las palabras de nuestro joven presidente.

Se dice que, con su conducta, Gabriel Boric ha dificultado la tarea del próximo gobierno, probablemente de derecha, que será el encargado de promover esa candidatura. Esto resulta agravado por el hecho de no haber conversado previamente con ese sector político acerca de sus propósitos.

En estos análisis se incurre en lo que podríamos llamar el “síndrome del deporte”. Se da por descontado que el gobierno de Chile debe apoyar la candidatura de una persona de su nacionalidad. Este argumento vale en el tenis, donde todos sufrimos con la derrota de Tabilo contra Bergs, en Tokio; o en el fútbol, porque incluso la mayoría de los colocolinos hinchaban por la U en su triunfo contra Alianza de Lima.

Esta actitud es loable en el deporte en países como el nuestro, que tienen pocas oportunidades de ganar copas y medallas, aunque en naciones con más tradición deportiva esto no sucede: a ningún hincha de River se le ocurrirá ir por Boca en la final de una Copa Libertadores.

Ahora bien, ¿vale el mismo criterio para la política? ¿Debería un gobernante de Chile Vamos, del Partido Republicano o del Partido Nacional Libertario apoyar por patriotismo una candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas?

La respuesta depende de las razones que muevan a promover esa iniciativa. Algunos piensan que el hecho de que obtenga ese cargo será un motivo de orgullo para el país, nos hará más conocidos y, al menos por un tiempo, todo el mundo mirará a Chile. En el fondo, tendría que ver con nuestra autoestima, que se vería fortalecida por ese supuesto triunfo.

Sin embargo, no me parece que Kofi Atta Annan, que fue secretario general de ese organismo entre 1997 y 2006, haya sido un factor muy importante para dar a conocer a Ghana, su patria. ¿Cuántos chilenos han visitado o hecho negocios allí por tal motivo? ¿Quiénes saben, por lo menos, el nombre de su capital? Y si su desempeño en ese cargo fue irrelevante para el prestigio de su país, ¿por qué el caso chileno debería ser distinto? Me parece más práctico buscar otros modos de fomentar nuestra autoestima.

Hay, además, una razón más profunda. Quienes dirigen esas tres agrupaciones políticas de derecha están convencidos de que Michelle Bachelet no fue una buena presidenta. Lo han dicho públicamente, en reiteradas oportunidades, incluso en los últimos días. En particular, deploran su segunda presidencia, a la que deberíamos nada menos que un estancamiento de la economía, el término del copago, el fin de la selección escolar, la gratuidad universitaria, la ley de aborto en tres causales (que muchos seguimos rechazando) y una serie de medidas que han causado un grave daño al país.

Alguien podrá decir que nada de eso fue malo y que Bachelet II fue un gobierno ejemplar. No discutiré sobre eso, aquí simplemente recojo el parecer de las principales figuras de nuestra oposición.

Si esto es así, si piensan que no supo o no pudo gobernar Chile en momentos difíciles, ¿por qué habrían de pensar que ella sería una buena secretaria general de la ONU? Promover una candidatura de manera responsable es tanto como afirmar que alguien es apto para un cargo. No parece, entonces, que pueda hacerlo con buena conciencia un gobierno que está convencido exactamente de lo contrario.

Naturalmente, siempre se puede afirmar que los talentos de una secretaria general son muy distintos de sus habilidades para conducir la política nacional, que sus limitaciones en este último campo no se aplican al primero. Ahora bien, ¿son tan diferentes ambas habilidades?

Quizá sí. Una secretaria general de la ONU requiere hablar varios idiomas y ser una persona simpática, que despierte confianza y tienda puentes. Aquí Bachelet podría tener varias ventajas, pero ¿son suficientes para dirigir una organización con más de 37.000 funcionarios, un presupuesto anual de 3.720 millones de dólares, donde además hay que dar muestras de ecuanimidad política? Quizá sea así, pero antes habría que discutirlo y no resulta sensato dar por sentado que, si son de derecha, nuestros futuros gobernantes apoyarán la postulación de Bachelet con la misma pasión con la que alentaremos a Chile en la Copa Mundial sub-20 que comenzó ayer en nuestro país.

Y si no están dispuestos a darle ese apoyo, quizá sería bueno que, desde ahora, los candidatos de derecha dijeran claramente que no van a promover una candidatura que el propio Presidente Boric se encargó de torpedear esta semana y que ha nacido moribunda.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el domingo 28 de septiembre de 2025.

Boric y el amuleto Bachelet

Jorge Ramírez 

De un tiempo a esta parte, la izquierda ha incurrido en un error reiterado. Bacheletizar la agenda, empleando su liderazgo como amuleto en tiempos de poca claridad o abierta adversidad.

Así lo hicieron en el plebiscito constitucional de 2022, cuando la opción Rechazo se encumbraba en las encuestas, y en ese interregno que habitualmente se produce entre la fase de negación y la desesperación, la izquierda apostó todo por la irrupción de Bachelet, quien supuestamente vendría a frenar la arremetida contraria al nuevo texto constitucional, especialmente en las mujeres de extracción popular.

Por cierto, nada de aquello aconteció. Las lealtades en política son cada vez más efímeras y el sabor de boca que dejó su primera administración no fue el mismo que dejó su segundo mandato. Recordemos que fue en el apogeo de la retroexcavadora de MBII que se aprobó una reforma tributaria tras la cual el país nunca volvió a crecer como lo hizo en el pasado, su reforma educacional asfixió la educación particular subvencionada y su reforma electoral fragmentó el Congreso, polarizando y debilitando severamente la gobernabilidad del país.

En un escenario igual de desolado para la izquierda, el Presidente Boric fijó como gran objetivo estratégico de su periplo por la Asamblea General de Naciones Unidas el postular a la ex Presidenta Bachelet al cargo de Secretaria General del organismo.

Los móviles detrás de esta empresa pueden ser dos, no siendo mutuamente excluyentes entre sí. En primer lugar, generar una tensión al interior de la derecha, ya que forzaría a este sector a tomar una definición respecto de un liderazgo que es a todas luces controvertido, puesto que Bachelet ha estado lejos de jugar un rol de árbitro moderadora en nuestra política interna.

Pero una hipótesis alternativa es que, a sabiendas de que el camino de la ex Presidenta para arribar a la secretaría general de la ONU deberá enfrentar una serie de dificultades objetivas —como un eventual veto del miembro permanente del Consejo de Seguridad, EE.UU.—, Boric está empleando la nominación de Bachelet como artificio para rivalizar con el bloque crítico al globalismo, liderado por Trump, Milei y otros, que poco a poco ha ido ganando fuerza en la comunidad internacional, evidenciando de paso la excesiva burocratización, ineficacia y captura política a manos de la izquierda de este tipo de órganos.

No sería la primera vez que Boric y el Frente Amplio usan el liderazgo de Bachelet. Su segundo gobierno fue una suerte de ensayo de laboratorio para que muchos de los cuadros del Frente Amplio conocieran el Estado, trazaran el diseño y pilotearan la implementación de la reforma educacional que en el ámbito escolar puso fin al lucro, el copago y la selección y en el ámbito de la educación superior consagraran la aprobación de la gratuidad universitaria.

Luego, ante la actual falta de liderazgos con tonelaje presidencial, fue el Frente Amplio quien tentó a Bachelet para asumir un tercer intento para llegar a La Moneda. La expresidenta jugó con el suspenso y dilató los tiempos con su hermetismo característico, terminando por asfixiar de entrada el intento de Carolina Tohá por ser la abanderada presidencial del oficialismo.

Una salida no del todo negativa para Boric, porque nadie mejor que él sabe que Jeannette Jara probablemente no triunfará en la elección presidencial, ni tampoco será líder de la oposición en un eventual futuro gobierno de derecha: el líder continuará siendo él.

Por eso, si se trata de usar la figura de Bachelet como amuleto, esta vez en la esfera internacional, Boric no ha de dudar. Y lo hará hasta el límite, aunque aquello, por cierto, pueda significar desgastarlo por completo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Ex-Ante el domingo 28 de septiembre de 2025.

Los privilegios de la burocracia internacional

Por Andrés Montero

Hace más de 50 años, mi padre se refería a los funcionarios de la ONU y sus filiales, como “grandes vagos internacionales”. La verdad es que en esos días yo encontraba algo exagerada su afirmación. El tiempo le ha dado la razón.

Los funcionarios de organismos internacionales en general son inamovibles, salvo que se les compruebe que sean ladrones. Estos personajes están muy preocupados de su salario, de la calidad de los lugares en donde habitan, de los beneficios en viajes, de sus salarios libres de impuestos y de mantenerse dentro del “establishment” sin hacer mucho ruido. Hablar y escribir generalidades, llevar adelante análisis de diversas materias intrascendentes, promover un feminismo fanático, defender la inmigración ilegal, potenciar un Estado “robusto” –les encanta esa palabra– y defender el lenguaje inclusivo, el progresismo y la “diversidad”.

Normalmente se casan con otras funcionarias, a veces de otra nacionalidad y que trabaje en algún otro organismo para evitar “conflictos”. Sus destinos favoritos son Ginebra, Viena y Nueva York. Si es la Cepal, Santiago de Chile les viene bien. Horarios flexibles, oficina en Vitacura cerca de los buenos restaurantes de Alonso de Córdova. Además, tienen patente diplomática en el coche, protección judicial y accesos preferentes en aeropuertos.

Los grandes vagos internacionales tienen además un aura de intelectuales expertos en muchas materias. Participan en centenares de seminarios, en distintas ciudades y todos se creen inteligentes. Muchos de estos funcionarios proceden de gobiernos de izquierda, que tras mala gestión pierden el poder y deben urgentemente “reubicarse”. Bárcena, Furche, Narváez, Peñailillo, Arenas, Mena, Bachelet, Vargas Quiroz y tantos otros completan la lista de beneficiarios.

En estos días se moverán las redes, pues un gran número de burócratas saldrá “al mercado laboral internacional” en busca de nuevas oportunidades. A estas personas nadie las contrata en el sector privado, pues son flojos, ganan mucho y son expertos en nada. Se pasan la vida navegando, esperando jubilarse para contarle a los nietos lo fantásticos que fueron.

Un análisis objetivo permite concluir que de verdad sus estudios y sus centenares de encuentros internacionales no mueven la aguja. En buen chileno, son irrelevantes. En momentos en que se discuten posibles candidatos para dirigir la ONU, lo lógico sería elegir a alguien que sea capaz de reformularla, hacerla más liviana y más eficiente. Por cierto, requiere además mayor control –accountability– y que se sepa cuánto ganan, cómo se les mide y cómo se reclutaron sus funcionarios.

En un mundo más intercomunicado, ya no se requieren los más de 100 mil –se habla de 130 mil– burócratas que forman parte de la ONU. La decisión está en manos de los gobiernos, pero no se olviden de los contribuyentes, que al final del día pagamos la fiesta.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el jueves 2 de octubre de 2025.

Cómo eliminar malgasto público por US$ 6.000 millones (y más):

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Enrique Slater @slater_enrique

Es fundamental, despejar dudas respecto a esta situación y a la posible existencia, de otros casos similares. Que no ocurra lo denunciado por don Raúl Celpa, 12 años atrás, respecto a los falsos exonerados políticos, que recibirían pensión estatal:

De latercera.com

ADMITEN QUERELLA:

Finalmente se admitió a trámite la querella criminal en contra del Ministro Luis Cordero y la Jefa del Programa de DDHH Sra Paulina Zamorano, espero ellos respondan por los graves hechos conocidos respecto a la Sra . Bernarda Vera. Adjunto resolución del 7o Juzgado de Garantía de Santiago.

En Argentina el odio es como en Chile:

“Llamaban hasta los fines de semana”: las presiones del Gobierno para venta exprés de la casa Allende

Yerko Roa

Periodista del equipo de Investigación de BioBioChile.

Martes 07 octubre de 2025 | 06:00
Investigación

Agencia UNO | Edición Constanza Escobar (BBCL)

Seguimos criterios de Ética y transparencia de BioBioChile

En sus declaraciones ante fiscalía, los abogados del Ministerio de Bienes Nacionales revelaron cómo tuvieron que trabajar bajo presión para sacar en tiempo récord la documentación para la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Una de ellas, Muriel Letelier, aseguró incluso que el jefe de la División de Bienes Nacionales, Pablo Maino, llamaba durante los fines de semana para apurar el trámite.

Los testimonios de los funcionarios —a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío— coinciden en que los procesos se aceleraron. El más explícito en este sentido es el de Letelier, asesora jurídica de la entonces ministra Marcela Sandoval.

En su declaración ante la Brigada Investigadora Anticorrupción (Briac), Letelier detalló que fue presionada para —básicamente— firmar a ojos cerrados el Decreto Supremo nº38, que autorizó la desastrosa compraventa.

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“Me dijo que mi opinión no cambiaría la decisión”

Según recordó Letelier, el 25 de noviembre Denisse Hernández, jefa de gabinete de la ministra, le dijo que no podía irse sin que antes llegaran los decretos de las compraventas de las casas de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende.

—Denisse no quería que los revisara, sólo que los visara, señalándome que la opinión que yo tuviera no cambiaría ninguna decisión en la compra.

Letelier afirmó que revisó los decretos acompañada por Alejandra Poillot, también asesora jurídica de la ministra, lo que “no duró más que unos cinco minutos”. Mientras Letelier leía los de las dos propiedades de Aylwin, Poillot hizo lo propio con el de la casa de Allende.

—Una vez revisados los tres decretos los visé con mi media firma y se los entregué a Denisse —narró Letelier.

Así, sin siquiera haber leído directamente el decreto de la casa de Allende, lo visó. Ese documento era el que especificaba que entre las dueñas de la propiedad estaban Maya Fernández, entonces ministra de Defensa, e Isabel Allende, senadora. Sobre ambas pesaban inhabilidades por sus cargos.

No obstante, Letelier cree que si lo hubiese revisado tampoco habría dicho nada del problema.

—De haberlo revisado tampoco me hubiera referido a las prohibiciones establecidas en la Constitución, porque no soy constitucionalista. Además, cualquier opinión que hubiera manifestado de mi parte no hubiera cambiado la decisión de compra.

Los telefonazos de Maino

Letelier también aseveró que el jefe del Departamento de Adquisiciones, Felipe Lanchares, le comentó que Pablo Maino, jefe de División de Bienes Nacionales, tenía “mucha premura” para que el proceso se completara lo antes posible.

—Maino insistía mucho, llamándolo desde muy temprano hasta muy tarde, e incluso los fines de semana, todo para sacar el proceso en el menor tiempo posible —recordó la funcionaria.

Por otro lado, la abogada dijo haber sido testigo de cómo el representante de la familia Allende, Felipe Vio, llamó a Lanchares para “discutir” la tasación inicial que se había hecho de la propiedad, de $828 millones.

Ante las quejas del representante de la familia, Lanchares contestó que el avalúo se ajustaba a la normativa del ministerio y que “tendría que consultarle a Pablo Maino la posibilidad de realizar una nueva tasación”.

Finalmente, la cartera hizo otro análisis, en el que añadió el costo de otras propiedades cercanas, lo que aumentó el avalúo en cerca de $90 millones.

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Versiones contrapuestas

En su declaración, Letelier cuenta que puso su cargo a disposición luego que Marcela Sandoval se viera obligada a renunciar y estallara el escándalo.

—Como opinión personal, considero que hubo una falta de criterio político de parte de todos los que estuvimos involucrados en este proceso de compra y no fuimos prolijos en resguardar a la ministra, ya que esta compra no debiese haberse realizado o a lo menos haber levantado las alertas de la
prohibición constitucional respectiva —reflexionó.

La declaración de Letelier apunta a que, aunque ella firmó el decreto, fue su excompañera Alejandra Poillot quien lo revisó. Algo que esta última negó ante la Briac.

—El Decreto Supremo N° 38 fue revisado íntegramente por la abogada Muriel Letelier. Yo no participé en dicha revisión, por tanto, no tengo mayores antecedentes que aportar —respondió escuetamente Poillot en su declaración policial.

Además, Poillot destacó que en el gabinete de la ministra todos tenían una “sensación de incomodidad” por la compraventa, aunque causada por un eventual impacto comunicacional. Según dijo, se lo manifestaron a la jefa de gabinete (Denisse Hernández), y ella lo comentó con Sandoval, quien “también tenía sus aprehensiones al respecto”.

El trabajo de 18 meses en tan sólo cuatro

Felipe Lanchares, por su parte, contó que recién en septiembre de 2024 Pablo Maino le encargó dar inicio a la compra de las casas de los expresidentes. A menos de cuatro meses de que finalizara el año y se cumpliera el plazo fatal para ejecutar el presupuesto asignado.

—El periodo de compra de la casa de Allende fue excepcional (…). El proceso normal de este tipo de adquisición es de 12 a 18 meses aproximadamente —contó Lanchares a la PDI.

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Sobre las presiones de Maino, Lanchares recordó que el 26 de diciembre, cuando ya se estaban elaborando los contratos, este le escribió por WhatsApp:

—Me consultó si habíamos remitido los antecedentes de la casa de Allende a la División Jurídica, contestándole que no. Pablo me dijo que debía “irse hoy”, y que si se tenía que ir la funcionaria que le avisara y él lo iba a resolver, y que cómo nos íbamos sin enviarlo y sin avisar, que esto era urgente.

Media jornada

En la División Jurídica también hubo apuros. En su declaración policial, Cynthia Reyes, de la Unidad de Decretos, contó que recibió el mismo 25 de noviembre los antecedentes.

La jefa jurídica, Macarena Diez, ordenó tramitarlos durante la jornada. Cuando Reyes le hizo ver que los decretos de la casa del expresidente Aylwin tenían problemas de forma y que en ese tiempo no era posible hacer un análisis pormenorizado, Diez le contestó que “el análisis jurídico y estudio de títulos ya se había realizado”.

Igualmente, Reyes encontró discordancias en la numeración de la casa del expresidente Allende y en el valor a pagar —si este era en pesos o UF—. Las aclaró rápidamente y envió a las 18:21 los documentos a Diez.

El 6 de enero, luego que estallara el escándalo por las inhabilidades que pesaban sobre Fernández y Allende, se hizo una reunión en la Dirección Jurídica de Bienes Nacionales. En ella, Diez aseguró que sí se había informado a Presidencia de las incompatibilidades.

—Al escuchar eso, hice presente que las tramitaciones urgentes eran enemigas del trabajo habitual de la DIJUR, por tanto, no se podía tolerar ser sometido a esto nuevamente —contó Reyes—. La revisión de los tres expedientes fue requerida ser realizada en un poco más de media jornada laboral, lo que es totalmente inusual, pues debiera demorar, considerando la urgencia y prioridad para un expediente de esta complejidad, un tiempo estimativo de al menos dos días de trabajo.

Hasta el momento no ha habido formalizaciones en la indagatoria por fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias que lleva el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

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Conversación

Vicente Bruna @vicentebrunapr

¿Por qué tanto nerviosismo cada vez que Kast menciona los 6.000M? ESTE ES EL SECRETO: El número calza con la estimación que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo sobre el gasto ineficiente del Estado en Chile. Esto incluye ineficiencia del estado, corrupción, bonos injustificados, etc. Les dejo un estudio hecho por dos grandes economistas formados en Chicago.

¿KAST O KAISER?

Por Gonzalo Ibañez Santa Maria.

Es lo que muchos se preguntan cuando advierten cómo la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, retrocede frente a preguntas esenciales para optar al cargo de presidente de la República. En especial, las referidas a la historia reciente de Chile.

A pesar de que durante los años del gobierno militar nunca se escuchó a Evelyn poner en duda la legitimidad del origen de ese gobierno, después ha sido muy ambigua al respecto, siguiendo muy de cerca el ejemplo que, al respecto, dio el ex presidente Sebastián Piñera. Como ya está claro, la actitud de Piñera significó revalidar la figura de Salvador Allende y la de su gobierno. En definitiva, el estallido de octubre 2019 fue la respuesta a esa ambigüedad. Por eso, que Evelyn Matthei siga ese rumbo, es causa de que muchos sientan temor de apoyarla, no vaya a ser que de un triunfo de ella se siga una repetición de esa historia.

Para los votantes de ese sector denominado “derecha tradicional”, hoy con alguna mayoría en el país, las alternativas que se presentan son las candidaturas de José Antonio Kast y de Johannes Kaiser. Kast partió con la ventaja que da estar organizado con anterioridad a esta campaña. Su partido, republicano, se escindió de la UDI hace ya varios años cuando este renegó de su origen próximo al gobierno militar y se alineó detrás de la figura de Sebastián Piñera. Kast ya ha sido candidato presidencial varias veces y es, por lo tanto, ampliamente conocido.

Sin embargo, algunas debilidades y por otra parte, la exclusión que ese partido ha hecho de figuras que podrían disputarle el liderazgo, movió a varios a formar otras alternativas. Entre otros, Johannes Kaiser, quien formó el partido Nacional Libertario. Este candidato ha sido muy claro: de repetirse las circunstancias que dieron origen al pronunciamiento militar, él respaldaría esa acción. Muy claro también en materia valórica, se ha alineado en defensa de la vida humana tanto de quien está por nacer como de las personas ancianas y enfermas. Su postura contraria frente al marxismo es clara y decidida.

En definitiva, ha habido un acentuado traslado de votantes desde la candidatura Matthei a las de estos otros dos candidatos. La cuestión ahora es la definir a cuál de ellos van a ir estos votos. Kaiser partió después, pero ha tenido un buen repunte en las últimas encuestas, lo que prueba que su mensaje ha llegado a sus destinatarios. Muy importante para la consolidación de la política chilena es el hecho de que al interior de esta derecha tradicional triunfe una alternativa que haga de la continuidad con los aspectos más importantes del gobierno militar uno de los ejes de su acción. Y que esta alternativa se enfrente en segunda vuelta con la candidata comunista Jeannette Jara.

Por Natalia González 

El martes 9 de septiembre, en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso, y a propósito de la presentación del libro Un paso al frente, de Mauricio Hernández Norambuena, se rindió homenaje al ex frentista, líder de la organización guerrillera Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y condenado en Chile y en el extranjero por diversos actos terroristas, secuestros y por el asesinato, en democracia, del senador Jaime Guzmán, entre otros graves delitos.

En el acto, se presentaron diversos números artísticos, incluyendo cantautores, músicos y poetas. Cercanos al frentista, como su hermana, calificaron el encuentro como “uno por la vida y la libertad del condenado”, a quien ella estima, es un “preso político”, cuestión que, si nos apegamos a la verdad y la verdad judicial, evidentemente no es.

Sobre el asunto, en todo caso, cabe recordar que las cosas son lo que son y no lo que se dice que son. Nuestra Carta Fundamental es clara y establece que los delitos terroristas son delitos comunes y no políticos para todos los efectos legales, y que no procederá respecto de ellos el indulto particular. Es pertinente traer esto colación pues el contexto en que se realizó el homenaje y las declaraciones en él vertidas, llevan a asumir que la orientación final del mismo es la promoción de un indulto para el ex frentista.

Habrá quienes puedan enmarcar estos actos y conmemoraciones dentro del campo de la libertad de opinión y expresión, pero la apología que en ellos se efectúa a quien, por medio del miedo y la violencia, intentó poner en jaque el periodo en que Chile transitaba a la democracia, y cometió brutales actos terroristas y criminales, resulta no solo alarmante, sino condenable y una vejación para todos quienes han sufrido las consecuencias de aquellos.

Más aún, no pueden considerarse tolerables cuando ocurren en un recinto del Estado chileno, y organizados por una institución que es financiada con recursos públicos.

En todo caso, no deja de resultar paradojal descansar en la libertad de expresión, erigiendo a Mauricio Norambuena como una figura de “liberación popular” (como lo calificó la Premio Pulsar a Mejor Intérprete 2025, conforme da cuenta la nota que se publica en el propio sitio web oficial del Parque Cultural), en un contexto en que, por muchísimo menos, hoy se hace una batahola y gran controversia respecto de los comentarios duros o insultantes que personas, con identidad oculta o desconocida, efectúan en las redes sociales refiriéndose a los distintos candidatos a la presidencia.

Esos juicios (que, por cierto, quisiéramos que ocurrieran en otros términos en aras del respeto y la sana convivencia en sociedad), se califican como un ataque o grave atentado a la democracia, pero este homenaje al “Comandante Ramiro”, apologético de la violencia, no lo sería en el contexto de la libertad de emitir opinión. Curioso. O delirante, mejor dicho.

Conforme consigna la propia página web del Parque Cultural, un representante del directorio de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso, que recibe cuantiosos recursos públicos para operar y que fue la institución organizadora del homenaje, tildó al condenado ex frentista de “luchador incansable” para luego señalar,  que las “historias de encarcelamiento de muchos compatriotas que por solo querer un Chile más justo fueron oprimidos, torturados y desaparecidos cruelmente, arrebatándoles su vida” era relevante para la memoria y el Sitio de Memoria en que se llevó a cabo la conmemoración.

Recursos públicos utilizados para referirse en estos términos al “Comandante Ramiro”, en un intento por reescribir la historia, en circunstancias que ha sido condenado en democracia a doble cadena perpetua y que tanto él, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, han sido calificados como terroristas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en décadas anteriores, con el afán político, además, de armar una causa para su posible indulto, nuevamente resulta en una falta a la verdad, en un uso indebido de una posición pública, financiada con recursos de todos los chilenos, y en una abierta contradicción a nuestra Carta Magna.

Para qué decir que lo declarado por el integrante del directorio de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso, entra en franca pugna con los propios valores que supuestamente profesa y dice seguir y difundir la referida Asociación, entre los que se encuentran la “construcción de una cultura democrática” y “la promoción de los derechos humanos”.

La democracia y sus valores, y la sana convivencia social, suponen acuerdos mínimos en cuestiones básicas. Una de ellas, y como lo señala la Constitución vigente, es que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es en esencia contrario a los derechos humanos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Ex-Ante el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Respecto a la aparición en Argentina de la “detenida desaparecida” BERNARDITA VERA, que está muy bien de salud, hay que recordar que por su caso fue condenado a prisión el Teniente Coronel HUGO GUERRA JORQUERA, quien falleció encadenado (QEPD), como otros militares condenados a diversos años de prisión, solo en base a supuestos y ninguna prueba, por un juez prevaricador, sicario de la venganza comunista…

El Teniente Coronel Guerra, que fue condenado por este crimen sin pruebas, siempre habló de su inocencia hasta su fallecimiento.

Cargos y condenas

• Fue condenado a 18 años de presidio por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de once campesinos en Liquiñe, en la Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos / Décima Región, ocurridos en octubre de 1973. redlatt.org+3Cooperativa.cl+3archivochile.cl+3
• En primera instancia, la sentencia fue dictada por el juez Alejandro Solís.

¿Quien dice algo ahora en el curioso poder judicial que tiene Chile?

¿Habrá una indemnización para la familia de este militar?

¿ No es un crimen la obtención de los jugosos beneficios en dinero que ha recibido todos los meses la familia de la “desaparecida”, ahora resucitada, Bernardita Vera?

¿Tendrá que devolver esos beneficios su familia?

Parece ser que por eso no se investiga en serio sobre los detenidos desaparecidos… saldría la verdad y se perderían jugosas indemnizaciones.

Parte importante de los desaparecidos, han “resucitado”, en diferentes países y algunos incluso siguen viviendo en Chile.

También, una parte importante de los “desaparecidos” están en el Instituto Médico Legal, y existe un blindaje a cualquier intento de individualización de esos restos mortales.

Ha sido un gran negocio para la izquierda el tema de los DDHH.

*Las Hebras de la Verdad*

Por Cristian Labbé Galilea

La sabiduría popular nos enseña que “la mentira es una verdad coja…”. Esta simple frase, de profundo sentido común, nos confirma que, aunque una mentira pueda disfrazarse y correr libremente, tarde o temprano tropieza; es ahí cuando finalmente la verdad, lenta pero de paso firme, siempre la termina pillando.

La mejor evidencia de lo anterior es lo ocurrido esta semana, tras conocerse que una mujer (Bernarda Vera) figuraba en el listado de detenidos desaparecidos, en circunstancias que está “vivita y coleando” en Argentina, disfrutando junto a su familia de los jugosos beneficios que graciosamente el Estado les otorga.

Por increíble que pueda parecerles a algunos sorprendidos contertulios, casos como el de la reciente (des) “aparecida” terrorista pueden contarse por decenas, aunque carecieron de similar cobertura mediática, por lo que muchos ni siquiera se han dado por enterados.

Sobre este tema, a esta inquieta pluma le surgen innumerables interrogantes: ¿cuántos más casos como el descrito existen? ¿Cuántos militares han sido condenados a prisión por estos casos? ¿Cuántos recursos se están dilapidando en falsas víctimas de los DD. HH?… ¿Cuánto más se deberá saber para terminar con este artero mecanismo para desfalcar al Estado?

Como se ha dicho, la verdad no se muestra de golpe. Aunque ella se esconde enredada en una madeja de hilos confusos, bastaría con tirar la hebra correcta —como el caso que acabamos de conocer — para que todo empiece a desenredarse. Descubrir la verdad sobre el tema de DD. HH es toda una urgencia, pero también es acción que exige tirar los hilos con cuidado, con fuerza y sin soltar; así las mentiras se irán pillando, hasta que se revele toda la verdad enmarañada, oculta tras esta madeja.

Son muchas las madejas que hay que desenredar. Por ejemplo, lo referido a la Comisión Valech, creada en 2003 para identificar a quienes sufrieron persecución política entre los años 1973 y 1990. Se recibieron más de 35.000 testimonios, y por ese solo hecho reciben beneficios como pensiones vitalicias, becas, beneficios habitacionales, etc. Lo curioso es que nadie conoce los antecedentes recopilados por la Comisión… ¿Por qué no tirar esa hebra para saber cuántos de esos testimonios son falsos?

Podemos tirar también la hebra de los “exonerados políticos”, que habrían sido despedidos por el Gobierno Militar debido a motivos políticos, y por ello fueron reconocidos como beneficiarios de una ley que les otorga pensiones de gracia y otros beneficios previsionales. Sobre esta materia, hay evidencias irrefutables que al menos cien mil (2/3) de ellos son falsos exonerados.

Por último, no debemos olvidar los miles de «restos esqueletizados» que se encuentran por décadas en el SML, sin ser periciados porque a la izquierda, y en particular al PC, les preocupa que “aparezcan” otros falsos desaparecidos. A pesar de todo, una buena noticia: la Cámara aprobó el proyecto del Diputado Kaiser, que permitirá al SML identificar de oficio las osamentas mencionadas… ¡otra hebra de la verdad que hay que tirar!

DETENIDA-APARECIDA EN UNA SOCIEDAD ENFERMA

Escribe: Hermógenes Pérez de Arce

El interés público despertado por el caso de Bernarda Vera sólo se explica porque nuestra sociedad está enferma de desinformación, de violencia extremista cohonestada y de engaño general generosamente premiado con dinero fiscal.

Lo de “miles de detenidos-desaparecidos” nunca fue verdad, pero aquí fue repetido como un mantra desde la extrema izquierda hasta la centroderecha y la élite entreguistas o piñerismo, hoy agrupado tras Evelyn Matthei.

En esta sociedad enferma, Fabiola Campillai fue elegida senadora con primera mayoría nacional tras haber incitado a “destruirlo y quemarlo todo”. Y tras ella recibir centenares de millones de indemnización por participar en desórdenes, Mientras tanto un carabinero inocente, obligado a reprimir los desórdenes, fue inculpado de haberle lanzado una bomba lacrimógena, lo cual es falso, y purga 12 años de condena por haber sido fiel al mandato de enfrentar la violencia destructiva extremista.

Los que les dieron primera mayoría a Campillai primero y después al promotor de la violencia, Boric, y a la vez mandaron al carabinero hoy preso a enfrentar a quienes destruían y quemaban todo, no fueron marcianos: fueron una mayoría ciudadana. De ella son tan culpables los que votaron por la violencia destructiva como quienes se abstuvieron de votar y dejaron triunfar al mal y a la mentira.

No nos quejemos, entonces, de que nos asalten y hagan encerronas, turbazos y saqueos, porque una mayoría repudió al que mejor combatió todos esos males en Chile con éxito y lo declaró “persona non grata”, “enemigo público número uno”. ¿O no se han dado cuenta de lo que escriben y publican los Boric, los Matamala y, últimamente, la ministra Vallejo, sobre Pinochet, cada vez que son pillados mintiendo?

El Mercurio del 30.09 publicó la lista de otros detenidos-aparecidos: (1) Germán Cofré Martínez, cuyos restos fueron identificados en el patio 29 del Cementerio General, donde yacen sin identificar otros 365 que nadie, en 53 años, ha querido identificar. (2) También Gustavo Soto Peredo, (3) Carlos Rojas Campos, (4) Pedro Millar Márquez, (5) Emperatriz Villagra, (6) Carlos Muñoz Mella y (7) Celso Gutiérrez Lazo. Todos menos una aparecieron diciendo: “No estoy desaparecido”. Notable el caso de esa una, Emperatriz, cuyos parientes acreditaron que había fallecido en 1955 (!). Pero todos se limitaban a salir en el diario y nadie decía nada, a diferencia de ahora. Supongo que esta vez fue la tenacidad periodística lo que más llamó la atención.

El país ha sido tan engañado también en este tema que no ha tomado nota de que los paraderos de los supuestamente detenidos-desaparecidos durante el Gobierno Militar, que eran 674 y no más, fueron TODOS precisados (1) Restos de 365 caídos a raíz de la derrota de la guerrilla a fines de 1973 y que yacen el Cementerio General, con las excepciones del ya visto caso de Germán Cofré y el más famoso de todos, el del norteamericano Charles Horman, descrito como “Missing” en la película del mismo nombre del comunista griego Costa Gavras, pero Horman nunca estuvo “missing”, porque fue su cadáver fue encontrado en 1974 por orden del canciller y almirante Carvajal y devuelto a los Estados Unidos, de donde era originario, por el agente Rafael González (condenado 40 años después “como cómplice de su muerte”, a 5 años y un día –que cumplió– por el ministro sumariante comunista Cepeda). La película se sigue exhibiendo aún hoy en toda su falsedad. Denostar a la Junta sigue siendo gratis y rentable.

Debemos la verdad sobre los supuestos desaparecidos en el Gobierno Militar a una intelectual de derecha francesa, Suzanne Labin, que tuvo menos paciencia y más coraje que los chilenos, en 1978, cuando oyó a a señora de Jimmy Carter, Rosalynn, denunciar “miles de desaparecidos” bajo Pinochet. Suzanne viajó a Santiago y averiguó el número exacto de las denuncias en la Vicaría de la Solidaridad: 651. Y así lo publicó en su libro “Chili: le Crîme de Resister”, página 243. Después, desde 1978 hasta 1990, hubo 23 denuncias adicionales, es decir, menos de dos al año, de acuerdo al Informe Rettig. En total fueron 674.

Pero los paraderos de todos ellos han sido precisados, es decir, NO HAY detenidos-desaparecidos durante el Gobierno Militar: (1) restos que hay en el Cementerio General, 365; (2) desenterrados en Cuesta de Barriga, luego de la Mesa de Diálogo: 153; (3) personas que viajaron fuera del país, según el Departamento de Extranjería, 33; (4) personas que no tienen existencia legal, según el Registro Civil, 26; (5) los que fueron vistos con vida según declaraciones juradas ante notario, 4; (6) restos depositados en el Instituto Médico Legal, 96. Total 677. Es decir, no hay hoy detenidos-desaparecidos durante el Gobierno Militar, denunciados bajo su gobierno.

Después de 1990, naturalmente, los apetitos económicos desataron una fiebre por crear nuevos casos, pero al Gobierno Militar no es lícito imputarle situaciones que aparecieron después de su término en 1990. Pero no tiene quién lo defienda y sí tiene muchos que lo traicionan. Sobre todo en un país en que, según averigûé en la página de internet de Carabineros en 2006, a raíz de uno de mis libros, cada año desaparecen más de 2.500 personas (diferencia entre las “denuncias por presunta desgracia” y las efectivamente encontradas en el año).

Pero el mito ha prevalecido: “miles de desaparecidos”. Tal como el otro mito: “miles de exiliados”, pues el Gobierno Militar expulsó a menos de diez personas (todos casos notorios: Eugenio Velasco Letelier, Renán Fuentealba, Manuel Bustos, Jorge Zalaquett, Jaime Castillo Velasco y, transitoriamente, impidió reingresar a Andrés Zaldívar, lo que le sirvió para ser, por un tiempo, presidente mundial de la DC).

Es que las mentiras propaladas diariamente por Radio Moscú eran tan poderosas que obligaron a The Economist a cambiar diametralmente de posición tras elogiar la toma del poder del 11 de septiembre de 1973 por los militares y recibir el castigo mundial de la izquierda: entonces viró de posición desde la semana siguiente.

Es tan poderosa la propaganda izquierdista mundial que, durante un período, el New York Times publicó 66 editoriales contra la Junta chilena, que tuvo 3 mil muertos en todo su cometido, mientras que dedicó tan solo 4 artículos contra el comunista Pol Pot de Camboya, cuyo régimen mató a un millón y medio de una población de 7 millones.

Por eso, testimoniando “La Decadencia de Occidente” anticipada por Oswald Spengler, los Estados Unidos (“Enmienda Kennedy”) y Europa Occidental (suspensión de ayudas e inversiones en Chile y subsidio a medios opositores) se alinearon con el marxismo contra la Junta que nos salvó del comunismo. En lugar de agradecerle haber evitado otro Vietnam, en que los EE. UU. perdieron 55 mil hombres y gastaron más de 500 mil millones de dólares, sólo para ser derrotados y entregar Vietnam del Sur al comunismo. ¡Nos castigaron por salvar a Chile!

El decadente y entreguista Occidente culminó esa vil tarea cohechando a parte del electorado chileno y posibilitando el triunfo del “No” el 5 de octubre de 1988, con el millonario “Endowment for Democracy”, que además implicaba un engaño, porque iba a haber la misma democracia si triunfaba el “Sí” o el “No”, bajo el articulado permanente de la Constitución. La misma que rige hoy, si bien empeorada por la izquierda y la centroderecha entreguista. Y todo sobre la base de una mentira: que iba a continuar un gobierno militar si salía elegido Pinochet.

No hay que dar las gracias a Bernarda Vera, que nunca se allanó a confesar su engaño, con gran beneficio pecuniario para su familia. Pero ya sabemos cómo se miente; el otro día todos vimos en la televisión a una chileno-israelí declarando que no poda volver a Chile, pese a los bombardeos de allá, porque era detenida-desaparecida y su familia perdería sus beneficios.

El caso Vera ha servido, al menos, para recapitular acerca de cuán enfermo está Occidente en general y, en particular, cuánto lo está nuestra sociedad inmersa, ya por más de 35 años, en un clima de engaño y falsedad.

Partido Nacional Libertario presenta querella contra ministro Cordero por caso de Bernarda Vera – La Tercera

https://www.latercera.com/politica/noticia/partido-nacional-libertario-presenta-querella-contra-ministro-cordero-por-caso-de-bernarda-vera/

Aún queda la duda de que información tenía al respecto el ministro Álvaro Mesa Latorre de la Corte de Apelaciones de Temuco.

La Corte Suprema declaró admisible la querella por prevaricación culposa contra el Ministro Álvaro Mesa, reafirmando el respeto a la Ley como base de la función judicial, pese a votos disidentes con tono político.

2 de octubre de 2025

Imagen: rln.cl

El martes 23 de septiembre la Corte Suprema rechazó finalmente la acción de amparo interpuesta por el Ministro y Presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco don Álvaro Mesa Latorre, con lo cual, la querella por prevaricación culposa interpuesta en su contra fue finalmente declarada admisible.

El fallo de mayoría, es un dictamen en derecho, que honra la Ley y nos recuerda la importancia del bien jurídico que tutela el delito de prevaricación, que trasciende el mero conflicto penal inter partes actualmente sometido al Tribunal vértice de nuestra jurisdicción.

Por el contrario, el voto disidente (Ministros Valderrama y Llanos) devela una opinión política, una interpretación contraria al sentido de la Ley, y lo más grave, presume la mala fe de los querellantes a partir de un hecho azaroso y ajeno a su voluntad, como es que la querella contra el Ministro Mesa fue presentada un día antes del fallo de alzada que confirmó su sentencia.

En la conmemoración del centenario de la Corte de Apelaciones de Temuco del 25 de septiembre pasado (a la que, por cierto, asistieron los Ministros Valderrama y Llanos), esperamos que la sentencia de la Corte Suprema refuerce el valor del respeto a la Ley, como principal obligación del juez al momento de “administrar justicia”.

Carla Fernández Montero

Abogada

Derecho Penal-Penitenciario

*Pantalones Portalianos*

Por Cristian Labbé Galilea

Al acercarse las elecciones, cuando los candidatos a la presidencia empiezan a mostrar tímidamente sus cartas y la comunidad les va tomando el peso, cobra vigencia lo que alguna vez le escuché a un sabio personaje… “Me preocupa el futuro porque allá voy a vivir el resto de mis días”. Esta frase lo dice todo, ella expresa una de las preocupaciones más antiguas y universales del ser humano: la inquietud por lo que viene.

Mirado desde la perspectiva de las próximas elecciones, no es menor lo que se cierne sobre nuestra atribulada realidad, especialmente porque la mayoría de los candidatos, más que mostrar soluciones a los problemas que afectan al país, concentran sus esfuerzos en repetir frases retóricas y en ocultar sus verdaderas ideas tras falsas caretas. Lo importante para ellos es llegar a la Moneda.

Pensando en la incertidumbre de lo que viene, esta pluma recordó al poeta Jorge Luis Borges, quien señaló que “El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer”, idea capaz de revelarnos que el futuro no es algo externo, que simplemente ocurre, sino una construcción que empieza hoy con cada decisión que tomamos. Es decir, preocuparse por el futuro no es pasividad, es conciencia. No es aprensión, sino responsabilidad.

En este sentido, llamó profundamente la atención a esta pluma que, consultado cada candidato presidencial por un periódico sobre cuál era su personaje referente, el nombre que más se repitió fuera el de Diego Portales. La sorpresa fue verdaderamente positiva, porque si hay algo que podría sacar al país del desgobierno y de la decadencia en la que se encuentra, es un gobierno que esté dispuesto a aplicar, a firme, la doctrina Portaliana.

Las principales ideas de Portales pueden resumirse en: la adopción de un sistema de gobierno, cuyo “resorte principal” es la figura “institucional” del Presidente de la República, asesorado por los más virtuosos y capaces, que sean ejemplo para el resto de la sociedad, y que estén orientados siempre al bien común; un gobierno cuya máxima debe ser premiar a los hombres de orden y progreso, y reprimir a quienes intriguen e incumplan las leyes.
El Régimen Republicano de Portales postulaba que, junto al Presidente -el principal resorte de la máquina-, era necesario contar: con un buen funcionamiento de las demás piezas de la máquina (el elemento humano); con leyes vigorosas y fuertes que debían ser respetadas por gobernantes y gobernados; con un Congreso que fiscalice rigurosamente los actos del gobierno, y; que además debía contar con jueces probos y decididos a reprimir a quienes delinquen.

Finalmente, y pensando en el futuro… podemos concluir que hay un renacer de las ideas portalianas, ¡la ciudadanía lo está pidiendo a gritos!: que se restablezca un gobierno fuerte por sobre los intereses partidistas, que respete nuestra alma nacional y nuestra tradición Republicana. Por último, esta inquieta pluma se pregunta legítimamente: ¿habrá algún candidato con los pantalones bien puestos para realizar un gobierno portaliano?

Los privilegios de la burocracia internacional

En momentos en que se discuten posibles candidatos para dirigir la ONU, lo lógico sería elegir a alguien que sea capaz de reformularla, hacerla más liviana y más eficiente. Por cierto, requiere además mayor control -accountability- y que se sepa cuánto ganan, cómo se les mide y cómo se reclutaron sus funcionarios.

por Andrés Montero J.2 octubre, 2025

Hace más de 50 años, mi padre se refería a los funcionarios de la ONU y sus filiales, como “grandes vagos internacionales”. La verdad es que en esos días yo encontraba algo exagerada su afirmación. El tiempo le ha dado la razón.

Los funcionarios de organismos internacionales en general son inamovibles, salvo que se les compruebe que sean ladrones. Estos personajes están muy preocupados de su salario, de la calidad de los lugares en donde habitan, de los beneficios en viajes, de sus salarios libres de impuestos y de mantenerse dentro del “establishment” sin hacer mucho ruido. Hablar y escribir generalidades, llevar adelante análisis de diversas materias intrascendentes, promover un feminismo fanático, defender la inmigración ilegal, potenciar un Estado “robusto” -les encanta esa palabra- y defender el lenguaje inclusivo, el progresismo y la “diversidad”.

Normalmente se casan con otras funcionarias, a veces de otra nacionalidad y que trabaje en algún otro organismo para evitar “conflictos”. Sus destinos favoritos son Ginebra, Viena y Nueva York. Si es la Cepal, Santiago de Chile les viene bien. Horarios flexibles, oficina en Vitacura cerca de los buenos restaurantes de Alonso de Córdova. Además, tienen patente diplomática en el coche, protección judicial y accesos preferentes en aeropuertos.

Los grandes vagos internacionales tienen además un aura de intelectuales expertos en muchas materias. Participan en centenares de seminarios, en distintas ciudades y todos se creen inteligentes. Muchos de estos funcionarios proceden de gobiernos de izquierda, que tras mala gestión pierden el poder y deben urgente “reubicarse”. Bárcena, Furche, Narváez, Peñailillo, Arenas, Mena, Bachelet, Vargas Quiroz y tantos otros completan la lista de beneficiarios.

En estos días se moverán las redes, pues un gran número de burócratas saldrá “al mercado laboral internacional” en busca de nuevas oportunidades. A estas personas nadie las contrata en el sector privado, pues son flojos, ganan mucho y son expertos en nada. Se pasan la vida navegando, esperando jubilarse para contarle a los nietos lo fantásticos que fueron.

Un análisis objetivo permite concluir que de verdad sus estudios y sus centenares de encuentros internacionales no mueven la aguja. En buen chileno, son irrelevantes. En momentos en que se discuten posibles candidatos para dirigir la ONU, lo lógico sería elegir a alguien que sea capaz de reformularla, hacerla más liviana y más eficiente. Por cierto, requiere además mayor control -accountability- y que se sepa cuánto ganan, cómo se les mide y cómo se reclutaron sus funcionarios.

En un mundo más intercomunicado, ya no se requieren los más de 100 mil -se habla de 130 mil- burócratas que forman parte de la ONU. La decisión está en manos de los gobiernos, pero no se olviden de los contribuyentes, que al final del día pagamos la fiesta. 

Etiquetado:burócratasONUorganismos internacionales

4 Comments

1. Carlos Souper Quinterosdice:

1 octubre, 2025 en 23:18

Excelente, certero, valiente, directo. Gustele a quien le guste, pero así es. Velar por la paz del mundo??????, qué descaro, no son capaces ni de parar una pelea callejera…..

2. Mario Ignacio Giácaman Ahuésdice:

2 octubre, 2025 en 09:40

La izquierda caviar.
¿Cómo no estar de acuerdo con Trump, Milei, Meloni, Orban y tantos otros que aborrecen, y son aborrecidos por, los grandes vagos internacionales.

3. Adolfo Paúl Latorredice:

2 octubre, 2025 en 11:16

Lamentablemente la ONU ha sido capturada por personas u organizaciones de izquierda que tratan de imponer su agenda ideológica particular (por ejemplo, la Agenda 2030) lo que la ha llevado a la irrelevancia; salvo algunos de sus órganos técnicos que cumplen una función de innegable utilidad, tales como la Organización Marítima Internacional; un organismo especializado que promueve la cooperación entre países para mejorar la seguridad marítima, prevenir la contaminación marina y establecer normas internacionales para el transporte marítimo.
Adolfo Paúl Latorre
Magíster en ciencias navales y marítimas.

Pesar por Fallecimiento

29 septiembre 2025   Boletín Cren N° 35   Una cruda y brutal realidad   www.ongcren.cl          UN SOLDADO MÁS QUE SE VA, OTRA INJUSTICIA QUE QUEDA   Con profundo dolor e impotencia somos testigos de la partida de otro camarada tras las rejas Nuestro profundo pesar a su familia y camaradas de Punta Peuco, que compartiero con el las penurias del encierro. Compartimos con ustedes, la sentida despedida de sus camadas en desgracia.   Su partida no es un hecho aislado, es la expresión de un sistema que persigue con saña a los soldados ancianos y enfermos por causas políticas, negándoles sus derechos. Hoy lo despedimos con respeto y con la certeza de que su historia ya se ha convertido en un símbolo más de la doble vara y la crueldad institucional que impera en Chile.   Acompañemos a su familia en su despedida. PUNTA PEUCO INFORMA  Con profundo pesar comunicamos que hoy, 29 de septiembre de 2025, a las 13:00 horas aproximadamente, falleció en el Hospital Militar el Coronel(R) Francisco Ferrer Lima (Q.E.P.D.), a la edad de 81 años y 8 meses, nacido el 18 de enero de 1944.Infante del Ejército de Chile. Pasó los últimos veinte años de su vida privado de libertad en los recintos de Cordillera y Punta Peuco, donde enfrentó con entereza la dureza de la prisión y las injusticias de procesos interminables. En los últimos meses padeció un cáncer fulminante, además de una fuerte depresión, y finalmente murió tras los barrotes, como anciano condenado en sus últimos días. Quienes aún permanecemos prisioneros lo despedimos con profundo dolor, reconociendo en él a un camarada leal y a un oficial íntegro que sirvió con honor a la Patria. Desde nuestras celdas le enviamos un homenaje de gratitud eterna por su entrega y sacrificio, agradeciéndole el ejemplo de dignidad y valentía que deja como legado. Le deseamos un buen viaje hacia la eternidad, seguros de que su recuerdo permanecerá vivo en nuestros corazones.   Sus restos serán velados desde mañana martes 30 de septiembre, a partir de las 09:00 horas, en la Iglesia Institucional del Ejército, en La Reina. (Valenzuela Llanos 623) Descanse en paz mi Coronel, usted ya puede gozar su libertad tan merecida !         COMPROMISO Redoblaremos los esfuerzo realizados junto a sus familias, amigos, compañeros y organizaciones que luchan incansablemente para desenterrar la Verdad y se les haga Justicia a quienes sirvieron a la Patria resguardando nuestras fronteras y restituyeron el orden Institucional quebrantado. Si bien los resultados a la fecha no son los esperados, no abandonaremos la lucha núnca y la continuaremos con más ímpetu que núnca, es un comprino con los 105 fallecidos en prisión, los que cumplen condenas y los procesados y sus familias. Celebramos el que la Corte Suprema haya decretado admisible la querella por Prevaricación con el Ministro Alvaro Mesa L interpuesta por la valiente abogada Carla Fernandez en representación de 3 oficiales del Regimiento Tucapel y hoy esté en el banquillo de los acusados. EJEMPLO A SEGUIR   Solicitamos a todos los integrantes de las FFAA, Fuerzas de Orden, a las distintas ONG e Instituciones, a familiares y amigos en general, a continuar sumándose en apoyo de todos quienes deben enfrentar esta injusta situación, a fin de afirmar, fortalecer e incrementar el planteo de los justos reclamos por acceder a una justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva, a través del irrestricto respeto por la Constitución de la República. La continuación de la ardua lucha en su apoyo, por la recuperación plena del estado de derecho y por la reparación del respeto y la credibilidad de las Instituciones de la República, así lo exige. Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, compañeros de Promoción, camaradas y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.   Si prefieres no recibir esta información te puedes desinscribir Para ampliar su difusión compartelo y comentalo. boletin@ongcren.cl

ONG-CREN

*Cuando la verdad procesal se estrella contra la realidad*

Por René Fuchslocher

La noticia de que una mujer considerada durante décadas como “detenida desaparecida” está viva en Argentina —tras haber residido varios años en Suecia— ha remecido al país. No se trata solo de una anécdota, sino de un hecho que obliga a mirar de frente varias dimensiones sensibles: las responsabilidades judiciales, políticas y económicas derivadas de una historia que hoy se demuestra falsa.

La discusión pública se ha centrado en los beneficios previsionales, indemnizaciones y reconocimientos simbólicos recibidos por sus familiares. Es legítimo preguntarse si era posible desconocer su paradero durante tantos años, y qué mecanismos estatales fallaron para que esta ficción se mantuviera incuestionada por décadas. Pero hay una dimensión aún más delicada: las condenas judiciales dictadas sobre la base de hechos que ahora se revelan radicalmente falsos.

En este escenario, cobra especial importancia la reciente *sentencia de la Corte Suprema, Rol N° 37.661-2025, de 23 de septiembre*. En ella, el máximo tribunal rechazó un recurso de amparo interpuesto a favor de un ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, querellado por prevaricación penal en causas de derechos humanos. La Corte recordó que, conforme al artículo 114 del Código Procesal Penal, no corresponde desechar una querella de este tipo en una etapa inicial cuando los hechos denunciados exceden la simple discrepancia con la valoración probatoria. Por el contrario, debe investigarlos el Ministerio Público antes de que un tribunal se pronuncie de fondo.

En palabras del fallo, _“los hechos denunciados por la querella, dada su complejidad, no pueden circunscribirse únicamente a aquellos narrados en la acción penal ejercida por la querellante, debiendo agotarse su investigación por parte del ente persecutor”_ (cons. 5°). La Corte, además, revocó una decisión anterior de la Corte de Apelaciones de Concepción que había acogido el amparo, dejando abierta la vía para que la investigación penal siga su curso.

La coincidencia temporal entre ambos hechos —una desaparecida que nunca lo fue, y una Corte Suprema que permite indagar posibles prevaricaciones en causas de derechos humanos— plantea preguntas incómodas pero necesarias. ¿Cuántas condenas se dictaron sobre la base de relatos nunca verificados a fondo? ¿Qué responsabilidades políticas y judiciales existen cuando el dogma sustituye a la prueba? ¿Y qué pasa con los inocentes que cumplieron condenas por hechos que hoy podrían no sostenerse?

La justicia transicional debe ser tomada con toda la seriedad que merece. *El mismo ahínco con que se investigan las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado debe aplicarse a los abusos, omisiones o errores cometidos al amparo de esa causa*. Solo así se protege la legitimidad del sistema judicial y se evita que la verdad procesal termine estrellándose contra la realidad.

Post

JanoMatus  Republicano @janomatusmc

¿ Cuántos “Casos Tocornal” hay en Punta Peuco ? Recuerdo el Caso Castañer donde un periodista le pagó a un ex Soldado para que mintiera. El arrepentido hizo una declaración Notarial dando cuenta del hecho. Esto no fue considerado. Castañer está preso.: 

Ver:

De instagram.com

30 de septiembre 2025   Boletín Cren N° 37   Centenaria Ilustre Corte de Apelaciones de Temuco Mancillada www.ongcren.cl        Un Centenario en Tiempos de Sombra   Celebrar el de la Ilustre Corte de Apelaciones de Temuco, presidida por el ministro Alvaro Mesa Latorre. imputado por Prevaricación, no solo es cuestionable: es una afrenta a la institucionalidad y a la justicia misma.        El largo y sinuoso  camino seguido por la querella presentada por tres oficiales del Regimiento Tucapel de Temuco, representados por la abogada Carla Fernandez, lejos de ser transparente, ha estado marcado por graves irregularidades: fue declarado admisible por un juez de garantía de Temuco, misteriosamente eliminado de los registros del Poder Judicial, sustituido por una resolución contraria del mismo juez, derivado a la Corte de Apelaciones de Valdivia –donde se volvió a declarar admisible–, el juez querellado presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Concepción que acogió el amparo en tiempo record, lo que obligó a recurrir a la Corte Suprema que en fallo dividido (3 votos contra 2) revocó la sentencia de la ICAC y rechaza la acción de amparo, con los votos disidentes de los ministros Manuel Valderrama y Leopoldo Llanos, debiendo agotarse su investigación por parte del ente persecutor, no siendo procedente desestimarlos a priori. No es buena señal el que la ICAT, haya conmemorado su centenario con un presidente imputado y que, además que las más altas autoridades del Poder judicial presentes en la ceremonia fueran precisamente  los ministros Valderrama y Llanos que votaron en contra de la Resolución de la C. Suprema que ordena investigar, es una señal preocupante que no puede ignorarse.       Más aún cuando se recuerda que bajo la égida del ministro Mesa numerosos exmilitares, carabineros y policías de investigaciones, han sido condenados a altísimas penas, que transcurrido más de 50 años de los hechos que supuestamente investigó, ya que sus resultados son practicamente nulos, considerando  la avanzada edad de los condenados, muchos enfermos terminales con capacidades y condiciones de movilidad reducida, hacinados y sin asistencia, equivalen a sentencias de muerte en prisión.       La esperanza de que los ministros de esta ahora centenaria Corte enmendaran los errores procesales del ministro Mesa que condena mayoritariamente por presunciones sin fundamento, leyes no vigentes a la fecha de los hechos, vulnerando el debido proceso, la igualdad ante la ley. en la que además se han observado prácticas cuestionables como: una ministro suplanta a actuario en interrogatorio, fiscales que avalan procesos de más de 10.000 fojas sin en 24 horas les haya sido posible someterlas a la revisión crítica que exige la ley, es una clara señal que no cumplieron con su tarea .   La magnitud de estas irregularidades pone en duda la integridad de quienes integran esta centenaria institución que debería ser pilar del Estado de Derecho. Cuando la justicia se ve empañada por procedimientos irregulares y señales equívocas, se erosiona la confianza de la ciudadanía.   En este contexto, la pregunta que surge es inevitable:   : ¿Qué celebramos realmente en el centenario de la Corte de Temuco: la tradición de la justicia, o la consolidación de sus sombras?     Si prefieres no recibir esta información te puedes desinscribir Para ampliar su difusión compártelo y coméntalo. Contacto y artículos dirígelos a: boletin@ongcren.cl Más sobre el tema los puede revisar https://ongcren.cl/justicia-por-prevaricacio

Detenidos desaparecidos:

Tras el reportaje de Chilevisión que reveló la aparición en Argentina de Bernarda Vera, quien fue considerada ejecutada en 1973, el Diputado Johannes Kaiser lanzó duras críticas a la política de derechos humanos en Chile, acusando manipulación y negligencia.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario subrayó que este caso golpea directamente la confianza en los informes oficiales. Según Kaiser, la revelación demuestra cómo por décadas se ha construido un relato político más que una búsqueda de la verdad. *“El caso de Bernarda Vera desprestigia profundamente toda la labor en materia de derechos humanos y siembra un manto de duda sobre los datos entregados a través del Informe Rettig”,* señaló.

Asimismo, criticó la falta de rigurosidad con la que se ha manejado esta área. Kaiser recalcó que no se puede permitir que historias falsas sigan contaminando la memoria histórica: *“Esto muestra hasta qué punto se han hecho las cosas de manera amateur. Hoy aparecen personas que figuraban como detenidas desaparecidas, y no lo están”.*

Kaiser responsabilizó directamente al Ejecutivo y a la autoridad encargada del plan de búsqueda de desaparecidos. *“El Ministro de Justicia sabe que hay cientos de restos en el Servicio Médico Legal sin identificar y no ha respaldado nuestra iniciativa para avanzar en esa tarea. El Ministro sabe que el plan de búsqueda no tiene ningún sentido si no sabemos siquiera a quiénes tenemos”,* afirmó.

Finalmente, el diputado lanzó un emplazamiento al Gobierno y al propio ministro de Justicia: *“Si lo que se imputa es cierto, el Ministro incurre en una falta ética gravísima. Todo el relato de derechos humanos de los últimos 30 años se desmorona si no está basado en hechos fácticos, y con él se arrastra la credibilidad del Poder Judicial y de toda la política de derechos humanos desde 1990 hasta hoy”.

Se los dice Frei:

Y los números hablan por sí solos:

Recuperar nuestras instituciones

Por José Tomás Hargous Fuentes 

Este mes conmemoramos nuestras Fiestas Patrias. En esta tribuna hemos reseñado en otras ocasiones cómo nuestro 18 de septiembre es expresión de la continuidad y el cambio en nuestra historia institucional, puente entre nuestro período hispánico, como parte de una monarquía múltiple y compleja, y nuestra vida como república emancipada.

En ese 18 de septiembre el Conde de la Conquista convocaría el cabildo abierto para resguardar en estas tierras la autoridad del monarca cautivo por Napoleón, jurándole lealtad. Esa autoridad, encarnada originalmente en los Presidentes de la Real Audiencia, será traspasada a los Presidentes de la República a partir del período que sucedió a la Batalla de Lircay y hasta nuestros días.

En la actualidad nos encontramos, como en 1830, 1925 y 1973, en una profunda crisis, de confianza en las autoridades y en las instituciones. Afortunadamente han quedado atrás los años de borrachera octubrista –revolución– y pareciera que la ciudadanía anhela una restauración del orden, anhelo septiembrista –tradición, es decir, reforma en continuidad– que no es unánime en una clase política que en su mayoría sigue tentada por el noviembrismo –reformismo–.

Nuestros candidatos presidenciales encarnan plenamente esos tres modos de aproximarse a la actual crisis. El fantasma que recorre Chile, autor de la revolución de octubre, se abraza a Jeannette Jara para seguir destruyendo nuestras instituciones, aún con altas probabilidades de pasar a la segunda vuelta. El noviembrismo pareciera estar representado por una Evelyn Matthei que nuevamente se instala entre los candidatos competitivos, pero aún a mucha distancia de donde se encontraba a principios de año.

Finalmente, el septiembrismo, que busca aunar a las fuerzas del Rechazo en 2022, se encuentra entre los partidos agrupados a nivel parlamentario en el pacto Cambio por Chile, pero dividido en sus apuestas presidenciales, entre José Antonio Kast y su Fuerza del Cambio –hasta ahora el candidato con más opciones de llegar a La Moneda– y Johannes Kaiser y su proyecto Defiende la Verdad –que recuerda a La Pura Verdad de Kast en 2017–, que sigue amenazando con superar a Evelyn Matthei.

Ya en plena campaña electoral nos encontramos en los minutos fundamentales del partido. Como Churchill, Kast sólo nos puede prometer “sangre, sudor y lágrimas”, un Gobierno de Emergencia. Pero sólo con ese esfuerzo –encabezado por la Fuerza del Cambio pero que requiere que todas las fuerzas de bien de este país– podremos recuperar nuestras instituciones.

Un gobierno de emergencia

Por Gonzalo Rojas Sánchez 

En estos días celebramos los 215 años del proceso de autonomía que nos llevó a la independencia nacional, desde la primera Junta de Gobierno, en 1810, hasta la declaración de 1818.

Una de las constantes de ese proceso, tan heroico como lleno de altibajos, fue considerar la situación como una auténtica emergencia. Así lo expresaron los tres primeros reglamentos constitucionales. De manera dramática, el de 1814 se refería a “las críticas circunstancias del día”. Nuestros primeros padres percibían que había una situación de insoportable dependencia, y que la emergencia asociada a su ruptura requería de medidas excepcionales.

Volvamos al presente. ¿No estamos acaso hoy viviendo en Chile unos tiempos en que se manifiestan graves dependencias y, por eso mismo, se hace necesario afrontar el próximo gobierno bajo el criterio de una evidente emergencia?

Las dependencias que hoy padecemos pueden dividirse en dos grupos. Por una parte, las que provienen del exterior. En esa dimensión están las influencias de un globalismo que nos impone descriterios sobre la vida, la familia, las etnias, la sexualidad, el medio ambiente y la educación, tendencia a la que se suma la otra vertiente foránea, cual es la presencia en Chile de una significativa proporción de inmigrantes que atentan contra nuestras costumbres y, sobre todo, contra la paz social, mientras otro grupo ha venido a buscar efectivamente el asilo contra la opresión y a trabajar en paz y con calidad profesional.

A esas dependencias de origen foráneo se suman otras. Son las que desde dentro han generado quienes, desde Bachelet al Frente Amplio y el PC, no han trepidado en darle al Estado un volumen, un papel y una presencia simbólica propias de un supuesto mesías. Pero, al mismo tiempo, ha quedado en evidencia que ese falso mesías se encarna en miles de funcionarios que engañan y roban mediante sus licencias falsas, que se conciertan con fundaciones para privarnos a todos del producto de nuestros impuestos, que se expresan como burócratas que demoran indefinidamente las autorizaciones que les corresponde otorgar, solo para darse importancia y justificar sus cargos. Nos hemos ido haciendo dependientes de estas y tantas otras formas de corrupción y mediocridad. Las sufrimos a diario.

Por todo eso, y por mucho más, se hace necesario un gobierno de emergencia nacional, apoyado por un Congreso que, desde una mayoría, asuma su tarea de colaboración con el Poder Ejecutivo.

Un gobierno de emergencia ha de sustentarse en tres pilares básicos. En primer lugar, en la convocatoria de las mejores personas disponibles para todas las tareas ejecutivas, personas que permitan recuperar la independencia de nuestras instituciones; en segundo término, en la convicción más absoluta del nuevo Presidente sobre la necesidad de afrontar momentos muy difíciles con prudencia y fortaleza, sabiendo que podría volver a desplegarse un proceso que intente frustrar nuestra independencia nacional; y, finalmente, en la proposición de una legislación que efectivamente revierta las dependencias y libere las fuerzas de la creatividad.

Es de tal magnitud la crisis nacional, la dependencia de males tan graves como extendidos, que la tarea va a ser titánica. Recuerdo una vez más a Havel, quien frente al desafío de reconstruir la antigua Checoslovaquia después de sus tristes años bajo el marxismo, afirmaba que recuperar “un orden basado en la responsabilidad libremente asumida frente a, y por parte de la sociedad en su conjunto, aún no ha sido construido; tampoco pudo haberlo sido, ya que desarrollar y cultivar esa clase de orden requiere muchos años”.

Es lo que nos convoca.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Lenin de Tagua Tagua

Por Cristián Valenzuela 

Eduardo Artés volvió a hacer lo que mejor sabe: lanzar amenazas disfrazadas de profecías y después hacerse el ofendido cuando alguien lo toma en serio. Primero dijo con desparpajo que un gobierno de Kast o Kaiser “no va a durar nada”, que “la calle no lo va a dejar” y que él mismo estaría ahí, codo a codo, “con el pueblo”. Luego, cuando lo encararon, reculó con un argumento risible: el problema no es lo que dijo, sino que el resto del país sufre de “comprensión lectora deficiente”.

Lo que hay aquí no es un error semántico ni un malentendido. Es la vieja estrategia de la izquierda dura: amenazar primero, victimizarse después y culpar al receptor por no entender las “profundidades dialécticas” del mensaje. Es el mismo manual que se usaba en los años 60 en Moscú o en La Habana: democracia mientras ganen ellos, revolución permanente cuando pierden.

Artés se presenta como un líder popular, pero en realidad es apenas un remedo de dictador tropical. Un Lenin de San Vicente de Tagua Tagua, cuna original del eterno bolchevique; un Fidel de utilería, un Maduro de bolsillo. Un revolucionario versión fruna, que con suerte ha logrado 100 mil votos en una elección, pero que se arroga el derecho a decirle a Chile qué gobiernos pueden durar y cuáles no.

Lo cómico —y a la vez peligroso— es que este discurso no es un accidente individual. Artés es el extremo gritón de lo que muchos comunistas piensan en silencio. Lo que él lanza sin pudor, otros lo callan para no espantar votantes. Jeannette Jara, el rostro amable del PC, representa esa misma matriz ideológica: la de un partido que jamás renunció a la idea de que la democracia es solo un medio, nunca un fin. La diferencia es que Jara sonríe mientras promete gobernar y Artés grita mientras anuncia que jamás dejará gobernar.

Pero no nos engañemos: es la misma partitura. El Partido Comunista sabe que su candidata no ganará en la moderación, sino en la polarización. Y Artés, con su caricatura soviética, cumple la función de correr el cerco, de mostrar crudamente lo que el PC oculta. La amenaza de caos, de fuego y de calle es parte de ese libreto, aunque venga envuelta en el lenguaje “profético”.

Porque en el fondo, Artés no es un político: es un fantasma bolchevique, un fósil de museo ideológico que insiste en recitar la Internacional con voz engolada mientras el mundo ya pasó a otra página. Su “pueblo” son cuatro nostálgicos de comité, su revolución cabe en un mimeógrafo carcomido y su destino político no es La Moneda, sino una vitrina polvorienta junto a los panfletos amarillentos del MIR.

Puede gritar, puede amenazar, puede disfrazar sus delirios de análisis social, pero lo único que consigue es recordarle a Chile por qué el comunismo nunca fue alternativa, solo tragedia. Y si algún mérito tiene, es este: cada vez que abre la boca, deja en claro que bajo la sonrisa de Jara y el maquillaje del PC late la misma pulsión autoritaria de siempre.

Lo irónico es que mientras acusa a otros de “comprensión lectora deficiente”, es él quien lee mal la realidad. Chile no quiere revoluciones a la cubana, lucha de clases ni camaradas de partido único. Los chilenos quieren orden, quieren paz, quieren progreso. Lo suyo es nostalgia: un panfleto marxista desfasado, con olor a tinta vieja y consignas de museo.

Al final, Artés se disfraza de líder popular pero queda en evidencia como lo que realmente es: un candidato antiimperialista de caricatura, atrapado en un país que ya no compra consignas de barricada. Lo suyo no es valentía política, es un show de amenaza encubierta. Y la burla final es que intenta convencernos de que todo fue un malentendido semántico.

No, señor Artés: lo entendimos perfectamente.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el miércoles 24 de septiembre de 2025.

11 de septiembre

Por Rodrigo Ojeda

Tras 52 años del 11 de septiembre de 1973, la historia no comenzó ese día y es un pasado incómodo. Generacionalmente, pocos quedan indiferentes al 11 de septiembre (11S), pero muy pocos lo vivieron. Corresponde al estudio del pasado nutrir la reflexión y evitar la instrumentalización de una época controversial. Guste o no, no hay 11S sin los años, meses y días previos. Fueron tiempos complejos con una democracia desgastada y sobrepasada por la seducción guerrillera, la utopía revolucionaria y la vía insurreccional. Durante la Unidad Popular (UP) la sociedad chilena quedó dividida en trincheras ideológicas e irreconciliables. Además de la “violencia retórica y también física” con distintas responsabilidades por acción, reacción y omisión. “Se habla mucho de la Unidad Popular y yo creo que es un período a revisar. Y desde la izquierda tenemos que ser capaces de analizarlo con mucho mayor detalle y no sólo desde una perspectiva mítica”, en palabras del compañero Boric.

¿Qué ocurrió en Chile? Es la pregunta rectora del expresidente Frei Montalva en su carta a Mariano Rumor del 8 de noviembre de 1973. La respuesta en 23 carillas, es un balance de lo padecido durante los mil días de Allende. Frei “estaba en contra de la Unidad Popular, porque no quería vivir en una sociedad socialista”. Un opositor que alertó la crisis y se opuso a la ideología marxista, política e intelectualmente, en todo momento. En su misiva fue contundente al señalar que “la responsabilidad corresponde a la UP” como gobernantes del país durante los años 1970 a 1973. El expresidente presenció la llegada y el ocaso de la vía chilena al socialismo. Para Frei, la UP “distorsionó todo el proceso de desarrollo político, cultural, económico y social” de Chile. Impuso un diagnóstico dogmático e intentó grandes transformaciones sin los respaldos institucionales, políticos y sociales. Denunció el desprecio declarado por la “democracia y legalidad burguesas”. Esa “democracia burguesa” vilipendiada y una necesidad táctica para la UP y las olvidadas Garantías Constitucionales.

“Los que destruyeron este país ahora se convierten en acusadores y defensores de la democracia, cuando aquí lo único que hicieron fue tratar de aniquilarla”, según el balance de Frei. La izquierda comunicó que la lucha armada y el enfrentamiento eran inevitables. Los grupos armados y el terrorismo fueron reales en “defensa del pueblo”. Sobrepasaron el ordenamiento legal y constitucional. La Guerra Civil fue advertida y propiciada. El gobierno de Allende fue cómplice e inconsistente con los grupos armados. La UP prometió de todo a todos desde el irrealismo. Aumentó las contradicciones sociales e institucionales en un ambiente polarizado. No pudo resolver sus divisiones internas respecto de los medios y ritmos en el proceso revolucionario. Allende quedó atrapado en el Programa y Comité Político de la UP. La marcha al abismo no se detuvo tras la conformación de gabinetes cívico-militares. Los militares fueron llamados por Allende con antelación al 11S. “La política se militarizó y los militares se politizaron”. El diálogo se agotó tras los intentos del Cardenal.

Frei no participó de la planificación ni ejecución de la salida militar, esa salida inevitable que todos vieron venir. El expresidente sintió “una sensación de liberación, pero por otra parte de angustia”. Según Frei, los mil días fueron un drama, una tragedia, un fracaso y una catástrofe. El 11S puso fin al riesgo totalitario y a la delirante actividad política de los mil días. La UP y el 11S, nos incomodan y obligan a preguntarnos qué nos llevó a dividirnos en enemigos al borde de una guerra intestina. Hoy, el presidente Boric conmemora y declara su preocupación por la “erosión y debilitamiento paulatino de la democracia”. En paralelo, expresa ese reciclado: “Democracia siempre” es una frase que suena bien, pero omite los errores de la UP. Debemos aprender de las luces y sombras del pasado, sin apologías a los grupos armados y guerrilleros. La violencia política se condena siempre, antes y después del 11 de septiembre.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Pingüino el domingo 14 de septiembre de 2025.

La radionovela de la querella contra Mesa:

https://youtu.be/6iZl4WGmpLU?si=TxoDfZkCcxNAK4MA

https://youtu.be/iIbTGjs0Od8?si=fLSMe3OoxzeyPL2Y

 “La sentencia de la Corte Interamericana tensiona la legalidad y la seguridad jurídica del Estado”

Por Ricardo Bravo Cornejo, abogado defensor

– Diario Constitucional

Por Elke von Loebenstein, Subdirectora de Diario Constitucional

El pasado jueves, el pleno de la Corte Suprema de Chile celebró una audiencia pública sin precedentes para debatir los efectos y alcances de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Vega González y otros vs. Chile. Esta resolución internacional ordena revisar la condena de Luis Osmán Yáñez Silva (L.O.Y.S.), condenado por delitos de lesa humanidad, y ha sido calificada como histórica por el propio Poder Judicial.

Uno de los intervinientes en la audiencia fue el abogado defensor Ricardo Bravo Cornejo, representante de L.O.Y.S., quien en esta entrevista entrega una visión crítica y jurídica del fallo internacional. A su juicio, la decisión de la CIDH amenaza principios estructurales del derecho penal chileno, como la cosa juzgada, la legalidad y la seguridad jurídica.

Bravo advierte que no existe un mecanismo claro para ejecutar una sentencia de estas características en el sistema chileno, y que cumplirla podría implicar una reinterpretación forzada del derecho interno o la creación de legislación ad hoc. “Cumplir con este fallo puede significar tensionar pilares del Estado de derecho”, sostiene.

1. ¿Cuáles son las consecuencias de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

La sentencia de la Corte Interamericana tiene consecuencias que trascienden el caso concreto y afectan la arquitectura jurídica del Estado. En primer lugar, implica la obligación para Chile de revisar sentencias firmes dictadas bajo la ley vigente en su momento, lo que pone en jaque los principios de legalidad, cosa juzgada y seguridad jurídica, fundamentales para cualquier Estado de derecho.

En lo simbólico, la sentencia refuerza el mandato internacional de sancionar graves violaciones a los derechos humanos, pero introduce el riesgo de que, bajo la bandera de la lucha contra la impunidad, se erosione la certeza jurídica y el valor de las instituciones nacionales. Además, proyecta la idea de que los tratados pueden modificar retroactivamente el alcance de derechos y garantías, afectando la previsibilidad del sistema.

A nivel regional, sienta un precedente de profundo impacto, pues abre la puerta para que cualquier sentencia nacional pueda ser objeto de revisión internacional bajo nuevos estándares, incluso décadas después de quedar firme.

2. ¿Cuáles son las principales problemáticas que usted identifica como defensor frente a esta sentencia?

La principal problemática es la afectación de la seguridad jurídica y de la confianza ciudadana en la justicia penal. Reabrir sentencias firmes para agravar la situación de personas condenadas bajo derechos vigentes al momento del fallo implica una vulneración de la cosa juzgada, del principio de legalidad y de la prohibición de retroactividad gravosa (lex mitior).

Esto no solo afecta a los condenados, sino que instala una sombra de inestabilidad sobre miles de otros procesos en los que las personas podrían temer que sus condenas sean revisadas en el futuro por cambios de criterio internacional.

Como defensor, advierto que la Corte IDH, al intervenir como “cuarta instancia”, no solo revisa la legalidad, sino que reinterpreta el fondo de sentencias internas, lo que socava la autonomía judicial nacional y puede derivar en un efecto cascada: presión sobre los jueces, politización de causas penales y un debilitamiento de la legitimidad institucional de la Corte Suprema y del sistema judicial en su conjunto.

Finalmente, la ausencia de procedimientos claros y la inseguridad sobre el alcance y la forma de cumplimiento de la sentencia internacional pueden derivar en conflictos de competencia, recursos de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional y una sobrecarga de litigiosidad.

3. ¿Qué procedimiento corresponde aplicar para ejecutar la sentencia de la Corte?

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la ejecución de una sentencia de la Corte Interamericana que ordene revisar una condena firme, como la de don Luis Osmán Yáñez Silva, plantea un verdadero dilema institucional para Chile. Nuestro sistema procesal penal no contempla un mecanismo específico para la reapertura de sentencias ejecutoriadas a raíz de un fallo internacional. Las herramientas de revisión en la ley chilena son de carácter excepcionalísimo y solo proceden en supuestos muy definidos, como la existencia de hechos nuevos o pruebas falsas.

Por tanto, cumplir con una sentencia de la Corte IDH que ordene dejar sin efecto la atenuante de media prescripción exigiría una innovación jurídica profunda: o bien la creación de legislación ad hoc, lo que es resorte exclusivo del Congreso Nacional; o bien una reinterpretación del alcance del control de convencionalidad, que supondría tensionar principios básicos como la legalidad, la irretroactividad de la ley penal más gravosa y la cosa juzgada.

En el caso concreto, esto significa que el Estado se ve forzado a buscar una fórmula para revisar, en fase de ejecución, una sentencia dictada y ejecutada conforme a la legalidad vigente en 2009. Esta situación pone en entredicho el rol del Poder Judicial como garante de la seguridad jurídica y de la confianza en la justicia penal, pues genera la percepción de que las sentencias podrían quedar siempre sujetas a revisión por estándares internacionales, con independencia de la normativa nacional y de la estabilidad jurídica que ésta otorga.

En definitiva, el procedimiento aplicable es incierto y, por el momento, el Estado chileno queda ante la alternativa de impulsar una reforma legal o abrir un debate constitucional sobre el alcance de los tratados internacionales y la supremacía de la Constitución, lo cual excede largamente la lógica procesal tradicional y supone un desafío sin precedentes para nuestro ordenamiento.

4. ¿Cuáles son las principales consecuencias para el Estado de Chile?

Las consecuencias para el Estado de Chile van más allá de la necesidad de cumplir con una sentencia internacional; afectan la médula de nuestro sistema de justicia penal y la arquitectura constitucional. Primero, la revisión de sentencias firmes por mandato externo implica que ninguna causa —ni siquiera las ejecutoriadas bajo la legalidad vigente— está a salvo de ser reabierta, lo que introduce una incertidumbre estructural en la justicia chilena y erosiona la previsibilidad y la confianza ciudadana en el derecho.

Segundo, se debilita la función de la cosa juzgada como pilar del debido proceso y del Estado de derecho, ya que la revisión retroactiva de sentencias para agravar la situación de los condenados implica relativizar garantías básicas protegidas tanto por la Constitución como por los tratados internacionales.

Tercero, esta sentencia puede sentar un precedente para que la Corte IDH asuma un rol cada vez más expansivo, interviniendo en la determinación del quantum de la pena y en la interpretación de las leyes penales sustantivas y procesales, lo que lleva a una especie de “internacionalización” del derecho penal interno y a una posible erosión de la autonomía judicial y legislativa nacional.

Finalmente, a nivel práctico, el Estado chileno se enfrenta al dilema de armonizar la ejecución de este tipo de fallos con la necesidad de preservar el principio de legalidad y la seguridad jurídica. Esto podría traducirse en reformas legislativas apuradas, conflictos de competencias entre el Poder Judicial y el Congreso, y una mayor litigiosidad, no solo en casos de lesa humanidad, sino también en otros ámbitos en los que la CIDH decida intervenir en la justicia penal interna.

La sentencia no solo impacta el caso que se está discutiendo hoy en día en la Corte Suprema, sino que reconfigura el horizonte de la justicia penal chilena, planteando preguntas de fondo sobre la relación entre derecho nacional, obligaciones internacionales y el sentido último de la justicia en un Estado democrático.

 

Otro escándalo relacionado con presuntos detenidos desaparecidos.

¿Cuántos otros casos hay como este?
¿Cuántos ex uniformados han sido injustamente condenados por casos como este?
¿Cuando habría real voluntad político judicial por llegar realmente a la verdad?
¿Cuando la izquierda dejará de lucrar política y monetariamente con el dolor de hechos como éste?:

PREVARICACION EN CHILE ?. Parece que SIIIIII:

Algunas verdades:

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La delincuencia desatada y el gobierno no hace nada:

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Millonaria deuda: Revelan que Minvu no tiene cómo pagar a las constructoras de viviendas sociales

Franco López

Periodista del área Economía en BioBioChile

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Archivo: Alejandro Pizarro Ubilla | Aton Chile

Algo que ya resonaba en el sector, hoy se reveló: según información a la que tuvo acceso Diario Finenciero (DF), el Ministerio de Vivienda reconoció mediante correos a empresas inmobiliarias que la cartera no posee recursos suficientes para pagar sus compromisos financieros con ellas, en el contexto del Plan de Emergencia Habitacional (PEH).

Aunque desde el Ministerio de Vivienda (Minvu) no reconocieron algún monto en específico, la industria estaría apuntando a que desde el Gobierno existe una deuda vencida total por más de US$1 mil millones, sea con empresas grandes, medianas, pequeñas e incluso Pymes, además de propietarios de terrenos.

Y si bien el Minvu ya había advertido a algunas compañías que los pagos no llegarán antes de marzo de 2026, en sus correos afirmó que tampoco existe certeza de aquello.

En este sentido, recurrieron a una modalidad de pago con BancoEstado, para adelantar pagos a empresas, mientras busca incrementar los recursos para cumplir con sus compromisos.

La crisis financiera del Minvu en medio del Plan de Emergencia Habitacional

Uno de los principales proyectos de la administración del presidente Gabriel Boric es este plan habitacional, que tiene por meta entregar 260 mil viviendas durante el Gobierno, considerando que a 2022 existía una proyección de demanda de más de 640 mil viviendas.

Según lo informado a agosto de este año, hubo 214.588 viviendas terminadas o entregadas, un 82,53% de la meta. Otras 127.428 se encontraban en ejecución. Inclusive entre las regiones del Maule y La Araucanía, y entre Los Lagos y Magallanes, se había superado la meta.

Con todo, detrás del avance del PEH, existían miles de millones de pesos adeudados con distintas empresas y organizaciones del sector.

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Desde DF detallaron que el programa se levanta mediante subsidios, siendo los más importantes el DS19 y el DS49; el primero enfocado en la compra de primera vivienda y el segundo en hogares vulnerables, financiando la compra o construcción de inmuebles.

A su vez, el primero considera la entrega de, antes del inicio de un proyecto, créditos de enlace o anticipos para las constructoras, más un pago final al entregar las viviendas. En el DS49, por su parte, los dineros se liberan de forma consecutiva, según vayan presentando avances.

La crisis de financiamiento dentro del Minvu ha conllevado problemas en ambos pagos. Por ejemplo, un ejecutivo de una inmobiliaria reveló al medio especializado en negocios que el Ministerio le debe un anticipo de casi US$10 millones por más de 600 viviendas bajo el esquema DS19.

“No podemos iniciar las obras hasta contar con esos recursos”, afirmó.

Otra empresa afirmó que en la cartera liderada por Carlos Montes “no tienen caja” para pagarle US$8 millones por concepto de DS49, aunque tampoco está oficialmente registrada tal deuda porque el Minvu no le permite a privados emitir la factura correspondiente.

Sin embargo, el problema también afecta a pagos por materiales a proveedores y terrenos adquiridos por la cartera para levantar viviendas sociales.

Todo termina por atrasar proyectos esperados por familias de escasos recursos, mientras que el gerente general de la Asociación de Viviendas Sociales, Carlos Marambio, junto con decir que el gobierno fue demasiado ambicioso con la iniciativa, en el caso de pequeñas y medianas empresas que no tengan suficiente para sobrellevar los impagos, advierte que es probable ver un “aumento de reorganizaciones financieras y quiebras”.

Otro ejecutivo de una pequeña constructora afirmó que “es la guinda de la torta”, ya que cuando estaban saliendo de una crisis inmobiliaria, “ahora enfrentamos otra generada por el Gobierno”.

Confirming con BancoEstado y presupuesto

En esta línea, Marambio añadió que mientras la cantidad de subsidios entregados creció entre un 20 y 30%, el presupuesto subió menos del 5%, presionando ‘la billetera’.

Y aquí es donde surge el “Confirming” con BancoEstado.

Hoy, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó que esto es una “herramienta habitual (…) que permite a las empresas que construyen viviendas sociales, anticipar el cobro de facturas”, es decir, un factoring.

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Matthei acusa cifras “mentirosas” del gobierno y condiciona tramitación de Ley de Presupuesto 2026

Las declaraciones vinieron luego que la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei (UDI), afirmara que el Ejecutivo estaba “chuteando” pagos para el próximo gobierno, condicionando -respecto a su sector- la tramitación de la Ley de Presupuestos a que se “transparenten” aquellas situaciones.

Sin embargo, Grau afirmó que “esta modalidad, además, no la inventó nuestro Gobierno, sino que es parte de un convenio vigente entre el Ministerio de Vivienda y el BancoEstado, que se utiliza al menos desde el 2011”.

Volviendo al sector inmobiliario, DF añadió que el Confirming solo aplica a aquellos proyectos DS49, además con una tasa de interés de 0,5% por cada cuota, que asumen los privados.

Aunque para un gerente consultado por Diario Financiero resaltó que “es muy injusto” y que el costo termina “comiendo las utilidades del proyecto”, lo prefieren pagar antes que recibir nada. “Es quedar en la UTI o morir”, sentenció.

Finalmente, desde el Ministerio de Vivienda explicaron al medio que efectivamente en este escenario, algunos de los Serviu han proyectado un “gasto mayor al presupuesto” vigente, lo que se ha informado a la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Con ellos estarían trabajando para aumentar los recursos, junto con que el presupuesto sectorial considera una composición histórica de pago de los compromisos anteriores por aproximadamente el 90% de los recursos, afirmó el citado medio.

Actualización: Declaración pública del Minvu

Tras la publicación de la nota de Diario Financiero, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo emitió una declaración pública donde se reiteraron algunos aspectos citados en el artículo.

Con todo, añadieron que “esta cartera de Estado descarta tener pagos pendientes a empresas por la suma indicada (…) que correspondería a una estimación de una fuente de la industria”.

“En este sentido, puntualizamos que podría existir una interpretación equívoca entre proyección de gasto y deuda pendiente”, aseguró el Minvu.

Sobre el financiamiento, apuntaron que los compromisos y gestión se dan en el marco de la Ley de Presupuestos de cada año y “que el presupuesto sectorial apropiado considera una composición histórica de pago de compromisos de años anteriores de aproximadamente el 90% de los recursos”, tal como se consignó previamente.

Junto con reiterar problemas en ciertos Serviu que “proyectan un gasto mayor al presupuesto vigente”, situación que sería concentrada en la región Metropolitana, el Minvu añadió que en el programa DS19 “considera un modelo que posibilita el pago de anticipos, los que, de acuerdo con la normativa vigente, están sujetos a la disponibilidad de recursos”.

En esta línea, resaltaron que tras la crisis post pandemia, la inversión pública en el sector “ha aumentado de manera significativa a través de distintos programas sociales, lo que naturalmente genera una mayor presión de actividad”.

“La estimación de gasto de los Serviu se realiza en función del avance de los proyectos urbano habitacionales, los que históricamente se traspasan de un período de gobierno a otro, debido a iniciativas que fueron asignadas o iniciadas en años anteriores”, apuntaron.

Con todo ello, el Ministerio liderado por Carlos Montes resaltó que las obligaciones financieras que posee el Estado se deben cumplir “conforme a la legalidad vigente”, por lo que están trabajando con la Dipres mediante una mesa técnica para incrementar los recursos del sector, “lo que refleja el compromiso del Estado con la inversión pública, la actividad del sector construcción y, sobre todo, con las familias que esperan su vivenda”

Si usted no quiere esto para Chile, ya sabe por quien votar:

Ni Boric se la cree

POR PILAR MOLINA

Periodista.

Si creyera en Bachelet habría hecho las cosas de otro modo. Su jugada es local, torear a la oposición, pre elecciones, para que se vea obligada a apoyar a una candidata por lo “chilena”, aunque le hayan hecho mal al país sus ideas socialistas.

Resulta irónico oír a la izquierda a una voz proclamar que la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU es una política de Estado, algo histórico para Chile, y una oportunidad para que los candidatos de la oposición (uno de los cuales ganará la presidencial, a todas luces) “muestren credenciales de estadistas”, apoyándola.

En castellano, promover las ideas de la izquierda fracasada desde este organismo multilateral sería algo “histórico y una política de Estado”. Para la risa, cuando la única proyección internacional que le ofrecían a nuestro anterior Presidente era sentarse en un tribunal internacional de justicia, simplemente porque era adversario político.

“La jugada de Boric es otra, hacer una ganancia en lo local: torear a los candidatos punteros de la oposición para que la respalden, exacerbando el nacionalismo”

Eso también era histórico para Gabriel Boric, cuando amenazaba con ello a Sebastián Piñera. Agrandado, ante la asamblea general en Nueva York, aunque ante un plenario más cercano a vacío que pleno, anunció la candidatura de Bachelet, porque le toca a Latinoamérica, porque es mujer, por su currículum.

Pero en verdad, ni él se la cree. Si realmente apostara por ella, se habría preocupado de hacer las cosas de otro modo. Empezando por socializar la decisión con los candidatos presidenciales a los cuales les tocará hacer la nominación el próximo año y, lo más importante, movilizarse buscando apoyos, a un alto costo personal y de la Cancillería que exigirá sacar de las arcas fiscales (que entregarán sin ninguna holgura) a lo menos un millón de dólares.

Si se la creyera, tampoco se habría obsesionado en disparar al Presidente del país más poderoso del mundo, incluso en su discurso ante el pleno (aunque no lo mencionara), porque si “Trump representa todo lo que rechazo”, como lo criticó Boric en abril, él no es mucho más que “nada” para el estadounidense. Una hormiga en el cacho del elefante.

Si apostara por Bachelet, tampoco se habría dedicado a criticar a sus aliados y a ofrecerle en la misma sede de la ONU un juicio a Netanyahu, conociendo cuál es la postura de Trump respecto al conflicto que inició la toma de rehenes israelitas por parte de Hamas.

Si confiara en la nominación de la socialista, no se habría esmerado tampoco en criticar al Presidente de nuestro principal vecino fronterizo en una reunión con sus colegas de la izquierda latinoamericana, más el español Pedro Sánchez. Sabe que Javier Milei es el líder regional favorito de Estados Unidos, al punto que le ofreció 20 mil millones de dólares de apoyo financiero. Pero, además, porque los gustitos no terminan, se tomó una foto con Axel Kicillof, quien acaba de derrotar a Milei en las elecciones locales y aspira a sucederlo.

Boric no pierde nada postulando a la ex Mandataria, que siendo socialista, difícilmente sucederá a otro socialista como Antonio Guterres, más aún cuando Trump tiene alergia a la izquierda y a la cultura woke que ha empujado en Occidente. Si gana el cargo, él podrá atribuirse el mérito de “este nombramiento histórico para Chile, las mujeres y el mundo”. Si pierde, podrá culpar al próximo gobierno de no haber hecho los esfuerzos suficientes, haciendo caso omiso del hecho que existen otros candidatos de América Latina mejor posicionados (si fuera cierto que de ahí deber emerger el próximo secretario general)  y que es casi imposible que Bachelet supere el veto de Trump, facultad que tienen también los otros cuatro miembros del Consejo de Seguridad.

Pero la jugada de Boric es otra, hacer una ganancia en lo local: torear a los candidatos punteros de la oposición para que la respalden, exacerbando el nacionalismo. ¿Se le habrá olvidado tan rápido la plurinacionalidad que pretendía imponer el proyecto constitucional que empujó para que primara sobre una única identidad nacional? Le está regalando una cartita a su candidata de continuidad, la comunista Jeanette Jara, para que se sume al desafío que se hará muy popular.

Aunque no sea popular no promoverla, es de esperar que la oposición no olvide que Bachelet lideró una serie de transformaciones en su segundo mandato con el PC y el Frente Amplio en materia de educación, laboral, sistema electoral y una reforma tributaria que condujeron a condenar a Chile a la ingobernabilidad y al estancamiento general. La educación no es de calidad, los colegios y las universidades están desfinanciadas, en el mercado laboral se ha alertado la emergencia que significa no haber sido capaces de recuperar los trabajos pre pandemia; qué hablar del crecimiento económico exiguo desde 2014 y el Congreso, por último, se transformó en un club de tribus.

Las ideas de Bachelet eran y son malas. Si eran y son malas para Chile, ¿por qué queremos que ella ayude a promoverlas desde el organismo multilateral más importante del mundo?

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Dos días después de que la Corte Suprema acogiera la apelación y declarara admisible la querella contra presidente de la Corte de Temuco, los ministros del voto de minoría (Llanos y Valderrama) aparecen con él en Temuco en una ceremonia:

¡Y así dicen que no hay defensa corporativa!

Corte Suprema rechaza recurso de amparo y ordena investigar a presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco por prevaricación

La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de amparo presentado por la defensa de Álvaro Mesa, presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, y ordenó continuar con la investigación por prevaricación. La querella, que tuvo varias etapas judiciales,, avanza hacia su próxima fase tras la decisión del máximo tribunal.

Por Agustín Morel

Tras una larga vuelta entre apelaciones rechazadas, recursos de amparo, y cambios de juzgados, esta jornada la Corte Suprema tomó una decisión clave en el caso de la querella de prevaricación contra el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa.

En particular, el máximo tribunal determinó declarar inadmisible un recurso de amparo presentado por la defensa del ministro Mesa, que apeló contra la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia de decretar admisible la querella.

El caso ha seguido una serie de etapas judiciales para llevar a esta decisión de la Corte Suprema. En primera instancia, se presentó una querella contra el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, por prevaricación.

Tras esto, la Corte Suprema declaró inadmisible esta acción judicial. Ante esto, la parte querellante apeló, y si bien debía revisar la apelación la Corte de Apelaciones de Temuco, esta se declaró incompetente para revisar el caso, considerando que Álvaro Mesa es el presidente del organismo. Así, se remitieron los antecedentes a su símil Valdivia. Este traspaso fue a fines de julio de 2025, y el 11 de agosto, la Corte de Valdivia revirtió la decisión inicial, y declaró admisible la querella.

Ante esta última resolución, la defensa del ministro Mesa volvió a apelar, presentando un recurso de amparo. La Corte Suprema finalmente rechazo esta acción. Así ordenó tramitar la querella por prevaricación imprudente en contra de Álvaro Mesa.

Publicado por  The Clinic

La Segunda:

Suprema acoge apelación y declara admisible la querella contra presidente de la Corte de Temuco

Esteban Araus

Periodista Radio Bío Bío Temuco

Publicado por Constanza Carrillo Silva

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CONTEXTO | Agencia UNO

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La Corte Suprema acogió un recurso de apelación y declaró admisible una querella por cuasidelito de prevaricación presentada en contra del presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, el ministro Álvaro Mesa Latorre.

Se trató de una votación dividida al interior de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, por tres votos contra dos.

De esta manera, la decisión adoptada por la Suprema dejó sin efecto la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, que había acogido un recurso de amparo a favor del ministro Mesa y que fue presentado por abogados de la Defensoría Penal Pública de La Araucanía.

La abogada Carla Fernández, quien presentó la apelación, confirmó la resolución adoptada por la Corte Suprema. “Ahora va a ser el Ministerio Público quien investigue si los hechos son constitutivos de delito o no”, dijo.

En tanto, el jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional, Marcelo Pizarro, dijo que respetan la decisión adoptada por el máximo tribunal.

Tramitación de causa contra presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco

Recordemos que esta causa inició tras una querella presentada en contra de Álvaro Mesa Latorre por la abogada Carla Fernández, quien representa a tres exfuncionarios del Ejército condenados por el ministro como autores de homicidio calificado y apremios ilegítimos.

Lo anterior, en la causa de El Polvorín, por violaciones a los Derechos Humanos cometidos al interior del Regimiento Tucapel de Temuco.

La acción judicial fue declarada admisible por el juez de Garantía de Temuco, Federico Gutiérrez y, en menos de 24 horas, declarada inadmisible. La abogada presentó un recurso de apelación que acogió la Corte de Apelaciones de Valdivia y cuya resolución había quedado sin efecto luego que la Corte de Apelaciones de Concepción considerara el recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública de La Araucanía.

Esta causa se ha tramitado en sedes cercanas a La Araucanía, pues todos los ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco se inhabilitaron porque tenían un vínculo laboral o de amistad con el ministro Mesa.

Se está comenzando a fallar en Derecho:

Corte Suprema revoca resolución de Corte de Apelaciones y mantiene admisibilidad de querella por prevaricación

23-septiembre-2025

En fallo dividido (rol 37.661-2025), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, las ministras María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y la abogada (i) Pía Tavolari- rechazó así la acción de amparo presentado por el magistrado, por lo que la querella seguirá tramitándose.

La Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción y ordenó tramitar una querella por prevaricación imprudente en contra del ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre.

En fallo dividido (rol 37.661-2025), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, las ministras María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y la abogada (i) Pía Tavolari- rechazó así la acción de amparo presentado por el magistrado, por lo que la querella seguirá tramitándose.

 “Que, resulta conveniente dejar establecido que, en la tramitación de la querella deducida contra el amparado, el bien jurídico que se denuncia como vulnerado excede el derecho de las partes, lo cual se discute actualmente en sede de casación ante esta Corte Suprema y que tendrá un decurso propio e independiente”, dice el fallo.

Agrega: “Que, así las cosas, los hechos denunciados por la querella, dada su complejidad, no pueden circunscribirse únicamente a aquellos narrados en la acción penal ejercida por la querellante, debiendo agotarse su investigación por parte del ente persecutor, y sólo luego de la actividad que desplieguen los intervinientes, el juzgador podrá evaluar si los descritos, con ocasión de la querella, son o no constitutivos de un ilícito, no siendo entonces procedente desestimarlos a priori, conforme lo faculta el artículo 114 del compendio adjetivo”.

“Y visto además lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Fundamental, se revoca la sentencia apelada de dos de septiembre de dos mil veinticinco, pronunciada por la Corte de Apelaciones de Concepción en el ingreso N°511-2025 y, en su lugar se decide que se rechaza la acción de amparo interpuesta en favor del Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco Sr. Álvaro Mesa Latorre”, concluye.

La decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Valderrama y Llanos.

Ver fallo Corte Suprema 

https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/132636

Trascendental fallo:

Sr. Director

El día de hoy la Corte Suprema en un fallo “de derecho” de mayoría, acogió la tesis de los querellantes de la causa 113.089 (Asalto al Polvorín), en el sentido que la querella por el delito de prevaricación culposa fue declarada finalmente ADMISIBLE, lo que significa que se confirma definitivamente la calidad de imputado del Ministro Álvaro Mesa, debiendo pasar los antecedentes al Ministerio Público para que investiguen los hechos y se determine su eventual responsabilidad en los mismos.

El fallo es contundente en cuanto confirmar la tesis de esta defensa de que prima el Art. 113 d) del CPP en el examen de admisibilidad no siendo procedente apelar al Art. 114 c) del CPP para desestimar el libelo en base a un examen de fondo.
Lo otro importante es que la Corte Suprema entiende la gravedad del delito denunciado y el rol que juega el Ministerio Público en su investigación, no siendo procedente impetrar vulneraciones al derecho de libertad personal o seguridad individual ni tampoco esgrimir riesgos a la independencia del poder judicial, un último recurso al que acudió el Ministro Mesa.

Ahora viene enfocarse en la defensa de la querella y su contenido, para que el juicio avance en el sentido de alcanzar la tan ansiada justicia.

Atte.
Carla Fernández Montero
Abogada

Muertes en el gobierno de Boric:

https://m.facebook.com/watch/?v=1346703780242541&vanity=don.phil.3

Eduardo Frei – La Guerra Civil se preparaba desde la Presidencia de la República:

¿Prevaricación o Crisis en la Justicia?

 Señor director,

En los próximos días se conocerá del recurso de apelación interpuesto por la abogado doña Carla Fernández Montero, en representación de 3 extenientes de Ejército que en el año 1973 estaban destinados al regimiento Tucapel en la ciudad de Temuco.

Tal recurso incide en la resolución de la C.A. de Concepción que con fecha 02.09.25, acogió un amparo interpuesto por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, señor Alvaro Claudio Mesa Latorre, en razón de la querella criminal deducida en su contra por el delito de prevaricación imprudente al momento de dictar sentencia con fecha 15 de Septiembre del año 2023 en causa rol 113.089, y mediante la cual condenó a cadena perpetua como cómplices de los delitos de homicidio calificado y apremios ilegítimos por hechos ocurridos en noviembre del año 1973 en el Regimiento Tucapel de aquella ciudad, entre muchos otros a los 3 querellantes cuyas edades en aquella época no sobrepasaba los 25 años.-

Tal sentencia que se reproduce en más de 1400 páginas no acredita en ninguna de sus partes con medios de pruebas veraces, reales e inobjetables, cual fue la conducta propia al tipo de la complicidad en el actuar de los condenados, y ello por cuanto por razones del servicio se encontraban fuera de la ciudad o con licencia médica, realidad acreditada en autos que el sentenciador simplemente obvio.

Dispone el art. 16 del Código Penal que cómplice es el sujeto que sin cumplir con las características del autor coopera en la ejecución de un delito con acciones anteriores o simultáneas. – En la referida causa no se acreditó jamás cuál pudo ser la cooperación de los querellantes en la ejecución de ambos delitos.- Así, del análisis pormenorizado del expediente y de la sentencia aludida aparece de manifiesto la carencia total de los elementos subjetivos y objetivos de la complicidad por parte de quienes fueron indebidamente condenados, menos aún se acreditó vínculos o conexiones entre estos y quienes fueron condenados en calidad de autores que a lo menos hicieran presumir tal complicidad. –

Por lo anterior el Ministro querellado funda su fallo a fojas 1.238 en el punto C. 2.4 de la sentencia, expresando literalmente: “no importa la función que cumpliera, en el caso del regimiento Tucapel, el acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen donde se detenía, apremiaba y ejecutaba a personas, luego entonces corresponde imputarle penalmente su responsabilidad”. En otras palabras, a falta de pruebas el sentenciador castiga no por los hechos que dieron origen a la causa, sino por elementos que pueden ser propios a la conciencia de los improbables cómplices, como pudo ser el haber adherido, a su juicio, a un determinado régimen, lo que por cierto repugna al derecho penal y a nuestra más antigua y constante historia constitucional, que vela por la libertad de conciencia.

Después de más de 50 años de ocurridos los infortunados hechos, para construir su fallo buscando obviar la institución de la prescripción y la ley de amnistía plenamente aplicables en la especie, los cataloga retroactivamente como delitos de lesa humanidad, e invoca de manera rimbombante, muy fuera de contexto: a ) “ principios” del ius cogens, los que solo son aplicables entre Estados y no en relación con las personas; b ) de manera trunca o parcial “ la teoría del dominio del hecho” del alemán Klaus Roxin, que en ninguna de sus tres formas ( autoría directa, autoría mediata y coautoría) resulta aplicable a los condenados, c) e innovando en la aplicación del derecho más allá de lo que la ley le permite, aplica derechamente con efecto retroactivo el Estatuto de Roma, valido en Chile solo a contar del año 2009, no obstante que éste precisa en su art 24, la irretroactividad de su aplicación al consignar que: “ Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”

Si en lo expuesto no hubiere prevaricación impropia, estaríamos ante una insoslayable y gravísima crisis en la Justicia.

Saluda muy atte. usted,

Luciano Cruz Muñoz

Abogado

*Necesaria Prueba de Blancura del Poder Judicial*

Sr. Director

El martes 23 del presente, la sala 2 de la Excelentísima Corte Suprema, atenderá sobre lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Concepción, que no acogió la querella por prevaricación contra el ministro Ávaro Mesa Latorre, presentada por oficiales de Ejército en retiro, condenados masivamente a Cadena Perpetua, sobre la base de supuestos o ficciones jurídicas, cuyo cargo principal fue que por el solo hecho de ser integrantes del Regimiento Tucapel y adherentes al gobierno militar, fueron calificados de culpables. Posteriormente la Ilustre Corte de Apelaciones de Temuco, cuyo presidente es el mencionado ministro, rebaja penas considerándoles la calidad de cómplices, de hechos ocurridos en dicho cuartel. Incluso fueron condenados jóvenes subtenientes que el día de los hechos no se encontraban en la guarnición de Temuco. Lo que es impresentable por parte del juez, es que No fueron consideradas indesmentibles pruebas de inocencia.

Si los integrantes de la Ilustre Corte de Apelaciones de Temuco, hubiese estudiado conscientemente los contenidos del expediente y especialmente las pruebas de inocencia de los procesados, sin duda habrían llegado a la conclusión de justas absoluciones y en algunos casos, penas muy menores a las resueltas. Con el ministro Mesa de presidente de la Corte de Apelaciones, es impensable que ello ocurriera.

¿Qué duda cabe sobre la generalizada desconfianza – en todo el país –  en relación al poder judicial, como también la odiosidad indesmentible en los procesos y altas condenas contra los uniformados? ¿Quién podrá comprender, con mínima lucidez, que se esté condenando masivamente después de medio siglo, de ocurridos los hechos, sin fundamentar pruebas de cargo objetivas y debidamente acreditadas, como son las resoluciones del ministro Álvaro Mesa Latorre?

Está apelación de los querellantes al Mayor Tribunal de la República, permitirá que los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema, demuestren su calidad de tal, y con ello no encubran y protejan conductas dolosas y prevaricadoras de un juez, cuya pertinaz actitud ha sido de una evidencia vergonzosa e indesmentible.  Ello, solo desprestigia al cuestionado Poder Judicial; lo que no es bueno para Chile.

Los chilenos esperamos de los integrantes de la Corte Suprema, la más alta e irreprochable conducta ética y moral, apegada a la justicia; que vuelva a ser la protectora del bien común y confiable; que no admita dudas de la recta aplicación de la justicia, donde además se cumpla con los tratados internacionales, en relación al derecho de los adultos mayores en cautiverio.

¿No amerita este caso, dejar sin efecto esta causa y reabrir un nuevo proceso?

Mario Emilio Larenas Carmona

Los Recursos del Ministro Mesa.

Sr. Director

El próximo martes, la Corte Suprema conocerá una denuncia de gravedad que involucra al presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Ministro Álvaro Mesa.

En agosto, el Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible una querella por cuasidelito de prevaricación en su contra. Sin embargo, al día siguiente, sin que mediara recurso, la resolución fue misteriosamente eliminada del sistema del Poder Judicial y reemplazada por otra que la declaraba inadmisible. El juez que resolvió estaba bajo la jerarquía directa del Ministro Mesa.

 Lo que parecía una grave irregularidad fue corregido por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que admitió la querella, señalando que declarar “no constitutivo de delito” un hecho aún no investigado es improcedente. Parecía asomar un gesto de racionalidad judicial. Pero no contento con esto, el Ministro Mesa, recurrió en contra de esta resolución, pero en vez de verse el recurso en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt —como correspondía legalmente— fue mañosamente derivado a la Corte de Apelaciones de Concepción, donde, convenientemente para el Ministro, se revocó la admisión de la querella, favoreciendo nuevamente al Ministro.

 En tiempos donde el Poder Judicial enfrenta cuestionamientos por su falta de probidad e independencia, esta serie de eventos desafortunados solo profundizan la crisis institucional. ¿A qué teme el Ministro Mesa? ¿a qué se debe tanto esfuerzo para evitar ser investigado? Que un Juez de la República tema ser investigado no solo resulta paradójico: resulta alarmante.

Rodrigo Oviedo Stegmann

*PREVARICACIÓN DE UN MINISTRO EN VISITA*

Señor Director:

El próximo martes 23 en vista de la causa, la Corte Suprema deberá resolver la admisibilidad de una querella por cuasidelito de prevaricación interpuesta por la abogada Sra. Carla Fernández Montero, contra el ministro en visita para causas de DD.HH. Álvaro Mesa Latorre, que se le acusa de dictar sentencias manifiestamente apartado a derecho a sabiendas.

El caso ha peregrinado por las Cortes de Temuco, Valdivia y Concepción, esta última acogió un recurso de amparo interpuesto por el ministro Mesa que dejó sin efecto la admisibilidad decretada por la Corte de Valdivia. La independencia judicial es esencial, pero no puede ser excusa para que se vulneren las normas que rigen a todos.

La sociedad chilena necesita jueces que honren su deber, que sean leales a la justicia, no a sus convicciones personales. La Corte Suprema tiene ahora la oportunidad de reafirmar que nadie, ni siquiera un magistrado, está por sobre la ley, confirmando la admisibilidad de la querella y se trámite para que investigue el ministerio público por las acciones prevaricadoras aplicadas en el caso “El Polvorín” del Regto. Tucapel de Temuco

Viviana Bozzolo Favereau

Periodista

Si el río suena…

Sr. Director: 

En el caso “Polvorín” hecho ocurrido en noviembre de 1973 en el Regimiento Tucapel de Temuco, que ha sido llevado por el ministro Álvaro Mesa Latorre, ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, han ocurrido una serie de irregularidades de todo tipo aprovechando el antiguo, arcaico, inquisitivo y secreto sistema de procedimiento penal, que le ha dado “chipe libre” al ministro para condenar a una veintena de personas (oficiales subalternos, suboficiales y soldados conscriptos) a desproporcionadas altas penas, incluso a algunos sin participación en los hechos y otros que ni siquiera estaban en la ciudad cuando esto ocurrió.

Debido a lo anterior la abogada Carla Fernández Montero en representación de tres de los condenados como cómplices, presentó una querella por cuasidelito de prevaricación en contra del ministro Mesa la que  fue declarada admisible con fecha 30 de junio de 2025, sin embargo, grande fue la sorpresa cuando al día siguiente fue cambiada por una resolución del mismo juez de garantía don Federico Gutiérrez Salazar, declarándola inadmisible y eliminando del sistema del poder judicial el documento anterior. ¿Presiones?.

La abogada presentó un recurso de apelación, el que fue declarado interpuesto enviado por interconexión a la Corte de Apelaciones de Temuco, la que debería haberse declarado incompetente de oficio, ya que su presidente es el mismo querellado ministro don Álvaro Mesa, si bien él se inhabilitó, los ministros y personal que trabajan directamente con él, también tuvieron  que hacerlo.

Ante esto los antecedentes fueron enviados a la Corte de Apelaciones de Valdivia, la que por mayoría acogió la apelación, devolviendo a Temuco los antecedentes para que el juzgado siguiera con la querella. Ante esto los abogados defensores de Mesa presentaron ante la Corte de Apelaciones de Concepción un Recurso de Amparo, el que fue acogido por dicha corte.

A fin de lograr justicia en esta situación y que realmente un tribunal independiente investigue lo que ha sucedido en este caso, la abogada Fernández apeló ante la Excelentísima Corte Suprema, la que verá los alegatos el próximo martes 23 de septiembre.

La verdadera teleserie en que se ha transformado este caso y que ha sido informado por los medios de comunicación, hace necesario que la instancia superior acoja la apelación, ya que como dice el aforismo, “si el río suena es porque piedras trae”, de ahí la necesidad de que se haga una acuciosa investigación por parte de una fiscalía independiente. 

Palolo

Otra carta:

Sr. Director
El próximo martes la Corte Suprema conocerá la grave denuncia que involucra al presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Ministro Álvaro Mesa.

En agosto, el Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible una querella por cuasidelito de prevaricación en su contra. Sin embargo, al día siguiente, sin que mediara recurso alguno, la resolución fue extrañamente eliminada del sistema del Poder Judicial y reemplazada por otra que la declaraba inadmisible. Cabe señalar que el juez que resolvió estaba bajo la jerarquía directa del Ministro Mesa.

La Corte de Apelaciones de Valdivia corrigió esta grave irregularidad, admitiendo a tramitación la querella, señalando que declarar “no constitutivo de delito” un hecho aún no investigado es improcedente. No obstante lo anterior, el Ministro Mesa arremetió en contra de esta resolución, pero en vez de verse el recurso en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt —como correspondía legalmente— fue derivado a la Corte de Apelaciones de Concepción, donde se revocó la admisión de la querella, favoreciendo nuevamente al Ministro Mesa.

Por el bien de la justicia y del prestigio del propio Poder Judicial, es de esperar que la Corte Suprema confirme la admisibilidad de la querella y ésta sea tramitada, investigándose las acciones prevaricadoras del Ministro Mesa en el caso “El Polvorín” del Regimiento Tucapel de Temuco.

Antonio Margozzini G.
Abogado

¿Justicia o retroactividad encubierta? La Prevaricación de aplicar el ius cogens como sustituto del derecho penal chileno

Mario Esquivel

Introducción

La justicia penal es un pilar del Estado de Derecho, pero su legitimidad descansa en una regla inquebrantable: nadie puede ser condenado por un acto que no estaba tipificado como delito al momento de cometerse.

Este principio, consagrado en el artículo 19 N°3 de la Constitución chilena, establece que “Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.” y “Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”.

En otras palabras, nullum crimen, nulla poena sine lege previa: no hay crimen ni pena sin ley previa. Este principio de legalidad penal se encuentra también en el Código Penal y en los principales tratados internacionales de derechos humanos, garantizando que no haya sorpresas punitivas retroactivas en un Estado democrático y de derecho.

El principio de legalidad penal: un pilar fundamental

El llamado principio de legalidad penal exige que las conductas ilícitas y sus penas estén definidas en una ley vigente antes de la comisión del hecho. Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reafirman esta garantía, prohibiendo la aplicación retroactiva de leyes penales desfavorables. El respeto estricto a la legalidad penal ha sido, históricamente, una salvaguarda contra la arbitrariedad y un elemento esencial de un juicio justo.

Sin embargo, en el tratamiento judicial de los crímenes cometidos durante la dictadura militar chilena (1973-1990), este principio ha sido gradualmente tensionado e incluso debilitado. Ello ha ocurrido mediante reinterpretaciones novedosas –y polémicas– del derecho internacional por parte de los tribunales nacionales en especial del Señor Ministro en Visita Extraordinaria en causas de derechos humanos don Álvaro Mesa Latorre, quien buscando hacer justicia en más de 80 procesos de violaciones gravísimas a los derechos humanos que le ha tocado revisar y juzgar, destaca el uso del tipo penal de “crímenes de lesa humanidad” como tipología legal en causas por hechos ocurridos décadas atrás, pese a que dicha figura no existía en la legislación penal chilena al momento de la perpetración de los hechos.

Una contradicción en la justicia transicional chilena

El corazón del problema puede resumirse en una pregunta:

¿qué ley se aplica para juzgar hoy delitos del pasado?

La praxis jurídica chilena en materia de justicia transicional muestra una grave contradicción. Ya que por un lado, se considera válido mantener el antiguo sistema procesal penal (de carácter inquisitivo) para juzgar delitos cometidos antes del año 2000, bajo el argumento de que las normas procesales rigen de inmediato y no afectan sustancialmente los derechos del acusado. Así, todas las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura se han tramitado según el procedimiento antiguo en el Código de Procedimiento Penal, anterior a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en el Código Procesal Penal.

Pero, al mismo tiempo, se ha aceptado aplicar un tipo penal nuevo –el de crimen de lesa humanidad– a hechos cometidos entre 1973 y 1990, a pesar de que tal categoría no existía en el derecho interno chileno en esa época y recién se avizora su descripción en la suscripción y ratificación del Estatuto de Roma en el año 2009.

Es decir, en el ámbito procesal se respeta la irretroactividad (manteniendo el procedimiento antiguo por ser el vigente al momento de los hechos), pero en el ámbito sustantivo se está haciendo precisamente lo contrario: introducir retroactivamente una calificación jurídica más gravosa (lesa humanidad) que no estaba contemplada en la ley chilena durante la dictadura.

Esta tensión entre la aplicación inmediata del procedimiento y la aplicación retroactiva del tipo penal es más que una paradoja técnica; representa una inconsistencia de fondo que erosiona la legitimidad de las sentencias resultantes y la esencia misma de un Estado Democrático y de Derecho.

El ius cogens como justificación: ¿un atajo insostenible?

La respuesta ha sido invocar el derecho internacional consuetudinario y, en particular, las normas de ius cogens (normas imperativas de derecho internacional general).

Bajo esta lógica, el Ministro en Visita en Causas de Derechos Humanos Álvaro Mesa Latorre argumenta que aunque la figura de crimen de lesa humanidad no estuviera prevista en el Código Penal chileno en los años 70 y 80, ni en los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encontraban vigentes en dicha época, ese crimen ya era reconocido como una violación gravísima al ius cogens internacional ( a la Costumbre Internacional entre Estados), por lo que su persecución penal resulta válida y obligatoria para el Estado.

En otras palabras, se pretende que la ilicitud internacional consuetudinaria de esos actos –por atentar contra valores esenciales de la humanidad– supla la falta de tipificación interna y multilateral vigente.

Algunos ejemplos representativos:

Casos concretos

Caso “Asalto al Polvorín” (Temuco, 2023)

Hechos: Ejecuciones de siete detenidos en noviembre de 1973, presentadas como ataque al polvorín del Regimiento Tucapel.

Calificación: Álvaro Mesa condenó a ex agentes, incluidos militares y ex fiscales, por homicidios calificados, y calificó los hechos como crímenes de Lesa Humanidad.

Fundamento de ius cogens: El fallo afirmó que estos crímenes, por su gravedad y carácter sistemático contra población civil, “ofenden a toda la humanidad” y que “ninguna amnistía, prescripción o dictamen interno puede exonerar su responsabilidad conforme a tratados internacionales y normas imperativas de ius cogens”.

Impacto: Pena máxima para autores principales, imposibilidad de aplicar prescripción o beneficio amnistiador.

Caso “Fundo El Toro” (Fresia, 2023)

Hechos: Secuestro, tortura y asesinato de seis campesinos ocurridos en 1973 en el Fundo El Toro.

Calificación: Pena de presidio perpetuo para autor responsable, plus condenas para cómplices por secuestro y tortura.

Fundamento de ius cogens: El fallo argumenta que, “por tratarse de delitos cometidos como parte de campaña sistemática contra población civil, la normativa internacional imperativa (ius cogens) obliga al Estado chileno a no amnistiar ni prescribir dichos delitos”.

Impacto: Estado obligado a indemnizar a los sobrevivientes y familiares, sin posibilidad de aplicar prescripción.

Caso Estudiantes de Angol (Angol, 2023)

Hechos: Fusilamiento extrajudicial de dos estudiantes detenidos en octubre de 1973 en un falso enfrentamiento.

Calificación: Álvaro Mesa condenó a ex oficiales por homicidio calificado, en calidad de autores, con carácter de lesa humanidad.

Fundamento de ius cogens: El fallo establece que estos hechos forman parte de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y que conforme al derecho internacional y al Estatuto de Roma, dichos delitos no prescriben —puesto que la prohibición de cometer crímenes contra la humanidad pertenece al ius cogens.

Impacto: Se impusieron penas privativas de libertad extensas, reconocimiento de responsabilidad estatal, sin beneficios como prescripción o amnistía.

La tensión jurídica: retroactividad penal vs. legalidad

Estos fallos, valiosos desde la perspectiva del reconocimiento histórico para un determinado sector ideológico del país, no obstante, plantean una tensión grave: ¿se está aplicando retroactivamente un tipo penal que no existía como tal en la legislación nacional en esos años 70 y 80?

El uso del tipo “lesa humanidad” basado en ius cogens implica:

Rechazo de la prescripción incluso cuando las leyes penales de la época permitían ese recurso. Desestimación de amnistías promulgadas (o vigentes) bajo legislación anterior, bajo el argumento de incompatibilidad con normas internacionales supuestamente imperativas. Modificación judicial de estándares legales sin intervención legislativa previa específica.

Ius Congens es Aplicable para Responsabilidad entre Estados no respecto de personas.

A primera vista, este razonamiento parece elegante y loable: apela a principios universales de justicia. No obstante, al examinarlo con rigor jurídico, resulta insostenible. El ius cogens –tal como lo define el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados– es un conjunto de normas imperativas de derecho internacional aceptadas por la comunidad de Estados como inderogables (no admiten acuerdo en contrario). Ejemplos clásicos incluyen la prohibición de la tortura, del genocidio, de la esclavitud o de la agresión.Ahora bien, es crucial entender que el ius cogens vincula a los Estados en sus relaciones recíprocas entre Estados, pero no crea por sí mismo tipos penales que los jueces nacionales puedan aplicar directamente a personas naturales.

La función del Ius Cogens es obligar a los Estados en el plano internacional (por ejemplo, a no firmar tratados que lo contradigan o a cooperar en la sanción de ciertos crímenes), pero el Ius Cogens no puede sustituir la labor del legislador interno de definir delitos y penas aplicables a sus ciudadanos dentro del marco de la legalidad vigente ni menos sustituir la voluntad del Poder Ejecutivo y Legislativo en la suscripción y ratificación de Tratados Internacionales.

Varios críticos han advertido justamente este punto. Se ha señalado que una norma de ius cogens “no es un precepto legal” en el ordenamiento interno en el sentido de un tipo penal específico.

Esto es aún más grave considerando que el Estatuto de Roma cual es ley en Chile desde el año 2009 establece el tipo de penal de Lesa Humanidad en el artículo 5to letra b) con expresa Irretroactividad Penal en el artículo 24 cual señala:

“1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor.”

2. De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena.”

Por ende, permitir que el Ministro Álvaro Mesa Latorre la utilice el tipo penal de “Lesa Humanidad” para fundamentar una condena equivale a crear derecho penal ex post facto, soslayando al Poder Legislativo, es decir a lo que los juristas llaman delito jurídico de Prevaricación.

El juez ha pasado a “hacer la ley” retroactivamente, algo incompatible con la separación de poderes y el Estado de Derecho. En resumidas cuentas, el ius cogens impone a Chile el deber de no dejar impunes ciertos actos atroces, pero ese deber no puede canalizarse mediante leyes penales ex post creadas por un Magistrado a partir de una errónea aplicación del Ius Cogens.

Saltarse ese paso mediante interpretaciones judiciales perversas implica, en la práctica, romper el principio de legalidad y el Estado de Derecho.

Los vamos a desaparecer

La situación en cárceles de Venezuela expone amenazas y privaciones contra presos políticos, mientras en Chile surgen denuncias por hostigamiento y condiciones inhumanas hacia internos de Punta Peuco. La justicia debe ser individual, no una herramienta de venganza disfrazada de legalidad.

18 de septiembre de 2025

Imagen: CIPER

El 16 de septiembre de 2025, Infobae reveló desde la cárcel El Rodeo I, en Venezuela, que custodios advirtieron a presos políticos: “Si hay una acción extranjera, los vamos a desaparecer”. El mismo medio denunció, además, la restricción arbitraria de alimentos, práctica ya registrada en otros recintos y que motivó la reacción inmediata de la CIDH. El hambre y la amenaza se han convertido allí en armas de persecución política.

En Chile, sin llegar a ese extremo, el espejo es inquietante. En julio de 2024, la Corte Suprema dejó sin efecto restricciones de Gendarmería en Punta Peuco, señalando que “afectaban la dignidad de personas cuya edad promedio es de 80 años, muchas de ellas con enfermedades terminales” (La Tercera, 10 de julio de 2024). En agosto de 2025, El Mercurio publicó la fotografía de una vianda compuesta por una vienesa y media papa, en el contexto de un recurso de protección de 138 internos, lo que llevó a la Corte de Santiago a ordenar restablecer el ingreso normal de alimentos y artículos básicos (El Mercurio, 13 de agosto de 2025).

Más recientemente, la abogada Carla Fernández Montero, representante de los internos, expuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago que las medidas de Gendarmería constituyen una “evidente persecución y hostigamiento carcelario”. En sus presentaciones (Rol Protección N° 17.428-2025), advirtió que se limitaron las visitas a nietos y bisnietos, se redujo arbitrariamente la lista de personas autorizadas a solo 10, se restringió el ingreso de encomiendas a dos horas un solo día de la semana y, además, constató en terreno una emergencia sanitaria: el penal sin agua, alcantarillado rebasado y aguas servidas saliendo en la cocina, situación aún no resuelta.

En su Cuenta Pública del 1 de junio de 2025, el Presidente Gabriel Boric anunció con tono enfático: “Le estamos poniendo fin a Punta Peuco como se le ha conocido”. El reportaje de CIPER Chile (10 de septiembre de 2025) confirmó que ya existen licitaciones para transformar el penal en un recinto común antes de marzo de 2026. Que el propio Jefe de Estado coloque este tema como eje de su discurso ante el Congreso no puede leerse como un hecho administrativo: es una señal política que condiciona a la justicia y habilita a la opinión pública a estigmatizar a un grupo humano específico, compuesto en su mayoría por ancianos enfermos.

Preocupa, además, la doctrina que se ha instalado en ciertos fallos: condenar a militares no por hechos probados, sino por la sola pertenencia a una unidad en la que se cometió un delito. Se castiga por el uniforme, no por la acción. Esto contradice el estándar fijado tras la Segunda Guerra Mundial, cuando en Núremberg, pese a declararse criminal a las SS, cada acusado debió responder personalmente por lo que hizo u ordenó.

La tradición internacional es clara: en Spandau (Alemania), en Sugamo (Japón), en Domingo Arena (Uruguay), en la Diroes (Perú) o en las prisiones militares de España, los uniformados condenados cumplieron penas en recintos diferenciados. La Corte Penal Internacional, bajo el Estatuto de Roma, mantiene la misma práctica: los condenados cumplen en cárceles especiales de Estados colaboradores, nunca mezclados con la delincuencia común.

La responsabilidad penal debe ser individual, nunca colectiva. De lo contrario, bajo la apariencia de justicia, se instala la venganza. Y cuando la venganza se convierte en política de Estado, lo que muere primero es la dignidad humana. No olvidemos que la persecución sistemática contra un grupo específico —sea por lo que hizo o simplemente por lo que representa— ha sido reconocida internacionalmente como crimen de lesa humanidad y, en ciertos contextos, como genocidio. Chile no debiera transitar por ese camino.

Christian Slater Escanilla

18 de ptiembre 2025   Boletín Cren N° 34   Una cruda y brutal realidad www.ongcren.cl

Compartimos lgunos antecedentes demostrables sobre Alvaro Mesa Latorre ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos, Temuco, Valdivia, P.Montt y Coyhaique, que complementaremos para que pueda formese su propia opinión. En numerosas causa ha dictado condenas a altísimas penas, basadas en presunciones no fundadas, al margen del debido proceso, igualdad ante la ley y reglas judiciales. Está querellado por presunto delito de Prevaricación, caso que se alegará el martes 23 de sept en la Corte Suprema.

*Oración por los Batallones Olvidados*

Por Cristián Labbé Galilea

Estas líneas están cargadas de emoción. La tinta de esta pluma está más diluida de lo normal porque algunas lágrimas han caído sobre ella. Vivimos el mes de la patria, y extraña las casas embanderadas y que se impongan costumbres sin relación con lo que somos: una nación única, libre, soberana, y orgullosa de su pasado.

Me encantan el terremoto, los anticuchos y los choripanes, bailo cumbia y salsa, pero cuando la patria está de fiesta quiero escuchar una buena cueca, ver a una linda china bailar con su enagua asomada bajo un vestido colorinche, y con sus trenzas tomadas… Ni qué hablar de ese huaso entaquillado.

Es cierto, el mundo ha cambiado, ya no tomamos mistela ni bailamos resbalosa, pero una cosa es actualizarse y otra olvidar el sentido de la celebración. No me imagino celebrando el cumpleaños de una octogenaria abuelita con luces de neón, o reggaetón a todo volumen, ni menos tomando un “combinado” enriquecido con estupefacientes.

En estos días la patria está de fiesta, y reconoce a sus soldados que le dieron libertad, soberanía y grandeza. De allí la Parada Militar, que se remonta a una vieja tradición española de pasear el estandarte Real por las calles de la ciudad. Luego, con la llegada de los instructores alemanes en 1895, se actualizaron las paradas conservando sus características esenciales.

Así, la Parada de 1910, llamada “Del Centenario”, marcó un hito en la historia. El país había sufrido la pérdida del primer mandatario don Pedro Montt Montt, y, días más tarde, del vicepresidente Elías Fernández; sin embargo, el compromiso del Ejército con la patria hizo posible una de las paradas más espectaculares de la historia.

Luego, en 1915 se declaró feriado el 19 de septiembre en honor a “Las Glorias del Ejército”, y desde entonces la Parada Militar ha conservado la misma estructura y el mismo espíritu…. la íntima comunión espiritual del Ejército con el pueblo y con las tradiciones de nuestra historia.

Confieso que es la historia la que se expresa a través de esta pluma, que hoy se duele y deja caer sobre esta página una lágrima de dolor, al ver que el camino recorrido por nuestro Ejército se resume en un feriado, en un trago, en un baile o en algo inocuo… en circunstancias que hay una historia de honor y gloria y, lo más triste, que hoy existe un batallón de octogenarios veteranos soldados privados de libertad, condenados a morir en cautiverio.

Vivimos el mes de la patria, celebramos las Glorias del Ejercito… pero con el corazón partido recordamos a esos batallones olvidados sin conseguir dejar de pensar que… “Cuando el peligro llega, Dios es aclamado y el soldado es venerado; cuando el peligro ha pasado… Dios es olvidado y el soldado despreciado”.

En estos días en que la patria celebra su libertad e independencia, esta pluma levanta una oración al Dios todopoderoso para que se haga justicia con esos soldados “prisioneros del pasado”.

El verdadero sentido de las “Glorias del Ejército”

Las Glorias del Ejército no solo conmemoran victorias pasadas, sino que también invitan a reflexionar sobre el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Mientras antiguos soldados envejecen en prisión por hechos del pasado, persiste una herida abierta que impide una reconciliación verdadera.

18 de septiembre de 2025

Imagen: ejercito.cl

Es un hecho indiscutido la importancia que han tenido las FFAA en la historia de Chile, especialmente en la definición de su largo territorio, como fue desde el nacimiento de nuestra Independencia, pasando por la Guerra contra la Confederación Perú-boliviana, la Guerra del Pacífico, o incluso el Conflicto del Beagle. Pero, además, su valiosa participación se ha extendido al ámbito interno, por ejemplo, en la Guerra Civil de 1891 (aun cuando las FFAA se hayan dividido en el apoyo a Balmaceda) y en el Pronunciamiento Militar de 1973, que, en ese entonces, pero ahora actuando unidas estas fuerzas, nos libraron -temporalmente- de caer en otra sangrienta guerra civil apoyada por una dictadura comunista.

En esta nueva conmemoración de las Glorias del Ejército, no quiero enfatizar en esas victorias gloriosas alcanzadas en el campo de batalla gracias al arrojo de sus soldados, porque es algo que estará siempre presente en nuestra historia, y recordado cada 19 de septiembre al compás de la marcha de “Los Viejos Estandartes”.

Hoy quiero poner el acento en un significado de estas Glorias que suele ser olvidado y por qué no decirlo, minimizado, como es la unión cívico-militar que representa esta celebración y su importancia para el normal desarrollo de una sociedad.

Porque aun cuando exista un ilustre Ejército chileno, mientras haya un grupo de valientes soldados -hoy adultos mayores presos por causas de DDHH- que siga siendo maltratado por un Estado indolente, que ha justificado su mal actuar al margen de la opinión de la sociedad civil a la que dicen representar bajo el concepto del “pueblo de Chile”, no será posible hallar en la celebración de las Glorias del Ejército el total sentido que tiene este merecido homenaje.

La Parada Militar nos recuerda con orgullo chileno la disciplina, el orden y el profesionalismo de nuestras FFAA, y el esquinazo, el homenaje que una parte de nuestra sociedad civil le hace.

El brindis con la chicha en cacho, la cueca y la música chilena suena sin cesar en esta época. En las fondas a lo largo de ese Chile, todo parece alegre, perfecto, equilibrado, pero tras de ello se oculta algo de lo que nadie ligado al mundo militar quiere hablar, como es el dolor de ese grupo de soldados que, sin importar su edad y enfermedad, se pudren actualmente en la cárcel por hechos cometidos hace más de medio siglo en la conquista de la libertad para nuestro país.

No será posible reconstruir esa relación entre la sociedad civil y las FFAA mientras el Estado permita que esta situación de indignidad y vulnerabilidad perdure, y lo haga jactándose del escarmiento que es capaz de otorgar aprovechándose de la inermidad humana y aún más, mientras cierta clase política silente y ciega frente a este abuso, expía sus pecados pasados en estas personas que encerradas de por vida, sufren sin esperanza en el futuro.

Espero que en estas fiestas se recuerden a estos viejos soldados, que también fueron, son y serán parte de las “Glorias del Ejército”, porque la historia está condenada a un “eterno retorno”, y si los que hoy lloran no son de una vez por todas consolados, llegará el momento en que ya será demasiado tarde para fortalecer este ansiado nexo entre la sociedad civil y nuestras FFAA, tan necesario para salvaguardar los oscuros designios a los que todo país de esta parte del mundo está inevitablemente expuesto.

Carla Fernández Montero

Abogada, Derecho Penal-Penitenciario

Agradecidos con nuestro Ejército de Chile

El Ejército es una institución militar que debemos cuidar y proteger de la falta de preocupación por parte de los políticos de lo castrense, de un equivocado entendimiento del rol de las Fuerzas Armadas, y de un aprovechamiento del hecho de que son disciplinadas, jerárquicas y obedientes.

por Richard Kouyoumdjian17 septiembre, 2025

Nuestro Ejército de Chile está pronto a cumplir 215 años y son más aún si es que lo entendemos como el continuador del Ejército del Reino de Chile creado en enero de 1603 por el Rey Felipe III a sugerencia del gobernador Alonso de Ribera producto de que la peligrosa realidad que existía en el poco pacífico Reino de Chile demandaba la existencia de un ejército permanente, el primero de toda la Hispanoamérica.

Nuestro más que bicentenario Ejército, uno que tiene más de 400 años de tradición, experiencia y servicio a los chilenos tiene junto a las otras instituciones de la Defensa Nacional desafíos propios de los complejos tiempos en que vivimos. Complejidad que viene dada por una realidad mundial convulsionada, y una local marcada por desafíos en materias de seguridad pública, estrechez fiscal que afecta los presupuestos públicos, y un Chile políticamente tensionado. No es la primera vez que se enfrenta a complejidades de ese tipo, pero que estando en pleno siglo XXI se estimaban podían estar superadas y ser temas del pasado. No esperábamos que en el 2025 el Ejército volviera a ser requerido como parte de la fuerza pública como lo fue hasta el 73, dedicado a defendernos más de criminales, insurgentes, y terroristas, que de ejércitos invasores extranjeros o de amenazas externas que puedan colocar en riesgo nuestra supervivencia como nación independiente y soberana.

La calidad del barrio que habitamos tampoco ayuda mucho y exige tener un Ejército que disuada a quienes comparten fronteras con nosotros a aventurarse más allá de sus límites, una tentación que lamentablemente no se extingue con el paso del tiempo a pesar de las declaraciones que sus gobiernos regularmente hacen. La misión del Ejército según lo declara la misma institución es y sigue siendo:

“Contribuir de manera fundamental a preservar la paz y su misión primordial es garantizar la soberanía nacional, mantener la integridad territorial y proteger a la población, instituciones y recursos vitales del país, frente a cualquier amenaza o agresión externa, así como constituir una importante herramienta de la política exterior de Chile.”

Este 19 de septiembre celebramos las “Glorias del Ejército de Chile”, las glorias de un Ejército que siempre, junto con la Armada, nos dieron la independencia, sacaron de todo Chile a los españoles, derrotaron en dos oportunidades al Perú y Bolivia, y que posteriormente con la concurrencia de la FACH, nos han dado más de 140 años de paz en nuestros territorios. Es una institución militar que debemos cuidar y proteger de la falta de preocupación por parte de los políticos de lo castrense, de un equivocado entendimiento del rol de las Fuerzas Armadas, y de un aprovechamiento del hecho de que son disciplinadas, jerárquicas y obedientes.

Nuestro agradecimiento con el Ejército tiene que ser concreto y real. Lo primero es darles los recursos presupuestarios que necesitan para poder asegurar que siempre van a estar en condiciones humanas y técnicas, de cumplir con su misión y roles constitucionales, y que, de ser requeridos para funciones adicionales o extraordinarias, ello nunca pueda ser a costa de sacrificar lo principal. Tomar la responsabilidad por el resguardo y protección de fronteras terrestres es algo que perfectamente el Ejército de Chile puede realizar, pero tiene que ser con los recursos y dotaciones correspondientes.

Merecen además un Ministerio de Defensa bien equipado en lo profesional de modo de que tengan una contraparte válida, experimentada y con conocimientos. La realidad de Chile y de las Fuerzas Armadas ya no admite más la existencia de ministros no expertos en materias militares que no pueden supervisar adecuadamente. No basta con tener domicilio político en la alianza de gobierno, es necesaria la existencia de ministros de Defensa Nacional que sepan de la materia, sean capaces de darle forma a las políticas de defensa y militar, de defender los presupuestos y necesidades ante el Congreso y el Ministerio de Hacienda.

Merecen que se les paguen sueldos dignos, y que se les deje contratar las dotaciones que necesitan para cumplir con sus misiones. Se tiene que acabar esta práctica de financiar sólo unos pocos soldados de tropa profesional y conscriptos, lo que puede hacer mucha lógica financiera en Teatinos 120, pero no cuando se les está solicitando además hacerse cargo de las fronteras del norte y noreste de Chile junto a tener guarniciones permanentemente estacionadas en las provincias de Malleco y Cautín.

Merecen que la mayor parte de sus viejos soldados que están en Punta Peuco, Colina 1 y otros penales, presos por el solo hecho de haber sido integrantes del Ejército en el 73 y años siguientes, sean liberados y pasen sus últimos años de vida con sus familias a buen resguardo y cuidado. No es forma de pagarles por su servicio como militares chilenos.

Si nosotros hacemos todo lo que les debemos y que ellos claramente merecen, podremos exigirles que nos den a cambio los servicios de un Ejército, que libre de casos de narcos corruptos y sólo dedicado a lo suyo militar, nos siga garantizando el resguardo y protección del territorio nacional y de las fronteras que marcan donde comienza y termina Chile, en donde somos el soberano y gozamos de independencia política, incluyendo en donde insurgentes pretenden desconocer al Estado de Chile.

*En memoria de José Miguel Carrera, Bernardo O’Higgins, y los héroes y mártires del Ejército de Chile.

Etiquetado:defensaejercitoGlorias del Ejército

Richard Kouyoumdjian

Experto en Defensa y Seguridad Nacional; concejal por Las Condes

El Día de Todas Las Glorias del Ejército

Cada 19 de septiembre se celebra a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional el día de “Todas las Glorias del Ejército”, lo que incluye la realización de una Gran Parada Militar, a la cual asisten muchísimas personas, en especial familias, que disfrutan de un alegre día, tanto en la capital como en regiones.

Si bien en lo formal fue el Presidente Ramón Barros Luco quien dispuso, en 1915, dicha fecha para la mencionada celebración, ya se efectuaban festividades relacionadas a la Independencia Nacional con la participación del Ejército, durante el gobierno de Bernardo O´Higgins.

En la ocasión se recuerda no solo al Ejército de Chile, en su condición de institución armada que existe para la defensa de la Patria, ya que su compromiso abarca aún más allá, como lo ha demostrado en diversas ocasiones, como las situaciones de catástrofe, solo por mencionar un aspecto.

La evidente cercanía que ha demostrado la ciudadanía con el Ejército a lo largo del tiempo se fortalece y acrecienta aún más en las paradas militares, donde muchos de los que las observan ya formaron en sus filas, mientras que niños o adolescentes lo podrían hacer en el futuro.

Ello, por cuanto, tan especial institución ha estado integrada a lo largo de los tiempos por ciudadanos comunes, en especial en momentos de peligro, incluyendo en sus filas desde hace varias décadas a las mujeres.

El pueblo en armas, movilizado para proteger a la Patria, ha llevado a cabo gestas militares que posibilitaron no solo la victoria, sino además la paz, como Yungay por citar un ejemplo.

Hoy como ayer y como lo será mañana, la ciudadanía continuará manteniendo la cercanía con el Ejército, ya que son consustanciales uno al otro.

Antonio Yakcich Furche

Lo que pretende el Sr. Ministro Álvaro Mesa con esta falacia argumentativa que contiene el Considerando 164°, es equivalente a decir que -en materia de DDHH- el concepto de lesa humanidad deroga el Derecho penal chileno, generando una laguna legal que solo puede ser suplida por los jueces, en base a interpretaciones antojadizas de la ley nacional e internacional.

13 de noviembre de 2024

Imagen: elperuano.pe

En la causa Rol n° 63.534 (Episodio “Homicidios calificados de Luis Raúl Cotal Álvarez y Ricardo Gustavo Rioseco Montoya), el Sr. Ministro de Fuero don Álvaro Mesa Latorre, concluye lo siguiente en el Considerando 89° de fs. 1.096 de su sentencia:

“c. En consecuencia, cabe reflexionar lo siguiente:

1. La lesa humanidad nos remite a lo más profundo de la mujer y del hombre, puesto que sostiene todos nuestros valores. Además es una verdadera exigencia social y civilizadora.
2. La lesa humanidad modela nuestro habitar. Sensibiliza nuestro marco de acción.

iii. La lesa humanidad insufla, canaliza, transforma y dinamiza nuestro Derecho. Dotándolo de nuevas herramientas y concepciones. Le fija los límites infranqueables ante los cuales mujeres y hombres deben actuar y detenerse.

1. La lesa humanidad como un muro invencible, rechaza con toda fuerza la irracionalidad y arbitrariedad.
2. La lesa humanidad vence, derrota a la prescripción (en el más amplio sentido), a las simples legalidades del Derecho penal liberal (prescripción, tipos, participación, penas), puesto que, no tienen la capacidad de resolver esos dilemas jurídicos y sociales.
3. La Lesa humanidad es la conciencia robusta de la humanidad. Nos muestra el ideal de mujer y hombre, de humanidad.

vii. La lesa humanidad, con una resonancia infinita, atraviesa todo el universo jurídico y nos sitúa en lugar correcto y verdadero. Esto es, como honestamente debe funcionar nuestra convivencia en la sociedad”.

Ahora bien, no cabe duda el aporte significativo que para el Derecho ha tenido la construcción a lo largos de decenas de años, de un concepto de delito de lesa humanidad que sea comprensivo de fenómenos de violaciones de los derechos humanos de la población civil, y que nuestra Ley n° 20.357-2009 recoge en su artículo 1°.

Sin embargo, cuando la jurisdicción judicial -en palabras del profesor Juan Antonio García Amado- “…relativiza la ley, que es entendida ahora como simple instrumento o proyecto de normación, el primado práctico pasa a ocuparlo la decisión del juez. El Derecho, y esto es algo que se hará lugar común, (…), ya no se ve como sistema de reglas abstractas, sino principalmente como sistema de decisiones judiciales…no existe un Derecho previamente dado, su Derecho (referido al juez) es el Derecho de la situación, el Derecho que exigen las circunstancias (…), es a partir de la situación, de sus circunstancias, como se elige el método que mejor se adapte a ellas y como se configura el auténtico Derecho”.

A este respecto, lo que pretende el Sr. Ministro Álvaro Mesa con esta falacia argumentativa que contiene el Considerando 164°, es equivalente a decir que -en materia de DDHH- el concepto de lesa humanidad deroga el Derecho penal chileno, generando una laguna legal que solo puede ser suplida por los jueces, en base a interpretaciones antojadizas de la ley nacional e internacional.

Esta falacia del tipo ad humanitatem que el Sr. Ministro Mesa plasma en su fallo, y que -en palabras de Manuel Atienza- corresponde a “una argumentación ad rem, una argumentación supuestamente válida para toda la humanidad razonable”, simplemente no tiene cabida alguna en nuestro Derecho, y siquiera considerar su excepcional aplicación, conllevaría un retroceso tan grande para nuestro sistema jurídico, que la ley, como brújula unívoca del proceso penal, sería reemplazada por los sentimientos de justicia material del juez, y la justicia -desiderátum último del Derecho- terminaría diluida en el ácido del activismo judicial.

Carla Fernández Montero

Abogada

Derecho Penitenciario

2 COMENTARIOS

1. Humberto Julio Reyes13 de noviembre de 2024 En 21:28

Absolutamente de acuerdo. Esa interpretación es la que permite condenar pasando a llevar la ley vigente.

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2. Carlos Souper14 de noviembre de 2024 En 08:09

A este grado de delirio, desvergüenza y desfachatez ha llegado un grupo de jueces ideologizados que no dan garantías de la recta aplicación de la justicia

La Verdad Nos Hace Libres en X: “LA OPINIÓN SIN CENSURA DE PATRICIO AYLWIN SOBRE EL GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE #HistoriaDeChile #SalvadorAllende #Allende #Socialismo #Comunismo https://t.co/qMCYJyKUxc” / X:

https://x.com/LaVdHaceLibre50/status/1966148428322525622

La carretera Austral Presidente Agusto Pinochet Ugarte:

https://www.instagram.com/share/reel/BBEmbLMn7P

Qué bellísimo, emotivo y triste homenaje a nuestros héroes caídos… caídos en la batalla del silencio, la ingratitud y abandono… aquellos héroes que juraron dar sus vidas por amor a sus familias, a su Patria y su bandera !!!
Mil gracias, por tan merecido homenaje a estos héroes que tanto claman por una justicia justa y verdadera !!! :

Ustedes no entienden nada… señores del gobierno

Rebatiendo lo que dijo el Presidente, los que no entienden nada son ellos mismos, y por eso el país está como está. No entienden de ética, seguridad, economía, trabajo, salud, educación, difusión país y un largo etcétera.

por Jaime Jankelevich14 septiembre, 2025

AGENCIAUNO

El Presidente Boric, respondiéndole a la oposición por las críticas del estallido social, dijo “Uds. no entienden nada”. Extraña respuesta del Presidente, pues los que no entienden  nada son ellos mismos. No entienden de ética, seguridad, economía, trabajo, salud, educación, difusión país y un largo etcétera.

Rebatiendo lo que dijo el Presidente, los que no entienden nada son ellos mismos, y por eso el país está como está.

¿Entienden en el gobierno de ética? Difícil parece, porque si no fuera por la contralora Dorothy Pérez, nunca se habría sabido de los 25.000 funcionarios públicos que usaron licencias médicas para no trabajar pero sí para partir de vacaciones al extranjero.

Otro ejemplo que demuestra que no entienden de ética es que a todos los empleados públicos les dan bonos por excelencia en su gestión. No son bonos de poca monta, sino que de varios millones de pesos. Y lo curioso es que el 100% los recibe, mientras la ciudadanía sufre por la mala gestión burocrática en diferentes ministerios. Y para qué hablar en la Dipres. Esos bonos son de seis a siete cifras, algunos trimestrales y la justificación es que siempre en el año hay mejoría en la gestión.

Y no nos olvidemos de Monsalve, de la casa de Allende, de la corruptela de Democracia Viva y la danza de millones malversados, por poner algunos ejemplos.

En el tema seguridad, el ministro parece que vive en otro país, pues al parecer no entiende cuál es la realidad de este grave problema ya que muy serio señaló recientemente que han disminuido las cifras delictuales, que hay mayor control, que el crimen organizado venía de antes y que han logrado aprobar leyes que mejoran la seguridad y aumentado el presupuesto de las policías. Pero si es cosa de leer el diario para entender que eso no es así. Los incidentes nocturnos del “11” con armas y molotov a Carabineros, ¿muestran que la seguridad ha mejorado?

Y en el Ministerio del Trabajo, antes liderado por Jeannette Jara, no entendieron que había que crear empleos, porque en un año se crearon solo 141 nuevos puestos de trabajo. La cesantía llega a un 8,7%, pero en las mujeres es peor: cerca del 10%. Y la informalidad está en un 26%. ¿Entienden en el Ministerio del Trabajo lo que tienen que hacer?

Bueno, y parece que les cuesta entender en Educación que hay que educar a los niños de Chile y para eso, lo menos que debe funcionar bien es el sistema de admisión escolar. Pues bien, nuevamente la Contraloría, haciendo su trabajo, encontró irregularidades que permitieron postular en el Servicio de Admisión Escolar SAE con el RUT de personas fallecidas y se aceptaron dichas postulaciones. Más grave aún es que tampoco entienden que los niños tienen que aprender a leer en primero básico, pues los hay sin saber leer en cuarto básico y eso es inmoral. Y para que decir cómo ha crecido la inasistencia, en parte por las huelgas de los profesores.

¿Y cuándo entenderán en el gobierno que es inaceptable que existan 2.728.000 personas en lista de espera en salud a junio de 2025, y 421.000 cirugías pendientes? Y no quieren entender que esto se podría solucionar recurriendo al sector privado, pero su ideología se los impide.

Y de lo que menos entienden es de economía. Partiendo por la burocrática permisología que ha impedido el desarrollo de proyectos por miles de millones de dólares. Y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha cuestionado la credibilidad de las proyecciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres) alertando sobre un aumento en la proyección del déficit fiscal. Además, el crecimiento de la economía bajo este gobierno probablemente será el más bajo desde el retorno de la democracia.

No satisfechos con eso, el Presidente y el oficialismo se lanzaron contra el Banco Central por un análisis del IPoM de septiembre que confirma el impacto negativo que ha tenido el alza en los costos laborales de la agenda del gobierno, incluyendo las 40 horas y el alza en el ingreso mínimo. Y la candidata Jara ofrece nuevamente subir el sueldo mínimo a $750mil y negociación ramal.

Y parece que el ministro de Hacienda Grau no entiende aún que su rol no es andar en protestas públicas como las de la romería al Cementerio General donde tuvo que saltar una valla para evitarse problemas de seguridad, sino que preocuparse de las finanzas públicas, del déficit fiscal y del crecimiento.

Por último, no entienden cómo hacer difusión de nuestro país. En la reciente Expedición Libero a Japón, visitamos el pabellón de Chile en la Expo Osaka 2025, del cual salimos muy desilusionados porque ni siquiera exhibe una bandera chilena, lo que es incomprensible. Ninguna mención a la minería, a la salmonicultura, a nuestro vino, a nuestra fruta, al hidrógeno verde, a la antártica, excepto por un pingüino de género. Ningún producto que degustar, nada. El telar que pusieron  llamado “Makün, El manto de Chile”, pretende representar lo que es el país, pero por supuesto Chile es mucho más que eso. Lo que sí hacen es propaganda política con mensajes propios de este gobierno. Chile merecía una presencia de otro nivel, aprovechando una exposición tan visitada como la de Osaka, en un país tan importante para nuestra economía como es Japón.

¿Quiénes no entienden nada?

Etiquetado:gabriel boricJeannette Jaramario marcelNicolás Grau

Jaime Jankelevich

Bioquímico y consultor Más de Jaime Jankelevich

4 Comments

1. Carlos Souper Quinterosdice:

13 septiembre, 2025 en 23:30

👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

2. Christian Fuenzalidadice:

14 septiembre, 2025 en 08:02

Tampoco entienden nada de defensa. Ad portas de un conflicto Mundial nuestras capacidades estrategicas se deterioran y la de nuestros vecinos se potencian aceleradamente. La burocracia en la asignación de recursos para defensa es espeluznante y eso hace que nuestro potencial bélico subsista gracias a lo que se tiene más que al lo que se requiere. Submarinos tema clave y aun sin una estrategia clara.

3. Claudio Haase Bdice:

14 septiembre, 2025 en 08:59

Claro ,preciso y tristemente cierto

4. Adolfo Paúl Latorredice:

14 septiembre, 2025 en 22:11

Nuestro pabellón en la feria de Osaka muestra a Chile como un Estado fallido, poblado solo por indígenas y que ni siquiera tiene una bandera nacional. Lamentable.
Adolfo Paúl Latorre

La anécdota de Edmund Burke y la indiferencia peligrosa:

https://www.instagram.com/reel/DJSd54yvYWJ/?igsh=MXJra2lzZ2Ryd3RsNw==

Una venezolana patriota:

¿Es Extrema “Esa” Derecha?

Por Mauricio Riesco Valdés 

Existe en nuestro país un partido político que, según dicen los que creen entender, es de “extrema” derecha. El calificativo en sí no es un problema, pero como en política el extremismo normalmente tiene una connotación muy negativa, quienes se lo endosan a un partido de derecha lo hacen, claramente, con un doble propósito: descalificar al grupo y asustar a nuevos adherentes y votantes. Hasta hace algún tiempo se pensaba que el término era patrimonio exclusivo de la izquierda dura, la sectaria, la obcecada ideológicamente, la intolerante, la que hace abiertamente apología de la violencia, esa que de lejos se acusa por aquel olorcillo a pólvora que despide. Pero como ahora el adjetivo lo utiliza un amplio espectro político para referirse a ese mismo partido de derecha, nos obliga a verificar la definición del término para evitar caer en equívocos o confusiones.

La Real Academia Española de la lengua, RAE, expresa que el vocablo “extremo” es el “Punto último a que puede llegar algo”. Y así, entonces, parecería algo rebuscado endosarle a la derecha política aquel calificativo, a menos que se quisiera especificar que es el partido que está al “extremo” opuesto de la izquierda lo que, aparte de ser cierto, da algún indicio. O que se le llama así porque está al “extremo” superior de las encuestas para las próximas elecciones presidenciales, pero tampoco precisa mayormente el asunto dado que las encuestas pueden variar.

En general, en Chile el grueso de los votantes no es de extremos y por eso es fácil concluir que quienes se refieren a ese partido de “extrema” derecha, no desconocen la connotación que tiene la expresión que emplean. No hay error en su uso sino astucia y mala fe para engañar, atemorizar y ahuyentar, particularmente en período de elecciones.

Por lo mismo, conviene estar atento a ese tipo de mensajes. No es posible imaginar siquiera que la derecha a la que se alude, no la sucedánea, pudiera ser “extremista”. Porque la verdadera derecha es la conservadora –más que ningún otro grupo político– de los principios, los valores morales y éticos, de la historia y tradiciones democráticas que han sido propios de Chile desde antes de su independencia. Y, conceptualmente, ser conservador es lo opuesto a ser extremista. Es tener visión de futuro con proyección valórica, es velar por los verdaderos intereses y necesidades del país, es avanzar sin engaños ni componendas a espalda de los electores, es dar certezas y no dudas, confianza y no temores. Es rechazar abiertamente la monarquía del Estado tan propia del comunismo marxista. Esa derecha es la que defiende y busca proteger la vida, la familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer, el sexo biológico, (cromosómico, no el que pueda salir de un quirófano o de un ropero). ¿Será extremismo todo eso o sentido común? Que la nueva derecha haya ido, paso a paso, consolidando para sí un sitial que hace tiempo dejaron vacío quienes eran los responsables de preservarlo y que por lo mismo no forme parte de esas vertientes de la chicha y la limonada de las que mana un fluido confusionista y desconcertante, tampoco la hace ser extremista.

Es claro, en cambio, que el “Punto último a que puede llegar algo”, como dice la RAE, tiene mucho que ver con la jaculatoria que por años ha intoxicado la mente de la izquierda dura: “Ni perdón ni olvido”. Esa es la que mantiene unidos a sus feligreses en torno a una misma veneración por su libro sagrado El Capital; por sus profetas Marx y Engels; por el odio, la violencia y la intolerancia; ese sí es, indudablemente, el “extremo” al que se puede llegar. Esa izquierda es la secta de fanáticos que profesan la ideología marxista y que aborrecen nuestra historia, nuestros valores, costumbres y tradiciones porque éstos desvelan su doctrina y fundamentos justificativos. En esto, basta recordar, nada más, el proyecto de Constitución inspirada por satanás que fue sometida a plebiscito hace ya tres años y que el país por una impresionante mayoría dijo ¡No! ¡basta ya! Por eso, más sorprende aún que el apelativo “extremo” lo usen, también, quienes debieran rechazarlo; pueden más lo votos.

Es que se trata del único partido político que en este período eleccionario verdaderamente les inquieta a todos los demás, sin excepción; le temen a su paso arrollador que confirman las encuestas y también muchas personas connotadas de otros sectores, incluidos varios políticos, que se están incorporando a la candidatura presidencial que promueve aquel partido. ¡Hay que hundir a esa aterradora amenaza cuanto antes se pueda! pues queda poco tiempo para las elecciones y se ha venido haciendo fuerte en la misma medida en que la candidata presidencial de extrema izquierda no ha conseguido avanzar en su campaña eleccionaria, tan mal disfrazada de “socialdemócrata” por sus partidarios, incluidos hasta los restos de una DC que agoniza y espera su ineludible sepultura. Y cómo no, si ella pertenece precisamente al Partido Comunista desde que era una niña y lleva más de 36 años impregnada de su doctrina; a la gran mayoría de los chilenos eso les produce urticaria porque conocen los resultados donde ha gobernado el comunismo. Ese es, precisamente, el partido extremo; es el que promueve casi todos los “últimos puntos” a los que se puede llegar: la eliminación de la propiedad privada; el control de los medios de producción y de comunicación; la lucha de clases; la violencia como medio legítimo para alcanzar el poder; en fin, se llega a ese “extremo” cuando el Estado planifica todo como amo y señor de las cosas y de las personas, que es lo que el comunismo siempre ha hecho. Es la ideología marxista-leninista la que conduce a la pérdida de la libertad, y ese sí que es el “último punto”, el final; después no hay nada.

Ya toda la ciudadanía se siente impotente ante el estado de inseguridad general en el país, con una inmigración descontrolada tanto como la corrupción, una judicatura voluble e impredecible con magistrados que se venden para ascender en sus cargos, está agotada del ambiente de incertidumbre provocado por un gobierno incompetente y una institucionalidad descompuesta. El país necesita con urgencia una autoridad firme, responsable y respetada, preocupada del país y su gente, que dé certezas y confianza sin equilibrarse sobre la veleidosa cuerda del dividendo personal. Si esto es tener una condición o un planteamiento “extremo”, entonces los extremistas somos muchos millones de chilenos.

Una Completa Homologación

Por Max Silva Abbott 

Recientemente, el gobierno ha enviado un proyecto de ley que pretende modificar la llamada “Ley Zamudio”, esto es, la que castiga la discriminación, siguiendo el derrotero que este concepto ha ido adquiriendo a nivel internacional.

Como se sabe, de manera tradicional, “discriminar” era entendido simplemente como “distinguir” entre personas o situaciones, sin calificar dicha distinción. Ello, pues permanentemente estamos distinguiendo o separando por el simple hecho de decidir entre dos o más posibilidades. Es por eso que cuando se quería denotar una distinción injusta, se hablaba de discriminación “arbitraria”, es decir, sin que la justificara un fundamento racional.

Sin embargo, hoy el concepto ha cambiado, al punto que la sola palabra “discriminación” denota de suyo una situación injusta, de modo que siempre sería arbitraria.

Ahora bien, este concepto ha tenido un notable desarrollo, tanto a nivel nacional como sobre todo internacional, consagrándose como el centro de tablero de los actuales derechos humanos, al menos dentro del Sistema Interamericano, elevándose a un supranivel desde el cual pretende influir en todos los demás derechos consagrados.

Por eso se señala reiteradamente que estos derechos deben ser respetados en condiciones de igualdad para todas las personas, sin discriminación alguna.

Ahora bien, a primera vista, uno no podría estar más de acuerdo con este postulado, que viene a coincidir con la ya clásica “igualdad ante la ley”, que busca que todos los habitantes de un país sean tratados de la misma forma, sin privilegios o desventajas infundadas.

Sin embargo, la evolución que ha tenido el concepto de “discriminación” se encuentra muy lejos de esta tradicional igualdad ante la ley. Ello, pues si bien la defiende –pues también le es útil–, la considera sólo parte de la igualdad que busca alcanzar, pues ella únicamente apunta a una igualdad inicial, como punto de partida para el accionar de las personas.

Por eso hay que decirlo muy claro: lo que se pretende actualmente con la “no discriminación”, es que exista esta igualdad entre las personas no solo al inicio de cualquier proceso, sino sobre todo al término del mismo. Es decir, se busca que el resultado final al cual lleguen los sujetos sea prácticamente igual entre unos y otros, de modo que ninguno destaque o se encuentre demasiado por debajo de los demás.

Dicho de otra manera: lo que se busca lograr no es solo una igualdad formal (la clásica igualdad ante la ley, propia de las sociedades liberales), sino una igualdad material o de resultado, esto es, que los frutos alcanzados por la actividad de unos y otros sean lo más homogéneos posible.

En consecuencia, casi cualquier diferencia en el resultado final de la actividad realizada por las personas constituiría una discriminación, y por tanto, una injusticia respecto de quienes no hayan alcanzado esa cota. Y obviamente, debe ser el Estado el que en nombre de los nuevos “derechos humanos”, corrija tamaña injusticia, igualándolos a todos, usando para ello la totalidad de sus recursos y su poder.

Una visión que pretende homologar completamente a las personas, que curiosamente, huele demasiado a marxismo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián.

La tolerancia asesinada

Por Cristián Warnken 

El asesinato de Charlie Kirk, activista conservador, en un acto en la Universidad del Valle de Utah, en Estados Unidos, debiera despertar el repudio y el espanto de todos. Kirk está lejos de mi forma de pensar, pero jamás desearía que la muerte de un adversario (aun el más despreciado de mis adversarios) despertara en mí la satisfacción o la indiferencia. Las imágenes de su asesinato se han viralizado y me temo se banalicen como todo lo que es consumido en el espacio digital. Y ya han aparecido mensajes tan deplorables como: “se lo buscó”.

Las redes sociales, los bots, las declaraciones de muchos líderes son hoy los grandes propiciadores e incitadores al crimen político. Se parte primero por una caricatura del “otro”, se sigue con la denostación y no se duda en propagar la mentira, si es necesario. El disparo de un fanático (como el que hirió de muerte a Kirk) es solo el último eslabón de una verdadera industria y cultura del odio que intoxica hoy a millones en el mundo, y en nuestro país también. El asesinato de un candidato presidencial en Colombia estuvo precedido por una avalancha de declaraciones de odio, partiendo por las del mismo Presidente de la República. En Argentina, Milei no ha dudado en alentar mentiras contra, incluso, sus aliados y ha hecho gala de un estilo agresivo en que ataca a rivales, periodistas o ciudadanos hasta niveles obscenos. Su rival, Cristina Kirchner, tampoco fue un ejemplo de decencia, respeto democrático ni autocontención verbal. En el odio, los extremos se tocan. Y qué decir del presidente de la máxima potencia del mundo, Donald Trump, campeón de la denostación.

Los discursos de odio están dando réditos electorales y en un mundo donde las enfermedades mentales se han disparado después de la pandemia, la posibilidad de que un loco o un “lobo solitario” decida aplicar literalmente los mensajes destructivos que circulan en las redes, es más alta que nunca. El asesinato de Charlie Kirk es brutal, más aún cuando ha ocurrido en un campus universitario, el lugar donde debiera ser natural escuchar a quien piensa distinto, y la tolerancia es la condición esencial para que una universidad tenga el título de tal. Pero, en muchas de las grandes universidades del mundo, la cancelación se ha convertido en una práctica habitual, y el progresismo “woke” ha demostrado tener también visos inquisitoriales. En algunas universidades, se han establecido prácticas de censura a cualquier manifestación de pensamiento conservador: el asesinato de Kirk es, en parte, resultado de eso.

Durante el primer proceso constituyente vimos cómo el odio, la negación del adversario llegó a una apoteosis: redactar una Constitución sin considerar la opinión de la mitad, al menos, del país. Y qué decir en el “estallido”, donde la ira lo envenenó todo. Habría que hacer una antología de los “tuits” denostadores del adversario que degradaron la conversación política de entonces: nos llevaríamos la sorpresa de que muchos fueron escritos por personas con formación intelectual y aparentemente razonables. Hoy esa ira campea en el otro extremo y no se duda en destruir a miembros del propio sector, solo por estar a favor de los acuerdos: la “derechita cobarde”, dicen. En la izquierda, a los apóstatas se los llamaba “fachos” y se iba a funarlos a sus casas. Propagar el odio virtualmente es muy fácil, contenerlo después puede ser imposible.

Recuerdo el día en que asesinaron a Jaime Guzmán: hice un minuto de silencio en mi clase, ante la sorpresa de mis alumnos, que sabían que yo había peleado en plena dictadura contra los gremialistas. ¿Pero no es ese el mínimo civilizatorio que debemos esperar: el de condenar sin ambages el asesinato de un adversario? Cuando un adversario pasa a ser un enemigo a destruir, es que la tolerancia está siendo asesinada. Es lo que está ocurriendo hoy. Lo más sagrado en una democracia es el cuidado de nuestros adversarios.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el viernes 12 de septiembre de 2025.

Otros PPM fallecen en la cárcel:

Suboficial de Carabineros Rafael Perez Torres , falleció en carcel Alto Bonito de Puerto Montt, llevaba 11 años de reclusión, faltaba 1 año para término de condena. QEPD.

Solicitamos a todos los integrantes de las FFAA, Fuerzas de Orden, a las distintas ONG e Instituciones, a familiares y amigos en general, a continuar sumándose en apoyo de todos quienes deben enfrentar esta injusta situación, a fin de afirmar, fortalecer e incrementar el planteo de los justos reclamos por acceder a una justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva, a través del irrestricto respeto por la Constitución de la República.

La continuación de la ardua lucha en su apoyo, por la recuperación plena del estado de derecho y por la reparación del respeto y la credibilidad de las Instituciones de la República, así lo exige.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, compañeros de Promoción, camaradas y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

ONG-CREN

El alegato póstumo del “sin perdón ni olvido”

Osvaldo Castillo, condenado por violaciones a los derechos humanos, falleció el 6 de septiembre tras una larga enfermedad. Su caso reabre el debate sobre justicia, humanidad y el trato que merecen los presos terminales, incluso aquellos que enfrentan condenas por delitos de lesa humanidad. Mientras su familia clamaba por un final digno, la burocracia judicial y una apelación impidieron su regreso oportuno al hogar.

11 de septiembre de 2025

El 6 de septiembre pasado falleció de un cáncer terminal Osvaldo Castillo, condenado por causas de DDHH, de 80 años de edad, y que había sido beneficiado el pasado 30 de junio con el cumplimiento domiciliario de su pena (para ir a morir a su casa).

La Subsecretaría de DDHH, sabiendo la situación terminal de Castillo y los tiempos de la burocracia judicial, y sintiéndose agraviada por la decisión humanitaria de la Ministro Paola Plaza, apeló la resolución, retrasando el proceso. Paradójicamente, el mismo día del deceso, la Corte de Santiago tuvo la oportunidad de decidir y hacer justicia, pero por un tema burocrático, finalmente no se conoció la causa.

El alegato póstumo está pendiente, y tendrá que decir que Osvaldo Castillo murió con la esperanza en una justicia indulgente, así lo dijo y así lo traspasó con su mirada, me consta. La contraparte, en vez de insistir en su tesis retributiva y carente de humanidad, ni siquiera alegará la causa, porque ya no necesita hacerlo, no se escuchará la monserga de siempre que son violadores de DDHH y que, por sus crímenes, merecen morir en la cárcel. Su finalidad estará satisfecha, no así la de los familiares de Castillo, que esperaban que ese esposo, padre y abuelo muriera dignamente, acompañado, y no sufriendo en la soledad del Hospital Penitenciario.

Carla Fernández Montero

Abogada

Derecho Penitenciario

Arzobispo Chomalí se mostró a favor de penas alternativas a violadores de DDHH: “Las sociedades crecen cuando hay clemencia”

Por CNN Chile

11.09.2025 / 22:13

La autoridad eclesiástica habló en CNN Prime sobre la iniciativa que busca habilitar beneficios de cumplimiento alternativo para ciertos casos, donde entrarían internos de Punta Peuco. Además de mostrarse favorable, reiteró que es clave que quienes tengan información sobre los detenidos desaparecidos puedan hacerla pública.

Ante las diversas discusiones legislativas y en el ámbito público el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, ha marcado diferencias con sus predecesores al mostrarse más presente en estos debates haciendo patente la postura de la religión que profesa.

En entrevista en CNN Prime, la autoridad eclesiástica habló de lo que continúa dejando cada conmemoración del 11 de septiembre, a 52 años de lo que fue el golpe de Estado, señalando que no cree que hubiera muertes inevitables y que es clave que exista verdad y justicia para las familias de cada víctima de desaparición forzada.

En el mismo ámbito, ha resurgido el debate en torno a la propuesta de dar penas alternativas a ciertos internos, ya sea por temas de discapacidad, mal estado de salud, enfermedades terminales, etc, en una iniciativa que dice apuntar a un tema humanitario y en segundo lugar ayudaría a liberar las sobreexigidas cárceles del país.

Al respecto, Chomalí aseguró que tras haber visto las condiciones carcelarias de distintos recintos penitenciarios del país, ha podido constatar que “se violan los derechos humanos, por la pobreza que hay, por las políticas públicas”, destacando al mismo tiempo la labor de Gendarmería por tener que enfrentar su tarea en dichas condiciones.

“Hay personas que están viviendo situaciones muy inhumanas en general. El tema es el siguiente: una persona pierde su dignidad, y la dignidad no se pierde nunca, nadie, porque la da Dios y evidentemente que si el Estado no es capaz de cuidar a una persona, sobre todo si está enferma, yo creo que la familia tiene todo el derecho- yo mismo ofrecí la Fundación Las Rosas para que esas personas puedan pasar sus últimos días. Es decir, impunidad jamás, eso que quede muy claro, lo he dicho en todos los tonos, pero creo que las sociedades van creciendo humanamente cuando hay clemencia”, afirmó el líder católico.

Asimismo, añadió que para él el estándar para optar a otro tipo de cumplimiento de condena es que el Estado no pueda garantizar respetar la humanidad de un interno, afirmando que en tal caso “también se le estaría violando (los derechos humanos) a ellos”.

“SUBSECRETARIA DE ‘VIOLACION’ DE DERECHOS HUMANOS”, CHILE

La Subsecretaría de Derechos Humanos exige que la búsqueda de detenidos desaparecidos sea una tarea permanente de todos los gobiernos. Pero la incoherencia es brutal ya que por más de 30 años mantienen restos en cajas maltratadas sin peritajes ni voluntad de identificarlos, mientras pretenden convencer a la ciudadanía de que es un deber colectivo seguir buscando.

Incluso en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, figuras como Lorena Fríes y Lorena Pizarro se han opuesto terminantemente a avanzar en estas pericias, mientras denuncian violaciones de DD.HH. Un doble discurso que indigna.

Y lo más aberrante es que esta misma Subsecretaría,  apeló contra la resolución judicial que permitía al exfuncionario de la PDI , Don Osvaldo Octavio Castillo Arellano ( Q.E.P.D.), enfermo de cáncer de colon, a poder morir dignamente en su hogar. Resultado: LO HICIERON MORIR TRAS LAS REJAS.

¿De qué Derechos Humanos hablan estos miserables, cuando niegan humanidad y compasión?

Aquí no hay defensa de derechos, sino un uso ideológico del dolor, manteniendo vivo el odio y la venganza, mientras se proveen de beneficios. El rechazo a identificar las osamentas es la prueba del desprecio hacia quienes realmente sufren por no saber el paradero de sus seres queridos.
Sin más comentarios.

Paula Cabezas L.

DOS CARAS DE LA MONEDA

  Por   Humberto Julio Reyes

            Siempre es así, la moneda tiene dos caras, pero me refiero, en esta ocasión, al poder judicial y a la administración de justicia en Chile.

            Al igual que a usted, estimado lector, no me sorprendió en absoluto leer la reciente columna en que se expresa satisfacción por la reforma procesal penal que entró en vigencia a partir del año 2000 y que se supone ya el año 2005 se extendió a todo el territorio nacional y que, consecuentemente, debería regir para todos los que habitamos en nuestro país.

            Los columnistas, una exministro de Justicia y un excoordinador nacional de ella, señalan que el esfuerzo (de llevarla a cabo) “es una manifestación de las bondades de una reforma sistémica”.

            Dicha reforma “permitió reemplazar el viejo expediente por audiencias públicas, el sistema escrito por uno oral, junto a la concentración de las funciones judiciales en las tareas de control de garantías y juzgamiento para erigir jueces genuinamente imparciales”.

            Aplausos, pero, ¿es así?

            Por supuesto que no, como rápidamente lo señaló un lector en carta al director del mismo medio que publicó la columna en cuestión:

            “Hubiera sido interesante conocer también las razones de por qué, entonces, los militares condenados por delitos de lesa humanidad o contra los DD.HH. no han sido juzgados por este sistema y por esos jueces genuinamente imparciales”.

            Mi respuesta a esa inquietud: justamente, para privarlos de las bondades que proclaman sus autores.

            Pero, nada nuevo, cuando se lee la carta “Crítica a la justicia antigua” (El Mercurio del 12 de junio del presente año) cuyo autor se pregunta si son legítimos los procesos instruidos de acuerdo al sistema que fue derogado justamente por su ausencia de garantías para los procesados, poniendo como ejemplo si acaso Kathy Barriga estaría de acuerdo con que la fiscal que la investiga sea también quien la juzgue.

            Tampoco novedoso si se recuerdan las expresiones del ministro Milton Juica al asumir la presidencia de la Corte Suprema: el sistema procesal antiguo no le brinda ninguna garantía a inculpado.

            A confesión de parte…

            Sin embargo, el poder judicial prosigue impertérrito condenando y, de esta forma “administrando justicia”.

            Bien por los que alzan la voz, que no son pocos. Mal por los que se hacen los sordos.

            Pero, coincidentemente, vemos otra cara.

Un frentista condenado por diversos crímenes “en democracia”, es públicamente reivindicado y se promueve su indulto.

¿Habrá quienes condicionen el eventual beneficio a su arrepentimiento o a su colaboración para esclarecer las causas investigadas o a la opinión y posible veto de las familias de sus víctimas?

Altamente improbable ya que, seguramente, se invocaría la potestad presidencial para concederlo y, por otra parte, presumo que las víctimas de sus crímenes, que en nuestro país no se han organizado para clamar por “ni perdón ni olvido”, han asumido su dolor y no buscarían satisfacción en oponerse.

12 de septiembre de 2025

*11 de Septiembre… Fuerte y Claro*

Por Cristián Labbé Galilea

Pasan los años, pero la izquierda no se cansa de aprovechar el 11 de septiembre para llenar de odio el ambiente, y para repetir “viejas monsergas” que buscan reescribir la historia. A ella se suman los pusilánimes que prefieren hacerse los de las chacras, para evitar reconocer algo indesmentible: “las Fuerzas Armadas actuaron obedeciendo al llamado de todas las instituciones republicanas y al clamor de una nación desesperada…”.

Revisar las portadas de la época da miedo: “los momios al paredón y las momias al colchón”, “Viejos de Mierda, jueces vendidos ladrones y corrompidos”, “Si, tuve reunión con los marinos” (declaración de Altamirano acusado de subvertir a la Armada” “Cada cual a su puesto de combate”, Diario El siglo).

Podríamos llenar páginas con evidencias sobre la situación de entonces. Esta pluma siente la responsabilidad de hacerles ver a los jóvenes de hoy lo que no quieren saber, y a los viejos pusilánimes recordarles… “lo que por conveniencia han olvidado.”

Los siguientes datos son irrefutables:

“…la violencia revolucionaria -la lucha armada- es inevitable y legítima… Constituye la única vía que conduce a la toma del poder y su ulterior defensa… Las formas pacíficas no conducen por sí mismas al poder…” (Congreso P. Socialista 1967).

“…este problema solo se arregla con fusiles. Les aconsejo plantear crudamente sus aprensiones… a los comandantes en jefe de las FF.AA” (Eduardo Frei M a la SOFOFA 6/7/73).

“…el enemigo debe saber que (la fuerza del pueblo) está lista para entrar en acción. Su fuerza y su combatividad pueden inclinar la balanza a tu favor…” (carta de Fidel Castro a Allende 29/7/73).

“…ha violado leyes expresas y ha hecho ‘tabla rasa’ del principio de separación de los Poderes, dejando sin aplicación las sentencias judiciales… se han cometido 20 transgresiones a la C.P.R. entre ellas, amparar grupos armados, detenciones ilegales, confiscaciones de la propiedad privada, violación a las resoluciones judiciales…” (Acusación de la Cámara de Diputados, preparada por Claudio Orrego 22/8/73).

“… nos oponemos al fondo del proyecto porque su contenido no respeta los valores humanos fundamentales…” (Obispos sobre la ENU).

“…el Contralor General infrascrito se ve en la necesidad de representar la ilegitimidad que adolece el decreto de la Reforma Constitucional…” (Sobre las 3 áreas de la economía).

“… no tenemos palabras para agradecer a las FFAA por habernos salvado” (Expresidente Gabriel González V. en Te Deum 18/9/73, en la Gratitud Nacional, oficiado por el Cardenal Raúl Silva H., con la presencia además de los expresidentes E. Frei M. y Jorge Alessandri R.).

“… las FF.AA. salvaron al país… su acción simplemente se anticipó para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista…” (P. Aylwin en TVE Española 23/9/73).

“… la responsabilidad del quiebre de la democracia corresponde a la Unidad Popular…” (Carta de E. Frei a Mariano Rumor 8/11/73).

Concluye finalmente esta pluma que los jóvenes ignoran por falta de interés, y los viejos pusilánimes por exceso de conveniencia… pero los patriotas defendemos “el 11” … ¡Fuerte y Claro!

Como se salvó Chile:

1973, Cómo se salvó Chile

La Tercera 13-SEP-1973

Chile en Septiembre 2025

Noticias:
1- Matan a un joven de 35 años en Lampa, delante de su madre.
2- Claudio Orrego rodeado por delitos, pero no cae.
3- Pro cultura aun impune.
4- Funcionarios del Congreso ganan fortunas y son inamovibles.
5- Comunista Berger organiza eventos en Madrid con plata de todos los chilenos.
6- Se homenajea en Valparaíso a frentista asesino de Jaime Guzman, con recursos públicos.
7- Ministro Grau participa en romerías repletas de encapuchados con molotov, a días de su participación en el Chile Day de Madrid.
8- Fracasa proyecto de acuerdo para la Araucanía.
9- El payaso de TVN, tras pésima gestión, renuncia.
10- Bachelet, responsable de la inmigración ilegal en Chile y de todos sus dramáticos efectos, se prepara para ser candidata a la ONU.
11- Ministerio de relaciones exteriores dedicado a la política exterior feminista.
12- El condenado Jadue puede ser candidato.
13- Los narcos abatidos, son escoltados por Carabineros en sus funerales.
14- FFAA son atacadas por la izquierda por la vía de la reducción de sus presupuestos.
15- La salud pública en su peor nivel histórico de atención.
16- Elisa Loncón, inspiradora del mamarracho, será candidata.
17- Arcas fiscales en grave crisis, en la antesala del cambio de gobierno.
18- Boric enfrenta a Trump de manera recurrente.
19- Robo de cables eléctricos aumenta de manera exponencial.
20- Robos de caballos se masifican, para faenarlos y venderlos como carne de vacuno.
21- La izquierda se prepara para ser oposición, ya abandonando la opción de ser gobierno.
22- Multa por no votar, aún no logra acuerdo en el Congreso. De aprobarse, será una multa muy menor, casi simbólica.

Chile está en peligro!!!!!! No pensemos que la izquierda será una oposición decente o dialogante. Desde el día uno intentarán derrocar a gobierno de Kast o de Matthei, sin distingos. En la izquierda el diálogo leal no existe. Ellos, paso a paso, van por el poder total: Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Así actúa la izquierda en el mundo:

https://youtu.be/u7bip-JbMMo?si=I_ldCCJEZRdBpGEz

¿Se puede salir tan indemne?

Por Max Silva Abbott 

Como resulta natural, a medida que se acerca la fecha de las próximas elecciones, los ánimos se van caldeando y surgen todo tipo de rencillas y descalificaciones entre los contendores y sus partidarios. Y no es para menos, al existir tantas expectativas de uno y otro sector en su propio proyecto político.

Sin embargo, y más allá de cualquier pugna electoral, existe un dato de trascendental importancia relacionado con las próximas elecciones que no debe ser pasado por alto: este consiste en los pocos recursos que tendrá el próximo gobierno para llevar a cabo no sólo su propio programa, sino las prestaciones que de ordinario realiza el Estado. Tan así, que ya varias voces vaticinan un período más que complejo, independientemente de quien salga ganador en las urnas.

En realidad, la situación no puede ser más grave, puesto que este verdadero desfondamiento de los recursos públicos podría tener consecuencias devastadoras en los próximos años. Piénsese, por señalar sólo un ejemplo, en las numerosas muertes que podrían producirse dada la falta de medios que afectará a la salud pública.

Ahora bien, ¿justifica el juego político una situación como ésta? ¿Resulta aceptable que un gobierno deje literalmente y a propósito en la bancarrota al siguiente, al prevenir que será de signo contrario, para eventualmente volver al poder luego de ese nuevo mandato?

Claramente no, porque en este caso se está jugando con los destinos de todo un país, lo que podría incluso causar muertes, según se ha dicho. O si se prefiere, la política no es algo así como un juego de “Monopoly”, en el que se hace cualquier cosa para arruinar a los adversarios y hacerles el mayor daño posible a fin de ganar la partida. Ello, pues en el presente caso, los efectos de este desfalco son reales y además, inmerecidos para la población.

En consecuencia, debiera existir una investigación exhaustiva y sanciones posteriores respecto del expolio que se ha producido con las arcas públicas y los grandes préstamos adquiridos, comenzando por una profunda auditoría externa. Ello, se insiste, porque resulta inadmisible que se juegue con una frivolidad así con los destinos de un país entero.

De hecho, en una época en que tanto se enarbolan los derechos humanos, resulta claro que esta notable falta de recursos va a producir la violación de varios de esos derechos, situación que resultaba perfectamente evitable. Ello, pues este gasto y endeudamiento excesivos no se han debido a una situación extraordinaria, como las catástrofes naturales que de tanto en tanto azotan a Chile, sino al programa de gobierno y otras medidas que se fueron adoptando sobre la marcha, pero se reitera, dentro de una situación normal para el país.

Se insiste en que esta falta de prestaciones generalizada que se avecina no corresponde tanto al programa del próximo gobierno, sea cual sea, sino a las operaciones y servicios que el Estado chileno proporciona de continuo, algo así como los “costos fijos” de la actividad del país, y que debe ser llevada a cabo por las autoridades de uno u otro signo.

Así entonces, ¿puede salir tan indemne un gobierno notablemente descuidado o incluso doloso con el uso de los recursos públicos, hecho en parte para hacer inviable una futura administración? ¿La política da para todo, incluso dañar gravemente a la población? Se puede jugar así con las personas a las que se dice servir?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián.

La derecha y la paz social

Por Juan Lagos 

La frase de Jorge Desormeaux –“Vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei”– ha generado una polémica que no deja de ser desconcertante. Desconcertante no sólo porque nada tiene que ver con su trayectoria profesional (a menos que me haya perdido y Desormeaux se haya reconvertido en adivino en vez de economista), sino porque abre un flanco de discusión completamente errado para la derecha.

Uno de los grandes problemas de esa afirmación, que ha encontrado eco insólito entre algunos partidarios de Evelyn Matthei, es que asume un juego que la izquierda practica con las cartas marcadas. Son ellos quienes controlan las federaciones de estudiantes, los centros de alumnos, los colegios profesionales y las asociaciones de funcionarios. Son ellos quienes alientan desórdenes, delitos y crímenes funcionales a sus intereses políticos. ¿O acaso ya olvidamos el tristemente célebre “gracias totales cabros” de Giorgio Jackson?

Lo verdaderamente grave de que en ciertos sectores de la centroderecha se haya instalado la idea de que con José Antonio Kast habría mayor riesgo de un nuevo estallido que con Evelyn Matthei, es que ese razonamiento comparativo descarta de plano la posibilidad de que algo semejante ocurra bajo un eventual gobierno de Matthei. Esa falsa sensación de inmunidad constituye, sin duda, el escenario más peligroso.

Octubre de 2019 dejó en claro que ningún liderazgo ni coalición ajenos a la izquierda están a salvo de una crisis de esa magnitud. Creer que “eso no va a pasar” por atribuir el riesgo a otro candidato es un error garrafal. La verdadera pregunta para el comando de Evelyn Matthei es simple: ¿está la candidata preparada para un escenario de desestabilización, o confían ingenuamente en que no ocurrirá? Nada sería más necio que optar por lo segundo.

La paz social no se obtiene con un resultado electoral puntual. Pensar lo contrario es admitir como legítimo el chantaje de la izquierda y de paso vaciar de sentido la democracia. Lo cierto es que la paz es más producto del esfuerzo diario de millones de ciudadanos honrados auxiliados por un Estado cada vez más torpe a la hora de frenar a los que amenazan nuestra convivencia. Como bien advirtió el politólogo Miguel Anxo Bastos, el ejemplo perfecto de que el Estado no es el principal agente de la paz es la cárcel: no hay lugar donde el Estado sea más presente e invasivo, y tampoco hay un sitio donde la paz sea más esquiva, precisamente por la comunidad de indeseables que allí conviven.

La experiencia reciente ofrece, además, un ejemplo práctico que Matthei haría bien en observar. En lugar de seguir recetas intelectuales que parecen trampas en el solitario, le convendría mirar de cerca la gestión de Mario Desbordes en la alcaldía de Santiago. Contra él se repetía la misma acusación que hoy algunos en su campaña esgrimen contra José Antonio Kast: que no aseguraba gobernabilidad en medio de tomas y funcionarios que Irací Hassler mantenía tranquilos gracias a su militancia. Sin embargo, como el propio Desbordes señaló en una entrevista con Marcela Cubillos, las tomas y los paros en Santiago han durado apenas días porque los manifestantes se enfrentan a un político que está dispuesto a hacer cumplir la ley en todo momento, lo que ha permitido que en la actualidad la comuna no tenga ningún establecimiento ocupado.

La señal es clara: la gobernabilidad no es un privilegio que obtienen los moderaditos por seguir al pie de la letra lo que le digan desde la izquierda, sino el efecto de ejercer la autoridad con carácter y racionalidad.

Quien sea el candidato de derecha que llegue a La Moneda enfrentará un escenario hostil y cargado de desafíos. Lo que no puede permitirse la centroderecha es autoengañarse con falsas seguridades ni con diagnósticos prestados de la izquierda. La paz social no es un regalo de un resultado electoral: es una conquista frágil que requiere a diario el más estricto cumplimiento de las normas para que los ciudadanos honrados no sientan que están haciendo el loco a la hora de observarlas.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el viernes 5 de septiembre de 2025.

Dudas sobre Jara y el PC

Por Álvaro Góngora

Ocurrió algo impensado en política para el común de los chilenos. Que una militante comunista fuera candidata a la Presidencia, apoyada por una diversidad de partidos, desde la izquierda radical, el socialismo democrático y hasta un centro cristiano.

Jeannette Jara es militante comunista hace 36 años. Partido que, recién fundado, adscribió a la Tercera Internacional Comunista, entidad que entonces dirigía el comunismo partidario en el mundo. Claro que, en la práctica, lo realizaba el PC soviético. A partir de entonces, su par chileno fue estricto en seguir las estrategias dictaminadas por Moscú, máxime durante la llamada Guerra Fría, hasta que la Internacional y aquel régimen se derrumbaron. Su obsecuencia lo caracterizó como el más ortodoxo del orbe; devino dogmático. Incluso aún se reconoce marxista leninista. Verbigracia, no hace mucho su máximo dirigente, en el congreso partidario de este año, reafirmó los pilares centrales de la colectividad: el proyecto político, económico, social y cultural cuyo objetivo final es construir el socialismo en Chile… y la lucha de clases, que reconoce la contradicción capital-trabajo como el motor de los cambios sociales, buscando la emancipación de la clase trabajadora por medio de la propiedad colectiva de los medios de producción y la economía planificada (leer los Informes del XXVII Congreso, de enero y julio).

No obstante, la conducta demostrada por la militante Jara ha sido errática. Inicialmente pretendió renunciar al partido transitoriamente, aunque hacía anuncios en línea con su perfil tradicional, en debates o foros, pero de los cuales se retractó a poco andar, siendo calificado como un error por adherentes. No concuerda en varios aspectos con su camarada Jadue —paladín de la tienda—, dando a entender que lo quiere lejos de su campaña. Eligió un comando variopinto y ningún camarada suyo figura como vocero. Demuestra particular interés por representar al pacto unitario amplio que conformó. Lo considera obra propia. Con ellos delineó un programa de gobierno que llamó, eufemísticamente, “lineamientos programáticos”, que se supone puede estar sujeto a cambios. No parece de izquierda y menos comunista. Tampoco es original. Algunas propuestas figuran en el discurso opositor y otras tienen pinta “concertacionista”. Es una declaración de intenciones y además excesiva, porque no toma en cuenta la situación de las finanzas públicas y el estado de la economía que dejará el Gobierno. Incluso se ha señalado desde el PC que se reestudiará y establecerán las apropiadas.

En fin, el proceso y la actuación de la candidata y su partido generan dudas. ¿Jeannette Jara es auténtica como militante? ¿Sus convicciones asimiladas durante 36 años las licuará o abandonará, mientras asumiría la jefatura de Estado, representando la alianza partidaria? ¿Cuánto pesará realmente el PC y cuánto está? ¿Por qué militantes comunistas no demuestran entusiasmo por su abanderada? ¿Es una mascarada el demostrarse mutuamente distantes ante los electores? Algo es confuso y hace pensar en artimaña.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el lunes 1 de septiembre de 2025.

Una nueva inmoralidad del oficialismo

Por Jaime Jankelevich 

En democracia, todos tenemos los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones y deberes. Votar en las elecciones es un deber moral con el país. En una democracia representativa como la nuestra, somos los ciudadanos con derecho a voto los que decidimos quién nos gobernará y quienes legislarán representando nuestras convicciones. No votar para provocar el cambio que en Chile urge lograr, sería avalar lo que el oficialismo pretende; mantenerse en el poder.

En Chile existió el voto voluntario, pero la experiencia lejos de ser exitosa hizo que se volviera al voto obligatorio tanto para chilenos como para extranjeros con cinco años de residencia en Chile y en la Constitución está claramente establecido que quien no vote será sancionado con una multa.

Pues bien, tanto el gobierno como toda la izquierda decidieron a escasos 74 días de la elección de 16 de noviembre, intentar cambiar las reglas del juego y eliminar las sanciones para quienes no voten, oponiéndose o absteniéndose de votar el proyecto de la diputada Joanna Pérez que sancionaba con multas a los que no concurrieran a sufragar. El resultado de la votación fue 75 a favor, 47 en contra y 16 abstenciones, habiéndose necesitado 77 votos para su aprobación.

Más allá que en el Senado se vaya a reponer las multas, la intención de la izquierda de liberar de sanciones a los electores demuestra cuán inmorales son, porque cuando están todos los candidatos inscritos y estamos hoy domingo exactamente a 70 días de las elecciones del  16 de noviembre, venir a última hora a intentar cambiar las reglas de juego, transformando por secretaría el voto obligatorio en voluntario porque así se verían teóricamente favorecidos en los resultados, es escandaloso e inaceptable, por lo que merecen sufrir un voto de castigo ejemplar como aquel del plebiscito del 4S.

El jueves pasado, 4 de septiembre, hace tres años, los chilenos le dijeron al gobierno y a la izquierda NO. No a refundar Chile, NO a eliminar el Senado; NO a eliminar nuestras tradiciones constitucionales; NO al programa del Frente Amplio; NO a lo que el gobierno de Boric pretendía imponer en Chile.

Esa inmensa mayoría de chilenos que le infringió la mayor derrota ideológica y electoral de la historia a la izquierda, tiene  el deber nuevamente de concurrir masivamente a las urnas, con o sin multas, para lograr repetir ese resultado, con el fin de expresarle y enseñarle al gobierno que con los chilenos no se juega; que las reglas son para respetarlas y no para intentar cambiarlas a última hora; que los chilenos quieren evitar la continuidad de su nefasto gobierno e impedir que sean ocho los años de retroceso si Jeannette Jara llegara a la presidencia, lo que postergaría los sueños de millones de chilenos que quieren vivir en un país próspero, libre, seguro, con inversión y una economía en crecimiento, donde no existan listas de espera interminables en salud, donde puedan conseguir trabajo, casa propia, educar  a sus hijos sin temor a los overoles blancos, las molotov y las tomas violentas, y con fronteras seguras que impidan la inmigración ilegal que tanto daño hace.

Chile quiere vivir en paz, volver a caminar por la senda del desarrollo y brindarle a sus hijos un hogar donde se pueda transitar por las calles con tranquilidad y sin temor; volver a ese Chile admirado en el mundo por el verdadero milagro económico que creó una potente clase media y sacó a millones de la pobreza; ese Chile donde los chilenos invertían y los extranjeros venían a invertir porque había certeza jurídica, las reglas eran claras y el país los recibía con los brazos abiertos, brindándoles facilidades para el desarrollo de sus proyectos, sin la burocracia interminable con que hoy se ven postergados por una permisología paralizante, lo que permitía generar trabajo y riqueza para Chile.

Para lograr esos propósitos, en 70 días más debemos movilizarnos y concurrir a votar, aunque este gobierno y toda la izquierda eviten que se multe a quienes no asistan a las urnas. Así como se evitó la refundación de Chile ese recordado 4S, hoy Chile espera lo mismo de sus hijos y nos llama a salvarlo nuevamente de un desastre inminente, evitando que sea Jeannette Jara quien gane la elección presidencial y logrando obtener la mayoría en ambas cámaras, para brindarle al país la gobernabilidad que necesita para salir de la decadencia y volver a caminar por la senda del desarrollo.

Chile con fuerza nos llama: ¡A Ud. lo necesito, vote por mí!

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el domingo 7 de septiembre de 2025.

Se quieren robar la elección

Por Cristián Valenzuela 

La izquierda nunca ha tenido demasiado pudor con la democracia. La usan, la citan, la veneran en los discursos, pero cuando sienten que se les escapa de las manos se abalanzan sobre ella como si fuera un juguete propio. Y hoy, con Gabriel Boric a la cabeza, estamos frente al capítulo más burdo de ese manual: el intento desesperado de manipular, alterar y, en los hechos, robarse la próxima elección presidencial.

Porque no nos engañemos. Todos saben que la derrota de Jeannette Jara, como han mostrado consistentemente las encuestas, es inminente. El fracaso de este gobierno es tan evidente que ni los más creativos de su comité político logran esconderlo. Y como la realidad no se puede maquillar eternamente, decidieron ir por el atajo. Quieren usar todo el aparato del Estado para intentar torcer el resultado.

Primero, la intervención electoral descarada del Presidente y sus ministros. Todos los días, a cada hora, ocupan La Moneda como una tarima de campaña. La norma de prescindencia, que debiera ser una regla de oro en democracia, hoy es un chiste cruel. Boric convirtió a sus ministros en activistas, de esos que se levantan cada mañana no para gobernar, sino para salir a enfrentar a los candidatos que les incomodan. Solo esta semana, la vocera de gobierno se dio el lujo de afirmar que un candidato era un ladrón. Así de suave. En vez de anuncios para combatir la delincuencia o apuntalar la economía, esta verdadera “tropa de choque” con sueldo fiscal busca cualquier tema para apoyar a la candidata oficialista.

Segundo, la manipulación de la agenda legislativa. Mientras Chile se desangra con la violencia, la inmigración ilegal y la cesantía, el oficialismo dedica su tiempo a discutir proyectos ideológicos, panfletos convertidos en leyes. Pero el emblema de este desparpajo ha sido el manoseo del proyecto que viabiliza la obligatoriedad del voto. A dos meses de la elección, Boric y compañía deciden que las reglas se pueden cambiar sobre la marcha. ¿Se imagina un partido de fútbol en que, en el minuto 80, el árbitro diga que ahora los goles valen doble? Eso es lo que están haciendo con el voto obligatorio, porque en esta ocasión no les acomoda.

Tercero, la guinda de la torta: el presidente de Televisión Nacional, con toda frescura, declarando que “hay que salir a enfrentar a Kast”. ¿Qué puede esperar un ciudadano común de los noticiarios o de un debate televisivo, si el principal ejecutivo del canal estatal se convierte en el vocero principal de la candidata Jara? Neutralidad, cero. Garantías, ninguna. El canal público podría convertirse en un canal de propaganda de la izquierda, pagado por todos los chilenos, para intentar frenar a los candidatos que se opongan a Jara. ¿Se imaginan el escándalo que armarían si un director de un canal privado se dedicara a postear en redes sociales en contra del gobierno?

Estos tres hechos no son anécdotas aisladas. Forman parte de una estrategia aprobada en el Comité Político, con la bendición del Presidente. Hay que “mantener el tema” para complicar a Kast, decían respecto del botgate. En buen chileno, significa usar todo el poder del Estado para empujar la campaña de su candidata.

Y mientras hacen todo esto, nos quieren vender la idea de que la gran amenaza a la democracia son unos memes en X. Como si la democracia chilena pendiera de un par de cuentas anónimas. La asimetría de poder es tan grotesca que hasta da risa: de un lado, un Estado con miles de millones en recursos, ministerios convertidos en comandos de campaña, un canal de televisión estatal y toda la maquinaria pública; del otro, un gordo tuitero escribiendo en calzoncillos. Y, para colmo, querían crear una comisión asesora contra la desinformación para justificar su cruzada contra la libertad de expresión, porque al parecer las redes sociales son un arma de destrucción masiva, a diferencia de la intervención electoral grosera que pareciera ser solo una anécdota.

La verdad es exactamente la contraria: lo que pone en riesgo la democracia no son los tuiteros ni los hashtags, sino un gobierno que decide manipular las reglas, intervenir con descaro y usar el aparato estatal como si fuera propio.

Por suerte, la gente no vive en las redes sociales ni en las conferencias de prensa de La Moneda. La gente vive en el Chile real: donde el crimen organizado se tomó barrios enteros, donde la inmigración ilegal superó toda capacidad de control, donde la economía está estancada y el desempleo crece. Esa es la cancha en la que se juega la elección, no en los sets de TVN ni en los pasillos del segundo piso.

Y en esa cancha, este gobierno ya perdió. Por más maniobras, por más shows legislativos, por más intervenciones comunicacionales, la ciudadanía quiere un cambio para reemplazar a este fracasado gobierno.

Se quieren robar la elección, sí. Pero lo único que van a lograr es confirmar, con sus propios actos, que ya la perdieron.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el domingo 7 de septiembre de 2025.

Salvar los muebles

Por Francisco José Covarrubias

El oficialismo da por perdida la elección. No hay nadie a estas alturas que crea que Jeannette Jara pueda ser electa presidenta.

La popularidad del Gobierno es demasiado baja para proyectarlo, y el país súbitamente cambió de piel. Hoy apela al orden y al crecimiento. Melodías en las que se nota demasiado la impostación en la izquierda. No son sus temas, definitivamente.

Para peor, el factor comunista está jugando —como era esperable— un rol relevante. No existe una democracia comunista. Nunca ha existido. Y la gente lo percibe.

Así las cosas, la apuesta es cómo salvar los muebles en las parlamentarias, lo que no es otra cosa que al menos sacar 3/7 que impidan reformas constitucionales por parte de la derecha. O de las múltiples derechas.

La derecha, mientras tanto, está confiada en que esta vez se le darán las cosas, sin saber que una semana en política es demasiado tiempo, y que —en caso de ocurrir lo pronosticado— no será fácil alinear desde Marlen Olivari al “peineta” Garcés.

En cualquier caso, el Gobierno y la coalición gobernante (que terminará el mandato como la única coalición en la historia de Chile que no tiene nombre) han pasado a la ofensiva. Dos episodios de esta semana así lo muestran: El episodio voto voluntario y el episodio bots.

Primero, el voto voluntario…

Discutir la voluntariedad o no del voto es completamente legítimo. Algunos resaltan que es un “derecho”; otros, que es un “deber”. Lo visto en estos días, sin embargo, es grotesco. Propio del inicio de la temporada de circos.

“No me quita el sueño el voto obligatorio”, dijo el senador Huenchumilla. Era que no. La izquierda y el oficialismo se aferran a la última opción de que vote poca gente.

Durante años, el discurso de la izquierda fue que en Vitacura votaba el 80% del padrón y en La Pintana, el 30%. La conclusión era obvia: si en La Pintana se completa ese 80%, los votos serían igual que los que ya habían votado. Precisamente, por eso, la derecha no quería voto obligatorio y la izquierda sí.

Pero la paradoja fue que —desde el Rechazo en adelante— se mostró que los que no votaban, si eran obligados, votaban (por ahora al menos) por la derecha. Así fue el 2022, el 2023 y el 2024.

Entonces, donde dije “obligatorio” ahora digo “voluntario”. Esa ha sido la consigna, donde el Gobierno —mañosamente— ha dicho una cosa, pero ha articulado otra.

La discusión es legítima. Lo que no lo es, es que se esté legislando dos meses antes de las elecciones, desdiciéndose de lo dicho por décadas y por medio de la trampa. Porque un voto obligatorio sin sanción es simplemente un timo.

El segundo episodio son los bots de Kast.

Que un grupo de encapuchados se dedique a mentir, a exagerar o a desinformar no es nada nuevo. X está lleno de aquello. De derechas y de izquierdas. Que un director de Canal 13 sea desenmascarado diciendo falsedades o insultos es insostenible para ese canal, pero no es nuevo para el país.

El propio Presidente ha retuiteado cuentas encapuchadas claramente tendenciosas. Y hasta un destacado economista de izquierda tenía una chapa para criticar el manejo de la pandemia y atacar a columnistas.

El fenómeno bots es otro. Requiere tecnología, robots (bot viene de robot) e inteligencia artificial. Lo denunciado no es más que un conjunto de fanáticos a cara cubierta, como hay tantos en tantas partes.

Lo único coordinado ha sido la acción del Gobierno, dándole a aquello un cariz de que la democracia está en peligro.

Es legítimo preguntarse por los alcances de la desinformación de las redes sociales en la democracia. Es absurdo montar una operación cuando son meras pistolas de agua extendidas en todas partes.

Como todo lo que pasa en Chile, a la vuelta del 18 comenzará la cosa en serio. Lamentablemente, parece ser que el barro dominará en la discusión. Y en pos de salvar los muebles, pueden venir —parafraseando al diputado Aedo— muchas cositas…

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el sábado 6 de septiembre de 2025.

En el día de la segunda Independencia Nacional, queremos rendir un tributo a los fallecidos por la noble causa de salvar a Chile:

Alocución del General (R) Pedro Olid Martinez

Una diputada valiente:

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PUNTA PEUCO INFORMA

《 Carta Abierta desde el Encierro 》

Despedida a Osvaldo Castillo Arellano.

Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I
Septiembre de 2025

A la opinión pública, a las autoridades, a la justicia que calla y al país que olvida:

El 1 de septiembre del presente año, en uno de los rincones más fríos y silenciados de esta nación, falleció en prisión nuestro compañero Osvaldo Octavio Castillo Arellano, exfuncionario de la Policía de Investigaciones, de 80 años de edad, enfermo de cáncer terminal de colon, mutilado por una colectomía, debilitado por múltiples urgencias médicas… y aun así, encarcelado hasta su último aliento.

Su nombre puede no haber ocupado portadas. Su caso puede haber pasado inadvertido. Pero su muerte no fue silenciosa para nosotros, fue un grito sordo, una bofetada más de este sistema judicial que no busca justicia, sino venganza.

Osvaldo fue condenado a 10 años y un día por hechos ocurridos hace cinco décadas, en un proceso contaminado de irregularidades, presunciones, ideología y resentimiento. Nunca se probó su responsabilidad con evidencia directa. Fue juzgado por ministros especiales que actúan como inquisidores modernos, los que acusan, investigan y condenan sin pudor. Lo condenaron por un crimen que ya había prescrito, ya había sido juzgado, y ya no era jurídicamente viable.

Ingresó al penal con 79 años, ya enfermo, con diagnóstico oncológico avanzado. Cada día que pasó tras estos muros fue una tortura lenta y visible, una agonía tolerada por un sistema penitenciario y judicial que miró para otro lado, que negó sistemáticamente el derecho al ARRESTO DOMICILIARO, que cerró puertas médicas, jurídicas y humanas, aun sabiendo que su final era inminente.

Murió CONDENADO.

Nosotros, sus compañeros, quienes también cargamos con años de cárcel por causas políticas del pasado, la mayoría ancianos y enfermos, no callaremos este acto inhumano.

La muerte de Osvaldo no fue un accidente, fue una ejecución por omisión. Una sentencia de muerte tapada por trámites postergados, beneficios denegados y oficios que nunca llegaron.

” Su historia es la nuestra. Su agonía es la nuestra. Su silencio será nuestra voz por siempre.”

A ti, Osvaldo, te despedimos con dolor y con respeto. No eras un número. No eras un expediente. Eras un ser humano. Uno de los nuestros.

Y que el país sepa:

No fue justicia. Fue prevaricato. No fue olvido. Fue crueldad. No fue una excepción. Es la norma.

Descansa en paz, camarada, al fin vuelas libre.

10 septiembre 2025   Boletín Cren N° 33   Una cruda y brutal realidad   www.ongcren.cl

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Conversación

JanoMatus  Republicano @janomatusmc

LA INTENCIÓN DE NO JUZGAR A LOS MILITARES DEL 73 APLICANDO ESA REFORMA QUEDA EN EVIDENCIA EN CADA SENTENCIA. Sentencias sin pruebas o porque “debió haber sabido” o por “responsabilidad de mando” o “secuestro permanente” mientras el Estado (SML) tiene cuerpos sin identificar.

Por el otro lado:

Los restos que no quieren identificar:

https://www.instagram.com/reel/DOJVJv5jl7C/?igsh=NzVpcnA4MXd4MXBk

 11 de septiembre de 1973

Es de esperar que el sistema político nunca olvide las razones que nos llevaron a una acción de las Fuerzas Armadas hace 52 años y eviten que lleguemos a estar en una situación similar.

por Richard Kouyoumdjian10 septiembre, 2025

Obviamente una columna publicada el día antes de un nuevo aniversario del 11 de septiembre de 1973 no puede obviar una fecha tan importante a pesar de que estamos hablando de hechos ocurridos hace ya 52 años. Este es un tema importante para Chile, uno que le cuesta abordar a varios políticos del mundo de la derecha, más en épocas que buscan el centro para salir electos, como asumiendo que todos los chilenos más viejos fuéramos idiotas, y que se nos haya olvidado cómo estaba Chile el 10 de septiembre del 73, y las razones por las cuales las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile se tomaron el poder. La historia de un país no se puede borrar por secretaría o porque se busque no hablar de lo ocurría entonces. No vaya a ser que se nos olvidan las lecciones que la historia sabiamente nos provee para evitar repeticiones y tropiezos.

Está más que claro que hubo excesos en materias de derechos humanos, excesos que en nada son justificables y aceptables. Los hubo en el mismo día, en los días posteriores, y en los meses y años que siguieron. Algunas muertes se pueden entender en el contexto de lo que sucedía en un Chile que iba derechito a una guerra civil, la que fue evitada por la oportuna y rápida acción de militares y carabineros.

Las Fuerzas Armadas decidieron tomarse el poder porque la situación no daba para más y claramente eran las únicas que estaban en condiciones de terminar con la fallida experiencia del gobierno de la Unidad Popular (UP). Es obvio que los golpes o pronunciamientos militares debieran evitarse a toda costa, pero en el Chile de entonces la acción de las instituciones de la Defensa Nacional era solicitada por casi todos los que no fueran el tercio que votó por Allende. El Congreso, los tribunales y la Contraloría, todos estaban de acuerdo en que el gobierno de la UP estaba actuando fuera de la Constitución, y que no estaba controlando a las fuerzas subversivas y terroristas propias que actuaban fuera de la ley, en abierta contraposición de las garantías constitucionales solicitadas por la DC, y que la izquierda había firmado con el objeto de que Allende fuera ratificado por el Congreso hace ya 55 años.

¿Cómo llegamos a ese desmadre hace 52 años? Llegamos porque había algunos para los cuales la democracia era sólo un medio para la implementación, primero de una república socialista, para luego migrar a una dictadura marxista leninista. Como dijo una actual candidata a la presidencia, íbamos derechitos a ser una Cuba.

Llegamos porque los había quienes en el Congreso de Chillán de 1967 del Partido Socialista habían indicado:

«El Partido Socialista, como organización marxistaleninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del Socialismo.

La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista.

Las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. Consecuentemente, las alianzas que el partido establezca sólo se justifican en la medida en que contribuyen a la realización de los objetivos estratégicos ya precisados».

Llegamos porque nuestra Constitución del 25 no tenía una segunda vuelta electoral, algo que nos parece muy normal hoy en día, permitiendo que el Congreso pleno, y no el pueblo ratificara en caso de no haber una mayoría absoluta, quien debía ser el Presidente de la República de las dos más altas mayorías relativas, en una elección en que los tres primeros lugares sacaron respectivamente 36,63%, 35,29% y 28,08%. Elegimos un Presidente que apenas sacó un poco más de un millón de votos y menos de 40 mil de quien lo seguía. Permitimos que una minoría y sus intereses nos gobernaran.

Llegamos porque ese Presidente que elegimos, con tal de ser designado candidato de su coalición, firmó previamente con los suyos un acuerdo en que, de ser elegido, la administración de Chile sería compartida con los partidos de la UP, con lo cual aceptó de entrada que su ya peligrosa vía chilena democrática al socialismo podía ser más violenta y turbulenta, que pacífica y tranquila.

Llegamos porque al poco andar comenzó a gobernar por decreto y usando los famosos resquicios legales para avanzar en su hoja de ruta al socialismo y la estatización de los medios de producción.

Llegamos porque hubo un sistema político débil dominado por la DC que se dejó engañar con la firma de las garantías constitucionales y por su incapacidad posterior para cobrarlas. En agosto de 1973, los mismos que le dieron luz verde en 1970, declaran el gobierno de Allende como inconstitucional, pero no hacen nada al respecto, tácitamente esperando que fueran las Fuerzas Armadas las que se hicieran cargo del problema. Para la UP, según ellos mismos lo reconocen en la voz de Regis Debray, la firma del estatuto era una necesidad táctica para tomarse el poder, con garantías que nunca pretendieron respetar, al punto que no alteraron su programa de gobierno.

Es el sistema político tiene que dar explicaciones por lo ocurrido el 11 de septiembre del 73. Por de pronto, los únicos que aún pagan lo ocurrido en esa fecha son los viejos soldados que están presos en Punta Peuco, Colina 1 y otros penales, los llamados chivos expiatorios de Chile, los que en ese entonces sólo eran capitanes, tenientes, subtenientes, clases y soldados conscriptos. Los que cumplieron órdenes superiores o que están presos sólo por el hecho de haber estado en las Fuerzas Armadas o Carabineros de la época.

Es de esperar que el sistema político nunca olvide las razones que nos llevaron a una acción de las Fuerzas Armadas hace 52 años y eviten que lleguemos a estar en una situación similar. Olvídense de que las Fuerzas Armadas se volverán a prestar para un salvataje de Chile en que ellas se llevan todos los costos y ninguno de los beneficios. Si se quieren dejar engañar, allá ustedes y asuman el costo de sus errores y equivocaciones. No es tarea de las Fuerzas Armadas salvar a Chile de los propios chilenos.

Etiquetado:11 de septiembre1973allendefuerzas armadasunidad popular

Richard Kouyoumdjian

LISTADO DE CONDENADOS FALLECIDOS EN LOS CAMPOS DE EXTERMINIO DE LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (PUNTA PEUCO Y COLINA I):

PRIMER GOBIERNO MICHELLE BACHELLET JERIA:

1 ECP OSVALDO PINCETTI GAC 07-06-2007

2 ECP.OSVALDO ROMO MENA 04-07-2007

PRIMER GOBIERNO SEBASTIAN PIÑERA ECHEÑIQUE:

3 SOM. HECTOR VALLEJOS BIRTIOLA 25-05-2010

4 BRIG. LUIS OSORIO GARDASLIC 23-09-2013

5 GDB. ODLANIER MENA SALINAS 28-09-2013

6 TCL. LUIS GUAJARDO ARENAS 24-10-2013

SEGUNDO GOBIERNO MICHELLE BACHELLET JERIA:

7 TCL DAVID MIRANDA MONARDES 14-07-2014

8 SOF. LUIS MELLA PEÑALOZA 16-11-2014

9 GDB. MANUEL CONTRERAS SEPULVEDA 07-08-2015

10 GDB. HERNAN RAMIREZ RURANGE 13-08-2015

11 CRL. MARCELO MOREN BRITO 11-09-2015

12 GDB. RAMSES ALVAREZ SCOGLIA 14-11-2015

13 BGR. GABRIEL MONTERO URANGA 10-07-2016

14 SOM. BERNARDO DAZA NAVARRO 26-03-2016

15 CAP.GUILLERMO COFRE SILVA 05-04-2016

16 SUB.PREF.EUGENIO FIELDHOUSE CHAVEZ 02-09-2016

17 ECP. CESAR PALMA RAMIREZ 17-12-2016

18 SG1° GUSTAVO MUÑO ALBORNOZ 28-02-2017

19 SOF. JOSÉ FRITZ ESPARZA 19-03-2017

20 SG1° PEDRO VIVIAN GUAITA 25-03-2017

21 SOF. MARIO PIZARRO CORTEZ 23-06-2017

22 GDB. FRANCISCO MARTINEZ BENAVIDES 26-10-2017

23 SOM. BASCLAY ZAPATA REYES 03-12-2017

24 CAP. MARCELO CASTRO MENDOZA 09-12-2017

25 GBA.ENRIQUE RUIZ BUNGUER 08-03-2018

SEGUNDO GOBIERNO SEBASTIAN PIÑERA ECHEÑIQUE:

26 CRL. RENE CARDEMIL FIGUEROA 07-04-2016

27 SOM. LEONIDAS BUSTOS SAN JUAN 12-07-2018

28 INSP. RISIERE DEL PRADO ALTEZ ESPAÑA 08-08-2018

29 CRL. SERGIO ARREDONDO GONZALEZ 22-08-2018

30 SG1° PEDRO HORMAZABAL FUENTES 09-09-2018

31 SOM HUMBERTO QUIÑONES MARIN 27-10-2018

32 SG1° ARMANDO CABRERA AGUILAR 01-11-2018

33 CRL. CARLOS LOPEZ TAPIA 15-11-2018

34 CRL.EDGAR CEBALLOS JONES 27-02-2019

35 CRL. GUILLERMO GONZALEZ BETANCOURT 30-04-2019

36 SOF. HERNAN PORTILLO ARANDA 08-09-2019

37 SG2° JOSE GUZMAN SANDOVAL 20-04-2019

38 SOF. RAUL ZAPATA ENRIQUE 09-07-2019

39 MAY. ORLANDO MANZO DURAN 09-07-2019

40 ECP. DEMOSTENES CARDENAS SAAVEDRA 13-05-2020

41 SOM. FELIZ SAGREDO ARAVENA 17-06-2020

42 CRL. JUAN GONZALEZ FIGUEROA 21-06-2020

43 SOF. GERARDO MEZA ACUÑA 07-07-2020

44 GDB. PATRICIO MARTINEZ MOENA 23-07-2020

45 SOM. PEDRO BITTERLICH JARAMILLO 30-07-2020

46 GDB. HECTOR OROZCO SEPULVEDA 26-08-2020

47 BRIG. GERARDO URRICH GONZALEZ 26-09-2020

48 CRL. RAMON CACERES JORQUERA 11-10-2020

49 SOF. RENE VALDOVINOS MORALES 22-11-2020

50 MAY. RENE ORTEGA TRONOCOSO 31-12-2020

51 CDG. VICTOR MATTIG GUZMAN 03-01-2021

52 BRIG. JORGE MUÑOZ PONTONY 08-03-2021

53 TCL. GUILLERMO VARGAS AVENDAÑO 23-08-2021

54 GDB. FERNANDO TORRES SILVA 12-05-2021

55 SG1° MIGUEL URRA CONCHA 02-06-2021

56 SG2° MANUEL DUARTE BECERRA 02-08-2021

57 GDD. HUGO SALAZ WENZEL 11-08-2021

58 CRL. JAIME GARCIA ZAMORANO 03-09-2021

59 ECP. MIGUEL ESTAY REYNO 04-09-2021

60 CRL. MARCO BUSTOS CARRASCO 09-11-2021

61 TCL. CIRO TORRES SAEZ 17-09-2021

62 PATRICIO BUGUEÑO ROBLES 02-10-2021

63 SOF. BLAS BARRAZA QUINTEROS 23-11-2021

64 CB1° MANUEL MORALES ACEVEDO 10-12-2021

65 SG1° JUAN ORELLANA MORALES 04-01-2022

66 TCL. JORGE SCHWEITZER GOMEZ 26-01-2022

67 GDB. HUGO PRADO CONTRERAS 19-02-2022

GOBIERNO GABRIEL BORIC FONT:

68 CRL. CARLOS MARDONEZ DIAZ 17-05-2022

69 BRIG. RAUL ROJAS NIETO 02-06-2022

70 CRL. PEDRO HERRERA MOSSUTO 02-07-2022

71 SOF. MIGUEL AGUIRRE ALVAREZ 04-07-2022

72 CRL. SERGIO AVILA QUIROGA 31-07-2022

73 TCL. KLAUSS KOSSIEL HORNIG 21-02-2023

74 CB2° ALFONSO SILVA RAMIREZ 24-11-2022

75 SOF. MANUEL SANDOVAL CIFUENTES 29-11-2022

76 TCL. RICARDO LAWRENCE MIRES 02-12-2022

77 CRL. VICTOR SANTANDER VELIZ 00-00-2023

78 SOF. ERASOMO FUENTES SEPULVEDA 20-05-2023

79 ECP. SERGIO FUENTES VALENZUELA 30-05-2023

80 SOF. EDUARDO CABEZAS MARDONES 08-06-2023

81 TCL. MANFRED JURGENSEN CAESAR 12-06-2023

82 SOF. RAUL DURAN MARTINEZ 12-07-2023

83 GDB. HERNAN CHACON SOTO 29-08-2023

84 ECP. JORGE DOMINGUEZ LARENAS 23-10-2023

85 CRL. ADRIAN FERNANDEZ HERNANDEZ 14-02-2024

86 BRIG. MARCO DERPICH MIRANDA 19-03-2024

87 SOF. MOISES CAMPOS FIGUEROA 03-05-2024

88 GDB. FERNANDO SALAZAR LANTERY 30-06-2024

89 SOM. VALENTIN RIQUELME VILLALOBOS 29-07-2024

90 CRL. SERGIO AREVALO CID 30-07-2024

91 SOF. LUIS FERNANDEZ MONJE 03-08-2024

92 SOF. JUAN LABRAÑA LUVECCE 13-08-2024

93 SOM. JOSE SARMIENTO SOTELO 01-10-2024

94 PREF. OSVALDO CARMONA OTERO 21-12-2024

95 CRL. GERARDO ARAVENA LONGA 01-02-2025

96 SOM. RICARDO ASCENCIO OYARZO 13-02-2025

97 PREF. ROBERTO ROZAS AGUILERA 14-02-2025

98 CRL. LUIS ENRIQUE CAMPOS POBLETE 20-02-2025

99 CDTE.ESC. FRANKLIN BELLO CALDERON 01-03-2025

100 BGL. HERNAN NUÑEZ MANRIQUEZ 30-03-2025

101 SOF. JOSE FLORES VILCHES 04-07-2025

102 SOF. ROQUE ALBORNOZ SOLER 15-07-2025

103 SOF. CARLOS DONOSO FIGUEROA 20-07-2025

104 PDI OSVALDO CASTILLO ORELLANA 01-09-2025

Terrorismo durante el gobierno de la Unidad Popular:

https://www.instagram.com/reel/DOWpaApDVkx/?igsh=bG9rcmlscm1mZDE1

https://x.com/LaVdHaceLibre50/status/1965097559334289844?s=19

Allende… una posición irreconciliable con la posibilidad de llegar a acuerdos, siendo minoría:

La Cámara de Diputados representa el desconocimiento de la Constitución por parte de Allende:

Intento del gobierno de Allende para concientizar a la juventud:

7 de septiembre
Atentado contra el Presidente Augusto Pinochet mientras regresaba de un fin de semana de descanso en su residencia en El Melocotón. El ataque fue llevado a cabo por el Frente Manuel Rodríguez(FPMR), organización terrorista armada del Partido Comunista. El atentado terminó con 5 muertos y 11 heridos de la escolta del mandatario.

Ceremonia del atentado al Gral. Pinochet y recuerdo de los fallecidos y heridos:

Honor y gloria a quienes han caído en cumplimiento decir deber. El Mercurio de hoy

Ahora vea la diferencia con los que se las dan de víctimas:

Balance de romería: Ya son 20 los detenidos.

Metro de Santiago informó que las estaciones Cementerios y Cerro Blanco, de la Línea 2, permanecen cerradas y sin detención de trenes.

Hobo varios incidentes durante la actividad. El Gobierno informó esta jornada que al menos 20 personas fueron detenidas en el marco de la tradicional romería. El trayecto fue desde Plaza Los Héroes de la comuna de Santiago hasta el Cementerio General, ubicado en Recoleta.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, sostuvo a través de un video que “se trabajó con drones con el propósito de identificar a las personas responsables de hechos de violencia o afectaciones al orden público, lo que ha permitido contar hasta ahora con más de 20 detenidos”.

Agregó que “se trabajó con los 99 locatarios identificados en todo el trayecto, con el propósito de minimizar factores de riesgo, y no hemos tenido ningún daño a estos locales comerciales”. Asimismo, destacó que se registró el uso de fuegos artificiales contra carabineros y un intento de utilización de bombas de pintura hacia el Palacio de La Moneda, pero dijo que “no hubo grandes afectaciones” a la casa de gobierno ni en sus inmediaciones.

Carabineros reportó la detención de sujetos que realizaban “desórdenes graves en el acceso del Cementerio General”, escribió la policía a través de su cuenta de X.

Al respecto, Durán comentó que “en las inmediaciones del Cementerio General se han producido incidentes por grupos de manifestantes. No obstante, está trabajando activamente Carabineros para restablecer la tranquilidad y el orden público”.

Entre los detenidos hay un adolescente que fue sorprendido portando bombas molotov. Metro de Santiago informó que las estaciones Cementerios y Cerro Blanco, de la Línea 2, permanecen cerradas y sin detención de trenes.

Destrozaron puestos de floristas y mausoleos: Graves incidentes en romería en el Cementerio General:

La verdad de los estallidos delincuenciales:

https://www.instagram.com/reel/DK0qRW0tjVP/?igsh=N2ZwZGNzcDFzeXFr

¿Habrá un nuevo estallido si asume un gobierno de derecha?

Por Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante

En los debates presidenciales, los periodistas deberían emplazar a los 8 candidatos a pronunciarse respecto de su compromiso con las reglas del juego establecidas por el Estado de Derecho. Les podrían preguntar, por ejemplo, qué harían en el caso de que vuelvan a producirse actos vandálicos como los incendios del Metro, los saqueos al comercio o la quema de iglesias.

Es enteramente válida la inquietud respecto de qué pasará con la paz social luego del cambio de gobierno en marzo próximo. Pero, eso no justifica dar a entender que la pesadilla del estallido antisocial vendrá inevitablemente en el caso de que asuma un gobierno de derecha, lo que puede ser usado por unos u otros para ganar puntos en la competencia electoral y, como consecuencia directa, crear un sentimiento fatalista que termine debilitando los mecanismos de autodefensa de la sociedad.

El economista Jorge Desormeaux, esposo de Evelyn Matthei, agitó las aguas recientemente al decir: “Yo creo que vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei. Es el enemigo ideal para la gente de extrema izquierda”. Es muy discutible el sentido político de tal razonamiento, puesto que podría interpretarse como que no hay que irritar a los violentos.

Ello llevó a Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, a recordar que, en 2019, el gobierno de Sebastián Piñera, que representaba a la centroderecha, enfrentó un intento de derrocamiento, y que eso podría reeditarse con cualquier gobierno al que se oponga la izquierda radical. Ella no desaprovechó la oportunidad regalada, y afirmó que en la calle se dice que Kast es “la única persona que vemos con los pantalones puestos” para enfrentar tal amenaza.

En realidad, ninguno de los aspirantes a la Presidencia está en condiciones de presentarse a sí mismo como quien puede garantizar que la paz social no será alterada. Aunque se entiende que todos echen mano a diversos recursos para sumar votos, hay que tratar de que este asunto no sea usado para maniobrar en el límite. Si llegara a repetirse una experiencia como la de 2019, la única respuesta racional sería llamar a moros y cristianos a defender la democracia.

La pugna de las corrientes de derecha no puede llegar al punto de confundir a los ciudadanos acerca de cómo actuar frente a un intento sedicioso. Algún bochorno debería existir en su seno por las confusiones, los cálculos partidistas y los oportunismos que hubo en 2019, cuando no pocos dirigentes, al parecer resignados al derrumbe, flaquearon en el momento de respaldar al presidente Piñera. El discurso “social” les sirvió para cubrir sus miedos y ambigüedades.

El octubre negro es el peor ataque sufrido por el régimen democrático desde la recuperación de las libertades, y vino desde donde todos sabemos. Quedaron marcadas las huellas digitales de los sectores golpistas de izquierda que, alentados por la indolencia de la centroizquierda, hicieron funcionar una verdadera tenaza: el vandalismo en las calles y la confabulación en el Congreso. No les preocupaba que se hundiera el régimen democrático; su prioridad era el asalto al poder de acuerdo a la modalidad financiada por Caracas.

Parte de la herencia envenenada de 2019 fue el clima de amedrentamiento aprovechado por los instigadores de la violencia. Descubrieron que esta poseía “propiedades persuasivas” que les servían para ganar influencia y poder. Tres días antes del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, Daniel Núñez, senador del PC, planteó sin tapujos: “Si gana el Rechazo, la crisis que se levantó con el estallido social va a volver a manifestarse” (La Segunda, 1/09/22). Esa ha sido la técnica perfeccionada en estos años.

En los debates presidenciales, los periodistas deberían emplazar a los 8 candidatos a pronunciarse respecto de su compromiso con las reglas del juego establecidas por el Estado de Derecho. Les podrían preguntar, por ejemplo, qué harían en el caso de que vuelvan a producirse actos vandálicos como los incendios del Metro, los saqueos al comercio o la quema de iglesias. Sería una burla que algunos de ellos aprovecharan las ventajas que les ofrece la democracia para postular a la Presidencia, y que, al mismo tiempo, dejaran en la nebulosa su lealtad con esa misma democracia.

Más vale ponerse en el escenario de que se repita la agresión político-delictual a nuestra convivencia. Lo primero es aprovechar las duras lecciones que nos quedaron. No puede haber dudas respecto de la obligación del Estado democrático de defender las libertades y proteger a la población con todos sus medios. En 2019, con las fuerzas de Carabineros golpeadas y sobrepasadas en muchos puntos, tuvo éxito la campaña de algunos parlamentarios para inhibir la presencia de los militares en las calles con el pretexto de que traía malos recuerdos. En los hechos, buscaron dejar el campo libre a los “guerreros de la molotov”.

Para preservar la paz social, solo nos sirve el compromiso de sostener el régimen democrático contra viento y marea. Ello implica no contemporizar con los violentos, cualesquiera que sean las banderas que levanten. El Estado tiene deberes superiores que no puede dejar de cumplir, y la comunidad tiene que asumir los suyos. Todos debemos asimilar la dolorosa experiencia de hace 6 años.

Blindaje judicial: el controvertido fallo que protege al ministro Álvaro Mesa y agrava la crisis de confianza en la justicia chilena

La inadmisibilidad de la querella contra el ministro Álvaro Mesa expone los mecanismos de blindaje dentro del Poder Judicial chileno. El uso cuestionable del recurso de amparo, la celeridad procesal y el argumento de “criminalizar la jurisdicción” reflejan una crisis institucional que mina la confianza ciudadana en la justicia y acentúa la percepción de impunidad y protección corporativa entre jueces.

7 de septiembre de 2025

Imagen: araucaniadiario.cl

El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, que declaró inadmisible la querella por prevaricación imprudente contra el ministro Álvaro Mesa, no es un hecho menor. Este episodio desnuda cómo funciona nuestro sistema judicial cuando se trata de blindar a uno de los suyos, y explica en parte por qué la ciudadanía ha perdido toda confianza en la justicia.

La cronología es reveladora. La Corte de Temuco se inhabilitó íntegramente, trasladando el caso a la Corte de Valdivia. Allí, primero se declaró admisible la querella presentada por la abogada Carla Fernández; sin embargo, en menos de 24 horas, la misma Corte cambió de criterio y la declaró inadmisible. Días más tarde, la defensa del ministro Mesa recurrió a la Corte de Concepción, presentando un recurso de amparo que se tramitó con rapidez inusitada y en carácter reservado. El resultado fue un fallo unánime —dictado por tres juezas, una de ellas suplente— que blindó definitivamente al magistrado.

La maniobra es evidente: el amparo está diseñado para casos urgentes de privación de libertad, cuando una persona está detenida ilegalmente o amenazada en su libertad personal. Aquí no había nada de eso: Mesa no estaba preso, ni formalizado, ni con medidas cautelares. La vía del amparo fue usada como un atajo para frenar la querella, en una jugada procesal que bordea el “forum shopping”, es decir, buscar el tribunal más conveniente para obtener un resultado favorable.

Peor aún, el trámite en Concepción se llevó adelante de manera tan veloz y reservada que todo indica que la abogada Fernández quedó sin posibilidad de presentar descargos antes del fallo.

El fallo contiene además un punto crítico. En su considerando 11°, el tribunal sostuvo que admitir la querella equivaldría a “criminalizar el ejercicio de la jurisdicción”. Traducido a lenguaje ciudadano: un juez no podría ser investigado penalmente por lo que hace al dictar sentencia, aunque se le acuse de prevaricación. Esto equivale a instaurar un fuero supraconstitucional para los jueces, que los deja al margen de toda responsabilidad penal. La independencia judicial no puede confundirse con impunidad.

Este tipo de blindajes no son exclusivos de Chile. En países como España o Argentina también se han visto jueces protegidos por sus pares frente a acusaciones graves, siempre con la misma consecuencia: una ciudadanía que deja de confiar en la justicia. Aquí, lamentablemente, vamos por el mismo camino.

La paradoja es brutal: mientras se cierra toda investigación sobre Mesa —un juez que incluso suena como candidato a la Corte Suprema—, en la misma región el crimen organizado y el narcoterrorismo avanzan impunemente. Y todavía más: Mesa dicta sentencias como ministro en visita extraordinaria bajo un procedimiento que dejó de existir en 2005 y sobre hechos de hace más de 50 años. Si el involucrado hubiera sido un general, un almirante o un coronel, ya estaría siendo arrasado mediáticamente y procesado “en tres tiempos”.

Este fallo se dicta en un contexto donde apenas un 10% de la ciudadanía evalúa positivamente al Poder Judicial y un 77% cree que no asegura igualdad ante la ley. Y no es casualidad: se acumulan decisiones como esta, denuncias de irregularidades en Temuco, y al mismo tiempo el propio Fiscal Nacional, Ángel Valencia, está bajo investigación por reuniones con influyentes abogados y políticos que no fueron registradas conforme a la Ley de Lobby. A ello se suma que la Corte Suprema abrió cuadernos de remoción contra el ministro Antonio Ulloa y la ministra Verónica Sabaj, ambos vinculados al caso Hermosilla y acusados de haber solicitado favores para designaciones y beneficios personales. El panorama es claro: la justicia chilena se encuentra en medio de una crisis de confianza, con jueces y fiscales cuestionados, fallos contradictorios y procedimientos opacos, lo que refuerza la percepción ciudadana de que existe una telaraña institucional de protección corporativa.

Ahora lo que correspondería es que la abogada Fernández presente un recurso de apelación, lo que abriría la vía para que la Segunda Sala de la Corte Suprema conozca y resuelva el caso. Veremos entonces si, llegado ese momento, algún ministro con cercanía al juez Álvaro Mesa se inhabilita —como sería lo correcto “por justicia”— o si nuevamente prevalece la lógica del blindaje corporativo.

Christian Slater Escanilla

Coronel (R) del Ejército de Chile

Publicada en el Diario Constitucional

Injusticia

Estimados
No puedo dejar de compartir con ustedes este caso, que me acaba de llegar y me da un pena inmensa y que para mí es la muestra más palpable de lo bajo que hemos caído como país.
Les cuento lo que está viviendo un General en retiro, cuya historia familiar es ejemplar (como para estar orgulloso), personas que han desempeñado cargos de la máxima relevancia en el país, su nombre Carlos Oviedo Arriagada, que está siendo acusado por un delito que no cometió y que a mi modesto entender es sólo producto de la falta de integridad de quienes lo han juzgado, el caso me lo hizo llegar un amigo para demostrarme hasta donde hemos llegado, si la Justicia que debiera ser la reserva moral del país, llega a estos extremos y lo que hace, ‘’es no hacer justicia’’, no obstante lo obvio y evidente de los antecedentes que obran en autos.
Esto es la confirmación de que el país no da para más y se requieren cambios radicales.
La verdad y el sentido común se
transformaron en un grito de auxilio, contra el abuso y la arbitrariedad, y esto se ve agravado cuando los fallos involucran a militares.
Estás arbitrariedades son las que finalmente hacen colapsar, los estados de derecho.
Les adjunto lo enviado que aunque es un poco largo, logra sintetizar todo un caso de la mayor relevancia.
‘’ El año 1973 Carlos Oviedo Arriagada, siendo subteniente del Ejército de Chile, (veintitantos años ) se encontraba destinado en el regimiento Tucapel en la ciudad de Temuco.
Sus funciones eran las propias de su grado como comandante de sección encuadrado en la Compañía Andina, unidad que estaba al mando de un capitán.
En octubre de 1973, la compañía Andina con todos sus efectivos —oficiales, suboficiales y soldados— fue comisionada para trasladarse a la ciudad de Santiago con la misión de dar resguardo y seguridad a las instalaciones del canal 7 de Televisión Nacional, permaneciendo en Santiago hasta días previos a la navidad de 1973, esto es, hasta mediados del mes de diciembre de ese año.
El 10 de noviembre de 1973, mediante un bando firmado por el Intendente Militar de la ciudad de Temuco, se dio a conocer a la prensa lo que ha sido denominado, El Asalto al Polvorín del Regimiento Tucapel: “La noche del 10 de noviembre de 1973, fueron abatidos por centinelas del
regimiento siete personas señaladas como extremistas que actuaron con la intención de apoderarse de armamento y munición.”
La situación fue ampliamente difundida por la prensa nacional y por quienes ejercían como autoridades en la provincia de Cautín y en el país.
El subteniente Carlos Oviedo Arriagada, se enteró de estos hechos por la prensa estando en las dependencias de Televisión Nacional en Santiago.
El año 2003, a raíz de los hechos acaecidos el 10 de noviembre de 1973 en que fallecieron siete personas, fue presentada una querella por familiares de los fallecidos, que dio origen a la causa
número de Rol 113.089 de la Corte de Apelaciones de Temuco, siendo denominada “Asalto al Polvorín”.
Dicha causa se orientó a investigar los hechos y a determinar responsabilidades. Para el efecto se designó al ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco Fernando Carreño, quien realizó diversas
diligencias, entre otras, el año 2003 interrogó a Carlos Oviedo Arriagada, sobre el conocimiento que tenía de lo acontecido la noche del 10 de noviembre de 1973, quien declaró: en esa fecha me encontraba en la ciudad de Santiago en las instalaciones de Televisión Nacional ubicadas en el sector de Bellavista, junto al comandante de la compañía, suboficiales y soldados todos de la Compañía Andina, quienes por orden superior cumplíamos misiones de seguridad conforme a la situación de orden interior que imperaba en el país.
Posteriormente, el año 2005, Carlos Oviedo Arriagada fue requerido nuevamente por el ministro Sr. Carreño, ocasión en que Carlos Oviedo Arriagada, ratificó la declaración inicial sin aportar nuevos antecedentes.
En el año 2010, el ministro Carreño resolvió procesar solo a un oficial que no era el susodicho por supuesto, y perteneciente al Regimiento Tucapel.
Posteriormente el ministro Carreño fue trasladado de jurisdicción y pasó a asumir la investigación el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, señor Álvaro Mesa Latorre.
De manera insólita, este ministro sin haber mediado ningún antecedente distinto a los aportados citó a Carlos Oviedo Arriagada a presentarse en la Corte de Apelaciones de Temuco, junto con un grupo de exoficiales, suboficiales y soldados.
La diligencia se cumplió el 8 de noviembre de 2013, ocasión en la que los citados fueron notificados del procesamiento, sindicándolos en su mayoría como: “autores de los delitos de homicidio
calificado de 7 personas, perpetrados en la Comuna de Temuco el 10 de noviembre de 1973; y como cómplices de los delitos de apremios ilegítimos en las mismas personas, perpetrados en Temuco durante el mes de noviembre de 1973”.
Esto es ‘’kafkiano’’, resulta que Carlos Oviedo Arriagada nunca fue interrogado , careado o cualquier otra diligencia por parte del ministro Sr. Álvaro Mesa.
Y se encuentra perfectamente acreditado que no estuvo en el lugar de los hechos.
Sin embargo, por arte de magia el 15 de septiembre de 2023, después de más de 20 años de iniciada la investigación, el ministro Sr. Álvaro Mesa dictó sentencia señalando en el caso de Carlos Oviedo Arriagada: “la calidad de “COMPLICE, de 7 homicidios calificados perpetrados en la comuna de Temuco en el mes de noviembre de 1973, a la pena de presidio perpetuo, y en calidad de COMPLICE de apremios ilegítimos sobre las mismas personas, a la pena de 427 días de prisión”.
Esto no solo es una vergüenza es la demostración más patética que los militares no tienen acceso a la justicia.
El General (R) Carlos Oviedo Arriagada, es el único integrante de la Compañía Andina condenado pese a que todas las pruebas demostraban su inocencia.
Esto es simplemente una persecución, no hay más vuelta de hoja.
Añoro volver a vivir en un país donde se haga carne los aforismos llenos de Sabiduría que señalan:
‘’ Es preferible que muchos culpables queden libres antes que condenar a un inocente’’ o el que proviene de la Inglaterra del siglo XVIII, que dice: ‘’Es mejor que diez culpables escapen a que un inocente sufra”.
Ya en el Antiguo Testamento, Dios señala a través de Moisés : ‘’ Siendo Juez no hagas injusticia, ni en favor del pobre por compasión, ni por respeto, reverencia ni temor, al rico’’ …….( Levítico cap. 19:15, 17,18)
‘’ Es mala cosa hacer acepción de personas en el juicio’’ ( Proverbios, cap. 24:23)
Tremendo lo que estamos viviendo y que impotencia más grande !!!
Saludos a todos y que Dios nos pille confesados.

Jorge García Yates
Abogado

Repartos de última hora a costas de nuestros recursos:

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EL GOBERNADOR DE LA CAPITAL DE CHILE.

septiembre 05, 2025

🚨 NADA MENOS QUE EL GOBERNADOR DE LA CAPITAL DE CHILE 🚨

El Mercurio (viernes 05 de septiembre de 2025) publicó una denuncia gravísima

El 7 de junio de 2023, Claudio Orrego, gobernador regional metropolitano, tenía programado un viaje a Buenos Aires para participar en una media maratón. Para justificar su inasistencia a las labores de su cargo, habría presentado un certificado médico “ideológicamente falso”, extendido por Alberto Larraín, fundador de Procultura.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?

Estamos hablando del gobernador de la capital de Chile. No es un funcionario menor, es la máxima autoridad regional del país. La acusación no es administrativa ni menor: se trata de un posible delito de falsificación documental, conocido jurídicamente como “certificado ideológicamente falso”.

LA PREGUNTA CLAVE

Si lo publicado por El Mercurio es cierto → Orrego debe presentar su renuncia inmediata.
Si lo publicado es falso → Orrego debe querellarse contra El Mercurio.

LOS CIUDADANOS MERECEMOS CERTEZA

Los chilenos no podemos normalizar que la duda quede flotando. O tenemos a un gobernador que falsea certificados médicos, o tenemos a un diario que difunde noticias falsas. Una de las dos cosas debe resolverse hoy mismo.

Fuente: El Mercurio, viernes 05 de septiembre de 2025

*Un País donde Todo da lo Mismo*

Por Cristián Labbé Galilea

Si cada día que pasa son más los ciudadanos que se muestran hartos de la política, la razón es que cada vez son más “los porqués” de ese hastío. Claramente, tal desprestigio no surge de la nada; es consecuencia de una sucesión de malas prácticas, corruptelas, promesas incumplidas, intereses personales… pero, fundamentalmente, de la distancia que existe entre los políticos y la realidad.

Esta semana fuimos testigos de un hecho lamentable: la Cámara de Diputados despachó sin multas el proyecto de ley sobre voto obligatorio. La iniciativa, que buscaba establecer una sanción pecuniaria a quienes no sufragaran, obtuvo 75 votos a favor, 45 en contra y 14 abstenciones. Al no alcanzar el quorum constitucional de 77 votos, fue rechazada, generándose el absurdo que por ley el voto es obligatorio… pero en la práctica es voluntario, da lo mismo votar que no votar. ¡Patético, por decir lo menos!

¡Oh paradoja! Imponer un deber sin sanción equivale a proclamar la obligatoriedad de una norma pero, al mismo tiempo, quitarle el costo de su quebrantamiento. Estamos frente a un mandato constitucional que termina siendo una mera recomendación, perdiendo toda legitimidad. “Una obligación sin sanción es un mandamiento sin alma”, no es más que una artimaña aparentando rigor pero abriendo las puertas a la indiferencia e impunidad.

A juicio de esta suspicaz pluma, el rechazo del sector oficialista a las multas por no sufragar, obedece a un mañoso cálculo electoral: la izquierda percibe que esta medida les otorga una ventaja en los próximos comicios. El gobierno sabe que los votantes “obligados” — esos siete millones de electores que no participan cuando el voto es voluntario— tienden a favorecer a los candidatos de la oposición.

Se equivocan quienes creen que esta situación, si bien absurda, es también trivial porque, en la práctica, las multas por no votar no siempre han funcionado. Craso error. El precedente que se crea es de la mayor gravedad, pues equivale a establecer que existe la obligación de pagar los impuestos, pero si no se pagan… da lo mismo, o a señalar que es obligatorio parar en la luz roja, pero que da lo mismo… si se para o no.

Establecer una obligación sin sanción es, en el fondo, un gesto vacío: se proclama una regla que carece de fuerza, un deber que no obliga. Es el absurdo de una norma que se convierte en simple declaración, donde la autoridad se diluye y la responsabilidad se vuelve opcional, y donde la norma no castiga, la transgresión queda impune condenando a la ley al ridículo.

Por último, si de desprestigio de la política se trata, hay que reprochar -en este caso- que parlamentarios de la oposición se hayan “pareado” con diputados de izquierda. A todas luces es una actitud inaceptable. Nadie, traicionando sus principios, puede “parearse” con algún “rival”, especialmente cuando se trata de una ley de rango constitucional. Una demostración más de que, políticamente, nos hemos convertido en… ¡un país donde todo da lo mismo!

Empezó el reparto de culpas por la previsible derrota de Jara.

Por Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante

La pugna de fondo en el oficialismo se relaciona con quiénes cargarán finalmente con las mayores culpas por la derrota de Jara. Puertas adentro, es posible que el Socialismo Democrático respire aliviado frente a tal perspectiva: sería demasiado abrumadora la eventualidad de aparecer como quienes pavimentaron las grandes alamedas para que el PC llegara a la cima del Estado.

Si Jeannette Jara tuviera alguna posibilidad de ganar la Presidencia, seguro que no se expresarían mayores diferencias dentro de su comando, que los dirigentes del PC se cuidarían de decir algo que dañara la campaña, y los del PS y el PPD frenarían sus ganas de desahogarse. En fin, la expectativa del poder calmaría los nervios de todos. Pero, la realidad es muy distinta. La candidata ha hecho su mejor esfuerzo, pero no llegará a La Moneda, y los partidos que la apoyan están pensando en quiénes culparán a quiénes por la derrota.

No sabemos si por táctica o convicción, Jara ha buscado aparecer como representante de la centroizquierda en esta fase de la campaña. Incluso, Luis Eduardo Escobar, su principal asesor económico, contó que ella le había confidenciado que se sentía socialdemócrata. Es sorprendente que alguien que aspira a la jefatura del Estado vaya definiendo su pensamiento en el camino. Desechó sin quebrantos el programa de la primaria y aceptó el que redactaron socialistas y pepedeístas, aunque se confundió y tropezó al explicar el cambio.

Lo que se ha hecho más evidente es cuán arcaico era el diseño original del PC, ejemplificado en la propuesta de nacionalizar el cobre y el litio, o fijar un sueldo vital de 750 mil pesos al margen de las consideraciones sobre su viabilidad económica. Es casi imposible concebir una visión más reaccionaria que la de proponer que el motor de la actividad económica sea el estímulo de la demanda interna, como lo planteaba el programa de la primaria.

Fue dicha visión la que inspiró las fuertes críticas de Carmona al desempeño de Mario Marcel como ministro de Hacienda, lo que incluyó el desdén por la disciplina fiscal. La tormenta de reacciones que vino enseguida desde el comando de Jara fue una muestra de que, finalmente, la alianza oficialista ha sido todos estos años una sociedad de intereses. Allí está la razón de su fracaso con Boric. Y eso explica que no habrá continuidad.

De lo que no puede acusarse al PC es de incongruencia. Su posición fue muy nítida en los días del golpismo revolucionario en 2019, también en las febriles jornadas de la Convención y en múltiples episodios relativos a la seguridad pública en los que sus diputados se distanciaron de La Moneda. Nada, sin embargo, ha retratado más crudamente al PC que sus reiteradas muestras de compromiso con las dictaduras de Cuba y Venezuela. Del mismo modo, su afirmación de que tiene un pie en las instituciones y el otro en la calle, lo que puede traducirse como un pie en el Congreso y el otro en la Villa Francia.

Los dirigentes del PS, el PPD y la DC no pueden declararse sorprendidos por los dichos de Carmona, de Jadue, Lagos, Pizarro o algún otro miembro del grupo dirigente del PC. Sobran las evidencias de que se identifican con el arcaísmo izquierdista de dientes apretados y con las formas de lucha asociadas con la rabia octubrista. Ese es el trasfondo de la colisión entre el programa de la primaria, que describía a Chile como un país caracterizado por los abusos, y el de ahora, que habla del orgullo que deberíamos sentir los chilenos por lo construido por el país.

Lo que no esperaban los dirigentes del PC era que la candidatura de Jara terminara poniéndolos en apuros, casi frente a un dilema parecido al de elegir entre el fuego y las brasas. Saben que la batalla presidencial está perdida, pero no pueden bajar las banderas. Saben, además, que sería devastador que se consolidara la imagen de que están saboteando la campaña de su propia candidata. Pero, hay algo que seguramente les preocupa mucho más. Si Jara crece como figura nacional, crecerá al mismo tiempo la posibilidad de que ella lidere una corriente de cambio dentro del PC, que podría hacer crujir el verticalismo y el autoritarismo que constituyen la base de su poder.

Insistimos en que la pugna de fondo en el oficialismo se relaciona con quiénes cargarán finalmente con las mayores culpas por la derrota de Jara. Puertas adentro, es posible que el Socialismo Democrático respire aliviado frente a tal perspectiva: sería demasiado abrumadora la eventualidad de aparecer como quienes pavimentaron las grandes alamedas para que el PC llegara a la cima del Estado.

¿Qué pasará en el PC después de la elección? Es probable que sobrevenga un ajuste de cuentas. Y no sería extraño que el grupo controlador diga que la candidata perdió por no haber defendido con energía “la correcta línea del partido”.

¿Lagartijas sintientes?

Por Iván Poduje 

El cáncer es la segunda causa de muerte en Chile, así que es probable que usted conozca a alguien que ha sufrido esta maldita enfermedad. Las listas de espera son, literalmente, fatales y la especialización resulta clave para una detección temprana. Para ambas cosas se requieren hospitales especializados y por eso es tan importante que se concrete el nuevo Instituto Nacional del Cáncer de Santiago, que reemplazará el vetusto edificio de 1900, triplicando su dotación de camas y aumentando los pabellones de cirugía mayor o los sillones de quimioterapia.

Luego de años de espera, en 2019 el Ministerio de Salud consiguió los $250 millones de dólares que cuesta la obra. Se hicieron los diseños y cuando el proyecto fue sometido a la evaluación ambiental se topó con un imprevisto: unas colonias de lagartijas, arañas y otras especies que, en lenguaje frenteamplista, “habitaban el territorio”. La alerta fue dada por la Seremi Metropolitana de Medio Ambiente que exigió modificar el proyecto para incluir “refugios de fauna vertebrada de baja movilidad”, muy en línea con el derecho de los animales sintientes consagrado en la Constitución que rechazamos en septiembre de 2023.

Pero la Seremi de Medioambiente fue más allá. Quizás inspirada en un libro de autoayuda, o en el consejo de algún chamán altiplánico, la funcionaria exigió incluir jardines del tipo Miyawaki. La idiotez de la Seremi podría ser anecdótica, pero tuvo consecuencias fatales. El Hospital del Cáncer se ha atrasado meses para incorporar estas sandeces, afectando a unas 200 mil personas que esperan tratamiento.

La pesadilla no terminó ahí. El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) tenía que hacerse presente, exigiendo estudios de impacto visual sobre poblaciones obreras y el tratamiento de un antiguo muro encontrado en el lugar. Como sabemos, ya no importa si el hallazgo es centenario o si corresponde a las ruinas de un edificio ochentero. Se paraliza todo, para que los arqueólogos puedan desplegarse con tranquilidad. Como estos profesionales cobran por mes, el incentivo a moverse lento es enorme, así que vamos limpiando, fotografiando y archivando cada pequeña piedrecita que se levanta.

Según el portal Ex Ante, luego de un año de trabajo, el CMN consideró que el estudio era insuficiente y pidió nuevas medidas que atrasarán aún más el nuevo hospital. Adivine quiénes fueron los más contentos con esta nueva paralización.

En el hospital El Salvador ocurrió lo mismo. El Estado debió gastar $2 millones de dólares para guardar restos arqueológicos en 200 cajas que terminaron fondeadas en una bodega, ya que ningún museo las quiso. En los hospitales de Rengo, La Unión y Melipilla está pasando lo mismo. Meses de retraso por exigencias del CMN, que tienen a decenas de expertos revisando el sitio –y facturando en UF– mientras 160 mil personas deben trasladarse a otras comunas o regiones para atenderse.

Enfatizo el tema de la plata, porque estas exigencias no responden solamente a delirios octubristas, que privilegian una lagartija sintiente por sobre la vida de un ser humano enfermo de cáncer. Como indiqué en otra columna, la permisología esconde un negocio muy rentable para oficios que están muy bien representados en el CMN y en otros servicios que exigen estudios de impacto, donde la relación entre reguladores y consultores es más que promiscua. El boom ha sido tan grande, que firmas internacionales han instalado sedes en Chile para facturar millones por estudios que muchas veces terminan en nada.

Estos consultores serán los primeros en oponerse a cualquier medida que busque reducir la permisología, y lo harán amparados en asociaciones profesionales, ONGs o grupos de funcionarios. Cuando esto ocurra, debemos tener claro que su motivación no es preservar el planeta o los animales sintientes. Estarán defendiendo un negocio que crece como la espuma a costa de los pacientes con cáncer o de las familias que esperan por años su vivienda propia.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el sábado 30 de agosto de 2025.

Del diagnóstico a la acción: un Chile seguro es posible

Álvaro Pezoa Bissières | Sección: Política, Sociedad

El domingo, La Araucanía volvió a teñirse de luto. En Victoria, un guardia forestal de CMPC murió tras un ataque perpetrado por desconocidos, mientras otro colega resultó gravemente herido. La crudeza del hecho no admite eufemismos: esta violencia es terrorismo, no simple “violencia rural”. Así lo han señalado con claridad gremios y líderes políticos, conscientes de que la pasividad ya no es opción.

No fue el único episodio trágico. El asesinato de Michael Peñaloza en Curacaví y diversas balaceras y encerronas estremecieron al país en días recientes; la lista es larga. En síntesis, en el transcurso de los últimos años se ha ido configurando un cuadro de inseguridad creciente que la ciudadanía, según evidencian las encuestas, percibe como el principal problema nacional.

La conclusión es ineludible: el actual gobierno –también los inmediatamente anteriores– ha fracasado en el control de la violencia criminal y terrorista. No ha logrado establecer una estrategia sólida, consistente y efectiva. Las condenas retóricas sobran, pero las medidas concretas llegan tarde o nunca. Así, la percepción de abandono estatal se multiplica, erosionando justificadamente la confianza de la población en sus autoridades.

Chile necesita un cambio radical. No bastan ajustes cosméticos ni simples anuncios. Se requiere voluntad de acción real, que haga valer las leyes ya existentes y que dote a las policías de respaldo político y operativo sin ambigüedades, al tiempo que refuerce la prevención y el debido castigo de corrupciones internas. Es imprescindible potenciar la inteligencia policial, generar mecanismos eficaces de persecución patrimonial y cortar las fuentes de financiamiento del narcotráfico. La gestión carcelaria debe innovarse para impedir que las cárceles sigan funcionando como centros de operaciones del crimen organizado. La custodia de fronteras, puertos y aeropuertos debe constituirse en primerísima prioridad, cerrando los accesos por donde circulan drogas, armas y migración irregular asociada a bandas internacionales.

Conjuntamente, corresponde tramitar con diligencia las nuevas leyes que se precisen para enfrentar fenómenos delictuales recientes, inéditos en nuestra historia. Y, cuando existan jueces que, por ideología o negligencia, no apliquen correctamente la ley, el Estado debe hacer uso de sus atribuciones e interponer los requerimientos que correspondan. El principio de responsabilidad no puede detenerse en la frontera del Poder Judicial: la lucha contra el crimen requiere coherencia en todos los estamentos del Estado.

Chile está en un punto de inflexión. La inseguridad amenaza la vida cotidiana, la convivencia democrática y el desarrollo económico. Urge recuperar la paz, la confianza y el sentido de comunidad. Para lograrlo, debemos atrevernos a abandonar la tibieza y a enfrentar la lacra de la criminalidad y el terrorismo con decisión, rigor y coraje.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el lunes 25 de agosto de 2025.

https://x.com/LaVdHaceLibre50/status/1964745173973262449?s=19

https://x.com/LaVdHaceLibre50/status/1964808492931481887?s=19

InvestigaciónAlvaro Mesa (imagen de www.pjud.cl)

4 septiembre, 2025

La embestida judicial contra juez que investiga causas de Derechos Humanos

Por : Carlos Basso PrietoUnidad de Investigación de El Mostrador.

Abogada de tres exmilitares condenados por homicidios en regimiento de Temuco presentó querella contra juez Álvaro Mesa, acusándolo de prevaricación. Fallo de la Corte de Concepción asevera que este tipo de acciones tienen un efecto “amedrentador” en los jueces.

Una situación inédita se encuentra viviendo el ministro especial para causas de violaciones de los derechos humanos (DD.HH.) con jurisdicción desde La Araucanía hasta Aysén, Álvaro Mesa, producto de una querella interpuesta en su contra por la abogada que representa a tres exmilitares condenados por él.

El 15 de noviembre de 2023, el ministro Mesa –actual presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco– condenó a varios exmilitares por el caso conocido como “Asalto al polvorín”, la muerte de siete prisioneros políticos que fueron ejecutados el 10 de noviembre de 1973, crimen que posteriormente se justificó diciendo –falsamente– que los asesinados habían intentado asaltar el polvorín de la unidad militar, ubicado en el polígono del recinto ubicado en Isla Cautín.

En su resolución, Mesa condenó a presidio perpetuo, como cómplices de homicidio calificado, a tres exoficiales de Ejército, Raimundo García Covarrubias, Pablo Gran López y Pedro Tichauer Salcedo. Recientemente, la Corte de Apelaciones local ratificó lo obrado por Mesa, aunque recalificó los delitos a homicidios simples y, por ende, rebajó la sentencia en contra de García, Gran y Tichauer a 12 años y medio.

Previo a eso, los tres oficiales, por medio de la abogada Carla Fernández Montero, se querellaron contra el ministro, acusándolo de prevaricación (es decir, de fallar en contra del derecho), aseverando, entre muchas otras acusaciones, que “descartó todos y cada uno de los testimonios y documentales de descargo, y prescindió de los testimonios de cargo en aquella parte en donde existía concordancia en eso que aparece sustancial en el proceso: la falta de participación de los tres querellantes en los delitos imputados”.

Al respecto, la abogada dijo a El Mostrador que, a su juicio, hubo “una negligencia al procesar estas causas”, opinando también que el ministro “no está respetando las reglas judiciales, que debe hacer para poder fallar estas causas”.

Se trata de una acción que causó preocupación entre dirigentes de organizaciones de DD.HH. y abogados especializados en la materia, que creen que lo que se busca es la inhabilidad a un juez que ha sido especialmente duro en muchos casos emblemáticos –incluyendo las causas que implican al exfiscal militar Alfonso Podlech– y que, según señala un abogado de derechos humanos que pide reserva de su nombre, es muy diligente y muy preocupado de las víctimas.

La misma fuente destaca que se trata de un magistrado particularmente estudioso, que cuenta con un magíster en Derecho Público y que actualmente cursa el doctorado en Derecho de la Universidad Austral.

Aceptado y rechazado

La querella fue interpuesta por la abogada Fernández ante el Juzgado de Garantía de Temuco el 26 de junio pasado. Luego de ello, el tribunal la admitió a trámite con fecha 30 de junio. Sin embargo, el 1 de julio el mismo juez que la había acogido, Federico Gutiérrez, la declaró inadmisible, dejando sin efecto la primera resolución, pues a su entender no se configura el delito de prevaricación, “sino que más bien se advierte que la querellante disiente de los argumentos vertidos por el juez para condenar a sus representados, lo que traslada la controversia a una cuestión de discrepancia administrativa”.

Fuentes cercanas al caso indicaron que lo más probable es que el funcionario de turno en el juzgado haya realizado el trámite de admisibilidad sin que el magistrado la haya visto en detalle, lo que explicaría que este, posteriormente, haya retrotraído lo decidido.

Ante la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco, Fernández presentó una apelación al tribunal de alzada de la misma ciudad, el cual la admitió a trámite, pero finalmente decidió inhabilitarse, pasando los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Valdivia, la cual, luego de escuchar los alegatos respectivos, revirtió lo obrado por el juez Gutiérrez y declaró que la querella era admisible.

No obstante, el lunes recién pasado, y después que el 14 de agosto los abogados del ministro Mesa –de la Defensoría Penal Pública– presentaran un recurso de amparo contra la decisión de los ministros de Valdivia, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción terminó decidiendo al respecto, dado que todos los ministros de Los Ríos estaban inhabilitados.

En su resolución, la sala penquista concluyó algo parecido a la segunda decisión adoptada por el juez Gutiérrez: “De la sola lectura de la querella aparece con claridad que los hechos denunciados en ella no alcanzan a configurar delito penal alguno”, señala el fallo, que también detalla que “el contenido de la querella se reduce, en lo esencial, a expresar un desacuerdo con la forma en que el juez valoró la prueba en un proceso anterior”.

Frente a ello, las ministras Carola Rivas, Antonella Farfarello y Carolina Vásquez señalan que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado reiteradamente que los jueces deben ejercer sus funciones con plena independencia, y que la sujeción a persecución penal por la sola discrepancia con el contenido de sus fallos constituye un mecanismo de presión que genera un efecto amedrentador”, por lo que agregan que “la admisión de una querella carente de tipicidad y de fundamentación jurídica suficiente importa también una vulneración del orden convencional que vincula al Estado de Chile”.

Delitos de lesa humanidad

Uno de los dos abogados que asumió la representación de Mesa, el jefe de estudios de la DPP Araucanía, Marcelo Pizarro, señala a El Mostrador que “esta querella en contra del ministro, de más de 60 páginas, no logra explicar cómo existiría un delito… porque no hay delito”.

A ese respecto, dice que el problema de fondo es que la defensora de los exmilitares disiente de la interpretación del sentenciador, en circunstancias que, explica Pizarro, el papel de un magistrado en el proceso penal es ponderar las posturas de las partes y resolver, “y eso le es privativo, eso es lo que hizo el juez en este caso: tomó posiciones distintas y dijo ‘yo tomo esta posición’, especificando que eso está dentro de todas las posibilidades legales, en circunstancias que para que se configure la prevaricación”, dicen los expertos, “la decisión del juez debe ser insostenible”.

Lo anterior, sostiene, se desmiente desde el momento en que la Corte de Apelaciones de Temuco confirma la sentencia en cuanto a los hechos investigados y la participación, independiente de la rebaja de pena que aplicó a los tres querellantes.

A ese respecto, explica que el criterio utilizado por Mesa para sentenciarlos como cómplices fue el mismo que usó la Corte Suprema respecto de la “Operación Colombo”, es decir, que “la estructura del Estado militar en ese caso actuaba con un plan común” y que por ello les cabe responsabilidad a todos los que estaban en conocimiento de lo que ocurría, teniendo en cuenta además el trasfondo, que son delitos de lesa humanidad.

En este caso –prosigue el abogado Pizarro– hay que recordar que Chile ha sido reiteradamente condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y que, ante ello, “lo que se busca es afectar a un juez que cumple una obligación internacional” y que, al mismo tiempo, “se produce una tremenda situación que afecta las bases de la democracia, ya que el juez no debe estar sujeto a presiones al momento de realizar la actividad que realiza, y hablamos de presiones tanto físicas como psicológicas o sociales, o a través de la prensa, lo que sea. Tiene que estar exento de eso. Cuando al juez le están diciendo que la posición que está tomando es delictiva, se le está coaccionando y afectando su independencia judicial”.

“Lo que queremos es justicia”

La posición de la abogada Fernández es radicalmente distinta. Según asegura, el ministro Mesa dejó pasar ”la regla de la imputación objetiva”, aseverando que “estamos hablando de casos que pasaron hace 52 años” y que ante ello, por medio de la querella, esperaba que “otro organismo que sea independiente, como el Ministerio Público, se diera cuenta de cuál es la forma que están fallando estos jueces, aunque no son todos los que fallan así, la verdad”.

De acuerdo con su posición, los tres exoficiales, que eran subtenientes y tenientes a la época de los hechos, “están condenados como cómplices, pero sin cumplir con los requisitos de la complicidad”.

Del mismo modo, indica que los tres “no participan en estas ejecuciones”, pero añadió que prefería no comentar mayormente ese aspecto, dado que existen recursos pendientes ante la Corte Suprema.

Sin embargo, sobre la tramitación judicial que ha tenido su querella, argumentó que “es algo que nunca antes había pasado. Al ojo de cualquier persona que tiene un poquito de criterio, que una querella sea declarada admisible, después inadmisible, después admisible y ahora inadmisible, la verdad que es algo que es turbio, por decir lo menos”.

Asimismo, agregó que no han buscado poner en riesgo la independencia judicial, sino que “solo queremos que en el caso efectivamente se cumpla con los requisitos del delito de prevaricación imprudente, el Ministerio Público solicite su formalización y acuse”, afirmando que “nosotros la verdad lo que queremos es justicia”.

DEL RECHAZO EXPRÉS AL FORUM SHOPPING.

El fallo que blindó al ministro Mesa muestra la crisis de confianza en la justicia chilena y la impunidad que rodea a algunos jueces.

Opinión04 de septiembre de 2025Christian Slater Escanilla

Palacio de tribunales The Times en Español IA

Señor Director:

El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, que declaró inadmisible la querella por prevaricación imprudente contra el ministro Álvaro Mesa, no es un hecho menor. Este episodio desnuda cómo funciona nuestro sistema judicial cuando se trata de blindar a uno de los suyos, y explica en parte por qué la ciudadanía ha perdido toda confianza en la justicia.

La cronología es reveladora. La Corte de Temuco se inhabilitó íntegramente, trasladando el caso a la Corte de Valdivia. Allí, primero se declaró admisible la querella presentada por la abogada Carla Fernández; sin embargo, en menos de 24 horas, la misma Corte cambió de criterio y la declaró inadmisible. Días más tarde, la defensa del ministro Mesa recurrió a la Corte de Concepción, presentando un recurso de amparo que se tramitó con rapidez inusitada y en carácter reservado. El resultado fue un fallo unánime —dictado por tres juezas, una de ellas suplente— que blindó definitivamente al magistrado.

La maniobra es evidente: el amparo está diseñado para casos urgentes de privación de libertad, cuando una persona está detenida ilegalmente o amenazada en su libertad personal. Aquí no había nada de eso: Mesa no estaba preso, ni formalizado, ni con medidas cautelares. La vía del amparo fue usada como un atajo para frenar la querella, en una jugada procesal que bordea el “forum shopping”, es decir, buscar el tribunal más conveniente para obtener un resultado favorable.

Peor aún, el trámite en Concepción se llevó adelante de manera tan veloz y reservada que todo indica que la abogada Fernández quedó sin posibilidad de presentar descargos antes del fallo.

El fallo contiene además un punto crítico. En su considerando 11°, el tribunal sostuvo que admitir la querella equivaldría a “criminalizar el ejercicio de la jurisdicción”. Traducido a lenguaje ciudadano: un juez no podría ser investigado penalmente por lo que hace al dictar sentencia, aunque se le acuse de prevaricación. Esto equivale a instaurar un fuero supraconstitucional para los jueces, que los deja al margen de toda responsabilidad penal. La independencia judicial no puede confundirse con impunidad.

Este tipo de blindajes no son exclusivos de Chile. En países como España o Argentina también se han visto jueces protegidos por sus pares frente a acusaciones graves, siempre con la misma consecuencia: una ciudadanía que deja de confiar en la justicia. Aquí, lamentablemente, vamos por el mismo camino.

La paradoja es brutal: mientras se cierra toda investigación sobre Mesa —un juez que incluso suena como candidato a la Corte Suprema—, en la misma región el crimen organizado y el narcoterrorismo avanzan impunemente. Y todavía más: Mesa dicta sentencias como ministro en visita extraordinaria bajo un procedimiento que dejó de existir en 2005 y sobre hechos de hace más de 50 años. Si el involucrado hubiera sido un general, un almirante o un coronel, ya estaría siendo arrasado mediáticamente y procesado “en tres tiempos”.

Este fallo se dicta en un contexto donde apenas un 10% de la ciudadanía evalúa positivamente al Poder Judicial y un 77% cree que no asegura igualdad ante la ley. Y no es casualidad: se acumulan decisiones como esta, denuncias de irregularidades en Temuco, y al mismo tiempo el propio Fiscal Nacional, Ángel Valencia, está bajo investigación por reuniones con influyentes abogados y políticos que no fueron registradas conforme a la Ley de Lobby. A ello se suma que la Corte Suprema abrió cuadernos de remoción contra el ministro Antonio Ulloa y la ministra Verónica Sabaj, ambos vinculados al caso Hermosilla y acusados de haber solicitado favores para designaciones y beneficios personales. El panorama es claro: la justicia chilena se encuentra en medio de una crisis de confianza, con jueces y fiscales cuestionados, fallos contradictorios y procedimientos opacos, lo que refuerza la percepción ciudadana de que existe una telaraña institucional de protección corporativa.

Ahora lo que correspondería es que la abogada Fernández presente un recurso de apelación, lo que abriría la vía para que la Segunda Sala de la Corte Suprema conozca y resuelva el caso. Veremos entonces si, llegado ese momento, algún ministro con cercanía al juez Álvaro Mesa se inhabilita —como sería lo correcto “por justicia”— o si nuevamente prevalece la lógica del blindaje corporativo.

Atentamente,
Christian Slater Escanilla.
Coronel (R) del Ejército de Chile.

Ver también:

https://www.instagram.com/reel/DOEugQFEw1A/?igsh=Z2s1enJtNm1zajA4

¡A apurarse que se acaba la plata!:

Los bonos millonarios que recibieron más de 60 funcionarios de la Dirección de Presupuestos

J.P.Sallaberry

Bonificaciones de entre $8 millones y $11 millones recibieron en el mes de junio por concepto de incentivos más de 60 directivos y profesionales de la Dirección de Presupuesto. La cifra es mayor a la de anteriores meses en que se entregan bonos -como abril y marzo- donde los montos extra fluctúan entre los $4 millones y los $5 millones. También es mayor a la de reparticiones similares como la subsecretaría de Hacienda.

Bonos de incentivo. La Dirección de Presupuestos, servicio dependiente del Ministerio de Hacienda, que dirige Javiera Martínez (FA), es una de las reparticiones mejor pagadas de la administración pública. En el pasado mes de junio, las remuneraciones de sus funcionarios y altos directivos se dispararon considerablemente a raíz de bonos de incentivos más elevados que en meses anteriores.

• Así por ejemplo, ese mes la remuneración bruta de la subdirectora de Presupuestos, Sereli Pardo, alcanzó los $19.060.977, mientras que la subdirectora de Racionalización, Tania Hernández, registra una remuneración de $18.811.795. Esto debido a que ambas directivas obtienen ese mes más de $11 millones por bonificaciones. Ambas reciben asignación por función crítica.
• Las directivas que iniciaron su trabajo en Dipres en 1992 y 2015, respectivamente reciben una remuneración mayor a la de Javiera Martínez, que asumió la dirección en marzo de 2022. Ella recibió en junio una remuneración bruta de $17.573.217, de los cuales $8 millones corresponden a bonificaciones.

Los sueldos de junio. Según la información del sitio de Transparencia, en Dipres hay 8 directivos de planta con remuneraciones brutas de $16 millones en junio ($10 millones corresponden bonos); 7 con remuneraciones de $15 millones (bonos de $10 millones); y 9 con sueldos entre $13 millones y $14 millones (bonos de $8 millones a $9 millones).

• Entre los funcionarios a contrata, Luis Madariaga, jefe del departamento técnico de la información, registra en junio una remuneración bruta de $16,1 millones (que incluye el bono de $10 millones). Ruth Fuentes, jefa del subdepartamento de gestión y desarrollo de Personas, obtuvo $15,2 millones debido a su bono de $9,6 millones. Otros 34 profesionales a contrata recibieron bonos de $8 millones y fracción. Varios de ellos perciben asignación de función crítica.
• Las altas asignaciones y bonificaciones han llamado la atención en el sector público. En una revisión en las planillas de sueldo, se observa que los meses de marzo y abril, los directivos también recibieron bonificaciones, pero estas llegaban a los $5 millones como máximo. Esos meses los sueldos brutos de los principales directivos estaban entre los $8 millones y los $13 millones.
• En una revisión de reparticiones similares como la subsecretaría de Hacienda, se observa que las bonificaciones de junio están también en el orden de los $4 millones y $5 millones y no de $10 millones.

La respuesta de Dipres. Desde la Dipres explicaron que los altos montos de junio se deben a que ese mes confluyen distintos incentivos legales: la cuota trimestral del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y de desempeño colectivo (Ley 19.553, promulgada en 1998), más una asignación variable establecida en la Ley 19.041 (1991) que también reciben otros servicios como la Contraloría, SII o Aduanas.

• Por eso, sostienen, los sueldos de marzo, abril y junio no son comparables entre sí. Además, recordaron que desde abril de este año las remuneraciones se publican bajo nuevas instrucciones del Consejo para la Transparencia, lo que también dificulta la comparación con meses anteriores.

Cambios en Dipres. Tras los cuestionamientos que ha recibido la gestión Javiera Martínez a cargo de las finanzas públicas, en el último año su equipo de trabajo ha registrado una fuerte reestructuración para la recta final del gobierno.

• Al interior de la Dipres ha sido comentario obligado la llegada de la economista y magíster en políticas públicas Andrea Encalada García (sin militancia política), quien hasta marzo se desempeñaba como jefa de asesores del gabinete del ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC).
• Llegó a reforzar el trabajo del jefe de gabinete, el ingeniero civil industrial Matías Peralta, quien llegó en febrero al cargo. Peralta reemplazó en el cargo al militante del FA, Yerko Montenegro, quien renunció en enero de 2025 debido a una querella por maltrato habitual presentada por tres de sus exparejas.
• Hasta este año Martínez se había apoyado en la gestión de las subdirectoras de la Dipres Sereli Pardo y Tania Hernández que vienen desde gobiernos anteriores. Pero ahora quiso traer a gente de su entera confianza, ya que a Encalada la había conocido cuando ambas trabajaron en Mineduc en el primer gobierno de Bachelet.
• Le encomendó específicamente temas de contenidos, como sistematizar estudios técnicos que ha realizado la repartición sobre presiones de gastos y fortalecimientos de la institucionalidad, entre otros. También preparar insumos para las distintas exposiciones de Martínez en organismos nacionales e internacionales.
• Tras las fallidas estimaciones en los montos de recaudación fiscal, Martínez también debió rediseñar el equipo de ingresos públicos. Nombró a Claudia Sotz como Jefa de Finanzas y Empresas Públicas, quien entró por concurso al cargo.
• En 2024, en medio de los bajos índices de recaudación, Martínez acordó la desvinculación de David Duarte, quien era jefe de la división de finanzas públicas, a cargo de la ejecución de presupuesto y los cálculos de los ingresos de la Nación.
• El jefe subdepartamento de ingresos públicos y puso al mando a Nicolás Bohme, se fue hace algunas semanas a trabajar al comando de Jerannette Jara.
• También asumió como nueva jefa del Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas, Ruth Yanet Fuentes, en reemplazo de María Eugenia Elizalde, hermana del ministro del Interior Álvaro Elizalde).
• Mientras que la unidad de género de la repartición pasó a formar parte de Capacitaciones, dependiente de Personal, manteniéndose en el cargo Ana María Godoy.

Para más noticias de política en Ex-Ante, clic aquí.

Hasta $20 millones brutos: Los sueldos de quienes gestionan el “préstamo” al Estado para pensiones. ¿No será mucho? – Fuente: Emol:

– https://www.emol.com/noticias/Economia/2025/09/02/1176715/fapp-sueldos-consejo.html

Y en seguridad:

Las cosas como son:

https://youtube.com/shorts/zXteJH5z18Y?si=i01ijdYa2wHzNcXU

¡¡¡ESCANDALOSO!!!

La CA de Temuco y cómplices intentando “ganar por secretaría”; la abogada Carla Fernández se enteró solo el domingo que debería alegar hoy lunes a primera hora respecto de un recurso de amparo presentado por el imputado ministro Mesa, entre “gallos y medianoche”:

Tras querella en su contra: defensa del presidente de Corte de Temuco presenta recurso de amparo

Roberto Neira

Periodista Radio Bío Bío Temuco

Publicado por Manuel Cabrera Ruiz

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ARCHIVO | Agencia UNO

El defensor regional de La Araucanía, Humberto Serri, ingresó un recurso de amparo en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones de Valdivia que declaró admisible una querella por cuasidelito de prevaricación presentada contra el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, ministro Álvaro Mesa Latorre.

La defensa del ministro Álvaro Mesa Latorre presentó un recurso de amparo que será revisado este lunes por la Corte de Apelaciones de Concepción, región del Bío Bío, que busca dejar sin efecto la resolución que declaró admisible una querella por cuasidelito de prevaricación decretada por la Corte de Apelaciones de Valdivia.

La información fue confirmada por la abogada Carla Fernández, quien presentó la acción legal contra el ministro que indaga causas de violaciones a los derechos humanos en el sur del país.

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Fiscal nacional ordena a Fiscalía de Los Ríos indagar causa contra presidente de la Corte de Temuco

La querella contra el ministro Álvaro Mesa fue presentada por Fernández, quien representa a tres exfuncionarios del Ejército condenados por homicidio calificado y apremios ilegítimos en la causa conocida como El Polvorín.

La querella fue declarada admisible por el juez de Garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, quien en menos de 24 horas cambió la resolución y luego la declaró inadmisible.

Esto último, motivó la presentación de un recurso de apelación que finalmente fue fallado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, donde por dos votos a uno se declaró admisible la acción legal.

Esto llevó a que el fiscal nacional, Ángel Valencia, instruyera que el Ministerio Público de Los Ríos indague la causa que se abrió en contra del ministro Álvaro Mesa Latorre.

Radio Bío Bío intentó obtener una versión del defensor regional de La Araucanía, Humberto Serri, sobre la presentación de este recurso de amparo, pero desde la unidad de comunicaciones afirmaron que -por ahora- no se van a referir a este tema.

Post

Jeannette de Castañer @jennette42

Tras querella en su contra por prevaricación, Ministro de Corte de Apelaciones Álvaro Mesa presenta recurso de amparo . Sorprende esta estrategia procesal: el art. 115 del Código Procesal Penal establece que la admisión de una querella es inapelable. Esa norma garantiza la imparcialidad del Ministerio Público. Quizás eso incomoda a un ministro acostumbrado a ser juez y parte https://biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2025/09/01/tras-querella-en-su-contra-defensa-del-presidente-de-corte-de-temuco-presenta-recurso-de-amparo.shtml vía

@biobio

Presidente de la Corte de Temuco busca evitar querella y presenta un amparo que ha recorrido tres jurisdicciones

La acción constitucional fue ingresada en el mismo tribunal de alzada que preside el ministro Álvaro Mesa.

La corte de La Araucanía se inhabilitó, mandó la causa a Valdivia, donde tampoco quisieron recibir el caso y finalmente la pugna se derivó a Concepción.

Por

Juan Manuel Ojeda

1 SEPTIEMBRE 2025

El ministro y presidente de la Corte de Temuco, Álvaro Mesa.

La querella por el eventual delito de prevaricación imprudente en contra del presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, el ministro Álvaro Mesa, sigue causando estragos en el Poder Judicial.

El origen de esta teleserie judicial partió a fines de junio cuando la abogada Carla Fernández presentó una querella en contra de Mesa, quien es el presidente del tribunal de alzada de La Araucanía.

El motivo de su querella tiene que ver con que Fernández es quien representa a tres exoficiales del Ejército condenados en calidad de cómplices por homicidios calificados y apremios ilegítimos en el denominado caso El Polvorín.

Mesa, por su parte, es el magistrado que dictó la sentencia condenatoria en esa causa. Además ejerce como ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique. Además, según fuentes del Congreso, Mesa es uno de los nombres favoritos del gobierno para llegar a la Corte Suprema dentro de los cupos que aún faltan por llenar.

El camino de esa querella se ha transformado en un escándalo interno que ha sido comentario obligado entre distintos jueces.

Esto debido a que la acción penal no solo tuvo problemas en su inicio para ser tramitada, sino que luego de una intensa pelotera entre ministros y jurisdicciones la querella finalmente fue declarada admisible.

El fiscal nacional Ángel Valencia incluso designó a un persecutor de Los Ríos para que iniciara la investigación. Pese a eso, el asunto aún es materia de una intensa pugna.

A mediados de agosto, los defensores penales públicos Humberto Serri y Marcelo Pizarro, quienes representan a Mesa, presentaron un recurso de amparo en la Corte de Temuco para revertir la resolución que declaró admisible la querella. Mesa, como presidente de ese tribunal de alzada, proveyó ese amparo, pero ahí nuevamente empezaron los problemas.

Tal como ocurrió la vez pasada, de a poco los ministros de Temuco se fueron inhabilitando para ver el amparo. Por esa razón, se optó por derivar los antecedentes a la jurisdicción de Valdivia.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de la región de Los Ríos tampoco estuvo disponible para ver el amparo ya que previamente ya habían resuelto la admisibilidad de la querella en su origen. “No puede admitirse a tramitación una causa en que se recurre en contra de una resolución dictada por otra sala del mismo tribunal de alzada”, fue la razón de dicho tribunal para devolver los antecedentes a Temuco.

En ese momento la Corte de Temuco volvió a derivar la causa, pero esta vez a la jurisdicción de la Región del Biobío. Así fue como llegó hasta la Corte de Apelaciones de Concepción. La vista de la causa fue durante la mañana de este lunes y las ministras Carola Rivas, Antonella Farfarello y la ministra (S) Carolina Vásquez ya tomaron el acuerdo.

El asunto quedará pendiente hasta que se evacúe el fallo para saber si la querella podrá continuar su tramitación o si el amparo tendrá éxito. En cualquier escenario, lo más probable es que el asunto llegue hasta la Segunda Sala de la Corte Suprema.

LA TERCERA.CL

Opiniones:

Juan Lehuedé Donoso en X: ”  JUEZ PREVARICADOR HUYE DE LA JUSTICIA Querella x prevaricación contra Juez ÁLVARO MESA fue ingresada en su Tribunal en Valdivia,de ahí emigró a La Araucanía y a Concepción. PREGUNTO:Seguirá el viaje por las Cortes de Chillan,Talca, Rancagua y San Miguel,hasta la Corte Suprema? https://t.co/jt7JZoT1zm” / X:https://x.com/LehuedeJuan/status/1962912484991336577

Tribunal de alzada de Concepción salva al presidente de la Corte de Temuco y declara inadmisible querella en su contra

La abogada querellante apelará esta sentencia y la pugna judicial deberá ser resuelta, en última instancia, por la Segunda Sala de la Corte Suprema.

Luego de un largo laberinto judicial, este martes la Corte de Apelaciones de Concepción acogió el amparo que presentó el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, el ministro Álvaro Mesa, para declarar inadmisible una querella en contra del magistrado por el delito de prevaricación imprudente.

El origen de esta teleserie judicial partió a fines de junio, cuando la abogada Carla Fernández ingresó una querella en contra del magistrado Mesa. El motivo de la acción penal de Fernández tiene que ver con que la abogada es quien representa a tres exoficiales del Ejército condenados por cómplices de homicidios calificados y apremios ilegítimos en el caso El Polvorín.

Mesa, por su parte, es el ministro que dictó la sentencia condenatoria en ese caso y ejerce como ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos en Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique.

Además, según fuentes del Senado, es una de las cartas favoritas del gobierno para llegar a la Corte Suprema.

El camino de esta querella ha sido polémico desde el inicio. Tanto así que toda la Corte de Temuco se ha inhabilitado para ver este asunto, por lo que la admisibilidad de la querella fue resuelta por la Corte de Apelaciones de Valdivia. Luego de que ese tribunal de alzada diera luz verde a la acción penal, el fiscal nacional, Ángel Valencia, designó la investigación al Ministerio Público de Los Ríos.

Sin embargo, Mesa ha ocupado todas las vías para frustrar la querella. La sentencia A mediados de agosto los defensores penales públicos Humberto Serri y Marcelo Pizarro, quienes representan a Mesa, presentaron un recurso de amparo en la Corte de Temuco para revertir la resolución que declaró admisible la querella. Este recurso, inicialmente, estaba reservado y la querellante recién se pudo hacer parte el viernes.

Ese amparo finalmente fue resuelto por el tribunal de alzada de la Región del Biobío. La sentencia, despachada este martes, acogió el recurso y por lo tanto bloqueó la querella. “Esta corte estima que de la sola lectura de la querella aparece con claridad que los hechos en ella denunciados no alcanzan a configurar ilícito penal alguno, desde que se circunscriben únicamente a cuestionar la apreciación de la prueba y la decisión jurisdiccional adoptada por el ministro en visita en una causa relativa a violaciones a los derechos humanos”, se lee en el fallo unánime de las ministras Carola Rivas, Antonella Farfarello y la ministra (s) Carolina Vásquez.

Según la sentencia, la decisión de la Corte de Valdivia de declarar admisible la querella fue ilegal, ya que “habilitó un procedimiento penal sin base típica, contrariando el diseño legal que establece un filtro de admisibilidad precisamente para impedir procesos penales carentes de fundamento”.

El fallo añade que “la admisión de una querella en tales condiciones configura una amenaza cierta, grave e inminente a la libertad personal y a la seguridad individual del amparado, por cuanto abre paso a un procedimiento penal respecto de un delito sancionado con pena privativa de libertad, con el consiguiente riesgo de que se impongan medidas cautelares personales, sin que concurran hechos que puedan ser calificados como típicos”. Haber permitido que la querella prosperara, plantea la sentencia, conduciría “a la inaceptable consecuencia de criminalizar el ejercicio regular de la jurisdicción, en desmedro del principio de independencia judicial que asegura el artículo 76 de la Constitución”.

La abogada querellante apelará esta decisión y llevará el pleito hasta la Corte Suprema. Ahí será la Segunda Sala del máximo tribunal la que tendrá la última palabra.

Publicado por La Tercera.cl

¡Lo único que se quiere es que se investigue si hubo o no prevaricación!

Esto jamás lo veras en el “Mall de la Memoria”, conveniente (Museo de la Memoria):

HACE 52 AÑOS (29 DE AGOSTO DE 1973) EL EXTREMISMO DE IZQUIERDA MATÓ A UN JOVEN SUBTENIENTE DE EJERCITO; DON HECTOR LACRAMPETTE CALDERON, QUIEN NO ERA RESPONSABLE DE LA CRISIS MORAL, POLÍTICA,ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PAÍS.

El Subteniente de Ejército Héctor Lacrampette Calderón, recién egresado de la Escuela Militar, recibió un balazo en el parietal izquierdo, sin salida de proyectil, que le disparó su asesino, el terrorista (MEXICANO), JORGE ALBINO SOZA GIL.

El Ministro de Defensa de la epoca era Orlando Letelier, quien calificó el asesinato del Subteniente como un “acto policial”.

Tras consultársele por la filiación política de los detenidos dijo: “No puedo saber las posiciones filosóficas de quienes participan en un hecho policial.”

El Presidente de la Empresa El Mercurio en aquella epoca era el Sr. Fernando Léniz, recibió amenazas telefónicas contra sus familiares, las que se cumplirían si el diario informaba sobre el homicidio del Subteniente Lacrampette. (Eso fue terrorismo de Estado, ejercido por Allende y sus secuaces)

¿Sabe usted qué le sucedió al extremista marxista MEXICANO José Soza Gil, quien asesinó de un disparo al Subteniente de Ejército Héctor Lacrampette Calderón , el 29 de Agosto de 1973?

Absolutamente nada ya que se acogió a la Ley de Amnistía de 1978 y volvió a su país.

¿Sabe usted qué le sucede a un militar, carabinero, empleado civil o PDI que haya dado muerte a un extremista antes de 1978?

Se le niega la amnistía y hoy 52 años después – todavía es perseguido, juzgado y encarcelado de por vida, aún sin pruebas.

En esta foto de la dirigencia del partido comunista de Chile se ven las banderas de los movimientos terroristas de izquierda.

La Cam, Frente Farabundo Martí de El Salvador, Hamas, Frente Patriótico Manuel Rodriguez, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farcs), Frente Sandinista de liberación Nacional de Nicaragua. Cabe alguna duda que están detrás de la violencia terrorista del país?

Carmona sabe lo que hace

Democracia y libre mercado

Por José Tomás Hargous Fuentes

El Chile que viene

Por Arturo Squella

Vergonzoso:

Entrevista completa:

Libre Oposición |  | ¡Agustín Laje @AgustinLaje, se va de frente contra Gustavo Petro y la izquierda criminal, por el magnicidio contra el candidato… | Instagram:

https://www.instagram.com/reel/DNwRp3KXOdn/

Opiniones de hombres de bien:

Que diferencia con esto donde prima el odio y la venganza:

Publicada en diarios regionales

PuntaPeucoHoy en X:

“PPH PRENSA  《 Carla Fernández desnuda la justicia ideologizada que ha perseguido a los militares en Chile 》 La publicación de la abogada Carla Fernández en Diario Constitucional va mucho más allá de un simple análisis jurídico. Al cuestionar la sentencia del ministro https://t.co/m3VHmj7jA8″ / X

Post

PuntaPeucoHoy @PuntaPeucoHoy

PPH PRENSA  《 Carla Fernández desnuda la justicia ideologizada que ha perseguido a los militares en Chile 》 La publicación de la abogada Carla Fernández en Diario Constitucional va mucho más allá de un simple análisis jurídico. Al cuestionar la sentencia del ministro Álvaro Mesa en el caso “El Polvorín”, demuestra cómo se ha instalado una práctica habitual en nuestro país: ministros que, colgándose de cualquier resquicio legal o reinterpretando tratados internacionales como la CADH ( Convención Americana Derechos Humanos), han forzado el derecho para condenar a militares.

Esta no es una excepción, es un patrón avalado por un Poder Judicial ideologizado, que ha convertido los juicios de DD.HH. en verdaderos tribunales de excepción, donde se niega la prescripción, se ignora la tipicidad penal y se desconoce el principio de igualdad ante la ley. Los Derechos Humanos, que deberían ser universales, se han manipulado como herramienta de venganza política. El trabajo de Fernández legitima esta denuncia en el terreno académico y deja en evidencia lo que muchos chilenos ya saben: que en Chile los militares no han tenido justicia, sino persecución.

“Ultra Vires”: cuando un juez se sale de su cancha

Por Christian Slater Escanilla

Coronel (R) del Ejército de Chile

Apoyando los argumentos de la abogada Carla Fernández, se alerta sobre los riesgos de que jueces apliquen criterios fuera de su competencia, afectando la legitimidad del sistema judicial y la confianza pública en la administración de justicia.

28 de agosto de 2025

Imagen: cincodias.elpais.com

Deseo manifestar mi apoyo a la excelente carta y sólidos fundamentos de la abogada Carla Fernández, quien ha puesto sobre la mesa un tema crucial: qué ocurre cuando un juez decide aplicar criterios que no corresponden.

En derecho existe un concepto en latín —ultra vires— que significa, en simple, actuar más allá de las atribuciones que uno tiene. Es como si un árbitro de fútbol se metiera a dirigir un partido de tenis: aunque sepa de reglas, no le corresponde hacerlo. Algo similar ocurre cuando un juez chileno dicta resoluciones aplicando parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en causas que esa Corte nunca conoció.

No soy abogado, y lo digo con claridad. Hablo desde mi experiencia militar, donde algunas veces me correspondió ser secretario en investigaciones sumarias administrativas —proponiendo sanciones— y en otras resolver conforme a lo propuesto. Eso me enseñó que la justicia solo tiene legitimidad si se aplica dentro de las reglas que corresponden.

Cuando un juez se excede, lo que debería ser certeza jurídica se transforma en incertidumbre y arbitrariedad. Y un magistrado que actúa de esa manera no solo debiera ser observado críticamente, sino también sometido a los mecanismos que corresponden: investigación disciplinaria, posibles sanciones e incluso rendición de cuentas ante la ciudadanía. Porque la confianza en la justicia es demasiado importante como para dejar pasar conductas ultra vires.