*Así no se Llega a Ninguna Parte.*

Por Cristian Labbé Galilea

Si las elecciones son el camino para que una sociedad elija su futuro, y para construir esperanzas que le permitan pensar en la solución de los problemas que la aquejan, también lo son para saber quiénes son los personajes que aspiran a representarla durante los próximos años. Analizado lo anterior, a juicio de esta modesta pluma son “muy acotadas” las esperanzas que se pueden tener.

No piense, mi inquieto lector, que lo dicho importa una visión negativa del porvenir. Muy por el contrario, es una advertencia para tener presente a la hora de definir por quién votar en las próximas elecciones, porque, si bien las esperanzas son acotadas, también existen “grandes esperanzas”, como en la novela homónima de Charles Dickens donde se enfatiza “la necesidad de mantener la esperanza infinita, a pesar de la decepción”.

No hay dudas que existe decepción en la política, la que nace del choque entre la esperanza ciudadana y la conducta de los políticos (no todos), de la incongruencia entre la promesa y los hechos, entre el discurso y la práctica. De allí que, cuando los políticos fallan, la ciudadanía tiene la obligación de “pasarles la cuenta”.

Aclaremos, la política en sí no es mala, es el espejo de quienes la ejercen. Cuando los políticos son íntegros, la política es el camino hacia el bien común, pero cuando son mediocres o corruptos, la política se convierte en un reflejo de esos vicios. Por eso, más que culpar a la política, hay que pensar en quienes la encarnan. La política nunca será superior a la calidad moral de quienes la ejercen.

De allí que “nuestras esperanzas sean acotadas” al analizar el comportamiento político de un sector de la oposición, que ha elegido focalizarse en las elites más variopintas… amarillos, morados, rosados, verdes o del color que se quiera, lo que permite anticipar que estará siempre condicionado a contentar y dar cabida a ese arcoíris político, haciendo imposible una gobernabilidad coherente.

Esta semana se dio a conocer un “nuevo y amplio” listado de voceros de esa coalición, lo que lleva a concluir que, además del elitismo que se respira en ese comando, demasiadas voces probablemente conseguirán que el mensaje se diluya, las ideas se confundan, y se pierda la coherencia. La abundancia de vocerías, además de dar señales de falta de liderazgo, no garantiza claridad; al contrario, lo más probable es que aparezcan las contradicciones y los malentendidos.

Por último, se suma a lo anterior la poca prolijidad que se ha tenido para elegir los candidatos a parlamentarios, que después se traducirá en fuertes e irremediables dolores de cabeza. Respetando a los personajes de la farándula, a los artistas, etc., en política se requieren candidatos con sólida formación en las ideas que se busca defender, y no meros captadores de votos, ni mucho menos quienes tengan algún problema con la justicia o estén vinculados al narcotráfico. Así no se llega a ninguna parte.

El duro camino por delante

Por Juan Pablo Zúñiga Hertz 

Corría el año 2004, en plena campaña Municipal, y yo figuraba la comuna de Maipú en un evento de la UDI donde Pablo Longueira lanzó una frase que nunca olvidé, que decía algo así como “a fin de año, estos señores de la izquierda van a tener que empezar a buscar trabajo”, haciendo alusión a que, con una victoria en dichas municipales, comenzaba el camino para la llegada de un gobierno de derecha.

Hace 21 años, esa izquierda concertacionista a la que se refería Longueira seguro que sí, al quedar fuera del estado, buscaría trabajo, o al menos uno de esos ricos pitutos que estos señores siempre tienen a mano. Esa izquierda ya no existe; la de hoy, está totalmente tomada por la influencia siniestra del comunismo chileno, disciplinado, paciente y sumamente peligroso. Dado este último atributo, me temo que con su salida a fin de año –al menos así lo esperamos muchos– estos fulanos no van a buscar trabajo, sino que harán del próximo gobierno una tarea titánica entre paros, movilizaciones y boicots de toda clase usando lo que mejor saben usar: la violencia.

No se crea ni por un minuto esa parada bonachona de la candidata Jara, que de cándida tiene muy poco, no obstante, mucho de carmín. Están apelando a travestirse de grandes demócratas, al final, esperan contar con la gran sabiduría popular que cayó redonda cuando el Sr. Boric les contó el mismo cuento. Para ello, qué mejor que presentar un gabinete con algunos personajes de la ex Concertación y unos cuántos DC, DC que hoy en día me la imagino sentada en la esquina de la sede del PC, cual pordiosero rogándoles por “lo que sea su cariño, patroncito”.

Tenemos un duro camino por delante. Al gobierno de la sensatez y la mano dura que necesitamos para evitar caer de una buena vez por el barranco de la historia al foso de las naciones fracasadas, le va a tocar durísimo. Hay una crisis moral y espiritual seria en nuestro país que me atrevo a pensar es mucho más difícil de solucionar que una crisis económica, la cual, lamentablemente, también será parte del gran legado del que habla el actual gobierno. A eso se le va a sumar desde el día 1 una campaña violentísima en las calles, que necesitará una mano dura y firme, capaz de sacrificar incluso su posibilidad de una futura reelección con tal de terminar de una buena vez con todos los que han defendido, usado y abusado de la violencia como arma política.

Por ello, le insisto estimado lector, su decisión a fin de año es crucial, pero más lo es su paciencia y su firmeza porque no vienen “tiempos mejores” como decía el fallecido Presidente Piñera, sino que viene un período –metafóricamente– de “sangre, sudor y lágrimas”, como dijera Churchill.

Los padres y la violencia estudiantil

Por Gonzalo Rojas Sánchez 

La violencia estudiantil ha vuelto a manifestarse. En realidad, calificarla de “estudiantil” es una injusticia doble. Primero, porque casi con toda seguridad quienes la vienen practicando hace ya muchos años, no son efectivamente alumnos de los establecimientos en que se manifiesta y, segundo, porque aunque algunos lo fueran, la condición de estudiante es absolutamente incompatible con el ejercicio de la violencia. O se estudia o se lanzan molotovs.

Una reacción frecuente ante los gravísimos incidentes que protagonizan los overoles blancos y sus colaboradores es ¡que se haga cargo el Estado! ¡que la Municipalidad administradora tome las medidas del caso! Y cuando los incidentes –que los ha habido alguna vez– han tenido lugar en algún colegio particular subvencionado, la queja se ha expresado en un ¡que se haga cargo el sostenedor!

Sin duda, tanto las municipalidades como los sostenedores, tienen que ejercer las facultades de que están investidos, pero eso no debe descargar a los padres y apoderados de los deberes que tienen en la materia. Si se insiste tanto en que los padres son los primeros educadores y en la necesidad de resguardar ese derecho en el nivel constitucional y hacerlo operativo en el plano legal, ese énfasis no debe ocultar el deber correlativo que obliga a los padres a involucrarse activamente en la formación de sus hijos. Y, ciertamente, ese deber se hace muy evidente cuando el ambiente formativo de los jóvenes se hace imposible por el ejercicio de la violencia. No es coherente que los padres invoquen su derecho a escoger el establecimiento para sus hijos y, después, priven a los colegios y liceos en conflicto de su colaboración en los momentos de crisis.

No se nos oculta que estamos hablando de padres y madres con cargas fuertes de trabajo, con problemas familiares, económicos y conductuales en sus propias casas, pero nada de eso exime a esos adultos del deber de involucrarse abiertamente en las situaciones que ponen en peligro extremo la formación de sus hijos. Todos tienen el derecho de cambiarlos de colegio si ven que ya no es posible mantenerlos en un determinado establecimiento, pero en la medida en que sus hijos estén vinculados a un colegio, tienen el deber de colaborar en la solución de los conflictos.

Por supuesto, a los colegios y liceos les debiera interesar una alianza con los padres y apoderados, que les permita enfrentar adecuadamente las situaciones más graves. Hay dos instrumentos poco explorados para conseguir esos objetivos.

Por una parte, las Escuelas de padres, gestionadas por los mismos establecimientos, pero dirigidas por entidades ajenas a los colegios, para que no haya un doble vínculo en la relación con los padres. Una Escuela de padres solo dará frutos con el paso de los años… pero los dará. Y, por otra parte, el Encargado de padres y apoderados, un directivo del colegio que sea el nexo directo con el Centro de padres y con los padres delegados de cada curso, para que el Director del establecimiento no tenga que desgastarse en esa tarea.

Son dos modos de generar compromiso, alianza y responsabilidad paterna. Y también por supuesto, de detectar a aquellos padres que son, no lo ocultemos, los activistas que a través de sus hijos generan la violencia.

La fuerza del cambio

Por Rodrigo Ojeda 

Antofagasta. 18 de agosto del presente. La pampa y el viento nortino, un camión y el recuerdo del camionero asesinado. Kast descendió convencido de su tercera candidatura presidencial. El rival es el continuismo comunista, el brazo izquierdo de Boric. La heredera es “más de lo mismo”. “No vinimos a administrar la decadencia” ni las crisis. Chile está agobiado y atrapado “en un ciclo de decadencia”. Las urgencias son: la seguridad, los problemas sociales y el resguardo de las fronteras. “Vamos a impulsar el cambio radical que Chile necesita” para revertir el legado de “un mal gobierno”. Sabemos que la izquierda va a utilizar todos los medios y recursos “para mantenerse en el poder” e “intentar destruirnos”. Es el tercer intento presidencial. Derrotado por Boric en 2021, señaló: “somos pequeños servidores de una causa mucho mayor”. Kast ha resaltado la importancia de recorrer todos los rincones de Chile y escuchar para reconstruir y recuperar. “Los necesitamos a todos unidos”. “Súmate a la fuerza del cambio”.

Abogado y diputado, hombre de fe y gremialista. Fundador de Acción Republicana (2018) y del Partido Republicano de Chile (2020). Están inspirados en la justicia social, la economía social de mercado y en una sociedad libre y responsable con desarrollo material y espiritual. Contrarios al terrorismo ideológico y la agitación social a través de la violencia como “medio legítimo para alcanzar el poder”. “Somos la fuerza del cambio”. La fuerza es indispensable, distintiva y necesaria ante la violencia profesada por la izquierda octubrista e insurreccional. El cambio es el camino para evitar el abismo del continuismo representado por la comunista Jara. Junto a sus equipos han diagnosticado, presentado bases programáticas y planes para las urgencias. Los síntomas de la crisis son el miedo, la inseguridad, la frustración y la decadencia. “La historia se repite”, es un fantasma real que espanta el desarrollo de las personas, “se nota un malestar”. “El presente no es satisfactorio y el porvenir aparece entre sombras que producen intranquilidad”. “Señalar el mal es hacer un llamamiento para estudiarlo y conocerlo y el conocimiento de él es un comienzo de la enmienda”. Kast recordó a Mac Iver con su diagnóstico de antaño. Palabras centenarias y vigentes sobre la crisis moral de la República (1900).

“Vamos a hacer un cambio radical”. Entregaremos un apoyo irrestricto y sin complejos a las policías y a las fuerzas armadas. No hay libertades sin orden ni límites. “Estamos en una emergencia”. Vamos a combatir la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. “La violencia avanza sin detenerse”. Necesitamos la fuerza y levantar a Chile. Trabajar por los chilenos es una tarea de todos porque las crisis son reales. No vamos a regularizar a los ilegales. Necesitamos un cambio radical en salud, educación, seguridad, crecimiento y trabajo. “El drama de las listas de espera” es real y nadie marcha. En Educación nos quitaron los patines y establecieron una tómbola burocrática. El Estado ha fracasado de la mano de la mediocridad, indolencia y la inoperancia. “No vamos a apitutar a nadie”.

“Este es un llamado de emergencia”. Necesitamos al campo, a los trabajadores, las mujeres y a los jóvenes. Chile necesita un escudo material y espiritual para renacer. Desde el norte, con un discurso y parsimonia, el candidato ha dado el primer paso a La Moneda. Los equipos están desplegados. Kast sabe que no es fácil derrotar a la izquierda, al gobierno y las consignas del comunismo. “Es un llamado a todas las fuerzas de Chile”. La apuesta presidencial republicana requiere de respaldo parlamentario. El Partido Republicano ya inscribió a 65 candidatos a diputados y 12 al Senado. Además, estableció un pacto parlamentario con las otras derechas. La tercera es la vencida.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Pinguïno el domingo 24 de agosto de 2025.

Es bueno recordar

  https://youtu.be/qqie0Vc5vgs

El “legado” que Chile debe rechazar

Por Álvaro Pezoa Bissières 

El gobierno llegó con la promesa de un nuevo Chile: ético, justo y transformador. Tres años y medio después, hay un país más corrupto, pobre y desconfiado de sus instituciones. La distancia entre oferta y cumplimiento es abismante; más todavía, evidencia un fracaso político gigantesco.

En seguridad, el crimen organizado ha avanzado como nunca. Las cifras de homicidios alcanzan máximos y las fronteras del norte siguen siendo un pasadizo para bandas narco transnacionales. La estrategia al respecto ha sido una mezcla de negación e improvisación; y la reacción –tardía y débil– ha sido, principalmente, efecto de la presión ciudadana que forzó a reconocer la magnitud del problema.

La inmigración irregular alcanza varios cientos de miles de personas en situación ilegal, produciendo creciente tensión social y colapso en servicios públicos. Las expulsiones anunciadas han sido mínimas, quedan en anuncios.

En economía, el estancamiento es inocultable: crecimiento raquítico, inversión privada cayendo y empleo formal empantanado. El Banco Central advierte de la pérdida de competitividad, mientras el gobierno insiste en discursos ideológicos que espantan capitales.

La educación vive su peor crisis desde el retorno a la democracia: violencia en los liceos, niños sin matrícula, abandono escolar creciente y un plan de recuperación de aprendizajes que no da frutos. En salud, las listas de espera superan el millón de atenciones y la reforma propuesta no avanza. En vivienda, el compromiso de 260 mil soluciones habitacionales enfrenta sobrecostos, retrasos y ejecución bajo lo comprometido. En el ámbito de la cultura, de tanto alarde por la izquierda al poder, la imprevisión ha derivado en polémicas y proyectos sin ningún impacto positivo real. Y más.

Pero el deterioro no es solo por incompetencia: la corrupción y la mentira se han convertido en sellos del período. Casos como Democracia Viva y otras fundaciones revelaron un sistema de favores políticos y uso indebido de recursos públicos. En el “caso Monsalve”, el “feminismo” tan presumido, fue abiertamente ultrajado. La respuesta del Ejecutivo fue siempre minimizar, relativizar o encubrir hasta que la insistencia de los medios de comunicación hizo imposible seguir callando. La transparencia ofrecida quedó enterrada bajo explicaciones falsas y evasivas.

En este contexto, aparece Jeannette Jara como “heredera” de la administración Boric. Ministra, rostro visible y defensora férrea del gobierno, Jara no representa un cambio de rumbo, sino la certidumbre de que este “modelo” de negligencia, deshonestidad, relato engañoso y decadencia seguirá vigente.

Respaldar su continuidad es aceptar que el país siga sumido en la degradación. Chile necesita recuperar una gestión profesional, la verdad como principio político y la eficacia como obligación moral.

El “legado” que Boric deja —y que Jara quiere prolongar— no abre esperanzas, augura penurias. Si el país quiere un futuro mejor, aquello que le pretenden heredar es precisamente lo que debe rechazar y superar.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el lunes 11 de agosto de 2025.

El poder mal entendido

Por Karin Ebensperger 

En Chile, los liceos y escuelas públicas siempre fueron el núcleo de la transformación social y la formación ciudadana. Pero se han maltratado a tal punto el Instituto Nacional y otros símbolos de la educación pública, que hoy son pálido reflejo de lo que antes simbolizaban.

Sin embargo, en Santa Cruz, Colchagua, me volvió el alma al cuerpo. Fui invitada a dar una conferencia al Instituto Regional IRFE, y conocí lo que es un ejemplo para el país. Sus 1.800 alumnos ordenados, con sus uniformes perfectos, haciendo preguntas inteligentes. Después, conversando con su director, sus profesores y los alumnos que se nos acercaban, vi lo que es la real vocación por la docencia y las ganas de aprender de esos jóvenes de familias de esfuerzo.

La esencia de Chile —quiero creer— aún está viva. El alma original que creó instituciones en esta tan lejana tierra, que organizó pueblos y ciudades en vez de destruir, que se levantó una y otra vez de terremotos, inundaciones, volcanes y sequías, ese Chile existe aún.

En el estallido social siempre pensé: pueden devastar lo material, pero no pueden demoler nuestra esencia. La destrucción fue tremenda y hasta hoy no se repara el centro de Santiago y de otras ciudades, ni vuelven Baquedano y el Soldado Desconocido a su lugar, y aún no nos explican quién incendió tantas estaciones del metro. Pero lo cierto es que el 62% rechazó que nos impusieran un país dividido, multinacional, sin Senado, con carabineros y FF.AA. disminuidos y, sobre todo, se impidió un triunfo sicológico sobre los símbolos e instituciones de Chile.

Sin embargo, los abusos y la corrupción proliferan. El país es más pobre, el narcotráfico y las mafias logran infiltrarse, y la educación está mucho peor. Hay una mayoría de chilenos que busca paz, seguridad y progreso, pero para eso se necesita, ante todo, mejorar el servicio público. No puedo comprender por qué quienes tienen influencia y poder, quienes están en La Moneda, en el Congreso y en los muchos cargos políticos, en los 25 ministerios (un exceso, Francia tiene 17), no ven que los chilenos han sufrido mucho, que los empleos y sueldos están peor que hace pocos años, cuando Chile avanzaba. No logro entender cuál es la transformación que sufren en la cabeza quienes obtienen los cargos y luego ignoran al país real. Cómo es posible que crean merecer los estupendos sueldos que reciben del Estado —con esa desidia no los obtendrían en el mundo real— sin considerarlos un incentivo para dar lo mejor de sí con honestidad. Desaparecen enormes recursos destinados a los más necesitados.

En año de elecciones, habrá que oír atentamente a los candidatos a la Presidencia y al Congreso, y elegir a los que realmente argumenten con conocimiento cómo ganarles al terrorismo, a las incivilidades y, sobre todo, a la actitud de servirse del poder.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el viernes 25 de julio de 2025.

“Comportamiento estratégico”

Por Gerardo Varela

Un sabio dijo que un eufemismo es un diseño humano para esconder los horrores de la realidad. Así, en vez de decir que alguien murió, preferimos decir “pasó a mejor vida”. Los comunistas han sido siempre expertos en el arte de cambiar el lenguaje. Al muro de Berlín que encerraba a los alemanes orientales le denominaban la muralla antifascista, porque la presentaban como una mera ofendícula de protección contra la invasión capitalista y no como un muro penitenciario que evitaba la fuga de sus ciudadanos. La especialidad comunista está en minimizar sus ofensas y maximizar las que sufren, así ellos no asesinan, sino que ajustician, y cuando son ellos las víctimas no sufren de violencia, sino que padecen un genocidio.

Orwell, tras su conversión desde el comunismo que se produjo cuando los conoció en la guerra civil española, en su libro “1984” denunció la práctica totalitaria comunista de distorsionar el lenguaje, creando lo que denominó la “neolengua”, donde una entidad estatal le cambiaba nombre a todo para edulcorar la mentira y la violencia. Por eso la candidata Jara, una bien entrenada militante comunista, para referirse a la dictadura cubana habla de “una democracia diferente” y a la expropiación de la minería la denomina “nacionalización” y cuando los periodistas le enrostran que apoyó los retiros previsionales, los acusa de ser muy literales.

Este lenguaje ha invadido nuestra vida cotidiana y modificado el lenguaje para hacerlo menos claro. Así, un vagabundo se transformó en una persona en situación de calle; un cesante, en una persona en búsqueda de empleo, y a nadie lo echan de la pega, sino que lo desvinculan.

En la comisión de Educación de la Cámara de Diputados esta semana, a propósito de la discusión del caro, injusto e innecesario proyecto de reemplazo del CAE denominado FES, al ministro de Educación le representaron el problema de los cientos de chilenos que falseaban sus datos económicos para calificar para la gratuidad universitaria. Él contestó que efectivamente se había detectado un “comportamiento estratégico” de parte de ciertas personas para acceder a un beneficio que de otra manera no tendrían. En castellano, personas que mienten para robarles a los chilenos que pagan sus impuestos, nuestro ministro comunista lo denomina “comportamiento estratégico”. Por supuesto planificar un robo supone cierta estrategia, pero cuando un grupo de facinerosos roba un banco, no los perseguimos por tener un “comportamiento estratégico” inadecuado, sino que por ladrones.

Uno de los problemas de Chile es la pérdida del sentido de autoridad. Entre otras razones, porque no decimos las cosas por su nombre. Los miles de funcionarios públicos y cientos de doctores que les roban a todos los chilenos cobrando sueldo al Estado con licencias médicas falsas, mientras andan de vacaciones o en el casino, no están teniendo un “comportamiento estratégico”, están robando y por eso deben ser despedidos sin segundas oportunidades, como gentilmente le concedió a uno de ellos el director de bibliotecas, gentileza que por supuesto hace con plata del resto de los chilenos. Así no cuesta nada ser misericordioso.

Y este “comportamiento estratégico” se produce en todo orden de cosas. El ministro Elizalde incumpliendo sus deberes legales tratando que no voten los extranjeros; el ministro Marcel en Sofofa, mostrando un PIB per cápita trucho usando como base las personas económicamente activas (menores y mayores valen hongo para el ministro); el Gobierno persiguiendo a la mina Dominga, para encubrir las especulaciones inmobiliarias de la familia de Bachelet so pretexto de proteger el medio ambiente; el FES creando un impuesto inconstitucional para los egresados universitarios, y suma y sigue. Vivimos en una suerte de espejismo, donde el Gobierno demuestra una excelencia encomiable en una sola disciplina: disimular su incompetencia y su elusión constitucional detrás de una nube semántica.

Para que exista una convivencia lingüística civilizada, hay dos extremos del lenguaje que deben evitarse. Los eufemismos extremos que impiden llamar a las cosas por su nombre, como las que hemos referido más arriba, y la extrapolación hiperbólica de expresiones triviales para crear amenazas donde no existen, como asumir que el acto normal del Poder Ejecutivo de gobernar por decreto dentro del margen de la ley sea interpretado como una suerte de gobierno de facto que prescindirá del Congreso en aquellas materias que le corresponde legislar.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el domingo 17 de agosto de 2025.

UNA DICTADURA LEGÍTIMA Y POPULAR

El diccionario oficial de la lengua castellana, el de la Real Academia, dice que “dictadura” es “un gobierno que, bajo condiciones excepcionales, prescinde de una parte, mayor o menor, del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad.” En otra acepción de la palabra, añade: “Gobierno que en un país impone su autoridad violando la legislación anteriormente vigente”.

De acuerdo con ambas definiciones, el régimen militar fue una dictadura hasta 1981, de acuerdo con la primera. Pero, de acuerdo a la segunda acepción, removió a otra dictadura, el régimen de Allende, que violó sistemáticamente la legislación entonces vigente.

Desde 1981 el régimen gobernante no fue una dictadura, sino un gobierno democrático, elegido por el pueblo en el plebiscito constitucional de 1980, en que se votó como Presidente por Augusto Pinochet por un período de ocho años.

En consecuencia, la dictadura militar 1973-1980 existió para liberar al país de una dictadura marxista. ¿Puede ser ilegítimo un régimen que remueve a otro devenido ilegítimo?

El presidente del Colegio de Abogados en 1973 tuvo preocupación por definir jurídicamente el punto que hoy tanto se debate. Era el jurista DC Alejandro Silva Bascuñán, y se preocupó de publicar una separata de la Revista de Derecho y Jurisprudencia estableciendo que la autoridad militar que había removido a Allende era un gobierno “legítimo”. Luego, quienes hablen de “gobierno legítimo” tienen tanto fundamento como quienes lo llaman “dictadura”, pero esto último sólo entre 1973 y 1980.

Es decir, ésa fue una “dictadura legítima”, porque tuvo como misión remover a otro régimen devenido ilegítimo. Así lo explicó el Colegio de Abogados de la época. 

El régimen de Allende había devenido en ilegítimo, según la Real Academia, por haber “violado la legislación anteriormente vigente”. Eso lo dejó establecido el Acuerdo de la Cámara de Diputados, perfectamente constitucional, adoptado en una votación democrática y que se ciñó estrictamente al art. 39 de la Constitución entonces vigente.

Luego, la dictadura militar de 1973-1980 era legítima. Y además era popular. Eso lo confirmaban todos los sondeos de la época. Podrá objetarse que el régimen tenía más acceso y control de medios de comunicación que sus opositores. Pero eso era así por decisión de los dueños de los medios. Por ejemplo, El Mercurio y La Tercera eran partidarios del gobierno militar, no por imposición de éste, sino como consecuencia de que sus dueños, las familias Edwards y Picó Cañas, respectivamente, eran partidarias del gobierno militar.

Y este último, además, toleraba medios de comunicación adversos, como los diarios Fortín Mapocho y La Época. Con el tiempo y la plena democracia éstos desaparecieron. Aquéllos no.

En cuanto a las revistas, las de oposición eran más que las de gobierno: Punto Final, Cauce, La Bicicleta, Análisis, esta última de marcada tendencia marxista-leninista.

Y la radio de más audiencia era opositora: Cooperativa. Los canales de TV eran el estatal, TVN, tal como hoy, partidaria del gobierno. El Canal 13 lo era por orientación de su respectiva dueña, la Universidad Católica. Lo mismo el de la Universidad de Chile.

Como la dictadura era popular, ganó los plebiscitos y consultas a que convocó, en 1978, 1980 y 1989. Sólo perdió el de 1988, mediando una millonaria intervención extranjera. Pero a partir del segundo de los cuales dejó de ser dictadura, porque el pueblo eligió al gobernante.

Es decir, dentro de todo, la dictadura era más bien, como acertadamente alguna vez dijo el propio Pinochet, una “dictablanda”. Y yo estoy seguro de haber leído en la crónica de El Mercurio en los años ’80 que el mismísimo Patricio Aylwin declaraba no considerar al gobierno como una dictadura. Pero tengo que ubicar la publicación, cosa que no he tenido tiempo de hacer en los últimos 35 años. (Espero que alguien lo haga.) De que lo leì, lo leí.

Es decir, en el debate de estos días todos, en un momento u otro, han tenido parte de la razón.

martes, 26 de agosto de 2025

MUERTES EVITABLES E INEVITABLES

Un sereno analista de la actualidad política afirma que la caída de Evelyn Matthei en las encuestas se debió a que declaró que el 11 de septiembre de 1973 había sido inevitable que hubiera muertes. En realidad, todos los analistas son de la misma opinión.

Pero parece indiscutible que Evelyn Matthei sólo dijo una verdad muy fácil de probar: si hubo un poder público que conminó a los militares a poner término a un régimen y éste había organizado grupos armados para no sólo defenderse sino tomar el poder total, y los militares acogieron el llamado político civil, es de Pero Grullo que el enfrentamiento de ambos contingentes armados debía dar lugar inevitablemente a muertes en ambos bandos. 

Por cierto, cualquier podía anticipar que los caídos de la guerrilla de izquierda iban a ser más que los de las tropas profesionales. De hecho, el Informe Rettig dijo que entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973 cayeron alrededor de 1.800 personas, unas mil quinientas del bando de la guerrilla y unos 300 uniformados.

Por cierto, entre todas ésas hubo muertes evitables. Los muertos a manos de carabineros del retén de Lonquén fueron evitables, si los primeros hubieran cumplido su deber de respetar la vida de los presos.

La muerte de carabinero Fabriciano González Urzúa a manos de guerrilleros que disparaban desde una industria textil fue evitable, porque aquél sólo auxiliaba a un camarada herido y procuraba arrastrarlo a un lugar seguro. Por su heroísmo hoy la Escuela de Suboficiales de Carabineros lleva su nombre. Su muerte heroica fue evitable.

También fue evitable la de una veintena de asesores y funcionarios de La Moneda, a quienes alguien ordenó fusilar en las instalaciones de un regimiento en Peñalolén el mismo 11.

Pero, en general, era inevitable que hubiera muertos. El problema reside en que la izquierda ha sido mucho más exitosa en condenar el 11 de septiembre que la derecha en defender su necesidad e inevitabilidad.

Los militares ganaron la guerra el extremismo marxista en toda la línea y por eso, al dejar el poder, se condecoraron justificadamente con la medalla “Misión Cumplida”. Habían recibido de los civiles un país en ruinas y les habían devuelto otro próspero y que estaba a la cabeza de América Latina.

Ganaron la guerra a la subversión y al terrorismo de izquierda, pero perdieron la posguerra propagandística. Los sectores de derecha, copartícipes del éxito y que tenían la obligación de defender el legado. no lo hicieron. Algunos incluso traicionaron a los militares, pasándose en su mayoría al bando de los que hoy los persiguen y condenan.

Por eso Evelyn Matthei dice una verdad irredargûible, pero cae en las encuestas. Porque en Chile el relato mata al dato y aólo una minoría es capaz de defender la verdad.

NADIE ALZA LA VOZ

Por Humberto Julio Reyes

En años recientes y en más de una oportunidad, he leído esta frase en cartas que circulan en redes sociales, al referirse quien la usa, a la supuesta ausencia de opiniones que apoyen una mirada humanitaria respecto a personas de avanzada edad y quebrantada salud que cumplen penas de prisión.

Es natural que otras prioridades copen la agenda noticiosa o que no exista unanimidad para abordar este tema, en particular cuando ello afecta a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, no me parece que pueda sostenerse que “nadie alza la voz”, a menos que quien lo expresa pretenda erigirse en el único que sí lo hace.

El Mercurio de hoy, 22 de agosto, permite justamente desmentir esa pretendida ausencia, al ofrecernos una columna y una carta que sí “alzan la voz” y, en el caso de la segunda, recordarnos los nombres de personas que sí lo han hecho anteriormente y que tienen el doble mérito de no formar parte precisamente de quienes fueron partidarios del gobierno militar o incluso de ubicarse entre quienes estiman que sus derechos fueron atropellados y fueron víctimas de su represión.

Así que, sin ánimo de generar controversia, deseo agradecer a todos los que han alzado la voz, no para pedir impunidad, pero sí para pedir justicia con humanidad, aunque hasta la fecha no hayan sido exitosos.

No resta mérito abogar por las causas más difíciles de ganar, especialmente cuando se intenta poner en evidencia una realidad ignorada deliberadamente por algunos por o comodidad por la mayoría.

He resistido la tentación de nombrar a quienes recuerdo, desde connotados hombres públicos, dedicados profesionales o simples particulares, hasta llegar a quienes, en la actualidad, promueven iniciativas legales tendientes a permitir que seres humanos, privados de libertad y hacinados en penales que no cuentan con las condiciones para brindarles la atención que requieren, puedan vivir sus últimos días en sus hogares.

La sola omisión de alguno de ellos sería inexcusable, mas espero llegue el día en que públicamente se les pueda reconocer por su contribución a reconciliarnos, aunque sea en este acotado y reducido ámbito.

Finalizo reproduciendo un párrafo de la aludida carta:

“Es un exceso intentar reducir la moral política a la sola búsqueda de la justicia, o reemplazar a los políticos por los jueces, o intentar crear un mundo donde toda amnistía, cualquiera que sea, constituye una falla moral.”

Ya lo ve quien se cree la voz solitaria, no está tan solo.

23 de agosto de 2025

Desde punta Peuco:

En Argentina:

¡¡¡Cuidemos nuestra soberanía!!!

Hay ministros del PJ que la atropellan y el sistema lo está permitiendo. ¡¡¡Basta!!!

La inaplicabilidad de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la determinación de la responsabilidad penal, a propósito de la sentencia Rol n° 113.089 (Caso “El Polvorín”)

El texto sostiene que la aplicación directa de los estándares normativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en causas de derechos humanos dentro de Chile resulta improcedente cuando estas no han sido sometidas a su jurisdicción. Se argumenta que, conforme a los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), corresponde aplicar el Derecho penal interno, respetando sus principios y reglas propias, sin ceder la soberanía jurídica al sistema interamericano, salvo en casos de ineficacia probada del ordenamiento nacional. La crítica se centra en una sentencia específica que, según el texto, transgrede este principio, priorizando estándares internacionales por sobre el Derecho penal chileno.

26 de agosto de 2025

Las normas de los artículos 1.1. y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH), permiten sostener que no son aplicables en Chile -en la investigación y juzgamiento de causas por DDHH- los criterios o estándares normativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), cuando estos procesos no han sido sometidos a esa jurisdicción internacional y, respecto de Estados Parte que sí son capaces de garantizar por medio de sus reglas jurídicas los derechos y libertades que consagra la CADH.

En consecuencia, frente a la tramitación en sede nacional de una causa de DDHH, el conflicto jurídico debiera ser resuelto siempre a nivel local, por la vía de la interpretación de ese Derecho interno, que está disponible para ser aplicado en armonía con los principios más básicos del orden jurídico penal-liberal chileno. No hacerlo, aduciendo la incapacidad del Derecho nacional para resolver el conflicto, está en pugna con la regla del artículo 2 de la CADH, que contiene un elemento objetivo que es la “subsidiariedad” de su aplicación, por lo que prima facie, resulta obligatoria su consideración al momento de investigar, juzgar y fallar una causa de DDHH bajo un sistema jurídico consolidado, que sí cuenta con un entramado legal que satisface el enunciado axiomático del artículo 1.1. de la CADH; siendo este precepto del artículo 2 también coherente con el reconocimiento soberano que realiza la propia CADH respecto de las leyes de los Estados Parte que reconozcan el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad (art. 29 letra b).

En efecto, la sentencia dictada por el Sr. Ministro de Fuero don Álvaro Mesa Latorre y que fue objeto de una querella por un eventual delito de prevaricación culposa -recientemente declarada admisible por la ICA de Valdivia- además de los graves yerros jurídico-argumentativos que tiene este fallo y que explica en detalle el libelo, también contrasta con el sentido y alcance de la propia CADH, que en los artículos 1.1 y 2, consagra primeramente el respeto por los Estados Partes de los derechos y libertades reconocidos en ella y la garantía de su libre y pleno ejercicio para toda persona que esté sujeta a su jurisdicción; y en el numeral segundo, se establece la aplicación subsidiaria de la CADH cuando los Estados Partes no garanticen por medio de sus ordenamientos los derechos y libertades a que se refiere el artículo 1.  

Ahora bien, cuando la sentencia objeto de la querella, amparándose precisamente en los artículos 1.1 y 2 de la CADH y actuando bajo el influjo del concepto jurisprudencial de la “obligación de investigar” derivado de la CIDH -que no es sinónimo de “obligación de castigar”- pone énfasis en la necesidad -por medio del razonamiento judicial- de encontrar una “nueva regla” que recoja el estándar normativo en DDHH con el fin de entregar una solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares (una suerte de modelo automático de imputación penal), lo que está haciendo es tomar una postura precisa y determinada respecto a la forma de llevar las investigaciones por causas de violaciones de DDHH, consistente en someterse a dicho estándar normativo internacional en detrimento de las reglas del derecho interno, tanto para investigar (en el rol de fiscal) como para juzgar y fallar (en el rol de juez), gracias al sistema inquisitivo.

Así las cosas, el problema es que esta errada forma de razonar prescinde del carácter subsidiario de la CADH (a lo que se agrega que la causa Rol n° 113.089 ni siquiera ha sido sometida a su jurisdicción), y aplica la Convención en calidad de fuente principal, pasando por sobre el Derecho interno, porque el propio juez querellado en su fallo no reconoce la eficacia de nuestro orden penal y sus principios (como la tipicidad y participación) para resolver estos “dilemas jurídicos y sociales” que plantean las causas de DDHH, según expresa en su sentencia (cons. 164°, de fs. 1.362) -descartando incluso la aplicación de la teoría de la imputación objetiva para los efectos de determinar la participación (cons. 129°, de fs. 1.160)–, aun cuando el ordenamiento jurídico chileno sí consagra expresamente el principio de legalidad-tipicidad penal, a nivel constitucional (art. 19 n° 3 Carta Política) y, legal, porque nuestro estatuto punitivo (en adelante CP) sanciona una acción u omisión, dolosa o culposa (arts. 1 y 2 CP); porque el “hecho típico” que circunscribe la intervención delictiva es el que principia con el comienzo de la tentativa (art. 7 CP), y en el caso de los delitos de resultado (y de mera actividad con resultado de muerte, como ocurre en la especie con los apremios ilegítimos), concluye con la producción del resultado típico o consumación (arts. 150 n° 1 y 391 n° 2 CP); estableciendo tres tipos de responsabilidad (art. 14 CP), bajo la figura de la autoría (art. 15 CP); de la complicidad (art. 16 CP) y del encubrimiento (art. 17 CP); y donde las aguas de la autoría y participación están separadas por los principios de convergencia, accesoriedad, exterioridad y comunicabilidad o incomunicabilidad; sin perjuicio de la consideración obligada de las demás disquisiciones que la doctrina y jurisprudencia nacionales han hecho en relación a dichas normas para el objeto de enriquecer su contenido, particularmente, respecto de aquella que regula la complicidad (p. ej. exigir que el incremento del riesgo causal para el resultado derivado de la causalidad del aporte del cómplice, no resulte ser una condición necesaria y suficiente, requiriendo además, desaprobación jurídica (dolo del cómplice), o reclamar la exterioridad y el aprovechamiento del aporte por el autor, penalizando la complicidad de tentativa pero no la tentativa de complicidad, o descartar la complicidad psíquica, cuando se traduce en una “mera presencia” del partícipe, especialmente, cuando no existe modificación externa alguna del hecho que pueda explicarse en términos causales por la aportación fortalecedora del cómplice, etc.).

De hecho, y de acuerdo a lo ya anunciado ut supra, el yerro en el razonamiento del querellado queda aún más en evidencia si añadimos que la CADH en su artículo 29 mandata: “Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno…”.

Por consiguiente, el actuar del querellado como si fuera un ministro de la CIDH y no un juez de la República de Chile, aplicando criterios y estándares internacionales ajenos, al margen de la tipicidad y las reglas de participación reconocidas por nuestro Derecho, y repetimos, a pesar de que la causa Rol n° 113.089 no ha sido sometida al conocimiento de la CIDH, choca con el espíritu de la propia CADH, que no autoriza un comportamiento de esta naturaleza.

Actualmente, un fiscal regional tendrá la oportunidad de estudiar un expediente construido al amparo del viejo proceso penal inquisitivo y secreto de 1906, e impregnado por una visión de la justicia alejada de los principios del Derecho penal liberal (y que nuestro ordenamiento jurídico expresamente recoge). La comparación con el actual proceso penal y sus principios e instituciones será inevitable, sobre todo, frente al análisis de la conducta de quien primero tuvo la carga de probar y luego, también de fallar en base a esas probanzas.

Carla Fernández M.

Abogada, Derecho Penal-Penitenciario

https://www.diarioconstitucional.cl/cartas-al-director/la-inaplicabilidad-de-los-criterios-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-en-la-determinacion-de-la-responsabilidad-penal-a-proposito-de-la-sentencia-rol-n-113-089-caso-el-po/

Muere vigilante de empresa forestal en nuevo ataque en La Araucanía

 Hay otra persona herida

El hecho se registró en la intersección de las rutas CH 181 y R-283 de la comuna de Victoria. 24 de Agosto de 2025 | 07:48 |

Redactado por Marcelo Silva,

Emol Carabineros.

Un vigilante forestal falleció en la noche del sábado en medio de un ataque que tuvo lugar en la comuna de Victoria, La Araucanía.

NOTICIA RELACIONADA Nuevo ataque incendiario en La Araucanía: Encapuchados armados quemaron cinco máquinas forestales

Según información preliminar entregada por Carabineros, el atentado de desconocidos ocurrió en la intersección de las rutas CH 181 y R-283 de la comuna de Victoria, quienes dispararon contra el automóvil donde se desplazaban los dos afectados.

El general Cristian Mansilla señaló que “hubo un procedimiento en el sector de Selva Oscura, lamentablemente hay una persona fallecida y otra persona que está lesionada en el Hospital de Victoria”. “Por el momento es muy prematuro referirse respecto a la dinámica, todo es que no existen por el momento elementos evidenciales de juicio que nos permitan precisar algo de esa naturaleza. Ahora, no obstante, el fiscal del Ministerio Público dispuso que las pericias y el proceso investigativo sea realizado por personas de la Labocar y OS9”, añadió.

Los afectados, incluyendo el fallecido, son trabajadores de CMPC. “Esta noche hemos sufrido un violento ataque en la comuna de Victoria, resultando como ello un ataque donde se vieron afectados dos trabajadores nuestros que prestan servicio de vigilancia, en una faena forestal en la comuna de Victoria, resultando uno de estos trabajadores fallecidos y el segundo con heridas muy graves y está siendo tratado en el Hospital de Victoria”, dijo Ignacio Lira, gerente de Asuntos Públicos de la CMPC.

Desde la CMPC confirmaron a 24 Horas que el fallecido se trata de Manuel León Urra, de 60 años. Mientras que el herido de gravedad es César Osorio, de 50 años. “Ellos trabajan en una camioneta, se desplazan por fundos, por rutas”, agregó Lira.

Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2025/08/24/1175887/muere-guardia-empresa-foresta-victoria.html

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Enrique Slater @slater_enrique

Un chileno asesinado y otro herido, en nueva acción terrorista. En esta ocasión, como en otras, los asesinos buscaron claramente, matar. Los esfuerzos del gobierno, han sido inútiles, el terrorismo sigue avanzando. Tantas muertes inocentes claman acciones efectivas. Es urgente.

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Enrique Slater @slater_enrique

“Extraña” situación. Provoca terror, pero no es terrorismo. Las características del asesinato e intento de asesinato, clasifican como terrorismo. Otra cosa, es que el gobierno por repercusiones políticas, rehuse calificarlo como tal . Primero están las personas y su protección.

ME DA PENA CHILE

Escribe Hermógenes Pérez de Arce

Termino de leer los diarios de hoy y me da pena Chile. Un país engañado. Un país enajenado. Vive fuera de la verdad. Sin saberla. Y por eso es capaz de cualquier despropósito.

Pero no sólo Chile está engañado. También el mundo desconoce la verdad con respecto a Chile. Tanto que hoy aparece una inserción de la Corte Interamericana de DD. HH. que lo prueba. Es inverosímil (para quienes sabemos la verdad, toda la verdad, porque nos hemos dedicado a eso.) El destacado aviso notifica a una larga lista de exmilitares presos de que, en los juicios en su contra, no se debe aplicar la llamada “media prescripción”.

Ese aviso es casi un chiste cruel. ¿Qué le importa a Miguel Krassnoff que le apliquen o no la media prescripción en algunos juicios, si está ya hace más de treinta años preso a raíz de procesos viciados, en que lo han condenado a más de mil años, contra la ley expresa, faltando a la verdad y por un delito que no existe?

Porque lo está por “secuestro”, delito que no pudo cometer, pues, de acuerdo con el tenor literal del párrafo 2 del título III del Código Penal, el secuestro está tipificado sólo respecto a “particulares”. Y él, como militar en servicio, no era un “particular”.

Pero, además, nunca se ha sabido de persona alguna que estuviera secuestrada permanentemente (es decir, hasta hoy) por exmilitares.

Nunca ningún juez lo probó ni podría probarlo. Y para derrotar la presunción de inocencia de cualquiera el juez debe probar la existencia del delito y la responsabilidad del imputado en haberlo perpetrado.

Es que fue sólo un truco de un juez de extrema izquierda que lo “inventó”. Su nombre: Alejandro Solís, que lo usó para eludir las leyes de amnistía y prescripción. Lo reconoció, públicamente, ante mí, en 2015, en el programa de TVN “El Informante”. Confesó que había recurrido a una “ficción jurídica”, como la llamó, y que no era jurídica, por supuesto. Para aclarar más las cosas expresó: “No digo que ésa fuera la realidad”. ¡Una justicia penal de fantasía! Pero que privaba de su libertad a centenares de exmilitares.

Además, nunca nadie pudo decir que hubiera habido efectivamente algún secuestrado en poder de algún condenado, como aseveraban las sentencias judiciales “creativas”, que la Corte Suprema refrendaba y refrenda hasta hoy. Esto es fantasmagórico.

Pero en el hecho sirve para sustraerle muchos millones de pesos anuales al erario, a título de indemnización por secuestros que no existen.

La Corte Interamericana dice que no se puede aplicar la media prescripción (que en el hecho no es eso, sino una reducción de la pena) a un delito que no existe, pero ha sido usado para meter presos a más de 500 exmilitares, de los cuales más de cien han muerto. ¿Cómo no va a dar pena un país en que eso sucede y prácticamente nadie dice ni hace nada al respecto?

Leo en el mismo diario la columna del rector Carlos Peña. Critica al empresario Juan Sutil, que ha incursionado en política, por no haber sido suficientemente condenatorio de “la dictadura”, término con el cual casi todos, sólo después de 1990, se empezaron a referir al gobierno que salvó a Chile del comunismo y lo convirtió en “la joya más preciada de la corona latinoamericana” según lo describía Bill Clinton en carta a Eduardo Frei Ruiz-Tagle en los ’90.

Peña le enrostra a Sutil “la tortura” bajo el gobierno militar, olvidando que bajo el de su máximo héroe político, Salvador Allende, se torturaba crónicamente y él, que se sepa, no decía nada. En El Mercurio del 20 de enero de 1972 aparecían in extenso las aplicaciones de corriente al presidente de la Juventud Nacional, perpetradas por el Subdirector de Investigaciones, Carlos Toro, comunista. Y Allende no desmentía la publicación ni se refería a ella ni menos pedía la renuncia al funcionario comunista torturador. Claro que ésa fue una de las razones del Acuerdo de la Cámara de 22 de agosto de 1973 para pedir la destitución de
Allende por, entre muchas razones, haber “incurrido en frecuentes detenciones legales y tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas”. Antes, ya en 1970, cien abogados socialistas habían denunciado a Frei Montalva por torturar a los presos del MIR. Los partidarios de Frei torturador y de Allende torturador difaman a Pinochet, bajo quien por primera vez se condenó a torturadores (caso “Comando de Vengadores de Mártires” en los ’70).

Pobre Chile, el único país que eligió por sufragio a un “marxista integral”, Allende, (con trampa en el escrutinio, es cierto, pero nadie la persiguió”.) Y que después de haber sufrido la ruina completa bajo el marxismo, en 2021 eligió a otro que estaba “a la izquierda del comunismo”. Da mucha pena.

Pobre Chile, pobre de su gente que no sabe la verdad. Se cree una y otra vez el “cuento del tío” de la izquierda. La ciudadanía vota a ciegas, porque le han lavado el cerebro con consignas. Quema lo que debería adorar –el régimen que le dio los mejores treinta años de su historia– y adora lo que debería quemar –los regímenes de Allende, Bachelet II y Boric, que le han dado los peores años de su historia.

Contumacia; “tenacidad y dureza en mantener un error”. Pobre país contumaz.

ENFERMO TERMINAL

Por Raúl Rojas, periodista

Si ser comunista ya es un trastorno grave, actuar como lo está haciendo el presidente de esa colectividad, Lautaro Carmona, es hacerlo más bien como un enfermo terminal.

Trabajó bien en la línea seguida después de la muerte de Guillermo Teiller. Lo hizo tan bien que, sin dejar de ser parte del Gobierno, se las arregló para que su candidata, Jeannette Jara, se impusiera a los nombres y fuerzas de otros partidos del socialismo democrático y hoy esté participando con la mayor energía en la lucha por llegar a La Moneda. Lo estaba haciendo bien con sus mensajes. El más importante: difundió la falsa noticia de que la reforma previsional fue obra de Jara.

Los chilenos bien informados saben que correspondió a un logro del exministro de Hacienda, Mario Marcel. También se lució con el anuncio de un salario vital de $ 500 mil por trabajador, que se pagaría a más tardar el próximo año.

Carmona perdió los estribos con el distanciamiento de su abanderada, quien dijo ser abanderada de la centroizquierda y exploró diversoscaminos para alejar su imagen de la comunidad roja. Creyó, erradamente que el Ejecutivo vivía un momento de debilidad máxima.

No sólo se indignó porque nombraron ministro de Hacienda a un frenteamplista, Nicolás Grau, sino que también reclamó una explicación de La Moneda por la salida de Marcel. No se creyó que se fue “por motivos personales”, según dijo el exsecretario de Estado, quien agregó que llegó el momento de preocuparte más de su familia, después de más de veinte años de servicio público.

Según Carmona, fue todo tan rápido que dio la sensación de que “se está desgranando el choclo” de la administración Boric. O sea, demandó una explicación del presidente de la República. El gobernante, de acuerdo a la Constitución, es el único que tiene facultades para designar o defenestrar a sus ministros.

El fenómeno se acentuó cuando presentó al comando económico de su campaña. Sus integrantes, economistas de experiencia, precisaron el salario de $ 500 mil sería posible después de varios años plazo. Después de otras aclaraciones indispensables, definitivamente pareció caerse de la montura y las emprendió con Mario Marcel, contra cuya moderación tuvo fuertes descalificaciones. Todas fueron denominadas “fuego amigo”. Pero lo cierto es que más bien se trató de “fuego
enemigo”. Tanto, que a raíz de sus últimos dichos, esta vez en Radio Nuevo Mundo, emisora propiedad del PC, recibió un duro contrataque.

Lo encabezó Ricardo Lagos, independiente-PPD, vocero oficial de la candidata. Pero en esta oportunidad no actuó en solitario. “Se fue en la dura”, como dice el vulgo, porque ahora cuenta con el respaldo de La Moneda, donde cada vez miran con mayor rechazo al presidente de los rojos y se preguntan hacia donde apunta su accionar.

Se enojó Miss Sonrisal con las críticas que van y bienen entre sus comandos y partidos. Les recordó:

Los críticos más generosos aseguran que se trata de una táctica para presentar a Jara casi como independiente, alejada de los imperativos de la hoz y el martillo. De esta manera, se enfrentaría su estancamiento en las encuestas, donde, luego de su debut, no ha podido superar el 28% de los votantes “duros” de la izquierda chilena.

Los comentaristas más severos sostienen que están notificando a Jara que no profundice su alejamiento del PC, porque no es socialdemócrata y gracias al comunismo ya tiene un lugar en la papeleta presidencial.

El socialismo democrático no se quedó indiferente y pidió “ajustes” en el comando de su candidata. Apuntó a la salida de Darío Quiroga y Camilo Miranda dos de la línea más dura. Nadie sabe quién ganará esta pulseada, que será una prueba de fuego para establecer quien realmente manda ahí: si los moderados o los que quieren prender fuego.

Todo indica que la bolsa de gatos oficialista, que mencionamos en nuestro comentario de ayer, está más agitada que nunca antes. Si no aparece uno o varios líderes que actúen con inteligencia y no por doctrinas, el intento de Jeannette Jara por llegar a La Moneda, que nació debilitado, podría pasar los momentos más difíciles desde su proclamación, cuando todos gritaban UNIDAD. Esa unidad que hasta el momento parece más lejana de alcanzar. Es por eso que “Mamá Jeannette los llamó al orden. Fuerte la reprimenda. Tal vez, en privado, tendrá que darles “una tunda” (paliza), como decía mi mamá. Se la merecen de sobra. El escenario político no está para maniobras con la barra de la dirección, los frenos y las luces en mal estado.

La duda sobre qué quiere o busca el presidente del PC ya se instaló hasta en los más fervientes compañeros, quienes creyeron haberle “pegado al gato”, precisamente en agosto, y parece que se equivocaron.

Por Claudia Fuentes Bozzolo. Señor Director: No conozco personalmente al juez don Álvaro Mesa, pero la página web de la Universidad Austral de Chile donde cursa un doctorado dice que es Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso…

24 julio, 2024

Señor Director:

No conozco personalmente al juez don Álvaro Mesa, pero la página web de la Universidad Austral de Chile donde cursa un doctorado dice que es Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso, título de abogado que le otorgó la Corte Suprema en 1991; que es docente; que desde 2011 es Ministro en Visita extraordinaria para Investigar Presuntas Violaciones a los Derechos Humanos en el periodo 1973-1989 y que, además, fue presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco.

También sé de él por lo que aparece en la prensa: “Ministro Álvaro Mesa condena a 12 años de presidio a detective (r) por secuestro calificado en Temuco”; “Ministro Álvaro Mesa condena a presidio perpetuo a oficial de la FACH (r) por homicidios en Fundo El Toro”; “Ministro Álvaro Mesa condena a 5 años de presidio a ex fiscal militar por apremios ilegítimos con resultado de muerte”; Ministro Álvaro Mesa condena a suboficial de Carabineros (r) como encubridor de homicidio de agricultor”; “Ministro Álvaro Mesa procesa a suboficial de Ejército (R) por homicidio en Carretera Austral”; “Ministro Álvaro Mesa condena a boina negra del ejército (r) a 10 años de presidio por apremios ilegítimos en Traiguén”; “Ministro Álvaro Mesa condenó a 13 militares (r) por homicidio calificado de estudiantes en Angol”; “Ministro Álvaro Mesa condena a carabineros (r) por detención ilegal y apremios ilegítimos en Castro”; “Ministro Álvaro Mesa dicta acusación en contra de ocho militares (r) por homicidio de conscripto en faldeos del volcán Villarrica”.

Estos titulares son algunos de los cientos de noticias que encontré sólo el último año sobre el juez. A simple vista, asumo que su trabajo es investigar, culpar y encarcelar a uniformados que trabajaron directa o indirectamente en el gobierno militar.

Digo culpar y encarcelar porque no encontré ninguna noticia que exculpara a alguien o que le aplicara alguna de las normas del derecho nacional e internacional en materia de derechos humanos.

Como soy periodista, no me puedo quedar con la data superficial, por lo que escribo esta carta con algunas preguntas.

El 2005, el Sistema de Procesamiento Penal fue sustituido por la Reforma Procesal Penal, por ser calificado unánime y transversalmente como un sistema inquisitivo, ineficiente y que vulneraba el debido proceso. ¿Por qué, entonces, militares y otros uniformados siguen siendo enjuiciados por una práctica obsoleta? ¿No merecen un sistema judicial transparente, apolítico y alineado a los estándares internacionales?

¿Por qué tampoco se les aplica la Ley de Amnistía General, que se encuentra formalmente vigente y ha favorecido a cientos de terroristas en nuestro país? ¿Por qué no se les ha concedido la Prescripción, principio que dispone un límite de tiempo para que se puedan perseguir legalmente ciertos delitos; ni se les ha administrado la doctrina de la Cosa Juzgada, que establece que un caso ya resuelto por una sentencia firme no puede ser reabierto?

Seguramente el juez dirá que, para el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, estos corresponden a “delitos de lesa humanidad”, por lo que no son prescriptibles y mucho menos amnistiables, pudiendo ser reabiertos y reconsiderados a pesar de haberse emitido sentencias en el pasado.

Sin embargo, dicha norma, que entró en vigencia en Chile el 1 de septiembre de 2009, dice: “Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”. O sea, ningún delito de 1973 y posteriores entraría en esta categoría. ¿Estarán siendo, entonces, policías y miliares injustamente condenados, intencionalmente perseguidos y evidentemente vulnerados en sus derechos fundamentales, los que el juez proclama y jura resguardar?

Quizás el ministro tendrá respuestas claras, objetivas y apegadas a derecho para mis preguntas. Él conoce las normas mejor que yo; una simple periodista, hija de un hombre bueno de 74 años, casado hace 47 con mi mamá, padre de 3 hijas y abuelo de 8 nietos que fue sentenciado por el juez Mesa, en primera instancia, a 13 años de cárcel por un hecho de hace medio siglo que ya había sido juzgado, cuyo autor confeso recibió una condena de 10 años y a quien sí se le aplicó la Prescripción en su momento por parte de la Corte Suprema.

¿No es paradójico que el ministro le dé una pena mayor y sin beneficios a quien en más de 10 mil fojas que tiene la investigación no se le ha acreditado que estuviera en el lugar de los supuestos hechos, participara de ellos o supiera que se cometería un delito?

En la sentencia, el juez Mesa argumenta una “Presunción Judicial” y dice que: “No importa la función que cumpliera, el acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen donde se detenía, apremiaba y ejecutaba a personas, luego entonces corresponde imputarle penalmente responsabilidad”. ¿Eso significa que mi padre deberá pasar casi el resto de su vida en la cárcel sólo por haber sido un subteniente de 23 años destinado en un regimiento de Angol en 1973? ¿Qué debería haber hecho o qué alternativa tenía? ¿Acaso las presunciones judiciales no deberían ser consecuencia de hechos conocidos y probados y no meras suposiciones, conjeturas o especulaciones?

¿Es bajo ese mismo supuesto relativo y arbitrario que el ministro Mesa, contraviniendo lo dispuesto por la Corte de Apelaciones, modificó sin aviso y secretamente el cargo de “encubridor” -por el que mi padre llevaba más de una década defendiéndose- a una calidad mayor de “cómplice”?

Insisto, no soy abogada, soy periodista, y quizás por eso hago tantas preguntas y veo la necesidad de obtener esas respuestas como un bien social, ya que el primer “deber ser” de mi profesión es estar “al servicio de la sociedad, los principios democráticos y los Derechos Humanos”. Al parecer en algo podríamos estar de acuerdo.

El señor juez también tiene un “deber ser”, que parte por investigar, con igual afán, no sólo las circunstancias que establecen la responsabilidad de un inculpado, sino también aquellas que le eximen, extinguen o atenúan, asegurándonos a todos los chilenos y chilenas que seremos juzgados con parámetros jurídicos objetivos, sin prejuicios ni privilegios, salvaguardando nuestros derechos fundamentales seamos profesores, periodistas, ingenieros, abogados o uniformados. ¿O acaso el Estado de Chile no garantiza a estos últimos la independencia del Poder Judicial? El juez Mesa, ¿lo garantiza?

Claudia Fuentes Bozzolo – Periodista

6 Comments

1. Carlos Souper Quinterosdice:

23 julio, 2024 en 23:55

Excelente análisis y fundado planteamiento de dudas razonables y justificadas

2. Adolfodice:

24 julio, 2024 en 10:26

Doña Claudia:
Tal vez encuentre respuesta a sus preguntas en los libros de mi autoría dedicados al tema, entre otros el «PREVARICATO. Análisis crítico de procesos judiciales contra militares que debieron afrontar la violencia revolucionaria», El Roble, Santiago, 2017.
En relación con el caso de su señor padre, el día 8 de marzo del año en curso envié a varios diarios la siguiente carta al Director, titulada: «Magister dixit».
<>.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado

3. Adolfodice:

24 julio, 2024 en 10:30

A continuación va la precitada carta al Director:
«Magister dixit»
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Álvaro Mesa Latorre, dictó una sentencia condenatoria contra el subteniente Gabriel Fuentes Campusano (de 23 años de edad en 1973) sin acreditar la participación del condenado en el hecho punible —vulnerando la ley, principios esenciales del derecho penal y la legislación internacional sobre derechos humanos— afirmando que: “No importa la función que cumpliera, el acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen donde se detenía, apremiaba y ejecutaba a personas, luego entonces corresponde imputarle penalmente responsabilidad”. Es decir, para dicho Ministro no importa si el acusado participó o no en el delito; para condenarlo bastaba el hecho de que era militar.
Al respecto cabría comentar que en una causa anterior, para fundamentar su auto acusatorio, dicho Ministro utilizó un argumento de autoridad —ad verecundiam o magister dixit—; una falacia consistente en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia. Pero lo más inaudito es que se cita a si mismo (C. Ap. Temuco Rol 63.551, 10 febrero 2021).
Adolfo Paúl Latorre
Abogado

4. Daphnedice:

24 julio, 2024 en 16:00

Excelente carta!!

5. Enriquedice:

26 julio, 2024 en 12:38

Llama profundamente la atención, que nuestra Corte Suprema, ante tantas acciones aparentemente irregulares del juez Meza, no adopte las medidas investigativas que debiera corresponder.
¿Si el juez no ha actuado con la justicia que corresponde, quién es el responsable de de investigar y remediar – aspecto ya casi imposible – el tremendo daño infringido a ellos y sus familiares?

6. Humberto Julio Reyesdice:

27 julio, 2024 en 18:07

Esta y otras sentencias de este tristemente famoso juez deben ser revisadas en su fondo por la respectiva corte de apelaciones, ocasión en que las dudas y objeciones planteadas encontrarán respuesta. Deseo suerte todos los injustamente condenados pero el historial de los tribunales al respecto hace difícil ser optimista.

Publicado por El Líbero

Discurso del padre del candidato Miguel Uribe Turbay, asesinado por la izquierda  en Colombia:

Para los que tragaron la rueda de carreta entera, aquí la verdad:

 Pinche aquí

LT 17 AGOSTO 2025

Al parecer la humanidad y la justicia empiezan a llegar de a poco a Chile:

Ahora los organismos como el INDH deberá responder esto a la Contraloría General de la República:

E137640-2025

En Argentina:

NARCOTRAFICO Y FFAA

Por ing. Jorge Sepúlveda Haugen

En las profundidades del Estado, allí donde se resguarda el poder legítimo de las armas, comienza a gestarse una inquietud silenciosa. No es visible a simple vista, ni estalla en escándalos cotidianos. Es más sutil, más estructural, más peligrosa. Se infiltra no por asalto, sino por ausencia. No es que las Fuerzas Armadas hayan sido conquistadas por el crimen organizado, sino que han sido lentamente rodeadas por un vacío: vacío de propósito, de comunidad, de resguardo simbólico. En ese vacío, la tentación crece.

Las instituciones armadas, por definición, representan el último muro entre el orden civilizatorio y la disolución. Su ethos se funda en la disciplina, la jerarquía, el sacrificio y la noción de pertenencia a algo superior. Pero esos pilares, sostenidos históricamente por valores compartidos y entornos de contención moral, han comenzado a erosionarse bajo el peso de una cultura que relativiza todo: la verdad, la autoridad, el mérito, incluso la patria. El resultado no es una traición abierta, sino una lenta descomposición que permite la entrada de un nuevo orden paralelo: el narcotráfico.

Allí donde el Estado se vuelve intermitente, el narco se instala como continuidad. Donde la logística oficial no llega con recursos, llega el incentivo en efectivo. Donde el sistema exige rotación sin soporte, aparece la red que promete estabilidad. Donde la familia está ausente y la sociedad no reconoce el esfuerzo, se ofrece un reconocimiento inmediato, aunque siniestramente distorsionado. No es necesario que la estructura militar colapse; basta con que algunos nodos estratégicos se desconecten emocional y simbólicamente de su misión original. Lo demás opera solo: desmotivación, ambigüedad ética, normalización de atajos, abandono interior.

El narcotráfico no entra con fusil. Entra con sentido. O mejor dicho, con una oferta de sentido donde el anterior ya no enciende. La seducción no ocurre por necesidad, sino por desconexión. Un miembro de las Fuerzas Armadas en un destacamento fronterizo no cae por debilidad moral individual, sino porque su estructura emocional ha sido sometida a una presión acumulativa: distancia de sus afectos, tareas civiles que no le competen, promesas incumplidas del Estado y una vida que transcurre entre lo olvidado y lo funcional.

En esa fisura, lo ilegal no irrumpe con estridencia, sino con suavidad. No se presenta como amenaza, sino como solución. Una entrega de información, un desvío menor, un transporte sin preguntas. Todo parece fragmentado, aislado, incluso justificado. Pero la lógica que se activa es sistémica. Lo que comienza como una excepción termina estructurando una red. Y cuando esa red se alimenta de la propia logística militar —vehículos, rutas, horarios, grados de confianza—, lo que se construye no es un caso aislado, sino una arquitectura invisible de colaboración no declarada.

Esa arquitectura no puede desmantelarse con más vigilancia. No existe cámara que disuada a quien ya ha perdido su vínculo con el propósito original. No hay ley que alcance si lo simbólico ya ha sido corroído. El problema, entonces, no es la debilidad normativa, sino la desintegración del lazo profundo entre el individuo y su rol. Allí donde el uniforme se convierte en rutina sin trascendencia, la lealtad es reemplazada por transacción.

Por eso, la respuesta no puede ser solamente punitiva. Lo que está en juego es el alma estructural de la defensa nacional. No se trata de agregar protocolos, sino de restaurar comunidad. No de aumentar castigos, sino de reconstruir sentido. Cada puesto fronterizo, cada regimiento aislado, cada destinación crítica debe ser observado no como un eslabón logístico, sino como un ecosistema emocional. Donde hay aislamiento, debe haber acompañamiento. Donde hay desgaste moral, debe haber refuerzo simbólico. Donde hay rutina vacía, debe haber narrativa viva.

La integridad institucional no nace del reglamento, sino del relato. Un soldado no se defiende solo con armas, sino con propósito. La pertenencia no se impone, se cultiva. Y eso requiere una transformación de fondo: dotar a las Fuerzas Armadas no solo de recursos materiales, sino de una reconfiguración de su rol en esta nueva etapa histórica. Un rol que combine el resguardo territorial con la custodia espiritual del país. Un rol que vuelva a despertar en sus miembros la convicción de que lo que hacen importa, que lo que representan trasciende, que lo que defienden es algo más que una línea en el mapa.

Mientras eso no ocurra, el narcotráfico seguirá avanzando no como enemigo, sino como sustituto. Y ese es el verdadero peligro. Porque cuando lo ilegal comienza a parecer más eficaz, más presente, más coherente que lo legal, no estamos ante una crisis institucional. Estamos ante una transición de régimen encubierta. Y si eso ocurre en las Fuerzas Armadas, no solo habremos perdido una institución: habremos perdido la posibilidad de sostener un país.

Cataldo, Jara y la violencia

Por Gonzalo Rojas Sánchez

Cataldo, el ministro comunista de Educación, ante los hechos gravísimos de violencia en establecimientos educacionales, ha declarado: “Nosotros condenamos absolutamente todos los hechos de violencia que se suscitan en el contexto educativo, particularmente en este caso en el escolar”.

“Contexto educativo y escolar”. Sobre esa dimensión de la violencia recayó la condena del ministro. No fueron las suyas palabras de repudio generalizado a la violencia en todas sus formas, como debieran haberlo sido si estuviera convencido de su intrínseca maldad. No, para Cataldo pareciera que la violencia –porque es ministro del ramo, además– es solo reprobable en el “contexto educativo y escolar”.

Concluir que Cataldo omitió una condena generalizada de la violencia debido a su filiación comunista, no es en absoluto exagerado o gratuito. Lo juvenil (que por supuesto, siempre ha incluido lo escolar y lo universitario), la calle y la violencia, han sido, en la teoría y en la práctica de los comunistas, tres elementos que se han articulado hasta necesitarse absolutamente. No puede haber juventud auténtica sin violencia en la calle; no debe consolidarse la tranquilidad burguesa de las calles, para lo cual existe la violencia juvenil y, finalmente, han de ser imprescindibles los actos de violencia juvenil en las calles para hacer la revolución: ayer, hoy y siempre.

Ahí han estado las JJCC, en la revuelta de plaza Bulnes del 46, en la revolución de la chaucha del 48, en el sangriento 2 de abril del 57, en el enfrentamiento con un mirista muerto en el 70, en el asalto a Ingeniería de la U. de Chile el 71, en la batalla campal de la PUCV el 73, en las revueltas poblacionales de 1983-5 y en la ofensiva del Parque O’Higgins, con Juan Pablo II presente, el 87… y en tantas otras oportunidades, así hasta hoy.

Lo notable es que Cataldo sabe que detrás de las actuales revueltas escolares no están las JJCC, sino grupos del PCR trotskista y de los más variados sectores anarquistas. Competencia directa de las fuerzas juveniles comunistas, Cataldo ha descartado el valor político de esa violencia extrínseca al PC, afirmando “que no se romantice algo que no es romántico”.

Pero para Jara, la candidata de Cataldo, el Che Guevara sí que practicó una violencia romántica, tan admirable, que ella misma coordinó el homenaje en Chile a los 30 años de la muerte del criminal guerrillero argentino.

Así es. Cuando la violencia –partera de la historia decía Marx– está bajo control comunista en tiempo y lugar, entonces sí es romántica y redentora.

Lo que el país necesita es un Congreso respetable.

Por Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante

Imagen del 12 de agosto del hemiciclo del Senado. Foto: Agencia UNO.

¿Qué hacer para que el país tenga un Parlamento que sea apreciado por la población, que legisle con sentido nacional y contribuya a perfeccionar el Estado de Derecho? Ante todo, volver más estricta la selección de candidatos, lo que exige cerrar el paso a los carreristas y aventureros, a los incompetentes y, ciertamente, a los inescrupulosos. Se trata de impedir que los partidos se conviertan en pymes, donde predomina el intercambio de favores para repartir puestos y prebendas.

A propósito de la discusión generada por José Antonio Kast acerca de cuán relevante o irrelevante es el Congreso, parece útil reparar no solo en las atribuciones que le asigna la Constitución, sino en el papel que jugó en los momentos críticos vividos por el país en los años recientes, en los que su actuación fue negativamente relevante. Las fuerzas que acompañan a Boric deberían sonrojarse por lo menos respecto de cuánto contribuyeron a ello.

En la historia del Congreso quedará registrada la deshonrosa forma en que actuaron muchos de sus miembros en 2019, cuando renunciaron a defender el orden democrático, validaron la violencia y promovieron el derrocamiento del presidente legítimo. Quedará registrado también el vergonzoso aval que dieron a la renuncia de la potestad constitucional del Congreso en favor de una especie de asamblea constituyente, la estrafalaria Convención, lo que pudo haber llevado al país a un gigantesco desastre.

No es posible pasar por alto ante la prolongada degradación del republicanismo en el seno del Congreso, expresada por ejemplo en la demagogia sin límites en los días de la pandemia, en la aprobación de proyectos de ley inconstitucionales, en el llamado parlamentarismo de facto, en los retiros de fondos previsionales, en el tráfico de influencias, en el cuestionamiento del voto de los extranjeros por grosero cálculo electoralista, etc.

Muchos de los vicios de la vida política están ilustrados por la acción moralmente desinhibida de los parlamentarios. Es verdad que se comete una injusticia si se les echa a todos en el mismo saco, puesto que no son pocos los diputados y senadores que cumplen con su deber y legislan a conciencia. Por desgracia, los que hacen noticia son aquellos cuyo único principio es mantenerse en el cargo como sea.

Como se sabe, la mayoría de los actuales parlamentarios competirán este año por la reelección. Varios no podrán hacerlo, pero no porque les falten ganas, sino porque cumplieron los períodos permitidos, tres en el caso de los diputados y dos en el caso de los senadores. Como la vocación es poderosa, algunos exsenadores se sacrificarán como postulantes a una diputación.

Muchas veces, frente a la conducta de algún parlamentario, nos hemos preguntado cómo fue que esa persona llegó a un cargo para el que carece de competencia, qué tuvo que ocurrir para que quedaran en sus manos ciertas decisiones fundamentales para la vida nacional. Imposible no reparar, por ejemplo, en lo ocurrido con el Partido de la Gente, fundado por Franco Parisi, que en la elección de 2021 consiguió elegir 6 diputados, todos los cuales fueron abandonando sus filas en diversas direcciones. Un auténtico récord de transfuguismo. Y Parisi, relajado, candidato presidencial de nuevo.

Es una lástima que en la elección de senadores y diputados no exista la segunda vuelta, como en la elección presidencial, lo que, en ciertos casos, podría dar a los electores la oportunidad de elegir el mal menor. Salvo que el SERVEL objete una postulación por no cumplir las exigencias legales, las cartas ya están echadas para la elección del 16 de noviembre: ese día se elegirá el total de diputados (155) para los próximos 4 años, y casi la mitad de los senadores (23) para los próximos 8.

¿Qué hacer para que el país tenga un Parlamento que sea apreciado por la población, que legisle con sentido nacional y contribuya a perfeccionar el Estado de Derecho? Ante todo, volver más estricta la selección de candidatos, lo que exige cerrar el paso a los carreristas y aventureros, a los incompetentes y, ciertamente, a los inescrupulosos. Se trata de impedir que los partidos se conviertan en pymes, donde predomina el intercambio de favores para repartir puestos y prebendas.

El sufragio universal no opera en el aire. La oferta de opciones es absolutamente crucial. Por lo tanto, se vuelve determinante el mayor o menor rigor con el que los partidos evalúen el perfil moral, intelectual y cultural de quienes los representarán. Y no se trata de un asunto de diplomas, pues ya sabemos que se puede ser doctor en Derecho y pillo al mismo tiempo.

El más reciente capítulo de desinhibición política y ética ligada al negocio parlamentario lo protagonizó la Democracia Cristiana, o lo que queda de ese partido. La decisión de apoyar a la candidata presidencial del PC estuvo condicionada en primer lugar por las urgencias personales de Huenchumilla, Provoste, Aedo y los demás para conseguir que el oficialismo les ayude a ser reelegidos. Las explicaciones “idealistas” que han dado compiten en descaro.

Hay que sanear las costumbres políticas, y ello exige combatir las formas específicas de disolución moral que, lamentablemente, han arraigado en numerosas instituciones. Es indispensable elevar las exigencias respecto de la Presidencia de la República, el Parlamento, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las FF.AA., Carabineros, la PDI, Gendarmería, etc. Y no olvidemos ni por un momento la amenaza corruptora del crimen organizado.

La sociedad civil debe potenciar su capacidad crítica frente a la actuación de quienes ejercen cargos públicos. Necesitamos un Congreso en el que los ciudadanos podamos confiar, sobre todo si la democracia vuelve a correr peligro en los años que vienen.

Sobre los dichos de Kast

Por Andrés Montero

Habiendo sido testigo presencial del seminario, en el que el candidato José Antonio Kast afirmara que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan”, parecen exageradas y fuera de contexto algunas reacciones publicadas en El Mercurio de ayer. Me refiero a lo mencionado en una columna por el rector señor Carlos Peña y a una carta al director del rector de la Academia de Humanismo Cristiano, señor Álvaro Ramis.

Lo primero es aclarar que jamás José Antonio Kast afirmó que “gobernaría por decreto”, como lo insinúa el rector Peña. Sorprende la capacidad del columnista para inmiscuirse en la mente de Kast al afirmar que “su inconsciente habló y casi insinuó que no necesitaría del Congreso”.

Kast expresó que el Congreso es importante, pero jamás afirmó que fuera irrelevante. No tan relevante no es sinónimo de irrelevante. Lo que transmitió Kast acertadamente en su exposición es que la marcha de un gobierno obliga a ejercer las funciones y a resolver los problemas, que muchas veces quedan “atascados” en la función legislativa. Esta realidad la comparte una gran mayoría de los chilenos, de distintos sectores políticos.

En relación con lo expresado en su carta por Álvaro Ramis, este se equivoca al concluir de las palabras de Kast que el candidato “podría saltarse al Congreso”. Todas las encuestas de opinión evalúan, lamentablemente, muy mal, a nuestro Congreso. Afirmar que “la lentitud de la democracia es, de hecho, su mayor fortaleza”, parece un contrasentido. Kast busca, al contrario de lo entendido por Ramis, no erosionar las instituciones, sino más bien hacerlas más eficientes.

Quien merece reconocimiento es el senador Luciano Cruz-Coke, quien en un primer momento condenó los dichos de Kast, pero más tarde y al evaluarlos con calma, reconoció que Kast nunca afirmó que gobernaría por decreto. Sería bueno que tanto Peña como Ramis emularan a Cruz-Coke y reconozcan su error de apreciación.

Recordemos el histórico mensaje de Su Santidad Juan Pablo Segundo: “Los pobres no pueden esperar”. La lentitud de los gobiernos, de los congresos y de un Estado ineficaz, posterga la esperanza de los más pobres y necesitados.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el jueves 14 de agosto de 2025 como carta al director.

Kast, la Constitución y las leyes

Por Jorge Baraona González 

Carlos Peña no explica que la actual Constitución le da la razón a José Antonio Kast, al dotar con vigor la potestad reglamentaria del Presidente de la República.

Tampoco hace ver que los más entendidos en gobernabilidad en Chile detectan que el sistema electoral ha llevado a tener un Congreso disperso (muchos partidos y facciones), poco eficiente (Marcel lo acaba de afirmar, a propósito de que se quiere eliminar la UF) e ineficaz (se legisla tarde y a veces mal, basta ver el enredo creado con la última reforma a las AFP). Incluso, bajo el gobierno de Piñera II se hablaba de un parlamentarismo de facto.

Por último, el columnista parece no comprender bien lo que prescribe el inciso segundo del art. 24 de la actual Constitución, respecto de la autoridad que se le confiere al jefe de Estado:

“Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

Esta norma le da la razón a Kast, y, especialmente en lo que se refiere al orden público, es la que claramente no ha cumplido el actual mandatario y no se puede culpar por ello al Congreso. El Presidente no necesita de la venia del Parlamento para estos efectos. Para cuidar del orden público debe respetar la Constitución y las leyes, y es lo que dijo Kast que haría.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el sábado 16 de agosto de 2025 como carta al director.

Los decretos y la verdad

Por José Tomás Hargous Fuentes

Esta semana se armó la grande con una breve intervención de José Antonio Kast en el XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025. El problema no fue lo que dijo, sino lo que otros entendieron o quisieron entender que dijo. El que levantó la alerta sería el diario El Mostrador. Si bien más tarde corregirían la nota –”el verbo ‘saltarse’ para hablar de la relación que establecería el candidato Kast con el Congreso” no correspondía “literalmente a sus dichos, sino a una interpretación” realizada por el medio, aseguraron para enmendar parte de su error–, el verdadero problema fue en otra “interpretación”: el periódico digital, conocido por sus ideas de izquierda y con un amplio portafolio de sacar de contexto al fallecido ex Presidente Sebastián Piñera, osó decir que “Kast apuesta a gobernar con decretos” porque dijo que “El Congreso no es tan relevante como se imaginan”.

Si bien los otros medios que recogieron la polémica no se sumaron a la hermenéutica tendenciosa de El Mostrador, el daño ya estaba hecho. Incluso académicos de renombre como Carlos Peña cayeron en la trampa del diario y pisaron el palito, elaborando una enrevesada argumentación de que el “inconsciente” había traicionado al candidato y que abría “una rendija autoritaria y ha confirmado que, en el fondo, late en él un espíritu iliberal”. Como cualquier intérprete serio, con buena fe y un básico conocimiento jurídico podría haberse dado cuenta, José Antonio Kast en ningún momento dijo que iba a gobernar por decreto. De hecho, dijo exactamente lo contrario. Como haría Jack el Destripador, vamos por partes.

El problema comenzó cuando sostuvo que el Congreso “es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan”. Si bien la frase no es muy afortunada, en ningún caso significa que pasará a llevar al Poder Legislativo. “No necesitamos más leyes para aplicar la ley”, volvió a decir. Profundizando en su argumento, o aclarando el punto, explicó que “Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica”. “Nosotros vamos a aplicar la ley, vamos a aplicar los plazos que están establecidos”, reforzó. La situación actual “requiere voluntad y carácter y nosotros eso lo vamos a aplicar. Por lo tanto, la gobernabilidad, no se preocupen, no va a haber ningún problema y todo va a estar bien”, remató. Justamente, Kast se refería a cómo el Estado, en vez de facilitar que el país se ponga en marcha, obstruye a los privados que intentan aportar al bien común: “Por eso cuando hablaba del tema de la facilitación regulatoria, y les lleva a la pasada el concepto de las guías ambientales, la guía ambiental no es ley”, continuó.

Como puede verse, El Mostrador mintió en su titular. Ninguna de las citas transcritas por el autor de la nota ni en el extracto audiovisual publicado permite concluir que Kast anunció que iba a gobernar por decreto. Pareciera un intento desesperado por desacreditar al candidato con más opciones de ser el próximo Presidente, inventando una deriva autoritaria e iliberal que no tiene ningún asidero tiene en la realidad. Incluso en el mismo debate Kast criticó al Congreso por medidas “que cayeron en el populismo y que traspasan los límites de lo que le corresponde a los parlamentarios”, como los retiros de los fondos de pensiones, medidas abiertamente inconstitucionales.

El argumento de Kast iba por reforzar dos puntos complementarios. El primero, hacer cumplir la ley frente a un Congreso que legisla lo que no le compete y un Poder Judicial que legisla en vez de hacer justicia. El segundo, que gobernar no es legislar y que no es necesario presentar nuevos proyectos de ley cuando tenemos decenas de miles de leyes vigentes y no todas se aplican en la actualidad. Comúnmente se olvida que la atribución más propia del Presidente no es legislar. El Poder Legislativo es compartido por el Congreso y el Presidente –en su calidad de colegislador, por la cual presenta, promulga y veta leyes, prueba decretos con fuerza de ley, etc.–, pero el Presidente también es cabeza del Poder Ejecutivo, dotado de potestad reglamentaria. El Mandatario, como recordó Tomás Mosciatti, tiene la potestad de gobernar mediante instrucciones, decretos, reglamentos, etc.

Como la Constitución vigente establece, “El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado” y “Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes” (art. 24).

En concreto, “Son atribuciones especiales del Presidente de la República” las enumeradas (21 en total) en el artículo 32, entre ellas: “Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas”; 2) “Pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional”; 3) “Dictar, previa delegación de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley”; 4) “Convocar a plebiscito […]”; 5) “Declarar los estados de excepción constitucional […]”; 6) “Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes”; 7) “Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales”, así como “Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes ante organismos internacionales”, todos los cuales son cargos “de la confianza exclusiva del Presidente de la República”; 8) “Nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del Senado”; 9) “Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente; a los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar; y a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional, a proposición de dicha Corte y con acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución”; 10) “Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al ministerio público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación”; 11) “Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso”; “Designar y remover a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros”, así como “disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros”, “Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional”, “Asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas”, y “Declarar la guerra, previa autorización por ley, debiendo dejar constancia de haber oído al Consejo de Seguridad Nacional”; 12) “Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley”; y 13) “Disponer, mediante decreto supremo fundado, suscrito por los Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto, determinando aquella que debe ser protegida”.

Como puede verse en esta larga enumeración, incompleta, nuestro ordenamiento jurídico da un amplio margen de acción al Presidente de la República, por lo que no es excusable la incapacidad de gobernar alegando minoría en el Congreso. Como dijo Kast, si bien “el Congreso “es importante”, “no es tan relevante como se imaginan”. A pesar de la mentira, Kast tenía razón. Como en 2017, las propuestas republicanas se basan en “La Pura Verdad”, sin la cual no podremos “Volver a Creer”. Ése es el primer paso para el “Cambio Radical”. REcuperar Chile parte por REcuperar el Estado de Derecho. Antes que promover nuevas leyes, aunque necesarias, urge cumplir y hacer cumplir la ley, tal como ha hecho la contralora Dorothy Pérez.

Jara y decretos

Por Fernando Claro 

Carlos Peña reclama por la dificultad de argumentar con tecnicismos en estos tiempos electorales, tiempos en los que domina la emocionalidad y las sobreinterpretaciones, en vez de la racionalidad. Él clama por esa cordura, ya que sería urgente para una sana deliberación pública. Sin embargo, la discusión sobre los dichos del candidato presidencial José Antonio Kast, se inició acá porque él hizo justamente lo contrario: no los analizó literal y racionalmente, sino que los interpretó desde una especie de psicoanálisis. La idea de Kast de buscar mejorar la vida de los chilenos a través de leyes, pero también por la vía reglamentaria, por la simple acción, por la aplicación de leyes, y por tantas otras más vías que no necesitan del Congreso, sería técnicamente impecable, pero peligrosa en la realidad. Según Peña, y a pesar de que Kast ni siquiera nombró la palabra decreto, al mencionar estas ideas, “su inconsciente habló y casi insinuó que no necesitaría el Congreso”, lo que sería “grave…[porque nos devela] su pretensión de gobernar por decreto… Ha dejado ver su rendija autoritaria… y, en el fondo, late en él un espíritu iliberal”.

No voy a repetir lo que ya escribí en este diario el jueves, sobre lo evidentemente inofensivas de las palabras de Kast si se analizan racionalmente, de buena fe, y considerando el contexto del evento donde lo dijo. Más aún si consideramos esta época donde el deprimente término “permisología” copa los titulares y, más doblemente aún, si Evelyn Matthei dijo exactamente lo mismo, el mismo día y en el mismo lugar, y nadie hizo una alharaca —y la mano derecha de Jeannette Jara, Daniel Núñez, también dijo lo mismo, hace unas semanas (pero incluso explicitando que utilizaría decretos).

Carlos Peña, sin embargo, vuelve a la carga. Primero, revisa algo de historia y la técnica jurídica de los decretos y, luego, insiste sobre lo evidente de la peligrosidad de los dichos de Kast, ahora ya no apelando a su inconsciente, sino a que Kast “ha sido apoyado por quienes catalogan a la derecha liberal, [como] ‘derecha cobarde’”, y a que asistió a un evento conservador fundado por los conservadores estadounidenses en 1974, pero cuyo anfitrión presidencial este año, 2025, habría “aprobado leyes para gobernar por decreto”.

La racionalidad, según Peña, a la hora de analizar las candidaturas de Kast, Matthei o Jara, entonces ya no tiene que ser aplicada a sus dichos contextualizados o a su ideología —recuerden que Peña ha insistido en que no importa la ideología comunista de Jara, ideología que de hecho trae implícita la idea de gobernar por decreto, sino que lo que importa es su programa y su coalición—, sino a analizar atentamente lo que dicen o gritan sus votantes y a pasar revista a quienes hacen de anfitriones a sus comidas, fiestas o eventos. Y de paso, tenemos que espantarnos por quienes muestran la voluntad de hacer aplicables las leyes, como, por ejemplo, acaba de hacer recién Dorothy Pérez.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el sábado 16 de agosto de 2025.

Sesión en Comisión de DD.HH del Senado:

Impactado, impresionado, anonadado, pero principalmente con una impotencia sublime de aceptar todo lo que ha venido sucediendo con el actuar y la gestión inhumana de Gendarmería dependiente del ministerio de Justicia y DD.HH.; sencillamente hay que estudiar una seria reorganización de ésta incumplidora Institución, que me avergüenza de su desacato y no cumplimiento legal de sus obligaciones y también lo que corresponde a su ente superior, que seguramente tiene gran responsabilidad en esto:

Por otro lado:

¿Y los huesos?, ¿Cuándo?

*”Una salchicha y media papa”: el “rancho” de Punta Peuco que terminó en tribunales*

Ciento treinta y ocho internos del penal construido para condenados por violaciones a los derechos humanos presentaron un recurso de protección contra Gendarmería ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Allí reclaman porque la institución penitenciaria cambió las reglas sobre el ingreso de alimentos y útiles de aseo al penal, lo que habría derivado en un desabastecimiento. Para respaldar su queja, relatan estar recibiendo una ración que, aseguran, se repite a diario. 

Bien por el gobierno peruano:

Dina Boluarte promulga ley de amnistía a miembros de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa

La presidenta Dina Boluarte firmó la ley durante un evento realizado en Palacio de Gobierno. | Fuente: Video: RPP | Foto: Andina

por Sergio Espinoza

13 de Agosto del 2025 12:26 PM · Actualizado el 13 de Agosto del 2025 1:10 PM

Desde Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte dijo que, con la promulgación de la ley, el Perú honra a aquellos que combatieron durante la época de terrorismo que agobió al país.

Lima

La presidenta Dina Boluarte promulgó este miércoles la ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, a pesar de las críticas del Poder Judicial y de la Fiscalía.

La jefa de Estado y sus ministros habían adelantado que el Ejecutivo daría el visto bueno a la normativa aprobada por el Congreso el 9 de julio pasado, incluso la mandataria rechazó la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que solicitó suspender inmediatamente la aplicación de la ley.

PUEDES VER:

Gobierno oficializa ley de amnistía a miembros de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa

Desde Palacio de Gobierno, Boluarte Zegarra dijo que, con la promulgación de la ley, el Perú rinde “justicia” y “honra” a aquellos que combatieron durante las épocas de terrorismo.

“Muchos de estos hombres y mujeres entregaron su vida en defensa de la paz que hoy gozamos. Otros sobrevivieron, pero cargaron durante años con el peso de juicios interminables, de acusaciones injustas, de un dolor que no solo alcanzó a ellos, sino también a sus familias”, declaró.

“Hoy, con la promulgación de esta ley, el Gobierno peruano y el Congreso reconocemos… su sacrificio y les devolvemos la dignidad que nunca debió ser cuestionada”, agregó.

La mandataria alegó que su Gobierno actuó considerando el marco jurídico nacional e internacional, por lo que insistió en que se ha rechazado “con firmeza” cualquier intromisión interna o externa, en referencia a las críticas a la promulgación de la ley.

“No podemos aceptar que hombres de 70 y 80 años que cumplieron con su deber constitucional de defender el Estado de derecho sigan cargando cadenas judiciales que destruyan sus vidas y las de sus seres queridos.”, puntualizó.

“Nadie puede osar e insinuar a los agentes del Estado o a la sociedad peruana a subvertir las leyes de la República. Exigimos respeto, como nosotros también respetamos”, puntualizó.

¿Qué dice la ley de amnistía?

La norma busca otorgar amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa denunciados, investigados, procesados o condenados por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, período marcado por el terrorismo.

La legislación establece beneficios específicos, como la amnistía para aquellos sin sentencia firme y para adultos mayores de 70 años con sentencias en ejecución, según explicó Fernando Rospigliosi, entonces presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento.

En su momento, Rospigliosi defendió la iniciativa, argumentando que no promueve la impunidad, sino que reconoce a quienes enfrentaron al terrorismo, muchos de los cuales enfrentan largos procesos judiciales.

Ministerio Público deberá investigar

Corte de Valdivia revoca inadmisibilidad de querella por prevaricación contra Ministro en Vista Extraordinario Alvaro Mesa

Considera que el juez de garantía excedió sus facultades al calificar los hechos como no constitutivos de delito sin investigación previa.

12 de agosto de 2025

Imagen: La Tercera

En votación dividida, la Corte de Apelaciones de Valdivia, como subrogante legal, revocó la resolución dictada por el Magistrado Federico Gutiérrez del Juzgado de Garantía de Temuco, que declaró inadmisible la querella deducida contra el Ministro en Vista Extraordinario Alvaro Mesa Latorre que sustancia causas de derechos humanos y en contra de todos quienes resulten responsables por el cuasidelito de prevaricación, contemplado en el numeral primero del artículo 224 del Código Penal, interpuesta por la abogada Carla Fernández, en representación de ex militares procesados por el Ministro Mesa.

Cabe señalar que inicialmente el Magistrado Gutiérrez había declarado admisible la querella, no obstante, al día siguiente de haberla acogido a trámite revirtió su decisión y resolvió su inadmisibilidad.

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En contra de esta resolución la parte querellante apeló, pero como los ministros integrantes de la Corte de Temuco se declararon inhabilitados para conocer de la apelación, le correspondió resolver a la Corte de Valdivia como subrogante legal.

Para revocar la resolución en alzada la Corte de Valdivia tiene presente que la querella fue declarada inadmisible en base a la causal de la letra c) del artículo 114 del Código Procesal Penal, al estimar el juez de garantía que los hechos que la fundan no son constitutivos de delito; por lo cual “cabe reparar en los alcances del examen efectuado por el juez a quo en el contexto de las disposiciones contenidas en los artículos 111 y siguientes del Código Procesal Penal”.

Agrega la resolución que, “conforme a tales normas, aparece como suficiente que la querella contemple una descripción de hechos que revistan caracteres de delitos, conclusión a la que se arriba especialmente por lo previsto en la letra d) del artículo 113 del Código Procesal Penal, en cuanto únicamente exige que contenga una “relación circunstancia del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se hubiere ejecutado, si se supieren”.

De lo anterior, concluye la Corte de Valdivia que la resolución apelada ha excedido el ejercicio de subsunción formal esperable en un estudio de admisibilidad de una querella, desde que a priori ha calificado como no constitutivo de delito el obrar del querellado sin que se haya iniciado investigación alguna, cuestión de particular relevancia en este caso en atención a la serie de elementos que deben ser considerados en delitos de naturaleza compleja como el contemplado en el artículo 224 del Código

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Penal, sobre los cuales solo puede arrojar luz la correspondiente investigación a cargo del Ministerio Público.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Claudio Aravena quien fue del parecer de confirmar la resolución en alzada en virtud de sus propios fundamentos y que existen recursos pendientes en contra de la resolución judicial que funda el eventual delito de prevaricación.

Vea texto de resolución Corte de Valdivia Rol Nº875-2025 (Penal).

Comunicado de la abogada Carla Fernández Montero:

La Corte de Valdivia revocó la inadmisibilidad de la querella por prevaricación culposa en contra del Ministro y Presidente de la Corte de Temuco Álvaro Mesa Latorre, interpuesta por tres ex militares, ordenando que se conozca la querella por el Ministerio Público dada la complejidad del delito denunciado, acogiendo íntegramente la tesis de los querellantes en cuanto a que el examen de admisibilidad de la querella (art. 113 Código Procesal Penal) es un estudio formal y no de fondo, como pretendía la defensa apelando a criterios de la Corte Interamericana de DDHH que “primarían sobre la ley procesal penal chilena”.

La admisibilidad permitirá que un órgano independiente e imparcial, como el Ministerio Público, investigue los hechos y determine si revisten los caracteres de delitos y si en los mismos, cabe una participación en calidad de autor del mencionado Ministro.

Esta sentencia abre una luz de esperanza para aquellos condenados por causas de DDHH que son sometidos a un proceso inquisitivo y secreto donde quien investiga y falla es la misma persona y que dado el transcurso del tiempo y la carencia de pruebas, han decidido condenar en base a presunciones y no a hechos reales y probados, sosteniendo una sentencia más propia de un derecho penal de autor que de un derecho penal del hecho.

Carla Fernández Montero

Admiten querella contra presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco por prevaricación culposa

Roberto Neira

Periodista Radio Bío Bío Temuco

Publicado por Constanza Carrillo Silva

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CONTEXTO | Agencia UNO

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso de apelación y declaró admisible la querella por prevaricación culposa presentada contra el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre.

Recordemos que la acción judicial en contra del juez que también investiga causas por violación a Derechos Humanos en el sur del país, fue presentada por la abogada Carla Fernández.

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Admiten y luego declaran inadmisible querella contra presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco

En su parte resolutiva del documento, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, indica que “se revoca la resolución apelada de fecha 1 de julio de 2025, dictada por el Juzgado de Garantía de Temuco, y en su lugar se declara que la querella interpuesta con fecha 26 de junio de 2025 es admisible”.

La querella fue presentada por la misma abogada Fernández, quien representa a tres exfuncionarios del Ejército condenado por delitos de homicidio y apremios ilegítimos en la causa conocida como El Polvorín.

La resolución fue adoptada con el voto a favor de los ministros Juan Correa Rosado y Karina Ormeño Soto; y con el voto en contra del abogado integrante Claudio Aravena Bustos, quien fue del parecer de confirmar la resolución.

Recordemos que esta apelación se origina luego que el juez de Garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, declaró admisible la querella y en menos de 24 horas la declaró inadmisible.

La Radio intentó obtener una vocería tanto de la Corte de Apelaciones de Temuco como de la de Valdivia, pero se indicó que no era posible por tratarse de una causa en proceso.

Así lo publicó la Tercera.cl:

Noticia AML 13 agosto

En La Segunda:

Boric nunca ha concedido un beneficio carcelario a los miembros de las FF.AA y de Orden

Opinión

13 agosto, 2025

Los pendientes de la Defensa Nacional de Chile

Por : Richard Kouyoumdjian InglisExperto en Defensa y Seguridad Nacional. Concejal por Las Condes

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La verdadera discusión va a estar en el proyecto de ley que busca completar los aspectos no terminados de la Ley 20.424, porque ahí sí nos vamos a meter en una discusión en que se va a tocar el fondo del problema: qué entendemos por la Defensa Nacional.

En su Cuenta Pública del 24 de julio, realizada en Punta Arenas, la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, anunció –entre otras cosas– la próxima actualización de la Política de Defensa y de la Política Militar, algo que debió haber ocurrido hace ya un tiempo. No es bueno ni razonable que un Gobierno publique esos documentos a seis meses de terminar su periodo y a tres meses de las elecciones presidenciales. Esto debió haber ocurrido a lo más en el 2023, a un año de asumir, guiando su actuar en la materia durante el mandato para el cual fueron elegidos.

Aparte de llegar tarde, preocupa el bajo nivel de sociabilización que ambos documentos han tenido en la comunidad de especialistas. Hace aproximadamente un poco menos de un par de años, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe), por cuenta de la Subsecretaría de Defensa, realizó una serie de reuniones sobre algunos (no todos) de los temas que se incluirían en la Política de Defensa y la Militar, pero eso fue lo único, no hubo más y no todos los especialistas fueron invitados.

Esperamos que lo que venga sea tan bueno como la que está actualmente vigente, que a pesar de que en su minuto fue motivo de discusión entre las instituciones, finalmente generó algo muy bueno, que perfectamente podría seguir así, solo con pequeños ajustes.

Dicho lo anterior, no debe ser fácil producir documentos como los recién mencionados. El mundo está revuelto y complicado, nuestra postura estratégica no es clara frente a China y los Estados Unidos de América. Además, vivimos una crisis de seguridad pública que no hemos sabido abordar y el Presupuesto Nacional está apretado, no siendo capaz de financiar en forma razonable e íntegra las necesidades operativas y de inversiones que se necesita realizar tanto en materia de Defensa Nacional como en Seguridad Pública.

Junto con el anuncio de la pronta publicación de las políticas, viene uno que puede ser más complejo y que se refiere al envío de un proyecto de ley que busca fortalecer al Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, el llamado EMCO, y es sobre este tema que me quiero detener.

El Ministerio de Defensa indica que el proyecto de ley busca mejorar la conducción y el empleo conjunto de las capacidades de las Fuerzas Armadas, sin precisar por qué necesita ser mejorado o si hay algo que está fallando en su forma de organización actual. De buenas a primeras, cuesta entender la motivación de la ministra respecto de las mejoras buscadas en el EMCO.

La actual organización del Ministerio de Defensa Nacional, así como de las subsecretarías de Defensa y de Fuerzas Armadas y del EMCO están detalladas en la Ley 20.424, de febrero de 2010, la que básicamente mantiene todo igual, excepto que consolida las subsecretarías de Guerra, de Marina y de Aviación en una técnica (la de Defensa) y lo administrativo, en la de Fuerzas Armadas. El EMCO en la práctica es lo mismo que el antiguo Estado Mayor de la Defensa Nacional, pero con más gente y, por ende, más caro.

La ley del 2010 logró parcialmente avanzar en lo conjunto al unir las subsecretarías, pero no consigue una organización de Defensa Nacional conjunta tanto en el mando y control, así como en las capacidades de interoperabilidad. El EMCO y sus comandos conjuntos no tienen medios a su mando, los que circunstancialmente les pasan a reportar para la realización de ejercicios o en casos muy especiales. Es correcto que les reportan las fuerzas que estén operando en misiones de Naciones Unidas, pero hoy en día son las menos, al no haber tropas destinadas al exterior como ocurrió en Haití.

Por otro lado, la posición de ministro de Defensa tiene atribuciones limitadas. Si bien es cierto que los subsecretarios, los comandantes en Jefe y el jefe del EMCO le reportan, estas son todas posiciones de designación presidencial, lo que algunas instituciones usan a su favor cuando no están de acuerdo con las instrucciones del ministerio o tienen malas relaciones con esa autoridad.

En la práctica, el poder de la persona a cargo del ministerio solo está en la aprobación de los proyectos de defensa, siempre y cuando Hacienda le pase los recursos. En muchas cosas no es más que el asesor del Presidente en materias de defensa, un asesor con alta influencia, pero sin mando y autoridad real sobre la organización de la Defensa Nacional, que tradicionalmente opera y ha operado en forma autónoma.

La falta de atribuciones, autoridad y poder del jefe del EMCO (Jemco) no es otra cosa que un reflejo de lo que pasa con el Ministerio de Defensa Nacional como un todo. No podemos esperar mucho más de un ministerio al que no le hemos dado las herramientas para realizar su trabajo.

Obviamente, si se quiere avanzar en esa dirección, nos vamos a encontrar con mucha oposición. Por un lado, del mundo político que no van a querer tener un ministro y un Jemco con muchas atribuciones, con una concentración de poder real, y, por otro lado, de las instituciones de la Defensa Nacional que van a sentir que pierden libertades e independencia, pero –como bien reza el dicho– si queremos avanzar, para hacer una tortilla hay que quebrar huevos.

La situación en el norte de Chile demanda un Comando Conjunto Norte con recursos, empoderado y autoridad, lo mismo que la conducción de la Defensa Nacional.

No podemos seguir teniendo tres versiones de lo que se necesita para la defensa de Chile, realidad que la actual Política de Defensa reconoce adecuadamente, pero que sin conductores políticos que entiendan de la materia y lo hagan exigible no pasa de ser solo un documento, ya que el sistema tiende a volver a su zona de confort, uno que no ha tenido que enfrentar una amenaza externa del tipo nacional, pero que sí enfrenta uno de carácter criminal transnacional que amenaza seriamente nuestra soberanía y control territorial, uno en que vamos perdiendo y no hemos logrado resultados reales, uno en donde una organización verdaderamente conjunta y con poder podría hacer grandes diferencias.

El tema del Jemco no se resuelve colocándole cuatro estrellas al general o almirante que se elija, o determinando la forma en que se escoge la persona que va a desempeñar el puesto, o la rotación entre las instituciones. Se resuelve determinando sus atribuciones y autoridad sobre las Fuerzas Armadas, algo que también aplica, como dije antes, a su superior jerárquico, el ministro de Defensa Nacional y la organización que teóricamente dirige.

Ya veremos con qué nos sorprende el equipo del Ministerio de Defensa Nacional en términos de Política de Defensa y Política Militar, las que en la práctica valen cero si no vienen acompañadas de financiamiento asegurado, quedando solo como ejercicios académicos sin aplicación práctica.

La actual Ley de Financiamiento de las Capacidades Estratégicas ya ha demostrado algunas debilidades, las cuales deben ser abordadas como parte de la revisión o publicación de una nueva Política de Defensa.

Dicho lo anterior, la verdadera discusión va a estar en el proyecto de ley que busca completar los aspectos no terminados de la Ley 20.424, porque ahí sí nos vamos a meter en una discusión en que se va a tocar el fondo del problema: qué entendemos por la Defensa Nacional, su financiamiento, organización y objetivos.

Vamos a ver cuánto estamos dispuestos a avanzar en lo conjunto y en la optimización de la forma en que operamos. Vamos a ver si es que vamos a involucrar más permanentemente y no en forma teóricamente excepcional a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior, resucitando el concepto de la fuerza pública de la Constitución del 25, y por ende, los cambios a sus dotaciones y equipamiento, los cuales apuntan a la defensa de amenazas estatales y a no la defensa de las de carácter y organización criminal transnacional.

• El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Algo de HISTORIA:

El gran descontento de las Fuerzas Armadas por el abandono a que estaban sometidas en este periodo que daba señales de lo que vendría mas tarde.

Vea:

https://youtu.be/DcgGe85YnB0?si=_p8XC4ZVKTB1Op6T

POR DEFENDER A PINOCHET

Por   Humberto Julio Reyes

            Gracias a la libertad de prensa, que periódicamente se quisiera restringir, a título de evitar las fake news, nos hemos enterado de un curioso episodio sucedido en un sala de clases.

            “Lo repito, para que todo el mundo lo escuche. Acá su compañero está hablando, defendiendo a Pinochet. Yo tengo un familiar que…¡Cállate! ¡Cállate, te dije! ¡Cállate! A ver. ¡No estoy hablando contigo! ¡También te callas!”

            Esta sería parte de la transcripción de lo grabado por un alumno con su celular, todavía permitidos en clases, de la “pedagógica” forma en que un profesor del liceo municipal de Limache puso orden durante su clase de Lenguaje.

            Según otro alumno, el curso se encontraba indisciplinado, cosa que no sorprende hoy en día, y “conociendo la postura contraria del docente al régimen militar (1973-1990), un estudiante habría reivindicado a quien fuera jefe de Estado en ese período, desatando la furiosa reacción del docente”.

Denunciado el incidente por una parlamentaria, el alcalde anunció la separación del profesor de las aulas y otras acciones, habiéndose abierto por parte de la fiscalía una investigación por el delito de tratos degradantes a niños y eventuales otros malos tratos.

Noticia en desarrollo.

Aunque mayores detalles aún no se conocen, pareciera que el profesor habría sido deliberadamente provocado y, no se pudo controlar.

Quien preside el gremio respectivo ha hecho ver que el stress al cual están habitualmente sometidos los docentes podría explicar su reacción, pero pareciera que aquí jugó en su contra su postura ideológica y quizás una sorpresa para la cual no estaba preparado:

Que un alumno de su clase se atreviera a defender a Pinochet, a pesar de la demonización iniciada el mismo 11 de septiembre de 1973 y persistentemente alimentada durante más de medio siglo, mientras, en forma paralela, no se ahorran homenajes póstumos a don Salvador Allende.

Lo que, a lo mejor, fue una broma de estudiante, le debe haber parecido un fracaso inaceptable para su autoevaluación como docente convencido de ser dueño de la verdad.

No me cuento entre quienes piden el máximo rigor para castigar a quien incurre en conductas como la que está siendo investigada, pero sí quisiera que el incidente no pase pronto al olvido, sino que las autoridades que corresponda se den el tiempo para controlar la forma en que se está enseñando nuestro pasado reciente a nuestros descendientes, para evitar que se impongan visiones que carecen de la necesaria objetividad.

¿Será mucho pedir?

13 de agosto de 25

Inteligentontos al poder

Por Juan Pablo Zúñiga Hertz 

“Dadas las condiciones del posible tsunami, se cancelan las clases en todo el país”. Ese era el anuncio de los inteligentontos al mando de la nave que, creyendo que era una decisión de una inteligencia supina, resulta sumamente tonta si se mira el mapa de Chile.

Esa fue una más de las innumerables chambonadas y descalabros de nuestros gobernantes que sonaban cómicas cuando escuchábamos que sucedían en otros países e inocentemente creíamos nunca nos tocaría. Y aquí estamos luego de haber escupido al cielo y por haber votado por ellos. Seamos francos, usted y yo no votamos por estos fulanos, pero hubo una masa enorme de otros inteligentontos que se creyeron inteligentes al votar por mozalbetes sin experiencia, pero con vastos recursos de odios.

Si de odios se trata, los potenciales sucesores de los inteligentontos son la fuente misma del odio dada la naturaleza diabólica del comunismo. Sí, diabólica. Usted dirá que no tiene nada que ver, pero permítame hacerle ver que el desprecio por el valor y la dignidad del ser humano en pro de un colectivo misterioso, la indiferencia por la muerte de millones y la franca oposición y odio hacia Dios y sus pueblos, tanto el judío como el cristiano, todas características del comunismo, son las mismas características que ostenta Satanás.

¡Ay, Chile querido! ¡Qué trance histórico más perverso en que nos hemos o más bien, nos han metido! Parece un camino sin salida, pero, tengamos buen ánimo, porque la hay. Hay una salida y depende de usted a fin de año. Sacar a los inteligentontos del poder y evitar que sus enrabiados sucesores lleguen hasta la médula del aparato estatal, depende de usted. Sin embargo, permítame aclararle que arreglar el desastre moral y estructural del país no se va a resolver en cuatro años. Es decir, tenga paciencia y no caiga en la tontería de pensar que, al cabo de cuatro años de un gobierno que tome las riendas del país, estará todo arreglado, y si no, le va a bajar la pataleta y le va a dar otra chance a los inteligentontos que para entonces serán cuatro años más viejos, pero igual de tontos.

El consejo es simple: hágase parte y haga de su parte para sacar a esta gente y traer el sentido común y la mano firme al gobierno. Más aún, sea paciente porque Chile no se va a arreglar de la noche a la mañana ni de marzo del 2026 hasta el 2030. Por lo tanto, ¡buen ánimo y mucha paciencia!

Justicia social de “cartón”: cuando la ideología ignora la realidad

Por Álvaro Pezoa Bissières 

Chile parece vivir en un estado de contradicción permanente. Cada cierto tiempo, una propuesta política –nueva o que busca extenderse en el poder– promete “justicia social” (o equidad o solidaridad) a través del mismo libreto: más Estado, más impuestos, más controles. La narrativa es conocida y seductora: si las desigualdades persisten, es porque el mercado es cruel; si hay pobreza, es porque las empresas –o los “súper ricos”– no hacen lo suficiente; si la ciudadanía está descontenta, la solución sería que el Estado crezca para “cuidar” más. Sin embargo, cada intento estatista deja la misma enseñanza: la realidad se resiste a obedecer a la ideología.

En el discurso público, la justicia social se ha convertido en palabra mágica que sustenta todo. Se presentan reformas tributarias como actos de justicia, estatizaciones como actos de equidad, y restricciones a la inversión como “cambios de modelo” (inequitativo). Lo curioso es que, mientras más se invoca la justicia social, menos se traduce en resultados concretos. La inversión cae, el empleo se estanca, y los destinatarios de esas grandes promesas siguen esperando.

La historia reciente ofrece lecciones claras. En los últimos años, Chile ha multiplicado programas sociales y subsidios, mientras su capacidad de crecer se ha debilitado. Cada punto menos de crecimiento es un impuesto silencioso a los más pobres, porque significa menos empleos, menos recaudación y menos oportunidades de movilidad. Pero este “costo” raramente aparece mencionado en los discursos: es más “rentable” anunciar beneficios que asumir las consecuencias de los desequilibrios que generan.

El problema de fondo no es la justicia social –que es un principio ético valioso de ordenamiento social–, sino su secuestro por la ideología. Cuando se la entiende como un instrumento de confrontación electoral y no como dimensión efectiva de una estrategia de desarrollo integral, la justicia se convierte en mero eslogan. Los impuestos se elevan de modo agobiante sin que haya más inversión; los subsidios crecen mientras la productividad cae; y la promesa de la tan mentada igualdad (¿cuál exactamente?) se transforma en un espejismo.

Las reglas cambian al ritmo de la ideología, y el que invierte productivamente queda a merced de la siguiente reforma, del enésimo permiso o del nuevo experimento solidario. El sector empresarial, en un escenario como el descrito, observa –y se repliega– con creciente cautela; y, en un país que necesita urgentemente recuperar la confianza y el crecimiento, esta dinámica solo profundiza el estancamiento.

Chile requiere un cambio de enfoque. La verdadera justicia social no se logra con reiterar discursos vacíos ni expandiendo permanentemente el Estado. Descansa, principalmente, en crear las condiciones para que cada persona pueda desarrollarse con autonomía (libertad) y dignidad: empleo, educación de calidad, seguridad y oportunidades reales de emprendimiento. La ideología ofrece consignas; la realidad exige resultados.

Si la política insiste en desconocer esta verdad simple, la frustración ciudadana seguirá aumentando. La experiencia muestra que los países que confunden justicia social con estatismo terminan debilitando tanto la economía como la democracia que dicen proteger.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el sábado 2 de agosto de 2025

*“Lo que el Diablo da, el Diablo se lo lleva”.*

Por Cristian Labbé Galilea

En política, están pasando cosas y no menores; todo indica que soplan vientos favorables para un giro histórico. Comienzan a repetirse situaciones que hace algún tiempo eran impensables, como por ejemplo: que se acogiera una querella por prevaricación contra un alto magistrado que preside una Corte de Apelaciones; que la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) suspenda a la DC chilena por apoyar a una candidata comunista; que todas las encuestas anticipen que el próximo presidente será quien cree verdaderamente en los principios de la Sociedad Libre…

Son muchos los casos que nos permiten suponer que estamos siendo testigos de un punto de inflexión en materia política, y no de meros episodios aislados. Claramente estamos ante una tendencia que se ha venido configurando en el último tiempo, y la mejor demostración es la decisión de la comuna de San Miguel (R.M) de cambiar el nombre a la avenida Salvador Allende para volver a llamarla “Salesianos”, como se conocía tradicionalmente.

La importancia de esta decisión es que ella fue adoptada democráticamente por el Concejo Municipal, después de una consulta comunal donde el 82% de los vecinos estuvo de acuerdo en que la calle volviera a su antigua denominación, la que, en forma arbitraria, había sido cambiada el año 2023 por el alcalde anterior, sin participación alguna de la comunidad.

Alguien puede pensar que este hecho no tiene mayor trascendencia, pero esta observadora pluma advierte a sus sagaces contertulios que el futuro no siempre se anuncia con clarines, sino con susurros. Y esta es una señal clara que a “la izquierda se le acabó el tiempo”, ya no podrán seguir abusando del pasado ni menos tratando de “deconstruir todo”, incluso “las raíces locales”.

Ignorar estas señales es como navegar sin mirar las nubes. El buen observador sabe que, si esos pequeños gestos se repiten y se multiplican, aunque parezcan nimios, son el faro que marca el rumbo de los grandes cambios. En política, como en todo en la vida, el futuro no siempre llega de golpe; primero se filtra por los intersticios de lo cotidiano, y quien ignora esas señales termina arrastrado por la marea.

Las señales son demasiado evidentes; están en todas partes, en la calle, en las conversaciones, en la actitud de quienes antes callaban, y eso la izquierda lo sabe. Sabe que el reloj de la historia les está dando las últimas campanadas, y la realidad les está indicando que ya no controlan el tablero, sus viejas argucias, sus odiosas patrañas y sus desgastadas consignas, han fracasado.

Definitivamente, hoy soplan vientos favorables… Es la hora de la libertad, del orden y del progreso; es la hora de terminar con el desastre, la corrupción y el desgobierno; es la hora de que las cosas cambien. No estamos para prolongar lo viejo, estamos para inaugurar lo nuevo. ¡A la izquierda le llegó la hora!… El refrán lo dice: “Lo que el diablo da, el diablo se lo lleva”.

Centro político: el gran vacío

Por Gonzalo Ibáñez Santa María |

Una de las novedades que presenta el actual cuadro político es la virtual desaparición del denominado “centro político”. Y esto, tanto en los sectores pro gobierno como en los de la oposición.

La derrota de Carolina Tohá a manos de la candidata comunista Jeannette Jara lo demostró en el campo del oficialismo gobiernista. En la oposición, Evelyn Matthei, mucho tiempo puntera en las encuestas, ha retrocedido en forma muy notoria de cara a José Antonio Kast y aún a Johannes Kaiser, aunque a este lo adelanta todavía en los pronósticos.

¿Qué ha sucedido? Sucede que ambos grupos de centro se declaran herederos de la bonanza que acompañó la marcha del país durante los treinta años siguientes al término del gobierno militar, y quieren repetirla y continuarla. A ese gobierno, sin embargo, ambos grupos manifiestan repudiarlo, a pesar de que la bonanza de la que se sienten orgullosos es precisamente aquella que provino de las políticas inauguradas y seguidas por el gobierno militar, tanto en materia económica como en salud, educación, seguridad pública, etc.

Con lo cual, caen en una contradicción: no tiene lógica apoyar unas políticas y, a la vez, repudiar al gobierno del cual ellas provinieron. Sin embargo, ese es el eje de sus programas, en virtud de los cuales tales grupos son llamados “de centro”.  En definitiva, las críticas que se dirigían al gobierno militar –sobre todo a su origen– rápidamente englobaron a sus políticas provocando el debilitamiento en su aplicación, con lo cual se abrió la puerta para que comenzáramos un retorno al caos marxista de 1973. Ese ha sido la causa del éxito del grupo denominado Frente Amplio, que incluso conquistó el gobierno y cuyo objetivo no ha sido otro que el de retornar al momento anterior a aquel en el que la Junta Militar asumió el gobierno del país.

De cara al descalabro que esta estrategia ha traído al país, la ciudadanía exige definiciones, haciendo imposible la existencia de un centro político cuyo signo ha sido el de la contradicción. Por eso, ese centro, de un lado o del otro, o reconoce su deuda con el gobierno militar al predicar como propias las políticas que fueron las de él o se declara enteramente contrario y rechaza asimismo sus políticas. Es lo que ha hecho Carolina Tohá al alinearse, aunque a regañadientes, detrás de la candidata comunista.

El caso de Evelyn Matthei es más complejo. Los principales partidos políticos que la apoyan, RN y UDI, comenzaron su vida muy cercanos al régimen militar. Después, vacilaron y adoptaron respecto de él, la posición de la denominada centro izquierda. En estos partidos, la contradicción es, por lo tanto, aún mayor.

Evelyn Matthei puede, con todo, alinearse con la verdad de nuestra historia política de las últimas décadas y defender, por lo tanto, la legitimidad del pronunciamiento de 1973 y proyectar la política del gobierno militar, reconociendo su origen. Lo cual, por supuesto, no supone para nada validar todas las acciones de ese gobierno. Sí supone sostener, sobre todo, que el pronunciamiento militar significó un punto de inflexión en nuestra historia y una demostración de que con la política no se juega. En definitiva, en Chile no se puede permanecer indiferente frente a lo que significó el 11 de septiembre de 1973. Si, de hecho, somos indiferentes o lo condenamos, de inmediato estaríamos validando la acción marxista que, dirigida por Salvador Allende, entonces destruía a Chile. Es el peligro al cual se enfrenta Chile, frente al cual una candidata como Matthei no puede callar.

Sin embargo, calla. Las consecuencias quedan cada día más a la vista. Al frente, en cambio, candidatos como Kast y Kaiser no han renunciado a nuestra historia, defienden el legado del gobierno militar y no se avergüenzan en reconocer lo mucho que le debe el país, sin perjuicio de reconocer también los abusos y errores que acompañaron su gestión. Es así como ellos recogen los votos que pierde Matthei.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el sábado 9 de octubre de 2025.

La heredera de la mentira

Cristián Valenzuela | Sección: Política

En política hay errores que cuestan caro y otros que marcan para siempre. Después de casi cuatro años de Gabriel Boric, Chile ya conoce el patrón: prometer, negar, ser desmentido y luego explicar —o pedir disculpas— cuando la evidencia es innegable. No es accidente; es una forma de hacer política. Y en la última semana, Jeannette Jara dejó claro que no solo entiende esa fórmula, sino que la ejecuta con precisión. Es, sin matices, la heredera de la mentira.

En un foro presidencial le recordaron que en primarias, en su extenso programa, propuso la nacionalización del cobre y el litio, entre otras barbaridades. Ella, con tono firme, no solo lo negó, sino que hizo una apelación romántica a la “verdad” y acusó a sus rivales de “desinformar” y “mentir”. El problema es que la realidad es terca: horas después, el propio programa de su campaña confirmaba lo que había negado. No fue un error de redacción, ni un cambio improvisado; fue la decisión consciente de ocultar un punto sensible para no pagar el costo político en ese momento.

Aquí la comparación con Boric es inevitable. El Presidente llegó al poder prometiendo eliminar los delegados presidenciales, bajarse el sueldo, terminar con las AFP y tarifa cero para el transporte público. No cumplió ninguna. Y su mayor quiebre no fue programático, sino moral: el gobierno que se autoproclamó “feminista” terminó protegiendo a uno de sus funcionarios más leales, Manuel Monsalve, incluso tras denuncias graves como la violación y abusos de una subordinada. Mientras en campaña se llenaban la boca con el discurso de los derechos de las mujeres, una vez en el poder optaron por blindar a sus potenciales agresores. El resultado fue un retroceso doloroso para cientos de miles de chilenas que creyeron las mentiras de este gobierno, pero que terminó siendo un verdadero peligro para las mujeres.

Ese es el verdadero legado que Jara parece dispuesta a heredar. No solo las promesas incumplidas, sino la forma de administrar la verdad: negar lo dicho, relativizar lo prometido y culpar a otros por el cambio de postura. Lo que para algunos es “estrategia comunicacional”, para el ciudadano común es simplemente engaño.

La mentira en campaña no es un accidente inocente ni un desliz verbal. Es una prueba de carácter. Si un candidato es capaz de manipular la verdad antes de llegar a La Moneda, también lo será cuando tenga el poder. Lo hemos visto: Boric comenzó justificando cambios de postura como “madurez política” y terminó consolidando un estilo de gobierno marcado por la incongruencia y la falta de credibilidad.

El episodio de Jara con el cobre y el litio, sumado a la sombra del caso Monsalve, no son hechos aislados. Son señales de un oficialismo que no corrige sus errores, sino que los repite. En su círculo no parece existir la conciencia de que cada mentira erosiona la confianza, y que en la era de la información inmediata la verdad siempre emerge, dejando en evidencia al que intentó ocultarla.

Lo más preocupante es que estos episodios no solo dañan a una candidatura: dañan a la política como espacio de acuerdos y soluciones. Cada vez que un candidato miente o niega lo evidente, la desconfianza crece, el desencanto se profundiza y se fortalece la idea de que todos son iguales. Esa es la herencia más peligrosa que Jara podría recibir de Boric.

Porque esto no es solo un debate moral; es un problema práctico de país. Cuando la verdad se vuelve un insumo táctico, nadie invierte, nadie planifica y todos pagan el costo: cae la confianza, se frena el empleo, la seguridad se diluye y el Estado pierde autoridad. La mentira en campaña se traduce en improvisación en el gobierno, y la improvisación se paga con menos crecimiento, más burocracia y servicios que no llegan.

Chile no resiste otros cuatro años de relato sin realidad. Chile no soporta otro ciclo de falsedades envueltas en discursos bonitos. Necesitamos un liderazgo que firme y cumpla, no uno que prometa y luego explique. No está para que lo gobierne alguien que ya demostró que puede mentir con la cara seria y la voz firme. Si mienten en campaña, mentirán en La Moneda. Y esta vez, no habrá excusa: ya sabemos quién es la heredera de la mentira y qué está dispuesta a hacer para llegar al poder.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el sábado 9 de agosto de 2025.

Nuevo geratricidio:

Acaba de ingresar un nuevo condenado a Punta Peuco; Coronel de Carabineros, don Hugo Jesús Medina Leiva, nacido el 14 de noviembre de 1932, es decir sobre los 92 años de edad, con movilidad escasa y no autosuficiente. Condena sentenciada para variar de la 2da. Sala Penal de la Corte Suprema.
Con él son 6 los internos nonagenarios, algunos sobrepasan los 94 años de edad.
Genocidio de ancianos, por apoyo de los tribunales al comunismo.

Post

Enrique Slater @slater_enrique

El Coronel de Carabineros, Hugo Medina Leiva de 92 años, ingresó a Punta Peuco. Salud: demencia senil, sin control de esfinter y enfermedades crónicas. ¿Es eso justicia? Es fundamentalmente crueldad, venganza y otros intereses. No es la tarea de un verdadero juez.

*LA ETERNA TORTURA*

Por Ing. Jorge Sepúlveda Haugen.

Punta Peuco se ha convertido en un laboratorio siniestro de castigo prolongado, una prisión que opera fuera del tiempo judicial y dentro del tiempo del odio. Allí, hombres de la cuarta edad —algunos con demencia, otros postrados, muchos con enfermedades terminales— son sometidos a un encierro que ha mutado en tortura cotidiana. No hay clemencia, no hay reconocimiento del desgaste físico ni del deterioro mental. No hay empatía. Solo una voluntad política ciega que ha transformado su existencia en un símbolo vivo de revancha, un altar perverso donde se inmola la dignidad humana.

Los familiares recorren kilómetros para llegar, cruzando cordones de control y burocracia, sabiendo que quizás ese sea el último encuentro. Pero ahora, con las nuevas restricciones, las visitas se reducen, se eliminan derechos básicos, se retiran electrodomésticos esenciales, se amenaza con mezclarlos con reos comunes. Se pretende borrar cualquier diferencia, ignorando que la mayoría no representa un peligro físico, sino que simplemente carga con la historia —a veces por cercanía, por obediencia debida, incluso sin haber disparado una sola bala. En muchos casos, fueron conductores, radioperadores, subordinados sin poder de decisión. Hoy reciben condenas simbólicas que han perdido todo límite jurídico.

El sistema no sólo los encierra: los va descomponiendo lentamente. No hay atención médica adecuada, no hay psicólogos capacitados para tratar traumas de guerra ni envejecimiento acelerado. No hay protocolos para tratar a pacientes terminales o con Alzheimer. No hay humanidad. El encierro se prolonga más allá del castigo. Gendarmes rotan turnos y hay quienes entran con la instrucción tácita de provocar, de tensar, de gritar en los pasillos, de reavivar viejos dolores. Se trata de quebrarlos, no de rehabilitarlos.

Sus cuerpos ya no aguantan, pero tampoco les permiten morir en paz. Punta Peuco se ha transformado en una cámara de tortura contemporánea. No hay látigos, pero sí olvido, hostigamiento, desarraigo. Se viola la esencia de los derechos humanos: el reconocimiento del otro como ser humano, incluso si fue enemigo.

Aquí, ni siquiera eso. Se los ha convertido en símbolos de todo lo que se odia, y se castiga su vejez con una crueldad sistemática. En un país que habla de justicia restaurativa, este sitio es la negación absoluta de toda restauración. Es el infierno para los olvidados. Y sus familias, los testigos del sufrimiento que no cesa.

Corte Suprema considera trato humanitario en cumplimiento de condenas por crímenes de lesa humanidad – Diario Constitucional

Ver:

https://www.diarioconstitucional.cl/2025/08/10/corte-suprema-considera-trato-humanitario-en-cumplimiento-de-condenas-por-crimenes-de-lesa-humanidad/

Querella por prevaricación contra ministro Álvaro Mesa Latorre.

Corte de Apelaciones de Valdivia resuelve jurídicamente:

Ver: JUICIO VALDIVIA (2)

Por fin algo de justicia, ahora esperar a que el Fiscal haga su tarea profesionalmente dentro de la normativa legal chilena y sin interferencias interesadas.

Post

Enrique Slater @slater_enrique

Increíble, jueces en causas de DD.HH., compiten en quién es más injusto contra ex uniformados. Envían a prisión a ancianos con múltiples enfermedades, en su última fase de vida. Prevaricación, presión de organizaciones de izquierda y ausencia del Estado. ¡Valientes los jueces!

La realidad:

“Gloria y Honor”

11 agosto 2025   Flash Boletín Cren N° 11   Apoya a los ancianos, enfermos encarcelados Alza Tú Voz y Comentalo en tus Círculos y reenvialo a tus contactos   VENGANZA DISFRAZADA DE JUSTICIA Gabriel Fuentes Campusano   Señor director: Se publicó hace unas semanas un artículo denominado “Holocausto”, referido a los horrores vividos en los campos de exterminio nazi. Su autoría señala que este exterminio no podría tener cabida en países desarrollados y se pregunta:¿Cómo es que aquello fuera posible? Asimismo, nos indica que, para llevar a cabo un genocidio como el ocurrido en la Alemania Nazi, fue necesario dar un carácter legal a esta persecución, encierro y muertes inhumanas, utilizando el aparato burocrático del Estado. Del mismo modo, el autor nuevamente se pregunta si, en una nación occidental civilizada, podrían repetirse hechos como los del “Holocausto”. La respuesta es sí. En Chile, existen centros de reclusión y muerte que se llenaron con presos políticos militares, cuyas edades oscilan entre los 70 y 95 años, quienes en su mayoría sufren enfermedades graves. Es común ver en el penal de Colina 1, cómo estos adultos mayores se desplazan en sillas de ruedas o apoyados en “burritos” debido a su avanzada edad. Asimismo, entre estos condenados hay quienes no son autovalentes y otros que viven con colostomías, gastrostomías, ceguera, sordera, con sondas Foley o padecen insuficiencia respiratoria, renal y cardíaca, entre otras. Entonces, ¿qué duda cabe de que estos chilenos, encerrados injustamente en su mayoría, están condenados a muerte en Colina 1? A estos miembros en retiro de las FF.AA. y policías se les enjuició con un procedimiento penal obsoleto, sin un debido proceso (1906) y distinto al que se aplica al resto de los chilenos desde el año 2005, el cual es garantista, oral y no es secreto. Siendo así, con el procedimiento penal antiguo, jueces inquisidores aplican elevadas condenas que nadie puede discutir pues los persecutores son “juez y parte”. No reconocen en su proceder pruebas de la defensa, la ley de nuestro país ni los tratados internacionales. Se condena a estos uniformados retirados en base a presunciones que no cumplen los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal (art 488), con ficciones jurídicas, aplicando autos acordados sin fuerza legal emitidos por la Corte Suprema. Y lo más arbitrario e inconstitucional, es considerar vigente el Estatuto de Roma desde 1973, en circunstancias que Chile lo suscribió en el año 2009, no siendo retroactivo, salvo que beneficie al condenado (Pro reo). Es tan transcendente esta ilegalidad, pues en éste se tipifican los delitos de “Lesa Humanidad”, que no prescriben, por tanto, no debiera existir ningún preso militar por este tipo de delitos y cualquier supuesto ilícito como señalé está prescrito. A lo largo de nuestro país, desde Arica a Punta Arenas, hay más de 420 presos, hombres y mujeres viviendo en condiciones indignas, con presidios saturados de internos, durmiendo ancianos en pasillos, comedores, incluso en la cocina por falta de celdas. He hablado personalmente con autoridades, políticos, religiosos, incluso militares, pero todos miran para el lado. Esta carta la escribí pues hace un par de días falleció en el Hospital San José en condiciones indignas, un interno, un suboficial de carabineros retirado, siendo su estado de salud al estilo de los campos de concentración nazi. Hay fotografías que circulan por internet donde se muestra una falta de derechos humanos atroz con quién sirvió a la patria, una vergüenza nacional. Lo que ocurre está en conocimiento de la Corte Suprema, por un recurso de amparo interpuesto por la abogada Carla Fernández Montero, lo que fue acreditado por la Suprema en Colina 1, disponiéndole a Gendarmería de Chile dar solución a las principales falencias observadas, no obstante, hace casi un año que Gendarmería se encuentra en desacato.   Si prefieres no recibir esta información te puedes desinscribir Para ampliar su difusión compartelo y comntalo. Mayor información www.cren.cl

IZQUIERDA DESIGNA CANDIDATA DE LA DERECHA

Escribe: Hermógenes Pérez de Arce

La izquierda ha alcanzado tal grado de control del “relato” en Chile, que uno de sus personeros más lúcidos, el economista Sebastián Edwards, ha dado su bendición a Evelyn Matthei como candidata de la derecha, diciendo que sería “una muy buena presidenta” (El Mercurio, 4 de agosto)

Advirtió, eso sí, que ella había cometido el error de decir que “las muertes habían sido inevitables” en 1973. Pero Evelyn replicó prontamente que se había arrepentido.

Es que todas las muertes son evitables.

¿Y la derecha no tendrá algo qué decir? No, por supuesto: cuando lo dice se interponen acciones legales de la izquierda para que el Servel ponga término a la existencia del partido cuyo presidente ha dicho su verdad. Y para que el Tribunal Constitucional lo sancione e impida que lleve como candidato presidencial a Johannes Kaiser, por haber repetido en una entrevista lo que en su tiempo manifestaron Eduardo Frei Montalva, Patricio Aylwin (aunque éste lo había olvidado 20 años después), Sergio Onofre Jarpa, Jorge Alessandri, Gabriel González Videla y hasta el exUP Luis Bossay: que los uniformados debían poner término a la situación de ilicitud general creada por Salvador Allende y su gobierno. Y añadió con toda lógica que si similares circunstancias volvieran a presentarse, debería volver a procederse de la misma manera.

Pero eso es hoy evitable y lo fue entonces. Si los guerrilleros de la Unidad Popular no hubieran disparado contra el carabinero Fabriciano González Urzúa en 1973, que intentaba rescatar a una camarada herido por el fuego marxista, la muerte de aquél se habría evitado.

Si Salvador Allende no hubiera armado a los partidos de la UP en los términos en que describió Carlos Altamirano a Patricia Politzer en su libro-entrevista a aquél, no habría muerto Fabriciano González Urzúa y tal vez no habría habido un 11 de septiembre.

Y en ese caso la Escuela de Suboficiales de Carabineros no se llamaría hoy “Fabriciano González Urzúa” ni desfilaría bizarramente cada 19 de septiembre en el Parque O’Higgins, confirmando su decisión de luchar siempre contra la violencia ilícita.

Todas las muertes violentas son evitables hasta el momento en que alguien las torna inevitables.

El mérito de la izquierda es que, teniendo la culpa de haber tornado inevitables las muertes, se la ha echado a los militares y a derecha.

“La culpa de todo lo que ha sucedido en Chile la tiene exclusivamente la Unidad Popular”, le escribió en octubre de 1973 Eduardo Frei Montalva al presidente internacional de la Democracia Cristiana, Mariano Rumor.

Pero la derecha, a través de personajes que la condujeron sin siquiera pertenecer a ella, como Sebastián Piñera, ha asumido la culpabilidad, como “cómplice pasiva” de los militares, permitiendo: (1) Que los victimarios marxistas se transformaran en “víctimas”; (2) Que los terroristas agresores del MIR y del FPMR se transformaran en “agredidos”; y (3) Y que los totalitarios, que buscaban instalar acá un régimen similar al de Cuba y la URSS (a la cual Salvador Allende llamaba “nuestra Hermana Mayor”) se transformaran en “demócratas” y le succionaran ya durante veinte años, enormes cantidades de recursos fiscales ilícitamente al erario.

Y a que ahora veden la libertad de expresión a los discrepantes de ellos.

¿Tiene remedio la dictadura de izquierda que se pretende instalar acá, que impide la participación política al que piensa distinto y suprime su libertad de expresión?

Por supuesto. Ya lo tuvo en 1973.

MALA SEÑAL

La reciente noticia de un profesor que, en plena sala de clases, gritó e increpó a un alumno por expresar su opinión sobre el gobierno militar y la figura de Augusto Pinochet, revela un problema preocupante: la negación del debate histórico.

En ese sentido, creo que es importante recordar que, apenas asumió el Gobierno Militar en 1973, se conformó una Comisión cuyo objetivo era redactar una Carta Fundamental que reemplazara a la de 1925. Estuvo integrada por destacados abogados y presidida por don Enrique Ortúzar, quienes elaboraron un anteproyecto que luego fue revisado por el Consejo de Estado, aprobado por la Junta de Gobierno y preparado para ser sometido a plebiscito.

Ese plebiscito se llevó a cabo el 11 de septiembre de 1980. Votaron más de seis millones de personas, triunfando el APRUEBO (Sí) con el 67,04% frente al RECHAZO (No), que obtuvo el 30,19%. El texto constitucional aprobado entró en vigencia el 11 de marzo de 1981.

La Junta Militar entregó el gobierno cumpliendo exactamente con el plazo establecido en dicha Constitución. Así, don Patricio Aylwin asumió la Presidencia de Chile el 11 de marzo de 1990.

No existe en el mundo dictadura militar o civil que haya entregado por su propia voluntad el poder, y que lo haya hecho de manera ejemplar, con un país en paz y en pleno crecimiento.

No obstante, una vez más, los políticos se aprovecharon de los militares y de las policías.

Como instituciones jerarquizadas, no deliberantes y respetuosas de la ley, hasta el día de hoy siguen siendo objeto de enjuiciamientos, sin respetar la Ley de Amnistía, la cosa juzgada, el debido proceso ni la irretroactividad de la ley. Se les siguen aplicando procedimientos penales ya fenecidos, asumiendo todo el costo que causaron los políticos.

No cabe duda de que las dictaduras comunistas o de extrema izquierda no tienen este problema, porque permanecen por décadas y no entregan el poder. Las FF.AA. y de Orden de Chile, después de haberse sacrificado por levantar un país en ruinas, recibieron como pago la persecución. Y como los jerarcas ya han fallecido, la acción continúa contra los subordinados, aquellos que no tuvieron poder de decisión alguna.
Hechos como el ocurrido en esa sala de clases muestran el riesgo de educar o juzgar desde la ideología. Quien teme a la historia teme también a que se sepa la verdad completa.

Gabriel Fuentes Campusano

Profesor querellado y suspendido:

EN DEFENSA DE NUESTRA HISTORIA

Gonzalo Ibáñez Santamaría

En reciente ceremonia, el exministro Enrique Correa Ríos presento su libro “Mi vida, mi historia” en la que cuenta, por supuesto, su vida. O lo que es más honesto: su versión acerca de su vida. Como informa el diario La Segunda (1/08/25), la ocasión: “No fue una noche de nostalgia. Fue, más bien, una instancia para reflexionar sobre el proceso que permitió recuperar la democracia desde 1990, cuando dos conceptos marcaron época: transición y transversalidad”. Durante la conversación, Correa reivindicó el papel de quienes lideraron la transición, destacando que fueron los mismos que lucharon contra la dictadura: “No estaríamos donde estamos si no fuera por cientos, quizá miles, que arriesgaron su vida. Muchos volvieron a su vida normal, sin proclamarse héroes. Esa generación merece ser reconocida”.

Todo, con el debido respeto, es una gran mentira. Desde luego, Correa, antes de 1973, militó en el Mapu, versión violentista y extrema de la ideología demócrata cristiana. En esos años, colaboró con la tarea de destrucción que llevaba adelante el régimen marxista de Salvador Allende. Ellos fueron los que destruyeron la democracia e hicieron inevitable el pronunciamiento militar. Si ahora, Correa puede presentar su libro fue precisamente porque ese pronunciamiento nos liberó de la dictadura marxista (disfrazada de proletariado). De lo contrario, toda libertad de expresión hubiera sido conculcada y ese régimen seguiría hasta ahora.

El pronunciamiento militar fue el primer paso en la recuperación de la democracia. Reordenó el país y lo puso a la cabeza del continente. Si después de 1990 hubo en el país una época de prosperidad -30 años- que benefició a todos, fue por las bases que dejó establecidas el gobierno militar. Los gobiernos civiles de entonces no hicieron sino continuar con las políticas del gobierno militar: fue la clave de su éxito.

Eso no lo dice Correa y tampoco dice cómo, desde los distintos gobiernos civiles, se procedió después, a demoler esas bases que construyó el gobierno militar. Y porque no lo dice -al revés, lo oculta- es por lo que Chile regresa ahora aceleradamente al caos de los años del régimen marxista. La cobardía de políticos como Correa es la que ha arrastrado a Chile a una situación de caos, de violencia y de predominio de la delincuencia, del terrorismo y del narcotráfico que amenaza con desembocar en una crisis aún peor a la de 1973. Es la dictadura que hoy día padecemos.

Por eso, es imprescindible defender nuestra historia. De lo contrario, vamos derecho a repetir los mismos errores de antaño.

T13 en X: ”  | Johannes Kaiser: “La violencia no se justifica. Se justifica el uso de la fuerza cuando se está violando la ley y hay que reimponer el imperio de la ley” | EN VIVO #MesaCentral » https://t.co/tdFda9tz69 https://t.co/5idbmroFMi” / X

Vea: https://x.com/T13/status/1954567339317367257

A esto estamos sometidos:

“Peru le responde a Petro y lo pone en su sitio… Vale la pena escuchar cada palabra:

Vea: https://x.com/Jhonffonseca/status/1954191134776848665

Dignidad relativizada (a propósito del proyecto de ley sobre cumplimiento domiciliario de reos rematados provectos con enfermedades crónicas)

En tiempos de sobrepoblación carcelaria, hacinamiento y crisis penitenciaria, la pregunta de Cesare Beccaria sobre el propósito del castigo resuena con urgencia: ¿es posible una pena justa y humana en una sociedad civilizada, o seguiremos sosteniendo un sistema que perpetúa el sufrimiento y olvida la dignidad, incluso de los más vulnerables?

7 de agosto de 2025

Imagen: historyonthenet.com

¿Cuál es el propósito del castigo en una sociedad civilizada?

Esta pregunta planteada en el siglo XVIII por Cesare Beccaria en su magistral libro “Dei delitti e delle pene” (1764), y que establece los principios fundantes del derecho penal moderno, redefiniendo los límites y objetivos del castigo penal, hoy reverdece con particular fuerza, dada la discusión que se lleva a cabo del proyecto de ley del Senado que abre la posibilidad a que reos rematados ancianos y enfermos puedan terminar de cumplir la pena en su domicilio, atendiendo -entre otras cosas- a la inexistencia de necesidades de prevención especial respecto de ellos, porque básicamente, se trata de ciudadanos absolutamente inofensivos, donde la reincidencia resulta imposible.

Ahora bien, no existiría problema en tan noble y humanitaria moción sino fuera que dentro del universo de ancianos que hoy cumplen pena efectiva (cerca de 2.600 presos), y que se verían beneficiados con esta iniciativa legal, se encuentran aquellos condenados por causas de DDHH (alrededor de 450 personas), lo que levantó una “alarma” en el Gobierno y en una porción minúscula de nuestra sociedad (pero muy influyente políticamente), que piensan que este grupo de personas -a diferencia del resto de los individuos privados de libertad- no debieran acceder -sin condiciones adicionales a las que contempla el proyecto- a ese beneficio, dada la gravedad de los crímenes cometidos, calificados por nuestros jueces retroactivamente como de lesa humanidad (recuérdese que la Ley n° 20.357, que tipifica estos delitos, entró en vigencia recién en julio de 2009).

Tampoco está de más recordar a propósito de esta pregunta que se hace Beccaria y de los delitos y la participación que en los mismos tuvieron jóvenes militares de los años setenta (algunos menores de edad) y que hoy cumplen condena en el cuerpo de una persona provecta y enferma, que el año 2021, la Convención Constitucional acordó la creación de una “Comisión de DDHH, verdad histórica, y bases para la justicia, reparación y garantías de no repetición”. Con esta propuesta pretendían instalar una verdad histórica oficial y un relato en cuanto a la manera de entender las violaciones de DDHH y los delitos de “lesa humanidad”, circunscribiendo este fenómeno criminal al actuar exclusivo de agentes del Estado, y asegurando -por medio del ejemplo, esto es, el castigo retributivo draconiano y la negación de beneficios penitenciarios para violadores de DDHH- lo que ellos denominaron la “no repetición”.

De hecho, no cabe duda de que, de haberse aprobado el plebiscito constitucional, hubiera sido imposible plantear un proyecto de ley como el que se discute actualmente. Sin embargo, la participación que en la discusión parlamentaria han tenido algunos órganos del Estado, “deja mucho que desear”, y rememora esa visión plebiscitada fallida, y demuestra, además, su plena vigencia en el actuar de nuestras autoridades gubernamentales frente al “fenómeno geriátrico-carcelario”.

Dicho esto, cabe señalar que el proyecto en cuestión si bien busca transparentar una realidad carcelaria brutal, haciéndose cargo de ella, y que afecta a los ancianos reos que, en su gran mayoría, cargan con serias enfermedades crónicas, algunas terminales, también tiene su fundamento en una idea básica muy importante recogida del Informe Comisión Rettig, de que “Ciertos valores de la humanidad deben ser respetados no solo por el Estado, sino por todos los actores políticos”. Precisamente, entre estos valores se encuentra la idea, concepto o principio de dignidad, que en palabras del jurista y profesor Christopher McCrudden -una autoridad mundial en materia de DDHH- significa aceptar a lo menos tres elementos mínimos: 1) Todo ser humano por el hecho de existir tiene un valor intrínseco; 2) Este valor debe ser reconocido por otros en sus interacciones; y 3) El Estado existe para servir al ser humano y no al revés.

Entonces, y ya que la vida y la integridad física y psíquica son derechos fundamentales básicos y la dignidad, una condición inherente de todo ser humano, y habida cuenta que el Estado de Chile -a través de Gendarmería- no ha sido capaz de hacerse cargo de este tipo de internos, y, muy por el contrario, los ha maltratado sistemáticamente -especialmente durante este Gobierno- ya sea por medio de medidas restrictivas de derechos (salud, visitas, encomiendas, etc.) como por la implementación de una política carcelaria de hacinamiento descontrolado, y sus devastadores efectos en la población penal provecta, esta verdadera tragedia carcelaria que viven actualmente un grupo muy vulnerable de la población penal no puede quedar invisibilizada, y los actores políticos (en este caso el Senado) tiene la obligación de ofrecer una salida para este problema humanitario, so pena de incurrir también en una responsabilidad político-penal-internacional. Del mismo modo, la abogada que suscribe esta carta, no puede sustraerse de esta problemática, y entiende que además cumple una función pública esencial que es ser colaboradora de la justicia, en cuanto representar los derechos de estos reos provectos y enfermos frente a la justicia nacional e internacional.

Especialmente, la urgencia de una solución se hace más patente cuando observamos que Gendarmería de Chile ha llegado incluso a incumplir fallos judiciales de nuestro tribunal vértice (SCS, Rol n° 249.389-2023, de 25/09/2024) que, por ejemplo, ordenó a este órgano a tener un piso mínimo sanitario en el centro penal de Colina 1 (Pabellón Asistir), como contar con un médico de planta y una ambulancia para satisfacer los traslados médicos y afrontar las emergencias, además de homologar este recinto carcelario que alberga a presos ancianos y enfermos (en este caso, condenados por causas de DDHH), con los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores del medio libre (ELEAM), exigiendo -en lo que fuera pertinente- la aplicación del Decreto que los aprueba y regula (DS n° 14-2010, hoy, el DS n° 20-2022). Por cierto, a la fecha de hoy, Gendarmería se encuentra en flagrante desacato.

Por consiguiente, podemos aseverar sin tapujos que el Estado -a través de Gendarmería de Chile- no ha sido capaz de decidir -en derecho y de manera racional- sobre materias tan graves como la libertad y la forma de vida de los condenados, habiendo perdido definitivamente la brújula orientadora de la función penitenciaria, y basada en el principio de la reinserción social como fin de la pena, y que expresamente consagra la Convención Americana de DDHH en sus artículos 5.3 y 5.6, donde preceptúa que “La pena no puede trascender de la persona del delincuente” y “Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. Esta falta ha derivado inevitablemente en un sistema penitenciario incapaz de garantizar los DDHH de los reos bajo su cuidado y cumplir con las recomendaciones provenientes del derecho internacional. A nivel dogmático, la doctrina penal casi unánime suscribe la frase de Karl Binding, en cuanto a que “el fin jurídico de toda pena se alcanza plenamente con la ejecución penal. Fuera de la ejecución, no hay fin de la pena” (cit. por Rivacoba (1993), “Función y aplicación de la pena”, p. 1).

Sin dudas, así como Beccaria en su época buscó una salida racional a los castigos brutales e inhumanos que recibían los presos por parte de la Autoridad, depurándolos de la venganza, crueldad y desproporcionalidad que eran connaturales a ellos, hoy tenemos la oportunidad que una ley devuelva la dignidad perdida a un universo de presos vulnerables y les entregue una salida humanitaria, acorde a los tiempos que se viven y en sintonía con el resto de las legislaciones del orbe en esta materia (así, p. ej. en Argentina, España y algunos estados de Estados Unidos, se dicta arresto domiciliario para personas mayores que no revisten peligro para la sociedad; en Alemania, Bélgica, Francia e Italia, se aplican suspensiones de penas, y en casos de ancianos enfermos, se ordena su internalización en centros especiales dedicados a su cuidado o derechamente en su domicilio; Dinamarca, Inglaterra y otros estados norteamericanos, aplican lisa y llanamente libertades condicionales para reos provectos). Otros países, han decidido ir más allá, y resolver el tema por medio de leyes de amnistía (p. ej. Perú, cuyo Congreso aprobó en julio de 2025 la ley que beneficia a militares procesados por causas de DDHH por hechos ocurridos entre 1980 y 2000).

Empero, y pese a que no hay ninguna razón para que el Estado no apoye una iniciativa de esta índole, durante la discusión del proyecto, el Presidente del INDH, Yerko Ljubetic y el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), han exigido requisitos “adicionales” para condenados por causas de DDHH, en atención a la gravedad de los delitos cometidos (yuxtaponiendo este criterio de gravedad a la dignidad de ese ser humano en particular), lo que creemos, atenta contra el artículo 1° de la Carta Política, que garantiza la igualdad en dignidad y derechos (norma reflejo del artículo 1 de la Declaración Universal de los DDHH). Pero, además, las exigencias de estos órganos estatales para “dar la venia al proyecto”, adolecen de errores que merece ser aclarados:

Primero, el proyecto no conlleva impunidad, ya que sustituye la pena de cárcel (efectiva) por reclusión domiciliaria total, por ende, el beneficiado no adquiere un status libertatis, sino que sigue “privado de libertad”, sólo que en su casa (inclusive, y si fuese necesario, bajo el monitoreo telemático de Gendarmería) y, además, el proyecto exige un tiempo mínimo de cumplimiento efectivo (que es equivalente a la pena de crimen). En suma, los juicios de DDHH siguen adelante y la libertad continúa siendo la única garantía afectada, pero manteniendo incólume el resto. Desde la “otra vereda”, tampoco se vería afectado el sistema indemnizatorio civil por causas de DDHH y que ha hecho que el número de causas aumente de 704 en 2019 a 5.885 en 2024, con casi US$ 2.400 millones en indemnizaciones a víctimas y familiares por juicios de DDHH (El Mercurio, B.2., 15/01/25).

Segundo, los requisitos subjetivos agregados por el INDH y el CPT (arrepentimiento, opinión de los familiares de las víctimas, colaboración, etc.), son del todo improcedentes, ya que se trata de exigencias que son propias de la etapa de juzgamiento, donde ya se discutieron las minorantes (p. ej. art. 11 n° 9 CP) y la opinión de víctimas y familiares fue recogida en el proceso (querellas, acusaciones, sentencia) y la pretensión de las víctimas y/o familiares fue satisfecha civil y penalmente en la condena (indemnizaciones y pena). Es decir, ¡hay cosa juzgada! Así, no corresponde exigir estos requisitos en la fase de cumplimiento, momento en el cual, los querellantes y víctimas ya no tienen nada más que hacer ni decir en contra del condenado porque el proceso penal ya habló (art. 466 CPP).

Por el contrario, de aceptarse estos requisitos complementarios -salvo una opinión diferente abundante en “candidez”- tornaría inaplicable un proyecto que -como se indicó- se basa en criterios “objetivos” relacionados con las condiciones carcelarias y la incapacidad del Estado de garantizar los derechos fundamentales de los internos provectos con serias enfermedades crónicas.

Tercero, las exigencias del INDH y el CPT, desfigura el objeto de la Ley n° 20.405 (que crea el INDH), que en su artículo 2° mandata “la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”.

Cuarto, y relacionado al punto anterior, está el hecho que el núcleo normativo del proyecto sí honra el Derecho internacional de los DDHH (como parece inadvertir el INDH y el CPT), principalmente, la Convención Interamericana sobre la Protección de los DDHH de las Personas Mayores, que en su art. 10° pone en el centro la “dignidad” de la persona presa (sin distinguir el motivo de su cautiverio) y en el art. 13°, promueve la adopción de “medidas alternativas” a la privación de libertad (una libertad que en verdad ni siquiera considera el proyecto).

En efecto, más de sesenta mil personas presas en Chile para una capacidad de poco más de cuarenta mil, representa un dato duro y la expresión más extrema del atropello a la dignidad humana, que se hace más patente, cuando dentro de ese escalofriante hacinamiento, se encuentran más de dos mil quinientas personas que son adultos mayores, con serias enfermedades crónicas. Si se pretende discriminar dentro de ese grupo de ancianos, exigiendo más requisitos basados en el tipo de condena, esto es, por causas de DDHH, lo que se hace es despersonalizar al sujeto afectado, y ello resulta inaceptable en el mundo de hoy, ya que, en la práctica, significa consagrar la existencia de individuos de primera y segunda categoría en esta materia.

Ciertamente, hace poco más de un año, se dio a conocer la Declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, “Sobre la dignidad humana”, elaborada por el fallecido Papa Francisco (que fue particularmente sensible en esta materia carcelaria), y que se enmarcó dentro del 76° aniversario de la Declaración Universal de los DDHH, cuyo contenido tiene como eje central no solo lo que reconoce este tratado en su primer artículo, esto es, la libertad e igualdad en dignidad y derechos, sino lo que dispone el artículo sexto del mismo, que deja claro que todos los seres humanos somos personas, señalando que “Todo ser humano tiene derecho, en todas sus partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”, instando a un comportamiento fraternal de los unos con los otros, en la línea del llamado que nos hace Cristo a través del Evangelio de San Juan (10, 11-18).

Siendo así, tenemos un proyecto de ley que permite la jurisdiccionalización de la ejecución, sometiendo todos los más importantes incidentes del cumplimiento de las penas de prisión, a un proceso legalmente reglado, con todas las garantías fundamentales del proceso penal, incluyendo el acceso a recursos ante tribunal superior (Guzmán Dálbora (1998), “Diagnóstico y perspectivas del binomio judicialización-jurisdiccionalización, en el cumplimiento de las penas privativas de libertad”).

Pues bien, lo que se busca con el proyecto es dar algo de dignidad a los presos ancianos y enfermos, que efectivamente han infringido la ley y -solo una parte de ellos- con la calificación judicial adicional de ser un crimen de lesa humanidad, pero que, hasta ahora, han sido deshumanizados e invisibilizados por el Estado.

En vista de ello, es que la pregunta sobre la dignidad -que está en el centro de toda reflexión sobre el Estado- exige tomar en consideración aspectos de humanidad relacionados con la edad y las condiciones de salud físicas y psíquicas de las personas privadas de libertad, sobre todo, si ese mismo Estado en vez de cuidar a estas personas, las está maltratando, dentro de un sistema penitenciario que está destruyendo su identidad, y en donde ellos están indefensos, algunos, ya desprovistos de interés por la propia supervivencia y alejados de toda esperanza.

En consecuencia, y porque la dignidad del individuo no debe ser confiscada por la imposición de una condena penal y su cumplimiento, ni tampoco la inermidad del preso anciano y enfermo pasada a llevar, creemos que no es el momento -a la hora de evaluar el castigo penal alternativo- de hacer diferencias en torno a la causa del encierro del reo, sino atender exclusivamente a elementos “objetivos” como su condición etaria y de salud y los años de cumplimiento efectivo que exige el proyecto ¡nada más!

Carla Fernández M.

Abogada, Derecho Penal-Penitenciario

El tiempo y la muerte como justicia

Por Enrique Gloffka. Señor Director: Durante más de diez años, visité regularmente a un subalterno y amigo en Punta Peuco. Fue condenado, a mi juicio, de forma profundamente injusta…

9 agosto, 2025

Señor Director:

Durante más de diez años, visité regularmente a un subalterno y amigo en Punta Peuco. Fue condenado, a mi juicio, de forma profundamente injusta. Esa experiencia me permitió conocer desde dentro una realidad que muchos prefieren ignorar: la de hombres que ya no tienen ni memoria, ni movilidad, ni defensa. Hombres seniles, enfermos, solos, que poco a poco han ido muriendo en condiciones indignas, mientras el aparato judicial y político parece mirar hacia otro lado.

Leer a Hannah Arendt me obligó a mirar con más profundidad algunos temas incómodos. Sus ideas sobre el totalitarismo, la responsabilidad moral y la dignidad humana me llevaron a pensar en cómo las sociedades, incluso en democracia, pueden cometer actos crueles bajo el amparo de una aparente justicia. Especialmente, cuando esa justicia se vuelve ciega frente a la edad, la enfermedad y la dignidad del ser humano.

No se trata de justificar hechos del pasado, sino de revisar críticamente el presente. Porque muchos de quienes hoy cumplen condenas fueron juzgados décadas después de los hechos, en procesos discutibles, con pruebas frágiles o directamente sin garantías básicas. La justicia, cuando se aleja del debido proceso, deja de ser justicia.

Arendt, en Eichmann en Jerusalén, hablaba de la “banalidad del mal”: cómo una persona común, sin ser un monstruo, puede actuar con crueldad simplemente por cumplir con una función. Hoy veo algo similar, pero a la inversa: burócratas judiciales, operadores políticos y medios de comunicación repiten una narrativa sin matices, deshumanizando a hombres que, por edad y condición, ya no representan peligro alguno. Esa deshumanización -esa incapacidad de ver al otro como persona- también es banalidad del mal.

No se trata de impunidad. Se trata de humanidad. De reconocer que la justicia no es castigo perpetuo ni humillación terminal. Que la dignidad no se suspende con una condena. Y que el Estado -incluso cuando cree tener la razón- pierde legitimidad cuando olvida el límite entre justicia y revancha.

Desde mi lugar de exmilitar, me duele este trato a mis camaradas. Pero como ciudadano, me preocupa aún más lo que esto dice de nosotros como sociedad. Porque cuando la justicia se vuelve implacable con los débiles, ya no es justicia. Es miedo, resentimiento o poder sin freno.

Arendt decía que el totalitarismo nace cuando los sistemas pierden el contacto con la realidad humana. Quizás sea hora de recuperar ese contacto, aunque solo sea para mirar a un anciano a los ojos y admitir que el tiempo -y la muerte- también pueden ser formas de justicia.

Enrique Gloffka – Oficial de Ejército (r)

Etiquetado:ejercitoPunta Peuco

2 Comentarios

1. Adolfo Paúl Latorre dice:

8 agosto, 2025 en 22:25

«La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo» (Platón).
Durante la tramitación del proyecto de ley para sustituir las penas privativas de libertad a personas condenadas mayores de 80 años se ha argumentado que los requisitos para acceder a este beneficio debieran ser mucho más exigentes en los casos de delitos de lesa humanidad; entre los cuales se ha considerado la obligación de arrepentimiento.
Al respecto pregunto: ¿De qué se van a arrepentir los militares y carabineros absolutamente inocentes que han sido condenados por un “delito imaginario” —como lo es el denominado “secuestro permanente”, sin prueba alguna que los acredite— cuyas sentencias condenatorias constituyen canalladas que claman al cielo?
Por otra parte es preciso destacar que en Chile no hay militares o carabineros condenados por “crímenes de lesa humanidad”: todos lo han sido por delitos comunes tipificados en el Código Penal. Mal podría haberlos en circunstancias que tal clase de delitos fue establecida por la ley 20.357 que entró en vigor el 18 de julio del año 2009.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado

2. Carlos Souper Quinterosdice:

8 agosto, 2025 en 23:18

Concuerdo con autor y comentario. Me gustó mucho esa frase cuando la aparente justicia se ensaña con los débiles, sobre todo cuando esa misma corte suprema, con minúscula, fue débil y cobarde respecto del gobierno militar, también lo fue así durante el gobierno de Ibañez y en muchos otros tiempos de nuestra historia, excepto durante la UP, siempre alineados con el poder, con ser cobardes, pusilanimes y prevaricadores

Exterminio de ancianos militares en el Chile de hoy

Andrés Montero

09/ago/25

En pleno siglo XXI, en Chile hoy la justicia no existe para muchos. Explicar lo acaecido en Chile entre 1964 y nuestros días, no es tarea fácil. Para empezar, han pasado más de 60 años de supremacía de una prensa mayoritariamente sesgada. Una alta proporción de universidades controladas por académicos de izquierdas, de mala memoria y con sus propias agendas mal llamadas “progresistas”.

Para la mayoría de los europeos, Salvador Allende fue un gran presidente “democrático” y Augusto Pinochet un tirano solo comparable con Hitler. Habiendo estudiado en Chile, en los Estados Unidos y habiendo recorrido Europa de norte a sur y de oeste a este en innumerables ocasiones, he ido concluyendo que la ignorancia europea acerca del proceso chileno, es total. Diversas plazas y calles de Europa recuerdan a Salvador Allende, un marxista que gobernó Chile, entre 1970 y 1973 y que llegó al poder con solo el 36% de los votos, en 3 años destruyó la economía, usurpó la propiedad privada, y lo mas grave, pretendió transformar Chile en una nueva Cuba.

Es imposible en una columna de opinión explicar el contexto, los orígenes y las causas que llevaron a las fuerzas armadas chilenas a tomar el poder el 11 de septiembre de 1973. Lo primero es explicar que, a partir de 1964, asume en Chile un gobierno demócrata cristiano, que llevó adelante el proceso de reforma agraria, que resultó ser el gatillo de la lucha entre chilenos, la destrucción de la agricultura y el incumplimiento del estado de derecho. La Democracia Cristiana se dividió y parte de sus militantes se fueron a la izquierda dura, con socios socialistas y comunistas.

Los chilenos se dividieron en bandos irreconciliables y Allende asumió en 1970. El conglomerado de izquierdas llamado Unidad Popular, inició un plan de usurpación de empresas privadas, intervención en la educación privada, control de precios, tarjetas de racionamiento e infiltración en las hasta ese momento, profesionales fuerzas armadas. Allende y su gobierno formaban parte de la “órbita soviética” y obedecía las órdenes de Moscú. El tirano Fidel Castro visitó Chile en 1971 durante 25 días, arengando a los chilenos en distintas partes del país. Castro pretendía exportar su revolución a Chile -la dictatura cubana ya lleva 66 años en el poder- y motivar a la lucha armada en contra de las “clases dominantes”.

A poco andar, el gobierno de Allende ya demostró su incapacidad para administrar el país y lograr crecimiento económico. Con una agricultura e industria en franca decadencia, se iniciaron las protestas sociales de todos los sectores, ante lo cual Allende y su gobierno endurecieron la mano e impulsaron una gran cantidad de reglamentos impopulares e ineficaces. Empezaron las huelgas de estudiantes, de mineros y de trabajadores en general.

El Congreso de la República se manifestó en reiteradas ocasiones en contra de resoluciones ilegales del gobierno. El Poder Judicial, expresó su oposición a normas y procedimientos administrativos reñidos con la Constitución. Grupos de extremistas cubanos ingresaron al país y Allende formó su propia guardia personal -grupo de amigos personales GAP- quienes ajenos a las normas legales “defendían al presidente”.

El ambiente interno del país se hizo insoportable y los aires de guerra civil se hacían irrespirables. En este contexto, la mayoría de los chilenos, ante la violencia del gobierno de Allende empezaron a solicitar primero y a exigir después, la intervención de las fuerzas armadas y de orden. Los militares en Chile nunca quisieron intervenir, pero como garantes de la Constitución y las leyes, se vieron obligados a tomar el poder por la fuerza el 73. Tras el suicidio de Allende -probado y reconocido por su familia- los defensores de Allende iniciaron su autodefensa, aunque la mayoría escapó de Chile ayudados por agentes extranjeros, diplomáticos y grupos de izquierda subterráneos.

En Chile se vivió un período de convulsión interna, especialmente después del golpe militar, en que grupos de terroristas clandestinos, llevaron adelante acciones violentas y asesinaron militares y carabineros. Nadie discute, que durante ese período se produjeron excesos y acciones reñidas con los derechos humanos. Sucedieron hechos lamentables. Es fácil hoy juzgar en tiempos de paz, lo sucedido en tiempos de guerra. Guste o no guste, Chile estuvo al borde de ser hoy otra Cuba o Venezuela. Los militares chilenos, con sus luces y sombras salvaron a Chile y a los chilenos de las garras del marxismo. Recordemos el mundo de esos días, con muro de Berlín y cortina de hierro.

Tras 17 años de gobierno, los militares chilenos entregaron el poder en paz, asumió un presidente elegido democráticamente y se subordinaron nuevamente al poder civil. Es bueno, además, recordar que el gobierno militar de la mano de expertos civiles transformó a Chile en un país respetado y casi desarrollado. Se controló la inflación, se abrió la economía al mundo, se eliminaron los aranceles, se eliminó la desnutrición infantil, se privatizó la economía, se devolvieron las tierras a sus legítimos dueños y se reforzó la educación privada.

Pero la izquierda chilena, refugiada y acogida por intelectuales europeos y norteamericanos, nunca reconocieron ni aceptaron haber sido derrotados. Miles de chilenos deambularon por el mundo mintiendo y desprestigiando a Chile. Recién ahora, varios textos de antiguos camaradas comunistas han hecho un mea culpa y reconocido sus errores.

Hoy en Chile aún siguen presos 361 ancianos militares, condenados a cadena perpetua algunos y otros a largas penas, que impedirán su ansiada libertad. La mayoría de los condenados no tuvieron nunca un juicio justo, toda vez que no se respetaron sus derechos básicos, como la legítima defensa, la presunción de inocencia, la intachable conducta anterior, el llevar adelante acciones por órdenes superiores o el cumplimiento parcial de las condenas con derecho a rebajas de penas o penas sustitutivas. 6 militares se han suicidado en prisión, 37 han fallecido en prisión por enfermedades. De los 178 miembros del Ejército de Chile privados de libertad, 150 tienen mas de 70 años y muchos más de 80 y de 90 años.

La Ley de Amnistía se derogó, el sistema penal en Chile cambió y ellos siguieron afectos al antiguo. En Chile se acuñó y se falló en base a la doctrina de “los delitos de lesa humanidad”, para eludir prescripciones, amnistías o beneficios penitenciarios”. Se usó y abusó de los testimonios únicos y tardíos y se condenó sin pruebas fehacientes y con testimonios más ideológicos que jurídicos.

La sociedad chilena en general y la élite económica y social, ha dado sistemáticamente la espalda a quienes defendieron a Chile, recuperaron la democracia y protegieron sus bienes y familias. La mayoría prefiere agachar la cabeza, pasar desapercibido y no defender la verdad histórica.

Chile se enfrentará luego a elecciones parlamentarias y presidenciales, pero la mayoría de los candidatos no hablan de justicia para los militares. La mayoría espera que sigan muriendo, enfermos, agonizando y en la más completa indefensión. Es lo que se ha llamado “el pago de Chile”. Una vergüenza y una traición.

Allende es recordado con una gran estatua cerca del palacio de gobierno y un Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, cuenta a los visitantes una historia torcida. Hoy Chile tendrá una candidata comunista a la presidencia de la Nación, Jeannette Jara, defensora de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela y todo sigue igual, como si nada pasara. Michelle Bachelet, 2 veces expresidenta, refugiada en su momento en la antigua RDA, amiga de Honecker y de su compañera Margot, se pasea por el mundo dando cátedras de democracia y de derechos humanos. Ella es la responsable de la inmigración ilegal, que hoy azota a Chile con crimen y narcotráfico.

Es importante que el mundo sepa que en Chile hoy la justicia es selectiva, sesgada e ideológica. Se intentó, bajo los gobiernos democráticos, llevar adelante acuerdos de verdad y reconciliación. Se gastaron millones de millones de euros en comisiones, asesores, abogados y analistas, pero no se logró ni lo uno ni lo otro. En Chile no hay ni verdad, ni reconciliación.

Al menos la mitad de los chilenos -o algo más- creen hoy que el gobierno de las fuerzas armadas fue muy bueno para Chile. También creen que hubo excesos, pero no existía la oportunidad de sacar a Allende del poder, dialogando. Es cosa de ver lo que sucede en las 3 dictaduras ya mencionadas. Por la razón no se irán, tendrán que irse por la fuerza. Cuántos en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua, añoran lo que Chile tuvo un día: valientes soldados que dieron su vida por salvar a Chile.

Distintas voces de la sociedad chilena actual han pedido clemencia y justicia para los viejos y olvidados militares. Se ha solicitado prisión domiciliaria para los enfermos y ancianos. Se ha solicitado revisiones caso a caso. La Iglesia Católica, e incluso algunos ex militantes de la izquierda dura, han solicitado una revisión de los casos, especialmente de aquellos jóvenes, entonces de 20 o 22 años que hace más de 50 años cumplieron órdenes superiores. Los chilenos están expectantes y atentos a sus votos, para observar si las nuevas autoridades que gobernarán Chile llevarán adelante un plan concreto de “justicia para los viejos militares”. El tiempo lo dirá.

Andrés Montero

Reflexiones Australes

Temuco: abogada pide abrir proceso sancionatorio contra juez tras querella contra presidente de Corte

Roberto Neira

Periodista Radio Bío Bío Temuco

Publicado por Manuel Cabrera Ruiz

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ARCHIVO | Agencia UNO

La abogada Carla Fernández solicitó al pleno de la Corte de Apelaciones de Valdivia abrir un proceso disciplinario contra el juez que declaró admisible una querella contra del presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, y que en menos de 24 horas cambió la resolución.

La decisión del juez de Garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, quien en menos de 24 horas dictó dos resoluciones respecto a la acción legal presentada en contra de Mesa Latorre, quien además investiga las causas de violaciones a los derechos humanos en la zona sur, sigue generando reacciones.

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Admiten y luego declaran inadmisible querella contra presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco

La abogada Carla Fernández, quien representa a tres exoficiales del Ejército condenados por homicidio calificado y apremios ilegítimos en la causa conocida como El Polvorín, ahora arremetió nuevamente solicitando la apertura de una investigación disciplinaria en contra del magistrado que en primera instancia declaró admisible la querella y que luego determinó que era inadmisible, todo en 24 horas y que los antecedentes sean enviados por el pleno a la Fiscalía.

Esto último, para que se investigue porque insiste en que hay un documento desaparecido desde la plataforma del Poder Judicial.

Cabe recordar que Radio Bío Bío conversó con el juez de Garantía, Federico Gutiérrez, quien aclaró que todos los documentos están en la plataforma del Poder Judicial, precisando que en primera instancia hizo solo un análisis formal determinando la admisibilidad de la querella en contra del ministro Mesa, pero que luego hizo una reflexión más profunda y la declaró inadmisible, descartando cualquier tipo de presión.

En tanto, desde el Ministerio Público en La Araucanía se informó en forma muy escueta que a raíz de la denuncia remitida por el Juzgado de Garantía de Temuco, la Fiscalía abrió una investigación que actualmente está a cargo del fiscal Regional de La Araucanía, Roberto Garrido.

En esa línea, agregaron que se encuentra a la espera de la definición sobre la jurisdicción competente para su conocimiento, considerando que todos los ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco se inhabilitaron.

Elección de ministros para la Corte Suprema

Por

Cartas al director

8 AGOSTO 2025

Elección de ministros para la Corte Suprema

SEÑOR DIRECTOR:

En medio de la actual crisis de legitimidad que atraviesa el Poder Judicial, resulta especialmente preocupante que se sigan considerando —e incluso proponiendo— nombres para completar cupos en la Excma. Corte Suprema que enfrentan serios cuestionamientos éticos y judiciales.

Es el caso de don Álvaro Vidal, oficialmente propuesto por el Ejecutivo para integrar el máximo Tribunal, cuya nominación debió ser retirada tras conocerse querellas cruzadas con su expareja por violencia intrafamiliar y extorsión. También inquieta la posible candidatura del ministro don Álvaro Mesa, presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, quien enfrenta una querella por prevaricación culposa, recientemente declarada admisible, en una causa que involucra además a todo el Tribunal que encabeza.

Postular a personas bajo investigación o en entredicho no sólo debilita la confianza pública, sino que contradice lo que la ciudadanía espera de sus máximas autoridades judiciales: integridad, imparcialidad y conducta ejemplar.

Chile necesita un sistema de nombramientos más riguroso, transparente y ético. No podemos permitir que quienes deben impartir justicia estén bajo sospecha.

Raúl Correa Brandt

Publicada en diario La Tercera

Post

PuntaPeucoHoy @PuntaPeucoHoy

PPH / PRENSA 《 CUANDO EL ACUSADO ES EL JUEZ, la querella que derrumbó el muro de la impunidad judicial 》 En Chile, la justicia ha sido por décadas un poder cerrado, autorreferente y revestido de una supuesta infalibilidad institucional. Un poder que no responde a nadie, que no se disculpa, que no explica. Sin embargo, como en toda estructura cimentada en la opacidad, basta una grieta bien dirigida para que el andamiaje completo comience a tambalear. Esa grieta, en este caso, se llama Carla Fernández Montero.

@Carlitabellota1

El 26 de junio de 2025, la abogada presentó una querella por prevaricación culposa contra el ministro Álvaro Mesa Latorre, presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, en relación al caso El Polvorín, donde tres exmilitares habrían sido condenados sin pruebas sólidas. Esta acción representó un desafío inusual y frontal al sistema judicial  . El 30 de junio, el Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible la querella. Pero al día siguiente, el mismo juez revocó esa decisión y, además, eliminó la resolución original del sistema informático del Poder Judicial, borrando todo rastro de la admisión inicial  . Sin amilanarse, la abogada Fernández Montero apeló ante alzada. Tras recusaciones e inhabilidades, el caso llegó finalmente a la Corte Suprema, que confirmó nuevamente la admisibilidad de la querella, exponiendo así la falta de transparencia y el modo en que funcionaba la cúpula judicial. La confirmación mediática no tardó en llegar. El 5 de agosto de 2025, La Tercera publicó una exhaustiva investigación titulada, * Una resolución perdida y una pelotera con jueces de Valdivia, la querella contra el presidente de la Corte de Temuco que derivó en un escándalo *  Este reportaje reveló con claridad los hechos más graves: • Manipulación institucional del sistema judicial. • Conflictos internos entre las Cortes de Valdivia y Temuco. • La eliminación deliberada de una resolución válida. • La participación directa del juez denunciado en la revisión de su propio caso  . Además, alertó sobre la cercanía del ministro Mesa al Ejecutivo, siendo descrito como uno de los favoritos para llegar a la Corte Suprema, lo que pone en tela de juicio aún más su imparcialidad  . CONCLUSION: una abogada hizo lo que parecía imposible. Carla Fernández Montero no sólo presentó una querella, ella desafió al poder institucional más cerrado del país, logrando derribar un muro de impunidad que durante años se creyó inexpugnable. Sin embargo, las injusticias siguen, las irregularidades persisten y la opacidad subsiste en múltiples rincones judiciales pero el techo de cristal se rompió. Hoy estamos ante un escándalo judicial de proporciones, que desnuda prevaricación, encubrimiento y abuso de poder, dejando en evidencia algo fundamental: ” La justicia también debe ser juzgada, porque la ley debe aplicarse por igual, especialmente a quienes la imparten.”

El poder judicial gasta cientos de millones, solo para enjuiciar a uniformados en causas de DD.HH.:

https://m.youtube.com/watch?v=7nQJigRcmj4&t=9s

¿Y qué sucede con las osamentas guardadas?

@bonniemarquezjerez

♬ sonido original – Abogada Márquez

Por Cristián Labbé Galilea

Es “un hecho de la causa” que, en campaña, los candidatos prefieren eludir temas complejos, y para ello nada mejor que recurrir al silencio estratégico, la promesa fácil y los “slogans marketeros”. Sus adláteres los convencerán que no es cobardía, sino simplemente “una táctica”. Ellos saben que la verdad, cuando incomoda, “cuesta votos”, pero lo que no saben es que para gobernar, y gobernar bien, un líder debe atreverse a enfrentar la verdad por incomoda que sea.

Escuchar a la candidata comunista decir, con toda desfachatez, “yo no provengo de una cultura que promueve el odio” da entre risa e irritación, y cómo no, si ella pertenece a una ideología que, promoviendo la lucha de clases, ha causado millones de muertos y además, fue rostro del octubrismo… ¿A quién quiere engañar “miss simpatía”?

Por lo mismo, esta inquisidora pluma está convencida que “el país ya dio la vuelta” y ha llegado la hora de sacar a la luz aquellas circunstancias que, por razones tácticas o estratégicas, han sido silenciadas e invisibilizadas…

En los años 70 cayó en el marxismo más extremo, estuvo al borde de una guerra civil, nuestra democracia republicana estaba moribunda y, por llamado de la sociedad civil, política, económica y religiosa, los militares intervinieron para restablecer el orden institucional. Sin embargo, en los últimos años hemos vivido lo más nefasto que puede vivir una sociedad: violencia, crimen, terrorismo, narco delincuencia; ni qué hablar de corrupción, nepotismo, decrecimiento, pobreza, cesantía…. Sólo bastaría decir que hemos tenido un gobierno de izquierda, y particularmente de incapaces, que no ha estado a la altura de los tiempos.

Pues bien, ahora tenemos la posibilidad de retomar el rumbo perdido. Dejamos de ser un faro en el mundo occidental para convertirnos en un estado fallido, donde no existe orden, progreso, expectativas de bienestar, ni mucho menos justicia.

Ha llegado el momento de defender la libertad, hablar con la verdad y desenmascarar, sin miedo ni cálculos electorales, lo que ha vivido nuestro país en estos 50 años.

Por eso resulta difícil entender qué nadie, en plena campaña, se atreva a levantar su voz con firmeza, para denunciar la realidad de esos “viejos soldados” que hace medio siglo nos dieron libertad y prosperidad, y que hoy viven olvidados, esperando dignamente la muerte, como “prisioneros del pasado, del odio y de la venganza”, en circunstancias que, según el derecho y los tratados internacionales firmados por nuestros país, deberían tener la posibilidad que, al final de sus vidas, se les respeten sus derechos humanos… Borges sostenía que: “el olvido es la más cruel de las venganzas”.

Por último, frente a las pocas expectativas que esos viejos soldados tienen en la política y en la justicia, ante tanto odio y venganza, esta creyente pluma reclama que sea la caridad cristiana y, puntualmente, el propio Cardenal quien abogue por los derechos y la dignidad de esos “batallones olvidados”, porque la fe nos enseña que… ¡La caridad, ante la injusticia, no humilla… sublima!

Niña colombiana nos abre los ojos con lo que pasa en su país y que nos debe servir de ejemplo a los chilenos:

https://youtu.be/oo6Zp_j1r4k?si=BJaQc65GoUdm8yFb

Kaiser responde las falsas acusaciones y encara a la izquierda:

Insurrección

Por Rodrigo Ojeda 

Octubre “seguirá vivo en quienes queremos cambiar un país injusto”, fue lo expresado por un comunista en la Cámara de Diputados. “A 5 años de la rebelión”, octubre “sigue vivo”, según la declaración de un colectivo ultra del año 2024. El relato de la izquierda, callejera e incendiaria, es explícito y sin eufemismos. La “chispa” del despertar popular la encendieron las evasiones y fueron agradecidas por Giorgio Jackson durante el año 2019. En el presente, las luchas “siguen vigentes en las calles” y la “presión social” comunista permanece ya que las “demandas sociales” siguen irresueltas para los radicales y refundacionales.

Proceso Insurreccional. Asedio a las democracias liberales (2024), de Andrés Barrientos y Bastián Gajardo, recuerda y advierte. Lo ocurrido en Chile, durante el año 2019, requiere de una revisión analítica, bibliográfica y perspicacia frente a la pasividad y tecnocracia. En simple, no podemos seguir escondiendo la basura octubrista debajo de la alfombra. El libro mencionado señala que la triada: vida, propiedad y libertad, está bajo asedio intelectual y cultural. La civilización occidental está en peligro, mediante embates en Chile y en todo el mundo. Los pilares civilizatorios están siendo atacados planificadamente y los autores desentrañan la degradación, con cientos de ejemplos domésticos e institucionales. Los logros occidentales están en riesgo. Los ataques no son espontáneos, en el fondo “hay un trabajo metódico”, y un llamado generalizado a la desobediencia en todos los niveles sociales.

El objetivo es permear las instituciones y las normas, en lo externo e interno, es un proceso en marcha que el libro detalla y confirma. Detrás de lo denunciado por Barrientos y Gajardo, aparece el culto al odio y el resentimiento del marxismo del siglo XXI, con su mutación en identidades y emociones. Desde las universidades occidentales, se ha establecido una “exaltación de las subjetividades” en desmedro de lo normativo y los argumentos. Los enemigos del neomarxismo son el mercado, la religión, la familia, el orden liberal, las leyes y las tradiciones, es decir, toda la historia y progreso occidental. La sociedad actual está en un punto de inflexión, la juventud no sólo está extraviada, es terreno fértil para el materialismo y el petitorio de los deseos.

En muchos jóvenes no hay un propósito vital, están carentes de capacidad crítica, con dolores y problemas familiares que anestesian mediante drogas y requieren apoyo real. Con políticas públicas que pongan en el centro al ser humano y su bienestar físico, mental y espiritual, más allá del cortoplacismo. Sin resolver lo anterior, la juventud seguirá siendo la “primera línea”, la carne de cañón y los desadaptados, ya que están secuestrados por las pantallas, el individualismo y el consumismo. Sumado a las falsas promesas del materialismo deshumanizante. La ideología marxista avanza y se infiltra en todos los espacios, es un nuevo experimento social y una imposición antidemocrática tras sus fracasos y derrotas del siglo XX.

El relativismo moral permanece e “impide diferenciar entre el bien y el mal”. El hedonismo y nihilismo es un padecimiento social que infecta todo. La radicalización y satisfacción de los deseos infinitos son un camino sin salida, sin retorno. La violencia renovada se ha validado como acción política por los insurrectos de octubre y del mundo. La democracia y la sociedad libre están bajo asedio. Las derechas deben leer este libro y superar ese “no lo vimos venir”. La campaña electoral comunista está en sintonía con la degradación del ser humano y su objetivo no ha cambiado: “el poder total”. ¿Y tú qué harás o estás haciendo para brindar un camino de progreso, paz y prosperidad?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Pingüino el domingo 6 de abril de 2025.

Anacronismos potentes

Por Alfredo Jocelyn-Holt 

Es de suponer que después de las declaraciones de Fernando Carmona, quienes han estado corriendo a sumarse a la admiración del aura de Jeannette Jara habrán reconsiderado su entusiasmo oportunista. Pienso en exconcertacionistas jubilados, socialistas democráticos desubicados como nunca, columnistas que ridiculizan el anticomunismo, y los que siempre se suben por el chorro. Es que el hijo de Lautaro Carmona en impecable estilo leninista, versión dinástica norcoreana, ha llamado a no equivocarse: todo detrás de Jara es mandato y obra del Comité Central del Partido Comunista o, en su defecto, de la CUT.

De hecho, puede parecer que la Unión Soviética ha dejado de existir, pero aún se visita el monumento a Lenin en la Plaza Roja de Moscú y se rinden homenajes a su cuerpo embalsamado, excepto cuando cierran por motivos de conservación y maquillaje. Por su parte, la popularidad de Stalin crece, alcanzando incluso más de un 50% entre encuestados, y hace veinticinco años que un ex-KGB hace de hombre fuerte en Rusia. Personaje que oscila en sus relaciones con su par norteamericano siguiendo el acostumbrado vaiveneo entre agresión y distensión, a pesar de que la URSS ya no existe.

Lo que es en Chile, podrá decirse que Pinochet está muerto, pero ¿lo está? Hay quienes insisten que Allende y la UP “viven” y que su programa puede volver a implementarse. En todo caso, está claro que Pinochet no es nuestro último vestigio de la Guerra Fría. Bachelet sigue activa y Jara, se supone, es su clon. Esta última se enfrentará probablemente, al igual que en 2013, con la hija de un exmiembro de la Junta de Gobierno (“el tío Fernando”, del arma que bombardeó con Hawker Hunters La Moneda), o bien con José Antonio Kast que según el PC es Pinochet reencarnado.

¿De dónde, entonces, saca Carlos Peña que el anticomunismo en Chile es ridículo, que al PC no hay que tenerle miedo? Seamos mínimamente equilibrados en el análisis intelectual como diría el rector. Kant no tiene nada que ver en este asunto, sí Luis Emilio Recabarren, año 1910, antes de fundar el PC, cuando instaló la dialéctica, presente hasta ahora en la política chilena, con su conferencia en Rengo, no en Königsberg, “Ricos y pobres. La situación moral y social del proletariado y la burguesía”. Y, ¿por qué no también en juego Hegel y Freud, onda Nueva Izquierda sesentera, o Lenin y Trotsky? Los futuros frenteamplistas de Pío Nono en la toma del 2009 —Boric, Winter, ese lote— pasaban preguntándose “¿qué hacer?” como los bolcheviques en 1903. Hoy, superados Boric, Tohá y Winter, y habiendo tanto voto por conquistar, hay que desechar esto del “eje izquierda y derecha”, y “pensar en el eje ‘arriba-abajo’, es decir, ‘pueblo-elite’”. Así habla Carmona hijo, PC y populista, rara combinación, pero el PC es cínico, insaciable su afán de poder.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el viernes 18 de julio de 2025.

En Defensa de nuestra Historia

Por Gonzalo Ibáñez Santa María 

En reciente ceremonia, el exministro Enrique Correa Ríos presentó su libro Mi vida, mi historia, en el que cuenta, por supuesto, su vida. O lo que es más honesto: su versión acerca de su vida. Como informa el diario La Segunda (1/08/25), la ocasión “No fue una noche de nostalgia. Fue, más bien, una instancia para reflexionar sobre el proceso que permitió recuperar la democracia desde 1990, cuando dos conceptos marcaron época: transición y transversalidad”. Durante la conversación, Correa reivindicó el papel de quienes lideraron la transición, destacando que fueron los mismos que lucharon contra la dictadura: “No estaríamos donde estamos si no fuera por cientos, quizá miles, que arriesgaron su vida. Muchos volvieron a su vida normal, sin proclamarse héroes. Esa generación merece ser reconocida”.

Todo, con el debido respeto, es una gran mentira. Desde luego, Correa, antes de 1973, militó en el Mapu, versión violentista y extrema de la ideología demócrata cristiana. En esos años, colaboró con la tarea de destrucción que llevaba adelante el régimen marxista de Salvador Allende. Ellos fueron los que destruyeron la democracia e hicieron inevitable el pronunciamiento militar. Si ahora, Correa puede presentar su libro fue precisamente porque ese pronunciamiento nos liberó de la dictadura marxista (disfrazada de proletariado). De lo contrario, toda libertad de expresión hubiera sido conculcada y ese régimen seguiría hasta ahora.

El pronunciamiento militar fue el primer paso en la recuperación de la democracia. Reordenó el país y lo puso a la cabeza del continente. Si después de 1990 hubo en el país una época de prosperidad –30 años– que benefició a todos, fue por las bases que dejó establecidas el gobierno militar. Los gobiernos civiles de entonces no hicieron sino continuar con las políticas del gobierno militar: fue la clave de su éxito.

Eso no lo dice Correa y tampoco dice cómo, desde los distintos gobiernos civiles, se procedió después a demoler esas bases que construyó el gobierno militar. Y porque no lo dice –al revés, lo oculta– es por lo que Chile regresa ahora aceleradamente al caos de los años del régimen marxista. La cobardía de políticos como Correa es la que ha arrastrado a Chile a una situación de caos, de violencia y de predominio de la delincuencia, del terrorismo y del narcotráfico que amenaza con desembocar en una crisis aún peor a la de 1973. Es la dictadura que hoy día padecemos.

Por eso, es imprescindible defender nuestra historia. De lo contrario, vamos derecho a repetir los mismos errores de antaño.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el autor en sus redes sociales el sábado 2 de agosto de 2025.

¿Dónde está el Presidente?

Por Cristian Valenzuela

Chile amaneció el miércoles con el estómago apretado: un papá y su hija de siete años fueron acribillados con más de 75 balazos en La Granja. Los peritos hablan de una ejecución; la niña agonizó hasta la madrugada y el país se congeló de rabia e impotencia. ¿El Jefe de Estado? Lanzó un tuit de compromiso, apagó el celular y desapareció del mapa.

Dos días antes, Alberto Carlos Mejía, sicario acusado de matar al “Rey de Meiggs”, se esfumó por el Paso Chacalluta gracias a un “error” judicial de proporciones y a una frontera que es, literalmente, una huella en la arena.

Mientras el narco hace lo que quiere, Hacienda admite que el déficit estructural 2025 llegará a –1,8% del PIB, reventando por segunda vez sus propias metas. El ministro Marcel dice que basta un “pequeño ajuste”, fórmula que en castellano simple significa más tijera social, más impuestos o ambas.

Tres golpes en la misma semana. Seguridad, fronteras y caja fiscal en rojo. Cualquier líder decente estaría quemando suelas en terreno, comandando un gabinete de crisis, firmando decretos. ¿Dónde está Boric? En La Moneda, sí, pero montando la pasarela “Democracia Siempre” con Lula, Petro, Sánchez y compañía, los rockstars del progresismo que coleccionan escándalos de corrupción como estampillas. Selfies, discursos vibrantes contra “el extremismo”, aplausos de ONG extranjeras y cero línea directa con la morgue de La Granja o el cuartel de Arica.

La pregunta es inevitable: ¿Qué urgencia pesa más para el Jefe del Estado chileno? ¿La urgencia de una madre que entierra a su hija masacrada por balas que nunca debieron volar? ¿La urgencia de un país que ve cómo el crimen organizado entra y sale por la puerta norte mientras la burocracia se culpa mutuamente? ¿La urgencia de un déficit que se ensancha justo cuando las familias adelgazan sus bolsillos?

La respuesta, por desgracia, también es evidente: la prioridad presidencial es la foto multicolor, el discurso edulcorado sobre democracia “vibrante” y la condena a “los extremismos”, todo ello mientras la realidad extrema se despliega a pocas cuadras de La Moneda. Se exhibe al mundo un salón alfombrado lleno de compromisos grandilocuentes, mientras, fuera de cámara, las fronteras crujen, los tiroteos se multiplican y la billetera fiscal no cuadra.

No es que Boric no pueda estar en todas: puede y debe estar donde arde la casa. Podría liderar un comité permanente con Carabineros, blindar el norte con control militar real y cortar grasa estatal para frenar el déficit. No lo hace porque —seamos francos— vive secuestrado por su propia pose.

Hay algo casi obsceno en este contraste. No es solo descoordinación: es una ausencia moral. Porque la seguridad pública no es un hashtag; la disciplina fiscal no es un cuadro en Excel; la vida de un niño no es un dato colateral en la batalla comunicacional.

Cuando la cúspide del poder decide que su agenda internacional es más urgente que el funeral de la propia nación, el mensaje que se envía es brutal: que la patria se las arregle sola, que los muertos esperen, que los vivos se aguanten. Es un acto de abandono disfrazado de diplomacia, un escapismo cobarde que prefiere las luces de un escenario global antes que la oscuridad de su fracaso local.

Durante la campaña se prometió “más democracia para más derechos”. La gente entendió que eso significaba vivir sin miedo, recuperar el barrio, volver a confiar en su propio país. Pero en vez de derechos llegaron excusas; en vez de democracia real llegaron cumbres llenas de discursos huecos y aplausos de cartón.

Así que, Presidente, aterrice. Bájese del pedestal, deje de creerse el gurú moral de Sudamérica y mire a los ojos a las familias que entierran niños. Aquí abajo las madres no entienden de geopolítica ni de hashtags, entienden del miedo de salir a la esquina, del dolor de una sala de velatorio. Aquí abajo el sicariato manda señales más claras que cualquier cancillería, y el déficit fiscal no espera ni una semana más para engordar la deuda que hipotecará el futuro de los que vienen detrás.

¿Dónde está el Presidente? ¿En qué foto sonríe mientras un país entero aprieta los dientes?

Si usted no es capaz de dar la cara cuando el país se desangra, si prefiere la comodidad del extranjero antes que el barro de su propia tierra, usted no es Presidente, es un espectador de lujo de una tragedia nacional. Ojalá que la próxima vez la respuesta no sea una excusa ni una postal internacional. Ojalá que la próxima vez la respuesta sea: en Chile, dando la pelea que juró dar y que hoy, con su silencio y su ausencia, está perdiendo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el sábado 26 de julio de 2025.

La ética de mantener en la cárcel a enfermos terminales o con demencia

Si nos atenemos a la mirada desde los Derechos Humanos, los ancianos, enfermos terminales o con demencia debieran poder cumplir el resto de la pena que les corresponde en su hogar u otro sitio equivalente.

por Sofía Salas5 agosto, 2025

Está en discusión en la Comisión de Derechos Humanos del Senado el proyecto de ley que “Regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, para condenados que indica” (Boletín N° 17.370-17), que propone permitir la ejecución de la pena fuera de los recintos penitenciarios en circunstancias bien específicas, como edad avanzada, enfermos terminales o con grave afectación a su salud mental.

Para algunas personas, especialmente para las víctimas directas y sus familias, la cárcel efectiva por la duración total de la pena asignada inicialmente es un pálido alivio al sufrimiento causado. Por lo tanto, estos asesinos y violadores no merecerían clemencia alguna. Para otros, en cambio, la necesidad de resolver la situación de enfermos terminales y ancianos encarcelados no sólo es un tema político, legal y social, sino que profundamente ético. La cárcel cumple un papel fundamental en la sociedad, ya que junto con tener una función preventiva, buscar reintegrar al prisionero en la sociedad libre, para lo cual es fundamental que lo considere “como un sujeto de derechos que debe ser protegido e incentivado en la inserción social”. En el caso de ancianos, enfermos terminales o con demencia, la efectividad y la ética de mantenerlos en la cárcel son cuestionables y puede ser vista como una forma de castigo cruel e inhumano o, directamente, como una forma de venganza, puesto que está demostrado que la cárcel puede exacerbar su sufrimiento y privarlos de la dignidad y la autonomía que les queda.

En este contexto, es necesario recordar las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (“Reglas Nelson Mandela”), aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2015, las cuales proporcionan directrices a los Estados “para proteger los derechos de las personas privadas de libertad, desde reclusos en detención preventiva hasta reclusos condenados”.  La 1ª Regla, de aplicación general, establece que “Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será́ sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá́ de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario.” A continuación, expresa que “Las presentes reglas se aplicarán de forma imparcial. No habrá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. …”. En consecuencia, han sido concebidas para su aplicación a todas las personas recluidas, independiente del delito que hayan cometido. La Regla 109 hace referencia específica a reclusos con discapacidades o enfermedades mentales: “No deberán permanecer en prisión las personas a quienes no se considere penalmente responsables o a quienes se diagnostique una discapacidad o enfermedad mental grave, cuyo estado pudiera agravarse en prisión, y se procurará trasladar a esas personas a centros de salud mental lo antes posible”.

En consecuencia, si nos atenemos a la mirada desde los Derechos Humanos, los ancianos, enfermos terminales o con demencia debieran poder cumplir el resto de la pena que les corresponde en su hogar u otro sitio equivalente. Esto no significa que se ignore el dolor de las víctimas, sino que es reconocer que mantenerlos en la cárcel puede ser visto como una forma de castigo cruel e inhumano. En consecuencia, sería un atentado a los mismos derechos humanos que estamos llamados a defender, el negarles la posibilidad de dignidad al final de sus vidas, por lo que debe poder reemplazarse la pena de cárcel por una reclusión domiciliaria total por lo que resta del cumplimiento de la condena. 

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Sofía Salas

Docente-Investigadora en Bioética, Universidad del Desarrollo Más de Sofía Salas

2 Comentarios

1. Carlos Souper Quinterosdice:

5 agosto, 2025 en 00:34

Excelente exposicion y comprensión de qué se trata el proyecto de ley en trámite en la comisión de DDHH del Senado.

2. Fernando Rubio Urriadice:

5 agosto, 2025 en 14:20

Me uno a Carlos …. Excelente artículo y muy aclaratorio …. Debiera estar dentro de las banderas de lucha de todas las organizaciones que se dicen de DDHH …. Sin politizar, aquí de habla de ética que no tiene ningún color ….

UN EJEMPLO DE HUMANIDAD:

¿Hasta cuando usan a las FF.AA. y no las financian como corresponde?

Vea:

https://www.instagram.com/reel/DM-vyHkRaqF/?igsh=MWs3cnVlMjRkNjhrbg%3D%3D

Sin embargo para pagar a familiares, si que hay recursos:

El 23 de julio, en Sin maquillaje, Daniel Jadue (PC) –bajo arresto domiciliario por el Caso ACHIFARP– se refirió las cárceles: “El Estado burgués usa el aparato penal para disciplinar al proletariado y mantenerlo de una u otra forma a raya”.

Luego, a propósito de las movilizaciones gremiales, declaró: “el soberano es el pueblo y por tanto el Estado de Derecho debe servir a los intereses del pueblo y cuando no sirve para garantizar los derechos esenciales, el pueblo tiene todo el derecho y la razón para pasarse por sobre el Estado de Derecho”.

Ignorando la señalada fase crítica de penetración del crimen organizado en las instituciones estatales, Jadue reivindica la anomia, la lumpenización y la disolución del Estado de Derecho, pasando en silencio esa realidad y su peligro inminente. Así, sólo se fortalecerá el crimen organizado y Chile se pudrirá, reducido a la condición ignominiosa de Estado fallido, en que la vida no merece ser vivida.

La pretensión de Jeannette Jara de mostrarse alejada de aquella posición programática y de Jadue, es inverosímil. Ella es militante del PC, al igual que él, y fue ministra de este gobierno, cuya coalición incluye al PC. Si alcanza la Presidencia de la República, el suyo será, naturalmente, una continuación del actual, pero triunfal y aún más destructiva.

Ni su recurso a la cuna de mimbre –ante niños muertos en medio de balaceras y lactantes drogados con cocaína–, ni su “descomunización” estratégica, ni su anunciada “mano inteligente basada en experiencia de gobierno, en experiencia de políticas públicas” –el 24 de julio–, han refutado la violencia ostensible de las amenazas sediciosas de Jadue: su incitación a una nueva asonada e, incluso, a un golpe, para terminar de destruir las instituciones del Estado “burgués”, empezando por la Contraloría General de la República.

La grave situación de Chile exige gobernantes y equipos de profesionales ajenos al cuoteo político; espíritus incorruptibles, facultados para hacerse cargo de este desastre enquistado en el corazón del Estado: parasitismo, negligencia, desidia, propios de la excelencia de las mediocridades; ambición sin límites; despilfarro, desfalco y saqueo; frivolidad e incapacidad de enfrentar el peso de los duros hechos de la realidad; peligrosa masificación de un estado de inconsciencia funcional al ejercicio del poder; socavación de la seguridad nacional; abandono del Espíritu mismo.

La paz criminal inherente al proceso de instalación del crimen organizado, la legitimación social del narcofascismo desde dentro, la amenaza de un Estado fallido sin retorno, y la putrefacción política, evocan este pasaje universal del Leviatán (1651), de Hobbes: “la naturaleza de la guerra consiste (…) en la disposición manifiesta a ella durante todo el tiempo en que no hay seguridad de lo contrario. (…) En una situación semejante no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es incierto; por consiguiente no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los artículos que pueden ser importados por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y remover las cosas que requieren mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad; y lo que es peor de todo, existe continuo temor y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve”.

Publicado por ExAnte

Un proyecto peligroso

Por Daniel Mansuy Huerta 

Quedan pocos meses para que finalice el período del Gobierno, y supongo que sus partidarios están algo decepcionados. En efecto, las promesas grandilocuentes, los sueños de transformaciones profundas y los anhelos de construir un nuevo país, todo eso quedó atrás: la nueva izquierda ha debido conformarse con administrar la realidad que tanto despreció.

Sin embargo, en el oficialismo subsiste una luz de esperanza: terminar con el CAE. Si se quiere, se trata de la última bala, del gol del honor: es la promesa imposible de abandonar. Si algo de energía aún posee la actual administración, será destinada a este objetivo. Frente a él, palidecen la crisis de educación escolar, la primera infancia, los problemas en salud, y tantas —tantas— otras urgencias. Esto explica que la fracasada campaña de Gonzalo Winter haya recurrido al CAE para tratar de animar a los suyos: fue un esfuerzo postrero por recuperar la épica perdida. Si algo une a la generación que gobierna, es esta convicción: el crédito de Lagos es la bestia negra de los treinta años.

Ahora bien, al mismo tiempo debe decirse que el esfuerzo por reemplazar el CAE constituye un buen resumen de los problemas estructurales de la administración. En primer término, porque —a pesar de ser prioridad absoluta— su envío al Congreso fue anunciado por el Presidente Boric recién en octubre de 2024. El motivo no es difícil de suponer: aunque la promesa electoral era la de condonar el crédito, el ministro Marcel fijó exigencias que demoraron la elaboración del proyecto. En términos simples: la ausencia de un trabajo previo, más allá de las consignas callejeras, acortó drásticamente los tiempos.

Con todo, ese tiempo tampoco fue suficiente. Esta semana, el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que el nuevo sistema (FES) está construido sobre algunas premisas más que discutibles. Recordemos los aspectos centrales del proyecto. Bajo el nuevo sistema, los egresados que se hayan acogido a él deberán pagar durante veinte años un porcentaje de sus ingresos en retribución, y ese pago se hará vía declaración de impuestos. Al mismo tiempo, las universidades no podrán cobrar un copago a los nueve primeros deciles, y el precio será determinado por el Estado. La idea es evitar el déficit del crédito actual (déficit promovido por… quienes prometieron condonarlo). Sin embargo, el Consejo Fiscal Autónomo sostiene que este entramado posee varios supuestos dudosos, lo que naturalmente atenúa el argumento central (bajar la presión fiscal).

En cualquier caso, el problema no es solo de números, y las derechas harían bien en comprenderlo. El nuevo sistema propuesto por el Gobierno adolece —al menos— de dos dificultades muy serias. La primera es que los egresados deberán pagar un monto que no se condice con el costo de la carrera cursada. De hecho, las personas podrían terminar pagando varias veces el valor de sus estudios. Para llamar las cosas por su nombre, esto supone aumentar fuertemente los impuestos sobre un solo segmento, sin justificación alguna. En el fondo, se trata de un impuesto dirigido a un grupo específico, que cargará con una mochila más pesada que la del resto (¿por qué no habría de pagar también un egresado con gratuidad que haya tenido buen retorno?). La solución a este problema es tan fácil como intragable para el Gobierno: un crédito blando (con garantía de pago). Mientras el Ejecutivo no se allane a considerar esta posibilidad, o dé buenos argumentos para descartarla, podemos dudar de sus intenciones.

Esto se vincula con la segunda dificultad del nuevo sistema, que guarda relación con los efectos sobre el sistema universitario. En rigor, la propuesta oficialista busca adquirir mayor control sobre las instituciones, a través de un mecanismo tan viejo como el hilo negro: el control de los precios. En este sentido, el FES radicaliza la lógica de la gratuidad: el Estado (o, más bien, el burócrata de turno) estará encargado de determinar los ingresos de instituciones tan complejas como diversas. Desde luego, esto deja a la educación superior sometida al vaivén de factores cuando menos inciertos. Por de pronto, las instituciones deberán entrar a competir con otras prioridades sociales, para obtener fondos que les permitan realizar su labor. Por mencionar un ejemplo, ¿cómo sostendremos la investigación de alto nivel si su financiamiento debe entrar en esa dinámica? Además, ¿es razonable que las universidades deban entrar en una contienda política para que Hacienda les asigne más recursos? ¿No hay bienes valiosos que corren riesgos en ese escenario? Como fuere, el hecho es que, en la pugna por los recursos escasos, el Estado asume un poder indebido respecto de instituciones que requieren autonomía para cumplir con sus fines. El caso de Estados Unidos es un buen revelador de las ambigüedades implícitas en la idea: si las universidades se vuelven incómodas para el poder, ya sabemos lo que ocurrirá.

Sería cuando menos curioso que un gobierno, sin energías ni unidad interna, lograra aprobar un proyecto con problemas estructurales del calado que hemos mencionado. Permitir que este proyecto siga avanzando no solo equivale a regalarle un triunfo a una administración agónica, sino que también implica amenazar directamente la autonomía y el funcionamiento de las universidades chilenas. No es poco.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el domingo 27 de julio de 2025.

Libertad, responsabilidad y recuperación económica

Por Álvaro Pezoa Bissières

Con Jorge Quiroz como coordinador económico de la campaña de José Antonio Kast, la propuesta republicana se ha situado con fuerza en el debate de fondo: cómo reactivar el crecimiento en un país que lleva más de una década estancado. Se trata de un aporte valioso. Su programa, claro y directo, se sostiene en tres pilares fundamentales: desregulación, reducción tributaria y orden fiscal. Bajo el lema “Chile Despega”, perfila una transformación audaz que busca liberar las energías productivas del país.

El primer eje apunta a una desregulación profunda como vía para devolver dinamismo a la economía. En un entorno asfixiado por trámites, permisos y normativas que frenan la inversión y desalientan el emprendimiento, esta propuesta aparece como una bocanada de aire fresco. El diagnóstico es ampliamente compartido: la burocracia excesiva no solo enlentece o paraliza proyectos, sino que también encarece la operación de empresas de todos los tamaños. Destrabar ese nudo permitiría avanzar con mayor fluidez en actividad, innovación y empleo.

Reducir la carga tributaria, segundo cimiento, es una apuesta decidida por una agenda procrecimiento y proempleo. Se buscaría así hacer un país más competitivo, atrayendo inversión y estimulando el ahorro, sin descuidar el compromiso con los sectores más vulnerables. No se trata de desfinanciar al Estado, sino de potenciar su eficiencia: menos presión fiscal y más energía económica, situación que en el mediano plazo debería ampliar la base tributaria.

El tercer pilar propone avanzar hacia un Estado ágil y responsable. En un contexto de excesiva expansión del gasto público, se propone ordenar las finanzas, racionalizar con criterios técnicos, evaluando el impacto y la eficacia de cada programa. El objetivo es lograr que el Estado cumpla mejor su función, concentrándose en lo esencial, especialmente en seguridad, salud y educación. De hecho, un Estado más eficiente no es un Estado ausente, sino uno que responde mejor a las necesidades de sus habitantes.

Los lineamientos del plan económico republicano tienen un mérito indiscutible: presentan una visión coherente, articulada y orientada a resultados. No se quedan en la crítica, sino que ofrecen una hoja de ruta concreta, alineada con principios de libertad económica, responsabilidad fiscal y modernización institucional.

Por supuesto, llevar adelante esta agenda no estará exento de desafíos. Requerirá capacidad técnica, gestión eficaz y firme voluntad política para enfrentar resistencias ideológicas y corporativas. En este escenario, el “factor Kast” resulta clave: su liderazgo firme y coherente parece ser la mayor garantía de que la conducción económica no solo tendrá respaldo, sino también continuidad para impulsar un programa de reformas ambicioso y bien ejecutado.

La propuesta aquí analizada puede marcar un punto de inflexión. Chile necesita recuperar la senda del crecimiento, y este enfoque parece ofrecer precisamente eso: un camino hacia una mejor calidad de vida para millones de ciudadanos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el lunes 14 de julio de 2025.

¿POR QUÉ LA DERECHA TRADICIONAL SE DEJA SECUESTRAR?

Del Blog de Christian Slater

agosto 05, 2025

Nota:

He decidido publicar esta carta directamente en mi blog porque ya sé —por experiencia— lo difícil que es que este tipo de textos vean la luz en ciertos medios tradicionales, especialmente en El Mercurio y La Tercera.

En Chile, los medios tienen dueños. Y los editores, muchas veces, deben lamer la mano de quien les da de comer. No se trata de libertad de expresión, sino de conveniencia editorial. Por eso, y sin llorar, prefiero no mendigar espacios: los creo. Y si esta carta no aparece impresa en ningún diario, al menos quedará escrita aquí, para quien quiera leerla sin filtros ni permisos.

El dantesco espectáculo de una derecha secuestrada.

Lo que algunos trataban de presentar como una candidatura sólida, hoy ya parece un espectáculo cada vez más dantesco. Y no por las encuestas ni por el desgaste natural de una campaña, sino por la evidencia brutal de cómo los poderes de siempre han terminado por tomar el control total de una figura que alguna vez representó liderazgo, y que hoy apenas sobrevive como rostro prestado.

Primero fue Sebastián Edwards, actuando como fiscal del relato permitido, exigiendo retractaciones como si fuera el guardián moral de la opinión aceptable. Luego apareció Juan Sutil, cumpliendo exactamente lo que muchos advertimos cuando se publicó ese criticado inserto de los 167 “ciudadanos”. En esa ocasión respondí con una carta pública, que fue ampliamente difundida, advirtiendo que esos firmantes no buscaban unidad verdadera, sino blindar a la candidata del sistema: Evelyn Matthei.

Hoy, el tiempo nos da la razón. Sutil no solo llegó al comando de Matthei: llegó a reemplazarla. Y no llegó solo. También lo hizo el senador Juan Antonio Coloma. Una dupla perfecta: el empresario que representael un claro sector económico, y el político que representa los acuerdos de cúpula. Como siempre. Como Chile Vamos lo ha hecho durante décadas. Repartirse la torta. Es tan obvio… que cuesta creerlo.

Matthei, que hace unos meses intentaba mostrarse libre, firme, valiente, terminó obedeciendo. Pidió perdón, se retractó, y cedió su protagonismo. Ya no lidera. Ya no gobierna su propia candidatura. Delegó. Y al haberse faltado el respeto a sí misma, ahora cualquiera se siente con derecho a exigirle explicaciones: desde un economista con tribuna, hasta una vocera comunista. Lo que vemos no es liderazgo, es sumisión. Y eso daña no solo su figura, sino a toda la oposición.

Mientras ella busca perdones y permisos, los Republicanos —con todos sus errores— siguen siendo los únicos que no se han arrodillado ante los patrones de siempre. Y eso, en este Chile confundido, ya es un acto de coraje.

Y ojo: no todos los empresarios son iguales. Mientras algunos operan desde las sombras o desde las portadas, hay otros que actúan desde la convicción. Es el caso de Nicolás Ibáñez. No necesita cargos, ni cuotas, ni blindajes. No firma cartas ni dicta cátedras de moral. Presiona por unidad real, por listas únicas, por pactos por omisión. Y lo hace no por conveniencia, sino por Chile. Desde una plataforma distinta, sí. Pero con una claridad que hoy escasea incluso entre los llamados “líderes políticos”. En lo esencial, Ibáñez se ha comportado como uno de los nuestros: un patriota con coraje.

No hay que darle más vueltas: al menos la mitad del país quiere unidad en la derecha. Y también ya se ha dado cuenta de quién es el líder que puede lograrla. El problema no está en la izquierda. Está en esa derecha elitista que prefiere perder a ceder el control. Esos son los verdaderos enemigos de la unidad.

Y en este contexto, el liderazgo no siempre se demuestra insistiendo. A veces, se demuestra sabiendo dar un paso al costado. Porque esto, lo que estamos viendo hoy, ya no es una candidatura. Es un vergonzoso y dantesco espectáculo.

Finalmente, con respecto a la pregunta al inicio de este blog:

La derecha tradicional se deja secuestrar porque perdió su alma. Cuando se prefiere agradar antes que incomodar, cuando se busca poder sin convicción, y cuando se teme más al qué dirán que a la mediocridad política, el resultado es una derecha que no lidera: solo administra lo que otros definieron.

¿Solución? Apoyar proyectos nuevos, con identidad y coraje, que no dependan del visto bueno de los mismos de siempre.

“Mientras el pueblo aún cree en ideales, en patriotismo, en causas, en amor a la patria… los de siempre solo cantan cuando hay poder o plata de por medio.”

Christian Slater E.

Coronel (R) del Ejército de Chile.

Un Patriota sin Partido Político.

¿Justicia, venganza o castigo eterno?

Del Blog de Christian Slater

El caso del carabinero Sebastián Zamora y otras denuncias revelan un sistema judicial chileno que, según sus críticos, prioriza relatos ideológicos por sobre la verdad, normalizando la persecución legal como forma de justicia simbólica.

1 de agosto de 2025

Imagen: ex-ante.cl

Lo que en Chile se presenta como justicia en causas de derechos humanos se ha ido transformando en una maquinaria implacable, ideologizada y deshumanizada. Ya no se trata de perseguir delitos —ni siquiera de esclarecer la verdad—, sino de sostener, a cualquier costo, un relato político. Uno que ha pasado de apuntar a exuniformados a intentar neutralizar y deslegitimar a los actuales integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, mediante acusaciones construidas, procedimientos dudosos y condenas mediáticas anticipadas.

El caso del carabinero Sebastián Zamora, acusado injustamente en el contexto del llamado caso Puente Pío Nono —y finalmente absuelto de manera definitiva— evidencia el nivel de ensañamiento al que puede llegar un sistema que busca culpables simbólicos, no verdades jurídicas. Años de persecución pública, suspensión laboral y desgaste institucional solo para confirmar lo que debió haberse resuelto en semanas: su inocencia.

Lo mismo ocurre con las denuncias recientes desde Temuco, donde incluso un diputado ha solicitado información al INDH sobre falsas víctimas del estallido social que habrían recibido pensiones de gracia y respaldo jurídico, a pesar de que los hechos denunciados carecen de veracidad o fueron descartados judicialmente. Este tipo de prácticas no solo deslegitima la justicia, sino que también convierte el dolor real en negocio, y el activismo judicial en carrera profesional o política.

¿Hasta cuándo se mantendrá esta ficción judicial? Casos como el del atentado contra Guillermo Farías, víctima de una bomba de ácido en 1986, son igualmente reveladores. Lejos de encontrar justicia, Farías fue ignorado, invisibilizado y presionado para mentir y adaptar su relato a los intereses de la época. Su negativa lo condenó al silencio.

El doble estándar es escandaloso. Se exige “verdad” solo desde una vereda, y al mismo tiempo se impide cualquier revisión de sentencias viciadas, testigos cuestionables o antecedentes jurídicamente insostenibles. Nadie quiere reabrir esos casos, porque implicaría admitir que la justicia chilena falló. Y lo sigue haciendo.

Mientras tanto, los beneficios económicos, ascensos y posicionamientos ideológicos alimentan una maquinaria que no busca justicia, sino venganza y poder. Las recientes declaraciones del expresidente José Mujica y su esposa Lucía Topolansky desde Uruguay lo confirman: hubo testimonios falsos, hubo militantes que mintieron, hubo casos montados. Lo sabían, y aún así no los delataron “por no ser traidores”.

¿Y qué pasa en Chile? ¿No merecen las víctimas del montaje —exuniformados o no— una revisión honesta? ¿No deberían las instituciones de derechos humanos, e incluso la Iglesia Católica, reconocer que no toda causa fue justa, ni toda víctima inocente, ni todo condenado culpable?

Hoy, la sociedad guarda silencio, y parte importante de ella ha normalizado la persecución legal como forma de reparación simbólica, ignorando que se violan principios elementales de la justicia universal: imparcialidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, igualdad ante la ley y garantías procesales mínimas.

Este sistema, lejos de promover justicia, es ya un modelo perverso de castigo eterno, basado en conveniencias ideológicas, réditos económicos y una visión sesgada de la historia, que ha sido blindada judicialmente para no ser revisada jamás.

Pero la historia se encargará de corregir lo que hoy se niega. Y será imperdonable que tantos hayan callado.

Christian Slater E.

Coronel (R) del Ejército de Chile

TODO CUADRA, TODO COINCIDE, TODO CALZA.

julio 31, 2025

Chile tiene una deuda pendiente con la verdad, y el tiempo se agota.

EL PERIODISTA: ¿Justicia, venganza o castigo eterno?

Lo advertimos hace días en este mismo espacio, y hoy El Mercurio publica una información que viene a confirmar lo que muchos hemos venido observando: dos presuntas víctimas del estallido social de 2019 serán formalizadas por fraude, tras descubrirse que habrían mentido, simulado lesiones e incluso falseado hechos para obtener beneficios del Estado.

No se trataría de errores aislados. Todo indica que estaríamos frente a un método repetido, posiblemente sistemático, con motivaciones ideológicas, donde el Estado termina entregando pensiones de gracia a personas que habrían construido un relato falso, mientras centenares de exuniformados ancianos permanecen en prisión, sin acceso a beneficios carcelarios, muchos de ellos condenados bajo testimonios discutibles, pruebas precarias o ficciones jurídicas.

Este tema ya lo abordamos con detalle en una columna anterior:

¿Justicia, venganza o castigo eterno?

CHRISTIAN SLATER E. ¿JUSTICIA, VENGANZA O CASTIGO ETERNO?

Y no fuimos los únicos en levantar alertas.

El diputado Miguel Mellado (RN) señaló: “Verdaderos estafadores recibieron beneficios millonarios del Estado, con mentiras.” (El Mercurio. C 7. Jueves 31 de julio 2025).

Y el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) sostuvo: “Se usaron recursos públicos para perseguir a carabineros y militares sin pruebas. Se destruyeron vidas, se arruinaron carreras. Esto es una persecución política brutal.” (El Mercurio. C 7. Jueves 31 de julio 2025).

Ambos parlamentarios hicieron estas afirmaciones públicas y directas. Sin embargo, la pregunta sigue en pie: ¿Dónde están los demás?

¿Dónde se encuentran quienes integran las Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de Seguridad Pública del Congreso Nacional?

¿Dónde están aquellos senadores y diputados cuyo deber institucional es fiscalizar los abusos del Estado, proteger el debido proceso y garantizar que la justicia no se convierta en un instrumento de persecución?

Hasta ahora, no se conocen pronunciamientos públicos claros, ni solicitudes de informes, ni iniciativas legislativas que aborden la posible contaminación de causas judiciales mediante testimonios de dudosa veracidad o motivaciones políticas.

Este silencio, si persiste, podría ser interpretado como pasividad culpable.

Porque cuando quienes legislan no reaccionan frente a hechos que merecen revisión, se arriesgan a transformarse en parte del problema.

Resulta entonces esencial distinguir responsabilidades.

Los senadores, diputados y autoridades de gobierno —pasadas y presentes— tienen la facultad y el deber de intervenir en estos temas. Ellos mandan, legislan, controlan presupuestos, nombran jueces y establecen políticas públicas.

En cambio, los actuales Comandantes en Jefe del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el General Director de Carabineros están constitucionalmente impedidos de pronunciarse sobre temas políticos o judiciales. No pueden manifestar opiniones, por más que tengan sentimientos personales legítimos o preocupaciones institucionales fundadas. En esa situación, ellos obedecen. No mandan.

Y aunque resulta razonable suponer que desearían levantar la voz por sus hombres —especialmente cuando hay fundamentos éticos o jurídicos para cuestionar ciertas decisiones judiciales—, su rol es representar a sus instituciones, no a sus conciencias.

No obstante, no podemos olvidar que hubo un Comandante en Jefe del Ejército —el general Juan Emilio Cheyre— que, en pleno ejercicio de su mando, habló del “Nunca Más”, refiriéndose no solo a las Fuerzas Armadas, sino a todo Chile.

Ese “Nunca Más” debía ser universal, no selectivo ni manipulado según las circunstancias políticas del momento.

Un caso reciente —que ha sido noticia incluso hasta el día de ayer— expone con claridad el doble estándar con que se trata en Chile el derecho a la honra y la protección de la imagen. La candidata presidencial Evelyn Matthei anunció públicamente su intención de querellarse contra militantes del Partido Republicano, acusando una campaña de ataques personales en redes sociales. Para fundamentar su decisión, hizo referencia al llamado “Protocolo de Budapest” —instrumento técnico que regula, entre otras materias, la protección ante manipulaciones digitales como videos alterados, imágenes fuera de contexto, audios intervenidos o burlas públicas que afecten la dignidad de una persona.

Sin embargo, ese mismo principio jamás se ha invocado —ni antes ni ahora— cuando se trata de uniformados. Muy por el contrario: durante años, los exmilitares y exfuncionarios policiales han sido objeto de campañas de desprestigio, burlas, memes, montajes gráficos y linchamientos virtuales. En muchos casos, incluso antes de que existieran fallos judiciales, ya eran expuestos públicamente como culpables, con su imagen intervenida y su honra destruida en redes sociales por grupos ideologizados, cuentas anónimas o usuarios organizados políticamente.

Y esto no solo sigue ocurriendo, sino que parece intensificarse. Hoy mismo, cualquier error o incidente que involucre a un miembro de Carabineros, la Armada, la Fuerza Aérea o el Ejército desata una ola inmediata de ataques digitales. Cuentas automatizadas o perfiles ideológicos actúan con rapidez para desprestigiar no solo a la persona involucrada, sino a toda la institución. No hay presunción de inocencia. No hay respeto por el debido proceso. No hay norma que se invoque en su defensa.

Y lo más grave es que esta cultura del desprecio no se limita a quienes enfrentan procesos judiciales. En Chile hoy, cualquier persona puede insultar, humillar o denigrar públicamente a un exuniformado o a un miembro activo de las Fuerzas Armadas o de Orden a través de redes sociales, y absolutamente nada le sucede a quien lo hace. No hay sanción. No hay reacción institucional. Nadie actúa en defensa de su honra. Ninguna ley se activa. Ningún protocolo internacional se menciona.

Al parecer, la dignidad de ciertas personas vale más que la de otras. Si el blanco del ataque es una figura política, se alzan voces, se presentan querellas y se exigen medidas. Pero si se trata de un uniformado —activo o en retiro—, el desprecio es gratuito, sistemático e impune. Y esa doble vara, además de ser injusta, revela el profundo sesgo ideológico con que se ha instalado en Chile una narrativa que castiga sin piedad a quienes alguna vez sirvieron a su Patria.

Pero seamos también claros y responsables.

Es cierto que hubo excesos durante el período del conflicto interno en Chile. Es cierto que algunos casos fueron sancionados conforme a derecho y con pruebas suficientes. Y es cierto que el propio general Juan Emilio Cheyre reconoció públicamente que se cometieron errores y abusos.

También es verdad que hay personas que han confesado delitos, que han sido procesadas con pruebas sólidas y que han expresado arrepentimiento. Nadie los defiende.

Pero yo me refiero, con toda responsabilidad, a otro grupo.

A quienes, siendo muy jóvenes en los años 70 y 80, actuaron bajo órdenes superiores en un contexto de guerra interna, y cuya responsabilidad penal es al menos discutible. Me refiero también a quienes ni siquiera participaron en operaciones directas, y que hoy purgan penas en base a presunciones, contextos interpretativos o mecanismos jurídicos poco convencionales, cuya validez ha sido cuestionada incluso por juristas de renombre.

Aunque solo uno de ellos fuera inocente, ya habría suficientes razones para alzar la voz. Porque condenar a un inocente para mantener una narrativa histórica o política no es justicia: es una forma moderna de injusticia institucional.

Por eso es urgente, y éticamente impostergable, revisar todas las causas en que existan dudas razonables, antecedentes nuevos o elementos jurídicos controvertidos. Aplicar justicia real, no justicia simbólica.

El Estado no puede mantenerse indiferente frente a denuncias fundadas de manipulación judicial, testigos cuestionables o presiones ideológicas. Y lo que está ocurriendo en Chile —según muchas voces expertas— podría configurar una forma selectiva y anómala de persecución penal.

A ello se suma el creciente nivel de desprestigio que afecta a importantes sectores del Poder Judicial. Cada semana se abren investigaciones contra jueces y abogados por faltas éticas, tráfico de influencias o vínculos con redes de corrupción. El país entero ha visto cómo algunos personajes han escalado posiciones estratégicas para alcanzar los máximos cargos, no siempre por mérito ni transparencia, sino —según se ha denunciado— a través de favores cruzados, redes políticas o presiones corporativas.

En manos de esos mismos actores —jueces, fiscales o ministros de Corte— está hoy el destino de decenas de exuniformados y, eventualmente, también de quienes hoy están en servicio activo. ¿Cómo no levantar la voz? ¿Cómo no exigir revisión, transparencia y justicia real?

Para quienes aún creen que esto no podría haber pasado, basta recordar las declaraciones del expresidente José Mujica y de su esposa, la senadora Lucía Topolansky, en Uruguay.

Ambos reconocieron públicamente que en su país se utilizaron testimonios falsos para encarcelar a militares: “Se mintió. Se exageró. Se condenó a gente inocente. Y eso no está bien, ni siquiera con los que nos combatieron”, afirmaron.

Si eso ocurrió en Uruguay —país con larga tradición democrática—, ¿por qué pensar que en Chile no podrían haberse cometido errores similares?

Todo cuadra. Todo coincide. Todo calza.

Y es razonable suponer que cada gobierno, desde Aylwin hasta Boric, pasando por Bachelet y Piñera, junto a sus respectivos ministros de Justicia y Defensa, tuvo conocimiento, o al menos la sospecha de que una situación como esta podría estar ocurriendo.

Tal como se atrevió a reconocer un expresidente de Uruguay —José Mujica—, al admitir que se encarceló a militares con testimonios falsos, o como ha quedado expuesto en casos concretos como el de Temuco, y también como lo advirtió en su momento Sergio Micco, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Si no actuaron a tiempo, al menos permitieron que la situación continuara.

Y si hoy persiste el silencio, ese silencio también tendrá un costo. Por lo mismo —en conciencia— no puedo guardar silencio ante lo que muchos consideran un escándalo moral y jurídico.

Algún día, la historia —o un tribunal verdaderamente imparcial— pedirá cuentas a quienes hoy callan.

EL LÍBERO: MORIR EN PRISIÓN. GENERAL ÁLVARO GUZMÁN.

ALMIRANTE MIGUEL A. VERGARA V. :

Ex Comandante en Jefe de la Armada de Chile.

Caso ministro Ulloa

Los ratones invisibles

Los funcionarios públicos se han duplicado en la última década, pero nadie diría que el Estado es hoy el doble de eficiente o ágil. Por el contrario, no trabajan 32 días del año en promedio y las licencias médicas explican más del 67% del ausentismo en el gobierno central.

Se comen el queso, roen los alimentos almacenados, pelan los cables eléctricos y desatan incendios que se llevan la casa por delante y no los vemos. Pero ahí están y se convive con ellos, incluso con los que tienen cola larga y transmiten el mortal virus del hanta.

En este tipo de seres invisibles, con una incontenida capacidad de hacer daño, se han convertido muchos funcionarios públicos. No los identificamos claramente porque están en todas partes, copando el aparato estatal y haciendo lo que pueden para trabar el desarrollo y convertir en una tarea titánica emprender, crear un negocio u ofrecer servicios.

“Los ratones más peligrosos son los que uno nunca puede ver, pero están ahí haciendo su pega calladitos para complicarle la vida a los colegios donde los docentes y directivos ya no van a enseñar, sino que a llenar datos y hacer reportes para las autoridades”

Los funcionarios públicos se han duplicado en la última década, pero nadie diría que el Estado es hoy el doble de eficiente o ágil. Por el contrario, no trabajan 32 días del año en promedio y las licencias médicas explican más del 67% del ausentismo en el gobierno central. Para nadie debió ser una sorpresa que la Contralora se atreviera a poner sobre la mesa que en dos años 25 mil funcionarios públicos salieron de viaje al exterior teniendo una licencia médica vigente. Es decir, robándole a las isapres y al Estado, que les paga el 100% y los reemplaza en sus falsas vacaciones.

Siete ministros están atrasados en el pago de sus contribuciones. En julio del año pasado había 65 autoridades y funcionarios que no pagaban el CAE, a la espera que se concretara la promesa de condonación de Gabriel Boric, a pesar que muchos de los en mora son juez y parte en la decisión.

No pueden ir a huelga, pero lo hacen y no pasa nada. Y aunque trabajan menos, en los niveles medio y bajo sus sueldos son comparativamente más altos que en el sector privado. Parece que ahora muchos de los 100 mil que han ingresado al Gobierno a trabajar, están haciendo caja para cuando dejen el poder por los sueldos envidiables que vemos. En el Ministerio N°25, el de Seguridad Pública, dentro de la prolífera nueva administración, 21 funcionarios reciben sueldos sobre los $ 7 millones, cuando se incluye el bono trimestral. ¿Se lo ganan?  De todos modos, el 98% de los funcionarios públicos, sino todos, obtienen la máxima bonificación en el Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG).

La misma mano burocrática tenía el compromiso con el Congreso de flexibilizar el SAE (Sistema de Admisión Escolar) para que éste contemple algo de mérito y preferencias de los padres. La idea era reemplazar la aleatoriedad por un mejor sistema que conformara a las familias y los establecimientos. El Mineduc cumplió, cambió el sistema aleatorio, pero por un algoritmo, cuyo resultado es siempre el mismo, de manera que el resultado ya no es aleatorio, pero tiene el mismo efecto práctico. (Todo cambia para que nada cambie.)

Los ratones más peligrosos son los que uno nunca puede ver, pero están ahí haciendo su pega calladitos para complicarle la vida a los colegios donde los docentes y directivos ya no van a enseñar, sino que a llenar datos y hacer reportes para las autoridades, obligados a usar más de ocho plataformas diferentes para subir información, mucha que el Estado ya tiene. Frente a un problema, tienen que lidiar al unísono con el Estatuto Docente que los rige, pero también con la ley de Asistentes y el Código del Trabajo, ley Karin incluida. La burocracia no suma nuevos recursos, pero siempre se pueden colgar nuevas exigencias para ahogar las escuelas. Y tienen la desfachatez de ayudarlos a desentrañar la maraña de la normativa vigente poniendo a su disposición una guía que sólo tiene 194 páginas…

Pocas páginas comparado con la guía de la Ley Bases del Medio Ambiente y sus reglamentos, que suma 300 páginas, mientras que las 65 guías del SEIA (que deben orientar y uniformar criterios) superan las mil páginas. Un 853% de aumento desde 2010. Un estudio del CEP concluyó que, de lograr una reducción de las trabas regulatorias a las empresas, la tasa de crecimiento anual de la economía podría incrementarse en 0,7% anual en los próximos 10 años. Pero ahí tenemos a roedores invisibles distribuidos en todo el aparataje público para impedir que crezca la industria del salmón, que espera resignada el resultado de 14 reglamentos que se están dictando para aplicar la ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), con exclusión del sector privado, por lo que se anticipa cargará nuevas exigencias que no están en la misma normativa.

Es que hace rato los sesudos funcionarios descubrieron que la vía administrativa es el mejor vehículo para modificar la ley. Es lo que denuncian hace tiempo los gremios. La Dirección del Trabajo, por ejemplo, no se hace rollos con lo que establece la ley y cambia a su gusto las condiciones de la definición de los servicios mínimos dentro del proceso de negociación colectiva. Si no te gusta, tanto peor.

Está claro quién manda en Chile…. los ratones.

El síndrome del avestruz

Las derechas prefieren esconder la cara bajo la tierra a ver de frente la oportunidad histórica para el bien común, el que desechan por el beneficio propio.

El avestruz esconde la cabeza en la tierra para camuflarse cuando se siente amenazada. Algo peor les ocurre a las derechas hoy. Tienen una oportunidad histórica de ganar la Presidencia y el Congreso en primera vuelta, pero simulan no verlo. El adversario no las amenaza, el germen de la fatalidad está en ellas mismas.

Esta semana fue de terror. Parecía inminente que Evelyn Matthei, junto a senadores RN, denunciaría en tribunales a quienes ella ha apuntado, en el campo de los republicanos, la han desprestigiado y atacado por redes sociales. Era el sueño dorado para la izquierda: que la derecha judicializara la elección y se empantanara con pronóstico de fatalidad: celulares incautados, trascendidos, audios, descalificaciones, etc. Un deleite para la pauta diaria de los matinales y los “progresistas” que prometen, ellos sí, gobernabilidad.

“Se trata de devolverle la quilla a Chile y para eso hay que ganar el Congreso y emprender las reformas que le devuelvan gobernabilidad al sistema político y para recuperar el crecimiento, el buen manejo del Estado y, sobre todo, la seguridad”

Algo de sensatez detuvo la intentona, que difícilmente va a contribuir a revertir la distancia que se ha creado entre la otrora exitosa candidata de Chile Vamos y José Antonio Kast.  Nadie quiere que las derechas sigan en el fango. No sólo los empresarios, como les gusta disparar desde la izquierda. La gente común y corriente es la más interesada en poner término a este gobierno que se ha caracterizado por hacer el país más pobre e inseguro.

Las últimas cifras de empleo lo dicen todo. En un año la economía permitió que se crearan 141 miserables empleos. Hace rato hay una emergencia laboral, como machaca el economista David Bravo, que el gobierno no ha querido ver y que nos tiene con cifras de participación laboral y de desocupación de 2010, es decir, después de la crisis subprime y el terremoto.

“Tenemos problemas estructurales”, afirmó la candidata comunista Jeannette Jara en el foro de presidenciables en la Sofofa, defendiéndose de las malas cifras de empleo. Claro que hay problemas estructurales, pero los ha creado “su” administración, que además los hace ver como éxitos de su legado: las 40 horas, el alza del sueldo mínimo, la Ley Karin. Incluso ella ofrece nuevas joyitas para liquidar aún más la capacidad de generar trabajo de las pymes: un sueldo “vital”, que no es otra cosa que seguir disparando el sueldo mínimo, y la negociación ramal, donde los chicos no pueden competir contra las condiciones que ofrecen los grandes.

En la inseguridad 24×7, los secuestros a nivel histórico, los más de 86 mil personas que ya dejaron de buscar trabajo, en la inmigración desbandada y acorazada en el crimen organizado, en el deterioro de la salud y en un crecimiento menos que pobretón están los problemas que desvelan a las familias.

Y, ¿cuál es la respuesta de los que tienen la receta para sacar al país de este retroceso? Por un lado, lo ven como la oportunidad para arrebatarle la hegemonía a la “derecha cobarde” que ha jugado en la cancha de la izquierda y aprobado incluso las reformas que lastran a Chile. Por el otro, no dejarse absorber por una derecha conservadora y poco dialogante y tampoco replicar la claudicación de la ex Concertación que se dejó absorber por el Frente Amplio y hoy prácticamente no existe.

¡Por favor! Se trata de devolverle la quilla a Chile y para eso hay que ganar el Congreso y emprender las reformas que le devuelvan gobernabilidad al sistema político y para recuperar el crecimiento, el buen manejo del Estado y, sobre todo, la seguridad.

De eso se trata, de presentar los candidatos más competitivos que aseguren mayoría en el Parlamento y de terminar de contarse cuentos sobre el ideal para unos y otro

*Su Soberbia Apretó el Gatillo*

Por Cristián Labbé Galilea

En la vida, y especialmente en política, hay situaciones con tan obvio desenlace, que no se necesitan talentos proféticos para anticipar lo que ocurrirá. Basta un mínimo de sentido común, un poco de experiencia o, simplemente, darle una miradita a la historia, rica en casos ejemplares que se creyeron “pan comido” donde, por descuido, torpeza o soberbia, se “les quemó el pan” cuando creían tenerlo cocinado.

Cuántas veces hemos conocido fracasos políticos, en los cuales los mayores obstáculos no vinieron de factores externos, sino de decisiones propias que terminan por jugar en contra, por orgullo, soberbia, o falta de reflexión. En política, como en cualquier otra actividad, no hay magia que salve a quien se empeña en tropezar con la misma piedra siempre… En esos casos, el fracaso no es un problema de ignorancia sino de arrogancia.

Esto que para cualquier persona sensata es obvio, pareciera que en su larga carrera política la candidata de Chile Vamos a la Presidencia nunca ha logrado asimilarlo; y ahora, cuando estaba a punto de alcanzar la cima… “la traicionó su naturaleza”. Después de liderar por meses las encuestas y los pronósticos electorales, olvidó que en política los problemas y los conflictos no provienen del enemigo, ni del azar, ni siquiera de una conspiración; nacen simplemente de la actitud de quien se cree invencible.

A lo largo de la historia, grandes líderes políticos han sido derrotados por su obstinada y tozuda ceguera, no por la fuerza del adversario. En el caso de la candidata en cuestión, la lista de errores no forzados y de golpes autoinfligidos es larga, y tienen un denominador común… la soberbia disfrazada de firmeza.

Abrumada por la baja en sus proyecciones electorales, y desoyendo al grupo más sensato de sus colaboradores, la candidata no encontró nada mejor que cometer el último y el mayor de los exabruptos, arremeter destempladamente contra el candidato Republicano que, dicho sea de paso, pertenece al mismo sector, olvidando que su contendora es la representante del oficialismo, una comunista de larga vida militante y que ahora finge ser una izquierdista moderada.

Lo que ha ocurrido en estos días es gravísimo, no sólo por querer judicializar la campaña demandando al candidato Republicano, torpe iniciativa que no prosperó gracias a que todavía quedan políticos cuerdos, sino porque tal iniciativa le metió “una cuña mortal” a la unidad del sector.

En suma, es tan grave lo ocurrido, y tan negativo el efecto generado por la situación, que esta profética pluma se atreve a presagiar: la suerte de la candidata está echada, “la historia ya le cerró la puerta”. Como me dijo un contertulio, “Esta señora huele a gladiolos” porque, aunque siga de pie, ya está derrotada (políticamente está R.I.P.); su caída es inminente, basta mirarle la cara y escucharle hablar… y lo peor es que nadie la forzó, sola se disparó en los pies” … ¡Fue su soberbia la que apretó el gatillo!

 Partido Comunista consolida control del SML: nombran como subdirector médico a expareja de Camila Vallejo

El salubrista cubano y militante comunista Julio Sarmiento, expareja de la ministra Camila Vallejo, fue designado como subdirector médico del Servicio Médico Legal (SML) tras un concurso de Alta Dirección Pública abierto justo en la última fecha legal antes de la elección presidencial. Con esta designación, tanto la dirección —en manos de la comunista Marisol Prado— como la subdirección quedarán bajo control del PC, asegurando presencia partidaria en un organismo clave para el Plan Nacional de Búsqueda del Ministerio de Justicia, también encabezado por un militante comunista, Jaime Gajardo.

El nombramiento ha causado sorpresa interna, ya que se esperaba que el cargo fuera ocupado por una médico con décadas de experiencia en medicina legal que ejercía como subrogante. Fuentes del SML señalan que Sarmiento no era la opción preferida de Prado, pero habría manifestado su interés directamente al ministro Gajardo.

El movimiento se enmarca en la estrategia definida por el PC en su XXVII Congreso Nacional: reforzar el control de instituciones clave para impulsar reformas estructurales en el último año de gobierno y fortalecer sus posibilidades electorales futuras.

La gestión de Marisol Prado ha sido objeto de múltiples denuncias por maltrato laboral, eliminación de la Unidad de Derechos Humanos y nombramientos sin concurso. La Contraloría detectó atrasos graves en el ingreso de datos al Sistema Nacional de ADN y problemas en la cadena de insumos.

El caso refleja cómo el PC afianza su influencia en organismos estratégicos, en un contexto en el que el SML tiene un rol central en investigaciones sensibles y de alto impacto político.

Fuente: El Líbero

El Partido Comunista: Ideología o seguridad

Por Patricio Dussaillant 

En momentos en que la inseguridad es una de las principales preocupaciones ciudadanas, llama la atención la actitud sistemática del Partido Comunista de oponerse a todos aquellos proyectos de ley o medidas judiciales y administrativas que busquen combatir con mayor eficacia la delincuencia, el crimen organizado, el terrorismo y la inmigración ilegal.

En las próximas elecciones, los ciudadanos deberán tener presente que nos enfrentamos a una resistencia casi doctrinaria del PC, y de su candidata, frente a cualquier iniciativa que busque endurecer penas, ampliar las atribuciones y el respaldo a las fuerzas policiales o implementar controles más rigurosos sobre el ingreso irregular al país.

¿Qué puede explicar esta actitud del PC? A la luz de los distintos debates, queda cada vez más claro que responde a una visión ideológica, que prioriza la desconfianza hacia el Estado por sobre la protección efectiva de las personas. El Partido Comunista sigue anclado en una lógica histórica en la que, incluso, el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado es visto con sospecha, como si toda acción estatal, en materia de seguridad, fuera una antesala del autoritarismo, salvo si ellos son gobierno por supuesto.

Tal vez pueden darse dos explicaciones para esta actitud del PC. Por una parte, esta posición puede haber tenido sentido en el pasado, justificada por la represión sufrida por sus dirigentes, pero frente a un nuevo escenario, dominado por el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el sicariato, resulta un tanto anacrónica.

Por otra parte, para el Partido Comunista, la delincuencia sigue siendo interpretada como una consecuencia de la desigualdad. Por lo tanto, para ellos aumentar penas o entregar nuevas herramientas al Estado es considerado como “populismo penal”, como una forma de aparentar acciones pero sin abordar las causas profundas. Fuera de tratarse de una idea equivocada e injusta, la delincuencia de hoy no es la misma de hace veinte años. Actualmente, se trata de bandas armadas, redes criminales transfronterizas, corrupción y territorios capturados y controlados por el narco. Seguir aplicando las mismas recetas o interpretaciones solo contribuye a la impunidad.

Lo mismo sucede con la inmigración ilegal. El PC se atrinchera en su retórica internacionalista, negándose a cualquier medida que limite el ingreso de extranjeros de manera irregular o facilite su expulsión cuando han cometido delitos, negándose a la necesidad de distinguir entre el migrante honesto que busca una vida mejor, de aquellos que pertenecen a redes que trafican personas o extienden sus delitos por la región. Su defensa de la inmigración ilegal es una forma de mantener la inacción, sin hacerse cargo del costo que eso implica para los barrios más pobres, que son los primeros en sufrir el descontrol y la violencia asociada.

La seguridad ciudadana no puede seguir siendo rehén de ideologías inamovibles. Es perfectamente posible defender los derechos humanos sin caer en la ingenuidad ni en la parálisis. El desafío de estos tiempos exige valentía, decisión y voluntad: proteger a las personas, fortalecer las instituciones y no ceder ante el miedo, pero tampoco ante el dogma. Y en eso, el Partido Comunista sigue demostrando que prefiere aferrarse a su ideología antes que escuchar a la ciudadanía, cada vez más angustiada por el avance del crimen organizado y la sensación de desamparo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el jueves 17 de julio de 2025.

El fantasma comunista

Por Rodrigo Ojeda 

Hay fantasmas que son reales. La candidata del amor y el mimbre, es y será comunista. Su ascenso y despliegue no deben ser minimizados ni combatidos exclusivamente desde el anticomunismo visceral. Su apuesta es llegar a la segunda vuelta presidencial, con o sin esteroides. Jara se muestra remozada a través de una estética comunista que confunde al electorado, con desplante y sencillez. Dice que representa ideas progresistas y de centroizquierda. Jeanette Jara, está en campaña con promesas de todo y para todos. Viene a ofrecer su corazón, crecimiento económico, seguridad, justicia social y democracia. En las bambalinas está el Partido Comunista (PC). Su paradigma es marxista-leninista, y mantiene inalterables sus objetivos: obtener el poder total y establecer una sociedad sin clases.

La exministra repite lo que algunos quieren escuchar, ya que su meta es “ampliar la base electoral”. Estoy disponible “para despejar temores”. Es que el comunismo sabe mimetizarse en las elecciones y en la vida democrática. Superar la “democracia burguesa” y oponerse al “imperialismo”, suena trasnochado, pero sigue vigente en la cúpula dirigida por el cosmonauta del PC: Lautaro Carmona. Hay que enfrentar al comunismo en todos los espacios, porque son muy astutos reescribiendo la historia y borrando las huellas de su pasado criminal. Aunque nos digan que el PC actual tiene matices, es el Comité Central el que toma las decisiones calculadamente. Para otros, Jara es Bachelet 3.0.

¿Cuál es el compromiso del PC con la democracia? La revisión del pasado local nos recuerda que el comunismo apostó durante el año 2019 por el derrocamiento de Piñera desde la calle y la refundación de Chile, en el rechazado primer experimento constitucional. No hay que olvidar que no firmó la “salida institucional” vía reforma constitucional durante la crisis octubrista. Décadas atrás, el PC no participó de la transición pacífica y democrática. Para ellos, la transición fue una “traición y concesión con el dictador”. Durante la década del ochenta, el PC optó por la lucha armada y su objetivo declarado: “derrocar al tirano”.

El comunismo actual está disponible para realizar otras concesiones, desde lo estratégico y electoral. Ha reaparecido el fantasma de los años setenta: las llamadas “Garantías Constitucionales”, que nos remontan hasta la Unidad Popular (UP). Tras el triunfo de Allende y su mayoría relativa, la izquierda negoció con la Democracia Cristiana (DC) un pacto con el fin de ratificar el triunfo del candidato de la UP. Posteriormente, el propio Allende se refirió al acuerdo como una “necesidad táctica” para llegar al gobierno. Ese “decálogo de condiciones” de la DC reflejó la desconfianza y aprehensiones ante un gobierno marxista. El pacto entre la UP y la DC quedó en el papel. Es momento de aprender y sobreponerse a la amnesia histórica de la izquierda. El ser humano es la única especie que tropieza con la misma piedra. Tal vez, la disminuida DC tropezará, a pesar de las advertencias de sus emblemas.

Otra lección histórica, fue la decisión en defensa de la democracia del expresidente Gabriel González Videla. El PC fue declarado ilegal en 1948. El anticomunismo es una respuesta natural, social e histórica. Su matriz ideológica inhala y exhala odio, porque la lucha de clases es un mandato de la ley histórica del marxismo. Son capaces de interpelar, provocar y acusar a un panelista por la biografía de su padre, desde un palco imaginario de superioridad y antagonismo eterno. La posibilidad del primer gobierno comunista no es baladí. Aunque un comunista se vista de seda, comunista se queda. Los fantasmas históricos son reales.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Pingüino el domingo 27 de julio de 2025.

Ojo piojo

 Por  Humberto Julio Reyes

            Esta antigua frase, comúnmente empleada para zaherir a quienes gustan de “hacerse los sordos”, es la que viene a mi mente, cada vez que leo un nuevo llamado a la Corte Suprema, y a su segunda sala en particular, para aplicar las leyes vigentes en las causas por derechos humanos.

            Inútiles han sido los diversos libros publicados por el abogado Adolfo Paúl, donde se refiere especialmente a la prevaricación que cometen sin arrugarse.

            Tampoco parecen producir efecto las cartas que llaman a aplicar justicia con humanidad, en especial respecto a procesados de avanzada edad y que padecen graves patologías y que son enviados a atochados penales, que carecen de recursos para darles el cuidado que les corresponde, para cumplir condenas por lo que les resta de vida.

            Un reciente planteamiento público y directo a sus ministros, efectuado por un colega, pareciera también destinado a no alterarlos en lo que ya parece práctica habitual:

            Las condenas y reparaciones sentenciadas por las cortes de apelaciones son confirmadas o aumentadas. Las defensas poco y nada pueden hacer, tema que ha sido recurrido al colegio de abogados sin resultado alguno.

            La Corte ha mantenido para este efecto el antiguo sistema procesal inquisitivo, que, en frase de quien fuera su presidente, don Milton Juica, no le brinda garantía alguna al acusado (entrevista para revista “Sábado” de El Mercurio, al asumir su cargo).

            ¡Vaya comodidad para condenar sin mayor problema!

            Anteriormente aún existía en esa sala penal un equilibrio que garantizaba razonable imparcialidad y morigeración de las elevadas condenas originadas en “activos” ministros de fuero: dos ministros respetaban las leyes vigentes y otros dos intentaban prevaricar. El virtual empate era resuelto por un quinto ministro aun cuando lo habitual ya era que todo procesado terminara condenado.

            Pero en algún momento ello cambió negativamente, de tal forma que todo nuevo ministro que llega a la sala termina sometiéndose a la mayoría prevaricadora donde el voto de minoría es, en la práctica, inexistente: absoluto consenso.

            Agréguese el sesgo de un par de connotados ministros de fuero, uno ya jubilado y otro que hace méritos presidiendo la Corte de Apelaciones de Temuco.

            El ya jubilado Alejandro Solís, famoso por recurrir al “secuestro permanente” en sus condenas, me expresó en una ocasión que él no leía ni la prensa ni otras publicaciones para no dejarse influenciar.

            Sin embargo, yo le estaba señalando que lo que a mí me preguntaba estaba en un libro escrito por Patricia Verdugo, entregándole el texto que, posteriormente, comprobé había sido ignorado y desaparecido del expediente.

            Ahora, una querella por prevaricación, interpuesta por la valiente abogada Carla Fernández, desapareció después de haber sido admitida a trámite por el juez de garantía en Temuco.

            Al recurrir la abogada a la Corte Suprema, su presidenta subrogante ha instruido a la Corte de Apelaciones de Valdivia a objeto “desfacer el tuerto”, como diría don Quijote.

            Ello porque todos los magistrados en la sede de Temuco estarían inhabilitados, por causales de recusación, para conocer en esta causa contra su propio presidente, don Alvaro Mesa Latorre, a quien le han aprobado todas sus condenas, por discutibles que sean sus fundamentos, como es recurrir, a falta de pruebas, a la sola circunstancia que los procesados hayan pertenecido a una unidad del Ejército.

            La Corte de Valdivia devolvió el expediente a Temuco a objeto su Corte haga lo que no ha hecho, pero:

            ¿Podrían sus integrantes resolver con imparcialidad la querella contra su presidente?

            Veremos.

            Pido excusas a un letrado que lea estas líneas, pero, no siéndolo, quise evitar entrar en detalles ajenos al fondo.

            Ya sería tiempo que la Corte Suprema, sea en su cuenta anual o mediante un auto acordado se pronuncie respecto a los públicos cuestionamientos que ponen en duda su imparcialidad en estos juicios.

            En subsidio, una iniciativa parlamentaria intenta que los presos mayores de 80 años o que padecen enfermedades incurables, terminen sus penas en sus domicilios, pero enfrenta condicionamientos que la harían inviable, al someterlos a una especie de segundo juicio para determinar si califican para este beneficio.

            Así estamos, ni perdón ni olvido.

30 de julio de 2025

¿Morir en prisión?

Por Álvaro Guzmán Valenzuela. Señor Director: Escribo con profunda preocupación por una realidad que muchos prefieren ignorar: en Chile, hombres y mujeres militares mayores de 80 años, enfermos y dependientes…

31 julio, 2025

Señor Director:

Escribo con profunda preocupación por una realidad que muchos prefieren ignorar: en Chile, hombres y mujeres militares mayores de 80 años, enfermos y dependientes, muchos de ellos inocentes y condenados por ficciones jurídicas están cumpliendo condenas de 15, 20 o más años. La mayoría no vivirá para completarlas. Están, en los hechos, condenados a morir en prisión injustamente.

¿Eso es justicia? ¿Castigar hasta la muerte a personas ancianas, muchas veces por hechos de hace más de medio siglo? ¿Negarles toda posibilidad de compasión, redención o humanidad?

Siempre creí que la justicia debía equilibrar la razón con el corazón. Que debía proteger, no vengarse. Pero hoy veo una justicia que actúa con frialdad, como si el tiempo, la enfermedad o la vejez no significaran nada.

Estos hombres ya lo han perdido todo: su libertad, su salud, su familia. ¿No merecen, al menos, morir con dignidad?

No pido impunidad. Pido humanidad. Pido que dejemos de llamar justicia a lo que, en realidad, es venganza.

Ruego a los jueces que no endurezcan el corazón. Que recuerden que aplicar la ley también implica mirar al ser humano. Que aún pueden permitir que estos ancianos terminen sus días en paz, al cuidado de sus familias, sin dejar de cumplir sus condenas.

La historia preguntará qué hicimos frente a esta tragedia silenciosa. Ojalá podamos responder a la ciudadanía con la verdad y con compasión. No los dejemos morir en prisión. Aún estamos a tiempo.

Álvaro Guzmán Valenzuela – General de Ejército (r)

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 3 Comentarios

1. Adolfo Paúl Latorredice:

30 julio, 2025 en 21:59

«La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo». Platón.
Adolfo Paúl Latorre

2. Carlos Souper Quinterosdice:

30 julio, 2025 en 22:18

Es una vergüenza para el Estado de Chile no cumplir con los tratados internacionales voluntariamente firmados, referido a los derechos del adulto mayor, principalmente referidos a cumplimiento de penas. Es una vergüenza para el Estado de Chile tener dos sistemas procesal penal paralelos, para chilenos de primera y segunda categoría en cuanto a sus derechos procesales. Es una vergüenza para el Estado de Chile que los tribunales o jueces especiales que juzgan a militares en retiro, tengan un origen espureo, ilegal, inconstitucional, al existir y funcionar vía Autoacordado de la Corte Suprema, no teniendo atribuciones para ello. Nuevo resquicio legal, al igual que los pagos de gastos para ex pdte de la República. Es una vergüenza nacional tener un poder judicial y una corte suprema prevaricadora. Eso pienso, eso escribo. Es mi derecho.

3. Christian Slater Escanilladice:

31 julio, 2025 en 14:10

Señor Director:

¿Justicia, venganza o castigo eterno?

El reciente comunicado del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) de Chile, referido al proyecto de ley que busca permitir la suspensión o el cumplimiento alternativo de penas para personas condenadas que se encuentren gravemente enfermas o en estado de avanzada edad, contiene una afirmación tan preocupante como inaceptable. Si bien valora el proyecto, el Comité introduce una distinción que, lejos de contribuir al respeto de los derechos humanos, los vulnera gravemente: plantea que los condenados por delitos de lesa humanidad no debieran acceder a tales beneficios si no manifiestan arrepentimiento o colaboración sustancial con la justicia.

Este doble estándar jurídico no solo es discriminatorio, sino profundamente inmoral y jurídicamente cuestionable. Condicionar un beneficio humanitario al “arrepentimiento” de una persona que alega su inocencia no solo desnaturaliza el sentido de justicia, sino que viola principios constitucionales y tratados internacionales. De hecho, prácticas de este tipo podrían constituir trato cruel, inhumano o degradante, tal como lo prohíbe la Convención contra la Tortura, ratificada por Chile.

Más aún, cabe preguntarse: ¿cómo puede alguien demostrar arrepentimiento si no se reconoce culpable? ¿Qué sucede cuando la condena se origina en procesos judiciales cargados de ficciones jurídicas, pruebas inexistentes, declaraciones manipuladas o jueces ideologizados? En tales condiciones, exigir el reconocimiento de culpa como condición para acceder a un beneficio no es justicia: es coacción institucional. Y si esta presión la ejerce el Estado —validada incluso por organismos de derechos humanos—, nos encontramos frente a una forma moderna de tortura, amparada en legalismos retorcidos.

La desconfianza en el sistema judicial chileno no es un invento ni un capricho. Numerosos fallos recientes han sido criticados por ignorar el principio de cosa juzgada, reinterpretar hechos sin pruebas nuevas, o basarse en criterios ideológicos antes que jurídicos. Hemos visto jueces que abiertamente declaran su militancia política, fiscales que convierten procesos en tribunas morales, y organismos como el INDH que se han prestado para campañas contra instituciones como Carabineros, sin mayor rigor ni objetividad.

Por si fuera poco, las declaraciones del expresidente de Uruguay, José Mujica, y su esposa Lucía Topolansky —ambos figuras históricas de la izquierda latinoamericana— confirmaron públicamente que en su país se condenó a militares mediante testimonios falsos y acusaciones sin sustento, con claros fines políticos. Si eso ocurrió en Uruguay, donde el clima ideológico ha sido similar al de Chile, ¿por qué suponer que aquí todo ha sido pulcro y objetivo?

Quizás ha llegado la hora de revisar, con el mismo celo que se exige en otros casos, las condiciones de detención de quienes hoy se encuentran gravemente enfermos, ancianos y muchos de ellos declarados inocentes. Tal vez la verdadera justicia no consista en forzar confesiones ni imponer un arrepentimiento artificial, sino en permitir —como corresponde en un Estado de Derecho— la revisión imparcial y actualizada de casos juzgados bajo un sistema inquisitivo ya superado, y con garantías procesales hoy impensables.

Chile necesita una justicia que repare, no que prolongue el odio. Que respete el principio de igualdad ante la ley, incluso cuando el relato político dominante haya decidido excluir a algunos del ámbito de la compasión y la legalidad. Porque si los derechos humanos no son para todos —también para los que vistieron uniforme— entonces no son verdaderamente derechos, sino privilegios ideológicos.

Atentamente,
Christian Slater E.
Coronel (R) del Ejército de Chile.

Faltan palabras, en especial adjetivos

     Toribio, confiesa que en los últimos días diversas circunstancias lo han obligado a estar un tanto distante del acontecer noticioso, en especial el que afecta a nuestra larga y querida angosta faja de tierra, tan terriblemente maltratada en las últimas décadas, no tanto por las fuerzas de la naturaleza, que a pesar del daño que ocasiona, logra despertar lo mejor de nuestro ser, que es la solidaridad y la unión de sus habitantes. Sin embargo, hoy día ha hecho crisis algo tan elemental como lo es el “señor sentido común” que como lo dice el refrán, es el menos común de los sentidos. Pero, ahora, lamentablemente acompañado de la estupidez, soberbia, mezquindad e ignorancia.

     Los chilenos, en general damos por hecho que quienes aspiran a ocupar cargos públicos de relevancia, estarían dotados de atributos para no caer en las conductas antes citadas, pero las ansias de poder, figuración y cálculo político sacan a la luz lo peor de su personalidad en su afán de obtener sus objetivos.

  Por ejemplo, hemos visto a la candidata de la derecha desencajada fustigar al candidato Kast y hacerlo responsable de una supuesta campaña que ella calificó de “asquerosa”, producto de bots que circulaban por redes sociales -de lo que esta pluma se informó de su existencia solo por la propia afectada- que serían causante de su baja en las encuestas, no obstante, ella misma haber afirmado que le daba poca importancia, puesto que la verdadera encuesta se haría en las elecciones. Toribio, junto con rechazar dicha conducta que debe ser obra de algún tirador aislado, estima que Kast debió haber sido más firme y categórico en su repudio, incluso hacia el candidato de su partido, a pesar que el autor ofreció sus disculpas.

     Parte de este nefasto panorama es la resolución de la Junta Directiva de la DC, que decidió su apoyo a la candidata comunista, que junto con destruir una de las bases ideológica que dieron origen a dicho partido, desconoce la amarga experiencia con el estatuto de garantías que llevó a la presidencia a Salvador Allende, el verdadero causante del desenlace con el Gobierno Militar. La DC se ha vendido por 22 monedas de plata, 22 cupos que creen les darán oportunidades para continuar viviendo a costilla de todos los chilenos. Han reunido así, cada una de las conductas antes citadas.

    Lo que resulta abominable, es la falta de realismo de los candidatos de la derecha, al persistir en marchar divididos ante el avance del extremismo de izquierda, apoyados ahora por los “judascristianos”, y ante el anuncio de Matthei de un eventual no apoyo si Kast pasa a la segunda vuelta y el anuncio del senador Chahuán de una querella contra los que resulten responsables por el asunto de los bots.

    PIENSEN EN CHILE ESTUPIDOS, No habrá bomberos disponibles como el 11 de septiembre del 73

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

UNA BUENA NOTICIA PARA CHILE

Escribe: Hermógenes Pérez de Arce

Se ha anunciado el fin del Partido Demócrata Cristiano y ésa es una buena noticia para Chile. Con la posible excepción de los partidos marxistas, no hay otra colectividad que haya hecho tanto daño al país.

En sus comienzos fue un pequeño partido fascista, la Falange Nacional, formado por jóvenes escindidos del Partido Conservador en los años 30. Estaban deslumbrados por los nacionalsocialistas y fascistas de Europa, como Hitler, Mussolini y la Falange Española, de la cual tomaron el nombre. El sol calentaba más a ese lado. En la revista Zig Zag quedó el testimonio de varios de ellos vistiendo camisas pardas y levantando el brazo al estilo del fûhrer. Pero cuando después se supo de los horrores y del holocausto se empezaron a sentir mal y vieron que el sol ya no calentaba para ese lado. Su norte fue y es “estar siempre donde más calienta el sol”.

Entonces en 1952 se cambiaron el nombre a Partido Demócrata Cristiano, tomándolo de los de derecha de Italia y Alemania. Su gran figura en Chile era Eduardo Frei Montalva, que había escrito un libro, “La Verdad Tiene su Hora” y todo el mundo se entusiasmó con lo que llamaban “la nueva cara de la derecha”. Pero otro libro, best-seller en las veredas santiaguinas,”Frei, el Kerensky Chileno” –prohibido bajo el posterior gobierno del mismo Frei– puso años después las cosas en su lugar y se vio que eran sólo otra cara de la izquierda.

Frei adquirió prestancia de figura nacional y una vez estuvo a punto de asumir con todo su equipo en el gobierno de Carlos Ibáñez (1952-58), pero el general parece que los caló y no hubo acuerdo. Todos decían que Frei en ese partido tan chico (sacaba apenas un par de diputados) era como “un álamo en un macetero”. Y en 1957 se presentó como candidato presidencial y buscó el apoyo de la derecha (liberales y conservadores), pero no quería pedírselo públicamente a éstos, por considerarlo “impopular”. Yo era estudiante de leyes y procurador en el estudio del diputado conservador Héctor Correa Letelier, y oía desde fuera de la oficina de éste a Frei negándose a pedir públicamente el apoyo conservador diciendo, “no puedo cambiar amigos seguros por amigos posibles”. Pero Frei confiaba en que lo iba a obtener primero de los liberales y entonces los conservadores no tendrían otra alternativa que apoyarlo. El Partido Conservador lo presidía em 1957 un hombrazo, Juan Antonio Coloma, derechista hasta la médula y que desconfiaba de los DC. Coloma lanzó su propia candidatura presidencial para evitar que el partido apoyara a Frei. Tenía razón, porque después éste destruyó a la clase agrícola, tradicionalmente conservadora, con la Reforma Agraria “drástica y masiva” de Jacques Chonchol, un comunista redomado, que fue su ministro de Agricultura entre 1964 y 1970 y les robó sus mejores tierras a los agricultores.

Frei en 1957 contaba con que los liberales en su Consejo Gene ral lo iban a apoyar sin habérselo pedido. Pero el senador liberal derechista Raúl Marín Balmaceda dijo un discurso memorable en su contra. Fue tan apasionado que cayó fulminado por un ataque al corazón en pleno éxtasis oratorio y murió, impidiendo el pronunciamiento del Consejo. A todo esto, Jorge Alessandri aceptó ir de candidato conservador, los liberales lo apoyaron y la derecha hizo tan buena campaña que Alessandri venció a Salvador Allende y a Frei. Es que era otra derecha. No mordió el anzuelo DC de Frei como la entreguista que mordió el de Piñera, un DC nato, en 2009, con las consecuencias de todos conocidas.

Pero en 1964 Frei logró lo que quería: la derecha cobarde, en pánico, le entregó su apoyo no solicitado, retiró a su propio y excelente candidato, el radical de derecha Julio Durán, y fue públicamente vejada por el mismo Frei, que prometía no cambiar ni una coma de su programa de un socialismo con revolución sin sangre, pero revolución al fin, con el cual despojaría a los agricultores de una manera desvergonzada y abusiva, casi sin pago.

Tras el gobierno de Frei, en 1970, la DC votó por Allende en la segunda vuelta del Congreso Pleno, aunque si hubiera votado por Alessandri habría salvado al país. Pero Allende y Tomic habían hecho un pacto secreto contra Alessandri, el seguro ganador según todas las encuestas, aunque sin apoderados en las mesas, donde izquierdistas y DC hicieron su agosto. Alessandri había prometido renunciar si el Congreso lo elegía a él en la segunda vuelta, para que hubiera nueva elección de Frei y se evitara la presidencia de Allende, Frei, entonces, volvería a ser elegido. en 1971. Pero Tomic había hecho un pacto secreto con Allende para desconocer el triunfo de Alessandri y, en definitiva, dio vuelta a la junta nacional DC, que eligió al “socialista marxista integral” Allende (como le dijo a Regis Debray que sería su gobierno).

Los DC son los kerenskys chilenos y en su junta nacional de hoy lo volvieron a ser. A pavimentarle el camino al comunismo. Porque está en su naturaleza, como le decía el escorpión a la rana que lo ayudó a cruzar la corriente, tras picarla y así ahogarse los dos.

Tras elegir a Allende en 1970 y visto el desastre que éste provocó, los DC se unieron a la derecha y a los radicales para formar mayoría en la Cámara y llamar a los militares a deponer a Allende, para evitar “una tiranía comunista”, Aylwin dixit. Pero en 1991 lo había olvidado, negó haberlo dicho y acusó a los militares por hacer lo que él les había pedido en 1973. Y llenó de plata a los comunistas, que hoy atropellan los derechos humanos de los exmilitares octogenarios y nonagenarios que cometieron el pecado de creer en la decencia de la DC. Y los comunistas tienen un cajero automático con el cual extraen semana a semana y ya por veinte años dinero al fisco y mandan presos a exmilitares sin pruebas, prevaricando sin asco y seguros de que ni siquiera Dorothy Pérez los va a pillar.

La buena noticia es que, por fin, en la próxima elección de noviembre, después de su último esfuerzo por poner al comunismo en el poder, l,os kerenskys y la DC van a desaparecer.

Una opción social cristiana

Por Gonzalo Rojas Sánchez 

La decisión oficial de la Democracia Cristiana de apoyar una candidatura comunista, marca el definitivo punto de disolución de ese partido.

Si ya nunca antes habían compartido gobierno con los comunistas, hasta que así lo hicieron en Bachelet II, ahora han dado un paso que resulta simplemente devastador para su futuro institucional. Que los órganos oficiales del partido hayan tomado esa decisión, no significa que sus militantes la compartan. Muchas veces la representación formal no da cuenta de la auténtica voluntad popular. Casi con toda seguridad, eso es lo que sucede con la decisión que se ha tomado en la DC: la inmensa mayoría de sus electores, absolutamente desanimados, emigrará hacia otras opciones.

Lo harán en parte hacia Amarillos, o hacia Demócratas o, incluso, hacia algunas candidaturas de Chile Vamos. Pero ¿será esa fuga de votos una opción definitiva? No, de ninguna manera.

Los militantes de la DC que entreguen sus votos a opciones distintas del partido actual, merecen una alternativa que realmente los represente a largo plazo. Quizás Amarillos o Demócratas puedan cautivarlos en el próximo proceso, pero si los electores referidos han permanecido hasta ahora en la DC, es porque ninguna de esas dos opciones los han satisfecho plenamente.

¿Es entonces posible generar una alternativa auténticamente social cristiana, falangista en sus convicciones e historia? Sin duda que sí.

Sabemos que hay iniciativas en marcha en ese sentido y que, con toda seguridad, encontrarán espacio para discurrir y proponer estas tres cuestiones básicas: una sociedad centrada en la persona humana, una economía en que la solidaridad y la gratuidad sean bienes fundamentales, y unas instituciones en que se busquen los acuerdos por encima de las victorias.

No son ciertamente esas las coordenadas únicas de la visión que queremos compartir, pero sin duda que hay muchos chilenos que agradecerían que esa mirada se les ofreciera como opción. Y eso le haría bien al país.

¿Democracia Cristiana?

Por José Tomás Hargous Fuentes 

Este fin de semana, en el marco de su junta nacional extraordinaria, la Democracia Cristiana (DC) acordó por un 63% de los votos apoyar en noviembre próximo al Partido Comunista (PC) en su opción presidencial. Esta noticia sin duda, dos días antes de que cumplieran sesenta y ocho años, es un hito histórico y da cuenta de la renuncia del otrora partido más grande de Chile –que en otra ocasión denominamos “el gran elector”–. Si bien la DC ya había favorecido anteriormente la llegada al poder de un gobierno marxista como el de Salvador Allende (1970-1971) o participado junto con el PC en la administración Bachelet II (2014-2018), es primera vez que deciden apoyar a una candidatura del partido de Luis Emilio Recabarren, que fuera durante el siglo XX el más fiel a Moscú. Y eso es claramente una novedad.

A pesar de que sus dirigentes más destacados, como Eduardo Frei Montalva, fueron críticos del anticomunismo de la derecha, y de que casi siempre hicieron pacto con la izquierda –sólo se aliaron con la derecha entre 1972 y 1973 y apoyaron al régimen militar en sus primeros años–, nunca habían cruzado el cerco de apoyar al Partido Comunista en una aventura presidencial. Cuando la DC se pasó a la oposición del régimen de Pinochet y lideró la Concertación para llevarla al gobierno por veinte años, lo hicieron conteniendo a la izquierda y excluyendo a los sectores no democráticos de su pacto. Durante los dos primeros gobiernos de la Concertación ellos fueron el centro de gravedad de la coalición y pudieron imponer sus términos, en torno a la profundización del modelo económico –“los autocomplacientes”–, su hegemonía fue diluyéndose a partir del Gobierno de Ricardo Lagos, pero el PC seguía fuera del Congreso.

Esto cambió cuando en las elecciones parlamentarias de 2009 la Concertación le abre la puerta al PC, creando la lista “Concertación y Juntos Podemos, por más democracia” –un año antes habían hecho pactos por omisión en las municipales–. Como si fuera poco, en su segunda aventura presidencial, Michelle Bachelet decidió llamar al Partido Comunista para ir no sólo en una misma lista parlamentaria, sino que los invitó a formar gobierno en torno a un programa con fuertes reformas estructurales, que son la principal causa de nuestro estancamiento económico y nuestra profunda crisis política, cuyo efecto social fue el pasto seco que sirvió de combustible para la revolución de octubre. En dicho gobierno el PC encabezó dos ministerios, el de Desarrollo Social y el de la Mujer –que impulsó el proyecto de aborto aprobado con connivencia de la DC–, además de la Subsecretaría de Previsión Social. En el Gobierno de Gabriel Boric, por su parte, han tenido cuatro ministerios –Segegob, Educación, Trabajo y Ciencia– y ocho subsecretarías, la mayor cantidad desde la Unidad Popular (UP) –nueve ministros–.

Esta larga enumeración de hechos da cuenta del cada vez mayor protagonismo del Partido Comunista en la vida política nacional, que lo tiene hoy con opciones importantes de llegar a La Moneda. En paralelo, la DC no ha hecho más que achicarse, perdiendo cada vez más apoyo electoral y con importantes fugas de militantes: primero fue el grupo Progresismo con Progreso (PCP), y luego los Amarillos y Demócratas, sin considerar los que en distintos momentos han dejado la Falange para entrar a Renovación Nacional (RN) o agrupaciones de izquierda como la Izquierda Cristiana y el MAPU.

El apoyo de la DC al Partido Comunista constituye una doble contradicción: ya no pueden decirse ni demócratas ni cristianos. Por un lado, un partido que ha hecho de la democracia una de sus banderas de lucha termina apoyando a un partido que jamás ha creído en la democracia y que hasta hoy busca destruirla para llevarnos a ese régimen totalitario que es la dictadura del proletariado. Y por otro, es un partido que siempre ha reivindicado –con mayor o menor acierto– los principios cristianos del orden político, que vuelve a contradecirse al sumarse a una candidatura de un partido ateo y anticristiano, defensor de una ideología condenada por la Iglesia como “intrínsecamente pervers[a]”. Esperemos que el pueblo democratacristiano despierte y rechace la decisión de sus cúpulas para optar por algún candidato que defienda sus principios y sus causas políticas.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el domingo 20 de julio de 2025

La Democracia Anti-Cristiana

Por Gonzalo Ibáñez Santa María

Ayer sábado, la Junta Nacional del partido denominado Democracia Cristiana adoptó el acuerdo de apoyar, en las próximas elecciones presidenciales, a la candidata comunista Jeannette Jara.

Ha sido así fiel a su historia. Recordemos cómo su fundador, Eduardo Frei Montalva, proclamaba en 1947 que algo peor que un comunista era un “anticomunista” y que el principio que fundamentó la creación del PDC lo había enunciado antes un ideólogo ruso-francés, Nicolás Berdiaeff: “el comunismo es el deber no cumplido por los cristianos”.

Eduardo Frei Montalva fue el “Kerensky chileno”, pues, como aquel político ruso que en 1917 entregó en Rusia  el poder a los bolcheviques, él lo hizo en Chile en 1970. Y en 1990, Patricio Aylwin, líder de la D.C, comienza a desarmar las defensas con que el gobierno militar había dejado el país, y da comienzo a un proceso que culmina hoy día cuando es una candidata comunista la que recibe el apoyo de ese partido.

El escándalo es doble, porque toda esta traición a Chile ha sido hecha bajo el nombre de “cristiano”, cuando fue la misma Iglesia Católica la que calificó al comunismo como una doctrina “intrínsecamente perversa” (1937). Que esta Iglesia tenía toda la razón, nadie puede ahora ignorarlo.

Hoy, el PDC se ha sacado la careta con que venía y ha demostrado, una vez más, que su vocación es la de servir como peón al comunismo antihumano. Su verdadero nombre es, entonces, Democracia Anti-Cristiana.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el autor en sus redes sociales el domingo 27 de julio de 2025.

Por esto quieren destituir a Kaiser:

Justicia, no impunidad: el clamor de quienes envejecen tras las rejas

En una carta dirigida a los jueces del Poder Judicial chileno, el General (R) Álvaro Guzmán Valenzuela cuestiona la falta de imparcialidad y humanidad en el trato judicial hacia militares condenados, muchos de ellos ancianos y enfermos. Un llamado a revisar el sistema bajo los principios del debido proceso, la igualdad ante la ley y la dignidad humana.

26 de julio de 2025

Imagen: Chilevisión noticias

Señores:

• Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la República de Chile
• Ministros de las Ilustrísimas Cortes de Apelaciones de Chile

Presente

De mi consideración:

Les escribo como un General de Ejército en retiro de la República de Chile, pero permítanme hacerlo como ser humano, como hijo, como padre, como chileno. Como alguien que, a lo largo de su vida, creyó profundamente en la justicia como la última esperanza de los que ya no tienen nada más.

Fui educado en el respeto a las instituciones, en la fe, en la ley, y en la idea de que, aun en los peores momentos, siempre quedaría un juez justo, capaz de escuchar, de ver al otro, de discernir con equilibrio entre la verdad, el derecho y la compasión. Pero esa fe – que durante décadas me sostuvo – hoy está herida.

Con profunda tristeza les digo que ya no se trata sólo de una decepción personal, sino de un clamor creciente: hay muchos – muchísimos – hombres, hoy ancianos, enfermos, con años de prisión o de procesos interminables, que sólo piden lo que toda persona merece: justicia.

No misericordia. No impunidad. Justicia.

Y sin embargo, lo que reciben es olvido y hostilidad. Un sistema que, en vez de buscar la verdad, parece haber decidido castigar por consigna.

¿Dónde quedó la imparcialidad? ¿Dónde quedó el derecho al debido proceso? ¿Por qué a ciertos acusados se les niega, de forma sistemática, aquello que se garantiza a todos los demás?

Durante años los hemos observado. Hemos leído sus fallos. Hemos visto cómo se transforman sospechas en pruebas, cómo se omiten peritajes claves, cómo se ignoran tratados internacionales que Chile ratificó solemnemente.

Y lo que más duele es ver cómo todo esto se hace con el silencio de quienes deberían alzar la voz.

No puede ser que un juez, llamado a ser garante de la dignidad humana, se transforme en ejecutor de un relato. No puede ser que el pasado – doloroso, sí, pero pasado – sea usado una y otra vez para justificar que el Estado de Derecho se suspende cuando se trata de militares.

El principio de igualdad ante la ley no admite excepciones. Ni por edad, ni por historia, ni por ideología.

No les hablo por rencor. No me mueve el resentimiento. Pero tampoco me resigno al silencio porque lo que está en juego no es el destino de unos pocos, sino la credibilidad de todo un sistema.

Y si ustedes no lo ven, si siguen actuando como si la toga fuera un escudo frente a toda crítica, entonces es nuestro deber – como ciudadanos – recordarles que la historia no perdona. Y que, cuando todo pase, sólo quedará el juicio de las conciencias.

Con respeto, pero con firmeza, los invito a mirar con honestidad lo que están haciendo. A recuperar la nobleza del juez que escucha, que duda, que razona con humanidad.

Porque aún estamos a tiempo y porque Chile necesita de vuestra parte clemencia y misericordia, para que los adultos mayores cumplan condenas en sus casas donde puedan recibir elementales cuidados.

Con dolor, pero también con esperanza, se despide atentamente

Álvaro Guzmán Valenzuela

General de Ejército (R)

Uniformados sin derecho a la libertad condicional:

Post

Enrique Slater @slater_enrique

La carta del Almirante Miguel Vergara, nos reitera el ilegal uso de la figura jurídica “crímenes de lesa humanidad “, para condenar a militares. ¿Es la odiosidad hacia ellos, o la “presión” de los grupos de DD.HH , la que frena el ejercicio de los principios humanitarios?:

Por : Richard Kouyoumdjian InglisExperto en Defensa y Seguridad Nacional. Concejal por Las Condes

Según la experiencia internacional, hay restricciones sobre el tiempo que debe pasar antes de poder incorporarse a posiciones ministeriales, a objeto de evitar conflictos de intereses, algo que debiéramos también implementar por acá.

El jueves 24 de julio de 2025 nos sorprendió con la información de que el vicealmirante (r) Alberto Soto Valenzuela va de candidato a senador por la Quinta Region, acompañando al presidente de Republicanos, Arturo Squella, en la búsqueda de dos de los cinco cupos que el Senado tiene disponibles en esa circunscripción electoral para las elecciones a realizarse en noviembre de 2025.

Se van a enfrentar en la derecha con los representantes de Chile Vamos, los locales Arturo Longton y Camila Flores, ambos actuales diputados de RN, fuertes en el interior de la Región de Valparaíso, que ahora van en búsqueda de cupos senatoriales, y que de seguro deben estar reapreciando la situación con esta noticia. Ya veremos cómo los reciben.

Alberto Soto se retiró de vicealmirante en diciembre de 2022 después de una distinguida carrera naval de 40 años, que finalizo como comandante de Operaciones Navales. Hijo de un suboficial mayor naval muy reconocido en el ambiente naval, pasó los dos últimos años en el sector privado como director de operaciones de una cadena de más de 160 locales que cubren de Arica a Punta Arenas, lo que aumentó su experiencia y conocimiento de lo que es el Chile real no naval.

¿Tiene Alberto Soto derecho a ser candidato a senador? Claro que lo tiene. Lleva más de dos años en retiro y, para todos los efectos legales, es un civil. De seguro no se le ha quitado su vocación de servicio, por lo que no es raro que quiera expresarla en el Senado de la República, sumándose eventualmente al general de división (r) Cristian Vial, que también va de candidato republicano al Senado, pero por la Región del Maule.

A ellos se suman, pero en el equipo de seguridad de José Antonio Kast, el contraalmirante (r) Jorge Parga, el general de Carabineros (r) Enrique Bassaletti, que fuera candidato a alcalde de Maipú, y el coronel de Gendarmería (r) Luis González, que fue subdirector operativo de Gendarmería de Chile hasta fines de 2024.

Por otro lado, Johannes Kaiser también anunció la incorporación del general de división (r) Luis Felipe Cuellar, que salió a retiro en diciembre de 2024, como responsable en su campaña de los temas de seguridad y defensa, y que, de resultar electo Kaiser, asumiría como biministro de ambas carteras. Es conocida la cercanía de Johannes con lo castrense, habiendo sido cadete militar. Se esperaba una designación del tipo recién mencionada y no sería de extrañar que hubiese más prontamente, tanto en su equipo como en lo que a candidatos al Senado y Cámara de Diputados se refiere.

No es de extrañar que haya interés en atraer oficiales generales en condición de retiro, provengan de las Fuerzas Armadas, de las policías o Gendarmería. La situación de inseguridad que vive Chile hace que los busquen, y, por otro lado, muchos de ellos felices de seguir contribuyendo, porque aún son jóvenes y tienen el tiempo y la energía para hacerlo, además de la experiencia y conocimiento del Estado de Chile.

El interés por lo militar se ha manifestado principalmente en Republicanos y el Partido Nacional Libertario, colectividades más nuevas y con menos equipos. Chile Vamos y su candidata nunca han sido muy de meter militares y policías en posiciones de gobierno, excepto en la Subsecretaría de Defensa Nacional. Prefieren reciclar a quienes fueron diputados o senadores, o bien usar los muchos abogados que trabajaron en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, o los profesionales que se formaron en seguridad en esos gobiernos.

Desde hace un tiempo que la UDI, RN y Evópoli buscan no tener relación con lo que fue el gobierno militar, lo que parezca militar, y, lo que es más, no se sienten cómodos invirtiendo en defensa, ya que su mentalidad económica les hace difícil tener una visión de Estado en la materia, pues no aprecian amenazas estatales a la soberanía, el territorio o al interés nacional, debiendo –según ellos–, producto de la insegura realidad que vivimos, las Fuerzas Armadas ser utilizadas en labores de seguridad interior, pero sin que ellos asuman los costos judiciales o la responsabilidad de hacerlo.

Los partidos de izquierda, centroizquierda o de centro en tiempos recientes no han sido del interés de los uniformados en retiro, lo que hace que las incorporaciones recientes a los equipos de Kast y Kaiser generen ciertas incomodidades, por cierto, en el Gobierno actual, y en quienes respaldan a Jeannette Jara, lo que no es bueno para las instituciones, no ayudando a la percepción de que son apolíticas y de todos los chilenos.

La idea de que el mundo militar está controlado por la derecha económica y política es incorrecta. Es más, la experiencia de antaño con gobiernos como el de Alessandri o las más recientes con Piñera, no son positivas. El mundo militar no se ha sentido cómodo con ellos, ya que tienden a ser apatronados en la relación con las Fuerzas Armadas y las policías. Está claro que puede haber comunidad de intereses en lo valórico y en lo religioso, pero otra cosa es decir que son cercanos.

Para las instituciones castrenses los mejores gobiernos recientes son los de Frei hijo y Ricardo Lagos, quienes permitieron su desarrollo, entendían su rol y contribución al Estado. En cambio, el primer Gobierno de Piñera es lo peor que les ha pasado, los edecanes desterrados al subsuelo, y reapertura de casos de derechos humanos que tienen a muchos complicados. Es la situación de inseguridad lo que las ha acercado al mundo de la derecha, como también que los busquen y haya interés en ellos.

Para ir cerrando, la experiencia comparada indica que en países como los Estados Unidos de Norteamérica o en el Reino Unido es normal que exmilitares se incorporen al Gobierno o busquen posiciones de elección popular, pero en ambos casos están bastante bien distribuidos entre los partidos dominantes, republicanos o demócratas en un caso, o conservadores o laboristas en el otro, existiendo en el caso del país del norte restricciones sobre el tiempo que debe pasar antes de poder incorporarse a posiciones ministeriales, a objeto de evitar conflictos de intereses, algo que debiéramos también implementar por acá.

• El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

La DC cumple 69 años. No llama la atención, que como lo hizo hace 55 años, “se dé vuelta”.

Esto CONFIRMA que… ¡BORIC NO DA PARA MÁS! l por Francisco Cancino en FNM:

https://youtu.be/Uh9WZ-yVqS0?si=W8Gm-Hets0og4b71

CUANDO LA CANDIDATA COMUNISTA LE PIDIÓ AYUDA AL LIDER REPUBLICANO.

julio 27, 2025

No solo es capaz de abrir una simple botella de agua…también de codearse con los principales líderes del mundo.

Un gesto breve, pero cargado de simbolismo. Mientras algunos aún dudan, otros ya lo vieron con claridad: tenemos al candidato correcto.

Porque no fue casual. Fue ella —Jeannette Jara, candidata comunista— quien, en medio de una actividad pública, le pidió ayuda a José Antonio Kast. Y él, sin arrogancia ni cálculo, simplemente la ayudó. Le abrió la botella. Le resolvió el problema.

Así de claro. Así de simple. Así de poderoso.

Puede comerse una cazuela en Temuco, jugar rayuela en Labranza, abrirle una botella de agua a una comunista en plena actividad pública, y dictar una conferencia en Hungría, reunirse con líderes europeos, o tomarse un mojito en España y una caipiriña en Brasil mientras defiende los valores de Occidente.

Ese es José Antonio Kast. Cercano pero firme, sencillo pero preparado, patriota pero con visión global.

A veces, en apenas unos segundos de video, se revela más carácter que en todo un debate.

Mientras muchos se enredan en discursos vacíos o frases de laboratorio, José Antonio Kast actúa. No busca el aplauso fácil. No necesita disfrazarse de lo que no es. Simplemente, hace lo correcto.

En el registro vemos a dos candidatos presidenciales. Ella, Jeannette Jara, del Partido Comunista, lucha por abrir una botella de agua. Él, su adversario, sin alardes, la ayuda y se la entrega.

Un gesto silencioso, pero elocuente.

¿Debilidad? En absoluto. Es la fuerza del carácter. La seguridad de quien lidera con convicción.

El verdadero liderazgo se manifiesta en los detalles. En la templanza. En la educación. En la humanidad. Y en la capacidad de mantener intacta la dignidad, incluso frente al adversario político.

Pero Kast no es solo eso. Tiene experiencia. Ha recorrido Chile y también el mundo. Ha escuchado a las víctimas de la delincuencia, a los trabajadores abandonados, a las familias que ya no creen en los políticos. Y también ha conocido soluciones reales en países que enfrentaron crisis similares.

Y lo mejor: ha convertido esa experiencia en propuestas concretas para Chile. Claras. Viables. Urgentes.

Es firme cuando se trata de enfrentar la corrupción y el crimen.

Es intransigente cuando se trata de proteger a los chilenos frente al caos.

Pero también es humano. Es cercano. Y sabe que el liderazgo no es solo orden y autoridad, sino también apoyo, contención y solidaridad con el más débil.

Ese equilibrio es el que necesitamos. Esa fuerza controlada, moderada y adaptable a cada ocasión. Mano firme cuando la patria lo exige. Mano fraterna cuando el pueblo la necesita.

Y no está solo. Lo respalda un partido nuevo. Un partido que no es parte de la vieja y corrupta casta política. Que no ha caído en el clientelismo ni en las malas prácticas. Que no vive de pactos oscuros, ni se arrodilla ante ideologías fracasadas.

Un partido que, con firmeza y principios, ha logrado crecer sin renunciar a su esencia.

José Antonio Kast no solo es el candidato más preparado. Es el más íntegro. El más coherente. El más humano. Y hoy más que nunca, Chile necesita eso. Por lo mismo hay que cuidarlo, protegerlo y no permitir que cambie. Esa es la tarea de los Patriotas.

Ya no hay excusas. El cambio está al frente. Y solo los ciegos, o los cómodos, no lo quieren ver.

julio de 2025.

No es ultraderecha, es cambio radical

Por Jorge Ramírez 

La izquierda ha revelado el guión con el que enfrentará la elección presidencial de noviembre, y especialmente la segunda vuelta de diciembre: evitar que la “ultraderecha” llegue al poder. Se trata de una estrategia poco novedosa y con resultados desalentadores, pero que, de manera obstinada, este sector político se empeña en repetir una y otra vez en diversas latitudes, con el mismo resultado: fracasos electorales.

La elección de Milei en Argentina y Trump en EE.UU. son dos de los casos de estudio más emblemáticos para probar que, cuando lo que impulsa una elección es el vector de cambio radical, no hay etiquetas ideológicas ni miedos capaces de alterar esa dirección.

Suponer que el electorado de Kast, Matthei y Kaiser –cuyas intenciones de voto agregadas y llevadas a una base de votos válidos se alinean de manera nítida con el 60% de desaprobadores del Presidente Boric– constituye un cuerpo ideológico monolítico, articulado en torno al ideario de lo que se ha llamado “ultraderecha”, es no solo intelectualmente miope, sino también electoralmente torpe. Hoy por hoy, todo lo que no cabe dentro del marco ideológico de la nueva izquierda progresista pasa a ser catalogado como “ultraderecha”, una categoría difusa, poco precisa y cada vez más residual.

Es más, los electores que son cuestionados por votar por candidatos de la oposición probablemente ni siquiera se sienten aludidos por los epítetos de fascistas, nazis y ultraderechistas con los que habitualmente los rotulan irreflexivamente la izquierda. En este contexto, insistir en el espantajo de la “ultraderecha” no solo es un error estratégico, sino una forma de negación frente a una ciudadanía que ya decidió dejar de escuchar sermones morales desde el podio de la progresía ilustrada.

Lo que está detrás de estos votantes no es una adscripción ideológica, sino una pulsión de cambio radical respecto de la situación política, social y económica actual. De este modo, la elección presidencial —y especialmente su definición en segunda vuelta— será un plebiscito sobre el actual gobierno: continuidad o cambio. Y en general, los electores —no solo en Chile, sino también en el mundo— están privilegiando el cambio: ocho de cada diez elecciones las está ganando la oposición.

La inestabilidad de la economía internacional, la cuestión migratoria, la vertiginosa mutación del crimen organizado transnacional, la desconexión de las élites progresistas con las necesidades reales de la gente, y la incapacidad de reacción de la política ante la demanda por respuestas instantáneas de una ciudadanía que se acostumbró a que todo es rápido bajo la lógica del delivery, han facilitado esta marcada tendencia al voto destituyente: castigar al gobierno de turno y virar hacia una administración de signo contrario.

En las derechas —vale decir, Chile Vamos y Republicanos— quien mejor sepa interpretar este anhelo de cambio radical que predomina en el electorado será quien lleve las de ganar. La clave del éxito pasa por ahí.

Hasta la fecha, los sondeos parecen mostrar que el relato de la preparación, experiencia y capacidad de gestión no logra generar una épica de restauración o reconfiguración total del escenario político a la que los electores aspiran. La mera gestión es un marco discursivo excesivamente voluble, liviano y orientado a un segmento estrecho de la élite, frente al espesor, robustez y masividad del discurso de cambio radical.

La pregunta, entonces, no es cómo frenar a los candidatos del cambio radical, sino quién será capaz de encarnar y apropiarse de este sentimiento con más credibilidad, temple y convicción.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Ex-Ante el domingo 13 de julio de 2025.

El presente sin encantos, columna de René Norambuena

Columnas de Opinión

EL PRESENTE SIN ENCANTOS

Los chilenos vamos cayendo en un pozo sin fin y cada día es peor .

Un abismo nos muerde los talones y cada día se ve al Partido Comunista más cerca de gobernar . Cada día las izquierdas se juntan en forma disciplinada detras de una candidata que no baja en las encuestas.

Cada día que pasa  es peor al anterior para muchos que pensamos distinto .

Veo programas de Tv a diario y no veo nada que indique que la derecha  ceda y converse . No critican al que está en la vereda contraria , critican al otro de derecha.

Si gana el PC en primera o segunda vuelta me gustaría que  “vinieran  los candidatos con sus presidentes de partidos y jefes de gabinetes “en un PUERTA A PUERTA PIDIENDO DISCULPAS POR NO CEDER Y TENER AL PC EN EL GOBIERNO “ “
Mathei , Kast y Kaiser son nuestros candidatos y veo también a amigos criticándolos y buscando sus fallas ,  que Mathei es continuidad de Piñera , que Kaiser no tiene respaldos importantes y ni tampoco tiene filtros para decir las cosas , que Kast nos abandonó en la elección anterior etc ,  todas críticas y siempre apareciendo como dueños de la verdad y descalificando sin pensar que en 90 días tenemos que votar , no por concejales ni por Alcaldes , tenemos que elegir un Presidente .En un acontecimiento tan importante y del futuro del país , no se puede ser tan irresponsable con criticar a las propias tropas .

La gente se olvida del pasado político y  del estallido social , hecho gravísimo que no lo hicieron los partidos de derecha , se olvida de la cantidad de empresas quebradas , de la cantidad de extranjeros trabajando y chilenos cesantes , de que el día se nos achicó porque no se puede andar despues de las 10 de la noche , cada día muere gente asesinada y el narcotrafico ya es parte de una supuesta costumbre , tenemos que estar dispuestos a mirar por nuestros hijos y nietos los que no somos ni queremos que esto siga en Chile y se cambien las leyes que favorecen mucho de esto . Hoy estamos más divididos que nunca y a un paso de ser un país comunista . Yo si tengo que votar , no lo haría en blanco o nulo . Si tengo que votar por Kaiser , Mathei o Kast en primera o segunda vuelta  lo hago por cualquiera de los tres sin pensar .

Roberto Ampuero escribió una notable columna respecto a lo terrible que puede ocurrir si gana el comunismo y a la gran responsabilidad de los partidos y candidatos .

Casi 300 empresarios de los más connotados de Chile  pidieron Union en las parlamentarias porque si ganamos un Presidente y no tenemos mayoría en el congreso esto sera muy difícil para los que no somos comunistas .

. Ojalá nuestros candidatos dejen su egolatría y piensen por nosotros y se sienten a conversar por Chile y sin descalificaciones . Háganlo por Chile .

René Norambuena V.

La candidata Jara

Por Daniel Mansuy 

El triunfo de Jeannette Jara en la primaria presidencial fue, a no dudarlo, una bocanada de aire fresco para el oficialismo. Si, hasta hace pocas semanas, la izquierda estaba un poco derrotada de antemano, hoy parece haber ganado el derecho a competir. En efecto, al encumbrarse inmediatamente en los sondeos, Jara demostró que —al menos— es capaz de agrupar a las fuerzas de Gobierno, y eso le asegura el paso a segunda vuelta. La candidata ha mostrado carisma, talento, olfato y conexión con la ciudadanía: no es poco para los tiempos que corren.

Sin perjuicio de lo señalado, la candidata enfrenta desafíos colosales en lo que viene. Por de pronto, si bien es cierto que los números de la primaria no fueron catastróficos, tampoco dan para encandilarse. Después de todo, Jeannette Jara sacó solo 120.000 votos más que Daniel Jadue en 2021, sabiendo que el padrón creció con el voto obligatorio. Esto implica que, para ganar la presidencial, la candidata debe sumar varios millones (sí: millones) de votos adicionales. El problema es que nadie sabe dónde están esos votos. Jara enfrenta, además, una paradoja muy característica de las primarias: triunfó con gran distancia, pero ahora debe recoger las demandas de los derrotados, las mismas que no obtuvieron gran respaldo. Desde luego, esos apoyos son necesarios, pero completamente insuficientes de cara al combate mayor. El primer desafío de Jeannette Jara pasa entonces por ampliar su base electoral desde una plataforma más bien estrecha: no hay donde crecer hacia la izquierda, pero el “centro” se parece más a un cementerio que a otra cosa.

Esto nos conduce a otra dificultad de la candidata: su relación con el Partido Comunista. Es evidente que su militancia está lejos de ser un activo, pues la colectividad carga con una pesada mochila en materia de compromiso con la democracia. Y no es necesario ir demasiado atrás para percatarse: hace pocos años, apostaron por la caída de un Presidente electo, y avalaron activamente la violencia en las calles. El PC alentó la tesis más insurreccional del estallido, y lo hizo por razones muy profundas que cualquier militante debería reconocer: nunca han creído en la democracia burguesa ni en las libertades formales. Por lo mismo, vieron en el 18 de octubre una auténtica revolución que permitiría refundarlo todo. En este sentido, la candidatura de Jara es un problema para el PC, cuya estrategia excede con mucho la dimensión electoral. Y no se trata de predicar más o menos anticomunismo, sino de tomarse en serio la propia doctrina comunista, que se aviene mal con las instituciones de la democracia liberal. El modo en que Jara maneje este entuerto será muy revelador de la naturaleza de su candidatura.

El tercer desafío de Jara —conectado con el anterior— guarda relación con la dimensión programática. Es evidente que su programa para la primaria era más bien escuálido: ni la mera redistribución ni el acento en la demanda interna, para no hablar de la democracia cubana, le permitirán ganar en credibilidad. Esto obliga a formular una interrogante difícil: ¿cuál es el proyecto del oficialismo más allá de derrotar a la derecha? ¿Con qué propósito quiere mantenerse en el poder el oficialismo? ¿Buscan profundizar la vocación reformista, volver por la refundación, construir una sociedad sin clases? En definitiva, ¿qué tan conforme está la izquierda con esta administración? Desde luego, la pregunta contiene un equívoco: no hay una izquierda, sino varias.

De algún modo, la candidatura de Jara se verá obligada a responder las preguntas que este Gobierno ha preferido ocultar: hay varias izquierdas, y sus proyectos no son necesariamente compatibles entre sí. No sabemos, por ejemplo, si hay economistas serios dispuestos a sumarse al comando, ni qué criterios regirían la política exterior en un eventual gobierno. Las preguntas se vuelven más complicadas si recordamos que el soporte del Socialismo Democrático a Gabriel Boric no rindió demasiado desde el punto de vista electoral. Este es, quizás, el mayor reto que enfrenta la exministra del Trabajo: debe ser capaz, en pocas semanas, de elaborar y encarnar una síntesis de izquierda cuya naturaleza nadie conoce. ¿Qué significa ser oficialista hoy en día, sabiendo que la coalición ni siquiera tiene nombre? ¿Cuál es el legado político de este Gobierno? De algún modo, Jara tendrá que responder por todas las ambigüedades, silencios e incoherencias de la izquierda en los últimos cinco años.

Desde luego, todo lo anterior tiene al menos una consecuencia: el tono liviano de la campaña de la primaria será imposible de sostener. Hoy por hoy, la izquierda necesita algo más que una sonrisa y respuestas evasivas frente a problemas graves. No se trata de negar la capacidad de Jeannette Jara a la hora de vincularse con la ciudadanía; y la derecha no debería subestimar ese rasgo. Sin embargo, esas capacidades —para ser operativas— han de ser puestas al servicio de un proyecto político. De lo contrario, se convertirán en humo al día siguiente de la elección. Esto vale también en caso de derrota: si responde estas preguntas, Jara estará construyendo la hegemonía futura con independencia del resultado. Como puede verse, la popularidad de Jeannette Jara es una gran oportunidad para la izquierda, pero puede ser también una trampa mortal si funciona como atajo para eludir —una vez más— las preguntas incómodas.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el domingo 13 de julio de 2025.

Mucho ruido, pocas nueces: Sicario libre

Por Natalia González

Hace alrededor de un mes, el llamado “Rey de Meiggs” fue asesinado. Los presuntos autores, algunos de ellos pertenecientes o vinculados, según se conoce, al Tren de Aragua, y de alta peligrosidad (así fueron catalogados por el Poder Judicial), fueron capturados el 9 de julio, quedando luego en prisión preventiva.

Empero, uno de los imputados por homicidio y acusado de sicariato, fue inauditamente liberado al día siguiente, al recibir Gendarmería una orden que habría emanado del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en lo penal, que levantaba la prisión preventiva.

El caso abre demasiadas interrogantes, al tiempo de dar cuenta que no estamos preparados para la batalla que debe darse contra estas organizaciones criminales.

Respecto de la orden del tribunal, trascendió en un primer momento que podía haber existido un hackeo o adulteración de los sistemas de las instituciones involucradas. Sin embargo, con el paso de las horas, la tesis de la vulneración de sistemas se ha descartado, haciéndose presente que el documento que permitió la libertad del sicario era válido en el sistema del Poder Judicial, contando con un código QR que permitió verificar su autenticidad.

La prensa también da cuenta de al menos tres documentos, todos del día 9 de julio del presente, previos a la liberación, mediante los cuales, primero, se ordenaba el ingreso a la prisión preventiva, para luego dar pie a otra orden, que dejaba sin efecto la anterior, para corregir problemas con la identificación del imputado, para finalmente dar lugar a un tercer documento, con una nueva orden de ingreso a prisión preventiva, con los antecedentes del imputado corregidos.

¿Era necesario todo esto o, dicho de otra forma, no había manera de corregir la orden original sin dejarla sin efecto lo que pudo prestarse para equívocos? Para qué decir que, posteriormente, y en menos de 24 horas de estos tres documentos, el sicario fue liberado, también por orden judicial en principio auténtica.

Se trata de un hecho gravísimo en cualquier contexto, pero, en particular, en el que nos encontramos, en el que penetra poco a poco en nuestra sociedad el narcotráfico y el crimen organizado.

O acá hubo un error, en todo caso inexcusable, o bien se trata de un acto de corrupción, que, en cualquier caso, ha dejado a un peligroso criminal en libertad. Esa es la raya para la suma.

Es pertinente que el Ministerio Público haya iniciado una investigación respeto al origen del documento o legalidad de este, que permitió la liberación, y que haya solicitado una nueva orden de detención, pero cabe preocupantemente hacer presente que, en todo caso, ello resulta tardío habida cuenta que la libertad del imputado se concretó la semana pasada, de manera que esta persona podría, por ejemplo, ya encontrarse fuera del país.

También es pertinente el sumario que ha abierto el Poder Judicial para investigar el asunto y que haya derivado los antecedentes al Ministerio Público. No obstante, es, asimismo, insuficiente y tardío, pues no resulta comprensible que la jueza del caso hubiera seguido en funciones, sin ser a lo menos suspendida desde el pasado jueves y mientras se lleva a cabo y finalice la investigación.

Ello pues, si hay un posible acto de corrupción mediante, la jueza debió ser apartada –que sea temporalmente– de sus funciones, y lo mismo ocurre si, por ejemplo, hubiera ella compartido las claves o elementos de acceso a su firma electrónica avanzada para la emisión de la resolución o estos hubieran sido sustraídos, cuestiones que, en todo caso, constituyen meras hipótesis.

Llama la atención, asimismo, que casos de esta envergadura u otros de similar gravedad, no tengan controles cruzados u otras medidas de seguridad para la emisión de una orden de liberación de los imputados. Pareciera que la posibilidad de captura de los jueces, por parte de redes criminales, no entrase siquiera en la ecuación, cuando la realidad es que cuando el narcotráfico y el crimen organizado penetra o permea en las esferas de poder, ello es más que plausible.

No se sabe si este es el caso, cuestión que debe ser objeto de la investigación, pero de todas formas no es razonable que esos controles no existan o sean exiguos.

En cualquier escenario, se trata de un hecho en extremo grave que amerita una mejor y más efectiva coordinación de las autoridades, sobre todo considerando que contamos con una nueva institucionalidad de seguridad pública.

En circunstancias que llevamos años evidenciando el avance del crimen organizado en nuestra sociedad, el anuncio por parte de las autoridades, de distintos poderes del Estado, consistente en que se mejorará la coordinación, los sistemas y que se revisarán los protocolos de trabajo, para ajustarlos, de manera que haya múltiples controles y mayor seguridad, es también tardío.

En suma, mucha institucionalidad para que al final y en concreto todo resulte tan poco y tan inoportuno o tarde, con un peligroso criminal libre. Lo que sí está claro, es que así, no ganaremos la batalla contra el crimen organizado.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Ex-Ante el miércoles 16 de julio de 2025.

Crecimiento, desempleo y trabajos dignos

Por Enrique Cruz Ugarte

Nos encontramos en una profunda crisis económica, la cual ha golpeado duramente a nuestra sociedad y al mercado laboral. Las cifras más recientes, entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), son una clara señal de alarma que no podemos ignorar: un alarmante 8,9% de desempleados a nivel nacional. Esto se traduce en que, actualmente, casi 1,5 millones de personas en Chile se encuentran sin una fuente de ingresos estable.

Si sumamos a los antecedentes las nuevas formas de calcular las cifras de pobreza, nos encontramos con que la situación es aún más crítica para las mujeres, donde la tasa de desocupación ha superado el 10%, evidenciando una brecha de género preocupante. A esta realidad se suma la persistencia de la informalidad laboral, con un 26,0% de trabajadores en esta condición, lo que los deja desprotegidos, sin acceso a leyes sociales ni a seguridad social, y con ingresos inestables.

Una tasa de desocupación tan elevada no es meramente un conjunto de números; es un grito de auxilio que debe interpelarnos y movilizarnos a la acción. Detrás de cada porcentaje, hay miles de personas con sueños, familias que mantener y una dignidad que proteger. El creciente deterioro del mercado laboral no solo afecta a individuos, sino que desestabiliza a las familias y erosiona el tejido social de nuestro país. Es un problema que trasciende lo individual para convertirse en un desafío colectivo que requiere soluciones urgentes y concertadas.

El trabajo es un aspecto esencial para la dignidad humana y necesario para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Lamentablemente, a veces sólo se ve como algo transaccional que se realiza a cambio de un pago, pero el trabajo es mucho más que eso porque conecta con el sentido de la vida. El valor del esfuerzo, el desarrollo de los talentos y el aporte al bien común no pueden desligarse de la verdadera felicidad que tanto anhelamos todos. Por esto es que la falta de trabajo no se puede resolver sólo con subsidios o aportes monetarios. El trabajo, en su esencia, es el espacio de desarrollo integral de la persona.

De esta crisis, es fundamental comprender que no saldremos solos. La complejidad del problema exige un esfuerzo mancomunado, donde el trabajo y el compromiso de cada uno de nosotros son cruciales.

Nos encontramos en un año decisivo, marcado por las próximas elecciones presidenciales y la presentación de las propuestas programáticas de los candidatos para el Chile de los próximos años. En este contexto, desde USEC, hacemos un llamado enérgico a la colaboración y a la formación de alianzas público-privadas. Creemos firmemente que solo a través de soluciones colaborativas podremos generar nuevos puestos de trabajo y, lo que es aún más importante, fomentar el empleo formal que garantice condiciones laborales dignas y seguras.

En concreto, queremos hacer un llamado a que el crecimiento económico vuelva a estar en las prioridades políticas. El tan criticado crecimiento es una excelente política social: aumentan los empleos, mejoran los salarios, en fin, todos acceden a mejores condiciones de vida.

Los empresarios cristianos nos ponemos a disposición con un profundo sentido de responsabilidad y compromiso. Necesitamos generar nuevos puestos de trabajo que sean formales y, sobre todo, dignos. Aportaremos nuestra creatividad e innovación, poniendo siempre en el centro a la persona humana y buscando el bien común, convencidos de que el desarrollo económico debe ir de la mano con el desarrollo social y la promoción de la dignidad de cada trabajador.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el domingo 20 de julio de 2025

VENGANZA DISFRAZADA DE JUSTICIA

Señor director:

Se publicó hace unas semanas un artículo denominado “Holocausto”, referido a los horrores vividos en los campos de exterminio nazi. Su autoría señala que este exterminio no podría tener cabida en países desarrollados y se pregunta: ¿Cómo es que aquello fuera posible? Asimismo, nos indica que, para llevar a cabo un genocidio como el ocurrido en la Alemania Nazi, fue necesario dar un carácter legal a esta persecución, encierro y muertes inhumanas, utilizando el aparato burocrático del Estado. Del mismo modo, el autor nuevamente se pregunta si, en una nación occidental civilizada, podrían repetirse hechos como los del “Holocausto”. La respuesta es sí.

En Chile, existen centros de reclusión y muerte que se llenaron con presos políticos militares, cuyas edades oscilan entre los 70 y 95 años, quienes en su mayoría sufren enfermedades graves. Es común ver en el penal de Colina 1, cómo estos adultos mayores se desplazan en sillas de ruedas o apoyados en “burritos” debido a su

avanzada edad. Asimismo, entre estos condenados hay quienes no son autovalentes y otros que viven con colostomías, gastrostomías, ceguera, sordera, con sondas Foley o padecen insuficiencia respiratoria, renal y cardíaca, entre otras condiciones.

Entonces, ¿qué duda cabe de que estos chilenos, encerrados injustamente en su mayoría, están condenados a muerte en Colina 1? A estos miembros en retiro de las FF.AA. y policías se les enjuició con un procedimiento penal obsoleto, sin un debido proceso (1906) y distinto al que se aplica al resto de los chilenos desde el año 2005, el cual es garantista, oral y no es secreto. Siendo así, con el procedimiento penal antiguo, jueces inquisidores aplican elevadas condenas que nadie puede discutir pues los persecutores son “juez y parte”. No reconocen en su proceder pruebas de la defensa, la ley de nuestro país ni los tratados internacionales. Se condena a estos uniformados retirados en base a presunciones que no cumplen los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal (art 488), con ficciones jurídicas, aplicando autos acordados sin fuerza legal emitidos por la Corte Suprema. Y lo más arbitrario e inconstitucional, es considerar vigente el Estatuto de Roma desde 1973, en circunstancias que Chile lo suscribió en el año 2009, no siendo retroactivo, salvo que beneficie al condenado (Pro reo). Es tan transcendente esta ilegalidad, pues en éste se tipifican los delitos de “Lesa Humanidad”, que no prescriben, por tanto, no debiera existir ningún preso militar por este tipo de delitos y cualquier supuesto ilícito como señalé está prescrito.

A lo largo de nuestro país, desde Arica a Punta Arenas, hay más de 420 presos, hombres y mujeres viviendo en condiciones indignas, con presidios saturados de internos, durmiendo ancianos en pasillos, comedores, incluso en la cocina por falta de celdas.

He hablado personalmente con autoridades, políticos, religiosos, incluso militares, pero todos miran para el lado.

Esta carta la escribí pues hace un par de días falleció en el Hospital San José en condiciones indignas, un interno, un suboficial de carabineros retirado, siendo su estado de salud al estilo de los campos de concentración nazi. Hay fotografías que circulan por internet donde se muestra una falta de derechos humanos atroz con un suboficial de carabineros que sirvió a la patria, una vergüenza nacional.

Lo que ocurre está en conocimiento de la Corte Suprema, por un recurso de amparo interpuesto por la abogada Carla Fernández Montero, lo que fue acreditado por la Suprema en Colina 1, disponiéndole a Gendarmería de Chile dar solución a las principales falencias observadas, no obstante, hace casi un año que Gendarmería se encuentra en desacato.

Gabriel Fuentes Campusano

Abogado

Por Richard Kouyoumdjian

El Ejército está afectado por los mismos recortes presupuestarios que afectan a las otras instituciones de la Defensa Nacional: sueldos y gastos generales.

Nuestro glorioso ejército, pronto a cumplir 215 años, siempre vencedor y jamás vencido, que libró exitosamente las guerras de la independencia, que junto al Ejército de San Martin liberó el Perú, que posteriormente derrotó a Perú y Bolivia en más de una oportunidad, y fue clave en convencer a la Argentina que no era una buena idea invadirnos en 1978, que todos los días se entrena para asegurar la soberanía y proteger el territorio nacional, y que lleva más de cinco años desplegado entre estados de catástrofe y de emergencia, no pasa por su mejor minuto después de que la misma institución detectó y denunció recientemente a suboficiales por estar involucrados en labores de narcotráfico.

Claramente el tema de los traidores, calificativo que dio el comandante en jefe a los siete que están detenidos por participar en el transporte de drogas desde el norte al centro de Chile, tiene tomada la agenda de la institución con el Ministerio de Defensa y el gobierno.

Entendiendo la importancia del tema narco y los impactos que tiene en nuestro ejército, su moral, y por sobre todo, en el estado de ánimo institucional y de la gran familia militar, hay temas que en mi opinión son más importantes, urgentes y críticos cuando se mira al Ejército de Chile como una institución que se prepara la defensa de Chile y sus intereses, y más precisamente para la guerra, para ser letales, para generar respeto y dar la seguridad de que, si atacan Chile, sean actores estatales o no estatales, harán que paguen caro, muy caro, quienes osaran tal cosa.

Los temas importantes, críticos y urgentes que preocupan más allá de lo narco, y a los que me refiero son:

1. El Ejército está afectado por los mismos recortes presupuestarios que afectan a las otras instituciones de la Defensa Nacional, que se dan principalmente en los subtítulos 21 y 22, es decir sueldos y gastos generales, con las obvias implicancias que ello conlleva en dotaciones, entrenamiento para lo militar, y mantenimiento del material, tema que, si no se corrige oportunamente para el presupuesto del 2026, pagaremos caro de cara al futuro y en lo inmediato.

2. Se les está pidiendo estar desplegados en las fronteras con el Perú y Bolivia, al mismo tiempo que mantienen un contingente relevante en la Macrozona Sur, todo lo cual implica necesidades de tropas más allá de las que estén desplegadas, ya que un despliegue implica las que están en preparación de pre-despliegue, y las que están saliendo a descanso y reentrenamiento en lo militar, todo ello en un ejército preparado para la guerra y no labores de seguridad interior, que es bajo en personas y alto en tecnología, exactamente lo contrario a lo que teníamos en el siglo XX, que tenía regimientos en casi todas las ciudades de Chile y en una época en que constitucionalmente era parte de la fuerza pública, cosa que eliminó la constitución del 80, dejándolo sólo para lo excepcional, cosa que el gobierno y el Congreso parecen no entender.

3. En relación con el punto anterior, y más allá de lo que es correcto desde la perspectiva constitucional, el problema del tipo de dotaciones del Ejército de Chile es un tema importante. Es distinto dotar a un ejército para guerras modernas del tipo que se observan en Ucrania o en las que está involucrado Israel, que tenerlo de espantapájaros en las provincias de Malleco y Cautín, o en labores de acompañamiento a las policías de las fronteras del norte y noreste. La guerra moderna necesita de militares tecnológicos y digitales, en cambio la seguridad interior, de tropas militares entrenadas para ser parte de la fuerza pública que enfrenta inmigrantes ilegales, criminales transnacionales, y narcotraficantes. Dos cosas muy distintas, pero no muy distintas a lo que otros ejércitos han debido enfrentar, como fue el caso del Ejército de los Estados Unidos, que tuvo que pasar de estar preparado para guerras con la Unión Soviética, a ser desplegados en las guerras de Iraq y Afganistán, y ahora de regreso a estar preparados para enfrentar a Rusia, China, Corea e Irán.

4. Está claro que debemos definir qué tipo de ejército necesitamos, con las implicancias que ello tiene tanto en las personas como en el tipo de equipamiento, pero en lo inmediato debemos abordar la urgencia que tenemos con la dotación actual, en donde no daré las cifras exactas por confidencialidad, pero podríamos decir que tenemos solo 2 mil de los aproximadamente 7 mil soldados de tropa profesional que tiene autorizada la planta. La tropa profesional son soldados conscriptos que se quedan unos años más en el Ejército, obviamente en otras condiciones, pero con la ventaja de que ya están entrenados. Por otro lado, este año y en los anteriores el ingreso de jóvenes, hombres y mujeres, ha sido menor a 5 mil por año, lejos de los números del pasado, en donde podíamos tener más de 10 mil anuales. Con estos números es difícil mantener un ejército desplegado en el sur y en el norte sin afectar los que están en las escuelas siendo capacitados para ser integrantes de un ejército que deben ser capaz de defender el territorio, la soberanía y el interés nacional.

5. Cambiando de tema, y viendo las lecciones que nos dan las guerras modernas, no me queda claro que la defensa nacional y en particular el Ejército de Chile esté equipado para desplegar entre otros masivamente drones, misiles y municiones guiadas, como también enfrentar correctamente ese tipo de amenazas. Tenemos un ejercito con capacidades superlativas en lo humano y en lo material cuando comparados con nuestros vecinos y potenciales amenazas, pero son capacidades que rápidamente se pueden ser superadas si no enfrentamos de inmediato las debilidades que podríamos tener cuando comparados a los equipamientos de ejércitos como el de Israel o de Ucrania.

Expertos como el general Griffiths o el coronel Masalleras de AthenaLab han hablado en extenso de lo que debe ser un ejército moderno y en qué consiste la guerra moderna, como también la necesidad de tener un Ejército de Chile más preparado para hacerse cargo de la frontera norte y noreste. Por preparado me refiero a dotaciones, orgánica, equipamiento, instalaciones, entrenamiento y claridad en los aspectos legales, como también de la necesidad de manejar las fronteras desde lo conjunto, usando las capacidades disponibles de mando y control del Comando Conjunto Norte que reporta al EMCO.

A este Ejército de Chile, a nuestro ejército siempre vencedor y jamás vencido, le debemos claridad en lo que esperamos de ellos, sus áreas de misión, como también les debemos el presupuesto que ellos necesitan para operar y continuar siendo una fuerza de combate moderna y letal, pero a la vez si los vamos a querer de regreso en la fuerza pública como lo era en la constitución del 25, entonces también les debemos las dotaciones necesarias, con el consecuente entrenamiento, capacidades y respaldo legal que esas funciones requieren. Se supone que Carabineros de Chile es el responsable constitucional de proveer y garantizar la seguridad y el orden público en el territorio de la república, pero si ello ya no es el caso, y se va a necesitar de la concurrencia de las fuerzas armadas y del Ejército de Chile en particular, entonces sinceremos las cosas y nos los mandemos a sacar las castañas del fuego sin soldados, sin equipamiento, sin entrenamiento, sin respaldo legal, y con pocas capacidades de inteligencia que nos indique los riesgos de donde les pedimos operar, y de contrainteligencia que los protejan de quienes los quieren corromper y traicionar a sus camaradas de armas, y el buen nombre de quienes los antecedieron.

El Ejército de Chile del futuro requiere que también busquemos resolver los problemas del pasado. Por ello me refiero a sacar de Punta Peuco, Colina 1 y otros penales a los militares del 73 que están enfermos, a los que están viejos, y los que están injustamente presos. Necesitamos demostrar humanidad y agradecimiento con ellos, algo que los soldados del presente y el futuro observan, y tendrán en consideración el día que la patria los llame al servicio.

POST

Enrique Slater@slater_enrique

Huele mal. Para una función tan compleja y crítica en estos momentos, se contratan supuestos “expertos” en seguridad, con sueldos millonarios. No se aprovecha la experiencia de cientos de buenos ex policías, que realmente conocen el tema. Ideologías por sobre el bien país.

*La Calma no es Debilidad*

Por Cristián Labbé Galilea

Esta semana, dos acontecimientos nos han dado señales de “hacia dónde soplan los vientos” en materia política. Por una parte, la deslucida “cumbre progresista” que convocó a los presidentes más controvertidos y cuestionados a nivel mundial, oportunidad en que quedó en evidencia que el mandatario chileno “está en otra”, y que lo único que le interesa es hacerse de un lugar en la burocracia internacional que le permita seguir viviendo sin trabajar.

El otro evento que marcó la pauta fue el “Salmon Summit” realizado en Frutillar, y que reunió a sólo tres de los candidatos a la Presidencia porque, para los organizadores, el resto no calificaba, olvidando que en política “se han visto muertos cargando adobes”.

Dicho lo anterior, y después de ver “la performance” de los panelistas, lo primero que deberíamos establecer es que a la candidata del oficialismo “no le dio el ancho”, forma coloquial de concluir que no cumplió con las expectativas, que no está capacitada para asumir la primera magistratura y, por lo tanto, su sueño de “volar de Conchalí a la Moneda” es un delirio. A todas luces vimos una candidata que se esfuerza por fingir, que sonríe falsamente a la audiencia para encubrir su verdadera identidad y sus compromisos… una experta en prometer lo que sabe que nunca va a cumplir. ¡Una cosa dice su boca y otra su corazón!

Llamó también la atención la actitud de la candidata de CHV, quien en su obsesión por diferenciarse de los otros candidatos no fue ella misma, olvidó que lo distinto no siempre es auténtico. En política, quien busca diferenciarse sólo por estrategia, sin convicción ni raíces, termina perdiendo su identidad y se vuelve irreconocible incluso para sus propios electores. No es sólo la diferencia lo que da sentido a un candidato, sino la coherencia. En esta oportunidad vimos una candidata aislada, muy afuera del contexto, en una clara demostración que su caída en las encuestas la ha afectado más de la cuenta, confirmando que “la desesperación ha sido siempre mala consejera y peor estratega”.

En cuanto al tercer panelista, quedó claro cuál es su contendora, y fue un verdadero “perro de presa” con ella, no le dejó pasar “ni una”, siempre respondió con calma y asertividad; por lo mismo, fue aplaudido “a rabiar”. Tanto el público como el electorado están conscientes que, en tiempos difíciles, no hay espacio para falsedades, actitudes tibias ni conductas oportunistas; lo que se necesita es un luchador que no esté dispuesto a “soltar el hueso”, alguien que “no afloje”, único camino para generar los cambios que se necesitan.

Finalmente, una breve reflexión sobre la tan “suspirada unidad del sector”. ¡Calma en las pasiones! Esta optimista pluma está convencida que triunfará “la formula K” y, para que eso ocurra, “no hay que gritar más fuerte, sino pensar más claro”. No debemos caer en la desesperación y en los malos augurios… ¡La calma no es debilidad!

La tiranía de la democracia

Por Juan Pablo Zúñiga Hertz 

“Cuidemos la democracia”. “Eso o aquello es antidemocrático”. “Usted es un tirano, usted es antidemocrático”. La democracia aquí, la democracia allá. Después de mucha reflexión, me he dado cuenta de que lo que hoy llamamos democracia, ya no lo es. No es más que un membrete o un título ficticio para un sistema de gobierno que dista mucho de lo que fue originalmente.

Para llegar a esa conclusión hay que simplemente mirar la realidad. El primer indicio de que la democracia ya no es lo que fue es el hecho de cómo las izquierdas –antidemocráticas por naturaleza– hacen grandes apologéticas por ella pero en un total y completo contrasentido. Defienden a Irán, caen rendidos a los pies de China, mandan cartitas de amor al hombrecillo de Corea del Norte, ponen los ojos en blanco por Rusia y ahora coquetean de lo lindo con el BRICS. Sin embargo, vamos hablando de democracia miércale! Bueno, entendámoslos, la democracia le ha venido tan bien a sus cuentas corrientes que cómo no defenderla.

El segundo indicio de la falla de la democracia me lo trajo a tona una relectura de un clásico de C.S. Lewis, Cartas del diablo a su sobrino (The Screwtape Letters). Si no lo ha leído, se lo recomiendo. Permítame citar aquí un fragmento de una conversa ficticia entre el diablo y su aprendiz:

“Quiero centrar su atención en el vasto movimiento general hacia el descrédito, y finalmente la eliminación, de toda clase de excelencia humana: moral, cultural, social o intelectual. ¿Y no es hermoso observar cómo la democracia (en el sentido mágico) está haciendo ahora por nosotros el trabajo que antaño realizaban las dictaduras más antiguas, y con los mismos métodos? Recuerden cómo uno de los dictadores griegos (entonces los llamaban ‘tiranos’) envió un enviado a otro dictador para pedirle consejo sobre los principios de gobierno. El segundo dictador condujo al enviado a un campo de maíz, y allí cortó con su bastón la punta de cada tallo que sobresalía unos dos centímetros del nivel general. La moraleja era clara: no permitan preeminencia entre sus súbditos. Que nadie viva que sea más sabio, mejor, más famoso o incluso más guapo que la masa. Reduzcan a todos a un mismo nivel; todos esclavos, todos ceros, todos don nadie. Todos iguales. Así, los tiranos podían practicar, en cierto sentido, la ‘democracia’. Pero ahora la ‘democracia’ puede realizar la misma labor sin otra tiranía que la suya. Ya nadie necesita recorrer el campo con una vara. Los tallos pequeños, por sí solos, arrancarán las puntas de los grandes. Los grandes están empezando a arrancarse las suyas en su deseo de ser como tallos”.

Francamente, creo que la democracia tal y como está, no solo no está funcionando, sino que nos está haciendo daño, por lo tanto, hay que cambiarla. En tiempos de la república romana, existía la forma legal del dictator, un oficial designado quien gozaba de poder supremo por un período determinado con el fin de resolver graves estados de crisis. Tal vez necesitamos una figura parecida en nuestro país, pero dentro de los marcos que nuestra ley permite. En otras palabras, lo que se necesita es un hombre fuerte que no dude en hacer lo que sea necesario para sacar a nuestro país de la senda destructiva en que se encuentra y reencauzar la nación.

La democracia hoy tal y como está no es más que un título agradable y paladeable para lo que es lisa y llanamente una tiranía que nos ha asfixiado como país, que está castrando las mentes llevándonos a la mediocridad, a la nivelación hacia abajo, al contentamiento con la pobreza moral y espiritual y al disfrute de lo que Joaquín Edwards llamaba del invunchismo o el culto a lo feo y a lo grotesco.

GENERAL DESPUÉS DE LA BATALLA

Por Gonzalo Ibañez Santa María

Carlos Peña, columnista de El Mercurio y rector de la Universidad Diego Portales, está empeñado en tranquilizar los ánimos de los chilenos de cara al riesgo que significa la posibilidad de que la candidata comunista a la presidencia de la República, Jeannette Jara, pueda llegar al poder y aplicar desde ahí los postulados de la ideología comunista. Nos dice que el hecho de que detrás de esta candidatura haya una coalición de partidos y no sólo el partido comunista, asegura la moderación y el alejamiento de todo exceso.
Fue lo que Salvador Allende le aseguro a la Democracia Cristiana en 1970, de modo de conseguir los votos de ésta en el Congreso Pleno para ser consagrado definitivamente como presidente de la República. Y, para mayor seguridad, firmó el Estatuto de Garantías que aquel partido le exigió para prestar sus votos. Después, Allende no hizo sino violar ese Estatuto y proclamó que si lo había firmado fue por una razón táctica destinada a conquistar los votos de la D.C. Esta sola circunstancia da base a la preocupación ciudadana de hoy y nos hace mirar con mucha reserva la candidatura de la señora Jara.
Como todos sabemos, fue tal la arbitrariedad que Allende imprimió a sus actos de poder político, que al país no le quedó otra salida que recurrir a sus institutos armados y a Carabineros para impedir su total destrucción. Eso no puede volver a suceder.
Carlos Peña ahora abomina del gobierno militar, pero para nada se preocupa de explicar la situación de Chile en 1973 y, menos, de informar acerca de qué hubiera hecho él como alternativa al pronunciamiento militar. Es muy fácil pontificar desde el sillón de rector de una Universidad que debe su existencia a la libertad que el gobierno militar introdujo para crear instituciones de educación superior. Y escribiendo columnas en un medio como El Mercurio que debe su existencia tanto al mismo hecho del pronunciamiento militar, pues este evitó que el marxismo se apoderara de él, como al apoyo que, después, recibió de ese gobierno para subsistir en medio de sus dificultades financieras.
En el fondo, Peña se comporta como un general después de la batalla, criticando el pronunciamiento militar, pero aprovechando que este impidió que el marxismo se apoderara del país. Si no hubiera habido ese pronunciamiento, Chile estaría convertido en otra Cuba. ¿Qué sería de Peña en ese caso?

“¿Qué estáis dispuestos a sacrificar por defender la democracia y la libertad?”:

https://www.instagram.com/reel/DMR-k7eN3Zq/

Más comunista que antes

Por Gonzalo Rojas Sánchez 

¿Jara se va, suspende su militancia o se queda en el PC? Por ahora, parece que se aplica la vieja orden: “nadie se mueve en la fila”, y que todo seguirá igual.

Pero la duda ha abierto una pregunta muy de fondo, sí, la que tiene que ver con los fantasmas aquellos, en los que algunos no creen, mientras otros los hemos visto pasearse en gloria y majestad por esta patria nuestra. La pregunta es si de verdad un comunista… puede dejar de ser comunista.

Sí, se puede. Se puede cuando se llega a la convicción de que el partido al que se pertenece, la ideología que lo sustenta, la historia que ha construido esa colectividad y las personas que la conforman, han dañado gravemente a la persona humana y a la propia sociedad. Entonces, con dolor por los ideales frustrados —que quizás se asumieron en una muy temprana juventud—, se deja de militar en el Partido Comunista. Los testimonios que tenemos son muchos y muy conmovedores. Los hay en el mundo entero y, muy particularmente, en el Chile contemporáneo.

Pero también se deja de pertenecer al PC porque desde la cúpula central —vía comisión de control y cuadros, en la tradicional terminología— se decide que el militante ya no es digno de esa confianza completa que exige la religión comunista. Chamudes en los 40, Reinoso a comienzos de los 50, buena parte de las JJCC después del 2 de abril de 1957, los espartacos a mediados de los 60, en fin, son tantos los herejes conocidos que podemos suponer que son muchos más los anónimos.

Estas dos dimensiones de la ruptura con el Partido Comunista expresan la sinceridad de un conflicto: alguien se peleó con el partido o el partido se peleó con alguien.

Pero ninguna de esas dos situaciones es la de Jeannette Jara. Ella no se ha peleado con nadie en su colectividad y no parece haber pensado jamás en dejar el partido, ni el PC parece haber imaginado que su candidata presidencial fuera prescindible, a pesar de que algún camarada termocéfalo la haya intentado descalificar.

¿En qué situación estamos entonces hoy?

En la misma de Lenin, de hace más de cien años (de los comunistas es fácil aprender, porque se repiten continuamente: son muy mecánicos). La consigna de Lenin fue: “todo el poder para los soviets”; jamás —en el instante inicial de la revolución— se le ocurrió el despropósito de afirmar algo así como “todo el poder para los bolcheviques”. O sea, lo que el PC comienza a replicar es la estrategia tantas veces practicada de insertarse en un referente más extenso y minimizar así su pésima imagen (es una pena que la expresión Frente Amplio ya esté ocupada por un partido en decadencia, porque le habría venido como anillo al dedo a la coalición de Jara). Esa es la decisión que se nos ha comunicado, a esa decisión debemos atenernos.

¿Deja entonces de ser comunista Jeannette Jara porque se intente convencernos de que todo el poder será para la coalición y no para el PC? ¿Se hace socialdemócrata la candidata? En absoluto. Incluso tendrá que ser más comunista que nunca, porque tendrá que jugar con la doble faceta que tanto distingue a los seguidores de Lenin: ese “adentro y, al mismo tiempo, afuera”, ese “en el gobierno y en la calle”, ese “con otros, pero solo para nosotros”, que ha caracterizado desde siempre a la colectividad marxista.

Se da entonces la paradoja de que, habiéndose planteado la posibilidad de que Jara dejara el partido, la fórmula que se ha buscado para retenerla no ha sido precisamente a favor de una supuesta libertad de espíritu de la candidata, sino, totalmente por el contrario, se ha buscado la manera de atarla a las más ancestrales tradiciones del doble juego comunista.

Veremos a los fantasmas pasearse vestidos de ángeles. Pero, aunque los fantasmas se vistan de seda, fantasmas se quedan.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el miércoles 9 de julio de 2025.

No es solo Jeannette. También lo es la coalición

Por Jaime Jankelevich 

Existen hoy en nuestro país líderes de opinión que dicen que el hecho que Jeannette Jara sea militante del Partido Comunista no tiene mayor importancia, puesto que su candidatura a la presidencia no se trata de un proyecto de un solo partido, sino que es la candidata de una coalición, y por lo tanto, no existe riesgo para nuestra democracia.

Quienes así opinan algo de razón tienen; Jeannette Jara no es solo la candidata del PC, sino la representante de una coalición de partidos políticos. Pero lo que no dicen es que se trata de la misma coalición que intentó derrocar al Presidente Piñera. Pero si Guillermo Teillier, presidente del PC en esa época, le pidió la renuncia y que llamara a nuevas elecciones, lo que el afectado presidente calificó como un intento de dar un golpe blanco.

Pero no solo eso, el presidente del PPD, senador Jaime Quintana, el mismo de la retroexcavadora, ¿se acuerda?, llegó a decir que se había instaurado un parlamentarismo de facto, arrebatándosele así el poder real al Presidente Piñera, cuyo gobierno había empezado tan solo un año y medio antes del octubrismo. Y cuando se llegó al famoso acuerdo por la paz y una nueva Constitución, ¿quiénes no lo firmaron? El PC y lo que es hoy el Frente Amplio, a excepción del entonces diputado Gabriel Boric.

La misma coalición de hoy es la que avaló la violencia, la que calló cuando se quemaba el Metro, se saqueaban los comercios, se incendiaban iglesias y edificios corporativos. La misma coalición que renegó de lo logrado por ellos mismos durante los gobiernos de la Concertación, aceptando aquello de que “No son 30 pesos, son 30 años”. Son ellos, los que avalaron al perro matapacos, como lo exhibió alegremente doña Jeannette Jara en una polera homónima.

Y como si eso fuera poco, violaron reiteradamente la Constitución, aprobando los retiros de los fondos de pensiones que tanto perjuicio han causado en la economía, cuando esa materia era de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Y en el Congreso, rechazaron todos los proyectos de ley que intentaban contener la violencia, las barricadas incendiarias, el robo de madera, mejorar la inteligencia, la usurpación de terrenos en el sur, cualquier proyecto. Al gobierno del Presidente Piñera, esta misma coalición le negó absolutamente todo, lo acusaron constitucionalmente dos veces y no lo dejaron gobernar.

Son los mismos que quisieron terminar con la institución de Carabineros como la conocemos y refundarla. Los mismos que le gritaban ¡fuera! a los militares que resguardaban la Plaza Baquedano de la violencia de la primera línea.

En resumen, la democracia en nuestro país por supuesto que estuvo en riesgo durante el octubrismo, por acciones de la misma coalición que hoy lidera Jeannette Jara. Y sin duda, la violencia octubrista fue el motor que permitió la llegada de AD con Gabriel Boric al poder. Y alcanzado el poder, se propusieron refundar Chile.

Con la mayoría obtenida en la Convención Constitucional, que partió abucheando nuestro himno nacional, intentaron aprobar una Constitución que destruía todo indicio de la República como la conocemos y de la cual nos sentimos orgullosos. Los mismos que durante seis meses no hicieron nada por el país, esperando aprobar el mamarracho para imponer el programa de gobierno de Gabriel Boric, que prometió ser la tumba del neoliberalismo.

Y qué se puede decir del PC. Un partido que no cree en la democracia, pero la instrumentaliza para hacerse del poder y una vez alcanzado dicho propósito, se las arreglan para no soltarlo nunca más. Un partido que no existe en el mundo desarrollado. Un partido que felicita al líder de Corea del Norte, que encuentra en Cuba un referente a seguir y un ejemplo de “democracia distinta a la nuestra”; un partido que felicita a Maduro por el robo de la elección presidencial. Para qué seguir.

Como consecuencia de todo lo anterior, tenemos hoy un gobierno fracasado, donde el PC es cabeza de puente, que tiene al país sufriendo la peor crisis de seguridad de la historia, con raptos, homicidios, balaceras, narcotráfico, extorsiones, etc., la economía estancada; la salud inaceptable, las universidades privadas en riesgo por el FES, cesantía como nunca antes, particularmente las mujeres, un 22% de pobreza y un largo etcétera.

No nos equivoquemos entonces. En las elecciones de noviembre se define el destino del país. O se opta por el cambio o Chile se terminaría de hundir en la mediocridad si optara por la continuidad.

Pero para recuperar el optimismo, no sólo se requiere ganar la presidencial. Urge también lograr una mayoría en el Congreso, por lo que es imprescindible que ningún partido de derecha privilegie sus intereses hegemónicos por sobre el bien del país. Es fundamental competir unidos o con pactos de omisión para al menos mantener la mayoría en el Senado. Pero más relevante aún, para obtener una gran mayoría que le brinde gobernabilidad al próximo gobierno –el que esperamos sea de derecha– a fin de sacar al país adelante.

No se olvide. No es solo Jeannette. Lo es también la coalición.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el domingo

“LA VERDAD SALE A LA LUZ: PLENO DE LA CORTE SUPREMA INTERVIENE ANTE ESCÁNDALO JUDICIAL EN TEMUCO”

El 26 de junio de 2025, la abogada Carla Fernández Montero presentó una querella por prevaricación imprudente contra el ministro Álvaro Mesa Latorre, actual presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, por su rol en la condena en la causa conocida como “Asalto al Polvorín”.

30 de junio: El juez de Garantía Federico Gutiérrez Salazar admite la querella y ordena notificarla al Ministerio Público.

24 horas después, el mismo juez revoca su decisión sin fundamentos jurídicos válidos, declara inadmisible la querella y elimina la resolución del sistema.

La defensa apela. Pero la jueza designada para revisar la apelación, Luz Arancibia, se inhabilita por vínculos con Mesa Latorre. Aun así, otro juez resuelve el rechazo del recurso sin declarar inhabilidad, violando el derecho a defensa.

Desde el 2 de julio, al menos seis ministros y fiscales de la Corte de Apelaciones de Temuco se han declarado incompetentes o inhabilitados, reconociendo conflictos de interés y relaciones con el querellado. La causa queda en estado de parálisis institucional y “reservada”.

El 13 de julio, se solicita al Pleno de la Corte Suprema intervenir, dada la falta de tribunal imparcial, el ocultamiento de resoluciones, y la vulneración del derecho al debido proceso.

El 16 de julio, la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich Ruiz, acoge la solicitud y ordena a la Corte de Apelaciones de Temuco informar sobre el estado de la causa, reconociendo así la gravedad de la situación.

Con este caso queda demostrado, que
el sistema judicial se protege a sí mismo cuando uno de sus miembros es acusado y
que se ha llegado al extremo de bloquear querellas y eliminar resoluciones del sistema informático, no existiendo imparcialidad real cuando el acusado es un ministro de Corte.

Hoy la verdad se abre paso. El máximo tribunal del país ya tomó cartas en el asunto y no queda más alternativa que poner fin a la impunidad y al blindaje judicial.

Agradecimientos a la abogada Carla Fernández Montero por no ceder ante la corrupción judicial.

Recurso de Amparo por Punta Peuco:

recurso de amaparo

La verdad de Punta peuco:

https://vm.tiktok.com/ZMStKREK2/

Y de los juicios de “DDHH”:

PuntaPeucoHoy en X: “” JURAMENTOS QUE OLVIDAMOS ” ing. Jorge Sepúlveda Haugen Tte 2° Armada (R) ¿Qué puedo hacer yo?, esa es la pregunta que parte la historia en dos. Es la chispa que convierte el murmullo en clamor, el lamento en dignidad, la pasividad en deber. No se trata solo de camaradas https://t.co/U6HsNhroet” / X :

https://x.com/PuntaPeucoHoy/status/1946741420607623377

Allende, el mito:

EL SEÑOR CORALES DEL SHOW

¿Reunión de pinganillas y sinverguenzas?

Felizmente el diario El Mercurio es leído solo por algunos líderes de opinión y escasamente en el grupo considerado ABC1, “porque hay que tener muchas patas o ser cara de r…” para que cinco mandatarios de izquierda, encabezados por el nuestro hayan suscrito una carta que lleva por título “Democracia Siempre,” reunión auspiciada con plata de todos los chilenos a iniciativa de Boric. “Sabemos que defender la democracia exige que seamos capaces de condenar las derivas autoritarias, y a la vez, hablar en positivo, proponiendo reformas estructurales para enfrentarla desigualdad en nuestros países y en el mundo.” Quienes la suscriben, Boric, Lula, Sánchez, Petro -a excepción de Orsi- todos tienen “yayas groseras” que distan mucho de la democracia, en el pasado y en el presente. Sabemos de sobra del nuestro. Mechero, estudiante fracasado, diputado disociador y agitador del caos que pretendía derrocar un gobierno democrático, públicamente reconoció el “legado del F.P.M.R., uno de cuyos miembros asesinó en Democracia al Senador Jaime Guzmán, prófugo de la justicia a quien Boric siendo diputado lo visitó en Paris; y ahora como mandatario tiene al país sumido en pobreza, delincuencia, narcoterrorismo y crimen organizado.
Petro, fue miembro del Movimiento Guerrillero M19, con la chapa de Aureliano y detenido por el Ejército Nacional. Como mandatario lejos de cumplir lo prometido, su gobierno ha sido fuertemente criticado por escándalos de corrupción por el financiamiento de su campaña; la detención de su hijo -exdiputado- junto a su ex esposa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero relacionado con el narco. Además de otros colaboradores de confianza, como su amigo y actual embajador en la FAO, y las irregularidades detectadas en el organismo encargado de la Gestión de Desastres, que involucra a varios ministros y altos funcionarios.
Lula. Durante su gobierno se desató el mayor escándalo de las empresas estatales Petrobras y la Constructora Odebrecht, que coimearon sucesivamene a varios gobernantes de Latinoamérica -Perú -uno de ellos se suicidó-, Ecuador, Argentina y México- para obtener sustanciosos contratos. En Chile se habló mucho del financiamiento de la campaña de Bachelet, pero la fiscal Chong se hizo la china y no siguio adelante, algo también le ha salpícado al MEO, pero sin confirmar. Recordemos que Lula fue procesado y pasó 580 días preso. Pero, en la actualidad todos los juicios fueron suspendidos o cerrados.
El jefe de gobierno español, Sánchez, está envuelto en el mayor escándalo de corrupción del PSOE que sacude a su gestión. Pese a pedir perdón y culpando al secretario de dicha entidad, la batahola recrudeció al salir al aire una serie de audios de la Guardia Civil que le agregan pelos a la leche; y con más patas que un ciempiés prometió contundencia contra la corrupción y ni se ha arrugado cuando en el congreso le han mencionado los turbios negocios de su esposa, acusada de corrupción, tráfico de influencias y apropiación indebida, que incluye a su hermano y al Fiscal General. A lo anterior hay que sumar la crisis social y política similar a la nuestra en que tiene sumido a la madre Patria.
Toribio espera que el presidente de Uruguay no se contagie con estas “madrecitas de la corruptela.” En todo caso, este pseudo congreso o reunión es una tomada de pelo, nada bueno aportará a Chile. Todo lo contrario, al igual que su concurrencia al BRICS, pese a las explicaciones del Canciller, es pura” paja picada”y muestra una vez más que las relaciones exteriores dejaron de ser una política de Estado y pasaron a ser un capricho personal de este nefasto individuo que nos gobierna. Con delirios de grandeza a jugar en las ligas mayores -al igual que Piñera- para una eventual futura candidatura u otro cargo internacional. Para que decir de los invitados: la célebre comandante “Claudia”, ayudista del FPMR, admiradora de la ex Alemania Oriental y del matrimonio dictatorial Honecker, también conocida como la “gordi” o la falsa doctora Bachelet; un par de destacados intelectuales zurdos como J. Stiglitz, crítico de la globalización, a quienes considera fundamentalista del libre mercado; el rector de la Universidad Diego Portales y otro par de conocidos intelectuales para salvar la imagen.
Del acontecer nacional mutis por el foro, preocupado de pasear su bebé y demostrar sus simpatías por la UC. Con toda seguridad estará cortando cinta el 10 de agosto con guagua y todo.

Fernando Hormazábal Díaz
General de Brigada (R)

EL MIEDO NO ES UN INVENTO

POR CRISTIÁN VALENZUELA

Nos dicen que la derecha siembra miedo, que incendia las redes con alarmas sobre delincuencia, migración o estancamiento económico para ganarse el voto de las personas. Pero el miedo no nació en un laboratorio de campaña: lo parió la realidad.
Usted no necesita un spot electoral para sentirlo; le basta saber que la inmensa mayoría de los chilenos se encierra temprano en su casa para que no lo violen ni asalten; que los negocios cierran de las ocho luego de haber sido asaltados cinco veces; que las plazas, parques y canchas ya no están llenas de niños, sino de delincuentes y narcotraficantes.
El miedo también tiene que ver con el futuro: los jóvenes saben que se agotaron las oportunidades, los viejos están resignados a morir abandonados y la clase media sufre angustiada por llegar a fin de mes, sabiendo que cualquier imprevisto de salud o un accidente, pueden condenar a sus familias de por vida.
El miedo no es un invento, es una realidad que viven y sufren millones de chilenos, el mismo que los dirigentes políticos y los gobiernos han sido incapaces de enfrentar y que no son capaces de percibir por la desconexión profunda con el que guían su actuar.
Las cifras derriban cualquier relato complaciente. Chile pasó de 2,3 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2015 a 6,0 en 2024 y este gobierno será el más sangriento de la historia reciente. El índice Paz Ciudadana muestra que los niveles de inseguridad autopercibida en Chile son de los más altos del mundo: siete de cada diez personas no se sienten seguras caminando de noche en su barrio. Estos números no los fabrica la inteligencia artificial; los recogen encuestadores independientes, puerta a puerta, en hogares donde las cerraduras se multiplican.
¿Es ilegítimo hablar de miedo? Fingir que no existe sería un acto de negacionismo social. La política responsable se hace cargo de las emociones colectivas cuando están respaldadas por hechos. El miedo, cuando brota de datos sólidos, no es un truco: es una brújula moral que obliga a actuar. Pretender lo contrario —decir que denunciar el crimen o la crisis económica es “sembrar pánico”— equivale a culpar al termómetro por la fiebre.
La izquierda tampoco renuncia al miedo: alerta del “fin de la democracia” si gana la derecha, del “retorno a la dictadura”, del “Estado mínimo que abandonará a los débiles”. Toda campaña, de cualquier color, apela a emociones básicas; la diferencia es si se sustenta en hechos o en fantasmas. Cuando la derecha menciona sicariato o Tren de Aragua, describe la sección de policiales de esta semana, no leyendas urbanas.
El desafío no es censurar el miedo sino canalizarlo hacia soluciones: cárceles seguras, fronteras controladas, policías respaldadas, economías que crecen y generación de empleo para crear más oportunidades. Convertir la aprensión en acción. El miedo es real, pero no debe paralizar; puede ser combustible para la esperanza.
Quien denuncia la “política del terror” debería caminar de noche por Puente Alto y preguntar a los padres que ya no dejan salir solos a sus hijos. Ahí entenderá que el miedo no se inventa: simplemente se nombra para que deje de ser destino y se vuelva tarea colectiva.
El miedo está ahí, pero no es soberano: lo será la decisión de enfrentarlo y vencerlo. El día que transformemos esa aprensión en coraje colectivo, las rejas se abrirán a los hijos, las luces volverán a encender las plazas y la noche dejará de dictar la hora de cierre. Nombrar el miedo habrá valido la pena, porque es el primer paso para derrotarlo. Si vencemos al miedo, Chile será mejor.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el miércoles 2 de julio de 2025.

EL CARTERO

La candidata a la presidencia de la izquierda JEANNETTE JARA, tiene unas condiciones actorales, que los candidatos al OSCAR lo quisieran, ella maneja muy bien la actuación actoral, utiliza su suave voz, maneja bien su cuerpo, sus manos, su cara, su sonrisa; aparentemente es una buena niña, una niña inofensiva, que no le haría daño a nadie y que habla sobre el amor.
Ella es COMUNISTA desde los 14 años, y por su pensamiento y actuación escaló hasta disputar hoy el escaño presidencial, pertenece al partido político más disciplinado, más consecuente y más obediente de nuestro país.
Al enfrentar las primarias de la izquierda decía que: “ en Cuba no había DICTADURA, que había otra forma de democracia”.
Después de ganar las primarias de la izquierda se RECETEO para enfrentar la 1er. Y 2da. vuelta presidencial, igual como lo hizo Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela.
Divulgen este comentario a sus amigos, para que no crean las mentiras que está contando este ZORRO con piel de oveja.

La “democracia” que le gusta a Jeannette:

TONTERÍAS Y ABDICACIONES

POR CRISTIÁN WARNKEN LIHN

La candidata del Partido Comunista a la Presidencia de la República afirmó, al consultársele por una fotografía en la que aparecía con una polera con la imagen del “matapacos”, que eso había sido una “tontería”. ¿Fueron “tonterías” también la quema de bibliotecas, sedes universitarias, iglesias, la destrucción del espacio público, la quema del metro, ante las cuales la candidata y su partido no solo guardaron silencio, sino que muchas veces las justificaron con el conocido “mantram” de que “para hacer tortillas hay que romper huevos”? Los huevos eran los locales de pequeños comerciantes, centros culturales y otros; la tortilla, “la revuelta”, palabra mágica cargada de romanticismo revolucionario y que abundaba en las bocas no solo de dirigentes políticos (incluidos diputados y senadores), sino también de intelectuales, dirigentes estudiantiles y miembros de una élite que en las tardes de octubre y noviembre del 2019 se sentaban a mirar en el televisor, en sus cómodos livings, el espectáculo incendiario que devastaba día a día el centro de Valparaíso, Santiago y otras ciudades del país. Entonces eran convicciones, “sueños”, delirio y embriaguez jacobina; ahora, solo “tonterías”. Tonterías que costaron muy caro al país, que desde entonces entró en un estado de anomia y violencia, del que ha sido muy difícil salir.

No sé si a los más radicales de su propio partido les agradará que su candidata convierta los “hechos gloriosos de la revuelta” en “tonterías”. Tal vez lo justifiquen como parte de una táctica electoral. Y también puede ser una mañosa manera de licuar y relativizar hechos graves, muchos de ellos delitos o actos de violencia política, convirtiéndolos en simples “tonterías”. Sabemos cómo los dirigentes del Partido Comunista se las arreglan para deformar el lenguaje, para pervertirlo, para convertirlo en vehículo de propaganda. Seguramente en esta campaña nos darán lecciones de cómo embaucar a las masas, hasta el punto de hacer olvidar al electorado que la candidata (encantadora, desde luego) pertenece a un partido cuya doctrina (la marxista leninista) está en abierta contradicción con los valores democráticos (liberales, claro, no los de la llamada “democracia directa”), un partido que guardó silencio ominoso ante la desaparición y asesinato en nuestro país de un oficial disidente de la dictadura venezolana, un partido negacionista de las violaciones de los derechos humanos en Cuba y otras dictaduras, un partido que no dudó en poner en jaque la democracia en octubre de 2019.

De un partido que sigue las formidables lecciones de Lenin sobre agitación y propaganda, se puede esperar que la adhesión a la violencia sea nombrada como una mera “tontería”. La pregunta es si los miembros del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana también consideran que su silencio cómplice o derecha complicidad con la violencia del estallido y su posterior adhesión al delirio del proceso constituyente, que estuvo a punto de llevar al país al pantano o derechamente al abismo, fueron meras “tonterías”. Si tuvieran coraje político y moral, debieran reconocer que, en realidad, fueron abdicaciones, colosales abdicaciones, que explican en parte la dolorosa derrota de su candidata Tohá en la primaria del domingo pasado.

Lo único que puede salvar de la extinción a ese sector tan importante de la política chilena (el llamado “Socialismo Democrático”) es una profunda introspección y autocrítica. Ello requiere coraje y visión. ¿Los tienen? ¿O volverán a cometer otra vez “tonterías” como las del estallido y la Convención, abdicando esta vez ante la candidata de un partido (Comunista) con el que ningún partido socialdemócrata o socialcristiano del mundo estaría dispuesto a aliarse? Sería la tercera abdicación, como la tercera traición de Pedro a su maestro. Que no lloren después, como él, al darse cuenta, tarde, de lo que hicieron. (El Mercurio)

¿Cuál es el plan?

Por Pilar Molina, periodista.

Con los uniformados con funciones permanentes de policía en las fronteras inundadas de narcotráfico y en la Macrozona Sur, y con menor presupuesto para las FF.AA., las autoridades parecen estar pensando desde su zona de confort.

El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, dio una campanada. Durante el primer semestre de este año, en la Región Metropolitana aumentaron en 28% los secuestros respecto a igual período de 2024. Agregó que, con la llegada de la inmigración ilegal, sobre todo venezolana, cambió la criminalidad para peor y así vemos que el secuestro saltó del mundo narco al extorsivo, vinculado a víctimas chilenas del comercio sexual.

El ministro de Seguridad Luis Cordero procuró matizar, asegurando que esperarán las cifras semestrales de la Fiscalía, porque según sus datos, entre fines de enero y junio, los secuestros cayeron respecto al mismo período de 2024.
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“A los militares a cargo de tan ingrata tarea con la migración criminal que nos inunda, debiera al menos proveérsele recursos suficientes para que roten, reciban buenos incentivos económicos y se les tomen exámenes de consumo de droga”

La verdad es que, a esta altura, entre balaceras y acribillados que no respetan colegios ni consultorios, no tiene sentido seguir matizando, sino que lo que debiera ser prioridad del Gobierno es revelar cuál es el plan para impedir que el crimen organizado siga debilitando las instituciones. Los casos de siete militares y cinco oficiales de la FACH, además de los 15 carabineros dados de baja por cobrarle a contrabandistas bolivianos por no controlarlos, son todos de la misma Región, Tarapacá, limítrofe con un productor mundial de droga. Eso solo debiera bastar para cambiar el “modo de avión” con que navegamos en las aguas del narcotráfico y de los “Trenes” de Aragua.

Pero lo que hemos visto es que, a pesar del aumento de la criminalidad y la inseguridad ciudadana, el Gobierno procura construir un escenario de tranquilidad, donde ellos llegaron al poder para devolvernos la estabilidad (que perdimos con ellos mismos). La vocera celebraba la gestión de dos años en La Moneda escribiendo una columna donde ponderaba cómo “en marzo de 2022 nos encontramos con un Estado que había abandonado su rol en seguridad”. Y exaltaba como logro el aumento del presupuesto en la persecución del delito.

El 11 de marzo último, el Presidente vuelve a destacar sus logros: “hemos dejado atrás la inestabilidad”, añadiendo: “Hemos fortalecido a nuestras policías. En el gobierno anterior, y creo que es importante decirlo, no hubo ningún aumento presupuestario para nuestras policías”. Aseguró que en tres años han logrado quebrar la curva de “los homicidios (que) estaban al alza”.

Puro manejo comunicacional. La verdad es que los homicidios vienen al alza desde 2021 cuando alcanzan su punto más bajo de los últimos cinco años (696); suben en 2022 a 934, vuelven a escalar a 962 en 2023 y llegan a su peak de la última década, en 2024, con 980 (datos del INE y el CEAD de la Subsecretaría de Prevención del Delito, contenidos en informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo, OCRIT, de la UAB). El secuestro, en cambio, descendió a 441 personas el año pasado, pero 2023 fue el año con el mayor registro desde 2014 (516 casos). De los 10 delitos vinculados al crimen organizado que analizó el OCRIT, siete están en un registro más alto que de 2018 hacia atrás.

El gobierno amaña las cifras porque incluye en el registro de los homicidios a los femicidios, aunque éstos no están propiamente en la dinámica delictual común. También fabula La Moneda con el aumento de presupuesto en seguridad. En su cuarta cuenta pública, el Presidente volvió a enfatizar el “aumento significativo de los recursos a las policías”… pero un estudio de LyD reveló que no es así. El gasto entre los años 2022 y 2024 es menor al que existía en 2019 y el alza del 9% responde a una recuperación parcial del gasto anterior que fue reducido por las necesidades de la pandemia. Es decir, no obedece a un aumento excepcional. De acuerdo a cifras oficiales (no rebatidas), el año pasado se ejecutaron en Orden y Seguridad menos recursos que en 2019 ($4.470 millones vs. $4.524 millones).

Otro dato importante que socava la estrategia de la “normalización” es que este gobierno resolvió usar en forma permanente a las FF.AA. como policías en la Macrozona Sur y en las fronteras del norte. Pero a pesar del mayor costo para ellas de la logística para atender las nuevas funciones, en este largo período han contado con menos recursos y Hacienda les podó el presupuesto 2025 para contener el exceso de gasto del Estado en otras áreas que prioriza. El experto en defensa, Richard Kouyoumdjian, escribió que mientras la Armada recibía un total de mil millones de dólares de presupuesto anual con Sebastián Piñera, con Gabriel Boric se reduce a menos de 700 millones.

El comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, explicaba en la comisión mixta de Presupuestos del Congreso en octubre último: “Se nos piden tareas extras, estados de excepción, etc.”, y explicó que “para los soldados de tropa, profesional, hay una planta de 7.000 soldados, que es lo que autoriza la ley, pero solamente se está financiando a 1.600”. Y lo mismo ocurre con los conscriptos, porque, aunque la planta registra 12.500, sólo hay financiamiento para la mitad.

¿Con qué recursos financieros y de tropa van a ir los uniformados por largos períodos a custodiar las fronteras inundadas de narcos con billetes y drogas? Incluso las remuneraciones de las FF.AA. son inferiores a las de la policía y Gendarmería. Eso seguramente no le preocupa a los que toman las decisiones, no desde parajes incómodos y lejanos a sus hogares, sino que desde sus confortables escritorios. A los militares a cargo de tan ingrata tarea con la migración criminal que nos inunda, debiera al menos proveérsele recursos suficientes para que roten, reciban buenos incentivos económicos y se les tomen exámenes de consumo de droga. Y el Ejecutivo, sin abandonar su zona de confort, debiera dar el ejemplo y los ministros, subsecretarios y el Presidente tomarse exámenes de pelo. No de orina, por supuesto, como lo ha dispuesto el Ejecutivo después que el Congreso lo exigiera en la última discusión del Presupuesto de la nación.

*UNA NOTA IMPORTANTE DE ROBERTO AMPUERO*

Y lo dice un ex comunista:

Amigos:

hay que parar esto porque nos vamos a desangrar y será peor para todos.

Una forma de pararlo es tratando de dialogar a través de emisarios discretos, la otra es referirse sólo a lo que a los chilenos hoy más agobia. No son actitudes excluyentes.

Quiero recordarles -y algo de experiencia tengo en esto porque viví en dos estados comunistas- que nuestros amigos cubanos siguen hoy discutiendo divididos en Miami, y nuestros amigos venezolanos siguen haciéndolo en Madrid. Pero el castrismo lleva 67 años en el poder y el chavismo-madurismo un cuarto de siglo.

En ambos países los comunistas agarraron a los opositores, que eran (y hoy siguen siendo) mayoría, los agarraron divididos como hoy estamos nosotros.

Decenios de división nada bueno han aportado a esos países. Cuando bajo el Pdte Piñera queríamos hablar con la oposición a Maduro, teníamos que poner por lo menos doce sillas alrededor de la mesa. Eso desanimó a europeos, EEUU y a nuestra región. Todo eso lo viví, no me lo cuenta nadie.

Cada vez que voy por Miami y Madrid paso a ver a mis viejos y queridos amigos. Siguen discutiendo en los mismos cafés y restaurantes. Otros muchos discutieron hasta morir de viejos en el exilio.

En Chile el enemigo es uno y está al frente y es poderoso como nunca antes: Nadie sobra en este viaje, no llevamos un Chile de repuesto en el portamaletas.

Muchos ya intuyen que el PC tiene nexos con potentes “empresarios” chinos, apoyo tecnológico ruso para bots y similares, nexos con el narco y el sicariato colombo-vzolano, con anarkos y soldados del crimen organizado, y cuenta con asistencia de la inteligencia cubana que se pasea como Pedro por su casa en Chile.

Este botín no lo van a entregar fácil, van a aplicar todas las formas de lucha porque el plato es suculento y simbólico como ningún otro en América Latina, y las derechas están divididas. Imaginen la tranquilidad que le daría a los jerarcas cubanos y venezolanos la existencia acá de un gobierno PC que, en las graves crisis que enfrentan, les brindara asilo como el que recibieron los Honecker?

En largos plazos como esos y maniobras como esas piensa esta gente, por eso nos dan en estos asuntos cancha, tiro y lado.

El país no se merece que todos nosotros, constituyendo amplia mayoría, estemos divididos a este extremo y en estas circunstancias.

Hay que parar esto. La historia nos va a juzgar por lo que hagamos y por lo que dejemos de hacer. Es el país el que está en peligro. La nueva ofensiva no la dirigirá un buenista difuso y posero con un FA imaginario, sino el PC con su ideología totalitaria, disciplina, recursos y nexos internacionales que son de espanto.

Disculpen lo largo.

Roberto Ampuero

Señor Director:

Escribe un General de Ejército en retiro. Fui subteniente cuando Chile se partía en dos. Serví en silencio, con honor, mientras los verdaderos responsables políticos del quiebre institucional optaban por la evasión. Hoy, más de 50 años después, en que no hemos aprendido nada, vuelvo a sentir el mismo dolor.
El “Nunca Más” que nació como un intento sincero de reconciliación fue convertido en consigna vacía y herramienta de venganza. Y el resultado es el país que vemos hoy: dividido, sin rumbo, con sus instituciones erosionadas y unas Fuerzas Armadas tratadas con sospecha y abandono.
Muchos de quienes sirvieron en momentos difíciles —por mandato legal y lealtad institucional— enfrentan hoy juicios sin garantías mínimas, con ficciones jurídicas, condenas sin pruebas concluyentes y un castigo que alcanza también a sus familias.
No están presos por crímenes demostrados, sino por haber cumplido con su deber. Y junto a ellos, sufren esposas, hijos y nietos, sometidos al desprecio silencioso de una sociedad que prefiere olvidar.
¿Con qué autoridad moral miramos hoy a los jóvenes que juran dar la vida por la patria, si sabemos que, llegado el momento, podrían quedar solos? ¿Qué sentido tiene ese juramento si el país abandona a quienes más lo necesitan?
No aspiro a rasgar vestiduras, escándalos, ni discursos rimbombantes. Solo un gesto. Una señal de humanidad. Un acto mínimo de justicia hacia quienes, a sus más de 80 años, solo piden poder morir en paz.
Chile está cansado, pero no ha perdido del todo la esperanza. Esa esperanza, sin embargo, ya no puede seguir depositada en una clase dirigente que ha fallado una y otra vez.
Llamo a quienes aspiran a liderar el país a que despierten. A que recuerden lo esencial: La justicia que no considere como mínimo el principio de igualdad ante la ley, no es verdadera, es solo venganza inspirada en un ideologismo extremo carente de toda humanidad.
Ya es hora de dejar de hacer pagar a los mismos de siempre.

Álvaro Guzmán Valenzuela.
General de Ejército (R)

CHILE DEBE Despertar, ES UNA OBLIGACIÓN Moral

Esto no es cumplimiento de TRATADOS, es una rendición absoluta del Poder Judicial chileno ante una agenda internacional que humilla la soberanía nacional.

Mientras saqueadores, incendiarios y terroristas son indultados, nuestros militares son enterrados vivos, juzgados múltiples veces, y ahora se les quiere quitar hasta el derecho más básico: el paso del tiempo.

BASTA YA
No más muertes de militares y civiles ancianos en prisión, muchos de ellos inocentes condenados sin pruebas reales.
Basta de jueces que obedecen a la CIDH y no a la Constitución de Chile.
Basta de reescribir la historia con odio, manipulación y cobardía.

𝑷𝑬𝑵𝑨𝑳 𝑪𝑶𝑳𝑰𝑵𝑨 𝑰: 𝑮𝑬𝑹𝑰𝑨́𝑻𝑹𝑰𝑪𝑰𝑫𝑰𝑶 𝑪𝑨𝑹𝑪𝑬𝑳𝑨𝑹𝑰𝑶 𝑬𝑵 𝑬𝑳 𝑺𝑰𝑮𝑳𝑶 𝑿𝑿𝑰

Escribe: Gabriel Fuentes Campusano, Abogado.

Me referiré al penal Colina I, pero iguales o peores condiciones tiene el penal de Punta Peuco, ambas cárceles para militares, policías y civiles que integraron el Gobierno Militar en el período 1973-1990.

Sabían ustedes que la capacidad de Colina I es de 90 reclusos y alberga a 210, por lo que existe un hacinamiento increíble, agravando la situación el hecho que la edad promedio de los internos es de 80 años, con enfermedades complejas como diabetes, cáncer de colon, próstata, piel y bucal, enfermedades terminales, dependientes de oxígeno (EPOC), colostomía, asma, ceguera, incontinencia urinaria y fecal, hipoacusia (sordera), etc.

El hacinamiento, a falta de celdas, ha obligado a instalar adultos mayores en los comedores, baños y pasillos, sufriendo frío y malas condiciones de vida.

Se les ha restringido el ingreso de probióticos y líquidos no azucarados, permitiéndoles sólo 3 litros semanales cuando lo normal para una persona sana es de 2 litros diarios.

Dadas las condiciones indignantes que viven estos internos mayores en el día a día, la abogada Carla Fernández Montero interpuso en junio de 2024, un recurso protección ante la Exma. Corte Suprema (Rol CS 249.389-23) la que ordenó a Gendarmería de Chile, dar solución a las observaciones que la propia Corte Suprema acreditó, no obstante, hasta el día de hoy no se corrigen, encontrándose Gendarmería en desacato.

No es posible que personas de la tercera y cuarta edad no sólo se encuentran privados de libertad, sino que además son castigados al ser sometidos a una vida indigna, toda vez que en su mayoría fueron condenados por hechos ocurridos hace más de 50 años y en aquel entonces eran jóvenes de bajo grado o responsabilidad que cumplieron órdenes o fueron condenados por presunciones judiciales que no cumplían los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, art 488.

NARCOTRAFICO Y FFAA

Por ing. Jorge Sepúlveda Haugen

En las profundidades del Estado, allí donde se resguarda el poder legítimo de las armas, comienza a gestarse una inquietud silenciosa. No es visible a simple vista, ni estalla en escándalos cotidianos. Es más sutil, más estructural, más peligrosa. Se infiltra no por asalto, sino por ausencia. No es que las Fuerzas Armadas hayan sido conquistadas por el crimen organizado, sino que han sido lentamente rodeadas por un vacío: vacío de propósito, de comunidad, de resguardo simbólico. En ese vacío, la tentación crece.

Las instituciones armadas, por definición, representan el último muro entre el orden civilizatorio y la disolución. Su ethos se funda en la disciplina, la jerarquía, el sacrificio y la noción de pertenencia a algo superior. Pero esos pilares, sostenidos históricamente por valores compartidos y entornos de contención moral, han comenzado a erosionarse bajo el peso de una cultura que relativiza todo: la verdad, la autoridad, el mérito, incluso la patria. El resultado no es una traición abierta, sino una lenta descomposición que permite la entrada de un nuevo orden paralelo: el narcotráfico.

Allí donde el Estado se vuelve intermitente, el narco se instala como continuidad. Donde la logística oficial no llega con recursos, llega el incentivo en efectivo. Donde el sistema exige rotación sin soporte, aparece la red que promete estabilidad. Donde la familia está ausente y la sociedad no reconoce el esfuerzo, se ofrece un reconocimiento inmediato, aunque siniestramente distorsionado. No es necesario que la estructura militar colapse; basta con que algunos nodos estratégicos se desconecten emocional y simbólicamente de su misión original. Lo demás opera solo: desmotivación, ambigüedad ética, normalización de atajos, abandono interior.

El narcotráfico no entra con fusil. Entra con sentido. O mejor dicho, con una oferta de sentido donde el anterior ya no enciende. La seducción no ocurre por necesidad, sino por desconexión. Un miembro de las Fuerzas Armadas en un destacamento fronterizo no cae por debilidad moral individual, sino porque su estructura emocional ha sido sometida a una presión acumulativa: distancia de sus afectos, tareas civiles que no le competen, promesas incumplidas del Estado y una vida que transcurre entre lo olvidado y lo funcional.

En esa fisura, lo ilegal no irrumpe con estridencia, sino con suavidad. No se presenta como amenaza, sino como solución. Una entrega de información, un desvío menor, un transporte sin preguntas. Todo parece fragmentado, aislado, incluso justificado. Pero la lógica que se activa es sistémica. Lo que comienza como una excepción termina estructurando una red. Y cuando esa red se alimenta de la propia logística militar —vehículos, rutas, horarios, grados de confianza—, lo que se construye no es un caso aislado, sino una arquitectura invisible de colaboración no declarada.

Esa arquitectura no puede desmantelarse con más vigilancia. No existe cámara que disuada a quien ya ha perdido su vínculo con el propósito original. No hay ley que alcance si lo simbólico ya ha sido corroído. El problema, entonces, no es la debilidad normativa, sino la desintegración del lazo profundo entre el individuo y su rol. Allí donde el uniforme se convierte en rutina sin trascendencia, la lealtad es reemplazada por transacción.

Por eso, la respuesta no puede ser solamente punitiva. Lo que está en juego es el alma estructural de la defensa nacional. No se trata de agregar protocolos, sino de restaurar comunidad. No de aumentar castigos, sino de reconstruir sentido. Cada puesto fronterizo, cada regimiento aislado, cada destinación crítica debe ser observado no como un eslabón logístico, sino como un ecosistema emocional. Donde hay aislamiento, debe haber acompañamiento. Donde hay desgaste moral, debe haber refuerzo simbólico. Donde hay rutina vacía, debe haber narrativa viva.

La integridad institucional no nace del reglamento, sino del relato. Un soldado no se defiende solo con armas, sino con propósito. La pertenencia no se impone, se cultiva. Y eso requiere una transformación de fondo: dotar a las Fuerzas Armadas no solo de recursos materiales, sino de una reconfiguración de su rol en esta nueva etapa histórica. Un rol que combine el resguardo territorial con la custodia espiritual del país. Un rol que vuelva a despertar en sus miembros la convicción de que lo que hacen importa, que lo que representan trasciende, que lo que defienden es algo más que una línea en el mapa.

Mientras eso no ocurra, el narcotráfico seguirá avanzando no como enemigo, sino como sustituto. Y ese es el verdadero peligro. Porque cuando lo ilegal comienza a parecer más eficaz, más presente, más coherente que lo legal, no estamos ante una crisis institucional. Estamos ante una transición de régimen encubierta. Y si eso ocurre en las Fuerzas Armadas, no solo habremos perdido una institución: habremos perdido la posibilidad de sostener un país.

¡CUANTO VALE EL SHOW!

¡Aquí se paró el burro a …!

    Si bien suena algo prosaica la expresión que encabeza esta columna, aunque mis lectores no lo crean tiene un origen bíblico, pero no exactamente en el sentido que le damos nosotros. Un profeta no judío, Bilam, recibió instrucciones del rey Moab, para detener el avance de los judíos. Montado en una burra, en el camino el animal se detuvo tres veces ante la presencia de un ángel del Señor, negándose a continuar…la historia es larga. En Chile, la jerga popular lo dice cuanto la cuestión ya no da para más y se ha llegado al colmo de la estupidez, del despelote y del “acabose,” tal como con declaraciones de los ministros de Justicia y de Seguridad, del Fiscal Nacional, Corte Suprema y Gendarmería, que han sido incapaces de dar una respuesta creíble ante el grotesco espectáculo del poder judicial, más propio del “Jappening con Ja”, “Detrás el Muro o del Bombo Fica”. Que un sicario, a minutos de su formalización por el asesinato del “Rey del Meiggs” y puesto en prisión preventiva, se le deje en libertad por un supuesto error de tipeo de nombre y más tarde, por un nuevo documento se ordena mantener en prisión cuando ya se había hecho humo; y sin que a nadie en Gendarmería le pareciere extraño, es de no creerlo.

    Que el propio Fiscal de la causa, solo se informara días después por el defensor de los otros colegas del sicario, preguntando por qué aún se les mantenía a ellos en prisión, es para agarrarse la cabeza a dos manos; y peor aún, que la noticia trascendió solo cuatro días después. “A otro perro con ese hueso.” La jueza Rodríguez, apodada la “tuto Rodríguez” de quien se dice que se habría quedado dormida en la audiencia y las autoridades de la Justicia, además de las sanciones correspondientes a los responsables y de corregir las graves falencias evidenciadas, deben dar garantías que este chiste de pésimo gusto no se vuelva a repetir, además de agotar todas las instancias para volverlo a la cárcel. Cabe señalar que no es un caso aislado, raya para la suma, agregar el entuerto del abogado Hermosilla; los cinco miembros del cartel Los Gallegos, del Tren de Aragua. La jueza de garantía de Los Vilos, cambió la medida cautelar por arresto domiciliario, arraigo nacional y firma mensual, pero se “pegaron el pollo”; el caso del juez Urrutia que permitió la video conferencia a delincuentes similares, etc., etc.

    A Toribio no le sorprenden estos hechos, pues en numerosas oportunidades se ha sumado a críticas de otros columnistas, las que sin embargo son vedadas en la prensa y en la TV, dando cuenta de la putrefacción que envuelve a jueces y ministros de Cortes que han hecho de la falta del debido proceso, omisión de leyes tanto nacionales como internacionales, su modus operandi, en una abierta prevaricación en los procesos que afectan a ex miembros de las FF.AA. y policías ocurridas hace 50 años. Corroborando a un conocido periodista chileno, los señores ministros de Cortes se creen reyecitos, como en Versalles, pretendiendo llegar a los 75 años con sueldos super millonarios y autos de alto costo.

    Pero no saben que salió otra “super woman,” como Dorothy Pérez -tienen que ser mujeres- Carla Fernández es la nueva heroína, quien presentó una querella contra el ministro de la Corte de Temuco, Álvaro Mesa por abierta prevaricación, al condenar a cuatro ex miembros uniformados, sin pruebas concretas –conducta permanente de dicho ministro, a quien le ha bastado que una persona haya pertenecido al Ejército para sancionar en primera instancia-. El juzgado de garantía de Temuco que la había declarado admisible y publicada en el sistema judicial, al día siguiente junto con retirar de la página su resolución, resolvió inexplicablemente su inadmisibilidad, confirmando una vez más la opacidad y felonía de la justicia. Este hecho no pasó desapercibido para el abogado Rodrigo Cooper Cortés, acusando una operación de encubrimiento institucional para blindar al ministro querellado. No obstante, Carla Fernández insistió ante la Corte Suprema, quien dio lugar al recurso presentado por la abogada, lo que significó además que los otros ministros de la corte se vieran obligados inhabilitarse por sus vínculos con Álvaro Mesa. Sería oportuno, para mejorar la triste imagen del sistema judicial en Chile, que esta vez la Corte Suprema de Justicia, actúe haciéndole honor a su nombre y destituye al ministro Álvaro Mesa.

    La abogado Fernández, además presentó un recurso de protección ante la Corte Suprema en representación de 134 camaradas recluidos en Punta Peuco, por no reunir los requisitos mínimos para ser un Establecimiento de Larga Estadía para adultos mayores y que el Estado chileno está violando los derechos humamos de la población penal.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

Mujer agradecida:

Ex presidente Argentino:

*El Optimismo para Salir de la Oscuridad*

Por Cristián Labbé Galilea

Vivimos tiempos vertiginosos donde lo extraordinario se ha transformado en rutinario y lo absurdo en habitual… ¡ya nada sorprende! Noticias que en otros tiempos habrían escandalizado, hoy con suerte motivan “un flemático encogimiento de hombros”. Se ha perdido la capacidad de asombro y estamos a un paso de “ser poseídos” por la indiferencia. Nos hemos acostumbrado tanto a los escándalos, que se han transformado en “una tragedia sin eco”; tanto hemos visto… que ya no vemos nada.

Pareciéramos ciegos a la gravedad que revisten hechos como: que una autoridad gubernamental a cargo de la seguridad sea procesada por violador; que el narcotráfico haya permeado instituciones de la Defensa; que el “Tren de Aragua” transite impunemente por los rieles del crimen, la corrupción y el terrorismo; que un peligroso sicario sea dejado en libertad por orden judicial, y; como si esto no bastara, ahora resulta que el “flamante y distinguido” encargado del SII “se hace el cucho” y no paga contribuciones hace nueve años.

Garboso y elegante Director, que a esta pluma le recordó esos antiguos “Publicanos”, curiosos personajes, recaudadores de impuestos durante el Imperio Romano que, en esa época, “gozaban” de la desconfianza de los contribuyentes, y además no pocas veces, exigían más de lo debido para enriquecerse ellos.

Tal como en la actualidad, más allá de los impuestos desmedidos, el problema era la corrupción que caracterizaba el sistema, y la indiferencia moral con que se ejercía la tarea de recaudación al omitir la realidad de quien tributaba, rompiendo el delicado vínculo entre autoridad y comunidad.

Hoy la conjura sigue igual que en el pasado, pero ahora, a una exagerada y poco transparente carga tributaria, se suma un Director del SII que, con absoluta falta de celo, transparencia y honradez, elude pagar sus impuestos, y procede a agravar su situación cuando, al justificar su conducta con burdas excusas, confirma que detrás de una apariencia de rectitud e integridad se cobija una evidente falta a la probidad.

Situaciones como las descritas son las que tienen al ciudadano común desafectado de la política y de los políticos. La comunidad está cansada de comprobar que “la Casta” está más preocupada del “cómo voy ahí” que de los problemas reales que afectan al país en seguridad, orden, salud, educación y varios otros etcéteras; este cansancio se verá reflejado sin dudas, en las próximas elecciones.

Por lo tanto, no se sorprenda, mi preocupado contertulio, si esta pluma se atreve a vaticinar que en diciembre se impondrán los principios de la Sociedad Libre: la vida, la libertad, el orden, la justicia, la probidad y el bienestar. Elegiremos a quien “con claridad y sin medias tintas” garantiza un gobierno eficiente, no castigará al que produce, no perseguirá al que emprende, y no convertirá al contribuyente en el blanco de su incompetencia. Para lograrlo, un solo camino… “prender la vela del optimismo para salir de la oscuridad”.

La creación de una agencia nacional contra el crimen organizado

Lo único que puede arrancar ahora o en el día uno de un nuevo periodo presidencial es lo que aquí se propone, un centro nacional contra el crimen organizado, que complementa las otras propuestas que buscan hacer más efectiva la seguridad nacional, la inteligencia estatal, la defensa nacional y la seguridad pública.

por Richard Kouyoumdjian16 julio, 2025

En una conversación con Pablo Zeballos, realizada la semana pasada durante un seminario para jóvenes que AthenaLab realiza dos veces al año en las Termas de Jahuel, Pablo sugirió la idea de crear una agencia nacional contra el crimen organizado como una medida rápida y efectiva para atacar este problema, que ahora es más complejo, ya que incluye casos de corrupción narco en el Ejército y la FACH.

Estamos en tiempos difíciles que requieren soluciones efectivas a la vez que económicas, ya que las finanzas públicas están estresadas y no conozco ningún político, como lo es Milei en Argentina, excepto quizás Johannes Kaiser, que esté dispuesto a reducir significativamente el gasto social (previsional, salud, educación, vivienda, y desarrollo social y económico) en forma significativa para reasignar fondos a la seguridad pública, el sistema de inteligencia, y la defensa nacional, aspectos claves y críticos de la seguridad nacional de Chile.

AthenaLab o integrantes de su equipo ya han recomendado un uso y propósito regular para el Consejo de Seguridad Nacional, la existencia de un Asesor de Seguridad Nacional para la Presidencia de la República, medidas para operativizar la ANI y el trabajo de inteligencia que se hace en Chile, y en esta oportunidad, y tomando la idea de Pablo Zeballos, la creación de una Agencia Nacional Contra el Crimen Organizado.

Hasta ahora vemos por parte del gobierno esfuerzos poco efectivos en el combate al crimen organizado, no tienen estrategia y objetivos en la materia. Correctamente están dedicados a darle forma al Ministerio de Seguridad Pública y crear una política nacional de seguridad pública, que es más amplia que lo relativo al crimen organizado, y que por lo demás, es distinto a tener una estrategia, ya que no entra en el detalle de que hacer, porque hacerlo y los objetivos a lograr.

Es evidente que los problemas de seguridad pública son más que el crimen organizado, pero tener una organización que se dedique y tenga foco en ello hace mucha lógica. Estamos pensando en algo que se forme siguiendo la lógica militar de las Joint Inter Agency Task Force (JIATF), es decir, una organización de carácter nacional más allá que las policías y el Ministerio Público. Estamos pensando en una organización que reporta al subsecretario de Seguridad Pública, que es conjunta (todas las ramas policiales y militares), combinada (hay oficiales de enlace de los países de interés), y multi o interagencial (todas las instituciones y servicios están representados, incluyendo Ministerio Público, SII, UAF, Aduanas, Gendarmería y ANI).

Lo que se está proponiendo no tiene mayores costos incrementales significativos. Los centros de este tipo se forman con un propósito especifico, con recursos existentes, lo que hace fácil su armado, puesta en marcha, manejo y control. No tendría conflictos con el Ministerio Público, que tiene un objetivo investigativo y procesal, más bien se complementa en buena forma, más ahora que se ha creado la figura de un fiscal supraterritorial que apunta a tener una organización dentro del Ministerio Público que pueda trabajar temas como el crimen organizado y delitos de alta complejidad en todo el territorio nacional.

El seguir abordando el problema del crimen organizado con las estructuras y recursos existentes ha demostrado no ser efectivo del todo. Los resultados están a la vista. Otras soluciones del tipo cerrar la frontera, o llenar el país con cámaras y pórticos lectores ayudan, pero son soluciones muy caras, toman tiempo y no garantizan resultados. Están bien para bajadas comunicacionales, pero no pasan de eso. Lo único que puede arrancar ahora o en el día uno de un nuevo periodo presidencial es lo que aquí se propone, un centro nacional contra el crimen organizado, que complementa las otras propuestas que buscan hacer más efectiva la seguridad nacional, la inteligencia estatal, la defensa nacional y la seguridad pública.

Clave es colocar a cargo a una persona adecuada, preparada en lo técnico, orientada a los objetivos y resultados, que entienda de estrategias, capacidad de manejar equipos, y con acceso al nivel político.

Etiquetado:crimen organizadoejercitofachseguridad pública

Richard Kouyoumdjian

Experto en Defensa y Seguridad Nacional; concejal por Las Condes

Pobre gente damnificada de Viña del Mar:

https://www.instagram.com/reel/DHTRGYwRtFK/

La hora de Kast

Por Orlando Sáenz Rojas 

Conocí a José Antonio Kast en la primavera de 2024, cuando le solicité una entrevista a través de un amigo suyo que es primo político mío (casado con una prima hermana).

Lo hice porque había oído muchas versiones contradictorias sobre él y me encontraba prejuiciado por la afirmación de muchos en el sentido de que era una especie de Milei o Bolsonaro a la chilena, de modo que tenía ya colgado al cuello una etiqueta de ultraderechista con algún rasgo de fascismo.

Fui a la entrevista un poco preparado para algo así y me llevé la grandísima sorpresa de encontrarme con un hombre joven, de ideas sumamente claras, pero para nada imbuido del mecanismo que caracteriza a los vociferantes líderes del ultraderechismo.

Culto, sumamente simpático y abierto a todas las ideas, muy firme en sus conceptos sobre los males de Chile y sobre los remedios que se deben intentar para curar las graves heridas del país. Recuerdo que, en aquella ocasión, lamenté que tuviera tan pocas posibilidades de alcanzar la presidencia de la República porque faltaba mucho para la elección y, a pesar de que vivía un triunfal momento, veía como muy difícil que pudiera evitar la erosión del tiempo y del extremismo que le habían colgado al cuello.

Viento a favor de José Antonio Kast

Esa sensación de remota chance presidencial me llevó a resumir mi impresión de entonces con la afirmación de que le sería más difícil llegar a la presidencia que ejercerla a pesar de sus inmensas dificultades. Por todo ello, me he alegrado de que su candidatura navegue ahora con viento a favor y con una meta de triunfo que no sorprendería mayormente a nadie.

Pero, ¿cuál es el viento a favor que infla las velas de la candidatura Kast? Curiosamente, es el desastre que va a dejar el gobierno de Gabriel Boric y del que el pueblo chileno adquiere cada vez más conciencia.

Veo que gente que hace un año desechaba votar por Kast porque lo encontraba muy extremo, ahora aplaude su diagnóstico sobre lo que ocurre en Chile y advierte las dificultades de una remontada. Es hoy, sin duda, el candidato de mejor diagnóstico sobre la gravedad de las crisis que sacuden al país.

Como esas crisis, como es la de seguridad pública, como es la de invasión de extranjeros ilegales, como es la de una educación pública desastrosa, como es la de una corrupción gubernamental desatada y descarada, como es una crisis presupuestaria inédita, como es un Estado convertido en empleador de funcionarios fantasmas y desvergonzados, etc. Estas crisis no pueden menos que requerir medidas correctivas que explican sobradamente el supuesto ultraderechismo de Johannes Kaiser y lo hacen aparecer como el verdadero realismo que exige la situación.

Es así como una creciente mayoría de chilenos está desechando las propuestas de soluciones que ofrecen más de lo mismo porque todos sabemos que eso no bastará.

No se necesita “más de lo mismo”

A vía de ejemplo, tomemos el caso de la llamada crisis de delincuencia, que en realidad es mucho más que eso. Se abre conciencia de que se necesita mucho más que unos pocos carabineros añadidos y que una mayor vigilancia de las fronteras para derrotar lo que en realidad es una multi subversión en la que lo menos grave es la delincuencia común, minimizada ya en sus efectos por la delincuencia organizada, por la guerrilla subversiva de la Araucanía, por la anarquía y por todo lo que ha dejado el octubrismo como penosa herencia.

Si un candidato ofrece para eso más de lo mismo que se ha estado haciendo, la mayoría del país va a votar por quien ofrece soluciones al nivel de la gravedad de la situación y eso se repite para todas las demás situaciones críticas antes aludidas.

Agreguémosle a todo eso, lo que no puede dejar de ocurrir en el resto del gobierno de Gabriel Boric. Ese resto se gastará en voladores de luces populistas, inalcanzables, en una capa de pintura que apenas intente dar algún brillo a la fachada de un gobierno desastroso. Un gobierno con funcionarios escapando como pueden del destino político y judicial que les espera; de esfuerzos inverosímiles por desprenderse de las culpas que marcaron su colaboración con el actual régimen. Y todo eso no hará más que fortalecer el viento a favor de quien se ha demostrado como el médico con el diagnóstico más certero de las enfermedades —y de la gravedad de ellas— que afligen al país.

Cuatro años para recuperar la gobernabilidad

Por otra parte, asoma el fantasma de otro problema que sin duda afectaría a un gobierno que, si bien puede ser de oposición al actual, no trate más que de aliviar los males mediante las manidas soluciones que solo exhiben fracasos en el pasado.

Se necesita una reforma constitucional profunda que dote al poder ejecutivo de herramientas curativas imprescindibles. Se necesita una reactivación económica de singular energía porque si el próximo gobierno solo se limita a tibias medidas que no incluyan una verdadera refundación económica, lo que va a cosechar es un fracaso de cuatro años, tras el cual puede volver un gobierno de extrema izquierda tan destructivo como el actual.

En verdad, el próximo gobierno tiene solo cuatro años para demostrar contundentes resultados de corrección de rumbo y de recuperación de la gobernabilidad.

Por todo eso, José Antonio Kast vive su mejor momento y verlo en La Moneda no debería ser sorpresa para nadie. Y tal vez eso sea lo mejor para el país porque no le faltan las cualidades de firmeza, de ideas claras, de receptividad a las observaciones, de serenidad y de compromiso que en realidad lo adornan.

Si cada chileno tuviera la oportunidad de conocerlo mejor, como lo tuve yo en 2024, podremos estar seguros de que recibirá con corbata puesta la banda presidencial que le entregará un descamisado.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por BioBioChile el jueves 26 de junio de 2025.

NADA MÁS RICO QUE LA MARRAQUETA.

Pero sabes qué pagas cuando la compras?:

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Una mejor oportunidad para la derecha en noviembre

Por Álvaro Pezoa Bissières

El domingo la izquierda chilena definió su abanderada presidencial para noviembre: Jeannette Jara, exministra del Trabajo y militante del Partido Comunista, se impuso con un 60% de los votos en las primarias del pacto oficialista Unidad por Chile, superando a Carolina Tohá y Gonzalo Winter. Sin embargo, este resultado –que representa apenas el 5,4% del padrón electoral total– evidencia más una señal de debilidad que de fortaleza.

La participación fue notoriamente baja: solo 1,4 millones de personas acudieron a votar, lo que equivale al 9% del padrón nacional. Este magro resultado deja al descubierto la apatía presente de gran parte del electorado de izquierda, salvo el núcleo duro del Partido Comunista. Aún más, la nominación de una candidata con una marcada trayectoria en la izquierda más radical dificulta seriamente cualquier intento del oficialismo por conquistar al votante moderado, especialmente en un país donde las principales preocupaciones de la ciudadanía son la inseguridad, la inmigración descontrolada y el estancamiento económico.

Frente a esta realidad, la alternativa que representa la derecha aparece más sólida y esperanzadora. José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y actual favorito en las encuestas, ha sostenido con claridad y coherencia un proyecto político basado en principios fundamentales: libertad personal, seguridad, orden institucional y crecimiento económico. Su “Plan Implacable” contra la delincuencia, por ejemplo, ha logrado conectar profundamente con una ciudadanía hastiada de la criminalidad y la impunidad.

Desde su primera candidatura en 2017, Kast ha demostrado una convicción firme en sus ideas, lo que le ha permitido no solo consolidar un electorado leal, sino también ampliar su apoyo hacia sectores sociales que antes no se identificaban necesariamente con la derecha. Su liderazgo, sereno pero decidido, emerge como una alternativa creíble frente a un oficialismo desgastado y dividido, y especialmente frente a una candidatura comunista que plantea más retrocesos que soluciones.

La elección de Jara, paradójicamente, podría allanar el camino para un contundente triunfo de la derecha en noviembre. Su perfil ideológico extremo y la ausencia de una opción moderada en la izquierda dejan el espacio abierto para que una propuesta definida, valiente y vinculada con el sentir ciudadano se imponga con legitimidad democrática.

Chile se enfrenta a una encrucijada crucial. La elección de noviembre será más que un acto electoral: será una determinación de rumbo. ¿Continuar con un proyecto fracasado, anclado en ideas que han demostrado mundialmente su ineficacia? ¿O dar paso a una alternativa que ofrezca orden con libertad, seguridad con justicia, y progreso con responsabilidad?

Aunque faltan cuatro meses y medios –muy relevantes– para la elección presidencial, la oportunidad está ahí. Es el momento de que la derecha, con claridad de ideas y convencimiento en sus principios, la tome y la sepa convertir en una victoria que se vislumbra imprescindible para el buen futuro de Chile.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el lunes 30 de junio de 2025.

CARLOS PEÑA Y LUCÍA SANTA CRUZ.

julio 14, 2025

Carlos Peña y Lucía Santa Cruz: ¿defensa del comunismo o engaño ilustrado?

El reciente intercambio de columnas entre Lucía Santa Cruz y Carlos Peña, publicado por Emol bajo el título “El profundo debate entre Lucía Santa Cruz y Carlos Peña en torno al comunismo y la candidatura de Jara”, no solo refleja un desacuerdo entre intelectuales: representa, en el fondo, dos formas de ver el peligro ideológico que representa el comunismo cuando se disfraza de institucionalidad democrática.

Lucía Santa Cruz advirtió con claridad los riesgos de una eventual presidencia comunista. Lo hizo sin caricaturas, sin estridencias, y con argumentos sólidos: el comunismo no ha cambiado su esencia doctrinaria, y cualquier intento por presentarlo como una ideología domesticada no es más que una ilusión peligrosa. Recordó, además, que muchos opinólogos intentan “convencernos de que un eventual triunfo de Jeannette Jara sería perfectamente inocuo y no constituiría riesgo para nuestro país”, y añadió que “el comunismo … tiene, y siempre ha tenido, los rasgos de una religión secular, una fe inconmovible…”. Palabras que molestan, no porque sean falsas, sino porque son imposibles de refutar sin recurrir al engaño.

En respuesta, Carlos Peña hizo lo que ha venido haciendo hace años: hablar desde la supuesta imparcialidad académica, para restar importancia a las alertas legítimas. En su réplica, señaló que “es profundamente errado convertir la competencia presidencial en un debate acerca de las convicciones ideológicas finales que abrigan los candidatos o en un debate acerca de filosofía de la historia”. Es decir, lo que se debería discutir —el proyecto político de fondo— queda, según Peña, fuera de lugar. Lo importante, para él, es si la candidata es eficaz, tiene trayectoria pública, o si representa un sector social reconocido.

Ese razonamiento no es nuevo. En julio de 2024 lo analizamos a fondo en este mismo blog, bajo el título “El ello, el superyó y el yo de Carlos Peña”. Allí señalamos que su discurso parece funcional al progresismo, aunque se presente como neutro. Peña no se limita a exponer ideas abstractas: su estilo sugiere una defensa implícita de una posición de prestigio académico, y de una narrativa donde el comunismo puede convivir con la democracia liberal siempre que se presente con buenos modales, cite autores franceses y sonría en entrevistas.

Lo que Carlos Peña proyecta, en definitiva, no es una defensa explícita del comunismo, sino una forma de neutralización elegante de las advertencias sobre su esencia. No niega su historia, pero tiende a minimizarla. No celebra sus fracasos, pero los relativiza. No lo llama dictadura, pero tampoco lo denuncia con claridad. Y en esa ambigüedad sofisticada reside, para muchos, su aporte al discurso progresista: barnizar de civilidad lo que sigue siendo una ideología totalitaria, si no se le exige romper con su pasado y su doctrina.

Lucía Santa Cruz, en cambio, ha mostrado una valentía escasa en el Chile contemporáneo. Ha hablado claro, con rigor histórico y sin temor a las etiquetas. Y, por supuesto, eso ha molestado. Porque la izquierda necesita silencios, no verdades. Necesita columnistas funcionales, no pensadores libres. Y cuando aparece alguien como ella, deben salir al paso con sus mejores cuadros intelectuales. Carlos Peña es uno de ellos. Probablemente el más hábil.

Pero esa habilidad no lo absuelve. Muy por el contrario, lo hace más responsable. Porque si algo enseña la historia es que el mayor peligro para una sociedad no es el fanático, sino el moderado que le da legitimidad al fanático. Y eso es, precisamente, lo que muchos ven hoy en Peña: el rostro amable de una ideología que, bajo otras formas y otros tiempos, ya ha demostrado su vocación autoritaria.

Y la indulgencia con el Partido Comunista no es solo teórica o doctrinaria: es también histórica. ¿Quién se atreve hoy a recordar que Guillermo Teillier, presidente del PC hasta su muerte, reconoció públicamente haber transmitido la orden del atentado a Pinochet en 1986? Una emboscada que mató a cinco escoltas y casi acaba con la vida de su nieto de diez años. Nadie en la izquierda lo condenó. Al contrario, fue homenajeado en el Congreso como un demócrata ejemplar. ¿Y la prensa? Silencio.

O que Camila Vallejo, hoy ministra vocera del Gobierno, declaró en 2012 al diario El País que “nunca hemos descartado la vía armada”, siempre y cuando se den las condiciones. ¿Alguien le pidió explicaciones? ¿Hubo alguna renuncia? ¿Un cuestionamiento ético? Nada. Silencio otra vez.

Ahora bien, ¿qué ocurriría si un político de derecha confesara haber autorizado un atentado contra un presidente socialista, con muertos incluidos? ¿Qué pasaría si un diputado conservador dijera que, llegado el caso, no descarta la lucha armada? El país entero estallaría. Portadas, escándalo internacional, denuncias en organismos de derechos humanos, funas, y probablemente hasta intentos de inhabilitación política.

Y sin embargo, cuando lo hace un comunista, todo se justifica. Todo se perdona. Todo se olvida.

Basta recordar el caso reciente del diputado Johannes Kaiser, quien —en el marco de una entrevista histórica— se atrevió a afirmar que el 11 de septiembre de 1973 fue un pronunciamiento que respondió al colapso institucional provocado por el gobierno de la Unidad Popular. Sus palabras provocaron una andanada de críticas desde el oficialismo y los medios, que lo acusaron de avalar “un golpe de Estado”. Lo interesante es que esos mismos sectores guardaron un silencio sepulcral cuando Camila Vallejo, en 2012, dijo abiertamente que la vía armada nunca ha sido descartada por el Partido Comunista si se dan las condiciones. Es decir: se condena el análisis histórico de un diputado, pero se tolera sin problemas el respaldo explícito a la violencia revolucionaria desde el oficialismo. Coherencia cero.

Esa es la doble vara que se denuncia y que Carlos Peña, al menos en sus columnas, pareciera preferir no abordar de forma directa. Porque su estilo no es confrontar, sino deslizar. Y lo que termina proyectando —quiera o no— es una cierta defensa de un relato progresista, donde algunas ideologías merecen más comprensión que otras. En esa lógica, da la impresión de que todo puede relativizarse: la historia, la ética, los hechos, e incluso la sangre, si ello sirve para suavizar el juicio sobre determinadas ideas.

Por todo lo anterior, no solo respaldo a Lucía Santa Cruz. La celebro. Porque ha hecho lo que corresponde: advertir con claridad lo que muchos, por conveniencia o cobardía, prefieren callar. Y porque en tiempos donde reina la confusión y la corrección política, decir la verdad —aunque incomode— sigue siendo un acto revolucionario.

GERATRICIDIO:

VEA:

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Mientras todo esto sucede en nuestro país:

¡Por lo tanto no hacen su pega!

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PuntaPeucoHoy @PuntaPeucoHoy

PUNTA PEUCO INFORMA

Continuación del hilo publicado con fecha, 2 de Julio 2025 ” LA MAFIA JUDICIAL QUEDA AL DESCUBIERTO, Jueces Reconocen Inhabilidades por Conexiones Directas con el Ministro QUERELLADO” Chile ya no necesita denuncias ni SUPOSICIONES, hoy es el propio Poder Judicial quien deja por escrito la red de favores, parcialidades y conflictos de interés que protege a sus integrantes.

Dos documentos oficiales emitidos el 14 de julio de 2025 por la Corte de Apelaciones de Temuco revelan que cuatro ministros y un fiscal judicial han debido inhabilitarse de conocer la causa penal contra el ministro Álvaro Mesa Latorre, por tener vínculos previos o haber fallado a su favor en el polémico “Caso Polvorín”.

En el primer documento, los ministros Alejandro Vera, María Georgina Gutiérrez y el fiscal Juan Santana Soto se inhabilitan por mantener una relación profesional directa y cotidiana con el querellado, quien además preside la misma Corte donde se ventila la causa.

El reconocimiento de esta cercanía evidencia un conflicto ético de proporciones, donde quienes deben impartir justicia no pueden juzgar objetivamente a uno de los suyos.

En el segundo certificado, los ministros José Marinello Federici y Alberto Amiot Rodríguez se excluyen porque ya habían fallado en favor del mismo ministro querellado, rechazando recursos de casación y apelación contra su controvertida sentencia en el Caso Polvorín.

Es decir, quienes debían decidir sobre la querella por prevaricación ya se habían pronunciado sobre el fondo del caso. Legal y éticamente, estaban contaminados. Ambos documentos citan la Constitución, principios de imparcialidad judicial, y el artículo 195 N°8 del Código Orgánico de Tribunales como fundamento.

Pero más allá de lo legal, esta doble inhabilitación masiva deja al desnudo el verdadero rostro de una justicia entrelazada, parcial y funcional a sus propios intereses. ¿Puede un ciudadano común esperar imparcialidad de un sistema que se protege a sí mismo con este nivel de colusión interna? ¿Puede una causa por prevaricación prosperar cuando los jueces están ligados al acusado? Este episodio es una prueba documental de la mafia judicial que opera a la sombra de la ley.

Una red de protección interna que destruye la fe pública, invalida los procesos y viola los principios básicos del Estado de Derecho. Esto es un HECHO y está FIRMADO ! “Cuando los Jueces protegen a jueces, quiere decir que la justicia en Chile se pudrió desde adentro.” Se agradece a la abogada Carla Fernández Montero, quién presentó un oficio demoledor ante la Corte de Apelaciones de Temuco, en el marco de la causa Rol 829-2025, denunciando un hecho que ya roza el delito penal tipificado. .

@PoderJudicialcl @CIDH@MinjuDDHH@CorteIDH@inddhh#CorteSupremaChile .@CHVNoticias@canal13@meganoticiascl@Camara_cl@Senado_Chile@elmostrador@latercera@ElMercurio_cl@biobio@Gendarmeria_CL

GRAVES SITUACIONES JUZGADO GARANTIA

     La grave libertad otorgada a un sicario, probablemente,  por el 8avo Jgdo. de Garantía, aparece como coincidente con una inconducta jurisdiccional del Juez de Garantía de Temuco que habiendo declarado Admisible una Querella por Prevaricación,  en contra del Presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco Ministro Álvaro Mesa Latorre, por una Sentencia en causa de DD.HH., 24 horas después de resolver dicha Admisibilidad, sin mediar recurso alguno, se desdice y redacta una Resolución Judicial contraria declarando dicha Querella como inadmisible, reitero, sin mediar recurso o gestión conocida, legal y regular.

Tal inconducta judicial ha motivado recursos judiciales de los afectados; recursos legales que en estos momentos  tiene a toda la Corte de Apelaciones de Temuco inhabilitada para conocer los recursos interpuestos contra el Juez de Garantía.

MTA.

14 julio 2025   Boletín Cren N° 34   Coméntalo con tus cercanos y retransmítelo en tus redes.   La verdad debe ser desenterrada y hacerse Justicia.   La realidad aleja la esperanza de que la” Prevaricación” por parte del Ministro Alvaro Mesa Latorre a lo menos sea Investigada.   RENACE LA ESPERANZA TERREMOTO EN CORTE DE TEMUCO Cuando la Justicia Deja de Serlo A más de medio siglo de los hechos que pusieron fin al caos institucional el Poder Judicial continúa dictando condenas contra ex jóvenes soldados, que pronto serán octogenarios, por hechos en los que no está probado que participaron o lo hicieron cumpliendo órdenes sin posibilidad de no cumplirlas En muchos casos, la Justicia ha dejado de actuar con equilibrio, transformándose en un instrumento de venganza  y persecución ideológica. Uno de los casos más graves y reveladores de esta deriva judicial lo protagoniza el ministro especial Álvaro Mesa Latorre, quien ha condenado en primera instancia a más de 40 ex uniformados, sin pruebas concretas, sólo por  presunciones sin fundamento, suposiciones y relatos orales, entre ellos a sóldados conscriptos menores de edad que cumplian el servicio militar obligatorio Frente a este escenario, la abogada Carla Fernández M. en el caso Polvorines presentó el 30 de junio una querella penal por prevaricación contra el ministro Alvaro Mesa L, acusándolo de haber dictado resoluciones manifiestamente injustas, guiado por razones ideológicas y no jurídicas.       Presentada la querella, la IC.Apelaciones. Temuco emitie fallo del Caso Polvorines que estaba en estudio desde hace 10 meses.  De las 20 condenas a Cadena Perpetua, mantiene 2 de los acusados como autores reduce las de 9 complices a 13 años, 6 a 5 años y 4 a 4 años, de estas útimas 3 con libertad vigilada .   Siendo la prevaricación judicial un delito que comete un juez o magistrado al dictar a sabiendas una resolución injusta en un asunto judicial. Es decir, actúa en contra de la ley y de su deber, sabiendo que la decisión que toma es errónea.     El Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible la querella el 30 de junio y esta resolución quedó registrada en el sistema judicial en línea.  Sin embargo, en un hecho sin precedentes, la admisibilidad desapareció del expediente digital en menos de 25 horas. No hubo resolución de revocación, ni acto judicial fundado que explicara este cambio. Simplemente, el documento que declaraba la admisión dejó de estar disponible, como si nunca hubiese existido. Y luego, sin ningún acto procesal intermedio ni transparencia, el estado de la querella apareció modificado como “inadmisible”, lo que constituye una maniobra  al margen de la ley, inadmisible y gravísima, propia de sistemas judiciales sin control ni ética procesal. Esta burda manipulación fue publicada por “La Segunda” y denunciada en Cartas a los Directores de diversos medios y públicamente por el abogado Rodrigo Cooper C., quien advirtió la existenci de una operación de encubrimiento para proteger al juez querellado, violando las mínimas garantías de legalidad, publicidad y probidad que debe resguardar el sistema judicial. El silencio del Poder Judicial y del Colegio de Abogados frente a esta aberración es absoluto. Nadie ha explicado cómo desaparece una resolución judicial válida del expediente. Nadie ha respondido por esta alteración de registros públicos. por lo que la abogada Fernandez presentó a la IC. Apelaciones de Temuco una solicitud para que se investigue y sanciones a a los responsables. El mensaje que se transmite es alarmante: cuando un juez es cuestionado, el sistema lo blinda a cualquier costo, incluso sacrificando el Estado de Derecho. Los injustamente condenados, no piden impunidad piden  lo mínimo: justicia verdadera, con debido proceso, con pruebas reales, con jueces imparciales. No aceptan ser condenados por haber servido al país con uniforme hace 50 años, ni aceptan que se les juzgue en un sistema obsoleto bajo criterios políticos disfrazados de sentencias jurídicas, cuando se manipulan expedientes, se borran resoluciones, y luego se reemplazan sin rastro legal alguno, ya no hablamos de justicia: hablamos de corrupción institucionalizada.   Es por Dignidad y Justicia que los soldados del ayer y de hoy levantan la voz..

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Enrique Slater @slater_enrique

¿Cómo no dudar de los Jueces de DD.HH.? Lo señalado en esta carta, en relación con el inconstitucional proceso llevado por el Ministro Álvaro Mesa, de la C. Apelaciones de Temuco, es lo más parecido a una “sinvergüenzura” judicial. Urge verdadera justicia.

ellibero.cl

¿Habrá justicia? – El Líbero

Por Pedro Tichauer Salcedo, Pablo Gran López, Raimundo García Covarrubias. Señor Director: En el caso “Polvorín” hecho ocurrido en noviembre de 1973 en el Regimiento Tucapel de Temuco, que ha sido…

Los Militares saben de esto:

INDIGNACIÓN!

Escándalo con Mayúscula!!!

Delincuentes, sicarios venezolanos del Tren de Aragua, más peligrosos del país, quedarón en libertad por una supuesta orden judicial (8°JG de Stgo), posterior a la audiencia de formalización.
Tal procedimiento podría ser un acto de “Corrupción, Extorción o un Grave Error”?

Chile está en caos, necesita
urgente una firme y fuerte intervención del estado de una vez por todas, para ello, revisar, fiscalizar y corregir las amenazas a todos los sistemas de funcionamiento de las estructuras del estado de Chile.

La CGR ha realizado en la actualidad una notable gestión, detectando una serie de irregularidades de corrupción y otras faltas graves a la probidad. Ahora con urgencia debe tomar cartas de esta grave situación delictual, estudiando todas las aristas, hipótesis dentro de la competencia de su ámbito legal para adoptar las sanciones correspondientes y mejorar los procedimientos de fiscalización y control de los diferentes estamentos.

Estamos en la idefección total, penetrados por el crimen organizado en todos los estratos de la sociedad como es el sicariato, el contrabando, las extorsiones, los asaltos, asesinatos, tomas de propiedades, etc., situación agrabada con que NO HAY…… recursos económicos para las policías y FAs., porque este desgobierno recorto o quitó los recursos asignado en el presupuesto 2025 para las instituciones citadas.

El Estado está perdiendo el control por la irresponsabilidad de este desgobierno,
con Instituciones que además no están haciendo bien la pega.

Para los legisladores…urge de una vez por todas, ponerse de acuerdo para revisar y legislar en forma urgente leyes en estos temas, como endurecer las penas, dejando sin margen a jueces para que puedan otorgar la puerta giratoria a delincuentes, incluso creo que ha llegado la hora de que se instaure la Pena de Muerte!!!!

Desolador es el panorama país, con
políticos inberbes, que han legislando con malas leyes o muy permisivas con el agravante de que mucho proyectos de ley descansan por años en los cajones de los políticos legisladores.

Estamos con Desgobierno…fallido….que no reacciona, hace oído sordos, con un presidente ausente que no coordina ni resuelve.

Como complemento de lo anterior, debe en forma urgente volver a implementarse el Tes de Drogas para todos los funcionarios públicos de los poderes del estado, empezando y dando el ejemplo este Presidente.

De igual modo, ha llegado el momento de convocar al Consejo de Seguridad Nacional, incluyase al Fiscal Nacional y a la Contralora GR a una reunión de seguridad para adoptar medidas reales, concretas y efectivas, caso contrario al EMCO.

En el evento de que se resuelva dar la misión a las FAs para apoyar a las policías en el combate del crimen organizado, infraestructura crítica y resguardo de las fronteras del norte del país, no siendo misión de ellas, debe ser con el debido y efectivo respaldo legal y nuevas mejoras de las RUF., de tal manera, de evitar las constantes amenazas que padecen los integrantes de las FAs y Policías por parte de organismos de DDHH.

En corolario y a la sana crítica, los ciudadanos debemos ir pensando en la participación de una de una gran protesta nacional de norte a sur, por el flagelo delictual y una inmigración sin control que tiene sumido a los chilenos en la más completa idefención.

Tarea para los candidatos a la presidencia, la opinión del tema del día.
LBC

Qué diría Papelucho Detective?

ESPECIAL SOBRE JEANNETTE JARA:

JEANNETTE JARA Y LA POLÍTICA SALARIAL DE ALLENDE
15 julio, 2025

Por Sebastián Edwards

Carlos Peña tiene razón cuando pide una discusión racional sobre las elecciones presidenciales. Un debate “serio” debe empezar con las siguientes preguntas: ¿Lo que sugiere cada candidato ha sido implementado alguna vez en la historia? Y, si la respuesta es “sí”, ¿cuáles fueron los resultados de esa política?
En lo económico, las propuestas centrales de Jeannette Jara son dos: Un aumento del salario mínimo (ahora llamado salario vital), de 539 mil a 750 mil pesos, y una política que fomente la “demanda interna”. Ambas medidas fueron parte de la política económica de Salvador Allende. Y como se sabe (o debiera saberse), ese experimento terminó mal. Los salarios reales se derrumbaron, la producción de la industria y del agro colapsó, el desabastecimiento se generalizó, el valor del dólar se fue a las nubes, y la inflación superó el 600%.
El 27 de noviembre de 1970, el ministro de hacienda Américo Zorrilla anunció que el salario mínimo subiría de 12 a 20 escudos diarios, un aumento del 67%. Una vez descontada la inflación, se esperaba un incremento real del 45%. La propuesta de Jeannette Jara es subir el salario mínimo en casi 40%. En esto, hay una gran similitud entre los dos programas.
El programa de 1970 fue preparado por Pedro Vuskovic y Gonzalo Martner, quienes se referían afectuosamente al texto como “El Muñeco”. Escribió Martner que el gran motor del desarrollo sería “la demanda interna, lo que implicaba pasar de un crecimiento hacia afuera a otro hacia adentro; generar actividad industrial propia”. Otra gran similitud con el programa de Jara.
Según el plan, el ajuste salarial (Ley 17.416) sería complementado con un incremento de la inversión pública, y una mayor liquidez proporcionada por el Banco Central y la banca nacionalizada. Las empresas responderían aumentando su producción y ofreciendo más bienes de consumo masivo. La inflación rebelde se domaría con un sistema de controles de precios. El programa se coronaba con la nacionalización del cobre, una profundización de la reforma agraria, y la nacionalización de 91 grandes empresas, las que, sumadas a las empresas Corfo, formarían el Área de Propiedad Social.
Se esperaba un círculo virtuoso. El Estado usaría las utilidades del cobre y de las empresas nacionalizadas para financiar programas sociales y salarios aún más altos, generando una nueva ronda de expansión económica y mayor bienestar.
Durante la primera mitad de 1971, la estrategia pareció funcionar. Los salarios reales aumentaron significativamente, el crecimiento del PIB real fue del 9%, y la inflación se contuvo en un 22% (había sido del 35% en 1970). Sin embargo, se trataba de “pan para hoy y hambre para mañana”. Detrás de esas cifras se acumulaban desequilibrios y nubarrones. El 16 de noviembre de 1971, el ministro Zorrilla reconoció que se estaban produciendo “insuficiencias en el abastecimiento de algunos productos de consumo corriente”.
En 1972 la estrategia de “El Muñeco” empezó a colapsar. La inflación se disparó ¯en abril ya era 60%¯, el déficit fiscal se cuadruplicó y fue financiado mediante la emisión de dinero. Una huelga nacional liderada por los dueños de camiones dejó a la economía moribunda. Además, el mercado negro se generalizó y los dólares desaparecieron. La respuesta del gobierno fue más controles, tipos de cambio múltiples, nuevas nacionalizaciones, y nuevos aumentos salariales. En enero 1972 el salario mínimo subió en otro 50%, y en octubre se volvió a aumentar en 110%.
En vez de “círculo virtuoso” tuvimos una espiral de inflación, mercados negros, violencia y penurias. Los salarios subían y la inflación los seguía, hasta sobrepasarlos. En agosto de 1973, la inflación de 6 meses, anualizada, superó el 1.200%.
Al final, los salarios reales, piedra angular de “El Muñeco”, se “fueron a pique”. En septiembre de 1973, el salario mínimo real era 17% más bajo que cuando el gobierno se inició, y menos de la mitad del nivel alcanzado en marzo de 1971.
Desde luego, las circunstancias actuales son diferentes a las de 1970. Hoy el Banco Central es independiente y no financiaría al gobierno. Además, la economía compite en mercados internacionales. En vez de inflación desatada, lo que veríamos bajo la “estrategia Jara” sería un salto en el desempleo, una mayor deuda pública, y tasas de interés mucho más altas. El punto es que malas políticas crean desequilibrios insostenibles que revientan por alguna parte, ya sea como inflación, desempleo o devaluaciones. Y los que sufren son, siempre, los más pobres.
Dicen que Jara va a cambiar su programa, y que busca un economista respetado que lidere su equipo económico. No sé si será así. Pero, sobre la base de un análisis histórico, estoy convencido de lo siguiente: lo que le hemos escuchado hasta ahora es altamente preocupante.

Publicado por El Mercurio

COMUNISMO “BUENA ONDA”

POR GONZALO CORDERO

Apenas realizada la elección primaria del oficialismo comenzó la expresión de una seguidilla de opiniones que apuntan a quitar toda importancia al hecho de que la candidata ganadora sea militante del Partido Comunista, colectividad desde la que ha desarrollado toda su vida política.
Más o menos, nos dicen que da lo mismo que eso de “meter cuco” con el PC es algo de otra época, que ya no estamos en la Guerra Fría, que el mundo es otro y que ella –Jeannette Jara– sería una expresión distinta. Sus atributos blandos nos darían garantía de que su adhesión al partido de la hoz y el martillo, de Stalin y del castrismo, es solo una suerte de referencia romántica, pero ella es –cómo dudarlo– una buena persona, democrática y tolerante. Un liderazgo de centroizquierda.
Poco falta para que nos digan, como ya nos dijeron del Presidente Boric, que es heredera de Patricio Aylwin. Por cierto, a nadie se le puede ocurrir plantearse como anticomunista sin ser mirado con inquisitivos ojos escrutadores que hacen de esa definición intelectual algo equivalente a ser racista.
Nada de esto es razonable, ni menos creíble, pues militar en el Partido Comunista no es un hecho trivial, es una definición de la que es inevitable hacerse cargo, tanto por su ideario, como por su historia. En el fondo, no se puede ser comunista y ser tratado como si de ello no se derivara la necesidad de ser cuestionado por la incompatibilidad que existe entre su proyecto político, su concepción del ser humano y su ideal de sociedad, con la libertad individual, la democracia y el estado de derecho, alrededor de los cuales se organizan las sociedades occidentales.
Eso no es “ponerse grave”, no es discriminar civilmente a nadie, ni menos alentar alguna forma de violencia. Es simplemente ejercer el mismo cuestionamiento al que se somete a cualquier persona que aspira a gobernar el país. ¿Cuántas veces hemos visto que se exige a políticos católicos definir si pretenderán imponer sus convicciones al resto de la sociedad? Pregunta que, desde luego, me parece pertinente y válida; pero hace evidente la inconsistencia de sostener que preguntas semejantes no se podrían formular respecto de la adhesión a la ideología comunista.
El que opta por militar y hacer política desde el PC asume su proyecto, sus objetivos, su dialéctica y su historia. No se puede pretender que eso sería algo así como una opción personal, propia de la vida privada, ni tampoco que bastaría su calidad de representante de una coalición de varios partidos para diluir su identidad y eximirse del cuestionamiento que es consustancial a la democracia.
No existe eso que podríamos llamar una suerte de “comunismo buena onda”, ni puede obviarse el hecho de que se trata de una ideología internacional, cuyas ideas han gobernado y gobiernan actualmente en otras sociedades, con los resultados que conocemos. No basta decir “yo postulo a gobernar Chile, no otros países”. Demasiada barbarie, demasiadas mazmorras, demasiadas víctimas y regímenes totalitarios lo impiden.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el sábado 5 de julio de 2025.

¿JARA Y EL PC A LA CABEZA DEL ESTADO? ES COSA DE IMAGINARLO

POR SERGIO MUÑOZ RIVEROS

Chile se encamina hacia una definición política tan trascendental como la del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, cuando una amplia mayoría ciudadana rechazó el proyecto de Constitución avalado por Boric y Bachelet. Aquella decisión salvó a la nación de una fractura de alcance histórico. Si el proyecto refundacional hubiera prosperado, habría sobrevenido un dislocamiento institucional, económico y social que, probablemente, habría conducido a una confrontación violenta.
La historia de aquel extravío no puede omitir el papel jugado por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical y la Democracia Cristiana desde los tiempos en que formaron en el Congreso la “bancada por la Asamblea Constituyente”, germen del populismo constitucional que después llegó al delirio en la Convención.
Siguiendo al PC y al Frente Amplio, debilitaron la democracia real en nombre de una democracia imaginaria. Frente al plebiscito de 2022, cerraron los ojos ante los riesgos generados por su propia desidia e inventaron una fórmula risible: “Aprobar para reformar”. Fue el recurso con el que buscaron ganarse la confianza de Boric y conseguir mayor espacio dentro de su gobierno.
Tuvieron suerte los exconcertacionistas. Gracias al fracaso del experimento y a que se mantuvieron las normas constitucionales que protegen el orden democrático, pudieron asumir nuevos cargos en el gobierno y poner cara de “aquí no ha pasado nada”. Con el tiempo, llegaron a ufanarse de haber tomado el control del barco y hasta reclutado al capitán. Hasta el 29 de junio, el día de la primaria, sentían que había valido la pena tragar muchos sapos, ya que en La Moneda todos se presentaban ahora como socialdemócratas.
La primaría, sin embargo, mostró que estaban completamente engañados. Convirtieron los enjuagues electorales en su única doctrina, y ahí está el resultado. Ahora, le piden el PC que les garantice algunos cupos parlamentarios y que acepte incorporar una que otra idea al programa económico de Jeannette Jara. Es el último acto de su bochornosa rendición. Ante el nuevo cuadro, aplican un criterio de apariencia religiosa: si un representante del PC asume la Presidencia de la República, que sea lo que Dios quiera.
En los últimos 6 años, Chile resistió la ofensiva combinada de la violencia callejera y la demagogia parlamentaria, no sucumbió ante el golpismo de izquierda y fue capaz de frenar a los refundadores y los oportunistas que los acompañaron. Incluso pudo resistir las torpezas de un gobernante improvisado, aunque al precio del debilitamiento de la institución presidencial. Es obligatorio sacar enseñanzas de todo ello.
No estamos condenados a tropezar con las mismas piedras ni a seguir a quienes promueven atajos insensatos hacia cualquier parte. Podemos neutralizar a los sectarios incombustibles de izquierda y de derecha, e impedir que nos lleven a un callejón sin salida. Para ello, tenemos que sostener sin vacilaciones los principios y reglas que hacen posible la vida en democracia, lo que implica rechazar las veleidades frente a la violencia política y el terrorismo.
La mayor exigencia ciudadana es orden y seguridad, combate resuelto al crimen organizado y protección eficaz de la población con todos los recursos del Estado. Junto a eso, es imperioso llevar adelante un vigoroso programa de reactivación económica y creación de empleos, volver a poner el foco en la reducción de la pobreza, que ronda el 20% de la población. Se requiere mejorar sustancialmente la salud y la educación públicas, y elevar la cooperación público-privada para potenciar la inversión y la innovación. Es necesario combatir la corrupción en todos los niveles. Quien represente mejor tal perspectiva, merecerá el apoyo de los electores.
No hay espacio para la indolencia. Ya pagamos un alto precio por ello en octubre de 2019. Por desgracia, quienes sostienen en estos días que el antiguo miedo al comunismo es anacrónico y no tiene justificación, pierden de vista que el anacronismo es precisamente el núcleo del problema. El viejo ilusionismo revolucionario, falsamente redentor, sobre cuyo catastrófico balance en el mundo no debería haber dudas, asoma ahora en la elección presidencial con cara sonriente. Frente a ello, solo queda ponerse serios.
La hipotética continuidad de la actual coalición de gobierno solo agravaría los problemas nacionales. Más allá de los cambios de ropaje y las escenificaciones de campaña, proponer que Jara suceda a Boric equivale a creer que, dado que la medicina que se le dio al enfermo no dio buenos resultados, hay que aumentar la dosis. O deducir que el izquierdismo de Boric no fue suficiente, y que ahora corresponde que el PC de Carmona y Jadue se instale como fuerza dirigente del Estado.
¿Se justifica describir en estos términos la amenaza que enfrentamos? Definitivamente, sí.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Ex-Ante el domingo 13 de julio de 2025.

COMUNISMO Y DEMOCRACIA

POR JOSÉ MANUEL CASTRO

La victoria de Jeannette Jara en las primarias presidenciales del oficialismo ha vuelto a instalar una vieja pregunta en el debate político chileno: ¿es compatible el comunismo con la democracia? Esta interrogante remite a una tensión persistente en la historia política nacional, marcada por distintas comprensiones y disputas en torno al significado mismo de la democracia.
Desde su formulación en la segunda mitad del siglo XIX, el comunismo surgió como una crítica radical a la democracia liberal. Su horizonte era la supresión de la propiedad privada y de las clases sociales, lo que exigía —según sus teóricos— la destrucción del “Estado burgués” y la implantación de una “dictadura del proletariado”. La democracia liberal, con su división de poderes, pluralismo político y garantías individuales, fue juzgada por el comunismo como una máscara de dominación capitalista. De ahí que la tarea del comunismo no consistía en luchar por mejorar o corregir la democracia liberal, sino por reemplazarla.
Como mostró la historia del siglo XX, el experimento comunista se tradujo en el establecimiento de dictaduras y regímenes autoritarios de partido único, donde la centralización del poder, la eliminación del pluralismo político y la represión de la disidencia eran vistas como necesarias para alcanzar la sociedad sin clases. Los casos de la Unión Soviética, China, Cuba o Corea del Norte pueden ser comprendidos no como desviaciones accidentales del proyecto comunista, sino como parte de su experiencia histórica real.
En América Latina, sin embargo, la trayectoria del comunismo ha sido más ambigua. A la experiencia de Cuba se agrega el caso de Chile, donde el Partido Comunista participó tempranamente del juego electoral y adoptó una actitud institucional, aunque su inserción en la democracia representativa tuvo un carácter marcadamente instrumental. Su presencia en el sistema democrático no implicó una adhesión plena a sus principios, sino el uso de sus mecanismos para avanzar hacia un modelo distinto de democracia, definido como “popular”.
El caso más elocuente de esa ambigüedad fue el gobierno de la UP: entre 1970 y 1973 el PC protagonizó un proceso que buscaba una transformación radical de la democracia, el Estado y el régimen de propiedad, operando dentro del marco formal de la Constitución de 1925 pero sin renunciar a los principios revolucionarios del marxismo-leninismo. Esta ambigüedad quedó bien expresada en las definiciones de Luis Corvalán, entonces secretario general del partido, quien en su libro Camino de Victoria (1971) sostuvo que la “vía chilena” al socialismo no excluía el uso de diversos medios violentos, que debían ser entendidos como “parte de un proceso revolucionario que se desarrolla por la vía pacífica”.
Desde los años 90, el PC chileno ha mantenido esa ambigüedad. Por un lado, el partido ha logrado habitar la legalidad, articulando su proyecto dentro de los márgenes del orden democrático, ampliando progresivamente su presencia parlamentaria y asumiendo crecientes responsabilidades de gobierno desde Bachelet II.
Sin embargo, como evidenciaron las definiciones de Guillermo Teillier ante el “estallido social” de 2019 y el proceso constituyente, su inserción en el movimiento social no se limitaba a canalizar demandas dentro del sistema, sino a tensionar y desbordar los marcos institucionales de la democracia representativa, con miras a establecer un nuevo modelo político. El PC vio en los sucesos de octubre de 2019 un posible cambio en la “correlación de fuerzas”, que abría la oportunidad no solo de propiciar la caída del Presidente Piñera, sino de empujar la construcción de un nuevo orden político.
¿Cuál es esa democracia a la que aspiran los comunistas chilenos y con la que esperan reemplazar a la democracia representativa? La respuesta remite a la noción de “democracia popular”, en la que las decisiones emanarían de un poder “desde abajo” —asambleas populares, movimientos sociales, “territorios”— más que de mecanismos representativos y contrapesos institucionales. El respaldo a regímenes como el cubano ofrece pistas sobre esa conceptualización.
Para el PC chileno, Cuba no es una dictadura, sino una “democracia popular” —o una democracia especial, “distinta de la chilena”, como ha aseverado la propia Jara— que adopta formas alternativas a la democracia representativa. En la práctica, el modelo cubano consiste en un sistema de partido único, sin elecciones libres ni separación de poderes, donde la soberanía no reside en ciudadanos autónomos, sino en “órganos revolucionarios” que expresarían la voluntad del pueblo.
En el escenario presidencial actual, la candidatura de Jeannette Jara reabre un debate conceptual de fondo: no solo sobre las políticas que se proponen o el carisma de los candidatos, sino sobre qué entendemos por democracia.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el jueves 10 de julio de 2025.

NO ES MIEDO, ES REFLEXIÓN Y MEMORIA

Por Iris Boeninger 

Por más que se suspenda, se congele o se disimule, una militancia no se borra con un gesto táctico de campaña. Menos aún cuando esa militancia comenzó a los 14 años, se sostuvo durante casi cuarenta, y ha sido parte central de una trayectoria política marcada por esa coherencia ideológica.
Jeannette Jara no es una figura neutra. No es una outsider ni una técnica sin pasado político. Es militante activa del Partido Comunista desde la adolescencia, ex dirigente estudiantil, ministra del Trabajo, y protagonista del eje más ideologizado del gobierno de Gabriel Boric. Tratar hoy de relativizar su historia o presentar su militancia como un “detalle de biografía” es, simplemente, tomar al electorado por ingenuo.
El intento de Daniel Jadue por anunciar, por su cuenta, que Jara suspendería su militancia comunista, generó un terremoto interno. Lautaro Carmona lo corrigió de inmediato: la decisión debe tomarse colectivamente y con la candidata presente. La propia Jara lo reafirmó: “ese tema no ha estado sobre la mesa” de su comando, y será ella, y solo ella, quien informe si se toma alguna medida.
Pero más allá de ese enredo, la pregunta de fondo es otra: ¿por qué se pretende disimular una militancia que ha sido bandera de lucha y orgullo por décadas? ¿Qué hay detrás de este esfuerzo por restarle peso a una identidad política que, hasta hace poco, era defendida como carta de presentación?
El Partido Comunista chileno no ha sido espectador en los últimos años. Ha sido actor central de algunos de los episodios más polarizantes de nuestra historia reciente: avaló el octubrismo, promovió una propuesta constitucional refundacional ampliamente rechazada, relativizó la violencia callejera, normalizó los discursos que justificaban la destrucción como herramienta política, y Jeannette Jara fue incluso abogada de la primera línea, defendiendo judicialmente a quienes protagonizaban enfrentamientos directos con Carabineros.
Hablar de todo eso no es hacer “campaña del miedo”. Es hablar con la verdad. Es recordar hechos. Es situar a los actores políticos en el contexto completo de sus decisiones. Cuando un partido y su figura más visible aspiran a la presidencia, tienen el deber de responder por esa historia.
En su carta publicada el 4 de julio, Cristián Warnken advirtió sobre el “fantasma de la orfandad del votante moderado”, ese ciudadano que ya no se siente representado ni por los extremos ni por las fórmulas emocionales que dominan el debate. Menciona que Jeannette Jara no es una figura neutral. Lució un chaleco con la imagen del Perro Matapacos, símbolo icónico del octubrismo más virulento, en una actividad política pública. Eso no fue un descuido inocente: fue una adhesión política directa. Ese símbolo encarna no la protesta legítima, sino la violencia justificada, la quema del Metro, iglesias, bibliotecas, ataques a comisarías, destrucción del espacio público y confrontación directa con Carabineros.
Además, Jara actuó como abogada de la primera línea, defendiendo judicialmente a manifestantes que participaron en enfrentamientos violentos con la fuerza pública. Nunca ha condenado de manera enfática la violencia callejera perpetrada durante el estallido social. Su silencio, su vestimenta y su historia pública comunican una misma línea: una adhesión sin resquicios a un relato radical que romantiza la destrucción y desprecia la institucionalidad.
Y eso tiene consecuencias. Para el votante moderado –ese al que Warnken nombra–, ese gesto basta. Porque quien aspira a gobernar no puede aliarse simbólicamente con íconos de la violencia, vestirlos como emblema y luego pretender hablar de unidad o convivencia democrática. Una candidata que abraza sin distancia elementos del octubrismo –y calla frente a la destrucción real cometida en su nombre– pierde legitimidad para hablar de paz y gobernabilidad democrática.
Ese mismo día, Carlos Peña publicó una columna en la que denunciaba el uso del miedo como herramienta electoral. El miedo, dice, anula la deliberación, impide pensar. Tiene razón. Pero aquí no hay miedo. Hay memoria. Hay datos. Hay coherencia.
¿Es miedo decir que Jara ha sido parte de un proyecto político que defendió la violencia como forma de presión social? ¿Es miedo señalar que el PC ha relativizado sistemáticamente los derechos humanos cuando no conviene al relato propio (Venezuela, Nicaragua, Cuba)? No. Es verdad. Y la democracia necesita verdades incómodas más que eufemismos convenientes.
Suspender una militancia puede ser una jugada electoral. Pero no borra una biografía. No resuelve las contradicciones de fondo. No construye puentes hacia la ciudadanía que exige certezas, no silencios.
Jeannette Jara no debe esconder su historia. Debe hacerse cargo de ella. Y el país, especialmente el votante moderado, debe tener el derecho a evaluar esa trayectoria con la información completa sobre la mesa.
Porque en política no todo se disuelve en campaña. Y porque no es miedo hablar de lo que ha pasado: es tener memoria democrática.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el lunes 7 de julio de 2025

¿ES IRRELEVANTE QUE SEA COMUNISTA?

POR FRANCISCO JOSÉ COVARRUBIAS

Ya se ha escrito profusamente. Unos advierten los riesgos del comunismo. Otros consideran que aquello es “tonto” e “irracional”. Unos dicen que es incompatible con la democracia liberal. Otros consideran que aquellos son temores ridículos.
Y en los próximos meses esa discusión solo se acrecentará. Mal que mal, el titular en todos los medios de prensa internacionales fue “candidata comunista gana primaria de la izquierda en Chile”. Lo que estamos viendo en Chile es una rareza a nivel mundial.
Una más.
Algunos han dicho que el anticomunismo no será relevante como un movilizador. No parece pensar lo mismo la candidata, que ha buscado “descomunizar” su campaña.
Frente a ello surgen dos preguntas: ¿Es creíble la distancia del partido que marca Jeannette Jara? Y la segunda es: ¿es irrelevante que su filiación sea comunista?
Frente a la primera pregunta, la respuesta parece ser clara. Sus asesores fueron todos de las entrañas del partido. O ¿en qué momento Barraza, Bárbara Figueroa o el propio hijo de Carmona (jefe programático) representan una visión díscola al interior del partido? La candidata Jara jamás ha criticado las posiciones del partido que milita desde los 14 años, en la que se reivindica la lucha de clases y el marxismo leninismo. Jamás ha criticado las posiciones oficiales del partido en torno a las sangrientas dictaduras que ha encabezado el partido.
Es más: en el aniversario del PC, hace pocos días en el Caupolicán, Jeannette Jara habló en un escenario cuyo dibujo de fondo era el helicóptero que rescató a los asesinos de Guzmán. ¿Esa es la candidata díscola?
Así las cosas, lo del PC se parece cada vez más a la novela El doctor Jekyll y el señor Hyde. Una misma persona con dos identidades completamente distintas. Y lo de Jara parece reducirse simplemente a una cosa de formas. No hay tal fractura del partido. No hay dos visiones. No existe el discolaje. No hay una visión crítica. Cualquier afán de esconder las banderas rojas ha sido gatillado por la estrategia, por no asustar al electorado de centro, pero no por la convicción. Su alejamiento del partido es netamente instrumental.
El triunfo en la primaria incluía una serie de medidas económicas aberrantes (dicho por el propio Nicolás Eyzaguirre, no por Libertad y Desarrollo). Pero resulta que ahora se van a “resetear”.
Se podrá resetear un archivo. Lo que no se pueden resetear son las convicciones.
El marxismo tiene una concepción de la historia, ordenada hacia un fin que es la creación de una sociedad comunista. Adaptado de Hegel, cree en un fin de la historia que permitirá el surgimiento del “hombre nuevo”. La lucha de clases es un motor y las contradicciones de clase el gatillador de la revolución.
¿Ha renunciado Jara a ello? Definitivamente no.
La segunda pregunta es: si se acepta que es la candidata es comunista, ¿ello es irrelevante?
La respuesta es categóricamente no. El Partido Comunista es la expresión de la “izquierda cavernaria”.
Jeannette Jara ha insistido en diversos foros que no tiene un modelo externo. Que lo que se busca es crear el propio modelo para Chile. Tal como lo dijo en su momento Jadue. Tal como lo hizo el propio Allende. Algo así como la nueva versión de la “revolución con empanadas y vino tinto”. Sin embargo, ese modelo tiene un guion clarísimo y no es más que la vieja receta tantas veces usada y de tan dramáticas consecuencias.
Basta recordar que hace solo seis años el Parlamento de la Unión Europea, por contundente mayoría, situó oficialmente al comunismo al mismo nivel que el nazismo: “ambos regímenes cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones, y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad”.
Ciento cincuenta años de historia permiten emitir un juicio sobre el comunismo. No se trata de caer en la burda consigna de que los comunistas se comen las guaguas (como falsamente se dijo en los años 30 en Europa).
Lo que los comunistas se han comido, durante décadas, son las democracias.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el sábado 12 de julio de 2025.

JEANNETTE JARA Y EL PUEBLO

JUAN LAGOS

Sabiendo que con la bandera del Partido Comunista es imposible convocar a las mayorías, los partidarios de Jeannette Jara han optado por presentarla como una figura cercana, surgida desde abajo. Han tratado de instalar la idea de que su origen social, por sí solo, la convierte en una representante legítima del Chile profundo. Pero detrás de esa puesta en escena hay una verdad incómoda: Jeannette Jara no es una outsider que emergió desde abajo, sino una figura que ha hecho toda su carrera dentro de la maquinaria del Partido Comunista, respaldada por redes políticas y cargos públicos. Ha sido parte de esa casta privilegiada de funcionarios que ha convertido el Estado en su plataforma personal, viviendo a costa de los millones de chilenos que, con su esfuerzo diario, financian el aparato que la sostiene.
El encargado de resumir esta operación de blanqueo fue Eugenio Tironi, quien afirmó: “Jara es Conchalí, clase baja que logra salir adelante, que trabaja en el Estado, que es dirigente sindical y que representa –desde el momento en que no la ve, cómo se para y cómo se peina– al mundo popular chileno y lo que fue la historia de esfuerzo, de solidaridad y de mérito de los comunistas, todo lo demás: arroz graneado”. De esta afirmación se pueden sacar al menos dos conclusiones: una falsa apreciación de lo popular, proveniente de una visión profundamente clasista, y una idealización distorsionada que romantiza el historial del Partido Comunista.
El clasismo de esta frase es evidente. Para Tironi, basta con que una persona sea de una comuna distinta a las cuatro por las que debe deambular para convertirse en símbolo del pueblo chileno. No debería sorprendernos esta mirada, viniendo de quien hace años no encontró mejor forma de destacar la masificación del uso de las carreteras que escribiendo que le costaba encontrar las figuras rubias, esbeltas y con dockers de antaño, porque ahora la mayoría eran –en sus palabras– morenos, bajos, algo entrados en carnes, con camisetas de la U o de Colo-Colo, que salían de los baños con la cabeza mojada antes de reingresar a sus pequeños vehículos. Una postal que, lejos de retratar una masificación de los espacios, delata una incomodidad clasista ante la presencia de compatriotas en lugares que antes se consideraban reservados para otros.
Se trata de una mirada condescendiente que reduce la identidad popular a rasgos estéticos y a clichés biográficos. Como si representar a millones de chilenos fuera cosa de actitud corporal o dirección de nacimiento. Las clases bajas y medias de nuestro país son tan complejas como las clases altas, y están compuestas por individuos libres con distintas visiones de mundo. El rol de la política no debería ser reducirlos a una caricatura, sino representar sus inquietudes, solucionar sus problemas y –lo más importante– dejar de causar más problemas de los que ya tienen. No se trata de imponer figuras artificiales que pretendan representar algo tan amplio y dinámico como las clases bajas y medias chilenas, cuya diversidad no cabe en ninguna biografía prefabricada por una consultora.
Todavía más grave es la falsificación del Partido Comunista. Tironi nos quiere hacer creer que la historia del PC chileno es una historia de “esfuerzo, solidaridad y mérito”. Pero esta idealización no resiste el menor escrutinio. El PC ha sido siempre una estructura vertical, disciplinada, donde el ascenso depende más de la obediencia que del talento. En su historia reciente, ha perfeccionado el arte de tomarse espacios del Estado como chiringuitos donde repartir cargos, como bien lo ejemplifican las escandalosas contrataciones de Irací Hassler en la Municipalidad de Santiago. ¿De qué esfuerzo, solidaridad y mérito nos habla Tironi cuando se refiere al partido que llevó a la quiebra a la Universidad ARCIS sin pagarle a sus trabajadores? Esa no es una historia de superación ni de sacrificio colectivo: es una historia de captura institucional, cuoteo político y fracaso administrativo.
Jeannette Jara es un ejemplo perfecto de eso. Al finalizar su carrera, rápidamente ingresó al Servicio de Impuestos Internos, un conocido bastión del PC entre las asociaciones de funcionarios –que sigue dominando a través de Carlos Insunza Rojas, hijo del dirigente comunista Jorge Insunza Becker–. Luego fue jefa de gabinete de Marcos Barraza en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y al ser promovida a subsecretaría de Previsión Social, su cargo fue ocupado nada menos que por su pareja, Claudio Rodríguez –también comunista– con un sueldo de más de cinco millones de pesos. Fuera del Gobierno, tras la segunda llegada de Sebastián Piñera a La Moneda, primero formó parte de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, un histórico reducto comunista, y más tarde, se desempeñó como administradora municipal en la alcaldía de Irací Hassler en la Municipalidad de Santiago, espacio que también terminó convertido en un enclave del Partido Comunista. La hoja de vida de Jeannette Jara es el fiel reflejo de la inserción privilegiada en una red de poder partidario que se mantiene gracias a mecanismos internos de cooptación y lealtades políticas, muy alejada de la experiencia común de quienes se abren paso sin padrinos políticos ni acceso al aparato estatal.
Frente a esta impostura, alimentada por el paternalismo clasista de algunos, es fundamental que las candidaturas de José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser hagan dos cosas. Primero, reivindicar a los talentos que dentro de sus propios partidos encarnan historias todavía más meritorias que la de Jeannette Jara. Esas personas existen, precisamente porque Chile fue, durante años, el país con mayor movilidad social de la OCDE. El progreso asociado al libre mercado permitió que miles de personas, sin redes políticas ni cargos públicos, formen parte de la élite empresarial, intelectual y política de nuestro país.
Lo segundo es demostrar que las ideas que generan movilidad social son las que promueven el empleo, el ahorro y la inversión. No las políticas de “sueldo vital” o negociación ramal que propone Jeannette Jara, diseñadas para beneficiar a una casta privilegiada de funcionarios públicos y dirigentes sindicales, pero que terminan siendo un martirio para los chilenos que, con esfuerzo y sacrificio, sostienen el Estado y han financiado la buena vida de personajes como Jeannette Jara.
La gran mayoría de los chilenos no construye su vida en función de un cargo público ni necesita relatos épicos para justificar su lugar en la sociedad. Trabajan, emprenden, educan a sus hijos y sacan adelante sus proyectos con esfuerzo y responsabilidad. Lo que exigen de la política no es representación simbólica, sino que se les respete su libertad y no se les ponga trabas. Esa es la tarea: defender las condiciones que hacen posible el ascenso social, no reemplazarlas por privilegios corporativos disfrazados de justicia.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el viernes 11 de julio de 2025.

EL DERRUMBE Y LA IMPLOSIÓN

POR CLAUDIO HOHMANN

La escena del domingo recién pasado en el Teatro Caupolicán no pudo ser más decidora. Fue casi como si hubiera estado dispuesta con antelación. Jeannette Jara debutaba como la recién elegida candidata presidencial de la izquierda ante un enfervorizado público –se celebraban los 113 años del Partido Comunista–, rodeada de banderas rojas con el martillo y la hoz, el más reconocible estandarte de su partido, y de los símbolos más icónicos de la izquierda chilena desde que se tiene memoria.
Allí no había signo alguno del llamado Socialismo Democrático, o eso pareció, ni mayores referencias al competidor político cuya inapelable derrota en la primaria lo ha dejado al borde la inanición.
El oficialismo, no hay como llamarse a engaño, se ha teñido de rojo, no solo porque la candidata comunista ha triunfado holgadamente, sino que por el derrumbe, por un lado, del Socialismo Democrático, cuyo peso en la coalición se va aligerando a ojos vista, y por el otro, la no menos vistosa implosión del Frente Amplio. El efecto devastador para la centroizquierda del resultado de la primaria –refrendado en las encuestas que se han conocido con posterioridad a ese acto electoral– ha reconfigurado radicalmente el mapa político del progresismo (como gusta referirse a sí misma la izquierda chilena).
En efecto, la coalición oficialista que competirá en la primera vuelta en noviembre próximo será una que estará dominada sin contrapeso por el Partido Comunista. ¿Cómo podría esperarse otra cosa? No tienen base las suposiciones en cuanto a que los partidos del Socialismo Democrático podrían imponer sus puntos de vista en el programa que se someterá a consideración de los electores, los que por lo demás dejó de defender con tenacidad y ahínco desde que el estallido social puso en duda sus convicciones políticas. No, lo que es dable esperar es que se impongan los puntos de vista del ganador, sobre todo cuando triunfa con holgura. Así funciona la política.
También, la política indefectiblemente le pasa la cuenta a quienes abandonan sus principios y reniegan de sus logros, quizás los de mejor presentación de que disponga un sector político en Chile, los llamados “30 años”, buena parte de los cuales la Concertación lideró con virtuosismo. Cuando un activo político de esa envergadura y calidad se pone en tela de juicio y, peor aún, cuando se desdeña, se paga un alto precio en las urnas y se pierde el peso político indispensable para influir en las principales decisiones que dicen al desarrollo del país. Era del todo previsible, pero como afirmó alguna vez Andrés Allamand, la política es sin llorar. Mientras el comunismo sonríe a sus anchas.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el jueves 10 de julio de 2025.

Ha fallecido otra víctima del ensañamiento y la indiferencia.

El Cabo 1° de Carabineros, Rocky Albornoz, adulto mayor, enfermo, debilitado, murió sin que se le permitiera pasar sus últimos días junto a su familia.

A pesar de su estado crítico, le fue negado todo gesto de humanidad.
Con él, ya son 34 los fallecidos en condiciones similares, marcados por enfermedades terminales y por el abandono de un sistema que se dice justo, pero que no conoce la compasión.

Hoy, más de 1.000 causas han sido reabiertas. Eso no es justicia: es persecución.
Y detrás de cada expediente, hay una vida que se apaga, hay una familia que sufre, hay un país que calla.

Chile necesita una justicia firme, sí…
Pero también una justicia humana. Una justicia que no odie.

Genoveva Sepúlveda Venegas

Publicación de LA VOZ DE PUNTA PEUCO

LA VOZ DE PUNTA PEUCO

2 días  ·

“¡𝑩𝑨𝑺𝑻𝑨 𝑫𝑬 𝑽𝑬𝑵𝑮𝑨𝑵𝒁𝑨!”: 𝑫𝑰𝑷𝑼𝑻𝑨𝑫𝑨 𝑵𝑨𝑽𝑬𝑰𝑳𝑳𝑨́𝑵 𝑬𝑵𝑭𝑹𝑬𝑵𝑻𝑨 𝑨𝑳 𝑮𝑶𝑩𝑰𝑬𝑹𝑵𝑶 𝑷𝑶𝑹 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑽𝑬𝑵𝑪𝑰𝑶́𝑵 𝑰𝑳𝑬𝑮𝑨𝑳 𝑬𝑵 𝑷𝑼𝑵𝑻𝑨 𝑷𝑬𝑼𝑪𝑶

Foto Gloria Naveillan

Una grave denuncia realizó esta semana la diputada Gloria Naveillán, quien ofició al Subsecretario de Justicia para exigir explicaciones urgentes por lo que calificó como “maniobras irregulares” en torno a la transformación del penal de Punta Peuco.

Mientras el Presidente Gabriel Boric hablaba públicamente de justicia y derechos humanos, Gendarmería ya ejecutaba en silencio obras al interior del recinto penitenciario, sin informar a los internos, funcionarios ni familiares. Según la diputada, se trata de una intervención con motivaciones políticas que pone en riesgo la integridad y dignidad de personas privadas de libertad, muchas de ellas adultos mayores enfermos, con movilidad reducida y en condiciones de alta vulnerabilidad.

Entre los antecedentes entregados se cuenta el ingreso no autorizado de funcionarios del Departamento de Obras, la ejecución de trabajos con más del 70% del presupuesto aprobado sin anuncio oficial, y la imposibilidad de los internos para ejercer acciones judiciales al no haber sido notificados.

Además, Naveillán acusó una flagrante violación a fallos de la Corte Suprema, que ordenan tratar Punta Peuco como un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM).

“Esto no es una simple remodelación. Es una operación política disfrazada, que vulnera derechos humanos y atropella la justicia. Aquí hay condenados bajo normas procesales de otra época, muchos de ellos sin pruebas contundentes, con testigos falsos y procesos ideologizados”, señaló la diputada.

En su oficio, Naveillán exigió al Gobierno cuatro acciones inmediatas:

1.- Entregar los informes técnicos que avalen las obras en curso.

2.- Detallar las inspecciones recientes en el penal.

3.- Evaluar el impacto de estas medidas en la salud y dignidad de los internos.

4.- Cumplir con los fallos judiciales que protegen la condición especial de los reclusos.

Kaiser diciendo verdades:

Señor Director:

En el caso “Polvorín” hecho ocurrido en noviembre de 1973 en el Regimiento Tucapel de Temuco, que ha sido llevado por el ministro Álvaro Mesa Latorre, ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, han ocurrido una serie de irregularidades de todo tipo aprovechando el antiguo, arcaico, inquisitivo y secreto sistema de procedimiento penal, que le ha dado “chipe libre” al ministro para condenar a una veintena de personas (oficiales subalternos, suboficiales y soldados conscriptos) a desproporcionadas altas penas, incluso a algunos sin participación en los hechos y otros que ni siquiera estaban en la ciudad cuando esto ocurrió.

Considerando la injusticia cometida con el fallo de primera instancia, además de apelar, solicitamos en forma privada un Informe en Derecho a la abogada Carla Fernández Montero, respecto a la legalidad de la sentencia.

El resultado fue que existían fundados argumentos para una querella por el cuasi delito de prevaricación en contra del ministro con dedicación exclusiva don Álvaro Mesa Latorre, querella que contó con nuestro patrocinio y de la abogada antes nombrada, con fecha 26 de junio de 2025.

Dicha presentación fue declarada admisible con fecha 30 de junio de 2025, sin embargo, grande fue nuestra sorpresa cuando al día siguiente fue cambiada por una resolución del mismo juez de garantía don Federico Gutiérrez Salazar, declarándola inadmisible y eliminando del sistema del poder judicial el documento anterior. ¿Presiones?

Presentamos un recurso de apelación, el que fue declarado interpuesto enviado por interconexión a la Corte de Apelaciones de Temuco, la que debería haberse declarado incompetente de oficio, ya que su presidente es el mismo querellado ministro don Álvaro Mesa, si bien él se acaba de inhabilitar, los ministros y personal trabajan directamente con él, por lo que la lógica incluso en un lego nos hace razonar, ¿habrá imparcialidad?

Considerando que la mayoría de los ministros ha tenido conocimiento en la causa del “Polvorín”, incluso dos de ellas fueron objeto de un recurso de queja ante la Excelentísima Corte Suprema, por tanto, no es difícil sino imposible creer en que se respete el principio de imparcialidad ante tanta irregularidad o uso de argumentos extralegales.

Como el nombre de una antigua serie televisiva, ¿Se Hará Justicia?

Pedro Tichauer Salcedo

Pablo Gran López

Raimundo García Covarrubias

Carta publicada en El Líbero el 15 de julio de 2025