Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

Abandonados tras las filas enemigas

    Toribio no ha dejado pasar las 24 horas -como mínimo, que recomienda la cordura- para controlar la exaltación, euforia, locura, pasión -como quieran llamarla los psicólogos- que le embarga en estos momentos. Como tampoco, que su estado de ánimo sea consecuencia de metanfetaminas, cristal, speed, ketamina, ni muchos menos el fentanilo, sino producto de cierta noticia -aunque no oficialmente- pero con señales o indicativos que lo aseguran. El Depto. de Arquitectura de Gendarmería habría realizado ciertas mediciones en el penal Punto Peuco para ampliar su capacidad, a fin de satisfacer los requerimientos del individuo que habita el cargo de presidente de la república y ampliar para recibir 40 personas más. ¿Reos Comunes o más militares? En caso de ser esto último, el mal pensado de Toribio se pregunta ¿Por qué no mejor enviar a sus domicilios a los más enfermos y ancianos; o construir en las áreas de estacionamiento o de acceso inmediato? Serían intervenidos 4 módulos, eliminando las carpas en los patios que los internos utilizan en los horarios establecidos y en los días de visitas para recibir a sus familiares, por cuanto los comedores ya han sido transformados en dormitorios para ampliar su capacidad; se considera además que el nuevo ingreso al penal será a través del poblado Punta Peuco, camino mucho más largo y que hasta hace algunos años era de tierra, haciéndolo intransitable en invierno.

    Ante esta repudiable muestra de venganza nadie reacciona, tan solo sus familiares y amigos. Los señores políticos preocupados de las próximas elecciones; parlamentarios de la derecha se esfuerzan desde hace mucho tiempo -sin éxito- lograr un proyecto de ley para aliviar el sufrimiento de los más ancianos y enfermos terminales. Se han golpeado las puertas del Cardenal y el problema se ha radicado en la Conferencia Episcopal, donde hay de todo y Toribio, cada vez más incrédulo, cree “que no se verá la luz al final del túnel”. De hecho, parece que el Eminentísimo Sr. Cardenal no recibió la invitación de la Comisión de DD.HH. del Senado, pues no la contestó ni asistió. La mayor parte de los chilenos con los graves problemas que le afectan, no están Ni Ahí, como decía el chino Ríos; se encogen de hombros o lo más que dicen ¡qué mala suerte, qué pena! Por su parte, los Cdtes. en jefe de las FF.AA. en una democracia no pueden decir nada en público porque sería un acto deliberante, y si expresan su pesar en privado, nadie los pesca. O sea, quedaron abandonados en territorio enemigo, sin ni siquiera tener un juicio por lo menos justo… como se diría en lenguaje castrense y prosaico “a c.g.r tocan”

    Que podría pasar y no se diga que en Chile no pasará. Tal como lo decíamos antes que llegaran el crimen organizado, la drogadicción, el narcoterrorismo, el sicariato, la contaminación en miembros de las FF.AA., etc. No faltarían jóvenes que ante la falta de reacción se crean con la capacidad, méritos o atributos para imitar conductas pasadas -en un 29 de junio de 1973- donde al comandante los cabros jóvenes se le arrancaron los tarros y le quedaron dos oportunidades: O subirse a un tanque o encerrarse en su oficina. Eligió la primera, con las consecuencias funestas que todos conocimos.

    Toribio no es nadie para hacer un llamado. Solo pide, reclama, ruega, suplica a los candidatos Matthei, Kast y Kaiser, y a los presidentes de los partidos que los apoyan, un poco de sentido común, aun cuando sea el menos común de los sentidos. No confíen en que uno de Uds. pasará a la segunda vuelta y que en ella obtendrán el sillón de O’Higgins. La estupidez en Chile es superior a la epidemia del COVID, porque no hay vacunas, contagia a todos los estratos sociales y a todos los niveles de intelectualidad. Ya hay imbéciles e ignorantes que le están pidiendo a la comunista Jara, algo similar al Estatuto de Garantías que Allende suscribió con la DC. Se lo pasó por el traste, como lo confidenció a Regis Debray. Un ardid para llegar al poder. La candidata Jara, es comunista, nació comunista, piensa como comunista, actuará como comunista y morirá siendo comunista.

Hasta la vista Baby

TANTO MUERTO, SUFRIMIENTO Y DESENCUENTRO ¿PARA QUÉ?

julio 09, 2025

Por Christian Slater

THE TIMES EN ESPAÑOL: TANTO MUERTO, SUFRIMIENTO Y DESENCUENTRO ¿PARA ESTO?

Señor Director:

¿Tanto muerto, sufrimiento y desencuentro… para esto?

“…Así divididos, no hay estrategia que valga. No hay candidato que baste. Sin unidad, solo se puede esperar una nueva derrota…”

Escribo estas líneas no como analista ni como espectador, sino como exsoldado. Fui parte de una generación que conoció de cerca el precio de una patria dividida. Serví en silencio mientras muchos de los grandes responsables políticos del quiebre institucional —los que debieron dar la cara— simplemente se desentendieron. Y duele ver que, cincuenta años después, pareciera que no aprendimos nada. Una situación que confirma que los políticos no escucharon ni comprendieron el “¡Nunca Más!” pronunciado con dolor, pero con coraje, por quien intentó una reconciliación verdadera, la que en manos de los políticos —unos para lavar imagen y otros por conveniencia política— lo reemplazaron por venganza.

Hoy, nuevamente por culpa de una clase política carente de visión, nos encontramos peligrosamente divididos. Pero esta vez, el daño es aún más profundo: no se trata ya de bandos ideológicos tradicionales, ni siquiera de la tensión entre un sano oficialismo y una oposición responsable. Lo que enfrentamos es una descomposición institucional, donde el interés personal se impone sobre el bien común, y donde ni siquiera nuestras Fuerzas Armadas y de Orden permanecen indemnes.

Tras décadas de abandono, hostigamiento judicial y desconfianza instalada desde fuera y dentro, muchos de sus miembros —especialmente los más jóvenes— es probable que algunos de sus integrantes hayan comenzado a mirar con escepticismo ese juramento que antes se pronunciaba con orgullo. Y no es casual: han visto cómo camaradas y superiores fueron arrastrados a procesos injustos, sin garantías mínimas, condenados más por portar uniforme en tiempos difíciles que por hechos probados. Han entendido que, en este país, obedecer puede tener consecuencias, pero desobedecer, a veces, no tiene castigo. Y cuando eso ocurre, el compromiso se debilita.

Y no hablamos solo de quienes están tras las rejas. La tortura silenciosa también alcanza a sus familias. Hijos y nietos que crecen viendo a sus padres en prisión, no por pruebas concretas, sino por haber obedecido en tiempos de guerra interna. Esposas que envejecen solas mientras ven cómo la justicia se degrada en venganza. Todo un círculo íntimo que carga con el castigo social de ser familia de un uniformado, en un país donde vestirse de honor terminó siendo más peligroso que alzarse en armas contra la república.

¿Cuánta más indiferencia puede soportar una injusticia que todos conocen y casi nadie se atreve a enfrentar? ¿Cuántos más deberán morir en prisión, envejeciendo enfermos o inocentes, sin que una sola autoridad tenga el valor de expresar una duda legítima? 

Porque aquí no se trata de errores judiciales, sino de una venganza persistente, sostenida en el tiempo y disfrazada de legalidad.

Lo más doloroso es que ni siquiera las propias instituciones —aquellas que formaron y exigieron obediencia a esos hombres— han podido, hasta ahora, levantar una voz clara en su defensa. Como exuniformado, sé bien que los actuales comandantes en jefe no pueden deliberar ni involucrarse en decisiones políticas. Pero incluso dentro de esos límites, siempre hay gestos que pueden marcar una diferencia: una carta reservada, una señal de humanidad, una advertencia privada para dejar claro cuál es el límite de esa obediencia, o por último, una visita a sus camaradas que sirva como gesto de memoria, gratitud y lealtad institucional. Quizás, y eso espero, todo lo señalado y mucho más, ya lo han hecho.

No se trata de romper la disciplina, sino de honrar principios. El Manual de Ética del Ejército es claro: las Virtudes Cardinales —Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza— son exigibles a todo militar, sin distinción de grado, género, cargo o condición. Y cuando se es testigo de una injusticia evidente, guardar silencio no siempre es prudencia; a veces, puede ser una renuncia al deber moral. Por eso, aunque todos debemos comprender las restricciones del cargo, también creo que todos deben saber de que hay un límite.

Así como está hoy Chile, con instituciones arrasadas por la corrupción, la cobardía política y la prevaricación judicial, cuesta no pensar que los verdaderamente buenos están tras las rejas —en Punta Peuco, Colina 1 o donde sea—, mientras los que desde afuera buscan venganza, no justicia, son quienes se presentan como salvadores del país. Lo que ayer era honor, hoy se castiga; lo que ayer era traición, hoy se premia. Y aún se atreven a hablarnos de democracia y derechos humanos.

Con el respeto que corresponde, pero con la firmeza de quien ha vivido las consecuencias de la indecisión, afirmo que cuando los políticos fallan, es el pueblo —y sus instituciones más nobles— el que paga el precio. Si quienes hoy aspiran a gobernar no logran un mínimo de unidad, visión y coraje, no será necesario que nadie imponga una nueva hegemonía. Bastará con que nadie la enfrente con claridad moral y sentido de deber.

No escribo esto para quienes lucran con el pasado, ni para los que hacen política con los muertos. Lo escribo para quienes sí han perdido algo o a alguien, en uno u otro lado, y saben que nada de lo que vivimos en los años setenta,  debió haber ocurrido. Y sin embargo, hoy, volvemos a situarnos al borde del mismo abismo. Y entonces, uno vuelve a preguntarse:

¿Tanto muerto… para qué? ¿Tanto juramento, tanta vida ofrecida, tanta historia ignorada… para terminar nuevamente atrapados en manos de quienes siembran división y después huyen del campo de batalla? ¿Tantos culpables verdaderos impunes, y tantos inocentes perseguidos durante décadas por razones que nada tienen que ver con la justicia, sino con conveniencias políticas y relatos tergiversados?

En estos días en que recordamos el Combate de La Concepción, no puedo dejar de pensar en lo que verdaderamente significa dar la vida por la patria. Setenta y siete jóvenes soldados chilenos enfrentaron en la sierra peruana a más de dos mil enemigos. Lucharon hasta el final, sin rendirse, sin traicionarse entre ellos, sin abandonar su deber. Tras aquel combate desigual y sangriento, los corazones de sus cuatro oficiales fueron rescatados por sus propios camaradas y traídos de vuelta a Chile. Hoy reposan en la Catedral de Santiago junto a una placa que dice:

“Aquí, en el primer templo de Chile y a la vista del Dios de los Ejércitos, para perpetuo ejemplo de patriotismo se guardan los corazones de Ignacio Carrera Pinto, Julio Montt Salamanca, Arturo Pérez Canto y Luis Cruz Martínez.”

Este mes de julio, miles de jóvenes soldados levantarán su brazo derecho y proclamarán el juramento más solemne que puede hacerse:

“Juro, por Dios y por esta bandera, servir fielmente a mi patria, ya sea en mar, en tierra, o en cualquier lugar, hasta rendir la vida si fuese necesario. Cumplir con mis deberes y obligaciones militares, conforme a las leyes y reglamentos vigentes, obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores y poner todo empeño en ser, un soldado valiente, honrado y amante de mi Patria.”

Pero… ¿qué valor tiene ese juramento si quienes lo pronuncian saben que, llegado el momento, podrían quedar solos, sin respaldo, sin protección y sin justicia? ¿Cómo sostener esa promesa cuando obedecer puede costar no solo la vida, sino también el honor y la libertad, sin que nadie asuma responsabilidad por ello?

Esta vez, en nuestra patria, para comenzar a recuperar las virtudes y valores básicos de la sociedad, debe ganar la democracia, pero una democracia que debemos proteger y cuidar para que no sea secuestrada por esa vieja y corrupta Casta Política. Es impensable —y sería inaceptable— que nuevamente las Fuerzas Armadas y de Orden tengan que cargar con el costo de una política errática y mezquina. El daño que han recibido no se borra. Y quizás por eso, hoy más que nunca, sus miembros no están dispuestos a ser utilizados, manipulados ni desechados una vez más. Ya aprendieron. Y nosotros también deberíamos hacerlo.

Chile está cansado. Pero aún tiene esperanza. Y esa esperanza ya no puede depositarse en una clase dirigente que ha demostrado no estar a la altura de la historia. Porque las naciones no caen cuando las ideas adversas triunfan, sino cuando quienes pueden resistir se dividen, se silencian o se rinden.

Así divididos, no hay estrategia que valga. No hay candidato que baste. Sin unidad, solo se puede esperar una nueva derrota.

Vamos conociendo otras verdades:

*A otro Perro con ese Hueso*

Por Cristián Labbé Galilea

En estos días, las encuestas advierten que en las elecciones presidenciales de noviembre habrá “segunda vuelta”, y que ésta sería entre la representante del oficialismo y un candidato de la oposición, quien además aparece con más opciones de alcanzar la presidencia. Optimismo que en términos generales comparte esta pluma, lo que en ningún caso debiera confundirse con confianza.

Lo que está en juego no es menor, se trata -ni más ni menos- del futuro de nuestro país. Cómo no, si ya conocemos la amenaza: una comunista de peso pesado, una octubrista “de padre y señor mío”, quien hará uso de todos los artilugios necesarios para aparecer como “una blanca paloma” que sólo quiere “volar de Conchalí a la Moneda”.

Por lo mismo, no hay que caer en la trampa de pensar que las cartas están jugadas, no se nos vaya a quemar el pan en la puerta del horno. Si los escenarios son auspiciosos, con mayor razón debemos estar en alerta, y conscientes que enfrentamos a un adversario decidido a no darnos tregua, que buscará por todos los medios encubrir su real identidad y sus verdaderos propósitos.

En estos momentos lo importante es estar convencidos que existe una opción viable de ser gobierno, pero al mismo tiempo tenemos la tremenda tarea de “meter en cintura” a los dudosos y a los ingenuos, especialmente a “los hijos del bienestar”, esos que no vivieron los aciagos días de la Unidad Popular, advirtiéndoles que estamos frente a un riesgo no menor, representado por una impostora, una figura ficticia, alguien que, bajo el manto de una dulce y carismática candidata, encubre un comunismo aprendido como religión a los 14 años y un pasado que la delata como activista, violentista y terrorista.

En estos días, nuestra obligación es llamar la atención de quienes ingenuamente creen que el comunismo no tiene cabida en nuestra realidad… que sólo estamos en presencia de un socialismo democrático y moderado… que la candidata es dulce y templada porque no usa la polera del “perro matapacos” ni aparece con el puño en alto como antes y durante el octubrismo.

La tarea es advertir: no dejarse embaucar por una candidata que se presenta como el escorpión, con palabras convincentes, planteamientos emocionales y una aparente preocupación por el bien común, prometiéndole a la comunidad (léase la rana) cruzar juntos el río, asegurándole progreso y bienestar, en circunstancias que su verdadera naturaleza es el poder total. Cómo no recordar que la historia está llena de ranas que confiaron en escorpiones con discursos seductores… y de naciones que pagaron un alto precio por la ingenuidad de creer que el comunismo no era un peligro.

Por último, no piense mi crítico lector que, por lo dicho, esta pluma sugiere perder el optimismo que se percibe en las encuestas; muy por el contrario, lo importante es tener claro que el optimista es quien advierte el peligro y lo rechaza diciendo… “A otro perro con ese hueso”.

“De Yungay a Versalles”

Cristián Valenzuela
Abogado

Gabriel Boric, el Presidente que nos prometió vivir como la gente común, se va a San Miguel. Pero no a un departamento modesto cerca del metro, ni a una casa pareada con reja blanca y jardín de suculentas.

Se muda a una millonaria mansión de 1939, de casi 800 metros cuadrados de terreno, ubicada en un barrio tranquilo, con historia, con un torreón ornamental y que, desde 2026, tendrá un perimetro de seguridad presidencial. Traducido al español: un castillo progresista, con escoltas, cerco fiscal y todas las comodidades que un chileno promedio ni siquiera puede imaginar pagar.

El joven Boric, que en 2022 jugaba a ser de barrio, que se paseaba por Yungay tomando café en tazas de loza vintage y compraba marraquetas con escolta en la Plaza Brasil, hoy revela su verdadera casta: la nueva aristocracia del Estado. Porque esa es la paradoja perfecta del progresismo posmoderno: mientras predican humildad y “austeridad”, viven como si fueran condes en retiro.

Venden su biografia como si fuera un acto de virtud, pero la historia real siempre termina en un palacio.

Lo de Yungay fue puro Instagram, un decorado para las fotos. Lo de San Miguel, en cambio, es el desenlace inevitable: una burbuja de élite camuflada en una comuna popular.

Y no solo se trata de la casa. Se trata del personaje. Boric podrá posar con la polera desteñida y la barba desordenada, pero *el relato de la sencillez no se lo compra nadie.*

Tiene 39 años, jamás trabajó fuera de la política, y se prepara para vivir como ex Presidente vitalicio por al menos las próximas cinco décadas.

Un “jubilado dorado”, financiado por el mismo Estado que les dice a los jóvenes que se aprieten el cinturón y que
esperen, que la vivienda llegará, algún día.

¿Y qué dirán ahora sus defensores?
Que “al menos no se fue a Las Condes”, que San Miguel es más “popular”, que tiene sentido político. Que la coherencia se mantiene. Que la izquierda sigue siendo izquierda aunque compre castillos.

Pero la verdad es otra: da igual la comuna, si la casa tiene blindaje, guardia y financiamiento garantizado por el Estado.

Mientras tanto, millones de chilenos siguen atrapados entre el arriendo, la frustración y las tasas de interés.
Los subsidios no alcanzan, los trámites se eternizan, y los jóvenes esos que creyeron que Boric era “uno de ellos” , se estrellan contra un muro de frustración inmobiliaria.

Y para coronar el absurdo, los vecinos de Yungay están felices de que se vaya. No por odio, sino por cansancio: “la delincuencia se ha mantenido y nadie ha hecho nada”, dicen.
Ni su presencia sirvió para algo.

El cambio de casa de Boric no es solo una mudanza. Es una señal de época. La imagen perfecta de una izquierda que llegó prometiendo derribar los privilegios y terminó habitándolos con total naturalidad.

Puede estar en San Miguel, en Yungay o en Santiago Centro, pero cuando el relato se cae, lo que queda es lo de siempre: una clase política cómoda, asegurada de por vida, que hace tiempo dejó de parecerse al país que dice representar.

No nos vendan la pomada.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/de-yungay-a-versalles/

Una verdad irrefutable:

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QUERELLA POR PREVARICACIÓN CONTRA MINISTRO DE CORTE DE TEMUCO ALVARO MESA SE DECLARA INADMISIBLE

No se percibe que argumentos que fundan el libelo hayan vulnerado deberes esenciales del juez. Más bien se advierte que la querellante disiente de los argumentos por él vertidos para condenar a sus representados, lo que traslada la controversia a una cuestión de discrepancia interpretativa en la forma de reconstruir los hechos y subsumir los mismos a la ley aplicable, cuestiones ajenas a la figura penal materia de la querella.
3 de julio de 2025

Imagen: Pjud

El Magistrado Federico Gutiérrez del Juzgado de Garantía de Temuco, declaró inadmisible la querella interpuesta por la abogada Carla Fernández, en representación de Raimundo Ignacio García Covarrubias, Pablo Domingo Gran López y Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo, en contra del Ministro en Vista Extraordinario Alvaro Mesa Latorre integrante de la Corte de Apelaciones de Temuco que sustancia causas de derechos humanos y en contra de todas aquellas personas que resulten responsables por el cuasidelito de prevaricación, contemplado en el numeral primero del artículo 224 del Código Penal.
Cabe señalar que por resolución de fecha 30 de junio pasado el Magistrado había declarado admisible la querella interpuesta, no obstante, revirtió su decisión y resolvió su inadmisibilidad por resolución de fecha 1 de julio.
Cita al tratadista Sebastián Soler que define prevaricación como el “atentado contra la administración de justicia cometido por los jueces o los abogados con violación de sus deberes esenciales”. (Derecho Penal Argentino. Tomo V. Sebastián Soler).
Enseguida señala que de la lectura de los argumentos que fundan el libelo no se percibe que se hayan vulnerado estos deberes esenciales, sin no más bien se advierte que la querellante disiente de los argumentos vertidos por el Juez para condenar a sus representados, lo que traslada la controversia a una cuestión de discrepancia interpretativa en la forma de reconstruir los hechos y subsumir los mismos a la ley aplicable, cuestiones ajenas a la figura penal materia de la querella.
En ese sentido concluye que tal problemática excede a la persecución penal del Juez, en la forma que pretende la recurrente, desde que existe una gama de recursos procesales que puede ejercer la parte que se estima afectada por su decisión.
Agrega que, la mayor o menor motivación que la querellante pueda percibir en la sentencia en que basa la querella, no es un antecedente bastante para la configuración del delito de prevaricación, ya que existen los recursos procesales para remediar esa situación que observa la compareciente.
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La querella interpuesta se funda en la condena a los querellantes como cómplices de homicidios calificados y apremios ilegítimos ocurridos en 1973, ocurridos en noviembre de ese año cuando aquellos eran jóvenes oficiales del Ejército, ocasión en que se realizaron detenciones, interrogatorios y apremios ilegítimos en el Regimiento Tucapel de Temuco, luego de lo cual siete personas fueron ejecutadas el 10 de noviembre de 1973 en el polígono de tiro de Isla Cautín.
Reprochan que la sentencia dictada por el Magistrado no cumpliría el estándar mínimo para acreditar su participación, que usa razonamientos equivocados y falacias lógicas, aplicando criterios ajenos al orden jurídico interno con vulneración de principios básicos del Derecho Penal, lo que revela parcialidad al analizar la prueba y genera indefensión al exigir prueba de hechos negativos.
En síntesis, los querellantes alegan que la conducta del juez constituye prevaricación imprudente, tipificada en la norma citada del Código Penal, por dictar una sentencia manifiestamente injusta en causa criminal debido a negligencia o ignorancia inexcusable.

Vea texto de querella, resolución de admisibilidad y la que resolvió declararla inadmisible. Juzgado de Garantía de Temuco causa RUC 2510031658-K, RIT 5732 – 2025.

¿QUÉ LE PASA A LA DERECHA CON PUNTA PEUCO Y LOS PRESOS MILITARES?

Es hora de saber cuántos pares son tres moscas en lo que se refiere a la derecha y su posición respecto de los presos militares de Punta Peuco, Colina 1 y otros penales que los albergan.

por Richard Kouyoumdjian9 julio, 2025

Impresiona ver como el tema de Punta Peuco y los presos militares del 73 incomoda a los candidatos presidenciales de derecha, exceptuando obviamente al líder libertario, que incluso los visita regularmente, y no rehúye hablar de lo ocurrido hace más de 50 años a pesar de los ataques de todas las fuerzas de izquierda.
Por alguna equivocada razón, existe la idea de que apoyar iniciativas humanitarias para los viejos soldados -muchos de ellos además condenados injustamente- es algo que no importa y no preocupa a los chilenos, especialmente los del centro político, y que, por ende, ellos, los candidatos, no deben meterse en la búsqueda de soluciones humanitarias para un problema que es más que evidente, y que por lo demás, importa mucho a la gran familia militar, y, por cierto, también a la policial, los que están atentos a ver quién se cuadra con ellos, y si son dignos de su lealtad, y respeto.
Se entiende que algunos candidatos de derecha busquen el centro político en la carrera por la presidencia, pero otra cosa es deshumanizarse y operar bajo la lógica de que el fin justifica los medios, muy propio de opciones políticas del extremo izquierdo del espectro, el que todavía no perdona el 73 y que está dispuesto a sacrificar a 400 por cuatro años en La Moneda, cosa que al parecer también algunos de los propios estarían eventualmente dispuestos a hacer.
Los 400 que están presos y los muchos más que a su avanzada edad están procesados por el Juez Mesa y otros, son los chivos expiatorios de la derecha chilena. Está claro que se cometieron violaciones a los derechos humanos, pero también está claro que no es el caso de todos los que están presos o procesados, los que por lo demás fueron sentenciados y encarcelados por el sistema judicial antiguo y bajo figuras legales en extremo creativas, y sin tener los derechos a la debida defensa que tiene el resto de Chile cuando se les acusa de algo, algo que uno esperaría fuera comprendido por los que buscan desde la derecha la primera magistratura.
Cuesta entender que a estos chivos expiatorios no se les quiera aplicar los mínimos de humanidad que su edad, condiciones físicas y mentales exigen. Cuesta entender que los candidatos de Republicanos y de Chile Vamos no se la jueguen decididamente por quienes están hacinados y maltratados en Colina 1, Punta Peuco y otros penales. Estamos hablando de hacer algo que es quizás políticamente incorrecto, pero correcto desde la perspectiva de la justica, la ética y la moral, -aspectos que por cierto son una exigencia para liderar no solo la derecha, pero a Chile, sus fuerzas armadas y policías- temas de fondo que vayan más allá de los 200 caracteres de X, o de una bajada noticiosa para la portada de un periódico. Estamos hablando de hacer lo correcto.
Al más puro estilo de Vargas Llosa, corresponde preguntarse cuándo se jodió Chile, se jodió desde el minuto en que 400 viejos presos militares y policiales no le importan al mundo político de la derecha, no le importan a la mayor parte de los diputados y senadores del sector, y menos al sistema judicial, y a sus custodios, Gendarmería de Chile. No menciono o exijo conductas distintas a la izquierda ni el gobierno del Presidente Boric, ya que bien es sabida su animosidad y opinión, la que, junto a la búsqueda de la venganza de los militares por parte de buena parte de los suyos por haberlos desbancado en el 73. Ellos son los mismos que ahora apoyan a la candidata del PC a la presidencia, y es por esa razón y lo anterior, que no espero por parte de ellos humanidad y clemencia, y más bien, solo acciones que les hagan más difícil la vida en los penales, o que los dejen adentro hasta que se mueran, o más indigno aún, que los busquen mezclar con delincuentes comunes.
En fin, hora de saber cuántos pares son tres moscas en lo que se refiere a la derecha y su posición respecto de los presos militares de Punta Peuco, Colina 1 y otros penales que los albergan. Hora de saber si es que Chile está realmente jodido, o si quedan esperanzas, humanidad y caridad, y no la desidia y olvido que se aprecia.
ETIQUETADO:presos militaresPunta Peuco

RICHARD KOUYOUMDJIAN
Experto en Defensa y Seguridad Nacional; concejal por Las Condes

PUNTA PEUCO INFORMA

A LOS VIVOS, LOS QUIEREN VER MORIR TRAS LAS REJAS
LOS MILITARES QUE AÚN SOBREVIVEN TIENEN ENTRE 75 Y 90 AÑOS. POR SU AVANZADA EDAD, LA MAYORÍA ENFRENTA ENFERMEDADES CRÓNICAS, DISCAPACIDADES SEVERAS O CONDICIONES TERMINALES. NO HAY ESPACIO PARA EL ERROR: LA INTENCIÓN ES EMPUJARLOS A MORIR EN PRISIÓN, ANULANDO LAS REDUCCIONES DE PENA QUE LES FUERON CONCEDIDAS CONFORME A DERECHO.
NO HAY COMPASIÓN, NO HAY REVISIÓN IMPARCIAL, NO HAY JUICIO NUEVO. SOLO HAY UNA DECISIÓN POLÍTICA DE EXTINGUIRLOS LENTAMENTE TRAS LOS BARROTES, BORRANDO INCLUSO LA POSIBILIDAD DE UN FINAL DIGNO.
ESTO NO ES DERECHO. ESTO ES, SIN MATICES, PENA DE MUERTE ENCUBIERTA, EJECUTADA EN SILENCIO, CON LA COMPLICIDAD DE TRIBUNALES NACIONALES SUBORDINADOS Y DE UNA AUTORIDAD EXTRANJERA QUE IMPONE SU VOLUNTAD SOBRE LA SOBERANÍA DE CHILE.

• Publicado por El Periodista
• Nacional
• Senador Chahuán asegura que Chile viola normas internacionales de personas mayores en reclusión

Nacional

Sin embargo, el presidente de Comisión de DD.HH. destacó que el personal de Gendarmería realiza su mayor esfuerzo con las pocas herramientas con las que cuenta.

En 8 Jul, 2025  0

Una delegación encabezada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Francisco Chahuán, recorrió las instalaciones de la ex Penitenciaría de Santiago junto a los subsecretarios de Justicia y Derechos Humanos y representantes del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, donde constataron un aumento crítico del hacinamiento y la precariedad, especialmente en personas mayores o con enfermedades graves.

“Chile debe cambiar su política penitenciaria”

“Hemos estado revisando las condiciones, particularmente de las personas mayores o enfermas, y son dramáticas. Ocho camas en pequeñas celdas, reos con cáncer hacinados. La sanción penal es la privación de libertad, no los vejámenes”, denunció el senador Chahuán.

El parlamentario valoró el trabajo de Gendarmería, pero fue enfático en que Chile está incumpliendo normas internacionales, particularmente la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Falencias similares en otros recintos

Chahuán recordó que ya se habían detectado deficiencias similares en Colina I, durante una visita a mediados de junio. “Hay una situación estructural que se ha ido heredando de gobierno en gobierno”, advirtió.

Luis Vial, del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, añadió que: “Es fundamental realizar este tipo de visitas para conocer la realidad de las cárceles chilenas, donde la sobrepoblación dificulta el trabajo del personal penitenciario y el cumplimiento de los estándares internacionales”.

Testimonios desde el penal

Desde el interior del recinto, el coronel Álex Hermosilla, alcaide de la ex Penitenciaría, destacó que el penal alberga a más de 6.600 internos, incluidos imputados, condenados y personas de la tercera edad. “Contamos con un hospital penitenciario, pero esta visita es importante porque permite mostrar la realidad que enfrentamos todos los días”, expresó Hermosilla.

Visión desde el Gobierno

La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, señaló que los problemas carcelarios son estructurales. “Se trata de un tema difícil de abordar porque requiere recursos e inversión. Estas visitas permiten ver la situación desde una óptica de derechos humanos”.

Por su parte, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, agradeció la visita del senador y valoró el rol de Gendarmería. “Hacen mucho con muy poco. Desde el Ministerio apoyamos el aumento presupuestario para que puedan desarrollar su labor en condiciones tan complejas”.

Proyecto para cumplir condenas alternativas en adultos mayores

Estas visitas se enmarcan en la tramitación del proyecto de ley de autoría del senador Chahuán, que busca establecer alternativas al cumplimiento de condenas para personas mayores o con enfermedades graves. La iniciativa apunta a garantizar un trato digno, ajustado a los estándares de derechos humanos, para una población vulnerable dentro del sistema penitenciario.

Escribe: Adolfo Paúl Latorre, Abogado.

En la mayoria de los procesos sobre derechos humanos se condena a los militares sin acreditar su participación en el delito que les es imputado, como ocurrió en la sentencia dictada en el “caso Polvorin”, por la que fueron condenados varios militares; sentencia que fue ratificada recientemente por la Corte de Apelaciones de Temuco

En dicha sentencia el juez de primera instancia estableció: “no importa la función que cumpliera, en este caso en el Regimiento Tucapel, el acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen donde se detenía, apremiaba y ejecutaba a las personas, luego entonces corresponde imputarle penalmente su responsabilidad. Es decir, no importa si los imputados participaron o no en el delito: para condenarlos bastaba el hecho que eran militares.

Por otra parte, a los imputados no les fue aplicada la prescripción de la acción penal porque los supuestos delitos cometidos, según los jueces, son “de lesa humanidad”; en circunstancias que ninguno de los imputados fue condenado por alguno de los delitos tipificados en los articulos 1º al 9º de la ley 20.357 que tipificó tal clase de delitos: todos lo fueron por delitos comunes del Código Penal, que prescriben según las normas de ese mismo Código.

El miedo al comunismo no es un fantasma

Por Sergio Muñoz Riveros

“Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo”, es la conocida frase de inicio del Manifiesto Comunista, de Marx y Engels, publicado en 1848. Aquel fantasma, finalmente, se corporizó en 1917 en Rusia en un tipo de régimen que, probablemente, habría horrorizado a Marx y Engels. El siglo XX aportó pruebas abrumadoras sobre tal experiencia: los crímenes del totalitarismo comunista solo pueden compararse con los crímenes del totalitarismo nazi.

Como consecuencia del triunfo de la candidata del PC en la primaria oficialista, muchas personas sienten miedo ante la posibilidad de que surja un gobierno que, por primera vez en la historia de Chile, tenga al PC como fuerza principal. ¿Hay motivos para ese temor? El profesor Carlos Peña considera que no los hay, que se trata de un miedo sin fundamento, de irracionalidad alentada por periodistas profesionales y por excomunistas.

En una columna titulada “El fantasma del miedo” (EM, 4 de julio) afirmó: “Lo que se olvida es que la candidatura de Jeannette Jara –al margen de sus ideas erróneas o no– no es proyecto de un partido, sino de una coalición. Y de obtener ella el triunfo –hipótesis difícil, pero que podría verificarse– el suyo sería un gobierno de varios partidos, con orientaciones programáticas que habrá que convenir”.

Es cierto. En ese caso hipotético, Jeannette Jara —“al margen de sus ideas erróneas o no”– no encabezaría un gobierno del PC, sino de la misma coalición que ha gobernado con Boric. La diferencia sería que esta vez el jefe del Estado sería comunista. Hay gente que siente temor ante tal perspectiva. Peña lo considera irracional.

Como es sabido, la irracionalidad está por todas partes, y la política la muestra cada día en abundancia. Expresiones de ella son el fanatismo, la inconsciencia y la estrechez de miras. En 2019, algunos universitarios rayaban los muros exaltando la rabia para justificar todas las demasías que entonces vimos. En aquellos días, el PC se entusiasmó con la posibilidad de derrocar al presidente Piñera.

A Peña le preocupa que se desate ahora una ola de anticomunismo, lo que obliga a precisar a qué se alude exactamente con ello. Si se tratara de alentar la persecución a los comunistas, como en los años de Pinochet, se justificaría tal preocupación. Pero, eso no se divisa en la realidad. Más aún: el PC ha integrado dos de los últimos tres gobiernos. La amenaza de persecución a cualquier sector en razón de sus ideas debe ser condenada y combatida.

Pero, el anticomunismo puede entenderse también como el rechazo al proyecto comunista, a las ideas que lo sostienen y a las experiencias históricas de allí surgidas. Raymond Aron, que luchó con todas sus capacidades contra ese ideario y denunció infatigablemente a las dictaduras comunistas de Europa, no se dejaba intimidar por el apelativo de anticomunista. En los tiempos actuales, alguien podría preguntar, por ejemplo: ¿cómo no ser anticomunista en Cuba?

En estos días, le sobran motivos al PC de Chile para vivir un momento de gran exaltación. Y también de ilusión. Sus dirigentes pueden decirles a los militantes que el triunfo conseguido se debe a “la insobornable línea de principios” impulsada por el comité central. Al sintetizar el estado de efervescencia, Lautaro Carmona dijo el 1 de julio en la radio del PC: “Hay que cumplir y jamás hacer una concesión en lo que es nuestra identidad. Nuestra identidad es por opción, es un partido de clase”.

¿A qué clase social representa hoy el PC? En ningún caso, al antiguo proletariado, que ha desaparecido, y en el que tuvo significativa influencia en el siglo pasado. Los tiempos han cambiado en un sentido distinto al que pronosticaba la ideología. Si se trata de ser fieles a la realidad, los dirigentes del PC tendrían que decir hoy “somos un partido de funcionarios del Estado”, ya que muchos cuadros y militantes lo son. No es razón de menoscabo. Solo constatación de los hechos.

¿Qué es ideológicamente el PC? Aunque sigue declarándose marxista-leninista, definición que en buena parte del mundo es vista como una antigualla, su sello principal está dado por el proceso de cubanización que vivió en los años de Pinochet. Tal proceso está relatado en libros como Arriba los pobres del mundo, del historiador Rolando Álvarez. La formación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez bajo el padrinazgo de Fidel Castro y las fuerzas armadas cubanas, dejó una huella profunda en la cultura partidaria, que asomó la cabeza en 2019.

Factor determinante ha sido su estrecha alianza con el chavismo, puesta en evidencia con la reacción de los dirigentes del PC ante cualquier crítica al régimen de Maduro, lo que llegó al extremo cuando se expresaron las primeras sospechas respecto del secuestro y asesinato del joven militar venezolano Ronald Ojeda, en nuestra capital. Hoy, casi nadie duda de que el grupo de asesinos cumplió órdenes de Caracas.

El PC discrepó abiertamente de varias propuestas legislativas del gobierno de Boric en el plano de la seguridad pública, pero además cuestionó la forma de asegurarla. El 6 de julio del año pasado, rechazó el operativo policial efectuado en Villa Francia, y que permitió incautar material explosivo y numerosas armas de diverso calibre. Esa vez, los dirigentes comunistas objetaron la legalidad del procedimiento promovido por la fiscalía y autorizado por un tribunal de garantía, hablaron de montaje, en alusión a los métodos de la dictadura y sembraron dudas sobre la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Hay quienes parecen ver a la candidata comunista como encarnación de una especie de comunismo blanco, amable y buena onda. No es para tanto. Y no faltarán quienes digan que, si Boric fue capaz de convertirse en socialdemócrata entre la primera y la segunda vuelta de 2021, Jara podría repetir la gracia. En fin.

Gabriel Boric llega al final de su mandato depositando la pequeña esperanza de continuidad de su gobierno en las manos del Partido Comunista. ¡Quién lo hubiera dicho! A lo mejor, algunos dirigentes del Frente Amplio se hacen preguntas de este tipo: ¿Y para esto fue todo el empeño que pusimos en crear una nueva izquierda? ¿Éramos, finalmente, los pavimentadores del acceso al poder del PC? Por supuesto que a los dirigentes del PS y el PPD esas preguntas no les quitan el sueño, ya que tienen preocupaciones prácticas: arrimarse a la candidata del PC y conseguir todos los votos posibles para reelegir a sus parlamentarios.

¿Habrá miedos cruzados en los próximos meses? Es posible. Confiemos en que el país no pierda el equilibrio y que no se genere un clima de odio y de violencia. Hay que salvar el debate de ideas y las reglas democráticas que nos protegen a todos. Como en septiembre de 2022, se va configurando un escenario de definición obligada.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Ex-Ante el sábado 5 de julio de 2025.

Defendiéndose de los golpistas totalitarios:

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ALERTA COMUNISTA

Por RODRIGO OJEDA

Fito Páez durante el año 1985, preguntó: ¿Quién dijo que todo está perdido? 40 años después, el cantautor trasandino, reconoce “el fracaso de las políticas de izquierda, del marxismo europeo y americano”, además de su desencanto. Desde la otra vereda, apareció un “vengo a ofrecer mi corazón” de chilena y de mujer. La militante comunista ha ganado las primarias oficialistas y las alertas se activaron. Tras el triunfo la vigilancia ciudadana es primordial. La democracia está en alerta porque es incompatible con el comunismo. La ex ministra Jara representa lo que acertadamente, Tohá señaló: “donde han gobernado los países se han estancado socialmente y ha cundido la pobreza”. Jeannette Jara representa una mirada de mundo que nos censura, empobrece y promueve el antagonismo de la ley histórica.
Para los comunistas, el marxismo “es un método para interpretar la realidad”. Desde ese método elaboran el diagnóstico y la lucha de clases remozada cobra vigencia. Es un paradigma que, durante el siglo XX, ofreció el paraíso terrenal tras la construcción del muro, campos de concentración, políticas de exterminio, purgas y persecuciones de disidencias y minorías. La denuncia de los horrores del marxismo, es un deber y un derecho humano. No pocos conversos han declarado su fanatismo de antaño, reconociendo los abusos del materialismo deshumanizante. El marxismo actual sigue aplicando recetas equivocadas, el uso de la propaganda y el victimismo político: llamado anticomunismo. El Partido Comunista (PC) local es marxista y leninista, sustentos que no son baladíes electoral y socialmente.
Jara es una comunista que no quiere ser reconocida como comunista, intentando borrar su historial y material genético de la escena del crimen histórico. La candidata no es una dueña de casa cualquiera ni una pobladora. Posee dos carreras profesionales, trabajos estatales, pasado sindical y una larga militancia. Baila cumbia, utiliza las redes sociales y apuesta por la comunicación digital porque es la estrategia electoral que la acerca a los jóvenes e indecisos obligados a votar. Además, posee un entorno asesor en las sombras que representa las movilizaciones sociales, el estallido octubrista y la rechazada primera convención. Es admiradora de Gladys Marín y de Michelle Bachelet. El programa de Jara y del PC, es la típica receta estatista fracasada durante el siglo XX, una utopía que promete derechos sociales, justicia e igualdad, sin comprender que los recursos estatales son finitos.
El diseño comunicacional del PC va más allá del paradigma marxista, es un plan que la presenta como una mujer luchadora, carismática, dialogante y de origen popular. El PC vencedor en las primarias tomó el control de la izquierda chilena. Se reconocen como progresistas y representantes de las fuerzas democráticas, pero son los mismos que no validaron la transición chilena; la consideraron una traición y concesión con “el dictador”. Cuestionaron desde el relato: los datos y los avances logrados por la concertación y el legado de los 30 años. A ese coro se sumó el derrotado Frente Amplio (FA) y los agitadores antidemocráticos del estallido. El frenteamplismo ya se ubicó en las faldas de la candidata oficialista.
Jara se mimetiza como un camaleón democrático e intenta parecerse a Bachelet, diciéndole “gracias por trazar el camino”. Boric pavimentó el camino al comunismo por acción y omisión. No nos podemos ir tranquilos a casa tras “la victoria alcanzada” porque un comunista no deja de ser comunista. La oposición a la candidata tiene que superar lo visceral e intestino. Y tiene que entender que el rival está en alza y que las elecciones no están aseguradas. “No será tan simple como pensaba”. Chile será la tumba del comunismo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Pingüino el domingo 6 de julio de 2025.

Datos históricos que se olvidan:

EL PÁRAMO DE JEANETTE

Por NICOLÁS FERNÁNDEZ-ARÁNGUIZ

Hace ya una semana desde que la candidata del Partido Comunista, Jeanette Jara, ganara las elecciones primarias en Chile. Con un programa de no más de diez páginas obtuvo un resultado contundente frente a la favorita de la coalición de las izquierdas, Carolina Tohá. Ahí que el resultado del domingo haya sido un verdadero mazazo de proporciones a los que aspiran a la socialdemocracia.
Entonces surgen algunas preguntas: ¿Acaso el Partido Comunista va a abandonar el marxismo leninismo? ¿Acaso va a mantener las consignas bajo las cuales la democracia solo debe ser una apertura ante el Estado socialista, el colectivismo, y finalmente, el Estado comunista?
Los ejemplos en la historia son lo suficientemente dilatados para señalar que el Partido Comunista nunca ha abandonado y jamás va a abandonar este ideario. Como bien lo refleja un baluarte del humor nacional al caracterizar al Partido Comunista: “se autofagocitan”. Tienen esa capacidad única en replicarse. Son una epidemia muy difícil de erradicar. Cambian de forma o cambian de disfraz. Tanto así que sus más ilustres dirigentes han cambiado la ropa del pueblo, por la ropa del capital. No tienen miedo, al igual que el comandante Maduro, en comer y gozar de los lujos cuando actúan a nombre del pueblo o del Estado. Por esto es que hay que siempre recordar que bajo una ideología totalitaria el estado nunca va a tener rostro. Es una falacia tan inmensa como afirmar también que existe una mano invisible para la economía.
De manera que la pregunta fundamental es por qué hoy se sigue votando por el Partido Comunista. Porque nadie puede creer que la candidata Jara vaya a dejar la militancia como si eso fuera un gesto de grandeza política. De más está recordar que si el mismo Stalin hubiese estado con vida, esta vergonzosa claudicación hubiera encontrado en Beria el más sabroso final.
Actualmente los famosos expertos nos dicen que Jara es parte del sector de renovación del partido. Sin embargo, cualquiera que conozca la dinámica de un proceso revolucionario, los renovados siempre son subsumidos por la vanguardia por ser enemigos de las reales transformaciones o por ser demasiado revisionistas en la renovación. Esta fantasía planteada por los expertos es más bien la postura del cínico o bien la de un mentiroso.
Por otra parte, otra de las razones por las cuales fue posible el triunfo de Jara fue la misma bajo la cual la Democracia Cristiana (el partido más pusilánime y vergonzante en la historia de Chile) promoviera, ya en el 2009, los famosos pactos por omisión. Bajo esta misma estrategia absurda en derrotar a ¡la derecha! De manera absurda y mendaz, dio paso al espurio acuerdo que significó la entrada del Partido Comunista al sistema político en Chile. El resultado ante esta apuesta fue pretender que quienes tenían la hegemonía podrían controlar a la gorgona. ¿Cuál fue el resultado de ello? La agudización de la crisis desde el año 2011 en adelante. Y cuando les dieron espacio desde la nueva mayoría, movieron el umbral hacia la izquierda, a pesar de haber sido relativamente disciplinados en el segundo cuatrienio de doña miguelina. No obstante, al romperse esta farsa de la nueva mayoría, mostraron durante el segundo periodo de Piñera, la cara más descubierta, a pesar de que estaban todos absolutamente encapuchados, del fervor revolucionario e incendiario.
Volver a ver ese fervor despertó en muchos diversas pasiones: desde la lujuria por la destrucción, el saqueo, del pillaje, hasta la gula total por engullir todo lo que fuera patrimonio de la propia historia de Chile. De más está recordar que ni Santiago ni Valparaíso se reponen todavía de semejante destrucción. No cabe duda alguna que la elección del Frente Amplio movió las barreras, provocando la destrucción total del centro político, mismo centro que se encargó de su propia destrucción hace ya 16 años. Sin más los precursores de la debacle son los mismos que una y otra vez vendieron y siguen vendiendo sus principios por alguna cuota o porción de poder.
Ahora bien, hay otras preguntas que cabe hacer sobre la postura de la candidata Jara en materia internacional. Hoy es claro que la orientación geopolítica está cambiando. En definitiva, ¿cuál va a ser la postura de Jara frente al gigante asiático? ¿La solidaridad partidaria ideológica incluye un apoyo irrestricto al régimen chino? ¿Cómo la candidata va a manejar la crisis migratoria? ¿Los migrantes venezolanos inundan Hispanoamérica porque son unos malagradecidos? ¿No hay hambre en Venezuela porque hay gente que está entrada en carnes como dijo un candidato? ¿En su eventual mandato hubiera entregado a una empresa China la seguridad de los datos personales de casi veinte millones de chilenos?
En definitiva, seguimos siendo un país empatado (concepto acuñado por el historiador Alfredo Jocelyn-Holt). Frente a ello no hay manera que nuestro actual sistema político de salida a está entelequia. Desde hace años se ha combatido el financiamiento irregular en la política, o mejor dicho, de los partidos. Sin embargo, debemos denunciar que a los partidos políticos está llegando lo peor en formación intelectual, personal y ética. Los ejemplos de ello son más que abundantes por desgracia, y el sector que se dice garante de estas actitudes tampoco da ni siquiera el mínimo.
Hoy la gran reflexión que pueden estrujar aquellos que se afirman de derecha obedece a más o menos libertades, o meramente una reflexión escueta y pobre sobre el tamaño del Estado. Es decir, una discusión paupérrima sobre los designios de un país. Supieran ellos que el Estado debe ser el soporte, plataforma y pedestal, en tanto en cuanto, como sociedad jurídicamente organizada, el estado es el dique entre la violenta naturaleza natural y la social; es el resguardo ante las amenazas interiores y exteriores; pero también del hogar de todos quienes habitamos nuestra loca geografía. Para ello se requiere de una reflexión más profunda en seguridad y defensa, educación, administración del estado y fortalecimiento de la institucionalidad.
Espero que las nuevas generaciones lo tengan mucho más presente en consideración y conciencia ahora que saben que se hace muy difícil el desarrollo cuando no se tienen las condiciones mínimas. Por estas razones, Chile, necesita el máximo de nuestras fuerzas. No la de aquellos de los cuales Jara fue parte. De esos aquellos que desataron la espiral destructiva e insurreccional que nos dirigió a la cloaca ideológica nauseabunda de la que son parte: ni perdón ni olvido para ellos.

El pecado de Kaiser:

El espejo de Kaiser: ¿Quién formó y pidió a los militares?

En Chile se ha instalado una cómoda narrativa sobre las violaciones a los derechos humanos: los malos fueron los militares, y el resto, meros espectadores inocentes. Pero Johannes Kaiser ha hecho lo que pocos se atrevían: tomar ese relato y estrellarlo contra la pared de la historia. Lo que ocurrió en el quiebre del 73 no fue un capricho de los uniformados. Fue una respuesta —torpe quizás, sí, pero respuesta al fin— a una sociedad civil que los llamó, los entrenó, los celebró… y después los traicionó.

Las Fuerzas Armadas chilenas fueron preparadas por Occidente para combatir al enemigo interno. Fueron adiestradas en técnicas de contrainsurgencia por la Escuela de las Américas. No eran demócratas ilustrados: eran soldados formados para una guerra que la propia Guerra Fría impuso. Y cuando Chile se sintió al borde del abismo, fue a ellos a quienes se les pidió intervenir.

Incluso Salvador Allende los usó políticamente. Incluso él los envió a entrenarse para reprimir a la misma escuela. Pero tras el quiebre, cuando la represión se desbordó, la clase dirigente prefirió mirar hacia otro lado. A los que ellos mismos ayudaron a crear, lo declararon ajeno. Y así, Chile encontró a su chivo expiatorio perfecto, el cordero a sacrificar: los militares. Ellos cargaron con toda la culpa, mientras los verdaderos responsables —los civiles que los usaron como instrumento— se disfrazaban de víctimas.

Kaiser no justifica los crímenes. Pero sí señala la cobardía estructural de una sociedad que no es capaz de asumir su parte. Una élite hipócrita que hoy moraliza desde los foros internacionales, pero fue cómplice silenciosa de los hechos, los verdaderos cómplices pasivos. El problema no es solo lo que se hizo. Es quién dio la orden. Quién aplaudió. Quién calló.

Hoy, la pregunta que incomoda es si la sociedad chilena está lista para verse al espejo. No el espejo que muestra solo a los culpables que nos convienen, sino aquel que nos refleja enteros, con nuestras miserias y contradicciones. Kaiser ha sostenido ese espejo frente a todos. Y como suele pasar, quien sostiene el espejo termina siendo odiado más que lo que en él se ve.

¿Tendremos el valor de mirarnos o preferiremos seguir lanzándonos como hienas sobre quien nos recuerda que, en esta historia, la culpa no es de uno solo?

Pablo Cánovas

Una opinión anónima:

A veces pienso que si quienes abrazaron la lucha armada para imponer en Chile el Comunismo Castrista, supieran del uso y del abuso que ciertos familiares suyos han hecho de sus muertes, no reposarían tranquilos en sus tumbas. Ellos murieron persiguiendo un ideal, que muchos podemos no compartir, pero debemos reconocer que fueron consecuentes y lo hicieron conscientes de lo mucho que arriesgaban, sabían que morir en cualquier instante era una posibilidad cierta y la enfrentaron con mucha valentía. Por eso es que quienes lucran con sus muertes no le hacen ningún servicio a la causa de estos combatientes. Hablan de tortura, en el marco de una confrontación que respondió a una guerra irregular, que por definición no se ciñe a las normas de una guerra racional.
Es lamentable y a la vez absurdo que se midan los hechos del pasado con el criterio de un enfrentamiento normal. Los organismos subversivos actúan en la clandestinidad, se entremezclan entre la población, actúan por sorpresa y recurren a actos de extrema violencia para atemorizar a la población.
Los gobiernos democráticos anteriores al 73 crearon, conscientemente las condiciones adecuadas para dividir a los chilenos en dos bandos irreconciliables, por lo que de no media la intervención de las Fuerzas Armadas, la situación habría desembocado irremediablemente en una guerra civil de consecuencias inimaginable. Si no reconocemos esta situación nos resultará imposible entender lo ocurrido y menos aún, encontrar el camino que nos pueda conducir a una reconciliación nacional.
La intervención militar se produjo para bien de Chile, en el momento en que la crisis económica, social y política había alcanzado su máxima violencia. La realidad había sobrepasado la capacidad de control de las fuerzas de orden y seguridad, los fallos de nuestros Tribunales de Justicia era letra muerta. El Senado y nuestra Cámara de Diputados había declarado al gobierno de la Unidad Popular al margen de la Constitución y la Ley, de manera que el desangramiento que afectaba al país sólo podía detenerse a través de la intervención patriótica de las Fuerzas Armadas, Ellas no propiciaron ni buscaron el Poder, muy por el contrario, la historia nos demuestra que sus Comandantes en Jefe contribuyeron hasta el final a salvar la Democracia, asumiendo cargos ministeriales a costa de sacrificar sus propias funciones institucionales. Resulta por tanto sorprendente, escuchar la opinión de muchos políticos que olvidan con una sorprendente liviandad que la responsabilidad en los hechos que desembocaron en la intervención militar es el resultado de la irresponsabilidad de ellos, que fueron incapaces de entender en su momento, que la libertad es un bien que se conquista y mantiene con la contribución y aporte de todos los ciudadanos del país.
Nadie, objetivamente puede desconocer la gran obra de restauración social y económica cumplida por el Gobierno Militar, el cual logró devolverle a Chile la democracia que no se perdió el 11 de Septiembre del 73, sino antes, por la irresponsabilidad de aquellos políticos que nunca han tenido la hombría de reconocer sus culpas. Se auto asignan el mérito de haber forzado a las FF.AA. a la entrega del Poder, en circunstancias que todos somos testigos que ella se hizo el día y a la hora programada por la propia Junta de Gobierno, la que después de 17 años de progreso, que le permitieron a Chile ser nominada como la Joya de América, entregó el Gobierno al Poder Político con una aprobación cercana al 39%.
Han pasado los años y la campaña de desinformación ha sido gigantesca. Los hechos han sido cruelmente interpretados por una oposición que domina sin contrapeso los medios de comunicación social, no obstante lo cual permanece silenciosa pero viva la opinión de muchos chilenos que a la luz de la delincuencia galopante y de la corrupción y violencia que azota al país en todos estratos y los niveles de la administración pública, cifran sus esperanzas en la aparición de un nuevo personaje que sea capaz de unir a todos los chilenos sin distinción, en torno a los verdaderos valores Patrios, como son el amor a nuestra bandera, a la familia y a esta tierra maravillosa que nos vio nacer.

Presidente de Comisión de DDHH asegura que Chile viola normas internacionales de personas mayores en reclusión tras visitar la ex Penitenciaría

• Senador Francisco Chahuán destacó eso si, que el personal de Gendarmería realiza su mayor esfuerzo con las pocas herramientas con las que cuenta.

Se trata de la segunda cárcel que la Comisión de Derechos Humanos visita en menos de un mes, con el objetivo de conocer la actual situación que viven los privados de libertad del país, sobre todo aquellos de avanzada edad o que padecen enfermedades graves.

Junto a los subsecretarios de Justicia y Derechos Humanos, más representantes del comité nacional de prevención contra la tortura, la delegación recorrió las instalaciones de la ex penitenciaría de Santiago, tanto los módulos, patios, comedores e inclusive las celdas, constatando que concepto como hacinamiento y precariedad han aumentado significativa en el último tiempo.

“Hemos estado revisando las condiciones, particularmente de las personas mayores o personas enfermas, y las condiciones son dramáticas. Ocho camas en pequeñas celdas; reos con enfermedades graves como cáncer hacinadas. La sanción penal es la privación de libertad, no tener que estar sometidos a vejámenes. De todas formas, quiero aclarar y agradecer el esfuerzo que realiza Gendarmería de Chile para mejorar las condiciones de los adultos mayores o personas con enfermedades. Chile debe cambiar su política penitenciaria, porque actualmente se están violando normas internacionales, particularmente la convención interamericana de derechos humanos”, sentenció el Senador Francisco Chahuán, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara alta.

El parlamentario recordó que a medidos de junio también se realizó una visita similar al complejo Colina I, detectando falencias similares En varios de los módulos.

“Es fundamental realizar este tipo de visitas para conocer la realidad que existe dentro de las cárceles chilenas, donde hay sobrepoblación de personas privados de libertad, lo que hace muy difícil el trabajo para el personal de gendarmería y asi cuesta muchísimo más poder cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, sobre todos para personas mayores”, agregó Luis Vial, del Comité de Prevención contra la tortura.

“Estamos conscientes que somos uno de las unidades más grandes del país, con más de 6.600 internos, ya sea imputados, condenados y gente de la tercera edad. Contamos con un hospital penitenciario para sobre todo lo que están en malas condiciones salud, pero esta visita se agradece porque permite mostrar nuestra realidad y lo que tenemos que enfrentar todos los días”, manifestó el Coronel Alex Hermosilla, Alcaide de la Ex Penitenciaría.

“Tenemos una problemática en las cárceles de nuestro país, que se ha ido heredando de gobierno tras gobierno, porque son temas que son difíciles de hablar, porque requieren recursos inversión y enfrentar hasta temas de seguridad. Pero estás visitas permiten  abordar la situación de las personas que están en privación de libertad, de manera real y desde la óptica también  de los derechos humanos”, indicó, Daniela Quintanilla, Subsecretaria de Derechos Humanos.

“Agradecer la visita del senador Chahuán, una persona que no solamente preocupado de la labor desde el Congreso, sino también desplegado en nuestras cárceles para conocer la realidad de los privados de libertad (…). Destacamos el trabajo de Gendarmería que hace mucho con bastante poco, y por eso nosotros desde el Ministerio de Justicia apoyamos el aumento presupuestario para que tengan mayores elementos y puedan desarrollar su función en condiciones muy complejas de sobrepoblación y hacinamiento. Es muy importante visibilidad esas necesidades”, declaró Ernesto Muñoz, Subsecretario de Justicia.

Las visitas a carceles, se dan en el contexto del proyecto que establece un cumplimiento alternativo para condenados mayores de edad y con enfermedades graves, iniciativa legal de autoría del senador Francisco Chahuán.

PUNTA PEUCO INFORMA

《 PERSECUCIÓN POST MORTEM Y MUERTE LENTA ENTRE REJAS 》
La Corte Suprema y la @CIDH desatan una venganza ideológica contra los militares chilenos, vivos y muertos.

El próximo 26 de septiembre de 2025, la Corte Suprema de Chile celebrará una audiencia pública para “cumplir” lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Vega González y otros vs. Chile”.

¿DE QUE SE TRATA?
La CIDH exige que Chile anule las reducciones de pena aplicadas hace más de 15 años a militares condenados por causas de derechos humanos, en casos donde se aplicó media prescripción conforme a la legislación nacional.

Esto no es justicia, es venganza ideológica, impuesta bajo una supuesta legalidad internacional. Es una operación política, cuyo verdadero objetivo es castigar, hasta la tumba, a quienes defendieron al Estado de Chile durante los años de conflicto interno provocado por la violencia revolucionaria de izquierda.

A LOS MUERTOS, LOS PERSIGUEN
Muchos de los condenados por estas causas ya han fallecido. Sin embargo, se pretende reabrir sus causas y anular beneficios que no tienen ningún efecto jurídico.

¿Con qué propósito? Solo uno: borrar su memoria y ofrecer un trofeo ideológico a la agenda dominante.
Esto no es justicia: es odio puro.

Esto no es reparación: es revancha inútil.
Esto no es derecho: es una cruzada ideológica orquestada desde afuera.

La reciente revelación de que 692 funcionarios del Poder Judicial —incluidos 84 jueces, cuatro ministros de Cortes de Apelaciones y un fiscal judicial— viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, constituye un hecho de la máxima gravedad institucional. No se trata de simples faltas administrativas, sino de un reflejo claro de la pérdida de integridad en uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.

Este escándalo se vuelve aún más grave cuando se recuerda que algunos de estos mismos jueces han sido protagonistas de una sostenida persecución contra exuniformados, con fallos que carecen de fundamento legal, utilizando ficciones jurídicas, revocando sus propios dictámenes en menos de 24 horas y dictando condenas a cadena perpetua basadas únicamente en haber vestido uniforme, sin acreditar participación directa en delito alguno. Se trata de sentencias motivadas por ideologías y no por derecho, muchas veces sobre hechos prescritos o no tipificados penalmente al momento de ocurrir.

Todo esto ha sido avalado o facilitado por un Poder Ejecutivo que, en lugar de actuar con prudencia institucional, ha tomado decisiones que no buscan justicia, sino revancha, y ha legitimado este tipo de procesos bajo el pretexto de los derechos humanos, pero olvidando que la justicia no puede ser selectiva ni retroactiva.

Mientras tanto, funcionarios judiciales violan su deber de probidad, viajan al extranjero con licencias médicas, y durante años lo han hecho sin que nadie fiscalice ni sancione. La incongruencia es evidente: a unos se les condena sin pruebas ni garantías, a otros se les protege pese a incurrir en conductas reprochables y comprobadas.

Chile necesita con urgencia una justicia independiente, imparcial y seria. Pero también necesita revisar con coraje y verdad las distorsiones ideológicas que se han instalado en el sistema judicial, porque cuando el Derecho se convierte en instrumento de venganza y la ley se interpreta con criterios políticos, lo que se destruye no es solo la justicia… es la República misma.

El problema no es solo que cambien de opinión. Es que lo hagan justo cuando más daño puede hacerles la verdad.

 

¿Tanto muerto, sufrimiento y desencuentro… para esto? La traición de la justicia, la renuncia de la derecha y la historia que vuelve a doler.

 

 

“…Así divididos, no hay estrategia que valga. No hay candidato que baste. Sin unidad, solo se puede esperar una nueva derrota…”

Escribo estas líneas no como analista ni como espectador, sino como exsoldado. Fui parte de una generación que conoció de cerca el precio de una patria dividida. Serví en silencio mientras muchos de los grandes responsables políticos del quiebre institucional —los que debieron dar la cara— simplemente se desentendieron. Y duele ver que, cincuenta años después, pareciera que no aprendimos nada.

El pasado domingo, la candidata comunista Jeannette Jara se impuso en unas primarias con una participación bajísima: menos del 8 % del padrón. Apenas 700.000 votos le bastaron para convertirse en la carta presidencial del oficialismo. Y aun así, celebran como si tuvieran un respaldo contundente. La maquinaria del Estado, con su clientelismo aceitado y sus operadores desplegados, cumplió su función. Y frente a eso, la derecha… dividida, sin estrategia ni unidad. Algunos prefieren seguir discutiendo entre sí o simplemente advertirnos —una y otra vez— que Jara es comunista. Como si con eso bastara. No basta. No servirá.

Como si lo anterior no fuera suficiente, ahora se instala otra jugada aún más preocupante: que Jeannette Jara podría “renunciar” formalmente al Partido Comunista para intentar aparecer como una figura más transversal, tal vez como “independiente”, y así facilitar su llegada a segunda vuelta. Pero no se puede renunciar al origen ni a lo que se ha representado durante toda una vida. No se puede lavar la historia con un simple trámite partidario. El disfraz no cambia la naturaleza del proyecto político que encarna.

Con el respeto que corresponde, pero con la firmeza de quien ha visto las consecuencias de la indecisión, afirmo que cuando los políticos fallan, es el pueblo el que paga el precio. Y si hoy la derecha no logra unirse ni actuar con coraje, el comunismo no necesitará parecerlo. Le bastará con que nadie lo enfrente con visión y convicción.

No escribo esto para quienes lucran con el pasado, ni para los que hacen política con los muertos. Lo escribo para los que sí han perdido algo o a alguien, en uno u otro bando, y saben que nada de lo que vivimos en los 70 debió ocurrir. Y hoy, volvemos a ese mismo punto. Y entonces, uno vuelve a preguntarse: ¿Tanto muerto… para qué? ¿Tanto juramento, tanta vida ofrecida, tanta historia ignorada… para terminar nuevamente en manos de los mismos políticos que sembraron división y después huyeron del campo de batalla? ¿Tantos culpables, y muchos más inocentes, perseguidos durante décadas por jueces que hoy condenan no por participación en crímenes concretos, sino simplemente por haber sido militares en tiempos de crisis? 

Esa es justamente la base de la grave querella por cuasidelito de prevaricación presentada contra el ministro en visita Álvaro Mesa, quien dictó condena sin pruebas de autoría ni participación directa, aplicando una lógica perversa: que el solo hecho de pertenecer al Ejército basta para condenar. Y lo más alarmante no es solo la existencia de esta querella, sino lo que ocurrió con ella. El día 30 de junio fue declarada admisible por el juez de garantía de Temuco, don Federico Gutiérrez Salazar, reconociendo que correspondía analizar judicialmente si se había dictado una resolución injusta, como señala el artículo 224 del Código Penal.

 

Sin embargo, apenas 25 horas después —y en una decisión totalmente inédita y sospechosamente veloz— el mismo juez revocó su resolución, declarando ahora inadmisible la misma querella que él mismo había acogido. Afirmó que no se trataba de prevaricación, sino de una “discrepancia interpretativa”, como si condenar a alguien por su sola calidad de militar fuera un error técnico menor. No hay explicación jurídica razonable para este cambio exprés, salvo una posibilidad que resulta inquietante: que existieron presiones externas o condicionamientos institucionales que alteraron el curso natural del procedimiento. ¿Qué Estado de Derecho puede sostenerse sobre fallos dictados con temor o por conveniencia? ¿Qué garantías tiene un ciudadano —menos aún un exuniformado— cuando los jueces primero razonan en derecho y luego se desdicen por razones ajenas a él? Todo esto no busca justicia. Solo busca castigo.

 

En estos días en que recordaremos el Combate de La Concepción —ocurrido el 9 y 10 de julio de 1882— no puedo dejar de pensar en lo que verdaderamente significa dar la vida por la patria. Setenta y siete jóvenes soldados chilenos enfrentaron en la sierra peruana a más de dos mil enemigos. Lucharon hasta el final, sin rendirse, sin huir. Y tras aquel combate desigual y sangriento, los corazones de sus cuatro oficiales —Carrera Pinto, Cruz Martínez, Montt Salamanca y Pérez Canto— fueron extraídos por sus propios camaradas y traídos de vuelta a Chile. Fue un gesto desesperado, pero lleno de sentido: era lo único que quedaba de ellos. Hoy esos corazones reposan en la Catedral de Santiago, junto a una placa que dice:

“Aquí, en el primer templo de Chile y a la vista del Dios de los Ejércitos, para perpetuo ejemplo de patriotismo se guardan los corazones de Ignacio Carrera Pinto, Julio Montt Salamanca, Arturo Pérez Canto y Luis Cruz Martínez.” 

Esa es la vara con que se mide el verdadero servicio a la nación. Y uno se pregunta, con dolor y sin evasivas: ¿tanta historia ignorada… para terminar otra vez sometidos al juicio de quienes jamás estuvieron en el campo de batalla?

Esta vez, debe ganar la democracia, pero no cualquiera: una democracia conducida por políticos con vocación de servicio, dispuestos a protegerla y respetarla. Es impensable —y sería inaceptable— que nuevamente las Fuerzas Armadas y de Orden tengan que hacerse cargo de la ineptitud de los políticos. El daño, la traición y el abandono que recibieron son irreparables e irreversibles. Hoy es más probable que se sumen a un proyecto revolucionario serio, uno que nunca más las utilice para después entregarlas al desprecio, la persecución judicial y el escarnio público. No volverán a ser peones del poder. Porque ya aprendieron que los mismos políticos, intelectuales camaleónicos y columnistas liberales que hoy las critican desde un cómodo sillón, solo se acuerdan de ellas cuando les conviene… y siempre demasiado tarde.

Chile está cansado. Pero aún tiene esperanza. Y esa esperanza ya no puede depositarse en una derecha que, con todos sus apellidos —liberal, conservadora, republicana, nacionalista o socialcristiana— ha demostrado ser incapaz de entender el momento histórico. Porque el comunismo no renace ni avanza por arte de magia: lo hace gracias a la torpeza de una derecha que se divide, se sabotea y renuncia a la unidad por cálculo personal. La historia no absolverá a quienes, por egos o conveniencias, entreguen otra vez el poder a quienes buscan destruir nuestras libertades desde dentro del Estado. Así divididos, no hay estrategia que valga. No hay candidato que baste. Sin unidad, solo se puede esperar una nueva derrota.

Si la señal de unidad no nace de los partidos, tendrá que nacer de los que todavía creemos en la patria. Porque Chile vale la pena. Y no se rinde.

Christian Slater Escanilla. Coronel (R) del Ejército de Chile. Un Patriota sin Partido Político.

Vea mas en:
https://patriotaslater.blogspot.com/2025/07/asi-esta-chile-nuevamente.html?m=1

¡Que dice Chile!

     Aunque el título no es original, viene al caso. Toribio no cree equivocarse al afirmar -tal como en el programa- si le preguntamos a más de 100 chilenos sobre aspectos puntuales de nuestro acontecer, la inmensa mayoría estaría de acuerdo, por ejemplo, en lo siguiente:

1. 1.Que, los medios escritos en general y muy en particular El Mercurio, da preferencia en editoriales y cartas al director, a personas de la vida pública que se repiten con asiduidad, como el rector Peña -casi a diario- los Walker, los Tironi, etc., y que por lo general afirman solo sus propias visiones políticas, marginando a quienes somos independientes o nos sentimos inclinado por la derecha. Para que hablar cuando se trata de defender a los ex miembros de las FF.AA. y policías.

2. 2.Que, la podredumbre del poder judicial ha superado todos los límites inimaginables. No tan solo por la prevaricación en los juicios que afectan a ex militares; sino por la corrupción de más de 600 funcionarios que usaron licencias médicas para viajar el extranjero, entre ellos 4 ministros, un fiscal y 80 jueces.

3.  Que, urge por una parte, tomar medidas radicales y rápidas para estos abusos, y por otra, una abierta campaña de moralidad que no solo debe radicar en las familias y en la educación, sino en general en la administración pública. Que el espíritu de doña Dorothy se extienda a nivel nacional como un manto de honestidad.

4. 4.Que, sería nefasto para el país que la candidata comunista ganara las elecciones, aunque se diga que no representa al PC, sino a un conglomerado de partidos, Renuncie o no a su militancia, un comunista jamás renunciará a sus principios, porque su doctrina es como una religión. Es como pedirle a un padre o madre que renuncien al amor filial de sus hijos cualquiera que sea la circunstancia. Lo vivimos con Allende que gobernó con toda la Unidad Popular; y sabemos cómo llegaron al poder Castro, Chávez y Ortega.

5. 5.Que, resulta incalificable la actitud del Scotiabank de otorgar al mandatario un préstamo a tasa preferencial para la compra de su casa; al igual como lo fue Luksic -dueño del Banco Chile- al conceder un crédito de $US 5 millones sin garantías al hijo de la presidente Bachelet, en menos tiempo “que dura una lombriz en el pico de un pavo.”

6. Que, la autorización dada por la justicia a Camila Polizzi -con arresto domiciliario- para venir a participar en dos shows a Santiago, sienta un nefasto precedente. Pues, los 540 días que lleva a la fecha le serán restados a su condena. Linda manera de terminar con los escándalos financieros. ¿Cuántas mujeres recluidas en la cárcel que son jefas de familia tienen a sus hijos abandonados, pudiendo tener penas alternativas?

7. Que, la derrota del socialismo democrático y su abanderamiento con una comunista es un camino del cual no habrá retorno, con experiencias ya sufridas y que hoy todavía se lamentan. Tal como lo expresara un intelectual alemán, Bonhoeffer, para explicar el surgimiento del nazismo al ser presa el pueblo alemán de la “estupidez colectiva”-que es de origen psicológico- ante la cual, incluso las personas inteligentes son presas de ella y no están inmunes. En Chile, hay abundancia de estúpidos que sientan plaza como académicos, intelectuales y empresarios que no aprendieron la lección.

8. 8.Que, la derecha entre estúpida y soberbia, sigue compitiendo a tres bandas, más un independiente de derecha, que vino a alborotar el gallinero “sin ideologías caducas” populista,representando un partido cuyos seis diputados elegidos el 2021 tiraron la toalla hace un año abandonando la casa. Ponen en severo riesgo el resultado de la elección. Se comenta que doña Evelyn, al constatar que la “espumita no sube, ni sube, sino baja y baja” deseaba ahuecar el ala, pero sus sostenes se lo impidieron para no perder sus asientos muy bien remunerados. Después a no llorar chilenitos y llamar a los bomberos. No creo que estén muy decididos por la experiencia vivida del “pago de Chile”

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

¡FUE SORPRENDENTE!:

¿Continuidad o cambio?

PILAR MOLINA
Periodista.

Es en la segunda vuelta donde se dará la verdadera disputa entre la prolongación del actual gobierno y el cambio. Y como hasta ahora, allí no parecen contar la simpatía ni los juegos de luces, sino que lo que se impone es el desalojo.

Hay un poco de histeria, a pesar de que no hay mucha novedad en lo que está ocurriendo en el panorama presidencial. El motivo, tres encuestas que dan a la candidata comunista Jeannette Jara arriba, en dos de ellas como mención espontánea, con un 31% o 39% de las preferencias, y en la otra con papeleta, con 26%. No tiene mucho de inesperado, en verdad, que la ex ministra concentre las preferencias de la izquierda, o la centro izquierda, que ella dice querer representar desde su aplastante triunfo el domingo. No sólo derribó al candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, del partido del Presidente Boric, sino que dejó en la levedad absoluta a la carta del oficialismo democrático, Carolina Tohá.

Lo nuevo es la tendencia persistente con la tendencia a retroceder de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y que José Antonio Kast se esté distanciando de ella, en un escenario donde la derecha hace todo lo posible por perder la elección. Tiene una oferta de múltiples candidatos que puede asegurarle a Jara pasar a la segunda vuelta e impedir que la derecha triunfe en primera. E ignora riesgos adicionales que ofrece la persistencia de Franco Parisi a competir desde un populismo centrista, aunque desaparezca después de cada aventura presidencial y todos sus parlamentarios abandonen su partido, el PDG, como ocurrió en este período con sus seis diputados. Imposible olvidar que el mismo Parisi salió tercero en la contienda de 2021 y el candidato de Chile Vamos, cuarto.

“La candidata comunista cree que puede convencer a la opinión pública que ella es lo mejor de lo peor de estos 3 años, añadiendo el factor credibilidad y una dosis de empatía convincente”

Falta que corra mucha agua bajo el puente y haya sorpresas tan inesperadas como las que nos brindó la última contienda que partió con una dupla segura (Lavín-Jadue) y terminó con Kast-Boric.

Lo claro es que Jara es la cara amable de la izquierda, y aunque niegue ahora todo lo que ha sido en el pasado, es la continuidad de un gobierno mal evaluado. Como sea que se atribuya los “logros” que cree tener esta administración (40 horas, alza salario mínimo o reforma laboral), es el rostro de esta asociación de socialistas y marxistas en el poder que ha hecho retroceder a Chile en términos de desarrollo y bienestar. El gran pasivo que dejará esta administración es un país más inseguro y más pobre, aparte de vaciar las cuentas fiscales que sirven para emergencias y que el gobierno prefirió usar para continuar ampliando el Estado de bienestar.

La candidata comunista cree que puede convencer a la opinión pública que ella es lo mejor de lo peor de estos 3 años, añadiendo el factor credibilidad y una dosis de empatía convincente. Siendo ella la representante de un polo, busca presentarse “como uno” para facilitar la identificación. La del liceo con número, sencilla, de población, abierta a conversar y buscar los acuerdos con todos. En suma, no es de la élite, como eran sus rivales que pisoteó en la primaria criticando dulcemente los malos resultados en seguridad y crecimiento de este gobierno del cual todos formaban parte. No es de la “casta”, que desafió otro extra sistema en Argentina y ganó (Milei).

Pero ese discurso se topa con que no todos los contendores de Jara son de la élite política de la que la ciudadanía parece estar harta por los malos resultados. Porque quien mejor se ha posicionado en el otro extremo tampoco es del sistema. Kast rompió con el establishment político cuando se alejó de la UDI. Y esa es precisamente la fortaleza que le ha ido permitiendo escalar en la adhesión pública. Esa  posición, más su coherencia, parecen ser también su principal ventaja y mayor peligro para Matthei, que podría quedar fuera del juego en la primera vuelta.

Pero es en la segunda vuelta donde se dará la verdadera disputa entre la continuadora del actual gobierno y el cambio. Y como hasta ahora, donde Jara pierde frente a Kast, Matthei y hasta con Kaiser, allí no parecen contar la simpatía ni los juegos de luces, sino que lo que se impone es el cambio.

El Líbero · El Bosque Central 69, Of. 101 · Santiago 7550269 · Chile

Otra visión de lo que está sucediendo en la actualidad no menor:

*Tonterías y Abdicaciones*

Cristián Warnken, El Mercurio

La candidata del Partido Comunista a la Presidencia de la República afirmó, al consultársele por una fotografía en la que aparecía con una polera con la imagen del “matapacos”, que eso había sido una “tontería”. ¿Fueron “tonterías” también la quema de bibliotecas, sedes universitarias, iglesias, la destrucción del espacio público, la quema del metro, ante las cuales la candidata y su partido no solo guardaron silencio, sino que muchas veces las justificaron con el conocido “mantram” de que “para hacer tortillas hay que romper huevos”? Los huevos eran los locales de pequeños comerciantes, centros culturales y otros; la tortilla, “la revuelta”, palabra mágica cargada de romanticismo revolucionario y que abundaba en las bocas no solo de dirigentes políticos (incluidos diputados y senadores), sino también de intelectuales, dirigentes estudiantiles y miembros de una élite que en las tardes de octubre y noviembre del 2019 se sentaban a mirar en el televisor, en sus cómodos livings, el espectáculo incendiario que devastaba día a día el centro de Valparaíso, Santiago y otras ciudades del país. Entonces eran convicciones, “sueños”, delirio y embriaguez jacobina; ahora, solo “tonterías”. Tonterías que costaron muy caro al país, que desde entonces entró en un estado de anomia y violencia, del que ha sido muy difícil salir.

No sé si a los más radicales de su propio partido les agradará que su candidata convierta los “hechos gloriosos de la revuelta” en “tonterías”. Tal vez lo justifiquen como parte de una táctica electoral. Y también puede ser una mañosa manera de licuar y relativizar hechos graves, muchos de ellos delitos o actos de violencia política, convirtiéndolos en simples “tonterías”. Sabemos cómo los dirigentes del Partido Comunista se las arreglan para deformar el lenguaje, para pervertirlo, para convertirlo en vehículo de propaganda. Seguramente en esta campaña nos darán lecciones de cómo embaucar a las masas, hasta el punto de hacer olvidar al electorado que la candidata (encantadora, desde luego) pertenece a un partido cuya doctrina (la marxista leninista) está en abierta contradicción con los valores democráticos (liberales, claro, no los de la llamada “democracia directa”), un partido que guardó silencio ominoso ante la desaparición y asesinato en nuestro país de un oficial disidente de la dictadura venezolana, un partido negacionista de las violaciones de los derechos humanos en Cuba y otras dictaduras, un partido que no dudó en poner en jaque la democracia en octubre de 2019.

De un partido que sigue las formidables lecciones de Lenin sobre agitación y propaganda, se puede esperar que la adhesión a la violencia sea nombrada como una mera “tontería”. La pregunta es si los miembros del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana también consideran que su silencio cómplice o derecha complicidad con la violencia del estallido y su posterior adhesión al delirio del proceso constituyente, que estuvo a punto de llevar al país al pantano o derechamente al abismo, fueron meras “tonterías”. Si tuvieran coraje político y moral, debieran reconocer que, en realidad, fueron abdicaciones, colosales abdicaciones, que explican en parte la dolorosa derrota de su candidata Tohá en la primaria del domingo pasado. Lo único que puede salvar de la extinción a ese sector tan importante de la política chilena (el llamado “Socialismo Democrático”) es una profunda introspección y autocrítica. Ello requiere coraje y visión. ¿Los tienen? ¿O volverán a cometer otra vez “tonterías” como las del estallido y la Convención, abdicando esta vez ante la candidata de un partido (Comunista) con el que ningún partido socialdemócrata o socialcristiano del mundo estaría dispuesto a aliarse? Sería la tercera abdicación, como la tercera traición de Pedro a su maestro. Que no lloren después, como él, al darse cuenta, tarde, de lo que hicieron.

Comunismo o libertad

Por José Tomás Hargous Fuentes

El triunfo de la comunista Jeannette Jara en las primarias del oficialismo remece el tablero político en este turbulento año electoral. Si bien confirmó los pronósticos de los sondeos de opinión –los publicados antes de la veda y los que fueron filtrados durante ese período– aún quedan muchas incógnitas de qué ocurrirá en noviembre. Si hace unos meses enfrentarse a ese escenario aseguraba el triunfo en segunda vuelta, hoy no es evidente. Que no sea claro que alguien de derecha sea el próximo Presidente de Chile y una comunista esté inéditamente rozando la Primera Magistratura de la Nación se debe al desfondamiento del centro político, encarnado en las candidaturas de Carolina Tohá –fuertemente aplastada por el otrora partido más fiel a la Unión Soviética– y Evelyn Matthei –que inexplicablemente ha entregado el liderato de la tabla y se ha autorrelegado en el tercer lugar–.

Usted se preguntará, ¿qué tienen que ver ambas políticas de fuste con el auge del comunismo? En el caso de Carolina Tohá parece una acusación injusta, considerando que sus contendores le achacaban el mote de anticomunista por defender sus convicciones democráticas en la primaria oficialista. El problema es que el Socialismo Democrático –¿llamado así para diferenciarse del “socialismo no democrático” encarnado por el comunismo y/o del frenteamplismo?– entró al Gobierno, cual padre aprontándose a detener los estragos causados por un hijo adolescente, a hacer un control de daños de una administración torpe, inepta y que hizo de la corrupción su segunda naturaleza. Primero, para defender un proyecto de nueva Constitución que nos habría llevado al autoritarismo –¿o totalitarismo?– chavista, correísta y evista de no ser porque 7.891.415 patriotas lo impidieron. Y luego, para entrar al gabinete y ofrecer algo de gestión a un Gobierno superado por la realidad, pero que no lograron detener la avalancha.

La candidatura Matthei, por su parte, como hemos mostrado reiteradamente en esta tribuna, ha sido profundamente amateur y sus errores de novato la han hecho entregar el liderato inapelable que tenía a principios de año. En enero Evelyn Matthei punteaba con 23% de respaldo, la secundaba Johannes Kaiser con un 10% y Kast estaba tercero con un 9% –sumando un 42%, o un 44% si incluimos a Franco Parisi–. En ese entonces Jeannette Jara aún no figuraba en las encuestas, empezando a asomar tímidamente a partir de febrero. ¿Recuerda qué hito político catapultó a Jara? La bullada reforma de pensiones que estuvo a nada de desarmar la joya de la corona del modelo chileno y a la que Chile Vamos –escudada en un segundo plano por la candidata– se sumó de forma entusiasta. Lo que en ese entonces parecía absurdo por beneficiar al Gobierno empezando un año electoral, terminó por darle la victoria a la candidata del Partido Comunista (PC).

Sí, la candidata del Partido Comunista. Que ella diga que quiere suspender su militancia, cosa que legalmente no puede hacer y que fácticamente tampoco: treintaiseis años de militancia en la tienda del marxismo ortodoxo, así como la apología del estallido, no se van de la noche a la mañana por una mera declaración de buenas intenciones. No es más que un descarado y desesperado intento de pasarle gato por liebre a los ciudadanos. Por mucho que ella quiera hacerse la simpática, una reencarnación de Michelle Bachelet, o que reitere que será un gobierno de coalición, ella sigue siendo comunista.

El PC no es cualquier agrupación partidaria. Como ciertamente señalaba Carolina Tohá –pero inconsistentemente considerando que había gobernado con ella y se comprometía a apoyar a Jara de perder– el comunista no es un partido democrático. Aunque Carlos Peña piense que es un “fantasma del miedo” que deberíamos despejar, lo cierto es que los comunistas nunca han adherido al sistema institucional chileno. Pese a que participan en él, desprecian la Constitución –la escrita y la histórica–. Pese a que hoy salgan con banderas chilenas, se sienten más cómodos con las banderas negras del 18-O. Ahora tienen posibilidades de imponer el programa resumido en el “mamarracho”.

Sí, ellos tienen un programa, y ése es la destrucción de lo que ellos llaman la “democracia burguesa”. Contra lo que ellos mismos dicen, no tienen las “manos limpias”. Basta ir a las fuentes de don Carlitos Marx –que no a la experiencia comunista de un siglo– para darse cuenta de que su cronograma es claro: desestabilizar los países, promover la división y usar a la clase trabajadora para, por medio de una revolución, tomarse el poder total, establecer la dictadura del proletariado y transicionar a una sociedad sin clases llamada comunismo, a la cual nunca llegan porque prefieren el totalitarismo genocida a desarmar el Estado. Ellos te dirán que no es lo que quieren hacer, sino que buscarían combatir las desigualdades y aspirar a una verdadera democracia –como la cubana– por medio de transformaciones estructurales por vía legal. Eso lo intentó Salvador Allende hace 52 años y ya sabemos cómo le fue. La diferencia es que durante la Unidad Popular (UP) el PC era un partido más y no la principal agrupación del Gobierno.

Jeannette Jara, con el empujoncito de Tohá y Matthei, ha logrado entrar en la historia con su triunfo en las primarias. No sólo le da vida a uno de los peores Gobiernos de nuestra historia, sino que le da posibilidades ciertas al comunismo de llegar a La Moneda. Nunca un candidato comunista había postulado a dirigir un Gobierno con posibilidades de salir electo –exceptuando a Jacques Duclos en Francia en 1969 y a Yedo Fiúza en Brasil en 1945, quedando ambos en tercer lugar–. Y ante eso no es “irracional” tener miedo. Urge el patriotismo de las fuerzas democráticas para impedir la llegada del comunismo a La Moneda, para defender la libertad de Chile. Esperemos que Matthei recapacite y no siga cerrada por pequeñeces a apoyar en el balotaje al candidato de derecha con más opciones de ser Presidente.

CARTAS AL DIRECTOR EL MERCURIO DE SANTIAGO 05 JULIO 2025

Desprestigio del Poder Judicial

Señor Director:

La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia en contra de 23 exmilitares, entre ellas mi padre, en el denominado caso “Asalto al Polvorín” del Regimiento Tucapel, cuya investigación fue dirigida por el ministro en visita Álvaro Mesa, actualmente presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco. A pesar de la contundente cantidad de prueba acompañada que acredita que el día de los hechos sancionados mi padre ni siquiera se encontraba en la ciudad, los señores ministros decidieron no referirse a dichos medios probatorios en sus sentencias, dando cuenta de su total parcialidad a la hora de fallar.

Producto del negligente actuar, se interpuso una querella por cuasidelito de prevaricación contra el ministro Mesa, la cual fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Temuco. Sin embargo, al día siguiente, de forma inexplicable y completamente anómala, la resolución que había sido debidamente notificada a las partes fue retirada del sistema online y reemplazada por una nueva que desestimó la querella.

Situaciones como estas fundan el desprestigio que tristemente transita el Poder Judicial en estos días, donde algunos jueces actúan con total falta de probidad, socavando la confianza en la imparcialidad y legalidad del sistema.

Pareciera ser que el Poder Judicial, al igual que en otros períodos de nuestra historia, donde actuó con falta de probidad, parcialidad e ilegalidad, rechazando sistemáticamente recursos de amparo, hoy atenta contra los derechos fundamentales, encarcelando a inocentes y permitiendo que intereses y sesgos políticos interfieran en decisiones judiciales propias y de subalternos.

Rodrigo Oviedo Stegmann

Publicación de LA VOZ DE PUNTA PEUCO

LA VOZ DE PUNTA PEUCO

4 h  ·

𝑨𝑩𝑼𝑺𝑶 𝑱𝑼𝑫𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 𝑺𝑰𝑵 𝑷𝑹𝑬𝑪𝑬𝑫𝑬𝑵𝑻𝑬𝑺: 𝑱𝑼𝑬𝒁 𝑩𝑶𝑹𝑹𝑨 𝑷𝑹𝑬𝑽𝑨𝑹𝑰𝑪𝑨𝑪𝑰𝑶́𝑵 𝑪𝑶𝑵 𝑷𝑹𝑬𝑽𝑨𝑹𝑰𝑪𝑨𝑪𝑰𝑶́𝑵

Una nueva controversia sacude al sistema judicial luego de que el juez de garantía de Temuco, Federico Eugenio Gutiérrez Salazar, revocara en menos de 48 horas su propia resolución que declaraba admisible una querella por cuasidelito de prevaricación contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre.

La acción judicial fue presentada por la abogada penalista Carla Fernández Montero, quien acusa al magistrado Mesa de dictar sentencias arbitrarias y sin pruebas suficientes en causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos. La querella también apuntaba a “todos quienes resulten responsables” de estos actos.

El 30 de junio de 2025, el juez Gutiérrez acogió a trámite la querella, validando que cumplía con los requisitos formales. Sin embargo, al día siguiente —sin que mediara hecho nuevo, recurso interpuesto ni fundamento jurídico claro— el mismo magistrado revirtió su decisión y declaró inadmisible la acción, provocando una ola de críticas y sospechas de intervención indebida.

Diversas organizaciones ciudadanas y víctimas de fallos judiciales calificaron el hecho como “un acto administrativo arbitrario que vulnera el debido proceso y constituye un abuso judicial sin precedentes”. Mediante una declaración pública titulada “La justicia no puede ser manipulada”, alertaron que esta situación “socava la confianza pública en el sistema judicial y constituye un nuevo acto de prevaricación, ahora desde el propio tribunal”.

“Hoy alzamos esta voz colectiva en nombre de todos aquellos que han sido sistemáticamente vulnerados y que han debido enfrentar procesos sin justicia ni verdad. No es la primera vez que se manipula la ley para castigar inocentes o encubrir culpables. La historia lo sabe, y los archivos judiciales también.”

El documento, firmado de forma anónima por temor a represalias, también hace un llamado urgente al Poder Judicial, al Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República para que ejerzan su deber de fiscalización, velen por la independencia de los jueces y garanticen la transparencia en las decisiones judiciales.

Finalmente, los firmantes expresaron su total respaldo a la abogada Carla Fernández Montero, destacando su “ética profesional, compromiso con la verdad y valentía al enfrentar esta red de corrupción judicial que ha permanecido impune durante años”.

Vea:

Kast diciendo las verdades que les molestan a la izquierda:

Esto es la gran obra de Jara, subir el desempleo:

 La Tasa de pobreza en 2022 llegó a 22,3%, si bien se calculó con una nueva metodología, con la antigua también se muestra que esta ha aumentado en este gobierno

Comentario de Tere Marinovic:

Pinche aquí para ver el video

*Vestida de Seda… Comunista Queda!*

Por Cristián Labbé Galilea

Las primarias del domingo pasado generaron gran impacto en el ambiente, pues el candidato presidencial del oficialismo será una comunista (de tomo y lomo). Si bien las encuestas lo advertían, se confirmaba otra preocupante realidad, el PC ha venido ganando terreno sistemáticamente: el 2009 eligió 3 diputados, el 2013 serían 6, el 2017 fueron 8 y el 2021 logró 12 diputados y 2 senadores; así, en 12 años multiplicó por 4 sus diputados y logró retornar al senado después de 48 años… ¡Y ahora van por la Presidencia! ¿Qué tal?

Si bien esas cifras no dejan de ser preocupantes, y muchos dirán alarmantes, para esta optimista pluma los resultados de las primarias resultan una gran oportunidad de que el próximo gobierno lo gane la oposición y particularmente el sector que, con claridad y convicción, representa los valores de la Sociedad Libre, desplazando a quienes personifican “el centro centrado, la moderación moderada y a los que por definición son indefinidos”, en definitiva a los que no son “ni chicha ni limonada”.

Son muchas las razones que fundamentan esta prognosis, para algunos aventurada y desafiante. En primer lugar, hay que tener en cuenta que fueron muy pocos a sufragar, no más del 10%, lo que indica que el 90% de los habilitados para votar no están “ni ahí” con el gobierno y menos con la izquierda en todas sus múltiples versiones. Mas claro aún, ni siquiera votaron todos los que se dicen partidarios del gobierno (30%). Entonces, de continuidad… ¡ni hablar!

Se suma a lo anterior que quien se impuso fue la izquierda más radical y ortodoxa, con lo cual la que se dice moderada y democrática quedó relegada a las mazmorras de la estructura política nacional, dejando en el oscurantismo y la orfandad a representantes de la antigua Concertación, quienes seguramente, como “en política no hay muertos”, buscarán remontar con una candidatura testimonial o allegarse al sector progresista de la oposición (léase CHV).

Dicho lo anterior cabría esperar que, con este favorable escenario, la oposición se comporte responsablemente ante el desafío de ganar las próximas elecciones y, una vez en el gobierno, adopte las medidas necesarias para sacar al país del estancamiento, la inseguridad, y del desbarajuste institucional, político y social en que nos ha sumido la izquierda.
Pero esto que parece tan obvio no se ve tan fácil, ya “el diablo metió la cola”, aparecieron los personalismos, las histerias y las “cornadas”.

El país espera de nuestros candidatos, grandeza, madurez, generosidad y fundamentalmente realismo. La ciudadanía “lo dijo a gritos” en estas primarias: “no queremos más de lo mismo, queremos soluciones y no promesas, queremos esperanzas y no miedos, gobernabilidad y no caos, seguridad y no violencia, propuestas y no frases cliché, en el fondo… queremos futuro y no pasado”.

Por último, algo muy importante, no debe perderse de vista que la candidata comunista se disfrazará de buenismos, esconderá “la hoz y el martillo”, cambiará el rojo marxista y se vestirá de múltiples colores… pero, como dice el refrán: “a zorro viejo pocas trampas” por lo tanto hay que tener claro que “aunque ´la mona´ se vista de seda… comunista queda”.

Peña y la candidata comunista

Señor Director:

Sería interesante saber si Carlos Peña opinaría igual si tuviéramos un candidato del partido Nazi, que ha “suspendido” su militancia.

En ninguna de las elecciones de la posguerra en Europa Oriental los comunistas declararon que terminarían con la democracia e impondrían el comunismo, las más de las veces fueron en pactos amplios que rompieron en cuanto tomaron el poder.

Por estos lados Fidel, Chávez y Ortega solo se mostraron tal cual eran una vez que tomaron el poder. En España se dedicaron a asesinar a enemigos y socios por igual, en Cuba Fidel traicionó a todos los que pelearon con él, pero no se sometieron a su dictadura. Mao incumplió todas y cada una de las promesas que les hizo a los campesinos, a las mujeres y a los profesores.

Si gana Jara, ojalá Peña tenga razón, ¿pero si se equivoca…?

Gerardo Varela A.
Abogado

Naranjo ahora quedó huérfano, ni su propio partido lo soportó más:

Neuroc en X: “Rodrigo Bravo: El PC ha tenido una historia democrática desde el retorno a la democracia Juan Manuel Astorga: A MEDIAS, a medias po si se restaron de todos los acuerdos para el estallido social e intentaron derrocar a un presidente electo democráticamente Wow, lapidario https://t.co/hZinlPMFrZ” / X:

Pinche aquí:

https://x.com/JackedIn/status/1940811200079843428

SOLO LA AÑOSA COLUSIÓN POLÍTICO/ JUDICIAL EXPLICA ESTA Y OTRAS IRREGULARIDADES.

Es urgente que los candidatos a las elecciones de Noviembre, aborden esta injusta problemática, que parte de la aberración jurídica de tener una diferente legislación para los militares del 73.:

La Justicia No Puede Ser Manipulada: Declaración Contra la Prevaricación y el Abuso Judicial

                                                                                                                 2 de julio de 2025

Con profunda preocupación, declaramos lo siguiente:

Con fecha 30 de junio de 2025, el juez de garantía de Temuco, Federico Eugenio Gutiérrez Salazar, resolvió declarar admisible una querella por cuasidelito de prevaricación, interpuesta por la abogada Carla Fernández Montero en contra del ministro Álvaro Mesa Latorre, y de todos quienes resulten responsables.

Sin embargo, de forma absolutamente inexplicable, el 1 de julio de 2025, es decir, solo dos días después, el mismo juez revoca su propia resolución y declara inadmisible la querella, sin que mediara hecho nuevo, recurso interpuesto ni fundamento jurídico que lo justifique.

Esta conducta no puede ser entendida como un acto judicial válido, sino como un acto administrativo arbitrario, que vulnera gravemente el debido proceso y socava la confianza pública en el sistema judicial. Más aún, constituye un nuevo acto de prevaricación, esta vez desde el propio tribunal, afectando el acceso a la justicia y el principio de imparcialidad.

Frente a esta grave situación, hacemos un llamado urgente a la Corte Suprema, al Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República a ejercer su deber de fiscalización, velar por la independencia judicial y garantizar que la ley se aplique sin privilegios ni encubrimientos.

La justicia no puede ser manipulada. El Estado de Derecho exige transparencia, legalidad y respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

Firman esta declaración:

Familiares, ciudadanos y víctimas del abuso judicial y la prevaricación en causas de derechos humanos, que permanecen en silencio forzado por temor a represalias del poder judicial y político.

Hoy alzamos esta voz colectiva en nombre de todos aquellos que han sido sistemáticamente vulnerados y que han debido enfrentar procesos sin justicia ni verdad. No es la primera vez que se manipula la ley para castigar inocentes o encubrir culpables. La historia lo sabe, y los archivos judiciales también.

Expresamos además nuestra profunda preocupación y total apoyo a la abogada Carla Fernández Montero, reconociendo su ética profesional, su coraje y su integridad al enfrentar de manera firme y valiente esta red de corrupción judicial. Su actuar nos devuelve la esperanza en que aún existen defensores del Derecho con conciencia, compromiso y dignidad.

No firmamos con nombres, porque los nombres han sido castigados. Pero sí firmamos con verdad.

02 julio 2025   Flash Cren N° 9   Coméntalo con tus cercanos y retransmítelo en tus redes.   La verdad debe ser desenterrada y hacerse Justicia..         La realidad sepulta la esperanza de que la” Prevaricación” por parte del Ministro Alvaro Meza Latorre a lo menos sea sea Investigada   La realidad sepulta la esperanza de que la” Prevaricación” por parte del Ministro Alvaro Meza Latorre a lo menos sea sea Investigada El Juzgado de Garantía de Temuco, con fecha 1 de julio, aludiendo a una serie de consideraciones, resuelve que en conformidad al art. 82 y 114 c CPP y 84 del CPC deja sin efecto lo resuelto en  con de fecha treinta de junio  y  resuelve: Que no siendo los hechos expuestos en la querella constitutivos de delito se declara inadmisible la querella interpuesta por la abogada Carla Fernández M Por redes sociales se ha difundido ampliamente que dicha resolución primera es “INSOLITA”, está confirmado que se hizo  desaparecer de la página web del poder judicial y no se sabe qué pasó con la noticia en el Diario Constitucional, de donde también desapareció.   LA JUSTICIA NO ES VENGANZA. Ninguna reconciliación será posible si se sigue juzgando con odio y condenando por presunciones.no fundadas, a más de cincuenta años de los hechos, Chile se debe un acto de verdadera justicia     Los trágicos acontecimientos ocurridos durante la crisis institucional de 1973, numerosos los soldados del ayer, siguen siendo condenados en primera instancia por ministros especuales tribunales prevaricadores como resultado de procesos judiciales marcados por irregularidades, parcialidad y una profunda contradicción con los principios esenciales del derecho penal. Lejos de garantizar un juicio justo e imparcial, lo que se observa en muchas de estas causas es una verdadera persecución judicial sustentada no en pruebas concretas, sino en construcciones jurídicas artificiales que contradicen las leyes vigentes y los tratados internacionales ratificados por nuestro país.      Jóvenes oficiales, clases y soldados conscriptos menores de edad en esos años que cumpiían con su servicio militar obligatorio, la mayoría de los cuales sin haber tenido participación en los hechos por los que hoy se les condena, en forma severas, en procedimientos que desoyen principios fundamentales como la presunción de inocencia, la legalidad, la  irretroactividad de la ley penal y la igualdad ante la ley. Entre las prácticas más cuestionables destaca la aplicación retroactiva de figuras penales como los “delitos de lesa humanidad”, tipificados en Chile recién a partir del año 2009. Se les imputa imprescriptibilidad a hechos ocurridos décadas antes, en abierta contradicción con la legislación chilena y con las bases mismas del derecho penal moderno. En muchos casos, las sentencias se fundamentan en conceptos como el “ius cogens” (normas de derecho internacional general que no admiten acuerdo en contrario. , utilizados como fundamentos para eludir la prescripción, la amnistía o incluso la falta de prueba material. Lo más preocupante es que estas decisiones se adoptan violando normas legales expresas, como la ley de amnistía vigente, las reglas de prescripción, la cosa juzgada y disposiciones constitucionales que rigen para todos los ciudadanos. Se construye así una justicia paralela, una justicia “especial” aplicada únicamente a quienes fueron parte de las Fuerzas Armadas, muchos de los cuales hoy tienen más de 80 años y se encuentran en condiciones de salud deplorables, sin que se les reconozca ningún tipo de consideración humanitaria. Este uso distorsionado del aparato judicial no busca verdad ni justicia, sino simplemente castigar, aunque ello implique sacrificar los pilares del Estado de Derecho. El resultado no es solo la criminalización de quienes sirvieron al país en una época difícil, sino también una peligrosa erosión de la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema judicial. Comprometido con la verdad y el respeto irrestricto a la dignidad humana, denunciamos este patrón de arbitrariedad que por años ha sido silenciado.      Creemos que Chile no puede seguir construyendo su futuro desde el resentimiento y la exclusión. Una sociedad madura enfrenta su historia con verdad, pero también con justicia y humanidad. Es momento de que se revise esta situación con seriedad y responsabilidad. Que se escuche la voz de quienes han sido injustamente procesados. Que se respete la ley para todos por igual. Que se detenga el castigo sin pruebas y que el país recupere el sentido común perdido en medio de décadas de polarización.

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Enrique Slater @slater_enrique

¿Cómo no dudar de los Jueces de DD.HH.? Esto, demuestra una vez más: persecución, venganza y corrupción. Se declara admisible la querella de prevaricación, en contra del ministro Mesa. Al día siguiente, por oscuras razones, se elimina esa resolución y se declara inadmisible.

Vea la acción en el tiempo del PC:

¡OH! LAS ELECCIONES

Misceláneas

1. 1.Como se bota la plata en Chile. $27 mil millones presupuestado para estas primarias con un padrón electoral de 15 millones, donde solo fueron a votar alrededor de 1.300.000 personas, además de la pérdida de tiempo para vocales y el desgaste de policías y de miembros de las FF.AA. El candidato que no es ni “chicha ni limonada,” Parisi, -que en el pasado hizo campaña desde el extranjero- propone una fórmula novedosa. Votar con clave única en forma electrónica. Creo que merece atención, a menos que el SERVEL sea un organismo autónomo, como el Banco Central y no manejado por el gobierno de turno.

El pago por voto que hacemos todos los chilenos es escandaloso. Le pregunté a SERVEL si en las pasadas elecciones del 29 de junio había devolución y no se tiró a la piscina, la respuesta fue: La ley establece los siguientes montos de reembolso: ​* 0,04 UF por cada voto obtenido en primera vuelta. ​* 0,01 UF por cada voto obtenido en segunda vuelta presidencial, si se realiza. ​*0,01 UF adicionales por cada voto a candidatas a Senadora o Diputada., lo que en el pasado ha redituado la devolución de miles de millones de pesos a los candidatos y a los partidos. Una proyección para noviembre y diciembre de este año, considerando el padrón que votó para el plebiscito constitucional de 2023 -12.900.000 electores- la cifra solo con el valor actual de la UF. se dispara a una cifra estratosférica, al considerar los votos de las elecciones parlamentarias, 2ª. vuelta y gastos electorales, que fácilmente Toribio estima alrededor de $150 mil millones o más, lo que alanzaría para construir un par de hospitales -según GPT- para 100 camas con equipamiento.

2. Calladita, corriendo sola por los palos se metió la Jeannette. En Chile abunda la ignorancia -que es excusable y justificable- pero la estupidez no tiene límites. La izquierda democrática que le dio estabilidad al país y crecimiento por 30 años, gracias a las políticas en gran parte del gobierno militar, no fueron capaces de levantar un candidato y ahora se pliegan a la izquierda totalitaria, olvidando que, aunque la mona se vista de seda, mona queda.Conscientes que el hoyo dejado por Boric es de tal proporción, que no quisieron aventurar y esperar para la próxima. Y así tenemos a la dulce comunista, que, aunque renuncie a su militancia no lo hará a sus principios arcaicos y totalitarios, porque es parte de su ADN. Recién reiterados y con ella presente, basados en los principios marxistas leninistas…. que orientan la lucha de clases… como el motor de los cambios sociales, buscando la emancipación de la clase trabajadora a través de la propiedad colectiva de los medios de producción y una economía planificada. Ella -cándida- pretende combatir el narcotráfico con “amor,” no de rabia, porque rabiar rinde muy poco para el país; y eso no es todo, porque una cosa tan necesaria es sacar de la cárcel a los presos de alta peligrosidad y hacerlos cumplir penas comunitarias. No se reía, paciente lector, en Chile sobran los imbéciles, recuerden: Boric lo va a cambiar todo.  Ya ofreció un sueldo vital de $750 mil y hasta nombraría a Lorena Pizarro como ministro de Defensa. Si, la misma, violenta y deslenguada diputada -algo así como de repente Toribio- no se ha cansado de despotricar en contra de las FF.AA. y Carabineros.
3. Para colmo de nuestra desdicha, la señora Matthei se olvida contra quien hay que disparar y lo hace contra Kast, pretendiendo poner una cuña con Kaiser; ayudada por El Mercurio a través de sus columnistas y cartas de personeros de centro izquierda y empresarios llamando a votar por ella. Hasta el “académico” Eugenio Tironi, “meando fuera de tiesto” -sorry- afirmó: si hasta el musulmán Mamdani fue elegido alcalde de Nueva York, como no podía ganar la dirigente comunista. “Na que ver, chancho en misa” ¿Dónde regalarán los títulos? Y para agregar pimienta a esta derecha estúpida e irreconciliable, apareció el Parisi. ¡Señor dame tu fortaleza! Parodiando a la Desideria, que esta generación no conoció.
4. Y cuando veíamos la luz al final del túnel, al haber prosperado en la Corte de Apelaciones de Temuco la querella presentada por la valiente abogada Carla Fernández –otra vez una mujer chilena- en contra del ministro de dicha Corte, Álvaro Mesa, por el delito de prevaricación en una causa que afectaba ex miembros de las FF.AA, siendo admitida por el juez de garantía, Federico Gutiérrez, antes de 36 horas no solo modificó su resolución anterior declarándola inadmisible, sino que la hizo retirar de la página del sistema judicial y ejerció presión en un diario para que no fuese publicada. Esto muestra la prostitución del sistema judicial y nuestros parlamentarios mutis por el foro, valen callampa. Toribio se pregunta ¿Será necesario lo que hicieron en el vecindario en tribunales?

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

Vea a verdad sobre Jara:

 https://www.youtube.com/shorts/yL4sROG4xao

SER COMUNISTA

Causa de Derechos Humanos

Juzgado de Garantía acoge acción por cuasidelito de prevaricación en causa de derechos humanos. Querellantes alegan que la sentencia no cumple estándares mínimos para acreditar participación. Denuncian uso de razonamientos equivocados y falacias lógicas. Acusan vulneración de principios básicos del Derecho penal. Reprochan falta de lógica en la justificación del fallo condenatorio. Apuntan a parcialidad en el análisis de la prueba.

2 de julio de 2025

Imagen: pildoraslegales.com

El Magistrado Federico Gutiérrez del Juzgado de Garantía de Temuco, declaró admisible la querella interpuesta por la abogada Carla Fernández, en representación de Raimundo Ignacio García Covarrubias, Pablo Domingo Gran López y Pedro Guillermo Manuel Tichauer Salcedo, en contra del Ministro en Vista Extraordinario Alvaro Mesa Latorre integrante de la Corte de Apelaciones de Temuco que sustancia causas de derechos humanos y en contra de todas aquellas personas que resulten responsables por el cuasidelito de prevaricación, contemplado en el numeral primero del artículo 224 del Código Penal.

Como antecedentes previos la querella criminal refiere que el Ministro Alvaro Mesa condenó a los querellantes como cómplices de homicidios calificados y apremios ilegítimos ocurridos en 1973. Los hechos fijados por el juez querellado en la sentencia de 15 de septiembre de 2023 ocurrieron en noviembre de 1973, cuando los querellantes eran jóvenes oficiales del Ejército, ocasión en que se realizaron detenciones, interrogatorios y apremios ilegítimos en el Regimiento Tucapel de Temuco, luego de lo cual siete personas fueron ejecutadas el 10 de noviembre de 1973 en el polígono de tiro de Isla Cautín.

Los querellantes denuncian que la sentencia dictada por el Magistrado no cumple el estándar mínimo para acreditar la participación de los querellantes. Usa razonamientos equivocados y falacias lógicas. Aplica criterios ajenos al orden jurídico interno. Vulnera principios básicos del Derecho Penal. Carece de lógica en la justificación interna y externa del fallo. Revela parcialidad al analizar la prueba. Genera indefensión al exigir prueba de hechos negativos.

En síntesis, los querellantes alegan que la conducta del juez constituye prevaricación imprudente, tipificada en la norma citada del Código Penal, por dictar una sentencia manifiestamente injusta en causa criminal debido a negligencia o ignorancia inexcusable.

Profundizando en el análisis de la sentencia condenatoria, los querellantes realizan un extenso análisis dogmático del fallo, denunciando varios problemas en el razonamiento del juez. Afirman que:

No se acreditó adecuadamente la participación de los querellantes en los delitos. El juez no separó los comportamientos de los distintos miembros del regimiento ni analizó detalladamente los «últimos

Se aplicó una visión puramente causalista del delito, sin considerar elementos normativos de imputación objetiva. El juez se centró únicamente en el disvalor de resultado, sin analizar el iter criminis ni el disvalor de acción.

No se distinguió entre riesgos permitidos y prohibidos, ni se analizaron posibles conductas neutrales o imprudentes.

Se imputó responsabilidad por el mero hecho de ser oficiales del regimiento, sin probar acciones concretas. El juez optó por una «imputación general» basada en la calidad de oficiales de los querellantes.

No se fundamentó adecuadamente la calificación como cómplices. Se realizó una interpretación extensiva de la complicidad sin el análisis pormenorizado que exige la ley procesal.

Se vulneraron principios básicos como tipicidad, culpabilidad y legalidad penal. No se distinguieron qué acciones concretas de los querellantes serían contrarias a las normas.

No se analizó adecuadamente el nexo causal entre las supuestas acciones de los querellantes y el resultado delictivo. No se determinó si los querellantes realmente pudieron producir el resultado.

Los querellantes concluyen que estos errores dogmáticos derivaron en una sentencia arbitraria e injusta, configurando un posible cuasidelito de prevaricación por parte del juez.

Continúan su análisis dogmático de la sentencia los querellantes, aludiendo a los siguientes problemas adicionales del fallo que los condena. Afirman que:

El juez omitió realizar un juicio de imputación objetiva y subjetiva para determinar la participación de los imputados, como exige la doctrina y jurisprudencia sobre complicidad. Esto impidió llegar a una determinación de responsabilidad penal percibida como «justa».

No se cumplió con la obligación de determinar concretamente la conducta atribuida a los imputados, como exige el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal.

La condena se dio sin establecer que los querellantes realizaron una colaboración típica a los autores de los delitos, creando un riesgo penalmente desaprobado que se concretó en el resultado.

El juez omitió aplicar la teoría de la imputación objetiva para complementar la causalidad y dar contenido a las normas sobre participación criminal.

Se basó la condena en elementos ajenos a la responsabilidad penal como la condición o estado de los supuestos colaboradores, en lugar del actuar concreto que lesiona el bien jurídico.

Concluyen los querellantes que estos errores reflejan un «disvalor de acción» del juez que configuraría el cuasidelito de prevaricación, al dictar una sentencia manifiestamente injusta por negligencia o ignorancia inexcusable.

También la querella alude a que la sentencia presentaría varios problemas en su fundamentación y análisis de la prueba. Denuncian los querellantes:

Uso de analogías in malam partem: El juez compara el Regimiento Tucapel con campos de concentración nazis, lo cual es improcedente y viola el principio de legalidad penal.

Atribución de responsabilidad por el mero cargo: Se imputa participación a los querellantes por su condición de oficiales, sin probar acciones concretas.

Falta de análisis de la imputación objetiva: El juez prescinde expresamente de aplicar la teoría de la imputación objetiva, centrándose solo en la causalidad.

En cuanto a la valoración de la prueba, la querella la califica de sesgada:

Se da mayor peso a testimonios de cargo, incluso cuando son contradictorios.

Se desestiman testimonios y pruebas de descargo sin justificación suficiente.

Se aplican criterios diferentes para valorar testimonios de cargo y descargo.

Falta de acreditación del dolo: No se prueba el conocimiento y voluntad de los querellantes respecto a los delitos imputados.

Contradicciones en el análisis de la participación: No se explica por qué algunos acusados son condenados solo por apremios y otros también por homicidios.

Uso de falacias argumentativas: Se recurre a falacias como petición de principio, falsa causa, y argumento de autoridad.

Vulneración del principio de objetividad: El juez no aplica el mismo estándar al analizar pruebas de cargo y descargo.

En resumen, para los querellantes la sentencia presenta graves deficiencias en su fundamentación jurídica y valoración probatoria, lo que podría configurar una prevaricación imprudente, afirman.

En otro acápite, el libelo discurre sobre la argumentación jurídica y el activismo judicial. Cita a Manuel Atienza que critica el activismo judicial que va más allá del derecho. Los jueces deben buscar una «justicia limitada» dentro del marco legal. El buen juez combina sentido de justicia con prudencia y auto-restricción. También a Aulis Aarnio para resaltar que la independencia judicial no exime a los jueces del control democrático, y las decisiones judiciales deben estar argumentadas para permitir el control social. La justificación de las sentencias es clave para la certeza jurídica y legitimidad. Asimismo, cita a Chaïm Perelman que critica la pretensión de encontrar soluciones «científicas» a todos los problemas humanos y advierte sobre los riesgos de usar analogías, especialmente en derecho penal. Mientras que Francisco Javier Álvarez García indica a que el mayor peligro es cuando los jueces deciden «hacer política», momento en que se les debe exigir fidelidad absoluta a la norma y vinculación a la ley. Fuera de los márgenes legales, las convicciones personales del juez llevan a la arbitrariedad. Por su parte, Alejandro Vergara Blanco señala que los jueces deben aplicar las reglas y principios, no crearlos y critica el «activismo personalista» y las sentencias basadas en sentimientos de justicia material. Finalmente, los querellantes recurren a la opinión de Jorge Correa Sutil, que señala que facilita el activismo judicial la irrupción de los principios como fuentes del derecho y advierte sobre los riesgos de aplicarlos como si fueran reglas.

Examinando el Derecho aplicable a la prevaricación imprudente, los querellantes señalan que tipo penal está descrito en el artículo 224 N°1 del Código Penal, cuyos elementos son:

Conducta típica: dictar sentencia manifiestamente injusta en causa criminal.

Tipo subjetivo: Por negligencia o ignorancia inexcusables.

Sujeto activo: Titulares del poder jurisdiccional (ej. Ministro de Fuero).

Sujeto pasivo: El Estado y los destinatarios de la sentencia afectados.

En cuanto al concepto de prevaricación, los querellantes refieren que etimológicamente proviene de «Varicare» que significa andar torcido, anticipar opinión contraria a la que corresponde, conducta que se aleja de la corrección según el ordenamiento. Mientras que la conducta prevaricadora se evidencia en el momento de la decisión judicial plasmada en la sentencia, al incumplir la obligación de argumentación jurídicamente aceptable, al usar razonamientos ilógicos y falacias (ej. analogías in malam partem), contravenir reglas básicas de interpretación y argumentación jurídica, aplicar incorrectamente la ley. De lo que se deriva un ejercicio incorrecto de la jurisdicción, una lesión al funcionamiento del sistema de justicia penal, un riesgo a la vigencia de normas jurídicas y afectación del derecho de tutela judicial efectiva.

En lo que dice relación a la conducta, la querella evidencia el defecto del conocimiento del querellado. Se pone énfasis en que la sentencia injusta se ha dictado “contra reo”, porque no solo se ha condenado de un modo injusto a tres personas inocentes, sino que también, se les ha dispensado un tratamiento más desfavorable que el que les correspondía por Ley, colocándolos en una situación de prueba imposible y diabólica, afectando severamente su derecho a defensa material.

Agrega referente a la conducta prevaricadora, que al aplicar el querellado la teoría de la equivalencia de las condiciones ”a raja tabla”, sin pasar los hechos por el cedazo de la imputación objetiva, y la sazón de los principios del Derecho penal liberal, es un yerro inaceptable para un juez de la República, aun cuando busque un subterfugio aparentemente jurídico para fundamentar su decisión.

Por último, en lo que se refiere al injusto, la querella sostiene que desde una óptica “macro”, de la Carta Política pueden deducirse dos premisas esenciales que ayudan a delimitar los contornos del injusto en el delito de prevaricación imprudente: la facultad de imperio de la resolución judicial, que representa a su vez una manifestación del soberano y la vinculación de la justicia con el derecho de tutela judicial efectiva del ciudadano, quien tiene derecho a una resolución “fundada en Derecho”, esto es, fundamentada en la Ley, como “una declaración de la voluntad soberana…”. Es por este motivo que -para los querellantes- es fundamental que el intérprete (juez) comprenda el ordenamiento jurídico como un sistema unitario en el que los enunciados constitucionales se conectan con los contenidos de las leyes penales. Siendo así, la naturaleza “injusta” de la sentencia está determinada por el incumplimiento del “deber judicial” de garantizar y hacer prevalecer el derecho, respetando las normas y criterios que el ordenamiento prevé para la interpretación y aplicación del derecho.

Termina la querella señalando respecto del injusto, que la prevaricación por ignorancia o negligencia inexcusable, radica en la dictación de una sentencia incorrecta fundada en premisas construidas de modo insostenible, pero donde la infracción de las reglas de interpretación o de argumentación jurídica se explica por el desconocimiento inexcusable de estas reglas o la poquísima diligencia del juez en su aplicación.

Vea texto de querella y resolución del Juzgado de Garantía que la declara admisible RUC 2510031658-K, RIT 5732 – 2025.

¡¡¡SORPRESA!!!

Inexplicablemente el Tribunal de garantía se echa para atrás, elimina del sistema la resolución anterior y rechaza la querella.

Esto demuestra lo sucia que está la justicia y demuestra la defensa corporativa que hacen entre ellos.

*INSÓLITA INTERVENCIÓN DEL PODER JUDICIAL*

Con fecha 30 de junio pasado el Juzgado de Garantía de Temuco emitió una resolución declarando admisible la querella de *PREVARICACIÓN* en contra del ministro en visita *Álvaro Mesa Latorre*, no obstante, insólitamente con fecha 1 de julio cambiaron la resolución ya difundida por la página del Poder Judicial declarándola inadmisible, y lo más insólito que la resolución que la declara admisible la prevaricación la hicieron desaparecer del sistema computacional del Poder Judicial y la sustituyeron, sin explicaciones por la que la declara ahora inadmisible lo que jurídicamente es arbitrario e ilegal. Además, influyeron en el Diario Constitucional para que retirara un artículo al respecto sobre el grave hecho.
Que mano o manos negras intervinieron? Es el colmo de cómo opera la administración de justicia en nuestro país

“Justicia en la mira”, para ver y difundir.

Humanidad:

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CONVERSACIÓN

Enrique Slater @slater_enrique

Para entender las prevaricaciones de los jueces y de la propia Justicia, contra ex uniformados, es importante leer esta entrevista. No se puede seguir pasivo ante tanta persecución y venganza.

Punta Peuco es un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM): Carla Fernández,…:

Por Elke von Loebenstein, Subdirectora Diario Constitucional

Carla Fernández Montero —especialista en derecho penitenciario— irrumpió en la polémica pública al asumir en forma inmediata la defensa de los internos de Punta Peuco mediante un recurso de amparo que representó a 134 reclusos adultos mayores. Su intervención se desató luego de que Gendarmería anunciara la reducción drástica de refrigeradores personales el 19 de junio de 2025, afectando directamente la conservación de insulina, alimentos enterales y otros insumos médicos esenciales. Fernández sostiene que este tipo de decisiones no solo son justificadas por supuesta eficiencia energética, sino que encubren una maniobra política destinada a abrir espacio para reos comunes, en línea con el anuncio presidencial de transformar Punta Peuco en una cárcel ordinaria.

Su defensa jurídica se apoya en jurisprudencia vinculante: la Corte Suprema, en analogía in bonam partem, equiparó establecimientos carcelarios que alojan adultos mayores con ELEAM —los centros de larga estadía del medio libre—, la que fue invocada para respaldar el amparo. Además, ya había obtenido éxitos en otros recursos que obligaron a Gendarmería a implementar atención médica de planta y ambulancia para internos septuagenarios y octogenarios. Fernández fundamenta sus acciones en tratados internacionales de derechos humanos y en la normativa nacional, denunciando actos que —a su juicio— constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes y una vulneración de la dignidad y seguridad personal de personas privadas de libertad.

Sobre su rol y motivaciones

¿Qué la motivó a asumir la defensa de los internos de Punta Peuco?

Esto fue algo casi espontáneo, al momento de comenzar a recibir llamadas de ellos en donde literalmente pedían “auxilio”, y darme cuenta de lo importante que es para ellos poder autogestionar sus cuidados de salud más básicos.

¿Cómo evalúa la situación general de los adultos mayores en cárceles chilenas?

Pésima, porque el sistema carcelario no está “adecuado” para ellos. Por cierto, la propia Corte Suprema advierte esta situación en el icónico fallo de septiembre pasado, donde en base a una analogía in bonam partem, homologa los recintos carcelarios que albergan adultos mayores con los ELEAM del medio libre (Rol 249.389-2023).

¿Qué desafíos enfrenta una abogada al representar a condenados por violaciones a los derechos humanos?

Todos. Un proceso inquisitivo y secreto, que es un desastre para los enjuiciados. Una justicia “tuerta” en esta materia. Un órgano garante -Gendarmería- que no entiende el peso de su responsabilidad para con los internos, y que el artículo 6 inciso 3° de su Estatuto resume. El estigma profesional propio de estas causas de DDHH, aunque esto la verdad me importa un bledo.

En todo caso, la satisfacción de ayudar a estas personas compensa con creces las dificultades. Son seres extraordinarios, al igual que sus familias.

Sobre el recurso de amparo

¿Por qué decidió presentar un recurso de amparo y no un recurso de protección desde el inicio?

Porque el acto arbitrario e ilegal de Gendarmería es una acción pluriofensiva, que no solo vulnera la integridad física y psíquica, e incluso la vida, sino que también lesiona la libertad personal y seguridad individual. Así, elegí la acción de amparo porque es de más rápida tramitación y resolución, tanto por la forma como se enfrenta por la justicia como por la carga menor que tiene en relación a la acción de protección, respecto de la cual existe una verdadera “elefantiasis”. Hablamos de un plazo 1.000% inferior, ya que si la protección dura en promedio un año o más en resolverse, el amparo no suele demorar más de un mes.

¿Qué evidencia considera más relevante para demostrar la afectación de derechos fundamentales en este caso?

El hecho que todos los internos de Punta Peuco son personas ancianas con enfermedades crónicas (como diabetes, patologías coronarias, hipertensión, etc), que requieren cuidados especiales de alimentación y medicación, que el sistema carcelario no es capaz de satisfacer en lo más mínimo, y que sólo puede llevarse a cabo de manera privada por los internos, para lo cual necesitan de una correcta “conservación” de alimentos e insumos médicos. Esta preservación sólo la garantiza la refrigeración.

¿Cómo se justifica, desde su perspectiva, que el retiro de refrigeradores pueda constituir un acto ilegal o arbitrario?

Porque la falsa razón esgrimida por Gendarmería relacionada a la eficiencia energética cede frente a la necesidad de preservar los alimentos e insumos médicos. Además, el verdadero motivo es desocupar espacio para el ingreso de reos comunes provenientes de otros penales.

Sobre derechos humanos y tratados

Usted invoca tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué peso real cree que tienen en decisiones judiciales en Chile?

Todo el peso cuando se trata de encarcelar civiles y militares por causas de DDHH. Ningún peso cuando se invocan como garantía pro reo, tanto en fase juzgamiento (frente al obsoleto sistema inquisitivo y secreto), en la condena, cuando se solicita una medida alternativa a la pena efectiva o en fase cumplimiento, cuando se piden beneficios penitenciarios (libertad condicional, pena mixta, ley 19.856, etc.)

¿Cree que se está vulnerando el derecho a la dignidad y salud de los internos? ¿Cómo lo fundamenta?

La dignidad es un valor inherente al ser humano, por el hecho de ser persona, por lo que no lo consideraría un derecho propiamente tal, sino más bien una condición que se adquiere desde la concepción hasta la muerte y que por ese solo hecho, debe ser respetada. Es algo que jamás se pierde, y eso una parte de la política chilena no lo entiende. La salud, es un derecho contenido dentro de la garantía de la integridad física y psíquica, la vida, así como la libertad personal y seguridad individual. O acaso que el reo sufra un maltrato del Estado adicional al castigo penal, ¿no es una forma de destruir al ser humano? La Convención Americana de DDHH en su art. 5.3 mandata que “la pena no puede trascender de la persona del delincuente”.

¿Qué papel juega la edad avanzada y las enfermedades de los internos en el análisis jurídico de este caso?

Todo, aun cuando respecto de presos más jóvenes el impacto de la medida también sería visible, pero en menor medida, ya que difícilmente son personas insulinodependientes, hipertensos, etc. que requieren alimentación enteral, o que no pueden experimentar ayunos superiores a 6 u 8 horas (y no 15, como existe actualmente en el sistema penitenciario).

Sobre el actuar de Gendarmería y el Gobierno

¿Considera que Gendarmería actuó motivada por razones políticas?

Absolutamente, pero principalmente a nivel de la Dirección. He visto a Alcaides y funcionarios que tratan de hacer bien su pega, empatizando con la realidad carcelaria de los internos provectos, pero al final todo llega a la Dirección Nacional, y ahí la cosa es pura política “fría”. Una instancia donde las solicitudes de los reos “duermen el sueño de los justos” en algún cajón del burócrata de turno.

¿Qué opina del argumento de Gendarmería sobre eficiencia energética y seguridad?

¡Lamentable! Va contra el sentido de la normativa que regula el actuar de este ente, y lo más grave, devela el desacato flagrante en relación al fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2024.

¿Ve alguna relación directa entre esta medida y el anuncio del Presidente Boric sobre transformar Punta Peuco en una cárcel común?

Por supuesto. El argumento falaz entregado por Gendarmería no es otra cosa que la excusa para “hacer espacio” en el penal para la llegada de reos comunes de otros recintos del país, y de esta forma, “desnaturalizar” Punta Peuco, quitándole ese “halo patriota-militar” que le guste o no al Gobierno, aún conserva.

Sobre el fallo de la Corte

¿Qué opinión le merece la decisión de la Corte de Apelaciones de tramitar el recurso como protección y no como amparo?

Una decisión obtusa. Como señalé, el acto de Gendarmería es pluriofensivo, entonces optar por la vía procesal más “burocrática”, poniendo en riesgo hasta la vida de los presos, y en base a un purismo legal, como es querer ver sólo una infracción a la garantía del artículo 19 n° 1 de la Carta y no la del n° 7, aun cuando está claro que existe un empeoramiento en las condiciones carcelarias en que se cumple la privación de libertad, resulta ser una decisión judicial a la que “le falta calle”. Por cierto, la mayoría de los ministros y abogados integrantes no conocen Punta Peuco. Debo decir eso sí que me extrañó el voto del Presidente de la Sala, el Sr. Guillermo de la Barra, quien hasta hace poco fue ministro de fuero, y conocía perfectamente la situación de Punta Peuco. Su decisión resulta inexplicable, en términos jurídicos y humanos.

Igualmente me causó extrañeza que fueran en contra de la propia jurisprudencia de la Corte Suprema en esta materia de amparo, y que la acción cita.

Aun cuando hay que agregar que la orden de no innovar fue acogida, pero ello no significa que la tramitación de la protección será más rápida.

¿Cree que esta decisión cambia el enfoque del caso o debilita su argumentación?

El enfoque se ve afectado en la medida que la problemática de fondo que afecta a los presos termina diluyéndose en el tiempo gracias a la demora. En efecto, el fallo supremo de la protección dictado en septiembre pasado, demoró casi un año y medio, y Gendarmería aún está en desacato. Eso es lo que se logra.

La argumentación no se debilita, porque no solo es un reflejo de la realidad carcelaria, sino que, además, está en consonancia con lo resuelto por la Corte Suprema en otros casos de empeoramiento de condiciones carcelarias, y que tuve la oportunidad de defender (SCS Rol n° 2.193-2024, de 08 de febrero de 2024; SCS Rol n° 16.535-2024, de 28 de mayo de 2024; SCS Rol n° 17.856-2024, de 10 de junio de 2024; SCS Rol n° 20.426-2024, de 09 de julio de 2024).

¿Qué espera del fallo definitivo de la Corte?

Primero hay que señalar respecto del amparo, que el fallo fue apelado, y ahora es la Corte Suprema la que debe pronunciarse.

En relación a la protección, el hecho que hayan concedido inmediatamente la orden de no innovar es un indicio serio de que loa afectación es real y seria. No veo la posibilidad de un fallo desfavorable.

Sobre la opinión pública y el contexto

¿Cómo responde a quienes consideran que los condenados por violaciones a los derechos humanos no merecen trato especial?

No se trata de trato especial, sino de respeto a la dignidad del ser humano y sus derechos, que no son monopolio de nadie en particular.

¿Piensa que el estándar de derechos debe aplicarse por igual a todos los internos, sin importar sus delitos?

Por supuesto. Los principios del Derecho penal también se aplican en fase ejecución, en donde la prevención especial es todo. Aquí no cabe la retribución, ya que existe pena draconiana efectiva, por lo que no hay impunidad, y si por algún motivo de edad y salud el interno no está en condiciones de cumplir en la cárcel, el Derecho debe darle la opción de una medida alternativa, como el cumplimiento domiciliario. ¿Acaso no estamos hablando de justicia y no de venganza?

¿Le preocupa que su defensa sea percibida como una forma de reivindicación del pasado dictatorial?

Para nada. No me importa lo que digan si con ello logro defender los derechos de quienes por años han sido silenciados y han sufrido en carne viva el maltrato del Estado, y la ingratitud de la política.

Por lo demás, ese pasado dictatorial al que se refiere usted, tiene un componente histórico que no puede ser soslayado por la ideología, menos hoy, en la situación político-social en que se encuentra el país, y los riesgos de volver a experimentar gobiernos de corte totalitario. No entender esto, y ceder a cierta hegemonía cultural de izquierda en esta materia, podría significar en la práctica una indefensión futura de la población civil frente a una revuelta social como aquella de 1973.

Cierre

¿Qué mensaje le gustaría enviar a las autoridades respecto del trato a personas privadas de libertad?

Sólo que las traten como seres humanos, les respeten sus derechos y cumplan con los fallos.

¿Qué vendrá si el recurso es rechazado? ¿Piensa acudir a instancias internacionales?

No veo la posibilidad de perder. pero igualmente no descarto nada. Pero si acudo a instancias internacionales será “con todo”, para ganar.

De diarioconstitucional.cl
4:09 p. m. · 1 jul. 2025

Agencia Uno

LA GUERRA DE LOS REFRIGERADORES EN PUNTA PEUCO: CORTE DE APELACIONES CONGELA RETIRO DE ELECTRODOMÉSTICOS USADOS POR REOS

Por: Horacio Gutiérrez Areyte | 01.07.2025
La Corte de Apelaciones reconvirtió en recurso de protección la acción presentada por 134 internos de Punta Peuco contra el retiro de refrigeradores. Ordenó suspender la medida mientras se revisa si vulnera su integridad física y psíquica, dada su edad y estado de salud.
En medio del proceso de transformación de Punta Peuco en un penal común, Gendarmería de Chile comunicó a los reclusos de ese establecimiento —condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura— que deberán retirar la mayoría de los refrigeradores que han utilizado durante años.
La decisión, notificada el 19 de junio de 2025 por el alcaide Cristóbal Vargas, impone un máximo de un refrigerador mediano por cada cinco internos.
Frente a este anuncio, la abogada Carla Fernández Montero presentó un recurso de amparo en representación de 134 internos, cuestionando la legalidad de la medida.
Sostuvo que la mayoría de los reclusos son adultos mayores, algunos con más de 90 años, y que muchos enfrentan enfermedades graves o terminales.
El retiro de los refrigeradores, alegó, pone en riesgo su salud, pues se usan para conservar medicamentos como insulina, alimentos enterales y productos perecibles que no forman parte del régimen alimentario que entrega el penal.
Gendarmería justificó la medida señalando que responde a razones de eficiencia energética y seguridad interna.
También se mencionó que los espacios liberados permitirían albergar a unos 40 internos adicionales.
Aunque la institución ha afirmado que actúa dentro de sus atribuciones, el recurso acusa una vulneración grave a derechos básicos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por Chile.

Francisco Chahuán @chahuan

Tal como señala el cardenal
@FernandoChomali
, hoy muchos adultos mayores y enfermos graves cumplen condena en condiciones muy complejas. Nuestro proyecto de conmutación de penas permitiría que en estos casos, puedan acceder al cumplimiento domiciliario de su condena.
Cita

Card. Fernando Chomali
@FernandoChomali
·
22h
Saliendo de la penitenciaria. Estuve con personas que han delinquido y que se quieren redimir. Muchos adultos mayores y enfermos podrían tener penas alternativas. Gran labor de Gendarmería y voluntariado católico y evangélico. ¡En el corazón de la misión pastoral según Jesús!

8:40 p. m. · 1 jul. 2025

Abogado Rodrigo Román de la ONG ’Defensoría Popular’ es detenido tras chocar ebrio en Ñuñoa

Christian Borcoski

Periodista Policial en Radio Bío Bío Santiago

Publicado por Camilo Suazo

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Agencia UNO

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VER RESUMEN

El abogado Rodrigo Román Andoñe, fundador de la ONG Defensoría Popular, fue detenido la mañana de este domingo tras protagonizar un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad en la comuna de Ñuñoa.

El incidente, en el que también se vio involucrado un segundo automóvil, ocurrió en la intersección de calle Doctor Johow con Avenida Grecia, sin que se reportaran lesionados.

Según información recabada por La Radio, Román conducía un vehículo Mazda color blanco en “evidente estado de ebriedad” de acuerdo a lo arrojado por el examen respiratorio Intoxilyzer, el cual registró 1,79 gramos de alcohol por litro de sangre.

Al lugar llegó una grúa para retirar ambos vehículos y así no entorpecer el normal flujo de tránsito.

Tras la colisión, el abogado quedó detenido en la 18° Comisaría de Ñuñoa.

Abogado defensor de terroristas, “1ra linea” del estallido delincuencial y anarquistas:

Estas izquierdas deslavadas

Gonzalo Rojas Sánchez

La campaña para las primarias del oficialismo ha dejado cuatro lecciones sobre las izquierdas actuales que vale la pena atesorar. Cada una de esas conclusiones, además, desmiente ciertas percepciones que están muy arraigadas en algunos sectores de las derechas, sobre la supuesta “superioridad electoral” de las izquierdas.

Veamos, en concreto.

La campaña ha mostrado a unas izquierdas en combate sin cuartel unas con otras. Se han dicho de todo, se han ninguneado, se han ridiculizado, se han descalificado hacia el futuro (aunque siempre ha aparecido el mantra, incluso en boca presidencial: “pero gane quien gane, estaremos unidos la primera vuelta”). Esas heridas sangrarán.

Paralelamente, el despliegue comunicacional ha sido pobrísimo. Tanto la franja como los spots han desmentido aquello de que las izquierdas siempre son capaces de enviar mensajes eficaces, basados en textos e imágenes de alto impacto positivo. Basta con recordar la aparición de Winter con la pareja que espera un hijo, o el insólito “musical” de los diputados socialistas “a favor” de Tohá (con comillas, porque fue casi un suicidio), para sospechar que los zurdos creativos parecen una especie en extinción.

En tercer lugar, se ha podido comprobar que las izquierdas –en esta instancia al menos, y por ahora– ya no copan la calle. La vieja tradición de organizar manifestaciones populares en espacios abiertos –o al menos en amplios gimnasios– ha estado prácticamente ausente de la campaña. Temerosos del distanciamiento que experimenta la ciudadanía con los candidatos que apoyan al actual gobierno, los postulantes han preferido el foro sectorial, la reunión nuclear y las redes sociales. Ya nada tiembla porque la izquierda –en esta oportunidad– no salió a la calle.

Por último, ha sido también notoria la incapacidad de los candidatos para presentar propuestas auténticamente rupturistas –dicen que las izquierdas son revolucionarias– ya que se han centrado en proposiciones de carácter general, algunas ellas por supuesto con eventuales consecuencias devastadoras, pero sin mayor capacidad de contacto con la ciudadanía. La tradicional demagogia populista de las izquierdas ha sido reemplazada en esta campaña por una timorata batería de generalizaciones abstractas, con una que otra excepción irrelevante.

Queda por comprobar –escribo antes de la elección misma– si más encima un quinto mito habrá sido desvirtuado: la capacidad movilizadora de las izquierdas en los días de elección. Su tradicional estructura de acarreo, bien financiada, también podría quedar en entredicho. Esto último lo sabremos al conocer las cifras de electores totales. Quizás sea una quinta lección a considerar.

Un Estado abusador

Andrés Montero

Cuando me titulé de Ingeniero Comercial a los 22 años, empecé a trabajar en un banco y a pagar todos los impuestos que exigía la ley. Ya casado, tomé un crédito hipotecario para comprar una casa. Empecé a pagar contribuciones de bienes raíces. Tuve que asegurar la casa, y ya en 1986 tuve que contratar guardias fuera de mi casa para que no me robaran. El Estado no me entregaba seguridad a mí y a mi familia. Ya por mi automóvil, pagaba permiso de circulación, seguro y pagaba peaje para transitar por las carreteras. Si tenía algún ingreso adicional también debía pagar impuestos. Con el tiempo y después de 45 años de ejercicio profesional, habiendo pagado impuestos toda mi vida, si me muero, mis herederos deberán pagar altos impuestos de herencia, pero como no tendrán liquidez, tendrán que vender bienes a precio de liquidación.

En el intertanto uno observa y lee como el Estado, dirigido por un gobierno que aborrece el lucro y la iniciativa individual, malgasta y muchas veces sus funcionarios se roban el dinero que proviene de los impuestos. Es lamentable que uno tenga que trabajar duro para formar un patrimonio y que deba en paralelo tener que financiar abusos evidentes en el Estado. Miles de miles de empleados contratados sin procesos de selección rigurosos, funcionarios en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en otros ministerios, quienes llegaron ahí por ideología y no por méritos, fundaciones truchas manejadas por truhanes que al final del día salen libres de penas. A través de Chile se ven hospitales a medio construir, útiles escolares no distribuidos a tiempo, funcionarios viajando por el mundo en medio de licencias médicas y exonerados falsos que reciben mensualmente su “indemnización”. Le sumamos los intentos de fraude por casa “ex Salvador Allende” y los cuadros no entregados por deudas al fisco. Tener que observar por televisión a un par de candidatas presidenciales, que lo único que quieren es un Estado más grande, da mucha rabia.

No faltan recursos para museos de la memoria, para celebraciones de la Unidad Popular, de la Reforma Agraria y aportes a la cultura, siempre de izquierda. Promueven trabajar menos horas, negociación ramal o multinivel, con el más absoluto desconocimiento de cómo funciona la economía real. Si seguimos revisando temas actuales, TVN pierde dinero a raudales, presidida por un activista político y no por un profesional del área. Codelco sigue 100% en manos del Estado, cuando es evidente que en manos privadas generaría más recursos para el fisco. Tienen terror a privatizar Codelco, aunque sea un 1% por año, con tope de 49%. Si se anunciara su privatización parcial, solo por eso, el valor de la compañía subiría drásticamente. El comercio ilegal está por todas partes y la inmigración ilegal está desatada.

Quienes pagamos impuestos debemos financiar los servicios gratuitos a inmigrantes ilegales. Educación, salud, vivienda etc. ¿Por qué? Cualquiera que quiera ir adelante con un negocio, por pequeño que sea, en algunas comunas, patentes municipales expropiatorias y todo tipo de trabas. La eficiencia de los ministerios en Santiago y en regiones es muy baja. Basta ver en televisión cuando entrevistan a los seremis o a los delegados presidenciales. Su experiencia y nivel es muy inferior a lo que se requiere para manejar recursos públicos. Orrego, Hassler, Cariola, Pérez etc. etc. nos hacen reflexionar acerca de la moralidad del Estado a la hora de cobrar impuestos. Los impuestos por aumento de valor en transacciones de bienes raíces es otra injusticia, toda vez que los fondos destinados a su adquisición ya tributaron. En el campo, los predios agrícolas son revalorizados para efectos de contribuciones, a valores comerciales, en circunstancias que su rentabilidad es muy baja y esto obliga a sus dueños a vender para “hacer un buen negocio alguna vez”. Esto incentiva el abandono de los campos y su derivación a proyectos inmobiliarios de segunda vivienda con todos los efectos negativos de parcelaciones mal concebidas.

Ojalá que quien gobierne nuestro país, sea quien sea, no aumente más los impuestos y sea más estricto en la eficiencia de los funcionarios del Estado. El nivel de laxitud ha llegado a límites inaceptables. Como país debemos recuperar los conceptos de autoridad, austeridad, responsabilidad, eficiencia, productividad, esfuerzo individual y sobriedad. Debemos dejar ejemplos positivos a las generaciones que vienen. Debemos pensar en Chile.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el sábado 28 de junio de 2025.

Chile necesita recomponer su alma

Enrique Cruz Ugarte 

Durante las últimas semanas continuamos siendo testigos de los más variados hechos de corrupción que golpean con fuerza a nuestro país. No se tratan de casos aislados ni de errores administrativos. Hablamos de delitos cometidos desde el mundo público y privado, muchas veces de forma deliberada para defraudar al Estado y dañar a la ciudadanía. Si bien no podemos obviar las responsabilidades personales e institucionales de los distintos hechos, lo verdaderamente preocupante es lo que revelan: la profunda crisis moral que atraviesa nuestra sociedad.

La corrupción que hoy vivimos es apenas la punta del iceberg. Su raíz más profunda se encuentra en una cultura extendida que hemos ido naturalizando a diario. El no pago del transporte público, pedir factura en el supermercado, la compra sin boleta, las licencias falsas, el aprovechamiento de vacíos legales y otras actitudes que han debilitado los vínculos de confianza y cohesión que sostienen un tejido social sano y una democracia robusta.

Frente a esta realidad, está claro que las leyes, normativas, protocolos y reglamentos son necesarios, pero insuficientes. Nunca habíamos tenido tantos mecanismos de control, sin embargo, los escándalos no cesan. En este contexto, los millones de chilenos honestos y trabajadores, que cumplen con la ley y hacen lo correcto, han visto socavada su confianza en las instituciones, en sus líderes y en el sistema en su conjunto.

Esa desconfianza es más peligrosa que cualquier crisis económica o política, porque carcome desde dentro los cimientos del Estado y daña la esperanza de vivir en una sociedad justa. Sin un compromiso ético real, sin una cultura de integridad moral compartida, las normas quedan sin un sustrato interno, siendo como un cascarón vacío. No hay ley que funcione si no hay convicción personal y colectiva que le dé sustento.

Urge una regeneración moral del país. Esto no se logra sin un esfuerzo decidido desde los liderazgos políticos, sociales y también empresariales. Desde la empresa tenemos el deber de encarnar con el ejemplo un estándar ético que permee al conjunto de la ciudadanía. No basta con condenar públicamente los actos ilícitos, se necesita responsabilidad y coherencia en todas nuestras prácticas empresariales que fomenten poder cambiar conductas arraigadas que han ido degradando nuestra cohesión social.

Como nos recuerda el Papa León XIV, lo importante no son sólo los problemas o sus respuestas técnicas, sino la forma en que los enfrentamos, con principios éticos claros y con apertura a la gracia de Dios, que nos invita a vivir con un propósito orientado hacia la búsqueda del bien común de nuestro país.

Este trabajo empieza en casa: en nuestras familias. Pero también debe estar presente al interior de nuestras empresas y organizaciones, que son espacios clave de formación y desarrollo integral de la persona. Conforme a su rol social, la empresa está llamada a la generación de una cultura de integridad. Si queremos personas íntegras, necesitamos formar no sólo en habilidades técnicas, sino en virtudes, valores y responsabilidad pública. No podemos quedarnos de brazos cruzados porque requerimos un pacto social renovado sobre mínimos éticos, una moral compartida que reoriente nuestro rumbo como país.

Chile necesita recomponer su alma. Eso parte por hacer lo correcto, hacer lo que corresponde incluso cuando nadie nos ve, como un principio rector de nuestras vidas. Sólo así recuperaremos la confianza y construiremos una sociedad con vocación de bien común para alcanzar un país más próspero, solidario y humano. Si cada uno de nosotros pone su granito de arena, estoy seguro de que podremos salir de la crisis moral en que nos encontramos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el domingo 22 de junio de 2025.

PROCESADOS EN SILENCIO: LOS JUICIOS SIN GARANTÍAS DEL SISTEMA PENAL ANTIGUO

En pleno 2025, aún existen personas condenadas bajo un sistema penal abandonado hace más de 20 años. Sin debido proceso, ni imparcialidad judicial, sus casos avanzan sin pruebas suficientes, con jueces que actúan como fiscales y sentencian sin las garantías mínimas de una justicia moderna.
28 de junio de 2025

Imagen: legaltoday.com
Cuesta imaginar que, en pleno 2025, aún existan compatriotas procesados y condenados bajo un sistema penal que el propio país dejó atrás hace ya dos décadas, por no cumplir un estándar mínimo de debido proceso.
No hablamos de casos olvidados, ni de páginas cerradas en la historia judicial. Hablamos de hombres que hoy —aquí y ahora— siguen siendo juzgados y condenados sin las garantías mínimas que exige cualquier justicia moderna. Son militares procesados bajo un sistema arcaico, por hechos de hace más de 50 años, en causas que avanzan en completo silencio, sin transparencia, y con fallos que más que aclarar, confunden y hieren.
Lo que ocurre no es sólo un problema jurídico. Es una herida ética. En este sistema antiguo, el mismo juez que investiga es quien acusa, valora la prueba y dicta sentencia. Una figura omnipotente, capaz de construir una hipótesis a su medida y sostenerla hasta el final, aun sin pruebas suficientes. ¿Alguien aceptaría hoy que el fiscal que acusa sea también el que impone la condena? ¿Dónde queda entonces la imparcialidad, la presunción de inocencia, el derecho a defensa?
Lo más grave es que todos estos casos están prescritos. Y sin embargo, los juicios continúan, no para impartir justicia, sino para satisfacer una necesidad simbólica: ofrecer a la opinión pública una ilusión de reparación. El resultado es una condena moral, una sentencia con cárcel y un peso social devastador. Se castiga no con hechos, sino con relatos. No con pruebas, sino con presunciones, que más parecen prejuicios.

Álvaro José Yáñez Mora
Abogado
Publicada en Diario Constitucional

Foto 38-14

Flash Cren N° 8

29 junio 2025

Comentalo con tus cercanos y retransmitelo en tus redes, la verdad debe ser desenterrada.

ABANDONO DE CONSCRIPTOS DE 1973

Al contingente que realizó su Servicio Militar Obligatorio durante el Gobierno Militar, le correspondió participar en, acciones que asumieron las FF.AA, Carabineros e Investigaciones.
Es indiscutible que la labor cumplida por aquellos muchachos de tan sólo 18 años, menores, por cierto, ya que la mayoría de edad de entonces era de 21 años, fue cumpliendo ordenes superiores, no obstante, son numerosos los ex conscriptos que se encuentran recluidos en cárceles o procesados por situaciones ocurridas hace más de 50 años.
Recientemente el ministro Alvaro Meza Latorre de la Corte de Apelaciones de Temuco, condenó en primera instancia, en el caso “Polvorines” a 6 ex conscriptos a presidio perpetuo por presumir complicidad y otro a 20 años, todos del Regimiento Tucapel de Temuco. Similares situaciones viven ex conscriptos del regimiento Húsares de Angol, con 15 y 13 años de presión por haber cumplido órdenes de un superior confeso de ser responsable.
• Extracto

Al cumplirse más de medio del esos lamentables acontecimientos, las autoridades políticas y judiciales debieran buscar una solución para los ex conscriptos, que les permita reintegrarse a la sociedad, toda vez que se trata de chilenos que en la actualidad tienen alrededor de 70 años, muchos de ellos de escasos recursos y enfermos. Las condenas de exsoldados conscriptos, constituye una vergüenza nacional.

Gabriel Fuentes Campusano
Ex subteniente

Punta Peuco es un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM): Carla Fernández, la abogada que desafía al Estado por los derechos de los exmilitares

Carla Fernández Montero, abogada penalista dedicada al derecho penitenciario, representó a 134 internos adultos mayores de Punta Peuco —en su mayoría exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos— tras una serie de medidas adoptadas por Gendarmería que, según ella, atentan contra su dignidad, salud y libertad personal. Fernández argumenta que estas acciones, desde limitaciones a las visitas hasta el retiro de refrigeradores médicos, constituyen actos arbitrarios e ilegales.

30 de junio de 2025

Por Elke von Loebenstein, Subdirectora Diario Constitucional

Carla Fernández Montero —especialista en derecho penitenciario— irrumpió en la polémica pública al asumir en forma inmediata la defensa de los internos de Punta Peuco mediante un recurso de amparo que representó a 134 reclusos adultos mayores. Su intervención se desató luego de que Gendarmería anunciara la reducción drástica de refrigeradores personales el 19 de junio de 2025, afectando directamente la conservación de insulina, alimentos enterales y otros insumos médicos esenciales. Fernández sostiene que este tipo de decisiones no solo son justificadas por supuesta eficiencia energética, sino que encubren una maniobra política destinada a abrir espacio para reos comunes, en línea con el anuncio presidencial de transformar Punta Peuco en una cárcel ordinaria.

Su defensa jurídica se apoya en jurisprudencia vinculante: la Corte Suprema, en analogía in bonam partem, equiparó establecimientos carcelarios que alojan adultos mayores con ELEAM —los centros de larga estadía del medio libre—, la que fue invocada para respaldar el amparo. Además, ya había obtenido éxitos en otros recursos que obligaron a Gendarmería a implementar atención médica de planta y ambulancia para internos septuagenarios y octogenarios. Fernández fundamenta sus acciones en tratados internacionales de derechos humanos y en la normativa nacional, denunciando actos que —a su juicio— constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes y una vulneración de la dignidad y seguridad personal de personas privadas de libertad.

Sobre su rol y motivaciones

¿Qué la motivó a asumir la defensa de los internos de Punta Peuco?

Esto fue algo casi espontáneo, al momento de comenzar a recibir llamadas de ellos en donde literalmente pedían “auxilio”, y darme cuenta de lo importante que es para ellos poder autogestionar sus cuidados de salud más básicos.

¿Cómo evalúa la situación general de los adultos mayores en cárceles chilenas?

Pésima, porque el sistema carcelario no está “adecuado” para ellos. Por cierto, la propia Corte Suprema advierte esta situación en el icónico fallo de septiembre pasado, donde en base a una analogía in bonam partem, homologa los recintos carcelarios que albergan adultos mayores con los ELEAM del medio libre (Rol 249.389-2023).

¿Qué desafíos enfrenta una abogada al representar a condenados por violaciones a los derechos humanos?

Todos. Un proceso inquisitivo y secreto, que es un desastre para los enjuiciados. Una justicia “tuerta” en esta materia. Un órgano garante -Gendarmería- que no entiende el peso de su responsabilidad para con los internos, y que el artículo 6 inciso 3° de su Estatuto resume. El estigma profesional propio de estas causas de DDHH, aunque esto la verdad me importa un bledo.

En todo caso, la satisfacción de ayudar a estas personas compensa con creces las dificultades. Son seres extraordinarios, al igual que sus familias.

Sobre el recurso de amparo

¿Por qué decidió presentar un recurso de amparo y no un recurso de protección desde el inicio?

Porque el acto arbitrario e ilegal de Gendarmería es una acción pluriofensiva, que no solo vulnera la integridad física y psíquica, e incluso la vida, sino que también lesiona la libertad personal y seguridad individual. Así, elegí la acción de amparo porque es de más rápida tramitación y resolución, tanto por la forma como se enfrenta por la justicia como por la carga menor que tiene en relación a la acción de protección, respecto de la cual existe una verdadera “elefantiasis”. Hablamos de un plazo 1.000% inferior, ya que si la protección dura en promedio un año o más en resolverse, el amparo no suele demorar más de un mes.

¿Qué evidencia considera más relevante para demostrar la afectación de derechos fundamentales en este caso?

El hecho que todos los internos de Punta Peuco son personas ancianas con enfermedades crónicas (como diabetes, patologías coronarias, hipertensión, etc), que requieren cuidados especiales de alimentación y medicación, que el sistema carcelario no es capaz de satisfacer en lo más mínimo, y que sólo puede llevarse a cabo de manera privada por los internos, para lo cual necesitan de una correcta “conservación” de alimentos e insumos médicos. Esta preservación sólo la garantiza la refrigeración.

¿Cómo se justifica, desde su perspectiva, que el retiro de refrigeradores pueda constituir un acto ilegal o arbitrario?

Porque la falsa razón esgrimida por Gendarmería relacionada a la eficiencia energética cede frente a la necesidad de preservar los alimentos e insumos médicos. Además, el verdadero motivo es desocupar espacio para el ingreso de reos comunes provenientes de otros penales.

Sobre derechos humanos y tratados

Usted invoca tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué peso real cree que tienen en decisiones judiciales en Chile?

Todo el peso cuando se trata de encarcelar civiles y militares por causas de DDHH. Ningún peso cuando se invocan como garantía pro reo, tanto en fase juzgamiento (frente al obsoleto sistema inquisitivo y secreto), en la condena, cuando se solicita una medida alternativa a la pena efectiva o en fase cumplimiento, cuando se piden beneficios penitenciarios (libertad condicional, pena mixta, ley 19.856, etc.)

¿Cree que se está vulnerando el derecho a la dignidad y salud de los internos? ¿Cómo lo fundamenta?

La dignidad es un valor inherente al ser humano, por el hecho de ser persona, por lo que no lo consideraría un derecho propiamente tal, sino más bien una condición que se adquiere desde la concepción hasta la muerte y que por ese solo hecho, debe ser respetada. Es algo que jamás se pierde, y eso una parte de la política chilena no lo entiende. La salud, es un derecho contenido dentro de la garantía de la integridad física y psíquica, la vida, así como la libertad personal y seguridad individual. O acaso que el reo sufra un maltrato del Estado adicional al castigo penal, ¿no es una forma de destruir al ser humano? La Convención Americana de DDHH en su art. 5.3 mandata que “la pena no puede trascender de la persona del delincuente”.

¿Qué papel juega la edad avanzada y las enfermedades de los internos en el análisis jurídico de este caso?

Todo, aun cuando respecto de presos más jóvenes el impacto de la medida también sería visible, pero en menor medida, ya que difícilmente son personas insulinodependientes, hipertensos, etc. que requieren alimentación enteral, o que no pueden experimentar ayunos superiores a 6 u 8 horas (y no 15, como existe actualmente en el sistema penitenciario).

Sobre el actuar de Gendarmería y el Gobierno

¿Considera que Gendarmería actuó motivada por razones políticas?

Absolutamente, pero principalmente a nivel de la Dirección. He visto a Alcaides y funcionarios que tratan de hacer bien su pega, empatizando con la realidad carcelaria de los internos provectos, pero al final todo llega a la Dirección Nacional, y ahí la cosa es pura política “fría”. Una instancia donde las solicitudes de los reos “duermen el sueño de los justos” en algún cajón del burócrata de turno.

¿Qué opina del argumento de Gendarmería sobre eficiencia energética y seguridad?

¡Lamentable! Va contra el sentido de la normativa que regula el actuar de este ente, y lo más grave, devela el desacato flagrante en relación al fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2024.

¿Ve alguna relación directa entre esta medida y el anuncio del Presidente Boric sobre transformar Punta Peuco en una cárcel común?

Por supuesto. El argumento falaz entregado por Gendarmería no es otra cosa que la excusa para “hacer espacio” en el penal para la llegada de reos comunes de otros recintos del país, y de esta forma, “desnaturalizar” Punta Peuco, quitándole ese “halo patriota-militar” que le guste o no al Gobierno, aún conserva.

Sobre el fallo de la Corte

¿Qué opinión le merece la decisión de la Corte de Apelaciones de tramitar el recurso como protección y no como amparo?

Una decisión obtusa. Como señalé, el acto de Gendarmería es pluriofensivo, entonces optar por la vía procesal más “burocrática”, poniendo en riesgo hasta la vida de los presos, y en base a un purismo legal, como es querer ver sólo una infracción a la garantía del artículo 19 n° 1 de la Carta y no la del n° 7, aun cuando está claro que existe un empeoramiento en las condiciones carcelarias en que se cumple la privación de libertad, resulta ser una decisión judicial a la que “le falta calle”. Por cierto, la mayoría de los ministros y abogados integrantes no conocen Punta Peuco. Debo decir eso sí que me extrañó el voto del Presidente de la Sala, el Sr. Guillermo de la Barra, quien hasta hace poco fue ministro de fuero, y conocía perfectamente la situación de Punta Peuco. Su decisión resulta inexplicable, en términos jurídicos y humanos.

Igualmente me causó extrañeza que fueran en contra de la propia jurisprudencia de la Corte Suprema en esta materia de amparo, y que la acción cita.

Aun cuando hay que agregar que la orden de no innovar fue acogida, pero ello no significa que la tramitación de la protección será más rápida.

¿Cree que esta decisión cambia el enfoque del caso o debilita su argumentación?

El enfoque se ve afectado en la medida que la problemática de fondo que afecta a los presos termina diluyéndose en el tiempo gracias a la demora. En efecto, el fallo supremo de la protección dictado en septiembre pasado, demoró casi un año y medio, y Gendarmería aún está en desacato. Eso es lo que se logra.

La argumentación no se debilita, porque no solo es un reflejo de la realidad carcelaria, sino que, además, está en consonancia con lo resuelto por la Corte Suprema en otros casos de empeoramiento de condiciones carcelarias, y que tuve la oportunidad de defender (SCS Rol n° 2.193-2024, de 08 de febrero de 2024; SCS Rol n° 16.535-2024, de 28 de mayo de 2024; SCS Rol n° 17.856-2024, de 10 de junio de 2024; SCS Rol n° 20.426-2024, de 09 de julio de 2024).

¿Qué espera del fallo definitivo de la Corte?

Primero hay que señalar respecto del amparo, que el fallo fue apelado, y ahora es la Corte Suprema la que debe pronunciarse.

En relación a la protección, el hecho que hayan concedido inmediatamente la orden de no innovar es un indicio serio de que loa afectación es real y seria. No veo la posibilidad de un fallo desfavorable.

Sobre la opinión pública y el contexto

¿Cómo responde a quienes consideran que los condenados por violaciones a los derechos humanos no merecen trato especial?

No se trata de trato especial, sino de respeto a la dignidad del ser humano y sus derechos, que no son monopolio de nadie en particular.

¿Piensa que el estándar de derechos debe aplicarse por igual a todos los internos, sin importar sus delitos?

Por supuesto. Los principios del Derecho penal también se aplican en fase ejecución, en donde la prevención especial es todo. Aquí no cabe la retribución, ya que existe pena draconiana efectiva, por lo que no hay impunidad, y si por algún motivo de edad y salud el interno no está en condiciones de cumplir en la cárcel, el Derecho debe darle la opción de una medida alternativa, como el cumplimiento domiciliario. ¿Acaso no estamos hablando de justicia y no de venganza?

¿Le preocupa que su defensa sea percibida como una forma de reivindicación del pasado dictatorial?

Para nada. No me importa lo que digan si con ello logro defender los derechos de quienes por años han sido silenciados y han sufrido en carne viva el maltrato del Estado, y la ingratitud de la política.

Por lo demás, ese pasado dictatorial al que se refiere usted, tiene un componente histórico que no puede ser soslayado por la ideología, menos hoy, en la situación político-social en que se encuentra el país, y los riesgos de volver a experimentar gobiernos de corte totalitario. No entender esto, y ceder a cierta hegemonía cultural de izquierda en esta materia, podría significar en la práctica una indefensión futura de la población civil frente a una revuelta social como aquella de 1973.

Cierre

¿Qué mensaje le gustaría enviar a las autoridades respecto del trato a personas privadas de libertad?

Sólo que las traten como seres humanos, les respeten sus derechos y cumplan con los fallos.

¿Qué vendrá si el recurso es rechazado? ¿Piensa acudir a instancias internacionales?

No veo la posibilidad de perder. pero igualmente no descarto nada. Pero si acudo a instancias internacionales será “con todo”, para ganar.

ASI ESTÁ NUESTRA JUSTICIA:

EL VOTO DE LA VERGÜENZA

Escribe: Jorge Ravanales A.

Lo que ha hecho el Presidente Gabriel Boric al viajar en un avión fiscal, costando más de $30 millones a todos los chilenos, para ir a votar a Punta Arenas estando con postnatal, es simplemente un insulto. Un insulto a la inteligencia, a la austeridad, a la ética pública y, por sobre todo, a la ciudadanía que cada día soporta los efectos de un Estado que predica mucho y practica poco.

En cualquier país serio, un mandatario que toma licencia para cuidar a su hija recién nacida no se sube a un avión del Estado para hacer campaña ni para mostrar la foto de su voto. En Chile, en cambio, se nos ha querido vender la imagen de un “gobierno feminista”, “ecologista”, “responsable” y “austero”. Pero la realidad es otra: tenemos un presidente que gasta el equivalente al sueldo anual de 20 trabajadores en un vuelo que, además, contradice de forma brutal su discurso ambientalista.

Porque no sólo es el gasto. Es la incoherencia total de quien se ha llenado la boca hablando de carbono neutral, de crisis climática, de sustentabilidad, y luego se manda un vuelo privado solo para marcar una papeleta. Un avión que contamina como 177 autos. ¿Y esto lo hace el mismo presidente que criminaliza el uso de autos antiguos y que exige sacrificios energéticos a las familias más pobres? Puro doble estándar.

Peor aún: Boric lo hace mientras está legalmente “fuera de funciones”, amparado por un permiso que, en la práctica, impide que cualquier otro chileno se mueva de su casa por motivos laborales. ¿Qué tipo de licencia es esta que permite viajes de lujo a 3.000 kilómetros de distancia? ¿Y qué dice la Contraloría? ¿Dónde está el Congreso? Porque cuando el que está en la cúspide del poder se burla del sistema, la señal que se da es que todo vale.

Esto no es una anécdota ni una frivolidad. Es una muestra más de cómo el poder corrompe cuando no se ejerce con responsabilidad ni humildad. Cuando el Presidente se convierte en un ciudadano privilegiado que no rinde cuentas, estamos frente a un deterioro grave del estándar democrático. La corrupción no siempre es un maletín con dinero; muchas veces es el abuso impune de los recursos públicos, el desprecio por las reglas que rigen para todos menos para ellos.

Lo más triste es que Boric llegó prometiendo lo contrario. Prometió ser distinto, más decente, más coherente, más humano. Hoy, con su avión caro, su voto contaminante y su licencia oportunista, ha demostrado que es más de lo mismo. O peor. Porque cuando la traición viene disfrazada de virtud, el daño es más profundo y más cínico.

Chile no necesita más discursos bonitos ni presidentes que se comporten como influencers con cargo al erario. Chile necesita responsabilidad, coherencia, y respeto. Y, por sobre todo, necesita que el poder vuelva a servir a la gente, no a sí mismo.

Se repite la historia, pobre Chile.

*DOROTHY PÉREZ Y LOS JUICIOS DE DD. HH.*

Escribe: Hermógenes Pérez de Arce

El fenómeno excepcional que representa la acción de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, quien aplica la ley a diferentes situaciones irregulares que antes prevalecían, tiene otra tarea por delante.

Ella probablemente no ha previsto incursionar en los procesos sobre violaciones a los derechos humanos, porque tal vez cree que no se vinculan con su quehacer. Pero objetivamente y de modo crónico ellos sustraen ilegalmente dinero del erario, y el artículo 98 de la Constitución ordena a la Contraloría fiscalizar “el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco”. Luego, su deber es investigarlos.

Vengo denunciando por años esa ilicitud, sin resultado. Me supera por mucho en esta tarea el abogado Adolfo Paúl Latorre, que está precisamente lanzando la reedición de su libro “Prevaricato”, donde aborda la materia circunstanciadamente. Pero no hemos conseguido nada. Ni siquiera la atención de la prensa dominante.

Los juicios sobre violaciones a los derechos humanos son una lucrativa venganza política de la izquierda contra los militares que la derrotaron en su tentativa de conquistar el poder por las armas. Su origen está en la labor represiva contra la guerrilla, acometida desde el 11 de septiembre de 1973. Fue plenamente exitosa, la derrotó y pacificó al país.

La Ley de Amnistía de 1978 (que terminó beneficiando a muchos más extremistas que uniformados); la prescripción establecida en el Código Penal y muchas veces la cosa juzgada, sellaron el término de la lucha antisubversiva.

Pero la izquierda descubrió que podía burlar las leyes para cobrar venganza contra los militares y también mucho dinero. Un ministro sumariante, Alejandro Solís, descubrió un ardid y otros magistrados lo usaron: fingir que los extremistas caídos habían sido “secuestrados” y continuaban en esa condición hasta hoy. Entonces dictaminaban en sus sentencias que los subversivos estaban secuestrados hasta nuestros días, condenaban sin pruebas a los exmilitares como “agentes del Estado” y obligaban a éste a pagar millonarias indemnizaciones. Todo ilegal, pero “pasó”. De hecho, un presidente supuestamente “de centroderecha” fue el más activo impulsor de ese fraude judicial, presentando cerca de mil querellas contra exuniformados.

De ese modo los jueces han eludido por veinte años aplicar las eximentes de responsabilidad, como la amnistía, la prescripción y la cosa juzgada, cuyas normas mandan poner término a los juicios.

Antes de eso, cuando en los tribunales colegiados había mayoría de jueces apolíticos, el ardid del “secuestro permanente” o el de buscar algún otro resquicio, como, por ejemplo, decir que los Convenios de Ginebra hacían inaplicables la amnistía y la prescripción (lo cual no es verdad, como bien lo acredita Adolfo Paúl en su referido libro), los juicios no prosperaban. Pero después, nombrada una mayoría de izquierda en el Poder Judicial, los argumentos de los defensores de exmilitares pasaron a ser desechados.

Las condenas llegaron a privar de libertad ilegalmente a medio millar de exmilitares. Cien han fallecido tras las rejas o se han quitado la vida. Unos cuatrocientos sobreviven (muchos en condiciones inhumanas). Han visto flagrantemente violado su derecho humano a un debido proceso, establecido en nuestra Constitución y en tratados internacionales.

Si la Contralora Dorothy Pérez extendiera su celo legalista a esos juicios, inmediatamente comprobaría la ilegalidad, pues todas las condenas se fundan en un supuesto “secuestro permanente” que no existe. Además, corroboraría que el artículo 148 del Código Penal, que describe y sanciona el secuestro, se ubica en su título II, párrafo 3 titulado “Crímenes y simples delitos contra la libertad y seguridad, cometidos por particulares”; y concluiría que, no habiendo sido nunca los exmilitares “particulares”. sino agentes del Estado, ninguno habría debido ser condenado ni, por consiguiente, dado lugar a que se sustrajera al Fisco las millonarias indemnizaciones ordenadas por los tribunales en los últimos veinte años.

Antes de la captura del Poder Judicial por la izquierda, los jueces fallaban en derecho. No había condenas a exmilitares ni exacciones ilegales de dinero fiscal. Una sola persona en Chile muestra hoy el coraje suficiente como para regresar al imperio de la ley, poniendo término al escándalo jurídico y moral que constituyen estos juicios, bien descritos por el exministro y exparlamentario Felipe Ward, en una declaración a La Tercera, que le costó se defenestrado en el acto mismo de jurar como ministro del Interior de Sebastián Piñera: “Los juicios de derechos humanos son un cajero automático que tiene la izquierda para sacarle plata al fisco”.

Dorothy Pérez es la única persona que tiene las facultades y el temple para poner término a esta vergûenza nacional.

Activismo judicial

Por Adolfo Paúl Latorre, Abogado

Se denomina “activismo judicial” a la potestad legisladora que se arrogan los jueces a través de un cambio en la legislación vigente (“gobierno de los jueces”) mediante la creación de una nueva disposición normativa que no existía previamente o derogando en la práctica diversas normas jurídicas; gracias a la interpretación que hacen de la Constitución o de las leyes y que dictan sentencias sobre la base de sus propias opiniones, creencias, convicciones personales o de lo que ellos creen justo.

El activismo judicial de los jueces que presumen estar por sobre la ley, que no fallan de acuerdo con la legislación vigente y que no realizan las virtudes de la imparcialidad y lealtad a las reglas lesiona el Estado de Derecho, atenta contra la seguridad jurídica y contribuye significativamente al proceso de deterioro institucional.

El exministro Sergio Muñoz era uno de los más destacados representantes de dicho activismo, lo que dejó de manifiesto en un documento suscrito por él, en el que se reconoce el atropello a leyes expresas y vigentes, dado “que al momento de sancionar a los responsables (léase militares y carabineros) no existía un sistema jurídico penal adecuado (…) pero por sobre todo, en lo procesal, las instituciones tradicionales inhiben o impiden la investigación, como lo son, por ejemplo, la prescripción, la territorialidad y la retroactividad de la ley penal, como así también las disposiciones sobre amnistía”; agregando “que sólo fue posible el procesamiento y la sanción al introducir en nuestras decisiones conceptos tales como el de delito de lesa humanidad, ius cogens y otros”; los que vulneran el sagrado principio de legalidad, que de acuerdo con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no puede suspenderse por motivo alguno (oficio con informe del Tribunal Pleno de la Corte Suprema Nº 33-2015, 27 marzo 2015, párrafo quinto, firmado por Sergio Muñoz Gajardo, presidente de ese Alto Tribunal).

PÉRDIDA DE AUTORIDAD PEDAGÓGICA: ANÁLISIS DE UNA CRISIS EN LAS SALAS DE CLASES
DESPRECIO, VIOLENCIA Y DESINTERÉS SON PARTE DE UNA REALIDAD QUE MUCHOS PROFESORES ENFRENTAN A DIARIO EN EL AULA. ACCIONES QUE DAN CUENTA DE UN ENTORNO DE APRENDIZAJE ESTRESANTE DONDE HA DISMINUIDO LA AUTORIDAD DE LOS PROFESORES ANTE EL ALUMNADO, LO QUE ESTÁ IMPACTANDO EN LA BAJA TASA DE MATRICULADOS EN LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA. ¿CÓMO ENFRENTAR ESTA TAREA EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO?

Por Ricardo Olave
20 MAYO 2025

Santiago 24 de marzo 2025. Docentes se manifiestan en el Colegio Republica de India contra la violencia en los establecimientos educacionales, tras las tres agresiones sufridas por docentes la semana pasada. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
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“Alumnos agreden a profesor que los habría sacado de la sala por decir un garabato”, o “Profesor intentó separar a dos alumnas y terminó acuchillado en plena sala de clases” son algunos de los titulares que se pueden encontrar desde 2022 a la fecha en la prensa con solo un par de búsquedas.
Se podría pensar que son casos aislados, pero son reflejo de algo mucho más grande que no se ha discutido abiertamente entre quienes forman la comunidad escolar.
La pérdida de la autoridad pedagógica, un principio básico que sostiene la relación entre quien enseña y quien aprende, está a la baja. Entre enero y marzo del año 2025, la Superintendencia de Educación reportó 2.501 denuncias por violencia escolar, un aumento de un 14,2% comparado con el mismo periodo de 2024. Un termómetro que evidencia el desgaste y la vulnerabilidad del docente en el aula, donde cada episodio transforma la enseñanza en una lucha diaria, solamente por mantener el orden y el respeto.

Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, advierte: “Las situaciones más graves llegan a la prensa, pero a diario recibimos reportes preocupantes desde las escuelas”. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
UNA REALIDAD PAÍS
“Cada vez son más frecuentes estos casos y casi a diario recibimos reportes de situaciones muy delicadas. Las que llegan a los medios son quizá las más graves, pero hay muchas otras que no se visibilizan” señala Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.
Para él, los casos antes mencionados reflejan un fenómeno que responde a un deterioro de cualquier tipo de autoridad. “Es una crisis generalizada que se expresa no sólo en la escuela, sino también en ámbitos judiciales, políticos e institucionales en general”, comenta. En el ámbito educacional –agrega- se han tomado decisiones que han debilitado la autoridad docente.
Pero aquí no hay una sola causa específica. Juan Pablo Catalán, doctor en Educación y académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, propone una lectura compleja del fenómeno, revisando una serie de transformaciones culturales, institucionales y educativas que han confluido en las últimas décadas.

“La pedagogía más horizontal que soñamos también trajo desafíos: los estudiantes ahora exigen, tensionando el rol del profesor”, dice Juan Pablo Catalán, académico U. Andrés Bello.
En específico, Catalán sostiene que parte de la situación actual es resultado de una reforma buscada: “Muchas de las situaciones que hoy día estamos viviendo son producto de lo que nosotros -muchas veces- hemos soñado en la educación”, en referencia al giro desde una pedagogía vertical hacia una más horizontal, centrada en el estudiante, crítica y participativa.
Sin embargo, ese avance ha tenido efectos inesperados: “Claramente ya no ven la verticalidad como la veíamos generaciones atrás”, afirma.
Aunque se valora que los alumnos desarrollen pensamiento crítico y autonomía, Catalán advierte que eso ha traído aparejado un cambio en la dinámica del poder en la sala de clases: “Hoy día se ha instalado la creencia de que los estudiantes exigen notas, pasar de curso, entre otras cosas que tensionan la relación con el profesor”.
LAS CONSECUENCIAS DEL DETERIORO

El 2025 comenzó con más de 2.500 denuncias por violencia escolar, un alza del 14% respecto al año anterior, según la Superintendencia. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE
Aunque el término puede sonar abstracto, el deterioro de la autoridad pedagógica tiene consecuencias concretas: desgaste emocional para los profesores, aulas difíciles de manejar, estudiantes que no valoran el aprendizaje, familias que desautorizan a los docentes y una creciente fuga de profesionales del sistema.
Pablo Neut, investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del libro “Contra la escuela: autoridad, democratización y violencias en el escenario educativo chileno”, entrega otras aristas a partir de diferentes estudios que ha realizado sobre la transformación histórica de la autoridad de los profesionales de la educación.
En resumen, el anterior paradigma hablaba de una “autoridad tradicional”, de la cual se sobreentendía que existía una especie de “naturalidad la obediencia del estudiantado”, como la que vivieron muchos de nuestros padres, con la regla como objeto decidor. Sin embargo, las transformaciones socioestructurales, algunas de carácter global –como el uso de las nuevas tecnologías– han impactado en la mediación del aprendizaje en el profesor.

“La autoridad ya no se entiende como antes: hoy muchas prácticas pedagógicas tradicionales se ven como autoritarias”, explica Pablo Neut, investigador U. Autónoma de Barcelona.
“Se ha ido ‘desalineando’ la autoridad o el estatuto de la autoridad respecto de las prácticas que se ejercen en el aula”, distingue Neut. “Muchas prácticas anteriormente validadas o naturalizadas por una autoridad superior hoy en día son catalogadas como vulneratorias de derechos o autoritarias”.
En la vida real, toda sociedad compleja necesita mecanismos de gestión de asimetrías de poder, relata el investigador. Una de esas formas es la autoridad y, de no existir, otro mecanismo lo reemplazará, como la violencia o el paternalismo.
La forma en que se concibe y organiza la formación inicial es otro factor de la crisis. Carmen Gloria Zúñiga, jefa del programa de doctorado de la Facultad de Educación UC, analiza que los institutos de educación superior están centrados en las asignaturas y no en aspectos transversales como la gestión del conflicto, la salud mental o la construcción de una cultura democrática en el aula.

“La autoridad docente es solo la punta del iceberg. El problema de fondo es mucho más profundo”, reflexiona Carmen Gloria Zúñiga, académica UC.
“Lo de la autoridad docente es la punta del iceberg”, afirma, “porque refleja muy bien los problemas que vivimos en nuestra sociedad”. Aunque reconoce que la Ley de Carrera Docente ha significado avances importantes, la carga laboral sigue siendo excesiva y muchas veces invisibilizada.
Zúñiga critica también el discurso parental “yo decido la educación de mis hijos”, que a su parecer ha sido instrumentalizado bajo una lógica neoliberal, que pone a los docentes en una posición de subordinación frente a los apoderados. Para ella, esta visión reduce la docencia a un rol técnico y niega su dimensión profesional, que debería estar basada en la capacidad de tomar decisiones contextualizadas, interpretar el currículum y responder a las necesidades reales del estudiantado.
UNA MIRADA GLOBAL
Este fenómeno ha sido estudiado con preocupación ante un deterioro similar en otras latitudes. Así lo explica el PhD Francisco Imbernón, de la Universidad de Barcelona, quien ha investigado el desprestigio docente.
El académico catalán señala que dicho flagelo no se limita a un país o región específica, sino que forma parte de un proceso más amplio “vinculado a la influencia creciente de políticas tecnocráticas que han impactado profundamente el rol del profesorado”.
“La autoridad pedagógica se ve amenazada por la creciente estandarización, la rigidez curricular y la supervisión externa que desconfía del juicio profesional del docente”, precisa. Si bien existen algunos contextos educacionales donde se ha logrado mantener e incluso fortalecer esta autoridad, son experiencias excepcionales y, muchas de ellas, enfrentan resistencias importantes en un contexto global marcado por “modelos educativos centralizados y controladores”.

“La desconfianza en el juicio profesional del docente y la estandarización amenazan su autoridad”, alerta el experto español Francisco Imbernón, profesor de la U. de Barcelona.
Ibernón toma como ejemplo los países del norte de Europa, donde la autonomía profesional, la formación continua y la estabilidad laboral permiten que los docentes ejerzan su labor con mayor libertad y reconocimiento social. También destaca espacios de educación popular o movimientos alternativos, donde quienes estudian valoran el rol transformador de la educación.
Independiente del lugar, el desprestigio del rol docente se manifiesta de forma sostenida desde distintos frentes, asegura Ibernón. El experto resume que, a nivel social, existe una creciente desvalorización de la labor de los profesores, siendo asociados a “estereotipos simplistas e injustos”, lo que contribuye a debilitar su imagen ante la comunidad.
Las políticas educativas con reformas centradas en la evaluación estandarizada, la falta de desarrollo profesional continuo, la precarización laboral y la escasa participación de los docentes en el diseño de políticas refuerzan a ojos del profesor un clima desmotivante.

El desgaste emocional y la sobrecarga laboral son factores que afectan la permanencia de los docentes en el sistema escolar. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE
CIFRAS QUE ALERTAN
Perder la autoridad del profesor se ha visto plasmado en otras consecuencias, entre ellas, el desinterés de nuevas generaciones por ejercer el rol de maestro, con una caída a nivel país en la elección de los que estudian alguna pedagogía.
En la admisión del 2025 dichas carreras descendieron en 1,5% en relación a los años anteriores, una alerta que, si bien aún no es tan elevada, conecta con la preocupación a 2030 de escasez de profesionales de la educación a nivel mundial
Si bien la tendencia forma parte de un declive más amplio, dado que desde 2018 todas las carreras de pedagogía han disminuido sus ingresos, el déficit proyectado sumado a la baja sostenida en las matrículas es “la alerta más clara de que la sociedad ha dejado de ver en el docente como una vocación valiosa y estratégica para el futuro de Chile” comparte Juan Pablo Catalán, académico de la UNAB.
“El hecho de que en Chile —y en otros contextos similares— la pedagogía sea considerada a menudo una carrera de ‘segunda opción’ tiene un impacto profundo y negativo en la construcción de la autoridad y la autoestima profesional del futuro docente”, asegura Ibernón.

El ingreso a carreras de pedagogía ha disminuido en más de un 50 % en los últimos años, según cifras oficiales. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
Una segunda variable es la erosión de la autoridad pedagógica. Sólo el 15% de los docentes chilenos está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en que su profesión es valorada socialmente, frente al 26% promedio de la OCDE, según un estudio de dicha institución en 2018, reflejando una erosión del estatus docente en la percepción ciudadana: “Cuando la voz del docente deja de sonar con respeto en el aula, se erosiona el pilar mismo del aprendizaje. Necesitamos que la ciudadanía siga valorando al profesor”, dice el experto catalán.
LAS POSIBLES SOLUCIONES
Entendiendo que esta situación no se solucionará de forma inmediata, los expertos proponen propuestas para recuperar la autoridad pedagógica y revitalizar la vocación docente en Chile.

Estudios apuntan a que la falta de apoyo institucional y el debilitamiento del vínculo familia-escuela inciden en la crisis de autoridad docente. JUAN FARIAS
Pablo Neut cree que uno de los errores comunes es pensar que la autoridad en la escuela se reduce al aula: el profesor frente al estudiante. “Hay que complejizar esa mirada. La autoridad escolar incluye también la de los directivos, y la relación de las familias con la escuela”, analiza.
Ante un visible desalineamiento entre la autoridad familiar y la escolar, un camino es fortalecer la formación docente para que comprenda estas nuevas legitimidades que emergen del mundo juvenil. “También es necesario trabajar el alineamiento entre la autoridad parental y la autoridad escolar, y entre la dirección y la docencia”, expresa.
El liderazgo distribuido es una idea avalada por instituciones como la UNESCO, que en su Informe GEM 2024-25 señala que dichas acciones mejoran tanto los resultados de aprendizaje como la cohesión escolar al repartir funciones clave, entre ellas establecer expectativas, centrarse en el aprendizaje, fomentar la colaboración y perfeccionamiento personal .

La pérdida de autoridad pedagógica se vincula a cambios culturales, crisis institucionales y la disminución del prestigio social del profesorado. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
“Cuando la exigencia del estudiante se reemplaza por un diálogo más formativo, van a cambiar las reglas de poder y así se va a debilitar la autoridad del profesor”, expresa Catalán, quien también propone la necesidad de cambiar el paradigma de disciplina hacia modelos restaurativos donde se trabaje con los estudiantes, no contra ellos.
Mario Aguilar propone restituir la autoridad del profesor desde una lógica distinta a la del castigo o la imposición. La autoridad, dice, debe estar basada en la coherencia ética, en la calidad del vínculo pedagógico y en la capacidad del docente de guiar y sostener un proceso educativo significativo. “La autoridad es cuando los estudiantes reconocen en el docente a alguien que los acompaña y que sabe lo que está haciendo”, reflexiona.
REPENSAR LA FORMACIÓN DOCENTE
Reformar la formación inicial docente con enfoque en convivencia, salud mental y justicia social es también una de las tareas. Carmen Gloria Zúñiga sostiene que la formación debe dejar de estar centrada exclusivamente en las asignaturas y pasar a considerar el desarrollo de competencias para la convivencia democrática.

La violencia escolar no solo impacta en los aprendizajes, sino también en la salud mental de quienes enseñan. PATRICIO FUENTES Y.
“Estamos rediseñando la malla para que la formación ciudadana sea un eje articulador. No es un ramo, es una forma de habitar la escuela”, añadiendo que esto debe venir acompañado del empoderamiento de los equipos directivos y darles herramientas para construir comunidades escolares democráticas
Para Imbernón, de la Universitat de Barcelona, el modelo tradicional –más centrado en lo académico que en lo práctico– ha dejado a generaciones de docentes mal preparados para lidiar con la complejidad de las aulas actuales. “Tiende a separar la formación del profesorado de la realidad dinámica del aula, lo que limita la preparación real para enfrentar desafíos cotidianos y construir una identidad profesional sólida”, explica.
Por ello, propone una transformación profunda: una formación integrada que combine teoría y práctica en un diálogo constante, con foco en la reflexión crítica de la experiencia pedagógica.

Juan Pablo Catalán de la UNAB sugiere reemplazar modelos punitivos por estrategias restaurativas que fomenten el diálogo y la corresponsabilidad.
Ya no basta con abordar contenidos disciplinares, sino también habilidades emocionales, comunicativas y de liderazgo, pensando en cómo los estudiantes enfrentarán el mundo que los rodea. “Es esencial para fortalecer la autoridad y el respeto en el contexto escolar”, agrega.
Mirando experiencias internacionales, el académico observa que recuperar la centralidad social del profesorado exige más que cambios curriculares. En Europa, algunas estrategias exitosas han pasado por dignificar las condiciones laborales, ofrecer salarios dignos, garantizar estabilidad y reconocer efectivamente el rol profesional de los docentes.
La profesión docente debe recuperar su sitial como pilar en la transformación social. De ello depende que los jóvenes ciudadanos sean críticos con su entorno y capaces de construir sociedades más justas y amables donde todos podamos convivir.

Francisco Imbernón plantea una formación docente integral que conecte teoría con práctica y fortalezca la identidad profesional.

 EXJEFE DEL ESTADO MAYOR, Y CRÍTICAS DE BORIC A EE.UU.: “ESTOS TEMAS NO SE CANALIZAN POR LAS REDES SOCIALES”

MARCELO SOTO

JOHN GRIFFITHS,

EXPERTO EN RELACIONES INTERNACIONALES, JEFE DE ESTUDIOS EN ATHENALAB Y EXJEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE CHILE, JOHN GRIFFITHS ANALIZA EL CONFLICTO ENTRE EEUU, IRÁN E ISRAEL. “NO HAY CERTEZA DE HABER TERMINADO CON LA CAPACIDAD NUCLEAR DE TEHERÁN”, AFIRMA.
-El presidente estadounidense criticó duramente a Irán e Israel por infringir la tregua que anunció él mismo: “No tienen una maldita idea de lo que están haciendo”, dijo. ¿Cambia esto el panorama?
-Siempre los cese al fuego -al inicio o recién anunciados- son más frágiles y complejos de imponer. Lo que interesa es la actitud más general y predominante que va imperando e imponiéndose. La guerra es el ámbito de la incertidumbre.
-El lunes Irán atacó la mayor base de EEUU en Oriente Medio, en Qatar. ¿Hasta qué punto puede escalar este conflicto?
-Este conflicto se inició el 7 de octubre, con el ataque de Hamás a Israel. En una primera fase, Israel degradó todos los grupos proxies de Irán que operaban en la zona. Se denomina un grupo proxy a aquellos grupos financiados para lograr objetivos estrategicos, en este caso dirigidos de Irán. Nadie podría negar que Hamás, pese a ser sunita, no shiita, estaba manejado por Irán. El problema de Israel es cómo traducir las victorias militares que se han obtenido en victorias políticas. Los objetivos políticos son los que deben primar.
-¿Queda una larga espera por la paz?
-Hay temas pendientes para lograr el cese al fuego, empezando por la entrega de los rehenes israelíes. Ahora bien, Hezbolá es el brazo armado principal de Irán en la región, con miles y miles de cohetes. Pero en este conflicto últimamente ni siquiera ha reaccionado ¿Qué te indica eso? Eso te indica que Hezbolá, aparte de sufrir con el descabezamiento de los principales líderes y el bombardeo, no está en condiciones de actuar. Siria, por otro lado, también está neutralizada tras la caída de Bashar al-Assad. Lo que todos ellos tienen en común es que buscan la destrucción de Israel. Seamos claros en eso. ¿Qué es lo que faltaba estratégicamente por lograr? Estratégicamente, ir sobre Irán, que es el actor principal.
-Irán es una teocracia, que amenaza con su carrera nuclear. ¿Cuáles son los mayores riesgos para el equilibrio geopolítico de la región?
–Lo riesgoso de Irán, aparte de articular a estos proxies que son actores que están alrededor de Israel, es que está en el umbral de una capacidad nuclear. Para eso, requieres tres elementos importantes: enriquecer uranio. Lo segundo es instalar este uranio enriquecido en una bomba. En tercer lugar, tienes que lograr un vector de lanzamiento.
-¿Los ataques de EEUU no eliminaron totalmente el peligro nuclear?
-Los submarinos básicamente atacaron las instalaciones donde se podría realizar la transformación de uranio enriquecido. El ataque aéreo apuntó a las localidades donde se enriquece uranio que básicamente son dos, Natanz y Fordow, que está en la profundidad. Para que tengamos una idea es más profundo que el Canal de la Mancha. EEUU utilizó los famosos aviones que portan la bomba GBU-57, que penetra más de 20 metros de puro concreto y 60 metros de terreno.
-¿Cuál ha sido la evaluación del daño provocado por EEUU?
-Puedes bombardear pero no necesariamente conseguir el objetivo de destruir. Por eso se requiere el análisis de Battle Damage Assessment, que es posterior al ataque. Aquí la dificultad es precisamente tener la evaluación del daño producido. Puedes haber destruido las instalaciones, pero el uranio enriquecido puede estar en otro lado.
-¿Qué opinas de las declaraciones muy críticas del Presidente Boric contra Estados Unidos?
-Yo sería muy cauto en las declaraciones. Porque al final del día hay que tomar distancia de estos hechos para analizarlos con mayor tranquilidad. Segundo, estos temas se canalizan no por las redes sociales. Se canalizan a través del ámbito diplomático. Y tercero, fundamentalmente se analizan en función del interés nacional del país. Es muy importante tenerlo siempre en cuenta quien sea que esté en La Moneda.
-¿Feron un poco apresuradas esas palabras?
-Yo no voy a entrar a calificar lo que él hace o no hace. Pero lo que está en la literatura es lo que te acabo de decir, lo que debe hacer un jefe de Estado o un primer ministro: prudencia.
-¿Es recomendable mantener silencio?
-O sea, depende del país. Recuerda que nosotros no cortamos ni pinchamos en este tema. No vamos a inclinar la balanza en el escenario internacional. Chile no pesa ni un 0,01% en esto.
-¿Parece difícil un cambio en Irán?
-Para que exista un cambio de régimen se tienen que dar algunas condiciones. Primero que nada, una fuerte oposición interna, que pareciera que la hay. Pero la voluntad de levantarse internamente en contra del régimen, no la veo tan clara. Segundo, un cambio de régimen se puede producir por una invasión terrestre, que tampoco la veo como la más probable. Porque es costosa en términos de vidas humanas y económicos.
-¿Cómo ves el liderazgo de Trump en la llamada Operación Martillo?
-Esto no es nuevo: llevamos distintos gobiernos norteamericanos, demócratas o republicanos, tratando de evitar que Irán se transforme en potencia nuclear. Fracasaron los acuerdos de Obama, de los que Trump se salió. Cuando se cierra la vía diplomática, no queda otra que determinar si usas la fuerza. No hay certeza de haber terminado con la capacidad nuclear de Irán. En los próximos días cuando efectivamente se realice el Battle Damage Assessment tendremos evidencia concreta. Y no especulativa.
-Putin dijo que los ataques eran injustificados. ¿Cómo trastoca este conflicto el orden geopolítico en la zona?
-Cada actor declara lo que más le convenga. Es interesante que Putin diga que los ataques no están de acuerdo con el derecho internacional cuando invadió un estado el año 2014. Y lo volvió a hacer en 2021. Realmente give me a break. No estamos en la guerra fría. El derecho internacional y la ONU se han debilitado. Estamos en una transición del orden internacional, donde hay mayor nivel de conflictividad y guerra. Algunos incluso hablan del fin de la globalización y la vuelta a la soberanía del estado.
-¿Este tema se puede transformar en un tema de campaña, dado que el Partido Comunista está defendiendo a Irán?
-Seamos claros: hay que ser cauto, porque Chile es incapaz de mover la aguja. Tenemos un problema serio al interior del país, que es la seguridad. Ese debería ser nuestro foco.

¿Y DE QUE SE QUEJAN?

¡Me imagino que habrán aprendido la lección!

Un antiguo refrán dice “que la culpa no la tiene el chancho, sino de quien le da el afrecho, también conocido como la culpa no la tiene el indio, sino del que lo hace compadre (México). De uso preferente en política, en relación con la culpabilidad de quienes hacen posible que una persona haga de las suyas sin importar las consecuencias. Existen variadas acepciones, como de quien le rasca el lomo, o quien le da de comer. Y aunque Uds. no lo crean, hay individuos que han hecho un análisis sociológico de dicho animal. Este espécimen carece de moral y de ética; sencillamente actúa como tal, como un animal. Y las personas que le dan de comer o le rascan el lomo sabiendo como es, lo alimentan y lo consienten. En una aproximación a chilito -pero con respeto- Toribio expresa que la culpa no es del merluzo, sino de quienes conociendo a este individuo lo han alimentado de larvas y crustáceos.

De manera que aquellos que no quisieron escuchar a los que, apreciando las características de este espécimen humano, afirmábamos que sería un crimen de lesa patria elegirlo como mandatario, es muy tarde para arrepentirse. Ladronzuelo de poca monta, con antecedentes penales; universitario fracasado; el que deseaba mear en el casco de un militar; paciente psiquiátrico; confeso de experiencia homo; agitador de masa e incitador a la violencia y al caos; diputado de un partido que estaba a la izquierda del PC y seis meses antes afirmaba que no estaba preparado para asumir un cargo.

Y ahí lo tenemos, dirigiendo una comparsa con características similares, recurriendo a unos pocos como salvavidas y a quienes denostó por incompetentes durante los últimos 30 años, ya que ellos provenían de una generación superior, de “iluminates”, así y todo, tienen al país sumido en un caos nunca vivido a través de toda nuestra historia, con una degradación pública jamás conocida; donde la delincuencia, el crimen organizado y la inmigración ilegal descontrolada hacen su agosto y el terrorismo sigue campante en la macrozona sur. Este picante y ordinario pretende además jugar en las ligas mayores, y cree que la república es un tren de juguete y no le da ni para jugar a las bolitas. Enemistándonos con países aliados y de quienes nos brindan un apoyo fundamental en la seguridad y defensa nacional, la ciencia y el desarrollo, en especial Israel, el único país que no nos dio la espalda durante las crisis vividas con nuestros vecinos en los años 75-78. Cada declaración suya preñada de ideologismo, además de reflejar ignorancia supina abunda en la estupidez, omitiendo que es un Jefe de Estado y no un cacique de un partido.

Tanto que goza criticando a mi general Pinochet -cuyo gobierno no conoció, como tampoco al anterior- él sí, se ha convertido en un dictadorcillo, que no escucha a sus ministros ni a nadie, producto de su soberbia, necedad, inmadurez y bobería. Mi general no se mandaba condoros de esa naturaleza pues tenía a la Junta Militar, que constituía además el poder legislativo. Es decir: “democracia especial.” Es cierto, no elegidos por votación popular, pero integrado por profesionales idóneos cuyo único interés era servir a Chile y no servirse de él. Sin los mayores sueldos del mundo como los actuales, ni autos, bencina ni celulares, ni mucho menos con los costosos gastos de operación para pagar favores políticos o beneficiar a familiares, como el diputado Naranjo, que negó hasta a su propia esposa. Por ello Toribio aboga por la profesionalización de los cargos públicos y no de pilluelos y de sinvergüenzas.

En las elecciones pasadas, como quien disputaba el cetro era de la derecha, había que darle con todo. Y me atrevo a afirmar que más de alguno de la misma corriente que quedó en el camino, se sunó para elegir a la bosta que nos gobierna. Chilenos todos, nos volvamos a cometer el mismo error. Y el próximo domingo vaya a misa, almuerce en familia, disfrute a sus hijos y nietos; vea una película o el futbol de la Copa de los clubes. No vote.

Fernando Hormazábal Díaz
General de Brigada (R)

JARA ENTREGÓ $120 MILLONES A ENTIDADES DEL PC PARA CURSOS DE EDUCACIÓN PREVISIONAL: CONTRALORÍA DETECTÓ QUE PUSIERON A FALLECIDOS ENTRE LOS BENEFICIARIOS

Cuando era subsecretaria de Previsión Social en el gobierno de Michelle Bachelet, la hoy candidata presidencial del Partido Comunista estaba a cargo de adjudicar el millonario Fondo para la Educación Previsional (FEP). Entre las organizaciones ganadoras del año 2017 figuran el ICAL y el CENDA, ambas ligadas estrechamente al PC, las que se embolsaron $120 millones. Según una auditoría de Contraloría realizada en 2018, los dos organismos cometieron graves irregularidades como incorporar a personas fallecidas entre sus beneficiarios de los programas de educación. También presentaron planillas con ruts de personas que no correspondían y utilizaron recursos del Estado para promocionar la iniciativa No+AFP, algo que contravenía el fin del programa. El actual director del ICAL, Fernando Carmona, es el jefe del equipo programático de la campaña de Jara.
por Renato Gaggero25 junio, 2025

“La cancelación del XI Concurso del Fondo para la Educación Previsional era previsible en consideración a que la actual subsecretaria (María José Zaldívar), que es quien debe adjudicarlo, formaba parte de un proyecto que estaba postulando, y por cierto a la hora de selección de los proyectos esto habría generado un claro conflicto de interés”. La frase la dijo Jeannette Jara (PC) en una entrevista con La Tercera el 11 de abril de 2018, justo un mes después de haber dejado su cargo de subsecretaria de Previsión Social del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Lo que no sabía la actual candidata presidencial del PC, es que cuatro meses después de su entrevista, en agosto de 2018, la Contraloría General de la República publicaría una auditoría al X Concurso del Fondo para la Educación Previsional 2017, que le tocó asignar a ella como subsecretaria. ¿El resultado? Varias organizaciones que recibieron recursos públicos en ese concurso cometieron irregularidades. Pero las más graves fueron del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) y el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), ambos ligados estrechamente al Partido Comunista. De hecho, el director del ICAL, Fernando Carmona, es hoy el jefe del equipo programático de la campaña de Jara.

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LOS 120 MILLONES QUE FUERON A LOS ORGANISMOS LIGADOS AL PC
El propósito del Fondo para la Educación Previsional (FEP) es “promover una cultura previsional apoyando financieramente proyectos, programas, actividades, medidas de promoción, educación y difusión del sistema de pensiones”.
El año 2017, con la resolución exenta N° 60 del 18 de abril firmada por Jeannette Jara, la Subsecretaría de Previsión Social otorgó montos de entre $15.700.000 y $60.000.000 a 50 entidades que postularon.
Entre los organismos que se llevaron $60 millones figura el ICAL, el centro de estudios del PC que fue dueño de la quebrada Universidad Arcis.
Actualmente el organismo es dirigido por Fernando Carmona -hijo del timonel de la tienda Lautaro Carmona-, quien es uno de los principales miembros del comando de Jara. El lazo es evidente. Las redes sociales del think tank están inundadas de contenido promocionando la candidatura de la militante comunista que en el pasado les asignó los millonarios recursos para realizar los cuestionados cursos de educación previsional.

Cuenta de Instagram de ICAL
En la página web de ICAL, en la sección “intelectuales y políticos” ligados al instituto, figuran los nombres de los senadores comunistas Daniel Núñez y Claudia Pascual, del exministro Marcos Barraza y de los fallecidos Guillermo Teillier y Gladys Marín.
El CENDA, por su parte, también ganó $60 millones en ese concurso dirigido por la actual candidata presidencial que se medirá en primarias el próximo domingo.
El organismo fue creado en 1995 y una de sus caras más visibles es su vicepresidente, Manuel Riesco, militante del Partido Comunista que está casado con la diputada Carmen Hertz.
El tema previsional no le es ajeno a Riesco, pues entre 1994 y 1996 fue junto a Luis Mesina (de No+AFP) director de la AFP Futuro, obteniendo magros resultados para sus cotizantes (ver nota aquí). Durante el actual gobierno de Gabriel Boric, en tanto, el think tank ha facturado boletas por realizar tests de VIH.
LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS POR CONTRALORÍA: RUTS DE PERSONAS MUERTAS
El Informe Final N° 304 del 30 de agosto de 2018 presentado por Contraloría fue lapidario. Además de encontrar un desorden administrativo y dineros que no se habían devuelto a la Tesorería General de la República por parte de la subsecretaría a cargo de Jeannette Jara, el órgano señaló que “en cuanto a los beneficiarios que aparecen en los listados de asistencia a las actividades implementadas por los ejecutores; entre ellos existen casos de personas identificadas como fallecidas; inconsistencias en la individualización; y personas que afirman no haber asistido”.
Sobre los “asistentes fantasmas”, en el informe dice que “se detectó que seis personas fallecidas con anterioridad al periodo de ejecución del proyecto fueron incluidas en los listados de asistencia correspondientes a las actividades sobre previsión social”.
Cuatro de esos fallecidos estaban en las listas entregadas por el ICAL y uno en la lista del CENDA.
El informe también detalló que se detectaron 21 personas cuyos RUT “pertenecen a nombres distintos a los indicados en las planillas de asistencia de las actividades desarrolladas por los ejecutores y que fueron rendidas al FEP como parte de los beneficiarios directos de las mismas. Resulta pertinente consignar que 19 de estos RUT pertenecen a individuos ya fallecidos”. Según pudo ver El Líbero en los anexos, dos pertenecen a ICAL y tres al CENDA.
En la auditoría llevada a cabo por Contraloría se eligió una muestra de supuestos participantes de cursos FEP y se les llamó para ver si efectivamente habían asistido. El resultado fue que “12 personas indicaron no haber asistido a las actividades”. Seis estaban en las planillas del CENDA y los otros seis en las planillas de ICAL.
CAMPAÑA DE NO+AFP CON FONDOS PÚBLICOS
En la indagación también se dio cuenta que tres beneficiarios de cursos “que participaron en las actividades realizadas por los organismos ejecutores Fundación CENDA (2) y ONG Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (1), señalaron que durante su desarrollo, se trataron temas referidos al movimiento denominado No+AFP”.
“Los casos referidos en el párrafo precedente, corresponden a una charla informativa del día 24 de octubre, en calle Manuel Bulnes N° 1855, ciudad de Punta Arenas, una actividad de Cierre de Proyecto, de fecha 13 de noviembre, en calle Vergara N° 578, ciudad de Santiago, ambas impartidas por Fundación CENDA, y un Diálogo Participativo, efectuado el 15 de noviembre, en calle Los Carrera N° 757, ciudad de Copiapó, desarrollado por la ONG Instituto de Ciencias Alejandro Lipschütz”, señaló Contraloría.
Además, se agregó que uno de los beneficiarios informó al ente contralor que en una de las actividades no sólo se trataron temas de No+AFP, sino que “se presentaron como oradores personas que son reconocidas con dicho movimiento, a fin de tratar dichas materias, quienes por lo demás, no aparecen inscritos como parte integrante del equipo de trabajo presentado en la propuesta de adjudicación por parte de ese ejecutor”.
A juicio de Contraloría, tratar estas temáticas en esas instancias contravenía el fin del programa.

Esta es la poderosa familia:

Vea:
https://youtu.be/4X_xBR_5z9E?si=kNto81uRxky5jQ_T

La candidata

Por Rodrigo Ojeda 

La candidata presidencial y ex ministra del trabajo, Jeannette Jara, está desplegada en su campaña ideológica y táctica. De tono suave casi no parece comunista, pero detrás de ella está el compañero Carmona, ese jerarca patriarcal que aún habita en la Guerra Fría y no renuncia a la lucha de clases. El paradigma comunista sigue atado a la nostalgia del modelo cubano y al proceso bolivariano. Hoy, el Partido Comunista (PC) celebra el ascenso en las encuestas de la candidata Jara y declara la búsqueda del voto de los jóvenes, las mujeres y el mundo popular. Su despliegue en “los territorios” se financia con las arcas del comunismo y aportes de los obedientes militantes. Junto a su jefa de campaña, Bárbara Figueroa y a Jorge Baradit, el narrador de historias cuasi secretas, nos ofrecen un país “más justo, seguro y próspero”.

El relato comunista resalta los logros de “la ministra”, “la necesidad de un sueldo vital” y el llamado a la unidad del oficialismo. El rebaño comunista es ordenado y obediente. Van por los jóvenes universitarios porque son la materia prima para la agitación social e institucional, más allá de las asambleas universitarias. También van por los evangélicos con un llamado remozado a los cristianos por el socialismo. Ven en Jesús un líder popular forzando las interpretaciones y lo unen a Marx, ese ideólogo que prometió el paraíso en la tierra, pero crearon infiernos terrenales por todo el mundo (parafraseando a Vargas Llosa). No debemos olvidar que el papa Juan Pablo II, combatió y definió al comunismo como una ideología del mal.

Celebraron sus 113 años y advierten el “avance de una derecha autoritaria y regresiva”. Para Jara “representa un retroceso en derechos, particularmente para las mujeres”. Dicen que “ha sido la derecha la que ha impedido que avancemos más rápido y con más justicia”. Para ellos, la culpa siempre es del empedrado y del opresor. Recientemente, presentaron las 20 medidas prioritarias, en resumen, más Estado, más regulaciones e impuestos, más derechos sociales ficticios y promesas que suenan bien, pero es “pan para hoy, y hambre para mañana”. La redistribución comunista siempre deja a los países más pobres e impone derechos artificiales restringiendo al individuo y sus libertades. Jara es la representante de un “proyecto de transformación para Chile”, con diagnósticos erróneos, llamados mesiánicos, anticapitalistas y populismo materialista.

El PC y Boric resaltaron un logro en su gestión de gobierno, señalando que han dado “gobernabilidad” a la calle, un eufemismo que acompaña algo evidente, ya no vemos marchas ni protestas. Ya nadie pasa hambre, no hay malestar social ni piden “dignidad” en el Chile actual. ¿Volverán a la calle? ¿Tendremos otro estallido? Gran parte de la izquierda oficialista validó por acción y omisión la violencia durante el estallido octubrista. Para el PC fue una “revuelta” y para Jadue es la “revolución de octubre”. No pocos quisieron ver a Piñera derrotado y derribado en el palacio dictatorial mediante “desobediencia civil”. Las marchas y petitorios infinitos nunca fueron espontáneos.

El PC no esconde su apego por la sublevación pasada, la agitación social y el levantamiento de los oprimidos. La calle y la violencia, son un medio legítimo para el comunismo. Aunque nos pidan amor y se victimicen, toda su historia durante el siglo XX (1900-2000), ratifica sus fracasos y sus atrocidades en todo el mundo a través de la ley histórica y la utopía. Al comunismo y su candidata de tono suave, hay que interpelarlos siempre con evidencia histórica ante su ambivalencia con la violencia y la desestabilización. Su matriz ideológica, la lucha de clases y las autocracias que defienden con amnesias históricas persisten, pero la historia no los absolverá. Sus ropajes democráticos no son suficientes.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Pingüino el domingo 15 de junio de 2025.

Y vea también:
 https://www.instagram.com/reel/DLQceNXuqLY/

**Adivine Buen Adivinador*

Por Cristián Labbé Galilea

Siendo el liderazgo uno de los factores determinantes en el desarrollo y bienestar de las naciones, no hay dudas que en la actualidad, especialmente en nuestro entorno político, esa condición parece haberse diluido para dar paso al populismo y a lo políticamente correcto, porque “hay que estar bien “con Dios y con el diablo”.

Imposible no relacionar esa ambigua actitud con la de personajes que cambiaron el destino de sus naciones ejerciendo un liderazgo firme, visionario y ético. En este sentido, el historiador y filósofo escocés Tomás Carlyle nos recuerda, en su obra “Tratado de los Héroes” (1841), que la historia no es otra cosa que la biografía de líderes, cuyas decisiones, pasiones y visiones transformaron el curso de la humanidad.

En nuestra vida republicana O´Higgins, Portales y Pinochet, entre otros, fueron líderes verdaderos. Ellos realmente ejercieron un liderazgo político que dio nuevo rumbo a nuestro destino como nación. Establecieron prioridades; movilizaron recursos y personas hacia objetivos destinados a fortalecer nuestra institucionalidad a través de la educación, la salud, la infraestructura, e impulsaron una economía capaz de generar bienestar y oportunidades para todos.

Ahora, enfrentados a una elección presidencial, la principal potencia de occidente nos da otra lección de cómo debe ejercerse el liderazgo cuando los principios de la democracia y la libertad están en juego. Con todas sus singularidades, el Presidente Trump demostró al mundo que, digan lo que digan, no está dispuesto a ceder ni un centímetro en la defensa de los valores que han hecho de occidente el mundo de la libertad.

Antes, a finales del siglo XX, Churchill, Reagan, la Thatcher, incluso Juan Pablo II, entre otros, fueron también fuentes de inspiración y transformación. Su ejemplo debiera desafiarnos a pensar ¿qué tipo de persona debe guiar los destinos de nuestro país en los próximos años?, sobre todo cuando la mayoría de los candidatos juegan a ser “políticamente correctos” … no son “ni chicha ni limonada”.

Sobre el particular, reconozcamos que “el golpe en la mesa” que dio el presidente Trump en el conflicto entre Israel e Irán ¡Esto se acaba y ahora! fue una clara muestra de un liderazgo oportuno. En similares circunstancias, la mayoría de nuestros candidatos habría optado por crear una comisión o buscado algún artilugio para evitar tomar la decisión adecuada.

Pensando en las lecciones de la historia, y en lo planteado por Carlyle, es válido preguntarse ¿cuál de los candidatos presidenciales nos garantiza que, una vez elegido, será capaz de tomar las decisiones requeridas para restablecer el derecho, recuperar la Araucanía, derrotar al narcoterrorismo, y generar las condiciones que nos permitan vivir con seguridad, en paz y armonía? Difícil pregunta… aún falta mucho por ver.

Sin embargo, a riesgo de ser “políticamente incorrecta”, esta pluma insinúa a sus vacilantes contertulios que, así como se ven las cosas, a su juicio sólo uno de los candidatos reúne las condiciones y el liderazgo para tomar las decisiones correctas, aun cuando ellas aparezcan políticamente incorrectas… ¡Adivine buen adivinador!

EL FIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS

ANDRÉS MONTERO
26/jun/25 – 13:42

Este domingo 29, la izquierda chilena llevará a cabo sus primarias, para elegir candidato -al parecer será candidata- para las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Quien triunfe, competirá contra candidatos de derecha y de lo que denominan centroderecha.
En el panorama político chileno, al igual que en el español, se observan trabajos quirúrgicos para ganar votos a costa de entregar principios. Todo sea por el poder. Se le asigna importancia y recursos a minorías vociferantes: Separatistas, antifranquistas, antipinochetistas, proabortistas, animalistas, verdes, “orgullistas”, ecologistas, feministas y ONG’s de todo tipo. Reciben apoyo del Estado y de los partidos, más allá de sus propias “declaraciones de principios”. Al final del día, lo que les importa a la mayoría de los partidos -no a todos- son los “finales”, más que los principios. Lo que viene después es aferrarse al poder, sea como sea. Lo vemos en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela y también en España, de manera muy peculiar. Los conceptos de familia van cambiando y llegamos al extremo de que las mascotas “son parte de la familia”. Lo vemos en el aborto en que el ser que está por nacer en el vientre materno, ya no es un ser. Lo vemos en la permisividad de algunos para desmembrar a España. También en Chile lo intentaron hace no mucho. Lo vemos en la falta de coraje para cortar relaciones de todo tipo, con las dictaduras de los países mencionados. Lo vemos al permitir la persecución al idioma español y en la poca energía para combatir la leyenda negra y otras pamplinas similares. Lo vemos en el apoyo a iniciativas para escribir la historia de España y de Chile, de una manera sesgada, derribando incluso monumentos a nuestra fe. El objetivo es lavar el cerebro e implantar estilos y formas de vida que destruyen la sociedad. La aceptación, prácticamente sin limitaciones, a la inmigración ilegal, es otro ejemplo indesmentible. En Chile, este fenómeno ha sido el causante del aumento impresionante del narcotráfico y de la inseguridad interna. En busca de votos los políticos ceden y se dejan envolver por utopías. La izquierda tiene en su ADN la disrupción y el objetivo del poder por el poder. Lo que sorprende, es que un sector importante de la derecha española y chilena, no son firmes en la defensa de principios y de tradiciones. No escriben la historia real, por temor a perder votos. Si en Chile RN, UDI y republicanos (espectro de derechas) no se unen, la historia los juzgará como ineptos. Si en España PP y VOX no se unen, sus seguidores les tildarán de sectarios y de incompetentes. En la unión de los partidarios de una sociedad libre, de un Estado pequeño y de la libertad individual, está el mejor futuro para nuestros pueblos. En España y en Chile se da hoy una oportunidad única para “tomar el toro por las astas” y enfrentar el futuro libre de progres y de vagos.

 Por Humberto Julio Reyes

                  Durante aproximadamente 35 años hemos escuchado, como un mantra, repetir estos tres conceptos al referirse a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión del extremismo.

                  A estos tres conceptos se asocia, comúnmente, una supuesta impunidad desmentida por las anuales cuentas del poder judicial.

                  Así, cada vez que el gobierno de turno o el poder legislativo promueven una nueva forma de agravar las circunstancias en que se cumplen las condenas, se recurre a ellos como argumento que no admite discusión.

                  De esta forma, recientemente, el presidente ha resuelto transformar el penal de Punta Peuco en uno de naturaleza común, sin importar que las condiciones que existían para ser creado no hayan cambiado, salvo en el número de internos, pasando de los 36 planificados originalmente a más de 130.

                  Se ha agregado el argumento de eliminar un privilegio, olvidando que todos han sido juzgados por un procedimiento ya derogado en Chile que ha permitido su fácil condena, a lo que se agrega la negativa a concederles los beneficios intrapenitenciarios de que disfruta toda la población penal.

                  Esta vez hubo eso sí diversas reacciones contrarias en los medios de comunicación social, no precisamente de partidarios del gobierno militar ni de organizaciones de ex uniformados, por lo que podrían catalogarse como miradas objetivas o humanitarias.

                  Esperé, naturalmente, las que se pronunciarían desde “el mundo de los derechos humanos”, según la jerga periodística.

                  Reparé en que, más allá de la comprensible posición irreductible que se resume en el lema “ni perdón ni olvido”, se mencionaban dos razones para no acceder a medidas que apunten al perdón y la reconciliación.

                  Ninguna me convence.

                  Se vuelve a esgrimir que, para conceder perdón, debiera haber existido colaboración para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos.

                  Lo anterior supone que la totalidad de los condenados lo han sido por la ficción jurídica del secuestro permanente, lo que no es efectivo.

                  Se agrega el hecho de haberse rechazado, quizás cuando aún era oportuno, toda iniciativa para promover la colaboración eficaz, inhibiendo a quienes, sin ser autores pudieran aportar a la verdad que se buscaría establecer.

                  ¿Qué incentivo tendría alguien para colaborar, frente al casi seguro procesamiento como cómplice o encubridor?

                  Por lo demás ya se realizó un infructuoso esfuerzo institucional en la llamada “Mesa de Diálogo” y sus detractores siguen asumiendo la existencia de un pacto de silencio.

                  Otra razón se refiere a quienes habrían ejercido alguna forma de violencia en contra de mujeres. Faltaría algo fundamental, según los firmantes de otra carta, ya que “sin verdad ni juicio, el perdón no es reconciliación”.

                  Así, se supone que todos los condenados lo han sido por esta causa, lo que también no se sostiene al conocer las sentencias.

                  Por lo demás, ya hubo un juicio que estableció la verdad “procesal”, así que nada faltaría.

                  ¿No sería algo menos subjetivo que, quienes se oponen al perdón y la reconciliación, indicaran qué casos debieran quedar exentos de cualquier medida humanitaria, en lugar de generalizar?

                  Convengo, en todo caso, en que la mirada humanitaria no debiera excluir a los que por avanzada edad o estado de salud u otras circunstancias objetivas debidamente calificadas deberían continuar cumpliendo sus penas en forma alternativa, como podrían ser los que ya han cumplido los 20 años que corresponden a cadena perpetua, los menores de edad al haberse cometido los delitos imputados o los de baja graduación jerárquica.

                  Finalizo analizando el título de esta columna:

                  Si no se ha establecido la verdad mediante pruebas, mal puede haberse ejercido justicia y las reparaciones concedidas en la parte civil de los procesos serían de dudoso sustento legal, aunque tengan el propósito de que las familias de las víctimas reciban de parte del estado una compensación por el daño inferido.

                  Pero, para alcanzar la verdad se requiere de jueces probos, aplicar la reforma procesal penal vigente e incentivar la colaboración eficaz, aunque el tiempo transcurrido atente contra el propósito declarado de encontrar los restos de las víctimas desaparecidas.

                  Justicia y reparación, aunque tardíamente, debieran llegar por añadidura.

22 de junio de 2025

Reos de Punta Peuco presentan amparo por operación de retiro de refrigeradores de Gendarmería

Alberto González

Periodista de Prensa en BioBioChile

VER RESUMEN

Un total de 134 internos de la cárcel de Punta Peuco, todos adultos mayores y condenados por causas vinculadas a derechos humanos, interpusieron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, luego que Gendarmería ordenara el retiro de refrigeradores personales que los internos utilizan para conservar insumos médicos y alimentos.

La acción legal, que fue presentada por la abogada penalista Carla Fernández Montero, acusa a Gendarmería de Chile de adoptar una medida que vulnera gravemente los derechos fundamentales de los reclusos.

El conflicto se originó tras la decisión de Gendarmería de retirar la mayoría de los refrigeradores que por años los internos han utilizado para conservar alimentos perecibles, insumos médicos y productos nutricionales especiales, se indica en el recurso al que accedió Radio Bío Bío.

La medida, informada el 19 de junio de 2025 por el alcaide del penal, Mayor Cristóbal Vargas, establece un plazo de siete días para el retiro de los aparatos, reduciendo su presencia a un promedio de un refrigerador por cada cinco reos.

“El día 19 de junio de 2025, el Sr. Alcaide del penal Mayor Cristóbal Vargas, comunicó a los internos del recinto que, por disposición de la Jefatura Nacional de Gendarmería, se retirará la mayoría de los refrigeradores que por años han venido utilizando los reclusos para satisfacer sus necesidades de salud y nutricionales -conservando los insumos médicos y alimentos enterales y perecibles- dándoles una semana de plazo -hasta el 26 de junio de 2025- para que avisen a sus familiares y procedan al retiro de los mismos, así como al vacío de los alimentos e insumos contenidos en estos artefactos, dejando un promedio”, indica el recurso.

Internos de Punta Peuco presentan recurso de amparo por medida de Gendarmería que les prohíbe conservar insumos médicos en refrigeradores

Según la abogada Fernández, la decisión se justifica oficialmente por razones de eficiencia energética, aunque entre los internos se vincula con el anuncio presidencial de convertir Punta Peuco en una cárcel “común”, lo que implicaría la incorporación de nuevos reos con distinto perfil criminológico.

“De acuerdo a la información recabada por los presos, la decisión se enmarca dentro del reciente anuncio del Presidente Boric durante la cuenta pública de convertir a Punta Peuco en una cárcel “común”, para lo cual, se requiere del espacio que actualmente ocupan estos refrigeradores y que permitirían albergar aproximadamente a 40 internos “comunes” más, en modalidad de camarotes”, añade el libelo.

Recordemos que en su última cuenta pública, el presidente Gabriel Boric anunció el cambio del centro penitenciario, que alberga solo a condenados por violaciones de derechos humanos, a una cárcel con reos comunes.

En ese sentido, el recurso contra Gendarmería resalta que los internos, con un promedio de edad cercano a los 80 años, padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y patologías terminales.

Por lo mismo, muchos requieren refrigeración constante para conservar insulina, alimentos enterales y proteínas esenciales que no están incluidas en su comida que les proporciona el establecimiento penitenciario, según acusan.

“Los refrigeradores posibilitan preservar diversos alimentos perecibles, especialmente, lácteos, carnes y huevos, que constituyen una parte esencial de la alimentación de un adulto mayor, y que el “rancho” diario no es capaz de satisfacer, especialmente, en personas que requieren alimentación con alto contenido proteico más que graso, como son los 78 reos hipertensos”, resalta el recurso de amparo contra Gendarmería.

“Que el hecho que Gendarmería de Chile señale que está obrando dentro de la esfera de sus atribuciones o por “razones de seguridad”, no significa por ello que su medida no sea lesiva de los derechos fundamentales de los internos que represento -especialmente, el derecho a la seguridad individual- y que por esta razón, sea un acto arbitrario o ilegal que produzca daño y sufrimiento en la población penal, constituyendo un mal trato o tortura hacia estas personas que mancilla su dignidad”, acusa la jurista.

Abogada de reos acusa “trato cruel e inhumano”

En esa línea, la abogada Carla Fernández asegura que “mis representados están siendo tratados de manera contraria a derecho, lo que constituye un trato cruel e inhumano. En efecto, las condiciones descritas, constituyen un atentado flagrante a su dignidad”.

El recurso cita fallos previos de la Corte Suprema que reconocen la necesidad de un trato penitenciario adecuado para personas mayores y enfermas, equiparando ciertas unidades penales a establecimientos de larga estadía (Eleam).

Así también se apela al derecho internacional, en particular al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas de Nelson Mandela de la ONU, que exigen condiciones carcelarias dignas y respetuosas de la integridad de los internos.

Entre las peticiones del recurso se incluye una orden de no innovar para frenar la medida mientras se resuelve el fondo del caso, así como la mantención de los refrigeradores en sus condiciones actuales.

Además, se solicita una visita de fiscalización al recinto carcelario por parte del Ministerio Público y medidas administrativas para evitar supuestas nuevas vulneraciones.

Punta Peuco y el perdón

Por Jorge Correa Sutil:

Punta Peuco y el perdón …

Caso Carmelo Soria:

noticiaslivechile

Editado•3 d
🔴 Los imputados son Francisco Gatica Catalán, 33, quien en 2019 fue supuestamente víctima de trauma ocular en Temuco, y Robinson Jaramillo Monje, 58, quien recibió el beneficio por presuntamente recibir un tiro en el tobillo en Valdivia. Luego se supo que además había sido condenado por abusar sexualmente de una niña de seis años, en 2009.

📌 A ambos se les había revocado el beneficio en 2024, tras estallar el caso. Gatica Catalán alcanzó a recibir $7.341.227 y Jaramillo Monje, $6.896.461, mostraron los registros de la Tesorería General de la República.

📌 El primero recibió el beneficio durante el gobierno pasado y recibió un alza en la administración del Presidente Gabriel Boric (que entregó 270 pensiones de gracia). El segundo lo recibió durante el mandato del expresidente Sebastián Piñera (que otorgó 148).

📌 La audiencia fue solicitada el lunes 9 por el fiscal Carlos Eltit y quedó fijada para el 24 de julio en el Juzgado de Garantía de Temuco. Hasta la fecha no hay otras audiencias solicitadas, a casi un año y medio de abierta la causa.

📌 El delito que se les imputará es fraude de subvenciones. Por los montos recibidos, arriesgan hasta cinco años de cárcel.

📌 Uno era Gabriel Allende, que en octubre de 2019 recibió tiros de perdigón en Curacaví tras arrojar una molotov a Carabineros. Alcanzó a recibir $5.894.124, antes de que le revocaran el beneficio.

📌 A esto se sumó el informe 419 / 2023 de Contraloría, que identificó 58 casos con prontuario previo por “estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar”.

📌Tras esto, se revocaron 28 pensiones de gracia.

📌Ambos grupos recibieron los beneficios porque ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que presentaba los casos, ni la comisión presidencial que los analizó, revisó sus antecedentes penales. La explicación que dieron fue que esto no era un requisito legal.

📌 Los casos fraudulentos se entremezclaron así con otros acreditados como el de Gustavo Gatica, quien quedó ciego en 2019 por un tiro policial.

*Dorothy… la Única, la Grande, la Nuestra.*

Por Cristián Labbé Galilea

Aunque para mis ilustrados lectores “El Mago de Oz”, del escritor L. Frank Baum, no pase de ser un cuento de niños, una historia de fantasía, esta pluma se toma, a través de “una segunda lectura” de dicho relato, la licencia de denunciar los mecanismos de poder, manipulación y corrupción que afectan en la actualidad a nuestra sociedad. En esta “interpretación libre” de la obra, los colores brillantes, los personajes encantadores y los mensajes optimistas del original, están representados en nuestra realidad por la forma como operan en la práctica los vicios de la política y de la corruptela.

Curiosamente, “el personaje más mentado” en estos días, al igual que en el cuento, ha sido… “Dorothy, la Contralora”, quien con su actuar profesional ha sacado a la luz pública todo lo que el país sabía: fundaciones truchas, licencias médicas imaginarias, contratos simulados, facturas falsas, defraudación al fisco… Para qué seguir, la lista es tan interminable como la nómina de gobernadores, alcaldes, parlamentarios, políticos e instituciones involucrados en estas irregularidades.

Junto a Dorothy, otro personaje es el propio “Mago de Oz”, quien en nuestra metáfora está personificando al político corrupto que, sin capacidad ni ética, se esconde tras “una cortina” de formalidades y fantasías para encubrir hábilmente su verdadera identidad y su incapacidad para concentrarse con sabiduría, eficiencia, realismo y probidad, en la solución de los problemas que afectan al país.

Los acompañantes de “nuestra Dorothy” son: “el Espantapájaros” (quien cree no tener cerebro), representando a la comunidad, desinformada, pasiva e indiferente, que prefiere no pensar mucho y vivir en el limbo; “el Hombre de Hojalata” (que se queja de no tener corazón), quien simboliza, en nuestro caso, a aquellos sin sensibilidad social e indiferentes a los problemas de salud, educación, vivienda y bienestar de los sectores más vulnerables; por último, la acompaña “el León Cobarde”, quien personifica a los dominados por la cobardía política, que no se atreven a reaccionar frente a una sociedad corrupta.

En nuestra realidad todos ellos, como en el cuento original, poseen lo que buscan. Sin embargo, viven esperando que alguien los saque de su marasmo; están siempre esperando a ese “mágico personaje político” (el mago de Oz) que les daría lo que creen no tener: sabiduría, sensibilidad social y coraje. ¡Esperanza cada vez más ilusoria! Pero ¡oh milagro…!, aparece Dorothy, quien llega a correr “el velo de la mentira y la descomposición” develando los grandes secretos de la corrupción.

En definitiva, lo que podemos deducir de “la segunda lectura” del Mago de Oz, es que, cuando se descorre la cortina que ocultaba la verdad de la descomposición de nuestro país, la comunidad se da cuenta que la corrupción es “un hoyo negro” y que ella no se sostiene por sí sola: necesita de una sociedad que “mire hacia otro lado”, que se deje engañar y que confíe en quienes no se lo merecen… Gran lección nos ha dado “Dorothy, la única, la grande, la nuestra”.

ES HORA DE PREMIAR EL CORAJE Y LA CONSECUENCIA.

junio 17, 2025
Cabalgata por la Patria.
El despertar de los verdaderos patriotas.
THE TIMES EN ESPAÑOL: EL DESPLOME DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

Esta imagen representa mucho más que una escena histórica: simboliza un momento decisivo para Chile. Al frente, el jinete que porta la bandera nacional con su escudo representa a la Patria misma, con todo lo que ello implica: historia, chilenidad, república, tradición, Fuerzas Armadas y de Orden, y los ciudadanos que, con honor y sacrificio, han hecho grande esta tierra.
El escudo nacional al centro de la bandera no es mero adorno: simboliza al Estado y al Gobierno legítimo, ese que debe volver a estar al servicio de los ciudadanos y no subordinado a las cúpulas de poder ni a intereses ideológicos ajenos al bien común.
Los que marchan con la Patria.

Detrás del estandarte nacional cabalgan firmes quienes hoy alzan las banderas de los partidos que representan a los patriotas de verdad, no a la vieja casta política que ha corrompido el alma de Chile:
Patriotas Por Chile, cuya insignia honra la ánfora funeraria que resguarda los corazones de los héroes de La Concepción. Aunque no logró consolidarse como partido, representa a miles de chilenos libres, independientes, honestos y hastiados de la política tradicional, que no han renunciado a su amor por la patria ni a su fe en el orden, la verdad y la justicia.
Partido Social Cristiano, Partido Republicano y Partido Nacional Libertario, tres expresiones distintas pero complementarias de una misma voluntad: recuperar la dignidad de Chile desde la fe, el patriotismo, la libertad y la defensa irrestricta de nuestras instituciones fundamentales.

El mensaje es claro.
Esta cabalgata representa la UNIDAD de quienes no quieren más corrupción ni izquierdas ni derechas traidoras, sino un Chile donde vuelvan a tener sentido palabras como: deber, mérito, familia, valores, identidad y bien común.
Esta imagen no es nostalgia ni romanticismo. Es una advertencia a quienes han traicionado a la patria, y un llamado de urgencia a los que todavía creen en ella: es tiempo de reconstruir lo deconstruido, de castigar a quienes se coludieron con la izquierda para salvar sus cúpulas política y no Chile. Es hora de premiar el coraje y la consecuencia de quienes no tienen un historial de traiciones y malas prácticas.

Es hora de premiar a quienes dicen la verdad por su nombre: en Chile no hay justicia, hay miedo y venganza.

La evidencia del delito:

https://www.instagram.com/reel/DLBuR7psF0k/

Post

Enrique Slater @slater_enrique

¿Y qué dice el Gobierno y los organismos pertinentes, con respecto a esta autorización? Los chilenos hemos sido sorprendidos y pasados a llevar. No necesitamos un canal de televisión extranjero, que se dedique a la propaganda política y a la difusión de intereses foráneos.

Aprender a gobernar

Por Álvaro Góngora

Desde tiempos europeos remotos, preocupó instruir previamente a quien correspondía asumir la autoridad máxima de la entidad política de que se tratara, según el contexto histórico y cultural, con el objeto de que adquiriera atributos y conocimientos en diversas materias, para que su comportamiento público fuera de acuerdo con la tradición. Proceso tan relevante como la descendencia sanguínea. De ahí la sentencia atribuida a Alejandro Magno: “Y si a mi padre debo la vida, a mi maestro le debo el triunfo”. Concepción que se mantuvo en las épocas siguientes, a través de los “espejos de príncipes” y otras formas, para asegurar una gobernanza virtuosa. Claro, no todos los aspirantes fueron aplicados y con la misma disposición. El asunto es que, para acceder a la autoridad suprema, se requería poseer formación cabal. En el siglo XIX —según el país y Constitución— existieron requisitos básicos y otros más selectivos, referidos, en general, a ciertas cualidades individuales: personas de carácter, con integridad, compromiso con valores republicanos y una trayectoria y conocimientos sobre temas atingentes a la dignidad y responsabilidad del cargo.

En Chile, desde que se instauró la república, fue gobernada por un grupo genérico de políticos pertenecientes a la clase dirigente, en términos sociales, económicos y culturales. Accedieron a la Presidencia mediante un sistema electoral restringido, reservado a quienes acreditaran cierta edad, renta determinada y alfabetización. Fueron individuos con cualidades de liderazgo, por lo general, con una carrera política previa, habiendo detentado cargos en la administración de gobierno, poderes del Estado o la diplomacia. En su ejercicio habían adquirido sentido de nación y capacidad para representar a su población.

Los mandatarios con este perfil se extendieron hasta la segunda década del siglo XX. Porque a partir de 1920 —con excepción de 1927-1931, muy irregular en términos políticos— y bajo un sistema democrático, con participación electoral socialmente diversa, se optó por elegir a personas de características bastante similares a la etapa anterior, con una trayectoria política madurada y reconocida, con la diferencia de que se trataba de profesionales de clase media; entre ellos, la primera mujer. Secuencia que se extendió hasta años recientes. El resultado electoral de 2022 causó sorpresa. Fue electo un Presidente joven, hacía poco egresado de la universidad y previamente diputado (2014-2022). Cierto, tuvo apoyo partidista, pero el haber pertenecido a la Cámara durante ocho años no supone una experiencia política apropiada, máxime sabiendo cómo funciona. La coyuntura específica de la elección —en segunda vuelta— quizás explique la excepción, porque nuestro electorado históricamente ha sufragado razonadamente, con conocimiento cabal o aproximado de la trayectoria de los postulantes, valorando sus cualidades y dotes políticas. Por otra parte, igual debiera reflexionarse más respecto de los limitados requisitos habilitantes, porque actualmente también puede postularse en forma independiente quien se considere idóneo. Le basta reunir un número determinado de firmas.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el lunes 9 de junio de 2025.

La débil ética pública actual

Por Karin Ebensperger

Es curioso lo que uno suele recordar a medida que pasan los años: sensaciones que nos acompañan desde la infancia, hasta que uno descubre, con el tiempo, que todo se relaciona con algo llamado hogar, que a su vez es inseparable de algo llamado patria. Es un sentido de pertenencia, y quienes lo perciben son más proclives a cuidar el país que es de todos.

Como está sucediendo en muchas naciones occidentales, vivimos un desafío enorme que no viene desde un enemigo externo, sino de sectores en la propia sociedad. Soterradamente se expande un debilitamiento de los valores que hicieron posibles las sociedades democráticas. No se defienden desde el gobierno los estándares mínimos de seguridad y aplicación rápida y efectiva de la ley.

En Chile aún tenemos instituciones, aún la mayoría se opone a la violencia, aún nos indigna la corrupción. Aún.

Pero proliferan grupos rencorosos, destructivos, que nada tienen que ver con reclamos contra injusticias o defensa de los más débiles. Simplemente desprecian los fundamentos de la cultura democrática, de la cual ellos mismos son favorecidos y beneficiarios, o no tendrían derecho a protestar. Cuando cometen delitos, ellos se saben protegidos por el Estado de derecho, el mismo que quieren destruir. Están en la calle y también en la creciente corrupción estatal. Es increíble, proliferan bajo el imperio de la ley, al amparo de garantías solo reconocidas en el mundo occidental.

La educación, en la familia, en colegios y universidades, es gran parte del problema: se ha convertido en una instrucción instrumental, que no desarrolla pensamiento crítico ni abre la mente para reflexionar sobre ética y propósitos vitales. A los jóvenes no se los forma en los fundamentos de la sociedad occidental, con los principios filosóficos, sociales y políticos desarrollados a través de siglos: el respeto a derechos individuales anteriores al Estado; el constitucionalismo, que impide la discrecionalidad de quienes están en el poder; el “rule of law” o imperio de la ley, con derechos y también deberes hacia la comunidad. Nadie está sobre la ley, ni siquiera el rey, establecía hace ya 800 años la Carta Magna. Esos valores han influido en la cultura, en la gobernanza y sobre todo en la ética, personal y pública. En política, la ética se refiere a los principios y valores morales que deberían guiar la conducta de los llamados servidores públicos. Pero se ha hecho muy corriente que se ignore el bien común. En nuestro país es indignante cómo se pisotea la dignidad de quienes esperan ayudas urgentes, por el mal uso, desde el poder, del dinero de todos. Abundan el egoísmo, la codicia, el derroche.

Tal vez deberíamos volver a valorar de dónde venimos, recordar nuestra historia de apego a la ley que alguna vez nos distinguió, y desde ahí proyectar el futuro con visión estratégica y sentido de pertenencia.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el viernes 13 de junio de 2025.

Interesante e importante entrevista que revela la realidad judicial e injusticias:

Punta Peuco y perdón

A raíz del anuncio del Presidente Boric sobre convertir Punta Peuco en una cárcel común, se reabre el debate sobre el perdón en materia de derechos humanos. Esta reflexión plantea que, más allá de consignas políticas, el Estado debe enfrentar con urgencia la situación de los reos mayores y enfermos, atendiendo compromisos internacionales y principios de derecho humanitario que hoy siguen siendo ignorados.

18 de junio de 2025

A propósito de las medidas anunciadas por el Presidente Boric en la reciente cuenta al Congreso acerca de transformar el penal de Punta Peuco en una “cárcel común”, y las diversas reacciones de la opinión pública que han recogido distintos medios de prensa escrito y que hacen hincapié en la necesidad de “perdón”, quisiera precisar algunos aspectos en torno a esta idea:

1.- Llevamos más de 30 años intentando una justicia transicional, que -en parte- no se ha logrado gracias al triunfo de la consigna “ni perdón ni olvido”, que perdura con fuerza en la actualidad en nuestra clase política gobernante transformándose en un “caballito de batalla” en tiempos de elección, en un factor que -por así decirlo- aúna las diversas corrientes ideológicas de la izquierda. Así, bajo el actual “clima electoral”, resulta difícil, sino imposible conjugar el verbo “perdonar” en materia de DDHH.

2.- Ahora bien, la insufrible situación carcelaria de los reos de Punta Peuco no aguanta más, y el perdón del Estado en este asunto no puede quedar sujeto -nuevamente- a condiciones “político-jurídicas” ajenas a nuestro Derecho o que por edad y enfermedad ya no es posible de satisfacer por los presos, sino a costa de su propia vida. El Derecho humanitario -consustancial al concepto de “perdón”- se aplica sobre vivos y no sobre muertos. La indulgencia del Estado no puede esperar. ¡Ya no hay tiempo!

3.- Igualmente, cabe recordar -como abono a la tesis anterior- que el Estado chileno ha incumplido sus compromisos internacionales en esta materia. Así, por ejemplo, Chile está en desacato respecto el fallo Palamara Iribarne vs. Chile de la Corte Interamericana de DDHH del año 2005, que obligó a Chile a reformar su sistema de justicia militar regulado por el “arcaico” Código de Procedimiento Penal de 1906, y que consagra un sistema inquisitivo, escrito y secreto, bajo el cual se sigue juzgando y condenando a los civiles y militares por causas de DDHH, cualquiera sea su edad y/o condición de salud.

4.- Pero, además, nuestros tribunales han vulnerado los artículos 10 y 13 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los DDHH de las Personas Mayores promulgada el año 2017, que proscribe tratos crueles, inhumanos o degradantes en las penas y exhorta a Chile a promover medidas alternativas a la pena efectiva, lo que está en consonancia con lo prescrito en el artículo 5 n° 3 de la Convención Americana de DDHH, que mandata: “la pena no puede transcender de la persona del delincuente”.

Siendo así, para afrontar de manera seria, el tema del perdón en materia de DDHH, debe necesariamente tenerse en consideración los factores antes descritos, de lo contrario, todo quedará en una “mera declaración de principios”, con nulo efecto práctico.

Carla Fernández Montero

Abogada, Derecho Penitenciario

¿Hasta cuándo seguir fingiendo?

17 junio, 2025

Las declaraciones del comandante en jefe de la Armada sobre la conveniencia de que la Marina sea retirada del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur no debieran ser recibidas como una señal de abandono, menos de irresponsabilidad. Por el contrario, deben ser interpretadas como un llamado urgente a los poderes del Estado y la clase política a reconocer abiertamente una realidad que lleva años siendo negada o eludida por muchos: en La Araucanía y el Biobío existe terrorismo.

Las FF.AA. no están diseñadas para combatir una amenaza que no ha sido reconocida por quienes poseen la potestad legal correspondiente. El despliegue militar, aunque necesario para contener episodios de violencia, no puede sustituir una política integral, ni prolongarse indefinidamente en ausencia de una voluntad política decidida de combatir la violencia terrorista. Adicionalmente, la Armada tiene una misión principal y estratégica que cumplir —la defensa nacional—, que exige preparación permanente y despliegue soberano. Distraerla sin límite en tareas de control interno, propias de fuerzas de orden y seguridad, la aleja de su rol fundamental.

Este dilatado estado de excepción ha mostrado la ambigüedad del Estado frente a la violencia rural armada. Mientras se extienden decretos, se despliegan efectivos y se refuerzan medidas de seguridad, se evita cuidadosamente utilizar el término “terrorismo”, se relativizan las causas de tal criminalidad y se distrae la atención de los hechos con un interminable análisis de las “causas de fondo”. Una demanda histórica –por legítima que sea– no justifica que grupos minoritarios, escasamente representativos de los pueblos originarios, asesinen, incendien, asalten, tomen tierras y amedrenten sistemáticamente.

Esa inconsistencia mina no solo la eficacia de las acciones, sino también la legitimidad de las instituciones encargadas de hacer valer la ley. Negarse a llamar terrorismo a lo que, en efecto, cumple con todos sus requisitos –violencia planificada, con medios de guerra, motivada por fines ideológicos y con efecto intimidatorio sobre la población civil– es una omisión política grave que alimenta la impunidad.

Por eso, los dichos del almirante De la Maza no deben escandalizar. Más bien, debieran interpelar a quienes, incumpliendo los deberes de sus cargos o situándose en las tribunas del relativismo, han dejado pasar demasiado tiempo sin enfrentar la cuestión de fondo: la pérdida del Estado de Derecho en una parte significativa del territorio nacional.

La solución, está claro, no pasa solo por lo militar. Pero cualquier política –de diálogo u otra– solo será viable en un contexto de orden y seguridad efectiva. Y eso exige, en primer lugar, aceptar la naturaleza de los hechos. El Estado no puede seguir delegando la responsabilidad en las FF. AA. entretanto renuncia al deber político y moral de restablecer plenamente el imperio de la ley. Si se quiere verdaderamente paz duradera en el sur, se debe partir por dejar de fingir que no hay terrorismo. Y actuar en consecuencia. (La Tercera)

Álvaro Pezoa

Director Centro de Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School

1. de los Andes

Congreso de Perú aprueba ley de amnistía para policías y militares acusados de violaciones a los DDHH

El texto además lleva una modificación para incluir una amnistía de “carácter humanitario” a los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, o los grupos de autodefensa, mayores de 70 años que cuenten con una sentencia en firme por crímenes contra los Derechos Humanos.

En 12 Jun, 2025  0

El Congreso de Perú ha aprobado en primera votación y con el apoyo mayoritario de los partidos de la derecha del arco parlamentario una ley de amnistía para policías, militares y grupos de autodefensa procesados por violaciones contra los Derechos Humanos durante el periodo de conflicto armado interno (1980-2000).

La iniciativa, ideada por la Comisión de Constitución que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi, ha contado con 61 votos a favor y 44 en contra, además de tres abstenciones y concierne a aquellos con procesos abiertos por presuntos crímenes tales como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.

Quienes no podrán acogerse a la medida de gracia son aquellos procesados por delitos de terrorismo o corrupción, cometidos durante esta dos décadas marcadas numerosos atentados, golpes de Estado, acciones armadas y violaciones generalizadas y sistemáticas contra las libertadas por todas las partes del conflicto.

El texto además lleva una modificación para incluir una amnistía de «carácter humanitario» a los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, o los grupos de autodefensa, mayores de 70 años que cuenten con una sentencia en firme por crímenes contra los Derechos Humanos.

Para Rospigliosi se trata de una medida «justa y necesaria», mientras que para los grupos de la oposición se trata de un «dictamen nefasto», en palabras de la congresista Sigrid Bazán del socialdemócrata Bloque Democrático Popular.

«Hablar de amnistía es hablar de impunidad y de injusticia, no podemos pasar por alto la muerte de campesinos», ha dicho Alex Flores, de la Bancada Socialista, según recoge el diario peruano ‘La República’.

En esa línea ya se manifestó la fiscal general, Delia Espinoza, quien remarcó que «las leyes de amnistía por crímenes de lesa humanidad son inadmisibles» y si se aprobaba, «Perú va a incumplir sus obligaciones internacionales».

Publicado por El Periodista

Lea esto para que sepa a donde nos quieren llevar:

EN POLITICA 2 + 2 NO SON 4.

La corruptela en modo superlativo

¿Qué habrá sido aquello de que éramos los ingleses de América? En verdad, en mí no corta existencia no he logrado saber aún el origen de esta aseveración, dada las experiencias vividas. En todo caso, la afirmación con que encabezo esta columna, querría decir “las cosas no son como parecen ser, sino son como son.” Y Toribio trae a colación un caso personal, cuando un muy querido exjefe y amigo se las dijo: “Fernando, en la Junta 2+2 no son 4”, -cuando me mandaron por un tiempo a segunda división-. El hecho es que los chilenos nos autocalificábamos como los más virtuosos y honrados del barrio, pero, tuvo que venir una mujer íntegra y eficiente profesional, sin ataduras políticas, para enrostrarnos y sacar el barro debajo de las alfombras. Ministros, fiscales, parlamentarios, gobernadores, profesionales, empleados y un largo etc., de todas las tiendas han quedado a la intemperie.
No solo el uso de licencias médicas para viajar al extranjero que suman decenas de miles de vivarachos, sin contar los que le dieron igual mal uso haciendo pitutos extras o viajando dentro del país, con una desfachatez tal, que subían fotos y videos a las RR.SS; médicos que se intercambiaban licencias para atender en recintos privados y otros que expedían licencias falsas con la rapidez de un cajero automático, saqueando los fondos de FONASA y de las ISAPRES; parlamentarios cuyo principal labor es la de fiscalizar caían en lo mismo, o bien, aprovechaban las semanas distritales que nosotros les finaciamos, vergonzoso por decir lo menos. Y nos extrañamos que dos delincuentes que recibían pensiones de gracia por el estallido delincuencial, una investigación concluyó que los antecedentes dados eran falsos. ¡Si los anteriores son tan delincuentes como estos pinganillas!
Hay otros que están en las cuerdas, defendiéndose como gato de espalda. En un rincón, esperando que les toquen la campana o les tiren una toalla: El gobernador Orrego, con varias estocadas que aconsejan que vaya con calzoncillos “Tena” a la citación de la fiscalía, ante eventuales cargos por malversación de fondos públicos, que salpican además a su jefa de finanzas y a la mamá de Crispi. El ex subsecretario y cuasi ministro de Seguridad Monsalve; la Fundación Allende (FSA) en un nuevo capítulo de la serie de Netflix. Además del fracasado negociado de la casa del extinto mandatario, ahora se suma el “arreglín” de la compra al SERVIU metropolitano del palacio Heiremans. Se adquirió en trato directo en el año 2004 -gobierno de Lagos- por la cantidad de 27.493 UF, alrededor de $.1044 millones a esa fecha -Toribio desconoce la tasación oficial y la comercial, pero los lectores se imaginan-, pagadero en 10 cuotas anuales; es decir, el 2014 concluía la operación. Pero, la deuda se costeó mediante una “dación de pago” en el 2016 -Bachelet 2- por el monto de $566 millones, a través de la supuesta entrega de 93 obras de artistas brasileños, donados por el Museo Afro Brasil con el objeto de promover la cultura latinoamericana, pero estos cuadros aún se mantienen en la FSA. Al parecer la misma figura de la “casita.” Ojo, señora Dorothy.
La lista es larga, hasta papá Lavín esta siendo investigado por la Fiscalía, mientras era alcalde de Las Condes, por presuntas irregularidades en la Asociación de Municipalidades en la Zona Oriente; pocos se están salvando de su familia. Pero los nuevos aires que se respiran en la CGR, con la super Dorothy, logró detectar más de 5.000 fallecidos que mantiene vigente la Superintendencia de Seguro Social junto a otras graves falencias. La falta de actualización pudo dar origen a un mal uso, que se suman a los fraudes anteriores en zwla salud; y ojo con las próximas elecciones, no se vayan a levantar de los cementerios y concurran a votar. Se han visto muertos cargando adobes.
Pero, hay chilenos muy zorros, pero en este caso fueron mujeres las …Dos de las llamadas “Influencers” publicitaban cosméticos “Farmasi,” de origen turco, sin certificación del ISP, en una aparente estafa piramidal a través de reclutamientos de promotoras con pingües ingresos, viajes y premios. Experiencia “requeté” conocida en Chile. ¿Se recuerdan de la francesa que engañaba con los quesitos? Claro que en este caso se fueron al chancho, pues, las criollas tenían instrucciones de como engañar en el control del aeropuerto al llegar a Chile, con un montón de chivas para engatusar a los agentes. Sin embargo, no faltaron las incautas e incrédulas que cayeron.
…escoba, espeta “Pepe Grillo”. Aludiendo a una estafa telefónica que sufrió esta pluma, confiado en la diligente, educada y seguridad de una presunta ejecutiva. Pero, que en una hora -a medianoche- le vaciaron la tarjeta de crédito, sin despertar las alarmas del Scotiabank y a pesar que Toribio entregó al Banco y a la Fiscalía, los Rut, nombres, teléfono de los estafadores e indicación de las compras, la fiscalía “buenas noches los pastores y mutis por el foro;” por su parte el banco demandó a Toribio por presunto fraude ante el 2°JPL de Las Condes. Para peor, con sorpresa y desilusión este aceptó la tesis del banco de que este ciudadano era autor de un fraude. Hace dos años espera que la Corte de Apelaciones vea su caso. Ojalá que sea antes de abandonar este mundo de “Bilz y Paps” y no paguen el pato mis hijos o mi esposa. Si se caen los aviones … Toribio no es infalible.

¡Hasta la Vista! baby
Fernando Hormazábal Díaz
General de Brigada (R)

Contribuciones:
FUERZA CHILE

@ChileenChile

Escándalo!! El nuevo robo del gobierno a la clase media está en las Contribuciones!!

LA CUENTA REGRESIVA

Por RODRIGO OJEDA

En el salón de honor del Congreso Nacional, se realizó la Cuenta Pública 2025. La cuarta y última del gobierno vanguardista en Valparaíso. Los Mensajes Presidenciales o Cuentas Públicas al Congreso Pleno, son una tradición republicana que se remonta hasta el siglo XIX. Con distintas fechas en su realización: 1 de junio, 21 de mayo, 11 de septiembre y el actual 1 de junio. Todos los discursos desde 1832 a la actualidad (de Prieto a Boric), se encuentran digitalizados en el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), en formatos: leíbles y audibles. Una fuente histórica a disposición de todos. El paradigma frenteamplista contiene genes: identitarios, maximalistas y de superioridad moral. Un progresismo regulador que apuntó y apunta con el dedo, y frena el verdadero progreso mediante regulaciones, paralizando el crecimiento y las inversiones. Gran parte de la izquierda local, nueva y vieja, prefiere el “reparto de la escasez por encima de la creación de la abundancia”. Nos llenaron de diagnósticos e interpelaciones al pasado, pero “otra cosa es con guitarra” en La Moneda. En la última Cuenta Pública, nuevamente el presidente habitó el pasado sin comprender a cabalidad las crisis sociales. Las cuales no se van a resolver con “agitación social” ni narrativas. Su extensa intervención fue partisana y cuesta creer en su realismo, pragmatismo o experiencia acumulada en el cargo que habita. Las urgencias sociales en Chile, que afectan a visibles e invisibles requieren de “soluciones, no de gestos” ni promesas o narrativas redentoras.
El vanguardismo llegó para quedarse, no ha renunciado a su lógica refundacional ni a la romantización del octubre incendiario. Se reconocen como “hijos del estallido” y aunque lo nieguen, siguen creyendo en la violencia como un medio para ejercer “presión política y social”. Su visión del mundo incluye altos componentes de confrontación en todos los espacios, mediante la indignación y la agitación del avispero. Fue lo que hicieron en su camino a La Moneda por las grandes alamedas incendiadas, vandalizadas y destruidas. La izquierda refundacional y radical sabe que, más allá de lo educativo, “las nociones de igualdad y autonomía entran en necesario conflicto con el principio de autoridad”. Hoy, con múltiples problemas sociales y económicos, pesares materiales e inmateriales no hay marchas ni protestas. Nos dicen que están bajo control por la “gobernabilidad” del frenteamplismo, algo que suena bien, pero dista de la realidad ya que, hay cientos de promesas sin cumplir, por ejemplo, la lenta y dolorosa reconstrucción tras los incendios y otras catástrofes nacionales; ni hablar de las crisis en: educación, salud y seguridad.
Ha comenzado la cuenta regresiva del mandato presidencial, pero serán largos meses. La narrativa del ejecutivo apelará a la prescindencia electoral sin reconocer la ambivalencia de la figura presidencial durante su mandato, además de guiños a su base partidaria, mediante llamados a reconectar con la indignación, las desigualdades e identidades y el malestar acumulado que dijeron representar desde un altar moral. Desde ese lugar, el presidente se entromete en un conflicto ajeno y distante, dice que lo hace desde el dolor de Gaza, olvidando los padecimientos y dolores de la franja que gobierna y, que las relaciones internacionales son algo muy distinto a un petitorio universitario. A este gobierno hay que pasarle la cuenta en las elecciones presidenciales y parlamentarias de este 2025.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Pingüino el domingo 8 de junio de 2025.

ES EL PROGRESISMO EL AGOTADO, NO EL MODELO

Por JAIME JANKELEVICH

En la Cuenta Pública del domingo pasado, el Presidente Boric habló durante 152 minutos, dejando la sensación que su intervención estaba destinada más que nada a mantener entusiasmados a sus partidarios, lo que demostró con los anuncios del envío del proyecto sobre aborto libre, las acciones contra Israel, la negociación ramal y el cambio en las condiciones del penal Punta Peuco.
Sin pretender referirme a todos los temas tratados, me quiero detener en uno en particular, pues tiene un trasfondo muy importante a considerar. Cuando el Presidente se refirió a la economía dijo lo siguiente: “El modelo que permitió a nuestra economía crecer durante las décadas de los 90 y los 2000 está agotado y, como decíamos, ya hace más de 15 años la productividad está estancada”.
Lo que se intenta es convencer al país que el modelo basado en la libertad como principio rector de la sociedad; en la creatividad, el emprendimiento, la libre competencia, la iniciativa privada, la economía de mercado y un Estado subsidiario, está agotado y que el progresismo es la solución. Dicha afirmación nos indica claramente que su pensamiento sigue siendo tan radical como cuando fue elegido gracias a la violencia octubrista y prometía enterrar el neoliberalismo, después derrocar al capitalismo y por cierto refundar el país y lograr que sea el Estado el que gobierne todas las esferas de nuestras vidas. Incluso cuando le preguntan si es ahora socialdemócrata, solo dice que la unión del progresismo es lo que le importa, sin apellidos.
Más progresismo sería fatal para Chile, pues es el progresismo lo agotado y fracasado, no el modelo. Qué mejor evidencia que el fracaso de este gobierno en todos los frentes, partiendo por la ausencia de una concepción ética. Pero no solo eso, porque progresismo es sinónimo de Foro de Sao Paulo, cuya meta es “enfrentar al enemigo común de nuestros pueblos, el imperialismo estadounidense y el neoliberalismo”. En el Foro participan 27 países y 123 partidos, siendo 17 los chilenos, entre ellos el PC, el MIR, el PS, el PH y los ex RD hoy FA, siendo su propósito el instaurar el socialismo en América Latina, ese fracasado sistema que solo genera miseria, hambre, retraso y persigue y encarcela a sus opositores. En Latinoamérica, ¿qué gobierno “progresista” ha generado progreso? ¿Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Chile?
En Chile, ¿qué progreso puede mostrar Boric? En educación, destruyeron los colegios emblemáticos, capturados por violentistas que utilizan bombas molotov externa e internamente –como el caso del INBA– y causan disturbios semanalmente. No solo eso; en septiembre de 2024, 848 mil alumnos presentaron grave inasistencia y 47.500 abandonaron sus estudios entre 2023 y 2024. Y 8 de cada 10 niños y niñas de 4° básico de establecimientos educacionales vulnerables no entienden lo que leen, según estudios de la Fundación Crecer con Todos.
En orden y seguridad Boric habla que los delincuentes caerán presos y que han hecho más que nadie en esta materia, mientras en los barrios crece la delincuencia, adolescentes y niños han muerto en manos de pandilleros, se protege a los narcos en sus funerales, los portonazos abundan, aumentan los raptos y las extorsiones y cada día hay más menores de edad siendo soldados del narco.
En Salud, el progresismo quiso terminar con las Isapres, mientras las listas de espera son millonarias y mueren pacientes por no ser tratados a tiempo en el sistema público, con hospitales no habilitados por cuidar lagartijas y arañas; pabellones usados a medias, etc.
La economía está estancada, con un déficit fiscal superior al comprometido, la inversión detenida, falta de certeza jurídica para aprobar proyectos, permisología paralizante; el empleo entrampado, la productividad paupérrima y las 40 horas de este gobierno solo lograron aumentar los costos de contratación que castiga el empleo, hoy con un 8,8% de cesantía. De medidas pro-crecimiento, ninguna palabra, porque él “no está para dejar contentos a los grandes empresarios”.
El proyecto de aborto libre, que le niega la vida -el principal DD.HH.- a una creatura que está por nacer; la postura contra Israel, que pone en riesgo la seguridad nacional; la negociación ramal, que liquidaría a las pymes y el cambio en las condiciones de Punta Peuco, que pretende traer a la esfera electoral nuevamente al régimen militar, son todas muestras del radicalismo de sus ideas, que en nada aportan al progreso de Chile.
El radicalismo progresista no ha cambiado en nada. Winter, proclama que quiere una sociedad sin clases; para Jara del PC, Cuba es una democracia diferente y Tohá pretende desmarcarse del gobierno cuando fue la guaripola del mamarracho rechazado el 4S.
A no engañarnos; el progresismo es lo agotado y fracasado, no el modelo. Seguirán intentando imponer su ideario, enterrar al neoliberalismo y derrocar al capitalismo. De lograrlo, nos impediría llegar a ser algún día un país desarrollado.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el lunes 8 de junio de 2025

¿Justicia igual para todos? El abandono en Punta Peuco

La carta de los internos de Punta Peuco pone en evidencia el abandono estatal, la falta de acceso a derechos básicos y la desigual aplicación de la justicia en nombre de una igualdad que, en la práctica, no existe.

15 de junio de 2025

Imagen:. chicureohoy.cl

Una carta de los internos del penal Punta Peuco, ha despertado la conciencia de algunos columnistas y parlamentarios, que han evidenciado el completo abandono y falta de humanidad a través de sucesivos gobiernos.

Han vulnerado los derechos humanos de una población anciana, con enfermedades terminales o seriamente limitantes, abandonada de los cuidados médicos que tanto nuestras leyes como las del derecho internacional imponen.

El ministro de Justicia ha señalado “no existe razón para tener un penal exclusivo” en sintonía con lo expresado por el mandatario, quien los instruyó para modificar el decreto que lo creó bajo el gobierno del presidente Aylwin. “Justicia igual para todos” claman desde la izquierda, lo que me recuerda lo afirmado el ex Convencional Rojas Vade: “si comemos m…, todos comeremos m… pero seremos todos iguales.”

Pero, en la práctica los únicos que han comido m…. son los miembros de las FF.AA. y policía; pues, desde hace 25 años han sido juzgados por un sistema procesal penal obsoleto, derogado y reformado por ser injusto y carente del debido proceso.

Las funciones investigar, procesar, formalizar, acusar y dictar sentencia estaban en manos de un mismo juez; no existía el Ministerio Público, no eran juicios orales ni públicos y carecían de un abogado proporcionado por el Estado como en la actualidad.

No obstante, los condenados por delitos de sangre cometidos durante el régimen militar fueron indultados durante los gobiernos de la Concertación; y los autores del asesinato del senador Jaime Guzmán escaparon de la cárcel de alta seguridad en una fuga cinematográfica, la “fuga del siglo,” sin que a la fecha se haya investigado en la debida forma.

Fernando Hormazábal Díaz

La realidad inhumana:

https://www.instagram.com/reel/DKuRPvPxoqG/?igsh=MXVhZHI0enNkcGFz

Lo que hace  falta en nuestro país:

Por Pilar Molina A, Periodista.

Fuente El Líbero

¿Acaso la ley permite alegar ignorancia sobre la misma? No, pues, según establece el artículo 8 del Código Civil. Por eso, y definitivamente, acatar la ley se ha convertido en una casualidad, empezando por el Presidente.

Los países no logran el desarrollo por suerte, como tampoco se logran evitar las protestas por el azar. En lo último tuvo razón el Presidente Boric cuando dijo que no era una cuestión de suerte que durante su mandato no se hayan producido las protestas de 2011 o 2019. Pero se equivocó en el diagnóstico. Porque no es la gobernabilidad la que ahuyentó de la calle a los violentistas, a los saqueadores, a los pirómanos y a los agresores de carabineros. Lo que los tiene más inactivos es que la oposición acata la ley y que los violentistas y sus cómplices pasivos, que les garantizaron la impunidad, hoy están en el Gobierno y en esa situación ya no les interesan los movimientos de masas desestabilizadores.

Detrás del puñado de países que ha logrado progreso hay trabajo, esfuerzo, metas, cumplimiento. Y si al desarrollo queremos añadir democracia, se reduce aún más la lista corta de naciones que han logrado ambas cosas. Pero para prosperar se requiere, antes que nada, acatar la ley y las normas de convivencia que se ha dado la sociedad. Imposible hablar de libertad si los ciudadanos tienen que protegerse solos de la amenaza de robos, asesinatos y portonazos, de depredadores de la propiedad privada y delincuentes que creen que es posible desafiar el orden sin consecuencias.

“Qué diversa sería nuestra situación actual como país si no nos hubieran vacunado con la violencia octubrista que buscaron transformar en una “crisis de derechos humanos”

En Chile difícilmente retomaremos la senda del crecimiento y el progreso si no dejamos atrás la anomia que promovió el oficialismo para escalar al poder. Porque llevamos demasiado tiempo encontrando excusas para no acatar las normas. Las tomas de propiedad privada y la criminalidad fueron validadas como una respuesta a la injusticia. Y la violencia física, como una hija de la violencia estructural de la sociedad. No había nada que reprimir, entonces, porque las soluciones están en la ionósfera. Si hasta el diputado Gabriel Boric consideraba que las barricadas interrumpiendo el libre tránsito por la ciudad, amén de la paz de los ciudadanos, eran “legítimas expresiones de resistencia”.

¿Cuánto tiempo llevan nuestros oídos anestesiando el sentido común para no reprimir a los estudiantes que queman sus liceos y a sus rectores con el argumento de que “no hay que criminalizar la legítima protesta”? Lo decía la concejala Carolina Tohá, cuando impedía que el alcalde de Santiago pusiera orden en los liceos, y lo siguen repitiendo hoy cuando se inmovilizan frente a los “overoles blancos” y sus fábricas escolares de molotov.

Qué disímil sería este país sin las distorsiones como que era justo convocar a evadir el Metro, lo cual todavía hace el 43% de los usuarios del Transantiago, al que el Estado tiene que financiar (incluido el gasto espejo en regiones) con cerca de 2 mil millones de dólares al año. Qué diferente sería Chile si a los profesores que hacen prolongados paros les aplicara el Estatuto Docente que establece que la ausencia injustificada da derecho a remoción. Si al menos les descontaran los días no trabajados que hoy les pagan a cambio de “supuestas” clases de recuperación. Qué infinitamente cortas serían las listas de espera si los médicos no estuvieran trabajando en el sector privado mientras lucran en paralelo en el público con licencias falsas. Qué distinto sería si algunos de nuestros parlamentarios no apoyaran hasta el día de hoy protestas de pescadores que bloquean barcos, hacen barricadas y agreden a efectivos de la Armada.

Qué diversa sería nuestra situación actual como país si no nos hubieran vacunado con la violencia octubrista que buscaron transformar en una “crisis de derechos humanos” y en la fiesta de los victimarios convertidos en víctimas de una policía que estaba obligada a cumplir con su deber.

No es casualidad que la Contraloría haya encontrado que 25 mil funcionarios públicos viajan al exterior estafando al Fonasa y robándole a las isapres y que ni se arrugan de “tirar licencias”, cuyo conjunto le cuesta al Estado alrededor de mil 500 millones de dólares al año. Es raro, pero no casualidad que la Contralora esté haciendo cumplir la ley, lo que ha despertado a la jauría acostumbrada a la impunidad. La rareza de Dorothy Pérez es que está cumpliendo con lo que le ordena la ley, cuestión que su predecesor eludió hacer.

Es que cumplir con la ley en este país sí se ha convertido en una casualidad. ¿O no, Gabriel Boric, cuando usted se licenció en Derecho y además asumió la Presidencia de la República y, sin embargo, se atreve a excusarse por la fallida compra de la casa de Salvador Allende, que usted ordenó y autorizó, con que “no tuve conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales”?  ¿Acaso la ley permite alegar ignorancia sobre la misma? No, pues, según establece el artículo 8 del Código Civil. Por eso, y definitivamente, acatar la ley se ha convertido en una casualidad, empezando por el Presidente.

Así les robaban a los agricultores en Chile:

Post

WenaChile @WenaChile

Expropiación firmada en 1972 por Carmen Hertz. Así le quitaban su propiedad a la gente Recuerde, el marxista NO TRABAJA, solo ROBA y vive del estado hasta que se muere

¿Privilegios o abandono? La otra cara del encarcelamiento de exmilitares en Chile

Esta carta plantea una visión crítica sobre la situación judicial y penitenciaria de los exmilitares procesados o condenados en Chile. Denuncia el uso de un procedimiento penal antiguo, la omisión de principios legales fundamentales y el incumplimiento de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, especialmente en casos de adultos mayores con enfermedades graves o terminales.

10 de junio de 2025

Imagen: Ciper

Me permito hacer presente, algunos de los “privilegios, de los que gozan o han gozado, nuestros representados, exmilitares, procesados o condenados que se encuentran internados en Punta Peuco, Colina 1, San Joaquín, y otros penales del país.

Han sido procesados, con un Código de Procedimiento Penal antiguo, que no se ocupa para el resto de los compatriotas, y que el propio Estado de Chile, lo señaló como contrario a las normas del Debido Proceso, violando además el principio constitucional de igualdad ante la ley.

En sus procesos, para desechar la ley de amnistía y las normas de la prescripción, se ha ignorado la irretroactividad de la ley penal y el principio pro reo, al aplicar normas aprobadas después de los hechos.

El Estado de Chile suscribió la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, ratificada en el año 2017. que consigna expresamente que “los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos”.

La mayor parte de los internos en los penales ya aludidos, son adultos mayores, de más de 80 años, muchos de ellos, con enfermedades terminales, o invalidantes, y no tienen acceso oportuno a la salud, y el Estado de Chile, nada ha hecho para hacer cumplir la Convención ya indicada, así es que evidentemente hay que terminar con estos “privilegios” y aplicar medidas de cumplimiento alternativas, y así se terminará con el hacinamiento, dificultades de salud, que en ocasiones han acarreado la muerte por falta de auxilio médico.

Alvaro José Yáñez Mora

Abogado

A propósito de DD.HH.:

https://www.instagram.com/reel/DKx7K7Sy9SD/

Cristián Labbé Galilea

Como era de suponer, al anuncio del Presidente sobre Punta Peuco, donde cumplen injustas condenas viejos soldados, le salió “el tiro por la culata”. Esta popular metáfora ilustra con claridad y sencillez que, si el Mandatario pretendía con dicha nueva granjearse la devoción de sus más radicales adherentes, la medida se le volvió en contra. Las alertas que encendió han sido más que los dividendos esperados.

Múltiples cartas y editoriales en los medios, y comentarios de calificados opinologos, fueron entre otras cosas lo que gatilló el que la Comisión de Derechos Humanos del Senado, acompañada de la Subsecretaria de DD. HH., sesionara en forma especial en uno de los penales (Colina 1), y constatara la situación de hacinamiento, abandono y postración en que se encuentran los allí prisioneros.

Tal debe haber sido la impresión al comprobar la falsedad de las habladurías sobre privilegios y tratos preferentes que, saliendo del penal, es decir “en el mismo acto de la visita”, pidieron al Ejecutivo suma urgencia a alguna iniciativa que permita establecer “el cumplimiento alternativo” para personas mayores y para aquellos que tengan graves problemas de salud; incluso plantearon estar en presencia de una “pena de muerte encubierta”. ¡Chapeau! ¡Ya era hora!

Por años, los soldados que se encuentran en “las trincheras del retiro”, incluida esta veterana pluma, hemos denunciado que en nuestro país se han transgredido normas del derecho nacional e internacional, para “convertir la justicia en una venganza” alimentada por el odio y el rencor, amén de espurios intereses económicos; ni hablar de igualdad en derecho; de irretroactividad de la ley; del debido proceso o del “in dubio pro reo” (aplicación de la ley más favorable al reo).

Sepa, mi noble contertulio, que una de las primeras cosas aprendidas por un soldado, al incorporarse a las filas de su institución, es la marcha “Yo tenía un camarada” (“Ich hatt’ einen Kameraden”, Ludwig Uhland 1809); se trata de un himno que expresa el dolor, el honor y la lealtad entre camaradas. Por eso, nunca los viejos soldados hemos dejado de luchar, ni perdido la esperanza que “se haga justicia” después de 50 años de persecución y venganza.

Distinta pareciera ser la actitud que ha tenido la sociedad civil, especialmente la política, la que, ante la adversidad y la amenaza de los´70, exigió la actuación de los militares para después darles la espalda a los hechos, y denostar a los que entonces fueron sus héroes de la paz…  ¡El injusto pago de Chile!

En pocas palabras, aquellos jóvenes soldados de ayer, hoy prisioneros del pasado, que defendieron la libertad, la patria y la democracia, y que han sido invisibilizados durante tanto tiempo, ahora después de los últimos acontecimientos tienen una pequeña esperanza que la sociedad civil y política reaccionen. Su avanzada edad y su precaria situación de salud son razones poderosas para que puedan, como en otras partes del mundo, terminar sus días junto a sus seres queridos, dejando de ser… “los batallones olvidados”.

Publicado en Diario Constitucional

EL “TRUCO” PARLAMENTARIO II: LOS VIAJES NAVIDEÑOS DE HERTZ Y LAS VISITAS FAMILIARES DE OSSANDÓN EN PLENO AÑO LEGISLATIVO

• Por Mega Investiga | Paul Follert | Tomás Marín
11 jun. 2025 – 21:06 hrs.
En medio del escándalo del “Caso Licencia”, la mesa de la Cámara de Diputados anunció este miércoles que la investigación analizará también el actuar de los propios parlamentarios y el uso que han hecho de su reposo médico.

“Quiero darle la tranquilidad a todos los chilenos que, en este Congreso Nacional, la Cámara de Diputadas y Diputados está haciendo una investigación profunda, a conciencia, para poder darles la tranquilidad de qué es lo que ha pasado con sus parlamentarios”, dijo el presidente José Miguel Castro.

Sin embargo, a la hora de estar enfermo, para un parlamentario no existe gran diferencia entre pedir una licencia médica o entregar un certificado simple de un doctor, puesto que los días que se ausente por causa de esa condición, no son pagados por la previsión de salud sino que por el Estado de Chile.
https://www.meganoticias.cl/nacional/488459-mega-investiga-viajes-diputados-parlamentarios-licencias-medicas-congreso-escandalo-brk-11-6-2025.html

Un gran discurso:
https://www.instagram.com/share/reel/BBVoGu5L45

DEL MIEDO A LA INCERTIDUMBRE

Por PATRICIO DUSSAILLANT

Boric solo ha sido capaz de “habitar” el discurso. Se le da bien hablar sin preguntas, evitando fundamentar sus dichos. Además, habla sin considerar lo que están viviendo y sintiendo los chilenos. Eso, a este gobierno parece no importarle. Primero están sus “gustitos ideológicos”.
La Cuenta no consideró que la principal preocupación es el miedo actual y la incertidumbre futura. Se vive con miedo. No es una metáfora ni una exageración; es la emoción dominante en la vida diaria. Miedo a salir de la casa. Miedo a que un hijo no conteste el teléfono. Miedo a que una bala, una encerrona o una pelea narco se cruce en la rutina más simple. La delincuencia no es una amenaza abstracta, sino una realidad palpable, constante y extendida. El narcotráfico ha penetrado barrios enteros, ha comprado silencios y ha desbordado a las instituciones. Y el crimen organizado ha dejado de ser una preocupación lejana, para instalarse como un actor más en nuestra vida cotidiana.
Pero junto con este miedo cotidiano, hay un segundo sentimiento aún más profundo y generalizado: la incertidumbre. La sensación de que no hay rumbo claro, que las reglas están en cuestión, que nada es del todo estable. Esta incertidumbre no solo se proyecta en lo político y en lo institucional, sino también en lo económico, en lo cultural y hasta en lo emocional. Es una especie de niebla que lo envuelve todo: las familias, el trabajo, la salud, la educación de los hijos, la vejez que vendrá, el país que seremos.
En este clima de incertidumbre, que se suma a los niveles preocupantes de desconfianza y desencanto, las promesas de la Cuenta suenan cada vez más huecas. Los chilenos ya no se conforman con diagnósticos y esperan que no cumpla el programa ofrecido en la campaña electoral, cuyas múltiples consecuencias tendrá que solucionar el próximo gobierno y pagar todos los chilenos. Lo que se exige hoy son compromisos reales: concretos, medibles, ejecutables. Y eso no se hizo ni se hará en estos nueve meses.
La situación que vive el país se ha agudizado por una combinación de factores: una institucionalidad que se percibe no respetada por las actuales autoridades y, a la vez, una gestión ineficiente e insuficiente para solucionar las necesidades de los ciudadanos; una agenda que parece girar en círculos y una cotidianidad marcada por el temor y la incertidumbre.
El tiempo de los grandes discursos ha quedado atrás. Hoy, los ciudadanos demandan políticas con sentido de urgencia y, sobre todo, con voluntad política de llevar adelante los compromisos asumidos. Esperan que las promesas se conviertan en acciones verificables, que los planes tengan respaldo técnico y viabilidad política, que los anuncios se traduzcan en transformaciones visibles.
Se trata de una demanda ética y práctica: la de gobernar con responsabilidad, anclado en la realidad, y sin hacer de cada discurso un acto de ilusión pasajera. Porque cuando los diagnósticos abundan y los problemas se repiten, lo que falta no es comprensión, sino decisión. No basta con decir lo correcto; hay que hacerlo, y hacerlo bien.
Chile no solo está cansado; está frustrado. Las palabras ya no alcanzan. La confianza se ha erosionado tanto que incluso los anuncios se escuchan como parte del ruido ambiente. Por eso, el desafío de la Cuenta era doble: enfrentar el miedo con fuerza y decisión, pero también disipar la incertidumbre, restaurando la certeza de que hay dirección, capacidad y propósito.
Un país que vive con miedo no puede avanzar, y un país que vive en la incertidumbre no puede confiar. Por eso, más que promesas, Chile necesita un relato coherente, acciones visibles y liderazgos que transmitan no solo “gustitos ideológicos”, sino también coraje, responsabilidad y claridad de rumbo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio el lunes 2 de junio de 2025.

Algunas verdades:

EL GIRO DEFINITIVO

Por Raúl Pizarro Rivera

“Con Chile Vamos estamos en contacto permanente, no solo para un acuerdo parlamentario, sino, también, en lo programático”. Estas expresiones corresponden a Ximena Rincón, la líder más visible del centrismo político nacional, la carta de Demócratas y Amarillos y de todos los viudos de la antigua DC, que alguna vez hizo historia por su mayoría y protagonismo.
Su aseveración, nada sorpresiva por lo demás, podría considerarse el giro definitivo que las cúpulas de RN y la UDI tomaron para distanciarse de su histórica y fundacional doctrina de derecha.
El giro al centrismo de Chile Vamos es de sus cúpulas, porque se desconoce, en su exacta dimensión, cuáles son el sentimiento y la postura de las bases de ambos partidos y, específicamente, de quienes, por décadas, han simpatizado y adherido a dichas colectividades, precisamente por su firmeza ideológica y su rectitud doctrinal.
Este cambio de orientación ha impactado fuertemente en su candidata Evelyn Matthei, quien, tras meses de encabezar, y con gran ventaja, las encuestas de respaldo ciudadano, hoy está por debajo de José Antonio Kast.
No pocos, al interior de Chile Vamos, atribuyen este estancamiento al temperamento cambiante de su candidata (“ella es así”), pero ocultan reconocer que su variante conducta no es fruto exclusivo de su personalidad, sino de su forzado (¿u obligado?) giro hacia el centro y centroizquierda como consecuencia de las negociaciones reveladas por Rincón. La sangre demócrata cristiana engrosa las arterias de todos sus mundos afines, porque, tras muchos años como vagón de cola y de ninguneo en el hogar común de la Concertación y de la Nueva Mayoría, huele la opción de recuperar un rol hegemónico, como en sus tiempos de gloria.
Isidro Solís, vocero de Amarillos, ratificó estos propósitos: “la idea con Chile Vamos es abarcar desde la centroderecha hasta la centroizquierda”, objetivo que, si se lee bien, pondría en jaque la necesaria mayoría parlamentaria que requiere un Gobierno de derecha a partir del próximo período.
Matthei partió con una ventaja casi inalcanzable, y ello precisamente por su pasado, formación y doctrina de derecha pura. Pero obligada a convocar al centrismo de irrelevancia electoral e incluso a los desencantados del Socialismo Democrático, mancilló su identidad política, originando la decepción de su antigua clientela.
La directora de DataVoz, centro de investigación social avanzada, contó que por primera vez en Chile consultó a ciudadanos por los políticos más mentirosos: los tres primeros fueron Gabriel Boric, Carolina Tohá y Evelyn Matthei. Las contradicciones de ésta, le resultaron fatales.
La ciudadanía está erizada por culpa de este Gobierno, y si bien ello lo saben los políticos, algunos supuestamente opositores, eluden asumirlo por temor al perjuicio personal y partidista en las próximas elecciones.
Si bien parece ser una muletilla que las encuestas son sólo una fotografía del momento, siempre algo muestran, revelan tendencias y, por muy dudosas que sean, no hay que desatenderlas. Sin embargo, para aproximarse lo más posible a la realidad hay que salir de las oficinas y quitarle tiempo a tanta reunión para conocer en vivo lo que piensa y pide la gente: ni siquiera es necesario preguntarle, sino tan sólo escucharla.
La ciudadanía quiere, y, aún más, exige autoridad, jerarquía del mando y coraje para recuperar al país en forma rápida y práctica, y ello sin la necesidad de condicionar acuerdos o tender puentes con la izquierda.
Al menos en este Gobierno, quedó demasiado en claro que los acuerdos, o intentos de éstos, nunca arribaron a buen puerto, porque el marxismo nunca ha estado dispuesto a cederle alguna porción de razón a la derecha. La quiso hundir e intentó hacerla desaparecer con su empeño por tomar por la fuerza el poder el 2019 y, luego, mediante la dictatorial Convención Constitucional, el 2022.
Las cúpulas de Chile Vamos tienen un objetivo correlativo a la fracasada “política de los acuerdos” que promovió el fallecido ex Presidente, el cual, horas antes de su muerte, seguía acercándose como “útil servidor” a Gabriel Boric, ello como abono para su camino a una tercera candidatura presidencial. Sebastián Piñera nunca fue de derecha: fue democratacristiano y después ¡piñerista!: él por sobre todos.
No por pura casualidad ni por una antigua amistad desde sus tiempos de universitarios, su ex ministro y peón de oro Alfredo Moreno fue la cabeza visible de la Comisión por la paz para un conflicto cuya guerra terrorista no terminará y con “compensación por acompañamiento” a las “víctimas de la violencia”, la misma que no se ha combatido. Este personaje fue designado, ¡por un Gobierno marxista!, como director de la estatal CODELCO. ¿Para qué? ¿Para preparar algún camino?
Es este piñerismo el que maneja a Evelyn Matthei, y de ahí que ésta se vea forzada a decir lo que nunca imaginó que tendría que terminar diciendo, y ello con un costo que ya empezó a pagar.
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MAQUINARIA DE CORRUPCIÓN CON LAZOS PROMISCUOS Y CORRUPTOS.

junio 10, 2025

De Cristina a Chile: la misma obra, con distinto vestuario.

La Corte Suprema Argentina ha hablado con claridad y sin medias tintas: Cristina Fernández fue parte central de una “maquinaria de corrupción”, con “lazos promiscuos y corruptos” junto al empresario Lázaro Báez. Así lo consigna el diario Clarín, al detallar el fallo que confirma su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Una maquinaria, sí. Compleja, sostenida en el tiempo, disfrazada de legalidad. Pero al final, orientada al saqueo del Estado y al beneficio de los cercanos. O como diríamos en buen chileno: para asegurarse el vuelto entre amigos.
¿Y en Chile? También tenemos nuestra versión. Más progresista, más colorida, y con un guión digno de Netflix. Aquí lo llamamos simplemente: “El Mecanismo”.
Una red de fundaciones truchas, disfrazadas de ONG de ayuda social, tejida con favores políticos, transferencias exprés y contratos ideológicamente blindados. Una orgía de sexo, mentiras y videos, que no sólo involucra dinero público, sino también relaciones personales, cuotas partidistas y amistades íntimas con el poder de turno.
Hoy, tenemos un nuevo protagonista de esta tragicomedia nacional: el mismo que sacó al fiscal Cooper, justo cuando se le ocurría mirar muy cerca de La Moneda. ¿Su próximo fichaje? El cuñado del compadre, experto en transparencia, contratado por el Fiscal Nacional por tres millones mensuales. Sí, la transparencia en Chile cuesta caro… y viene con parentesco incluido.

Mientras en Argentina una Corte Suprema pone freno a la impunidad, en Chile los escándalos se administran como si fueran crisis de relaciones públicas. Acá, todo se resuelve con comunicados de prensa, auto-investigaciones internas, unas renuncias estratégicamente aisladas y la incautación de todo el material, cuyo contenido nunca se sabrá o se sabrá a medias. Así, mediante un corrupto pero eficaz control de daños, solo caen algunos… los más sacrificables. Los demás, se reciclan.

Reflexión final:
No es que en Chile no exista una maquinaria de corrupción.
Lo que pasa es que acá, además de conocerlo como “El Mecanismo”, le cambiamos el aceite, le damos prensa favorable y la dejamos funcionando.
Con la etiqueta correcta y la red de contactos adecuada, todo parece legal… incluso lo inmoral.
Y con este paisaje, se imaginarán por qué la izquierda y la corrupta y vieja derecha le tienen pánico a José Antonio Kast. No es conveniente para sus malas prácticas y sus oscuras intenciones.
Basta con mirar su equipo: los justos y necesarios, técnicos y profesionales que quieren levantar Chile sin deberle favores a nadie.
Mientras tanto, en la otra vereda —y también en la paralela—, unos siguen con empresarios culpables y políticos apernados de siempre, y los otros, con la misma Casta Política que orbita servilmente alrededor de la izquierda caviar.

ESTOY DE ACUERDO CON CERRAR PUNTA PEUCO

Escribe: *Adolfo Paúl Latorre*

Estoy de acuerdo con cerrar el penal de Punta Peuco una vez que sean liberados o dejados en libertad condicional todos los militares que están privados de libertad en ese penal.

Ello porque:

a) los procesos seguidos en su contra adolecen de nulidad por un vicio de inconstitucionalidad, al haberles sido vulneradas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y del debido proceso;

b) todos fueron condenados por sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes, tales como la de amnistía y las normas relativas a la prescripción de la acción penal;

c) ninguno de ellos está condenado por un delito de lesa humanidad; todos lo están por delitos comunes, que prescriben;

d) prácticamente todos ellos son inocentes y están condenados por un delito imaginario, como lo es el denominado “secuestro permanente”; un delito que no han cometido; una ficción jurídica; una fantasía discurrida por jueces que buscan condenarlos sea como sea.

Escuche al presidente de la Comisión de DD.HH. del Senado de la República:

Comisión de Derechos Humanos del Senado sesiona en Colina 1 y pide urgencia para ley de cumplimiento alternativo para condenados mayores y enfermedades terminales

Este lunes, la Comisión de Derechos Humanos del Senado sesionó de forma inédita y extraordinaria en el Centro Penitenciario Colina 1, instancia que fue presidida por el senador Francisco Chahuán y contó con la participación de los senadores Rojo Edwards, así como de la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla.

La sesión se enmarcó en el análisis del proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas mayores o con enfermedades graves (boletín N°17.370-17).

Durante la jornada, los legisladores inspeccionaron el pabellón donde se encuentran recluidos condenados por varios delitos, pero cuyas edades oscilan entre los 68 y los 93 años, la mayoría con enfermedades crónicas o terminales.

“Nos hemos constituido como Comisión de Derechos Humanos en Colina 1 para ver las situaciones de los condenados que están en el pabellón. Hay una condición de hacinamiento de la cual hay que hacerse cargo y esto se hace en el contexto de la tramitación del proyecto de ley para establecer el cumplimiento alternativo para las personas mayores y también para aquellos que tienen problemas de salud graves”, señaló el senador Francisco Chahuán, presidente de la comisión.

Chahuán agregó que “hay dos personas con cáncer terminal en este penal. Cerca del 98% de los internos tiene enfermedades crónicas que requieren tratamiento. Por eso pedimos al Presidente de la República que le ponga urgencia al proyecto y emplazamos a los presidenciables a discutir este tema como parte de un plan nacional de reconciliación”.

Por su parte, el senador Rojo Edwards describió como indignante la situación observada: “Esto, más que una cárcel, parece un abandono. Hay personas con múltiples tipos de cáncer y enfermedades terminales viviendo en condiciones indignas. La privación de libertad no puede transformarse en una pena de muerte encubierta por falta de atención médica”.

Edwards recordó que, durante la pandemia, ya se establecieron medidas para que personas en situación terminal cumplieran su condena en su domicilio: “Debemos retomar esa senda y avanzar en un sistema que combine justicia con humanidad. Este no es un llamado al olvido, sino a la dignidad”.

Ambos senadores destacaron también los avances en reinserción laboral al interior del penal, como el trabajo del Centro de Educación y Trabajo (CET), pero enfatizaron que eso no puede invisibilizar la crisis sanitaria y de sobrepoblación penitenciaria que afecta gravemente a este grupo de internos.

Ahora la Comisión de Derechos Humanos del Senado, comenzará a recibir audiencias de distintas agrupaciones y sectores para darle agilidad a la tramitación del Proyecto de Ley.

Y lo que opina la opinión pública (encuesta diario La Sagunda):

10 junio 2025 Flash Cren N° 4 Remitido a 970  contactos directos   .  ¡Apoyalos Levantando tu voz!

¿Justicia igual para todos?

    Una carta de los internos del penal conocido como Punta Peuco, ha logrado despertar la conciencia de algunos columnistas y parlamentarios, que han puesto en evidencia el completo abandono y falta de humanidad con que el estado de Chile a través de sucesivos gobiernos y de Gendarmería, ex profeso han vulnerado los derechos humanos de una población anciana, con enfermedades terminales o seriamente limitantes, abandonada de los cuidados médicos que tanto nuestras leyes como las del derecho internacional imponen -a las que tanto aluden continuamente para culpar a ex miembros de las FF.AA y policías por hechos acontecidos hace más de cincuenta años-. No haré referencia a las características de estos juicios por todos conocidos, ni menos a las conductas de jueces y tribunales, incluyendo CC.AA. y el máximo tribunal, que solo han encontrado eco en las redes sociales.

    El ministro de Justicia ha señalado “no existe razón para tener un penal exclusivo” en sintonía con lo expresado por el mandatario en su última cuenta pública, recibiendo instrucciones para modificar el decreto que creó dicho establecimiento en 1995, durante el gobierno del presidente Aylwin y finalizado bajo el de Frei Ruiz -Tagle. “Justicia igual para todos” claman desde la izquierda, lo que me hizo recordar las expresiones del intelectual y Convencional Rojas Vade -el que inventó un cáncer para obtener dividendos políticos y económicos- decía: “si comemos mierda, todos comeremos mierda, pero seremos todos iguales.” Pero, en la práctica los únicos que han comido mierda son los internos de Punta Peuco, Colina 1, San Joaquín y otros recintos; pues desde hace 25 años han sido juzgados por un sistema procesal obsoleto, reformado por ser injusto y carente del debido proceso, por cuanto las funciones: investigar, procesar, formalizar, acusar y dictar sentencia estaban en manos de un mismo juez; no existía el Ministerio Público,  no eran juicios orales ni públicos y carecían de un abogado proporcionado por el Estado como en la actualidad.

   La totalidad de los procesados por delitos de sangre cometidos por los subversivos y terroristas durante el Gobierno Militar fueron indultados durante los gobiernos de la Concertación; y los condenados por el asesinato de Jaime Guzmán del FPMR, brazo armado del PC, escaparon de la cárcel de alta seguridad en una fuga cinematográfica, la “fuga del siglo,” sin que a la fecha se haya investigado en la debida forma.

      Visité el penal de Cordillera cerrado por Piñera, pese a las promesas hechas antes de su elección delante de cientos de oficiales y suboficiales en retiro, las que no solo incumplió, sino que a través de su subsecretario -hoy asesor de la candidata Matthei- recorrió el país abriendo causas ya cerradas e impulsando nuevas que han sido causante del exceso de población en los penales, quien ha tenido el descaro de referirse a dicho hecho. “Cordillera” estaba muy lejos de ser un hotel de 5 estrellas como han pretendido descalificar, no le daba ni para pensión. La misma descalificación guiados por el odio, la venganza e ignorancia se les ha atribuido a “Punta Peuco” y “Colina 1”. Ambas las he visitado desde su inicio. Punta Peuco concebida para un poco más de 30 personas, con dependencias individuales para los internos, su seguridad exterior estaba bajo la responsabilidad de Gendarmería y la interna por parte del Ejército, que al poco tiempo fue retirada. Al ir aumentando la población los espacios libres que disponía fueron eliminándose. Así desaparecieron la cancha de tenis habilitada por los internos; la biblioteca creada por ellos, la sala donde se realizaban clases de inglés e italiano o se daban charlas de actualidad, etc. Los espacios vacíos fueron llenados con conteiner donados por el Ejército para el alojamiento de nuevos internos; los patios interiores de cada módulo, ayer de tierra, hoy están cubiertos de pasto y flores gracias al esfuerzo de los condenados y la cooperación de camaradas de armas y de personas anónimas.

    El acceso inicial para las visitas durante varios años fue a través de la Panamericana, km.41. De ahí se seguía por una huella de tierra de 2 km aprox. que en invierno se transformaba en un lodazal, dificultando el paso de los vehículos y vejatorios para familiares que venían en buses y se bajaban en la carretera. En más de una oportunidad auxilié a una esposa que bajo la lluvia arrastraba un carrito con especies para su esposo. El acceso pavimentado por la salida de Quilapilún era solo para Gendarmería, hoy es para todo público. Además de carecer del apoyo médico ordenado por la Corte Suprema, Gendarmería por razones administrativas rechazó la donación de un vehículo para el traslado de los internos al Hospital Militar, lo que redunda en la permanente pérdida de horas médicas obtenidas con anterioridad. Este pseudo hotel de 5 estrellas carece de agua propia, la que según los internos es proporcionada por un aljibe y donada por un particular. Hoy se albergan 137 personas, que en condiciones deplorables de salud y por su edad esperan un trato justo y digno y no formar parte de la legión de fallecidos en prisión que ya suman 33.

    En Colina1, si bien la edificación es más moderna, fue concebida para una población de aprox. 100 internos y en la actualidad supera con creces el doble. Los comedores que con cierta comodidad permitía los días de visitas reunirse con los familiares y poder compartir en general con otras visitas, hoy ya no existen, pues han dado paso al alojamiento de los internos de forma tal, que los obliga a guardar sus especies personales bajo la cama. No hay espacios libres y los pasillos y corredores prácticamente han desaparecido. Es tanta la población que los días de visita han sido diversificados, para hacer uso del único patio existente, ayer eriazo, hoy día enverdecido con pasto y flores por el trabajo de los mismos internos. Al igual que Punta Peuco, la situación de salud es muy precaria por la falta de recursos de que adolece Gendarmería, corroborando la negligencia por parte de las autoridades.

    Han pasado 50 años y la anhelada reconciliación es una palabra vacía, hueca, sin sentido. La ideología, de la mano con el odio y la venganza, que además ha reportado importantes recursos a víctimas y a otras supuestas, se mantiene vigente. Como suelen decir “no hay perdón ni olvido”, ni mucho menos misericordia por parte de las autoridades del gobierno y parlamentarios. Mientras los familiares de los nuestros, caídos en iguales circunstancias, padecen con orgullo y respeto, sufren en silencio y anhelan por lo menos la voz de las iglesias, como lo fue en el pasado.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada

Un ejemplo a seguir:

Cierre o cambios en Punta Peuco: Facultades de segmentación de Gendarmería de Chile y derechos de los internos

Cristián Rosselot Mora

Umberto Montiglio Valenzuela

El presente análisis examina las competencias legales de Gendarmería de Chile respecto a la clasificación y segmentación de la población penal, particularmente en lo relativo a la situación de los internos del penal de Punta Peuco, abordando los fundamentos normativos que sustentan la permanencia de estos en determinados regímenes carcelarios como derechos adquiridos no disponibles para la administración.

5 de junio de 2025

Imagen: T13

Este trabajo tiene por objeto analizar las facultades de Gendarmería de Chile sobre la situación de internación de los condenados por el sistema de justicia criminal a penas privativas de libertad, con lo cual llegamos de forma inevitable a entrar en la contingencia legal que actualmente ocupa a la comunidad jurídica respecto del penal de Punta Peuco y la situación de quienes se encuentran recluidos en ese recinto penitenciario.

Desde su fundación hacia fines del siglo XIX, Gendarmería ha evolucionado en su estructura y funciones. En el siglo XX se implementaron reformas que ampliaron su rol hacia la reinserción social de los internos, con un enfoque en la educación y el trabajo. En la actualidad, Gendarmería de Chile se ha comprometido a promover una gestión penitenciaria que priorice el respeto a los derechos humanos y la rehabilitación de los condenados.

La misión de la institución es «[C]ontribuir a una sociedad más segura, garantizando el cumplimiento eficaz de la detención preventiva y de las penas privativas o restrictivas de libertad a quienes los tribunales determinen, proporcionando a los afectados un trato digno, acorde a su calidad de persona y desarrollando programas de reinserción social que tiendan a disminuir las probabilidades de reincidencia delictual.» (DEFINICIONES ESTRATEGICAS AÑO 2019-2022 GENDARMERIA DE CHILE (DIPRES).

Dentro del enfoque de rehabilitación de los condenados y de la población penal en general, la Institución utiliza diversas herramientas, siendo una de ellas la clasificación, que se define como el acto o método de agrupar a los individuos en grupos definidos por una o más variables, pudiendo incluso incluir todas las combinaciones reales posibles de las variables en juego. Esta clasificación consiste en la conformación de grupos con características similares, lo que se logra en la medida en que se puede establecer el grado de compromiso delictual del sujeto, es decir, cuan internalizado tiene los patrones propios de la «subcultura delictual»; grado de asimilación o involucramiento en la actividad delictiva, referido a la habitualidad en las conductas comisivas, pertenencia a ambientes criminógenos, reincidencia y la asimilación de normas y valores propios de la subcultura delictiva.

La Institución señala dentro de sus directrices que la clasificación en grupos penales se basa generalmente en atributos tales como edad, tipos de delitos, alteraciones patológicas, inclinaciones sexuales, actividades laborales, reincidencia criminológica, compromisos delictuales, grupos terapéuticos etc. Para esto es necesario aclarar que cualquier agrupamiento que se realice debe estar acorde con el fenómeno en estudio, esto es, la acción delictiva, en baso a un conocimiento técnico y experiencial de cual se ha extraído una cantidad finita de variables que se detallan más adelante.

La segmentación tiene fundamentos legales y normativos que devienen del año 1955, en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra, y aprobado por el Consejo de las Unidas en Resolución 663 C I (XXIV) de 31 de julio de 1957.

Estas reglas son vinculantes para el Estado de Chile desde el punto de vista de la responsabilidad internacional sobre derecho de los tratados y constituyen la base de la orientación de la organización penitenciaria.

La clasificación y segmentación de la población penal, contempla que los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que: a) los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, en establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres deberá́ estar completamente separado; b) los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo condena; c) las personas presas por deudas y los demás condenados a alguna forma de prisión por razones civiles deberán ser separadas de los detenidos por infracción penal; d) los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos.

En cuanto a la clasificación e individualización, su finalidad es separar a los reclusos que, por su pasado criminal o su mala disposición, ejercerían una influencia nociva sobre los compañeros de detención; y repartir a los reclusos en grupos, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su readaptación social.

La reglamentación establece que se dispondrá́, en cuanto fuere posible, de establecimientos separados o de secciones separadas dentro de los establecimientos para los distintos grupos de reclusos.

Por su parte, el Código Penal establece en su artículo 86 que “[L]os condenados a penas privativas de libertad cumplirán sus condenas en la clase de establecimientos carcelarios que corresponda en conformidad al Reglamento respectivo”, que es la norma que se viene analizando. Sigue el artículo 87: “[L]os menores de veintiún años y las mujeres cumplirán sus condenas en establecimientos especiales. En los lugares donde estos no existan, permanecerán en los establecimientos carcelarios comunes, convenientemente separados de los reos adultos y varones, respectivamente”.

El Código Procesal Penal dispone en el artículo 150, respecto de la ejecución de la medida de prisión preventiva, que “[L]a prisión preventiva se ejecutará en establecimientos especiales diferentes de los que utilizaren para los condenados, o a lo menos, en lugares absolutamente separados de los destinados para estos últimos…”.

“[E]l tribunal deberá́ adoptar y disponer las medidas necesarias para la protección de la integridad física del imputado, en especial aquellas destinadas a la separación de los jóvenes y no reincidentes respecto de la población penitenciaria de mayor peligrosidad.”

El Reglamento de Establecimientos Penitenciarios (D.S. N° 518), en su artículo 14, preceptúa que “[L]a Administración Penitenciaria promoverá́, dentro de las posibilidades financieras, la creación de establecimientos dedicados a la atención especializada de detenidos, sujetos a prisión preventiva, y condenados. Cuando ello no fuere posible, en los establecimientos penitenciarios deberán existir dependencias para detenidos y, a lo menos, para sujetos a prisión preventiva, por una parte, y condenados, por otra, con las separaciones adecuadas”.

La segmentación de los reclusos se da según el nivel de compromiso delictual (Ficha de Clasificación) y se separa en tres grupos: alto, mediano y bajo compromiso delictual.

Otro criterio es por edad, donde es recomendable realizar una segmentación a las personas mayores de 60 años, ya que para ellos es más difícil protegerse de posibles agresiones de las poblaciones más jóvenes.

Un tercer criterio de segmentación son los internos aislados. Este segmento es muy sensible y generalmente muy resistente a permanecer en un lugar diferente al de aislamiento. Es por ello que se sugiere su segmentación total, evitando en lo posible el contacto con el resto de la población penal. Por último, se sugiere que al terminar el proceso de aislamiento por parte del recluso, este lo solicite por escrito a la oficina de clasificación, dando razones fundamentadas para ello, como una de las formas de establecer la seriedad de la petición.

Gendarmería también establece criterios para acceder a determinada segmentación o clasificación, lo que se realiza mediante “instrucciones particulares” que despacha la autoridad, que establecen criterios objetivos dentro de determinados recintos penitenciarios dentro de los cuales los internos pueden ser derivados. En este aserto radica un punto de vital importancia y es que en la medida que un interno cumpla los requisitos objetivos que Gendarmería establece, y su conducta sea compatible con los parámetros fijados, la autoridad debe mantener y respetar la segmentación que se haya determinado. Cualquier incumplimiento de la institución penitenciaria con relación a esta obligación, puede ser conocida por los tribunales de justicia, quienes pueden revertir las medidas que se escapen de la racionalidad que la propia Institución se ha impuesto para administrar los derechos de los internos dentro de sus recintos penitenciarios.

Con el concepto anterior, se recaba la situación legal de los internos del penal de Punta Peuco, desde un punto de vista estrictamente legal y sin consideración a argumentos de orden o coyuntura política, ideologías en uno u otro sentido ni gustos personales. Lo anterior, porque la privación de libertad no transforma al individuo en un activo, bien o cosa perteneciente al estado, sino que, si se piensa bien y tomamos en cuenta que la organización del estado chileno es republicana, servicial y garante, cuando éste se involucra en situaciones patrimoniales o solución de diferendos particulares con posibilidad de ejecución coactiva, la observancia de las garantías de los individuos debe ser máxima. Pero cuando la intromisión es en la libertad de un sujeto de derechos, esta observancia se eleva exponencialmente, pues la persona humana, inserta en la sociedad o marginal que sea por su conducta delictiva, está por sobre esta entelequia que llamamos estado y este último no tiene permitido en la organización civil chilena pasar por sobre los derechos de los miembros de la nación.

En este sentido diremos que de todo lo que se viene diciendo queda palmariamente en evidencia que la situación de un recluso no está entregada al arbitrio del ente encargado, en este caso, Gendarmería de Chile, sino que está dada y gobernada por criterios objetivos dados por normas de carácter general y abstracto, que establecen un marco normativo en el cual, de encuadrarse el sujeto, queda inmerso en el sistema carcelario en condiciones claras y, lo que importa para efectos de este estudio, permanentes e in inmutables de forma unilateral por parte del estado, porque las circunstancias que determinan tal o cual sistema de reclusión emanan de un acto administrativo que goza de presunción de legalidad y forman parte de los derechos del recluso y se incorporan a su patrimonio, por lo que se encuentran amparadas por la garantía de propiedad contenida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

En efecto, el legislador dispuso que el ejercicio de la potestad revocatoria no alcanza, no es procedente, se encuentra prohibida y marginada respecto de los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos adquiridos legítimamente, impidiendo que los derechos reconocidos o constituidos, que hayan ingresado al patrimonio del destinatario, sean disponibles para la administración del estado.

Entre las razones que justifican esta limitación sustancial a la potestad revocatoria, se pueden encontrar al menos dos: (i) el principio general de que nadie puede ir en contra de sus propios actos, quedando obligado a respetarlos en su integridad y a las consecuencias que emanan del mismo; y (ii) la fundamentación que esta clase de limitación se relaciona con el propio concepto de acto administrativo que en algunos casos efectúa declaraciones que adquieren el valor de un derecho subjetivo, el cual viene protegido por el mismo acto administrativo que le sirvió de base; luego si cupiera la revocación, el nuevo acto administrativo habría desconocido la situación jurídica creada por el anterior revocado produciéndose el peligro de la inestabilidad en aquellas situaciones jurídica de origen administrativo. Esto lleva inevitablemente a un asunto de falta de certeza jurídica generadora de desconfianza en el sistema estatal, lo que merma sus bases en un sistema republicano.

En la teoría del acto administrativo, las potestades de retiro son “tema de tesis”. Entre las formas de extinción del acto administrativo tenemos la extinción anormal como consecuencia del ejercicio de potestades reconocidas por el ordenamiento jurídico a la Administración para volver sobre los actos administrativos o sus efectos, por razones de interés general o por motivos de legalidad, tales como la nulidad, la invalidación, la revocación y la caducidad. Pero sin duda este esto constituye un caso de autotutela sin necesidad de declaración judicial previa, lo que exige custodiar el principio de juridicidad.

La extinción anormal de los actos administrativos ha sido acogida por la ley de bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración del estado, al regular expresamente, por una parte, la potestad invalidatoria en el artículo 53, y por otro lado la potestad revocatoria en el artículo 61 respectivamente. Los textos normativos citados son de sobra conocidos y entramos de lleno a su análisis.

En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 2º, el ámbito de aplicación de la Ley Nº 19.880, se extiende a cualquier órgano perteneciente a la Administración del Estado y la potestad invalidatoria, se ha dicho, constituye un privilegio exorbitante de la administración, para anular por sí misma un acto administrativo. Pero sólo tiene por objeto sancionar la irregularidad de los actos administrativos viciados, privándolos de sus efectos jurídicos.

Bajo este entendido, la Corte Suprema resolvió:

“(…) para estar frente a derechos adquiridos, es necesario que el particular tenga la facultad de exigir que su situación sea respetada y que la Administración tenga la obligación de respetarla, de manera tal que si se encuentra autorizada la revocación, no puede hablarse de derechos adquiridos; (.-) Que, en efecto, la disponibilidad de los efectos del acto por parte de la Administración (sic) es un requisito esencial para la revocación”^.

La disponibilidad, ya dijimos, está reglada en la ley y su ejercicio no es procedente, se encuentra prohibido y marginado respecto de los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos adquiridos legítimamente, impidiendo que los derechos reconocidos o constituidos, que hayan ingresado al patrimonio del destinatario sean disponibles para la Administración del Estado.

Soto Kloss escribe que: un derecho adquirido es aquel que ha ingresado al patrimonio de una persona, y el modo de ingresar al patrimonio va a diferir dependiendo de la naturaleza del derecho, esto es, si se trata de un derecho real o de un derecho personal. Estos últimos requieren de una fuente jurídica generadora de la obligación o derecho. Entre los títulos jurídicos aptos para generar la obligación o derecho, se encuentran la ley ejecutada por el respectivo acto administrativo, el contrato y el cuasidelito en los casos de responsabilidad patrimonial del Estado.

Por su parte, el término legítimamente se debe entender como sinónimo de un comportamiento amparado en la buena fe, libre de fraudes o deslealtades hacia los órganos públicos, que les impide a estos volver sobre las situaciones beneficiosas invocando razones de interés público. De este modo, la obtención de una situación de ventaja derivada de un acto administrativo regular, debe quedar comprendida dentro del marco de la buena fe, de la confianza de la administración en la licitud de los medios propuestos por el particular para acceder a los actos beneficiosos del estado.

Dicho todo lo anterior, desde el punto de vista penitenciario/administrativo, creemos que las condiciones de internación de los reclusos constituyen derechos adquiridos cuya tangibilidad le está prohibida al Estado. (Santiago, 5 de junio de 2025).

LA LIBERTAD CONDICIONAL COMO UNA ALTERNATIVA PARA REDUCIR LA ACTUAL SOBREPOBLACION CARCELARIA

La rigidez con que se deciden las libertades condicionales actualmente no solo resulta incoherente con el diseño progresivo de la reinserción que el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios reconoce, sino que, en ocasiones, con la idea misma de seguridad social que ha motivado el endurecimiento de este beneficio.

Durante las primeras semanas de abril las distintas Comisiones de Libertad Condicional sesionarán para resolver las postulaciones correspondientes al primer semestre del año 2025.

Advirtiendo los resultados de los últimos años el panorama es desalentador. El último semestre solo se concedió un 6,9% del total de postulaciones de libertades condicionales (6.513 postulaciones y sólo 451 concesiones).

A partir del terrible crimen cometido el año 2018, en Villa Alemana, por una persona en libertad condicional y la posterior exposición mediática de las y los integrantes de la Comisión de Libertad Condicional que la había concedido -como verdaderos chivos expiatorios-, las cifras de libertades condicionales otorgadas se han reducido considerablemente, ya no solo por las Comisiones señaladas sino también por los Tribunales Superiores que conocen de este asunto por medio de la acción de amparo constitucional. Indudablemente esos hechos permearon en el juez(a) y provocaron un freno en la concesión de este beneficio, contribuyendo este estancamiento al colapso actual de nuestro sistema carcelario.

Actualmente, se registra a nivel nacional un 140.7% de sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios. De hecho, las regiones de Atacama y Maule observan números que sobrepasan el 220% de uso de capacidad, porcentaje que la administración penitenciaria describe como hacinamiento, es decir, ya no solo se trata de un problema de densidad carcelaria sino de un fenómeno multicausal que conlleva al menos un trato cruel e inhumano. Las cárceles en estas dos regiones del país se encuentran en condiciones que se contraponen con la dignidad humana mínima, acercándonos cada día a tragedias como la acontecida en San Miguel el año 2010 y que se refleja en el aumento de muertes violentas al interior de los recintos carcelarios en este último año.

Por cierto, la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario también constituyen un riesgo y sobrecarga laboral para todos(as) quienes trabajan en estos recintos. Sin condiciones mínimas para la custodia y la intervención de las personas, el fin resocializador de la pena privativa de libertad termina difuminándose.

La rigidez con que se deciden las libertades condicionales actualmente no solo resulta incoherente con el diseño progresivo de la reinserción que el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios reconoce, sino que, en ocasiones, con la idea misma de seguridad social que ha motivado el endurecimiento de este beneficio. Así sucede, por ejemplo, en los casos en que se rechaza la libertad condicional de las personas que ya se encuentran en el medio libre por medio de beneficios de salidas y que solo pernoctan en los establecimientos penitenciarios entre los días domingo a jueves, sin mayor control ni intervención más allá que su sola voluntad de continuar cumpliendo su condena. El rechazo de estas postulaciones resulta más gravoso para la propia seguridad social ya que de haberse otorgado la libertad condicional estas personas quedarían sujetas al control de un delegado(a) de libertad condicional, quien debe elaborar un plan de intervención individual trabajando en las necesidades específicas para disminuir el riesgo de reincidencia del condenado y citándolo regularmente a centros penitenciarios abiertos a efectos de controlar el adecuado cumplimiento de la pena.

Quienes trabajamos en el sistema penitenciario desde antes del endurecimiento de la libertad condicional somos testigos(as) de que la correlación entre este hito y el hacinamiento es indiscutible. Para el 2017 la población carcelaria era del 101,40% y las libertades condicionales otorgadas ese año por las Comisiones y Tribunales Superiores superaron el 60%. No obstante, a diferencia de lo que se podría creer, el numeroso universo de personas en libertad condicional no provocó un aumento considerable en la tasa de delitos (año 2017: 1.275.335 delitos; año 2018: 1.331.351 delitos) como tampoco la disminución en el otorgamiento del beneficio produjo una disminución del delito (año 2018: 331.351 delitos; 2019: 1.455.535 delitos).

Así las cosas, creemos que resulta necesario redireccionar la política sobre la ejecución de la pena privativa de libertad hacia el respeto del principio de progresividad de la reinserción social y que implica necesariamente sustituir en algún momento la privación de libertad por otra forma de pena. No se trata de un discurso excarcelatorio sino un llamado al respeto del diseño normativo de la reinserción social que contiene el Derecho Penitenciario.

Max Troncoso Moreno – Paulina Robles Campos

Defensor(a) Penitenciario(a) Licitado(a) de la región del Maule.

Diario Constitucional. 2 de abril de 2025

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Max Colodro ‎מָקס @maxcolodro

Esta mentira de Boric ya causa risa (y vergüenza) | Por Julio Alvear:

https://youtu.be/urUjQznzgSk?si=mYBOE1E1i2AN12hp

Entre el rendimiento de la Roja y el devenir del país

Por José Tomás Hargous Fuentes 

El jueves recién pasado tuvimos un nuevo partido de las Eliminatorias CONMEBOL para el Mundial de 2026 a realizarse en América del Norte. En estas Clasificatorias Chile ha tenido un rendimiento paupérrimo, esfumando nuevamente las opciones de acceder a la cita mundialista. Pensaba que la situación de la Roja es una especie de reflejo del devenir del país en el ámbito político.

Si bien evidentemente no hay una relación causal entre ambos procesos, sí pueden establecerse algunas semejanzas interesantes, a tal punto de que se pueden proponer algunos diagnósticos comunes. De hecho, la última década ha sido un fracaso para el país tanto en lo futbolístico como en el acontecer político, y ha sido la continuación de un período exitoso.

Recordemos que la Selección, desde la llegada de Marcelo Bielsa (2007) hasta la salida de Juan Antonio Pizzi (2017) del banquillo de la Roja, fue uno de los períodos más exitosos de la Roja. En esos diez años se produjo la llamada Generación Dorada, una síntesis entre una generación talentosa con una buena conducción, que se expresó en una atractiva forma de jugar, con la que nos planteábamos de igual a igual ante los más grandes del mundo, y cosechamos una cantidad sorprendente de éxitos deportivos, clasificando a dos mundiales consecutivos –en los que se alcanzó nuestro desempeño desde 1962–, siendo el único momento de la historia con títulos –dos Copas Américas, el subcampeonato de Copa Confederaciones y la amistosa China Cup–. También fueron años en los que les ganamos dos finales a Argentina, eliminamos a la España campeona del mundo y a la Portugal de Cristiano Ronaldo, y alcanzamos un inédito tercer lugar en el ránking FIFA.

En cambio, desde la llegada de Reinaldo Rueda, ningún director técnico ha logrado reeditar aunque sea alguno de esos logros deportivos. Por el contrario, cada entrenador se ha dedicado a dilapidar el capital conseguido durante los años de la Generación Dorada, tratando de inventar la rueda –valga la redundancia– y renegando de la idea de juego que hizo a esta Selección una de las mejores del mundo, incluso, jugando sin una idea y un estilo claramente definido. Si en el caso de Reinaldo Rueda era clarísimo, en Ricardo Gareca es quizás más fuerte. Ambos creían que estaban haciendo un trabajo fantástico y no decían que no entendían por qué los resultados no acompañaban su excelente trabajo.

En el plano político y económico, los últimos años del Régimen Militar, la Concertación y el primer gobierno de Sebastián Piñera (1985-2013) fueron los más exitosos de la historia, donde rozamos el tan anhelado desarrollo. Además, gozamos de estabilidad política, autoridades obedecidas y respetadas, había un sano entendimiento entre gobierno y oposición, teníamos buenas políticas públicas y sociales que disminuían la pobreza, las reformas eran para mejorar y no para hacer de nuevo, las instituciones funcionaban, logramos una integración económica con todo el mundo, un país seguro y tranquilo, etc. La lista puede seguir. En definitiva, éramos el “mateo del curso”, a quien todos querían copiar –aunque le tuvieran envidia–.

Los diez años siguientes han sido exactamente lo opuesto: una constante destrucción de las instituciones, unas reformas que su único fin fue desarticular el modelo que nos llevó a lo más alto que jamás pudimos llegar, una corrupción desbordada, una inmigración descontrolada y un crimen campante, con delitos nunca antes vistos. Mientras tanto, nuestros gobernantes viven en un país de fantasía, creyendo que la situación nacional está de maravilla. Todo esto en una situación zigzagueante, donde cada gobierno intenta desarmar lo que hizo la administración anterior, a la que se le echa la culpa de todos los problemas. Eso, sumado a que tenemos una oposición incapaz de comprender qué tiene que hacer, y unas instituciones que cada una está peor que la anterior, con la dignísima excepción de la Contraloría General de la República.

No hay que reflexionar mucho para darse cuenta de la analogía. Un período excepcionalmente exitoso dio paso a uno excepcionalmente fracasado, sin claridad de adónde queremos ir, y de cómo salimos de esta profunda crisis. Pienso que en situaciones como ésta lo mejor es mirar por el retrovisor. La historia es siempre una gran consejera, y en este caso nos muestra claramente qué hay que hacer y qué no hay que hacer.

El ejemplo de los años inmediatamente anteriores a la última década no deja espacio a interpretaciones: tenemos que hacer lo posible por volver a ese conjunto de cualidades que nos hicieron exitosos. No basta con volver a una retórica de los acuerdos –que no sirven de nada si tu interlocutor quiere destruir lo que tú quieres salvar–, sino que se necesita una nueva forma de hacer las cosas. Necesitamos un Presidente con autoridad, que sea respetado y obedecido, unas instituciones que actúen cuando se las requiera, unos políticos virtuosos y respetuosos del Estado de Derecho, unas reformas que reencaucen el rumbo de este barco llamado Chile hacia la senda del progreso integral, por medio de la recuperación económica y de la seguridad.

Del escándalo al olvido

Por Pilar Molina

Como frente a cada escándalo, la prensa abunda en las sanciones, multas y destituciones a las que se exponen los millares de funcionarios públicos, 25 mil, que viajaron al exterior haciendo uso de licencias médicas. El mismo gobierno salió a apagar el fuego anunciando que de los casi 8 mil trabajadores del gobierno central involucrados, se habían iniciado 6.592 sumarios y 1.102 ya no estaban en sus cargos. Eso aseguró el ministro Mario Marcel, sin aclarar si está incluyendo situaciones previas al informe de Contraloría del 23 de mayo. El Presidente Boric posteó en X que los funcionarios de confianza deberán dejar sus cargos de inmediato, pero todos deberán tener sumarios, para que no quede impune el delito y la consecuente inhabilidad para trabajar en el sector público por cinco años.

¿Irá a pasar algo semejante? Difícil, muy difícil. Estamos acostumbrados a apagar los fuegos comunicacionalmente, pero no a hacernos cargo del problema. Y menos, a aplicar la ley y escarmentar. También se anunciaron masivas investigaciones administrativas y sanciones cuando el SII dio a conocer, en octubre de 2020, que 37.100 funcionarios cobraron indebidamente un bono de $500 mil de la época destinado a trabajadores que hubieran tenido consecuencias de empleo o sobre sus ingresos producto del Covid 19. Fueron muchos más (casi medio millón los pillos), pero esos 37.100 mil conservaron ininterrumpidamente sus puestos de trabajo y salarios.

El antecesor de Marcel en Hacienda, Ignacio Briones, recordaba que instruyó sumario, pero como no avanzaban, solicitó al contralor Jorge Bermúdez llevarlos adelante, pero recibió un rotundo no, “pues significaba que muchas personas perderían su trabajo. A lo cual le dije que no podía entender esa respuesta, porque teníamos que hacer cumplir la ley. Pero no hubo caso”.

Esa es la verdad. Los servidores públicos se han convertido en una cofradía que se sirve a sí misma, con mejores sueldos que en el sector privado, inamovilidad en la práctica y bonos anuales según evaluaciones donde todos califican en el nivel superior. Volviendo a los subsidios en la pandemia, el Sence también detectó un fraude por $3.574 millones con el bono IFE, que era un subsidio por $300 mil mensuales que se entregaba hasta por tres meses a trabajadores cesantes que consiguieran un trabajo formal. La gran mayoría de los que lo recibió (totalizando estos $2.559 millones) corresponde a personas que prestaban servicios a honorarios al Estado y otro tanto (por $435 millones) a funcionarios contratados por un empleador estatal. El Sence les dio 60 días para restituir los fondos.

Hasta el día de hoy no se sabe qué ocurrió con los servidores públicos que se pasaron de listos, si hubo sanciones efectivas y si devolvieron algo. La actual administración dijo no estar informada del desenlace. Pero lo que sabemos, es que cuando se llegan a hacer sumarios administrativos, entre amigos, son eternos y se los lleva el tiempo antes que el viento. El amigo del Presidente Boric que entró a trabajar ni más ni menos que como jefe de la división de fiscalización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones en marzo 2022 y renunció esta semana, estaba siendo sumariado desde enero de 2025. Pero se le abrió la investigación sólo después que, en diciembre de 2024, la misma Contraloría iniciara un proceso disciplinario en su contra, un año y medio después que la indagatoria interna no tuviera avances. Esta se inició en julio de 2023, luego que una denuncia anónima señalara que Raúl Domínguez, con un ingreso mensual bruto superior a los $7 millones, después de viajar a China en comisión de servicio, y junto al subsecretario que seguro no vio nada, decidió alargar su viaje a Europa “tirando una licencia”.  Y, además, contraviniendo un instructivo presidencial de su amigo Boric, alargó más la estadía en el viejo continente tomando días de feriado legal, algo expresamente prohibido por el instructivo presidencial de 2023, para que los vivos no prolonguen sus viajes financiados por el Estado.

Es difícil pensar que esta vez tendremos un desenlace aleccionador, si pensamos que el Poder Judicial, que tiene que resolver las apelaciones, anunció que investigará por su cuenta 125 mil licencias de funcionarios y jueces (excluidos del informe de Dorothy Pérez) que salieron del país en los últimos 5 años. La investigación de la Contraloría abarcó solo dos años: 2023 y 2024.

Los funcionarios son peritos en enredar las cosas y escalar sus causas hasta la Corte Suprema, si es necesario. Esta semana nos dio clases de cómo sortear una destitución el Sindicato de Asistentes de la Educación de Ñuñoa, donde instruía cómo impedir las desvinculaciones por falta a la probidad en esa comuna. Les instruían a los que viajaron con permiso de reposo, no firmar los documentos, recurrir a la Dirección de Trabajo, a Carabineros, pedirle al médico tratante un documento autorizándolo a salir del país durante la licencia, etc. ¿Se imagina eso a la escala de 25 mil “servidores”?

Una vergüenza que no sorprende, en verdad, porque abarca toda la gama de funcionarios, del gobierno central, de municipalidades, de hospitales, de empresas públicas y qué decir en educación, donde la Junji e Integra campean en el ranking de los tramposos. Nada de raro, porque la educación de los niños parece estar en manos de los más versados en violar las reglas. Los profesores acaban de hacer otro llamado a paro nacional, el quinto desde el año pasado, el próximo 4 y 5 de junio. Saben que, aunque el Estatuto Docente hable de remoción ante ausencias injustificadas, ninguno ha sido destituido a pesar de las largas movilizaciones, algunas por meses, como en Atacama. El Ministerio (porque este es un problema con el sistema público) ni siquiera descuenta los días no trabajados, porque pactan “alargues” de recuperación. Un descrédito para todos, pero en beneficio de los intereses gremiales de los profesores.

Y en Salud, el segundo sector con más abusos de licencia para viajar al extranjero, no andamos mucho mejor. La transgresión que comienza como excepción se convierte en la regla gracias a la impunidad. La evasión en el Transantiago comenzó como algo marginal, pero luego de 14 años, desde su creación, subió en 185% y hoy el 40% no paga la tarifa, restándole al erario público alrededor de 100 millones de dólares al año.  El comercio ambulante se ha normalizado ya con estructura, los famosos toldos azules, porque le permitieron asentarse y tomarse las calles impunemente. Y por el mismo camino de contagio pegajoso iban las tomas, llegando al peak en 2021 con 2.490 ocupaciones ilegales denunciadas, pero al menos se interrumpió la curva de crecimiento gracias a leyes que interrumpieron la impunidad.

Quizá lo único positivo en este escándalo es que ha aflorado es que el gasto del sector público sí se puede recortar sin continuar modificando las metas de déficit fiscal cada año o condicionando los recortes a leyes no aprobadas y a que lo haga el próximo gobierno. Como calculó el propio ministro de Hacienda, el exceso de licencias médicas, respecto a la pre pandemia, es “equivalente a 35 mil funcionarios, de los 400 mil que hay en el gobierno central. Y en términos de recursos, representa alrededor de US$300 millones”.  ¡Sí que se puede! Y es más fácil que encontrar las platas de los convenios truchos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el sábado 31 de mayo de 2025

Mas dinero perdido por ineficiencia del gobierno:

Por Humberto Julio Reyes

En Chile, nuestra querida Patria, estamos habituados a escuchar y usar repetidamente, tres conceptos:

Igualdad antes la ley, caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias.

En la práctica ellos son de aplicación bastante relativa, como es en el caso de la reciente medida anunciada en la última cuenta pública del presidente Boric de transformar el penal de Punta Peuco en un penal común, sin importar que las razones y condiciones que llevaron a su creación no hayan cambiado.

Días después, el ministro de justicia contestó en un matinal de televisión diversas preguntas relativas a cómo se procederá para cumplir la voluntad del presidente, dentro del tiempo que le resta en el cargo.

En dichas respuestas apareció el corolario al principio de la igualdad ante la ley: en Chile no hay privilegios.

Eso está muy bien, dirá cualquiera a quien el anuncio no le despierte mayor inquietud o no tenga posición asumida al respecto.

Pero, lo que queda en el olvido, es que quienes cumplen penas en ese recinto están justamente ahí por haber sido procesados y condenados mediante un sistema procesal que ya no rige para el resto de sus compatriotas.

¡Vaya privilegio!

Se cumplen ya 30 años desde que el ejecutivo enviara al Congreso el proyecto de reforma procesal penal que terminaría con el que regía hace un siglo, hoy 130 años, y que no otorgaba garantía alguna al procesado.

Pero, en la letra chica estaba la trampa que se ha mantenido exclusivamente para las causas de derechos humanos, permitiendo burlar la prescripción.

Así, en aras de la igualdad no cabría otra cosa que anunciar que los tribunales deberán proceder a aplicar la reforma procesal penal sin exclusiones.

También para respetar dicha igualdad, gendarmería debería otorgar o proponer, según corresponda, los beneficios intrapenitenciarios de los cuales no disfrutan quienes han sido condenados por delitos comunes en causas de derechos humanos.

¿Sería mucho pedir?

No me parece, aunque sí es mucho esperar de parte de quien, como bien lo insinúa en una notable columna, don Sergio Muñoz Riveros, parece haber buscado una forma adicional de castigar a quienes, con avanzada edad y deteriorada salud, cumplen íntegramente largas condenas impuestas en sentencias de jueces prevaricadores.

Esta carta fue respaldada por don Leonidas Montes bajo el título “Humanidad y consistencia”, que recuerda lo más fundamental en derechos humanos y que está ausente en la decisión presidencial.

No me detengo a analizar las posibles motivaciones que otros columnistas asocian a la contienda electoral, para allegar votos a los candidatos oficialistas y, de paso, “sacar al pizarrón” a los de oposición. Aquí todo vale.

Imposible no recordar, nuevamente, lo expresado por otro lector: el presidente refleja la satisfacción del niño que sabe que ha cometido una maldad.

7 de junio de 2025

Habla el general Vial:

EL PREJUICIO EN EL ANTIGUO SISTEMA PENAL

El 9 de junio del año 1995 el entonces Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle dirigía a la Honorable Cámara de Diputados el mensaje por el fundamentaba la necesidad de reformar y modificar el antiguo sistema de administración de justicia penal, vigente a la época desde mediados del Siglo XIX. Sostenía éste que, dada la evolución de la sociedad en sus diferentes esferas, y entrando ya al Siglo XXI, era imperioso desprenderse del sistema inquisitivo, con su enjambre de males y vicios, para entrar en el nuevo sistema de carácter acusatorio.

En efecto, el sistema inquisitivo antiguo daba lugar a que un mismo juez se abocara al conocimiento de una causa penal, a su investigación, sustanciación y a la dictación de sentencia.

Sostenía el entonces mandatario que: “En la situación actual, se trata no sólo de un procedimiento que confiere pocas garantías, sino que, además se trata de un procedimiento carente de eficiencia, y lo que es peor, displicente con las víctimas y los usuarios que a él acceden”.

Continúa Frei: “Desde el punto de vista político y constitucional, el mayor defecto del sistema penal en Chile (el antiguo) es que carece de un genuino juicio contradictorio que satisfaga las exigencias del debido proceso …, el proceso penal en Chile posee una estructura inquisitiva, absolutista y secreta, que despersonaliza al inculpado y que no se corresponde con la noción de ciudadanía propia de un Estado Democrático. La consolidación de la democracia exige la reforma al proceso penal de modo que satisfaga las exigencias de un juicio público y contradictorio. La reforma al proceso penal que proponemos, constituye entonces, una profundización de las instituciones democráticas que conforman el Estado chileno”.

Define el ex presidente al objetivo global de modernización de justicia como: “la maximización de las garantías y la imparcialidad del estado democrático y el incremento del bienestar”.

Señala también en su mensaje que, la reforma supone además, supervigilar la ejecución de las penas para evitar así castigos excesivos y favorecer la reinserción ..,; supone por sobre todo, de un modo urgente y prioritario, modificar el proceso penal para transformarlo en un juicio genuino, con igualdad de armas entre el Estado y el inculpado y con plena vigencia de la oralidad, la oportunidad y la inmediación.

El Sistema Inquisitivo en los actuales juicios de DD.:HH.:

Tal sistema es el producto del sistema inquisitivo heredado de la Corona durante la colonia. Dicho procedimiento concentra roles, funciones y poder en un mismo juez. Éste, al ser el titular monopólico de la instrucción está a cargo de producir toda la prueba, ya para apoyar o desestimar la eventual condena, formular los cargos, dirigir la investigación, condenar al inculpado etc., dejando un limitado rol a la defensa.

El prestigioso procesalista italiano Pizzi aseveró en que su país, al igual que en Chile: “la investigación criminal: “creció a expensas del juicio que llegó a ser un mero ejercicio formal”

Y claro que así es, en cuanto los ministros de las CAP, que en sus diversas jurisdicciones se encuentran abocados al conocimiento y decisión de una pluralidad de causas (bajo el sistema antiguo) por presuntos delitos acaecidos hace varios decenios, partiendo de la premisa que hay que condenar a los inculpados –salvo escasas excepciones- por el solo hecho de haber pertenecido a una institución que apoyaba a un gobierno “violador sistemático de los DD.HH”.

Lo que está ocurriendo en gran parte de los juicios -contra quienes a la época, los inculpados eran jóvenes militares sin mayores potestades de mando-, es que los juzgadores, al amparo de las normas procesales del antiguo procedimiento, están haciendo caso omiso de los principios fundantes que el propio Congreso Nacional reconociera al aprobar la reforma que desde hace algo más de veinte años está hoy en día en pleno vigor en Chile.

Si bien la práctica de tal obsoleto sistema de enjuiciamiento penal, de sustento constitucional y legal, sigue rigiendo para los delitos perpetrados durante la época anterior a la entrada en vigencia del nuevo sistema inquisitivo o adversarial, los sentenciadores –en una falta de pudor manifiesta-, ignoran absolutamente las consideraciones valóricas y éticas razonablemente esgrimidas por el ex presidente de la República Frei Ruiz-Tagle ante el H. Congreso Nacional.

El sustrato ético de la reforma razona en torno a la idea de que el anterior procedimiento tenía una estructura inquisitiva, absolutista y secreta, en tanto que el nuevo sistema acusatorio pretende –entre otras ventajas- propende a supervigilar la ejecución de las penas, para evitar así castigos excesivos y favorecer la reinserción.

Como quiera que fuese, por mucho que se hayan producido luctuosos y grotescos delitos, repugna al menor espíritu de justicia dictar condenas extremas a una pluralidad de individuos, por meras presunciones o en base a gran cantidad de testigos –ni siquiera presenciales- concertados para dar fe de conocimientos adquiridos de oídas.

Fue el mismo poder legislativo, el que recogió mayoritariamente los conceptos del entonces primer mandatario, cuyos integrantes del Poder Judicial aprobaron mayoritariamente, para dar lugar a la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal que barría con los vicios decimonónicos que arrastraba el vetusto sistema inquisitorio, y que a pesar de ello, continúan ejerciendo abusivamente los jueces que constituyen la primera instancia en los procesos contra militares.

De otra vera, constituyendo la primera instancia las sentencias de los ministros instructores, son las respectivas salas de las CAP las que conocen las respetivas apelaciones a esos fallos. Lamentablemente no es mucho lo que se puede esperar de los fallos de los tribunales de alzada y menos de la Iltma. C.S., a menos que, caso a caso, un abogado ingenioso y no conocido en la esfera de los frecuentes alegatos, abra su intervención aludiendo a que no fue menos que el mismo presidente de la República, con total respaldo del Congreso, admitieron la existencia de todos los vicios de que adolecía el sistema antiguo, que hasta la actualidad  se mantiene vigente en los juicios contra militares.

08 junio 2025 Flash N° 3 Remitido a 1100 contactos directos   . ¡Apoyalos Levantando tu voz!

Hay Ministros que están aplicando la correcta doctrina judicial y haciendo verdadera justicia:

El pasado 30 de abril de 2025, la Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por los Ministros Manuel Valderrama R., María Teresa Letelier R., María Cristina Gajardo H., y los Abogados Integrantes Juan Carlos Ferrada B. y Eduardo Gandulfo R, pese a rechazar los recursos de casación de las defensas, casó de oficio y por mayoría de 3-2 absolvió a los cuatro funcionarios de Carabineros, actualmente en retiro, que habían sido sentenciados en 2023 a cumplir entre 7 y 12 años de cárcel efectiva, en calidad de autores y cómplices del homicidio calificado con carácter de lesa humanidad, de un adolescente de 17 años en 1989 en Curacautín, en la región de La Araucanía.

El dictamen de primera instancia con las injustas condenas había sido realizado por el ministra Alvaro Mesa Latorre, al que le han revocado varias sentencias por lo mal investigadas y resueltas. Se trata del caso de Marcos Quezada Yáñez.

 Ahora todos fueron absueltos tras el dictamen de la Corte Suprema, la que señaló entre sus argumentos que “lo primero que resalta es la valoración atribuida a ciertos informes periciales, en particular al de autopsia evacuado por el médico legista, Wolfgang Reuter, al cual se le entrega una calidad preponderante que lo hace primar por sobre los demás”.

Por otro lado, el fallo de la Suprema -redactado por la ministra María Teresa Letelier- cuestiona al testigo clave de la investigación: al revisar los laudos penales, en ninguno de ellos existe una real explicación en torno a qué acto ejecuta cada uno como para considerar configurado el acto punitivo central de este caso -matar-, el cual, como se denota y reitera, tan sólo cuenta con la versión de un testigo cuya credibilidad fue puesta en duda a raíz del estado etílico por el que fue detenido y, en lo que respecta a los peritajes en que se apoya, éstos tampoco son definitorios en este aspecto ya que existen otros que se contraponen a las conclusiones técnicas en que se basa la tesis del homicidio, de tal manera que el sustento probatorio y que, según aseguran los jurisdicentes, no permite arribar a la convicción legal sobre la comisión del delito pues ella no cuenta con razones suficientes que justifiquen su configuración”.

Interesante entrevista en TVN a la abogado Carla Fernández Montero sobre la realidad de los presos políticos militares, a raíz del anuncio presidencial de ingresar presos comunes a Punta Peuco:

https://youtu.be/ORhro22yr1A?si=JVcYIpMNaFqTuDqL

Exministro Gómez afirma que en Punta Peuco “hoy día, hablar de privilegios, no es la realidad”

El exministro de Justicia, José Antonio Gómez, apuntó que el anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre transformar Punta Peuco a una cárcel común no tendría un efecto real: “Qué diferencia tiene Punta Peuco con otra cárcel hoy día, muy poco (…) hoy día tiene el régimen normal de una cárcel”.

TVN.

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PuntaPeucoHoy @PuntaPeucoHoy

PUNTA PEUCO INFORMA

Junio de 2025

Nosotros, los internos del penal Punta Peuco, nos vemos en la necesidad de alzar la voz y relatar lo que verdaderamente ocurre dentro de este recinto, frente a los anuncios mediáticos y las decisiones improvisadas del Gobierno actual.

El pasado martes 3 de junio, recibimos la visita de una numerosa comitiva de funcionarios de Gendarmería, personal del Ministerio de Justicia, arquitectos y encargados de comunicaciones.

Esta visita ocurrió inmediatamente después de que el Presidente Gabriel Boric anunciara en su Cuenta Pública 2025 la “transformación” de Punta Peuco en una cárcel común, como supuesto acto de justicia histórica.

Lo que presenciamos fue una evaluación técnica para ampliar la capacidad del penal y mezclar en este recinto a delincuentes comunes con militares condenados hace más de 50 años por hechos de contexto histórico, muchos de nosotros con edades avanzadas y serios problemas de salud.

“La realidad que ocultan” Punta Peuco fue construido originalmente para 36 internos. Sin embargo, gracias a nuestro propio esfuerzo y el apoyo de algunas ONG, se realizaron ampliaciones para responder al aumento de población penal.

Se sumaron dos contenedores habilitados como dormitorios (20 personas cada uno). Se transformaron espacios comunes y talleres en habitaciones improvisadas. Hoy incluso hay internos durmiendo en comedores.

Hoy somos 138 internos. La capacidad estructural del penal, está sobrepasado. La electricidad está al borde del colapso. El agua debe ser traída en camiones aljibe. El sistema de alcantarillado necesita apoyo permanente de camiones limpiafosas.

《 Lo más insólito: los técnicos del Gobierno llegaron con planos “desactualizados”, sin tener idea de las condiciones reales del recinto.》

” La verdadera pregunta ” ¿Dónde están los privilegios que tanto repiten? ¿Dónde está la justicia, cuando se planifica exponer a adultos mayores y enfermos a convivir con delincuentes de alta peligrosidad? ¿Dónde está la humanidad de un Gobierno que se dice defensor de los Derechos Humanos? Aquí no hay justicia. Aquí hay venganza.

Y se ejecuta desde la ignorancia, el revanchismo y el desprecio. Nosotros, los internos de Punta Peuco, no pedimos privilegios. Pedimos trato digno, proporcionalidad y verdad. Y esta declaración no es para exigir nada más que eso, la realidad que se esconde tras los discursos grandilocuentes y las cámaras de televisión.

Agradecemos sinceramente a quienes nos ayudan a visibilizar y difundir esta realidad. Su apoyo es fundamental para que la verdad no quede sepultada bajo el ruido del odio con apariencia de justicia, ni bajo la indiferencia de quienes han elegido olvidar. Internos Penal Punta Peuco .

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Para mayor claridad vea:

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Enrique Slater @slater_enrique

Planteamientos y acciones como las de don Sergio Muñoz, son los que hacen falta en Chile. No sirven, ni ayudan a terminar con el odio, los anuncios del presidente, respecto a el nuevo régimen para Punta Peuco. Los gestos a la galucha, no ayudan a la reconciliación nacional.

Un arrepentido:

*Funeral vikingo para un ratón muerto*

Por Cristián Labbé Galilea

Esta semana, el país fue testigo de la última cuenta pública del Presidente la que a juicio de esta pluma quedará grabada en los anales de nuestra historia política, no por lo que dijo sino por lo que el contenido de su intervención transmitió a todos quienes lo escucharon y especialmente a quienes lo han analizado. Con una puesta en escena cuidadosamente estudiada —tono afectado, pausas estratégicas, retorica emocional— lo que el Presidente verdaderamente comunicó es que: “su gestión ha sido un perfecto fracaso”.

En su inmadurez y su falta de visión quiso cerrar su mandato con altura, como quien deja un legado de gestión y progreso que trascienda en el tiempo. Obvio que va a trascender, pero exactamente por lo contrario, porque su gobierno ha sido el peor gobierno que registra nuestra historia reciente. Basta revisar el programa con que llegó a la primera magistratura y la caótica situación en la que entrega el país. Recuerde mi ilustrado parroquiano que lo iban a cambiar todo, si, literalmente todo, porque estaban dotados de una moral distinta y muy superior a quienes los habían precedido. ¡Ni más ni menos!

Ante tales circunstancias el Presidente, sin tener logros que mostrar y consciente que ha sufrido una infausta derrota en sus ambiciones de imponer un cambio refundacional en lo cultural e institucional, intentó en su cuenta pública crear una despedida heroica, al mejor estilo de un “funeral vikingo”, cargado de tintes memorables y de épica gloriosa, como si su legado histórico navegara hacia “el Valhalla” (lugar de honor donde según la mitología nórdica van los guerreros victoriosos).

Pero para su pesar, los hechos dicen lo contrario, no habrá tal legado porque su imaginario barco vikingo no arderá como dice la leyenda, sino que, incluso antes que termine su mandato, su navío ya está encallado a las rocas de la vergüenza y de la deshonra.

Ahora bien, no teniendo argumentos veraces para demostrar una gestión exitosa el Mandatario se comporta como lo que es “un niño necio” que se aferra a sus ideas aunque le demuestren que está equivocado, prefiere justificar lo injustificable y seguir sus consignas ideológicas “soplando cenizas” convencido que avivará “un fuego politico” que le será favorable. Por lo tanto nada mejor que emprenderlas contra los militares (caso Punta Peuco), contra Israel (denunciando genocidio) y por supuesto, a favor del Aborto Libre.

Sobre el Aborto y sobre Israel esta pluma se ha pronunciado por lo que la denuncia en esta oportunidad se concentra en el caso de su intención de transformar Punta Peuco, iniciativa que siendo “un acto de cobardía” le saldrá “el tiro por la culata” porque, al intentar usarlo como “el comodín de la venganza con lo militares” lo que ha logrado es visibilizar lo que a muchos se les ha olvidado.

Sepa mi leal contertulio que en Punta Peuco durante este gobierno han fallecido 31 militares y que hoy hay más de 140 prisioneros cuya edad promedia los 80 años y que la mayoría sufre enfermedades terminales o crónicas que los invalidan. ¿Para ellos no hay derechos humanos?

En suma, estamos frente a un gobierno fracasado que no tienen que mostrar porque Baquedano volverá a donde estuvo siempre, la ley del aborto no prosperará y en cuanto a lo de Punta Peuco no cabe duda que habrá duras reacciones… por lo tanto, la cuenta pública que quiso ser “un canto de cisne, un funeral vikingo, una despedida heroica…” no fue más que un discurso vacío que ni para el funeral de un ratón servía.

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5 junio, 2025

El cambalache entre la Fundación Allende y Serviu: obras de arte por una casona

Por : Claudio Pizarro SanguesaPeriodista Unidad de investigación de El Mostrador.

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La Fundación Salvador Allende saldó la deuda de una propiedad con el Serviu mediante el “trueque” de 93 obras de arte. Los trabajos nunca fueron entregados al Serviu y la Contraloría detectó irregularidades, aunque declaró el caso prescrito. Hoy, tras siete años, dicho caso vuelve a encenderse.

Resumen

Siete años antes de que el escándalo por la venta de la casa de calle Guardia Vieja explotara, sepultando el intento de transformar la residencia del expresidente Salvador Allende en un museo y dejando fuera de cargos públicos a dos de sus familiares, otra negociación se llevaba a cabo entre una repartición del Estado y la fundación encargada de resguardar la memoria del exmandatario socialista.

La operación involucraba –al igual que hoy– el destino de un bien inmueble: el palacio Heiremans, la residencia que fue comprada en 2004 por la Fundación Salvador Allende (FSA) al Serviu Metropolitano en cuotas anuales, las que no pudieron cancelar durante ocho años, hasta llegar a un acuerdo bastante inusual: la dación en pago de 93 obras de arte por la deuda acumulada hasta entonces, alrededor de 556 millones de pesos.

O sea, dicho de otro modo, un trueque.

Si bien la figura de “dación en pago” está permitida en las negociaciones del Serviu, todas las fuentes consultadas coinciden en que, en materia de vivienda, no existen precedentes de una operación tan excepcional que involucre un traspaso de obras de arte. En este caso, una colección de 93 obras de artistas brasileños donadas a la FSA por el museo Afro Brasil en el año 2012, a través de su director Emanoel Araujo.

Independientemente de las soterradas críticas generadas en ese entonces, la Fundación Salvador Allende pudo levantar la hipoteca de la histórica residencia, donde hoy funcionan sus oficinas y la sede del Museo de la Solidaridad, saldando la deuda con el Estado chileno a comienzos del año 2016, después de 13 años de negociaciones que terminaron con una inédita colección en manos del organismo encargado de proveer soluciones habitacionales a los segmentos más modestos del país.

La Unidad de Investigación de El Mostrador tuvo acceso a una serie de documentos que sellaron este inédito “cambalache” entre ambas instituciones, dejando a su paso una estela de sombras respecto a la legitimidad de algunos actos administrativos y que abre un inédita puerta jurídica que podría volver a encender el caso.

Mora y ejecución de cláusula

La venta de la casona ubicada en calle República 475 comenzó a gestarse en el año 2004, a fines del Gobierno de Ricardo Lagos, cuando la Fundación Salvador Allende manifestó la voluntad de adquirir la antigua casona que había sido sede diplomática de la Embajada de España y, luego, cuartel de operaciones de la CNI en dictadura.

A través de una carta enviada por su entonces directora ejecutiva, Patricia Espejo Brain, el organismo manifestó sus intenciones de comprar la propiedad, poniendo énfasis en el “valioso patrimonio artístico con que cuenta la fundación” y en sus deseos de “disponer de un espacio definitivo”, consignó La Tercera en aquellos años.

La idea era trasladar la sede del Museo de la Solidaridad –ubicado en la calle Virginia Opazo– y las oficinas de la fundación, que funcionaban separadas, hacia un mismo recinto: el inmueble construido en 1925 por el empresario belga Amadeo Heiremans, una enorme casona de 2.346 metros cuadrados ubicada en el corazón del barrio República.

El contrato al que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador fue firmado el 16 de mayo de 2004 por un monto pactado de 27.493 UF (464 millones de la época), aprobado a través de la resolución Nº 122 de marzo del mismo año, que determinó la cancelación de 10 cuotas anuales de 2.749 UF y una hipoteca a favor del Serviu en caso de incumplimiento en el pago.

La compraventa fue firmada por la socióloga y exsecretaria de Salvador Allende, Patricia Espejo, y el entonces director subrogante del Serviu Metropolitano, Ricardo Trincado Cvjetkovic, simpatizante socialista involucrado luego en los casos Mop-Gate y Kodama y desvinculado del Ministerio de Vivienda en el año 2023 por el vigente caso Convenios, acusado de favorecer a la fundación Democracia Viva. Consultado por este medio, Trincado declinó referirse al tema.

A poco andar, sin embargo, en octubre del año 2005, la Fundación Salvador Allende intentó ampliar el pago a 20 cuotas y, en abril del año siguiente, a través de otra resolución, el Serviu volvió a establecer el pago en 10 cuotas, aunque esta vez aceptando eliminar el cobro del máximo interés convencional en caso de mora o retardo en el pago.

La última cuota pagada por la fundación fue en diciembre del año 2007, manteniendo la deuda impaga durante ocho años, a pesar de que el contrato estipulaba que “en caso de incumplimiento por parte de la compradora”, el Serviu quedaría facultado “de inmediato, para pedir a su arbitrio la resolución del contrato o su cumplimiento forzado, en ambos eventos con indemnización de perjuicios”.

Pese a los años transcurridos sin pagar, la cláusula jamás se ejecutó.

compraventa Serviu Fundación by claudio pizarro

“Perdonazo”

Eran otros tiempos, dicen algunas fuentes consultadas. “Entrar en un litigio con la Fundación Allende no era algo deseable y menos sacar a remate la sede donde funcionaban, por eso comenzaron a estudiarse fórmulas para ver cómo resolver el tema”, dice una fuente que participó en las negociaciones.

Al margen de lo “políticamente correcto”, la entonces senadora Isabel Allende fue la que inició las negociaciones para buscar una salida “alternativa”. “En un momento, con la ministra (Magdalena) Matte acordamos que no se ejecutara la deuda y buscáramos un mecanismo, pero nosotros no teníamos dinero para pagar”, comentó la entonces parlamentaria en una nota de prensa sobre la reunión ocurrida en el año 2014.

El Mostrador consultó a la exministra del Gobierno de Piñera sobre el eventual acuerdo con la exsenadora. “Recuerdo que me fue a ver y que le dije que buscáramos una solución, pero yo de ninguna manera aprobé algún tipo de perdonazo, como condonar una deuda o algo parecido. Un ministro no puede hacer eso”, explicó Matte.

Las negociaciones continuaron hasta que, en el año 2015, la Fundación Salvador Allende propuso saldar la deuda de 540 millones de pesos, a través de la fórmula de “dación en pago” de 93 obras de artistas brasileños que habrían donado sus trabajos a la FSA, entre ellos, Rodrigo Petrella, Claudio Tozzi, Uiso Alemany y Francisco Brennand.

Las obras, en rigor, habían sido exhibidas en el año 2010 en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA), el proyecto iniciado en la Unidad Popular y que buscaba promover la cultura latinoamericana –interrumpido durante la dictadura y luego reactivado en democracia–, en una exposición que se denominó “Estética, sueños y utopías”.

A diferencia de otras obras de arte, que regresaron al museo provenientes de distintas ciudades del mundo donde se buscó protegerlas durante la dictadura, los trabajos de los artistas brasileños sirvieron como moneda de cambio, luego de ser tasados en US$ 826.000 por los curadores Constanza Güell y Alfonso Díaz, este último extrabajador de la Fundación Salvador Allende.

“Yo había trabajado antes en la fundación, me acuerdo que estaban Patricia (Espejo) y Enrique Correa en el directorio, quienes nos pidieron si podíamos sacarle un estimable de cuánto podía costar esa colección, con datos muy generales, sin saber siquiera para qué era el encargo, no teníamos la más mínima idea”, recuerda Díaz, cofundador de Fundación Antenna.

Alfonso Díaz asegura que no tuvo acceso a los documentos de la donación, que solo recibió un listado de las obras y un set de fotografías de ellas. “No nos llamaron como si fuésemos los señores de Christie’s, sino más bien de una forma muy cercana y nos dijeron que necesitaban saber cuánto más o menos costaban las obras”, recuerda hoy.

El Serviu, en tanto, solicitó una tasación a través de la Dibam a la curadora del Museo de Bellas Artes, Gloria Cortés, quien valoró las obras en US$ 806.000. Fuentes ligadas a la operación ratificaron que nunca Cortés supo cuál era el objetivo de la tasación, que tampoco se adjuntaron certificados de donación y que la valoración también se hizo a través de fotografías.

Expertos en arte, consultados sobre este tipo transacciones, aseguran que además de la tasación comercial de las obras deberían adjuntarse certificados de autenticidad, de donación y eventualmente un historial de propiedad. “Se trata de documentos oficiales, jurídicos y notariados, no son simples cartas”, señalan.

En todos los documentos que revisó El Mostrador respecto a la transacción, en ninguno de ellos se hace mención a la entrega de documentos adicionales a las respectivas tasaciones realizadas por los expertos. Ni la Fundación Salvador Allende ni el Serviu Metropolitano respondieron a este medio respecto a si el negocio se cerró incorporando estos importantes documentos.

El 14 de enero de 2016, ambas instituciones firmaron finalmente el contrato, dejando constancia de que las obras traspasadas serían exhibidas en la Casa de la Cultura Anahuac, propiedad del Ministerio de Vivienda, ubicada en el Parque Metropolitano. La muestra –según fuentes consultadas– nunca se realizó. La razón: las obras jamás abandonaron la Fundación Salvador Allende.

La información fue ratificada por el mismo Serviu Metropolitano, que aseguró que “las 92 obras con las que se efectuó el pago fueron entregadas legalmente a Serviu y, en el mismo acto, puestas en depósito a manos de la misma fundación, lo que se realizó con el fin de resguardarlas ante cualquier eventual deterioro que pudieran haber sufrido, debido a que Serviu no tiene las dependencias para dicha mantención o curaduría”.

Respecto de un eventual retorno de los cuadros al servicio, señalaron que “las obras siguen perteneciendo a nuestra institución y que, durante esta administración, se están realizando gestiones para que puedan ser recibidas de manera física y puestas a resguardo de alguna institución cultural que tenga relación con nuestro servicio y donde puedan ser expuestas a la comunidad”.

Dación en pago

La transacción o “dación en pago” fue cuestionada en la época por los entonces diputados Cristián Monckeberg, Diego Paulsen y Gonzalo Fuenzalida, quienes solicitaron a la Contraloría General de la República instruir un sumario administrativo para investigar “las eventuales irregularidades en la transferencia efectuada por el Serviu, cuyo dictamen se hizo público el 3 de agosto de 2018”.

El expresidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, aseguró a El Mostrador que “no cabe duda de que el Serviu de la época se vio obligado a dar una solución a la deuda morosa de la Fundación Allende, que si fuese hoy no pasa el mínimo estándar administrativo, ético y político”. Luego agrega: “No imagino que frente a una deuda morosa un banco reciba cuadros en parte de pago o pueda alguien pagar su dividendo con pinturas”.

Para el abogado Raimundo Palamara, querellante en la investigación por la fallida compra de la casa de Allende en calle Guardia Vieja, la transacción realizada no solo es inusual, sino también completamente “excepcional”, porque “el Estado se quedó sin la casa que adquirió el 2004, sin el dinero y sin las obras, cuyo valor según el Museo de Bellas Artes era de casi 1 millón de dólares de la época”, señala.

Ambas fundaciones ligadas a la familia del expresidente, tanto la Fundación Salvador Allende y Arte y Solidaridad –esta última encargada de la administración del Museo de la Solidaridad–, reciben aportes del Estado a través de convenios de colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La FSA recibió este año $98.156.000 y el museo $660.197.000. En total, ambas organizaciones recibieron por subvenciones este año $758.353.000.

Fuentes consultadas por El Mostrador aseguraron que, además, la Fundación Salvador Allende cobra un arriendo al Museo de la Solidaridad, administrado por la Fundación Arte y Solidaridad, constituida el 9 de marzo de 2005, 10 meses después de la compra del inmueble ubicado en calle República. “Este año subieron el arriendo a 5 millones mensuales”, comenta una fuente reservada.

Si bien el dictamen de Contraloría decretó la prescripción del caso, el documento al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Mostrador indica que la aprobación de la venta directa de la propiedad, mediante una resolución exenta, no contempló el artículo 14 del Decreto Ley Nº 1.056, donde se establece que ante la ausencia de subasta o propuesta pública es necesario un decreto supremo firmado por el Ministerio de Hacienda.

Respecto de este punto –agrega el dictamen–, la venta del inmueble “fue aprobada mediante el oficio N° 253, de 2004, del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, de la época, y autorizada a través de la resolución N° 122, del mismo año, del Serviu Metropolitano, sin que aparezca que se haya dado cumplimiento a la antedicha normativa (artículo 14)”.

Pese a la evidente falta atribuida por la Contraloría, desde el Serviu argumentaron que el organismo no requería de un Decreto Supremo, pues la figura de dación en pago “está permitida en el DS 355 de 1976, la que se encuentra dentro de las facultades del director del Serviu”. Una perspectiva, por cierto, que tampoco convence al abogado experto en litigios inmobiliarios Miguel Depolo, quien analizó los documentos proporcionados por El Mostrador.

“La pregunta es si el Serviu puede hacer una venta directa. La respuesta es sí, tal como se hizo en este caso, pero debe contar con la autorización del Ministerio de la Vivienda, que consiste en un Decreto Supremo simple de la cartera, no de una resolución de un subsecretario subrogante, quien tiene una jerarquía manifiestamente inferior y no cuenta por sí mismo con las facultades para cursar una autorización de esta naturaleza”, explica.

Para el abogado querellante en la fallida adquisición de la casa en Providencia, Raimundo Palamara, esta situación abre otro flanco, debido a que la resolución de la Contraloría “se fijó solo en la responsabilidad administrativa de los involucrados, pero no en otro tipo de acciones constitucionales como la nulidad de derecho público”.

“El Serviu estaba obligado a ejercer la acción de restitución del inmueble o, en el peor de los casos, la ejecución de la hipoteca y el Consejo de Defensa del Estado debió revisar la legalidad de la enajenación realizada mediante venta directa y sin licitación pública. Esto constituye un vicio de nulidad de derecho público que no tiene plazo de prescripción. Por tanto, podría ser ejercido actualmente”, concluye el abogado.

La Fundación Salvador Allende, contactada para este reportaje, declinó responder las preguntas enviadas por este medio.

Declaración Pública de Hijos y Nietos Prisioneros del Pasado:

DECLARACIÓN PÚBLICA

Dramático testimonio de la señora de un militar Prisionero Político:

Anuncio sobre Punta Peuco

En la reciente cuenta al país, el Presidente Boric anunció que el CCP de Punta Peuco pasaría a ser una cárcel común, lo que en la práctica -según él- significa quitarle el supuesto “privilegio” que por años ha acompañado a ese penal, entregando a Gendarmería de Chile lo relativo a la administración de la nueva segregación que sería objeto dicho recinto carcelario.

Una decisión de este tipo requiere previamente de un análisis del perfil criminológico del reo de Punta Peuco, que no es igual al resto de los reos comunes, y que, desde el punto de vista de la finalidad de la pena, no tienen necesidades de prevención especial. Además, debe considerarse el perfil etario-sanitario, ya que se trata de internos provectos, con serias enfermedades crónicas, algunas terminales.

Asimismo, el anuncio debe ser visado desde el punto de vista de la política carcelaria, ya que -por el tipo de preso que alberga- Punta Peuco es un penal de mínima seguridad. Por cierto, resulta impensado en ese lugar la posibilidad de fugas, riñas entre internos, ataques a funcionarios o ingreso de armas, drogas o celulares, por ejemplo.

Así las cosas, el carácter “especial” de Punta Peuco obedece a un trasfondo multidimensional que no debiera ser soslayado por la autoridad en base a criterios meramente político-ideológicos, so pena de acabar judicializándose esta medida, principalmente, por la afectación de los derechos fundamentales de los internos de ese penal.

Carla Fernández Montero

Abogada, Derecho Penitenciario

¿Cuánto cuesta Punta Peuco?

Los actuales recintos de Punta Peuco y Colina 1 están con sobrepoblación, por lo que resulta incomprensible y hasta fantasiosa la idea de destinar reos comunes a los lugares que actualmente ocupan los militares del 73, lo que confirma la teoría de que el Presidente habló de la conversión de Punta Peuco sólo con el fin de mantener contentos a los suyos.

por Richard Kouyoumdjian4 junio, 2025

El domingo 01 de junio de 2025 el Presidente Boric realizó su cuarta y última cuenta pública. Para ser un evento de larga duración, extrañamente lo que capturó la atención de la prensa fueron tres temas, el capítulo Israel, el tema del aborto y Punta Peuco.

De los penales existentes que están dedicados a presos militares de la época del gobierno militar, los llamados chivos expiatorios de Chile, solo 138 están encarcelados en Punta Peuco, habiendo 204 en el penal de Colina 1. Los restantes que faltan para completar los 400 presos militares, están en penales femeninos, unos pocos fuera de Santiago, y aproximadamente 7 que están en sus domicilios o el hospital militar por sus muy malas condiciones de salud y edad media de 85.

Los presos militares tienen en promedio un poco más de 75 años. En el 73 eran capitanes, tenientes, subtenientes, suboficiales, clases, gente de mar, infantes de marina, aviadores, carabineros, y soldados conscriptos. Muchos de ellos, especialmente los más viejos, están en malas condiciones de salud, y de no cambiar las cosas, literalmente van a morir tras las rejas.

Los números pueden aumentar significativamente si es que se ratifican las condenas de varios cientos correspondientes a procesos que se reabrieron durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, quien además cerró el penal Cordillera que también albergaba a presos militares.

Los actuales recintos de Punta Peuco y Colina 1 están con sobrepoblación, siendo dramático el caso de Colina 1 en donde muchos de estos viejos militares duermen debajo de mesas del comedor por no haber más celdas disponibles, por lo que resulta incomprensible y hasta fantasiosa la idea de destinar reos comunes a los lugares que actualmente ocupan los militares del 73, lo que confirma la teoría de algunos de que el Presidente habló de la conversión de Punta Peuco solo con el fin de mantener contentos a los suyos, los cuales mayormente odian a los soldados de Pinochet, a los que quieren ver pudriéndose en la cárcel, muriendo tras las rejas.

Ya tuvo que salir el ministro de Justicia y Derechos Humanos, un comunista, a reconocer, que al igual que en el caso de Israel, más bien estábamos frente a fuegos artificiales destinados a distraer a los que no entienden la lógica de los temas y solo se quedan en los titulares.

Es obvio y claro, que, si se aplican iniciativas humanitarias que buscan enviar a los más viejos y a los más enfermos a sus casas, Punta Peuco y Colina 1 se pueden ir vaciando conforme no prosperen las causas actualmente en proceso, pero, así y todo, no son recintos que funcionen para reos comunes y menos para los más violentos. Son recintos que no están diseñados para reos peligrosos, sino más bien siempre fueron pensados para presos militares disciplinados y obedientes, que producto de su misma formación mantienen sus lugares de reclusión ordenados y limpios, no siendo extraño ver a un general en retiro limpiando baños y cocinas.

Esta columna no está destinada a la izquierda, y menos a comunistas y frenteamplistas, todos cuales han demostrado sólo querer venganza, nada de humanidad y menos derechos humanos para presos que como indiqué antes, superan los 75 años promedio. Por ellos que se pudran.

Está destinada a remover las conciencias de los que se dicen de centro, de centroderecha, y de derecha. Busca saber cuántos puntos calzan Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser respecto de los presos militares, y en particular respecto de aplicar indultos presidenciales, o bien de promover iniciativas humanitarias que envíen a los viejos y a los enfermos a sus casas o sus hospitales institucionales.

No sólo espero que ataquen la idea de que estos recintos alberguen también a presos comunes, sino más aún, que se comprometan con lo antes mencionado, indultos o iniciativas humanitarias. No hay ninguno de ellos tres que lo haya hecho a la fecha, sólo tocando tangencialmente las ideas, pero sin jugársela. Hay que quienes piensan que ser jugados en esta materia les va a alejar del centro político, pero es algo que pongo en duda. Dejar que viejos militares se pudran en la cárcel no es una buena idea. Darle una salida digna al problema claramente en tiempos en que se clama por orden y seguridad es una buena idea, que no sólo les debería ganar el favor del mundo militar y policial, sino también de los chilenos de buen corazón.

Muchos de los que están presos sólo lo están por haber sido militares y policías en 1973. Cumplían ordenes, o su pecado era estar en el lugar incorrecto. Puede que los haya quienes merecen estar tras las rejas, pero les aseguro que son los menos.

El apodo de los chivos expiatorios no necesita explicación, es más que evidente. En algún momento se acusó a la derecha de ser cómplices silenciosos de violaciones de derechos humanos que por cierto que las hubo, pero yo los acuso de ser insensibles, faltos de humanidad y cariño con nuestros viejos militares, los que hasta ahora solo son preocupación de sus familiares, y de algunos que ven en todo esto un gran acto de injustica, de venganza y abandono.

Y si no se motivan con lo anterior, recuerden que los militares y policías del ahora toman nota no sólo de la forma en que actúa la fiscal Chong, sino también de cómo trataron a sus padres y abuelos. No den por siempre sentado que ellos continuarán sacando las castañas del fuego con sus manos, puede que ustedes lo tengan que hacer si es que nada sucede con los chivos expiatorios.

Quizás lo que el FA y el PC están justamente buscando es despejar la pista, asegurando que el mundo militar se inhiba de actuar como lo hizo en 1973 y el 2019. Una cosa es estar en la cárcel y otra cosa es mezclado con reos comunes. Si tienen dudas, visiten una cárcel chilena. No les quedarán dudas. Si quieren ser una Venezuela o una Nicaragua adelante, son libres de ejercer su derecho constitucional a hacerlo. De ustedes, Evelyn, José Antonio y Johannes, de los senadores, diputados, concejales, de los votantes del centro, centroderecha, y de la derecha depende que saquemos a los viejos militares de la cárcel. Chile nos observa como actuamos, seamos consecuentes con nuestros valores y principios cristianos.

Esta columna se escribió al mediodía del martes 3 de junio. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya está tramitando el cambio de nombre y de uso de Punta Peuco, y anoche hubo un primer intento de Gendarmería de introducir dos reos comunes, intento que al parecer fracasó. Punta Peuco no tiene capacidad para recibir más reos y está claramente sobrepoblado. Una cosa es tratar mal a nuestros viejos militares y policías, pero otra cosa es tratarlos como delincuentes.

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Richard Kouyoumdjian

Experto en Defensa y Seguridad Nacional; concejal por Las Condes Más de Richard Kouyoumdjian

“solo buscan hacer daño”

Extracto del Diario La Tercera:

Por

María Catalina Batarce

La última cuenta pública del Presidente Gabriel Boric instaló debates en distintos niveles. Y como ha sido la tónica en años anteriores, lo relativo a justicia y derechos humanos volvió a instalarse en el centro de la polémica.

En esta ocasión debido a que, en medio de sus anuncios, comunicó que instruyó al titular de Justicia, Jaime Gajardo, para que se avance en el fin del penal Punta Peuco como recinto especial para el cumplimiento de condenas de imputados por violaciones a los derechos humanos en dictadura.

“Desde mi punto de vista no existe justificación alguna para ese privilegio. Por tal motivo, he instruido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición especial y transformándolo en un penal común”, sostuvo el Jefe de Estado.

Desde el mundo de los DD.HH. ciertamente celebraron, aunque familiares de los reos que hoy se encuentran en el recinto ubicado en Tiltil lo reprocharon en duros términos, advirtiendo que buscarán que esto se frene.

Entre ellos, Loreto Iturriaga, hija de Raúl Iturriaga Neumann, manifestó a La Tercera que con esta acción “el Presidente demuestra una ignorancia absoluta. Punta Peuco es una cárcel pública, las personas que ocupan Punta Peuco son ancianos, la mayoría de ellos fueron juzgados por un sistema penal derogado que solo se les aplica en la actualidad a ellos y donde ni siquiera se les demuestra el delito por el cual los condenan”.

Y agregó: “En Punta Peuco están hacinados, con ancianos durmiendo en pasillos y comedores, carecen de un elemento básico de supervivencia como es el agua. No los pueden cambiar, ellos son diferentes y se preocupan por mantener limpio y ordenado, no son delincuentes y eso jamás lo podrá cambiar”.

Roberto Schmied tiene 88 años y lleva 10 en Punta Peuco. Fue condenado junto a Álvaro Corbalán y otros agentes en distintas causas, entre ellas por el episodio Janequeo y por torturas al exdiputado Sergio Aguiló, y hoy sus familiares también están entre quienes se oponen a lo notificado por Boric.

“El Estado debe velar por las condiciones dignas y seguras en el cumplimiento de las penas, especialmente para grupos vulnerables, ello se refuerza con las Reglas Nelson Mandela -Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos-, que señalan el principio de proporcionalidad, la atención médica adecuada y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes. La segregación penal en base a la seguridad personal, edad o salud es legítima y amparada por estos estándares internacionales. Esto no es un privilegio sino una garantía mínima de protección”, sostuvo Macarena Allendes, nuera de Schmied.

En el mismo sentido, María González, hija del sargento primero Alan González, mencionó que si bien este anuncio no los tomó por sorpresa, esperan que se reflexione, pues a juicio de su familia solo viene a generar más división en torno a un tema que ya debería estar cerrado.

“Esta es una definición únicamente de tinte político. Esta es la última cuenta pública del Presidente y claramente que tenía que tocar el tema de Punta Peuco porque con eso tiene más apoyo. Pero esto solo causa daño, se nos quiere seguir haciendo daño a nosotros como familiares de los militares. Ellos no quieren cerrar un tema que ya viene de hace 50 años. No buscan unir. Si el Presidente dice que él quiere juntar a todo el pueblo chileno, en este caso lo está dividiendo”, indicó.

PuntaPeucoHoy

@PuntaPeucoHoy

Punta Peuco no podría convertirse en una cárcel común porque no cumple con los estándares mínimos de seguridad ni está diseñada para albergar delincuentes de alta peligrosidad.

De hecho, el penal fue construido con un enfoque completamente distinto: albergar a internos sin peligrosidad social, muchos de ellos adultos mayores, enfermos o condenados por hechos ocurridos hace más de 50 años.

A los militares se les podría dejar las rejas abiertas y jamás se fugarían. Son personas que han cumplido penas con dignidad, sin motines, sin intentos de evasión ni violencia, y su perfil contrasta radicalmente con el de un interno común. El discurso de cierre o “transformación” de Punta Peuco no solo ignora esta realidad, sino que también pone en entredicho el verdadero objetivo: ¿se busca mejorar el sistema penitenciario o simplemente satisfacer una vendetta ideológica? La abogada Carla Fernández, analiza con precisión y escepticismo el reciente anuncio del Presidente Boric respecto a transformar el penal de Punta Peuco en una cárcel común. A juicio de la autora, este tipo de declaraciones ya intentadas en gobiernos anteriores como el de Bachelet, suelen ser más simbólicas que efectivas, y carecen de fundamento técnico, legal y penitenciario.

Horadan la memoria de los próceres

José Tomás Hargous Fuentes

En las últimas semanas nos hemos escandalizado con los casos de usos fraudulentos de licencias médicas en el Estado. No sólo es un grotesco acto de corrupción –no viene al caso profundizar en el descaro del Gobierno que, con su “moral superior, prometía acabar con la corrupción y cada año sale con un caso más grave que el anterior–, sino que horadan la memoria de nuestros próceres.

Estos días se conmemoran los martirios de dos de nuestros padres de la patria. El pasado 21 de mayo, como todos sabemos, fue la gesta heroica de Arturo Prat Chacón. Y esta semana, el 3 de junio, se conmemora el Motín de Quillota, con el que un regimiento sublevado toma cautivo a Diego Portales Palazuelos, quien es asesinado en Valparaíso el 6 de junio siguiente.

Cada uno a su manera, era ejemplo de una virtud pública sin tacha. La de Prat es bien conocida. Una honorabilidad absoluta, en lo público y en lo privado, que le mereció por parte del inglés Simon Collier el calificativo de “Santo secular”. Una honradez que se reflejó en su carrera naval y en su ejercicio profesional de abogado. Tal como recuerda Gonzalo Vial en su biografía, Prat rindió cuenta de forma “sobria y prolija” de sus gastos, devolviendo los viáticos que no usó y gastando de forma austera para no cargarle la mano a la Armada cuando se encontraba cumpliendo labores de inteligencia en Argentina (Gonzalo Vial, Arturo Prat (Santiago: Editorial Andrés Bello, 1995), 157).

En el caso de Portales, la Historia recuerda cómo prefería vivir en la pobreza a recibir el sueldo que le correspondía como ministro, allá por los primeros años de la República Conservadora (1831-1861/71), donde el papel del comerciante sería crucial para dar forma a la naciente República de Chile. Además, conocemos por su Epistolario su convicción de que “los ciudadanos carecen de toda virtud” y que el país necesitaba un Gobierno “cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes”.

El escándalo de las licencias médicas, como la guinda de la torta, es una muestra más de cómo nuestros políticos le escupen en la cara a los próceres que construyeron nuestro Estado y pusieron siempre a nuestra Patria en lo más alto, recibiendo la incomprensión de sus partidarios y opositores, e incluso la muerte por defender a su país. Es muy triste cómo hoy nuestros políticos –de ambos lados del espectro– prefieren el beneficio personal injustamente obtenido a costas de los demás al martirio al que optaron muchos Padres de la Patria.

Como sostiene Gonzalo Rojas, aquí ha fallado la educación de la generación de nuestros padres. Pero sólo no por una muestra de indolencia o de indiferencia por la educación en virtudes. En las últimas décadas se ha trabajado sistemáticamente desde el Estado por horadar los cimientos de nuestra educación, despreciando “la historia de los héroes”, ésa que era Magistra Vitae, ninguneando la educación cívica y escondiendo en un cajón la educación religiosa.

No nos quejemos ahora de que hemos formado unos ciudadanos absolutamente irresponsables con sus familias y con su sociedad, que algunos de ellos –cual niño malcriado– estuvieron dispuestos a quemarlo todo para que destruir el legado de sus padres y pedir un par de migajas que nunca llegaron, y que ¿otros? han copado el Estado con sus amigotes. Estamos cosechando lo que sembramos en los últimos treinta años. Tal es la profundidad de nuestra crisis moral. Ahora hay que mirar al futuro y ver cómo reconstruimos moralmente este país.

Licenciosos

Álvaro Pezoa Bissières 

A veces, un fenómeno aparentemente secundario refleja con nitidez las grietas de una sociedad. Es el caso de las licencias médicas fraudulentas, que no solo tensionan a los sistemas de salud y previsión, sino que exponen un mal más profundo: la abismal crisis moral de la cultura chilena.

En los últimos años, el aumento sostenido de licencias médicas ha sido un fenómeno llamativo. Los hallazgos revelan prácticas sistemáticas que incluyen emisión de licencias sin diagnóstico clínico, venta de justificaciones médicas en redes sociales, e incluso “paquetes” ofrecidos por profesionales de la salud a cambio de una suma de dinero. Lo más alarmante es que estas conductas no se limitan a un grupo específico: atraviesan clases sociales, niveles educacionales, profesiones, edades, colores políticos y tanto al sector privado como (escandalosamente) al público.

La reciente investigación de la CGR lo confirma: más de 25.000 funcionarios públicos –por ahora– habrían viajado fuera del país mientras se encontraban con licencia médica. Estos hechos, que rayan en el absurdo, no constituyen solo una irregularidad administrativo-legal, sino que son un reflejo de la profunda erosión del sentido del deber y responsabilidad que debiera caracterizar al servicio público; más aún, manifiestan abierta impudicia, develan una sociedad de “licenciosos”.

El problema no radica solo en las carencias de fiscalización o en vacíos normativos, que los hay. Su raíz es más honda y está en la creciente normalización del aprovechamiento, en la pérdida de noción del deber moral, y en la erosión del sentido de lo común. En otras palabras, lo que se ha debilitado es la ética del compromiso con la verdad, el bien, la responsabilidad y la justicia.

En una sociedad que premia la viveza, que aplaude al que “se las arregla”, que tolera o justifica la falta aparentemente menor si “todos lo hacen”, no debe extrañar que la frontera entre lo correcto y lo ilícito se difumine. La licencia falsa no es más que un síntoma: lo que la habilita es una mentalidad ciudadana que relativiza principios valiosos en favor del beneficio individual espurio inmediato.

¿Y qué decir de aquellos profesionales de la salud que, traicionando su vocación y juramento, participan activamente en este circuito? ¿O de empleadores que, sabiendo, callan para evitar conflictos? ¿O del silencio cómplice de colegas y familias? ¿O del aparato estatal que, durante años, miró para el lado? El problema es colectivo.

La ética no es un accesorio estético para tiempos de calma, sino el cimiento indispensable para la convivencia y la confianza. Sin ética pública y privada, el tejido social se desgasta hasta la desintegración. Cuando el engaño se vuelve cotidiano, no hay ley ni institución que lo contenga.

Por eso, esta crisis exige más que declaraciones: urge la adopción de medidas legales punitivas severas, una mejora sustantiva en los procedimientos y un rediseño de los controles. ¡Y una tarea explícita de cambio cultural! No se trata solo de eficiencia, sino del bien común.

La oportunidad que esta penosa realidad presenta debe asumirse como una tarea de unidad nacional. Está en juego el porvenir del país: o corregimos el rumbo o nos adentramos en un proceso de corrupción irreversible. El tiempo para actuar se agota.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero el sábado 31 de mayo de 2025.

                                                                                                                                                              Por  Humberto Julio Reyes

                  Probablemente usted, estimado lector, pensará al leer este título que dedicaré las próximas líneas a analizar, sin ser sicólogo, la personalidad de algunos personajes en cuyas manos está el destino de miles o quizás millones de habitantes de nuestro planeta.

                  Sí y no.

                  Sí, porque aludiré a dirigentes mundiales como Putin y Kim Il Sung, sin olvidar a Trump.

                  No, porque al carecer de formación en el campo de la sicología y ser más bien un lector de noticias que intenta analizarlas, sólo puedo sacar conclusiones por lo que hacen o anuncian que harán:

                  Por sus obras los conoceréis.

                  Siendo así, parece fácil concluir que los nombrados presentan síntomas de padecer, en mayor o menor medida, desórdenes mentales que pueden considerarse paranoia y megalomanía.

                  Algunos rasgos pueden ser más acusados que otros, pero postulo que son habituales en personas que detentan el poder, en particular si no están sujetos al escrutinio democrático o intentan burlarlo.

                  No se piense en todo caso que estos desórdenes mentales pueden afectar exclusivamente a quienes detentan un gran poder.

                  También a quienes, a un nivel más modesto, confunden la oposición política con enemigos jurados y se sienten en condiciones de plantear desafíos que los superan.

                  Son los delirios de grandeza que pueden marear al que alcanza alturas desproporcionadas a sus capacidades y que llevan a recordar la película “El rugido del ratón”, parodia de una dramática producción de tiempos de la guerra fría.

                  Lo primero es el “mal de altura”, propio del engreído circunstancial y lo segundo es lo que lleva a mezclarse en peleas de perros grandes, inolvidable frase pronunciada por don Sergio Onofre Jarpa en un debate televisivo del tiempo de la UP, para poner en su lugar a un “quiltro” que intentó terciar.

                  Mucho de narcisismo y egocentrismo conviven en la convicción de alguien que pretende “desfacer un tuerto”, adoptando medidas aparentemente inconsultas y que resultarán inútiles para ese propósito o incluso perjudiciales para otros intereses que se deben cautelar.

                  En ello pueden confundirse principios con preferencias o gustos personales; los primeros para justificar lo segundo y que resulta fácil descalificar si no se actúa en forma coherente con los principios esgrimidos.

                  Podría haber dejado hasta aquí esta columna, pero, el anuncio de la última cuenta pública de la actual administración me sugirió esperar a conocer en qué terminará, por ahora, el distanciamiento del gobierno de Israel emprendido con tenacidad por el presidente Boric, arrastrando el poncho, como diría alguien acampado.

                  Escuchada la cuenta, aunque sólo parcialmente, puedo confirmar que, aunque no se anunció la ruptura de relaciones, tema con el que había especulado, las críticas expresadas por el presidente confirman que está muy satisfecho con sus propias actuaciones y, respecto a un efecto adverso para la defensa nacional, ésta debiera diversificar sus proveedores, asunto que da para otra columna.

                  Como decía un opinante en un chat: “parecía un niño después de haber hecho una maldad”.

                  Finalmente, la guinda de la torta:

                  Ha anunciado que Punta Peuco dejará de estar dedicado exclusivamente a quienes cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos, llamadas equivocada e intencionalmente “delitos de lesa humanidad”.

                  Basta recordar que en 1995 el gobierno de la época creó este penal para albergar dos connotados condenados y que, a medida que ha transcurrido el tiempo y se han multiplicado las condenas, ha llegado al tope de su capacidad, sumándosele un abarrotado anexo en Colina 1 y varias cárceles comunes a lo largo del país.

                  Se comprendería una medida como la anunciada si una progresiva subutilización  permitiera el traslado desde otras cárceles, pero ello no ocurre y la perspectiva es que, producto de la diligencia de los tribunales, ello no se produzca y probablemente se agrave.

                  ¿Cuál es entonces la lógica detrás de este anuncio, que no sea atizar el “ni perdón ni olvido”?

2 de junio de 2025

Opinión del abogado Adolfo Paúl

2 junio, 2025 en 22:05

En un programa de televisión en el que se estaba comentando el fallo condenatorio que el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís —presente en el panel— había dictado en contra del general Manuel Contreras Sepúlveda por el delito de secuestro del militante del MIR Miguel Ángel Sandoval, ocurrido hacía cerca de treinta años, el panelista Hermógenes Pérez de Arce le dijo: “Oiga ministro, pero ese delito estaba amnistiado y prescrito”. Solís respondió: “Usted comprenderá, dicté el fallo, lo confirmó la Corte de Apelaciones, lo revisó la Corte Suprema y todos estimaron, igual que yo, que no era ni amnistiable ni prescriptible; el secuestro es un delito permanente, de modo que mientras no aparezca o se acredite la muerte de la víctima, se supone que el delito se sigue cometiendo: es una ficción jurídica, no estoy diciendo que la realidad se esa”.
Lo dicho por Solís significa que para condenar a un militar no es preciso probar el delito, basta fingirlo.
En dicho programa Solís reconoció que se había inventado una ficción que permite condenar a prisión a militares que combatieron la subversión y el terrorismo en Chile, por supuestos delitos que no solo no han sido acreditados, sino que están prescritos y amnistiados. Es así como, actualmente, están cumpliendo penas de cárcel cientos de ancianos inocentes, octogenarios y enfermos, catalogados como un peligro para la sociedad.
Hasta el día de hoy, ante la vista y paciencia de toda la ciudadanía —que, indolente e impertérrita, observa tamaño disparate— los militares son condenados por el delito de “secuestro calificado”, sin la más mínima prueba que sugiera la existencia de algún individuo que se halle secuestrado.
Atentan contra la racionalidad, el buen criterio, la verdad y el sentido común, aquellas resoluciones judiciales que establecen que una determinada persona permanece secuestrada desde el año 1973 hasta la fecha actual, en circunstancias que, además del largo tiempo transcurrido, no hay prueba alguna que indique que ello sea efectivo.
Así, habiendo transcurrido más de cinco décadas de ocurridos los supuestos hechos delictivos, son innumerables las sentencias en las que los jueces, sin haber acreditado el delito —en forma descarada y sin el más leve asomo de rubor, contrariando la verdad y el sentido común, pues todo el mundo sabe que es mentira— dictan sentencias condenatorias por el delito de “secuestro calificado” —un delito común, que prescribe; no un delito de lesa humanidad— en las que dicen, por ejemplo: “siendo retenida en contra de su voluntad a partir del 13 de septiembre de 1973, prolongándose esta situación hasta el día de hoy”.
No es razonable dar por secuestrada a una persona que estuvo detenida porque no ha sido ubicada o no ha sido localizado su cadáver, después de cuatro décadas desde la fecha en que se dejó de tener noticias de ella. Falta la verosimilitud de la persistencia de la situación ilícita dado el tiempo transcurrido y el contexto en que se produjo la desaparición de un sujeto. La circunstancia de que tantos años después continúe ignorándose de él, son de por sí suficientes para concluir razonablemente que fue privado de su vida o que está en libertad, pero no secuestrado.
Son cientos los militares que por esta canallada de la ficción jurídica del secuestro permanente han sido condenados a severas penas de presidio y han estado muchos años en la cárcel por un delito que no han cometido; lo que constituye una atrocidad judicial, un atentado brutal contra la ley, la racionalidad, la verdad, el sentido común y la justicia; atrocidad que solo puede ser cometida por personas perversas.

Adolfo Paúl Latorre
Abogado