Carta enviada a El Mercurio

Señor Director:
Respecto a la carta del Dn Juan Carlos Manríquez Rosales, abogado de  Marco Enríquez Ominami, donde manifiesta que el sistema procesal penal instaurado en Chile desde el año 2000, basado “en los principios de un actuar objetivo de la fiscalia, igualdad de armas, contradictoriedad y bilateralidad, además de buena fe procesal”, con control horizontal de los intervinientes y con un juez imparcial donde fiscalía y defensa se presentan como iguales, reclamando finalmente que es misión irrenunciable de la defensa el “hacer pasar por el test de legalidad y pertinencia en todo momento cada acción de quien ejerce el poder penal del Estado, cuando con su conducta afecta los derechos del ciudadano”, es justamente lo que por años vienen solicitando miles de militares en retiro, procesados y/o condenados por hechos acaecidos hace más de 43 años, bajo un sistema procesal penal derogado en Chile, carente de garantías procesales, de carácter inquisitorial, que presume al acusado culpable y que se continúa aplicando a los uniformados, acusados muchas veces con pruebas o testimonios tan febles que en el nuevo sistema procesal penal no habrían tenido cabida.
Ni hablar de la prescripción del delito y la amnistía que se aplicó solo militantes de movimientos de izquierda acusados o condenados por terrorismo, ni de los procesos por lessa humanidad que se aplica a los militares, basado en el Tratado de Roma firmado por nuestro país el año 2009, pero que se aplica en Chile con efecto retroactivo…  Una barbaridad que sólo se ve en nuestro país.

Roberto Hernández Maturana