Caso Guzmán: el proceso en perspectiva

El carácter político de algunos conflictos hace que los procesos judiciales discurran de un modo que se aparta de lo habitual, y que tanto el comportamiento de los diversos actores como la interpretación misma de las leyes presenten características inusuales…

El homicidio terrorista del senador Jaime Guzmán y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar tienen evidentes diferencias, pero desde la perspectiva del presente, algunos aspectos en común. Uno de estos últimos consiste en que los procesos y condenas judiciales a que dieron origen estos delitos continúan vigentes. Por tal razón, estos procesos y la ejecución de las respectivas sentencias constituyen en Chile -igual como ha pasado en otros países- una de las principales formas de asimilar y superar la historia política reciente.

Este carácter marcadamente político de los conflictos hace que los procesos judiciales discurran de un modo que se aparta de lo habitual, y que tanto el comportamiento de los diversos actores como la interpretación misma de las leyes presenten características inusuales. Para algunos, se trata de indeseables e injustas distorsiones derivadas de una impropia “politización” de la justicia. Para otros, en cambio, estos efectos se corresponden con algunas de las funciones que el proceso penal estaría llamado a cumplir en cualquier sociedad. Como sea, es fundamental ser consciente de lo que ocurre en este tipo de casos y enjuiciar tanto las conductas de los jueces e intervinientes como las interpretaciones de la ley a la luz de parámetros de racionalidad y aceptabilidad democrática. Si el aplicador del derecho está llamado a ponderar distintos principios, es crucial que esta ponderación ocurra de un modo transparente y riguroso, poniendo sobre el tapete los criterios de valoración, el peso específico que se les atribuye y la probabilidad que se asigna a su realización.

En la asimilación y superación de la historia reciente a través del sistema jurídico, la ponderación también debe tener en cuenta el tratamiento que se ha dado a otros casos de similar significación política, en especial cuando se trata de procesos emblemáticos para bloques políticos contrapuestos o con visiones diversas sobre el significado de esa historia. Si quiere ser instrumento de unidad y reconciliación, el sistema jurídico no puede entregar resultados muy diferentes para estos casos, una vez que ha optado por asumirlos en toda su complejidad. Si no lo hace, producirá una fractura social aún más profunda al respaldar una de las visiones políticas de la historia, en perjuicio de la otra. Antes de llegar a este escenario de confrontación y desconfianza sería preferible que el sistema jurídico se abstuviera y devolviera el conflicto o una parte de él al sistema político, para que este lo resuelva, por ejemplo, por vía legislativa, como se ha sugerido para la situación de los enfermos terminales en la cárcel, teniendo en perspectiva a los presos de Punta Peuco.

Los desafíos del sistema jurídico chileno en estas materias van, en efecto, desde la situación de algunos internos gravemente enfermos en Punta Peuco hasta la aplicación de la atenuante extraordinaria de “media prescripción” en el caso Guzmán. Salvando todas las distancias y diferencias jurídicas, la resolución de estas materias resulta extraordinariamente sensible para la reconciliación de los chilenos respecto de su historia reciente y lo ideal sería mantenerlas al margen de la lucha política contingente.

Publicado por Editorial de El Mercurio