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Ronald Ojeda estaba hace semanas en Chile con asilo político. Video mostraría a los supuestos secuestradores.
Cercanos al retirado militar apuntan al Gobierno de Venezuela. El hombre tuvo un alto cargo en el Ejército y estaba con asilo político en Chile.
Miércoles, 21 de febrero de 202416:11 hs
Una grave denuncia tiene trabajando de cabeza a las policías y autoridades del Gobierno de Chile en las últimas horas. Un retirado miembro del Ejército de Venezuela habría sido secuestrado en Santiago.
De acuerdo a Radio Bío Bío, se trata del teniente coronel (r) del Ejército de Venezuela, Ronald Ojeda Moreno, a quien el Gobierno de Gabriel Boric le otorgó asilo político en diciembre recién pasado.
Según los antecedentes del citado medio, un grupo de desconocidos, con acento venezolano, irrumpió este miércoles en el departamento que el exuniformado arrendaba en la capital. Se habrían hecho pasar por funcionarios de Migraciones.
Desde entonces nada se sabe de su paradero y la familia presentó una denuncia por secuestro, activando así un amplio operativo de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público.
Una teoría que entregaron los cercanos a Ojeda, habría preocupado a las autoridades. Según reportó el medio radial, sospechan que podría tratarse de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del Gobierno de Nicolás Maduro.
Sin embargo, tampoco descartan que se trate de alguna acción del crimen organizado.
El teniente coronel en retiro solicitó asilo en Chile luego que el Gobierno de Maduro lo degradara, acusándolo de operar en contra de la cúpula del Ejército de ese país.
En redes sociales circuló un video que mostraría a los supuestos captores de Ojeda. El expreso político venezolano, Iván Simonovis, difundió las imágenes apuntando a las autoridades de la administración de Maduro.
Ex militar venezolano asilado en Chile
Jorge Molina Sanhueza
22/02/2024 – 06:00
Un ex teniente del ejército venezolano asilado en Chile, fue sacado en ropa interior desde su residencia por sujetos disfrazados de PDI. En las redes se apuntó a un grupo de inteligencia bolivariana. Hubo un amplio despliegue; contactos entre la policía civil y uniformada y a eso de las 4.30 am, un vehículo fue hallado. En el maletero habían chalecos antibalas y un cargador. El auto no tenía encargo por robo. El subsecretario del Interior dijo que no descarta ninguna hipótesis.
“EN FORMA INMEDIATA ACTIVAR CONTROLES VEHICULARES EN RUTAS Y FRONTERA (NORTE CENTRO Y SUR)”. Esta fue la orden que recibió Carabineros a nivel nacional, luego de confirmar que el ex militar venezolano y asilado en Chile, Diego Ronald Ojeda, había sido secuestrado desde su domicilio ubicado en Independencia, por tres sujetos que se hicieron pasar por funcionarios de la PDI a eso de las 3.am.
Antes de esa orden, la policía uniformada respondió a un llamado al 133 y llegó hasta un edificio ubicado en el pasaje El Molino, donde entrevistaron a una mujer que se identificó como su pareja, quien relató los pormenores.
Acto seguido, los hombres verde oliva concurrieron hasta el cuartel Borgoño de la PDI, donde se entrevistaron con el oficial de guardia, quien confirmó que su institución no realizó ningún procedimiento en la zona.
Mientras eso ocurría, desde la Jefatura de Zona Metropolitana, señala el parte, “se dispuso el levantamiento de cámaras y empadronamiento de testigos (…) logrando establecer la patente del móvil donde se movilizaban los individuos”.
En la frenética búsqueda, un Nissan Versa 1.6, bencinero, gris metálico, apareció abandonado en la intersección de la Autopista Central a la altura de General Velásquez. En el maletero, había “un chaleco antibala con un parche de la PDI, 2 cascos balísticos y un cargador con munición nueve milímetros”.
En ese momento todas las hipótesis estaban abiertas, pero hubo un hecho que llamó la atención: el vehículo no tenía encargo por robo, al menos hasta ese momento.
De acuerdo a la información obtenida por Interferencia, el vehículo pertenece a MH, una mujer sin redes sociales -hasta el cierre de esta edición avecindada en Santiago Centro- y un empleo en el Ministerio de Bienes Nacionales que data de 2013.
De acuerdo al certificado obtenido en el Registro Civil, figura casada con Francisco Párraguez.
Este último, desde Argentina, explicó que está separado y que la PDI concurrió al domicilio de su ex esposa, donde habrían constatado que el vehículo estaba en el estacionamiento “con sus patentes instaladas y se retiraron”.
La mujer, indicó, no se encontraba en su domicilio porque está de vacaciones en el sur.
A su juicio, el alcance en el número de la patente usada en el secuestro del ex militar venezolano, es que fue clonada, insistió. “Eso tendrá que explicarlo la justicia”, precisó.
Parraguez perteneció al partido Izquierda Ciudadana e incluso fue candidato a diputado, pero hoy, aseguró, se dedica al ejercicio de su profesión.
Crisis
Cuando el caso comenzó a recorrer las redes sociales a través de un video, el ECOH de la fiscalía y la unidad antisecuestros de la BIPE de la PDI, ya estaban detrás de los plagiadores que, en todo caso desplegaron un alto nivel logístico y operativo, dicen quienes conocen de las pesquisas.
Lo grave es que en las RRSS aparecía como responsable del plagio la Dirección General de Contrainteligencia Militar bolivariana y la expresión “incursión militar” en suelo nacional, se convirtió en parte del habla, en medio de la crisis en desarrollo que enfrenta el gobierno.
La indagatoria fue declarada secreta -como todas las causas de secuestro- a cargo del fiscal sur Héctor Barros, encargado en la Región Metropolitana de actos con características de crimen organizado, mientras que los departamentos de comunicaciones de la PDI y el Ministerio Público informaban con prudencia las preguntas de la prensa o más bien solo lo justo y necesario.
Cuando el caso comenzó a recorrer las redes sociales a través de un video, el ECOH de la fiscalía y la unidad antisecuestros de la BIPE de la PDI, ya estaban detrás de los plagiadores que, en todo caso desplegaron un alto nivel logístico y operativo, dicen quienes conocen de las pesquisas.
El contexto político venezolano inflaba la investigación, porque Ronald Ojeda es acusado en el país de Maduro de conformar un grupo de militares que -supuestamente- estaban detrás de un golpe de estado. Al mismo tiempo, en 2017, Ojeda se habría escapado después de atestiguar ante un tribunal a raíz de una investigación que lo mantenía preso en la cárcel especial para uniformados conocida como Ramo Verde, cercana a Caracas.
La suma de antecedentes derivó ayer en una reunión con carácter de urgente a fines de la tarde, entre la ministra del Interior, Carolina Tohá; el canciller Alberto Van Klaveren y el Ministro de Justicia Luis Cordero para analizar los alcances políticos y diplomáticos del tema. Y esto porque de comprobarse una “incursión militar”, abriría las puertas a escenarios que incluso podrían llegar -hipotéticamente- a la ruptura de relaciones con Venezuela.
Esta prognosis política, dicen fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, se produciría si eventualmente, Ojeda apareciera con vida en Venezuela y la dictadura bolivariana lo exhibiera como un trofeo de “recuperación” de conspiradores.
Prueba de vida
Aunque hasta ahora el hecho no está rotulado como un acto delictivo del crimen organizado, entre expertos en inteligencia surgen variadas hipótesis. Van desde el autosecuestro para generar impacto (la menos probable), pasando por vínculos con la mafia venezolana y por cierto que sea una orden proveniente del régimen de Maduro.
Es más, especulan que el secuestro pudo ser encargado a terceros que sí podrían estar vinculados a organizaciones delictivas que no necesariamente podrían ser bolivarianas. O en lenguaje empresarial, tercerizar el servicio.
Como sea, el asunto se instala para La Moneda como un elemento de gravedad superior en medio de la crisis de seguridad y el combate en contra de las agrupaciones criminales transnacionales que operan en Chile; en particular las venezolanas como el Tren de Aragua y sus derivadas que han tejido sus redes desde la macrozona norte hasta Puerto Montt.
Durante la noche el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS) dijo que el Ejecutivo no descarta ninguna hipótesis. Al menos, ninguna que cobre sentido.
Al cierre de esta edición, dijeron fuentes cercanas al caso, los secuestradores no han pedido rescate y los expertos consultados, no ven con buenos ojos el fin de esta historia.
(*) Esta nota fue actualizada a las 14:18, con la versión entregada por el abogado Francisco Parraguez, a quien se le identificó en primera instancia como “FP”.
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