Editorial “El Mercurio de Santiago, 24 de Septiembre de 2017

La Presidenta Bachelet ha rechazado los cuestionamientos a la decisión del Gobierno de apoyar el proyecto que termina con el secreto de los testimonios entregados a la Comisión Valech. Como fundamento, señaló las peticiones formuladas en ese sentido por parte de organismos internacionales y del Instituto de Derechos Humanos. El planteamiento arriesga, sin embargo, eludir el verdadero punto en debate. Si personalidades de indubitado compromiso con la justicia y los derechos humanos, como el abogado José Zalaquett, han calificado como un error la decisión de la Presidenta, ha sido por una cuestión de honda implicancia: ella supone romper un compromiso adquirido por el Estado chileno con las víctimas, a quienes se garantizó condiciones de reserva para prestar sus testimonios,  atendida la naturaleza de los vejámenes sufridos. Ningún organismo internacional ni tampoco una entidad como el INDH, podría obligar al Estado a incumplir esa promesa, sancionada primero en un decreto y luego en una ley. No hay por lo demás un pretendido afán de impunidad involucrado, desde el momento en que las propias personas pueden libremente, si así lo determinan, concurrir a los tribunales y entregar a estos los mismos antecedentes aportados a la comisión. Abusivo sería en cambio que a quienes confiaron en la confidencialidad ofrecida se les imponga ahora un paso que muchos -atendidas personalísimas y comprensibles razones- no han querido dar.
El haber rebajado la urgencia del proyecto parece una decisión sensata, pero igualmente llama la atención la insistencia de las autoridades en el punto de fondo, pese la división que suscita en el propio oficialismo y al hecho de que sus figuras más destacadas, como el ex Presidente Ricardo Lagos, han entregado justificados argumentos para oponerse.
Similar actitud pertinaz se refleja en otras actuaciones del Ejecutivo. Un ejemplo es la distancia expresada por el Gobierno frente al anuncio de un grupo de sus senadores de presentar un proyecto para posponer la vigencia de disposiciones de la llamada Ley de Inclusión Educacional. Tratándose de una norma que está ocasionando dificultades objetivas en todo el sector subvencionado, no parece esa la respuesta de autoridades efectivamente abocadas a resolver los problemas reales del país, acogiendo inquietudes y aportes formulados desde las propias bancadas oficialistas.
Más allá del valor de los símbolos, es en la capacidad de atender las urgencias ciudadanas y responder con eficacia a los desafíos que plantea diariamente la tarea de gestionar