Cuatro recursos de protección fueron presentados por un grupo de nueve uniformados en retiro del Ejército, Armada y Carabineros, recluidos en el penal Punta Peuco. Ellos denunciaron ser víctimas de un trato desigual por parte del Tribunal de Conducta de ese recinto.

Dicho tribunal tiene la facultad de calificar a los internos en base a su conducta, así como también incluirlos en talleres, cursos y trabajos. En base a estos antecedentes, Gendarmería los cataloga en lista uno y lista dos.

El recurso presentado en la Corte de Apelaciones fue interpuesto por el abogado Maximiliano Murath. Explicó que sus representados fueron notificados el 5 de mayo de su inclusión en la “lista dos”, aún cuando, detalla, participaron en talleres, tuvieron buena conducta y han cumplido el “tiempo mínimo exigido”. Murath puntualiza que la decisión del Tribunal de Conducta de Punta Peuco se aplicó “arbitrariamente”.

La actitud de Gendarmería es inexplicable, ya que el 30 de junio envió cuatro informes reservados al tribunal de alzada. Entre otros puntos, dice que los reos tienen un “bajo compromiso delictual” y que “corresponde a la Comisión de Libertad Condicional la facultad exclusiva de resolver la concesión o no del beneficio”.

Esta situación se arrastra desde hace años y representa un entredicho a la igualdad ante la ley de todas las personas en nuestro país.

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