LA DESTRUCCION EN CIERNES.V.

La última “joyita de la Convención”

Toribio pretende contribuir a no darse la lata de leer hasta ahora las 109 páginas del borrador del proyecto Convencional, poniéndose a la cabeza de las constituciones más largas del mundo. Lo anterior, le recuerdan sus tiempos de profesor en la ACAGUE, en que muchos alumnos creían que mientras más voluminoso fueran sus trabajos obtendrían mejor nota, lo que por lo general no se daba.

Esta joyita era lo que faltaba para arruinar la república, un nuevo ladrillo para seguir construyendo la casa de algunos privilegiados -el indigenismo desbordado- a través del sistema de justicia propuesto que desbarata al Poder Judicial, uno de los poderes fundamentales del Estado para mantener y fortalecer la democracia.

Desde los tiempos más remotos los estudiosos del tema, independiente de sus variadas interpretaciones coinciden en que el concepto de Justicia está constituido por una serie de valores esenciales para el desarrollo humano: En el Antiguo Testamento  (A.T.) el actuar justo era de la naturaleza de Dios, siendo necesario restaurar la equidad desestabilizada; en el N.T. la justicia es la relación personal que Jesús da a cada uno, para transformar sus vidas y sus relaciones; en el antiguo Medio Oriente era la relación justa entre los seres humanos y con Dios, una realidad esencial; para los griegos era un forma de dar a cada uno lo suyo; y para los romanos la justicia era la constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno sus derechos» Hoy se define como un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado: El respeto, la equidad, la igualdad y la libertad, los que sin embargo, son abiertamente manipulados, mutilados e ignorados en este proyecto.

Toribio deja para los letrados las críticas debidamente fundamentadas, lo que no obsta que como ciudadano de a pie desde el sentido común critique aspectos formales y se aventure en algunos de fondo. Este capítulo prosigue en forma inclaudicable con la omisión de las palabras nación y república, mencionando enm su lugar “pueblos”, en que la función jurisdiccional se ejercerá por los tribunales de justicia y de las autoridades de los pueblos indígenas, que coexistirían en un plano de igualdad en el Sistema Nacional de Justicia, que a este momento sumarían diez o más si continúan escarbando entre las raíces, no descartando que los descendientes de afro constituyan uno más. Los  cerebros contaminados de indigenismo y de dividir a nuestra nación eminentemente mestiza son capaces de cualquier otra estupidez. Este isleño piensa seriamente en constituirse como pueblo originario, para gozar en pleno de los privilegios que le otorga el sistema judicial propuesto así como de otros, por de pronto de la propiedad de la isla en que habita.

¿Se imaginan la justicia impuesta por los, las y les dirigentes  – la resolución de los jueces debe ser en lenguaje claro e  inclusivo– como sería la que impartirían la machi Lincolao, Celestino Córdoba, Aucán Huilcamán, los dirigentes de la CAM, Resistencia Lavkenche y otros grupos terroristas ?

Irrecusablemente, en la función jurisdiccional del borrador debe observarse el principio de paridad y perspectiva de género para garantizar la igualdad sustantiva, lo que por sí desconoce la propia acepción a dicho concepto que es el acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, dando en cambio lugar a privilegios que escapan al concepto de igualdad y equidad; y lo que es más grave aún, es la consideración especial que deberán observar jueces y funcionarios en el tratamiento a los pueblos indígenas. Por otra parte, la “paridad” no hace otra cosa que menospreciar las capacidades de las mujeres, limitándolas a una paridad con los varones pues han dado probadas muestras de superar a estos en un mismo campo de acción y bajo las mismas exigencias.

Los “illuminates” de la Convención en busca de la refundación del Estado y establecer un gobierno totalitario, han aprobado que el Sistema Nacional de Justicia –que sustituye al capítulo del Poder Judicial- estará integrado por la Justicia Vecinal, los Tribunales de Instancia, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, siendo materia de una futura ley la competencia de los tribunales y la dotación de jueces. En cada comuna existirá además Centros de Justicia Vecinal, lo que sin duda serán bocados para quienes ejerzan el poder en la comuna. Asimismo cada 5 años la gestión de los tribunales estará sometida a la revisión por el Consejo de la Justicia, que incluirá audiencias públicas, lo que por supuesto dará lugar a que la calle dominada por los comunistas y neo marxistas “gozarán como …en agua tibia”, a sus anchas. (Toribio se puso profano)

Este Consejo asumirá el papel de Temis o Lustitia, pero sin vendas en los ojos, por cuanto deberá considerar en el ejercicio de sus atribuciones la paridad de género, equidad territorial y plurinacionalidad; estará compuesto por 17 individuos, de los cuales tan solo 8 serán jueces; dos funcionarios del Sistema Nacional de Justicia, sin precisar requisitos; dos elegidos por los pueblos indígenas que se hayan destacado por la función pública o social. Toribio mal pensado, cree que la machi Lincolao, detenida por su participación en el asesinato del matrimonio Luchsinger- Mackay y Elisa Loncón son candidatas fijas; y 5 elegidos por el Congreso a través del Consejo de A.D.P. Es decir todas las garantías para que personas no calificadas, carentes de conocimientos, faltos de experiencia y abiertamente politizadas, juzguen el actuar de los tribunales de justicia y jueces. Este sistema estará muy lejos de erradicar lo observado en el último tiempo en la designación de jueces según los colores políticos y poner término al “besamanos”, incrementando el partidismo en la designación de sus miembros.

Todo lo anterior son razones fundamentales para votar RECHAZO

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

La posibilidad de triunfo del Rechazo

Sergio Muñoz R.

Es real la posibilidad de que el “Rechazo” triunfe en el plebiscito del 4 de septiembre sobre el proyecto de Constitución que saldrá de la Convención. Y sucede que hace apenas dos meses, las encuestas mostraban una amplia ventaja del “Apruebo”, la que pareció verse reforzada por la elección de Gabriel Boric. ¿Qué pasó, entonces? Pues, que se empezaron a conocer los acuerdos de la Convención, y se hizo evidente para amplios sectores la amenaza de extravío, retroceso y decadencia del país. Ha sido vertiginoso el desencanto de quienes creyeron que del proceso iniciado el 15 de noviembre de 2019 iba a salir algo positivo.

Sobran los motivos para oponerse a un texto que no está concebido como Constitución de la República de Chile, sino como programa de la izquierda arcaica. Han sido ilustrativos el sectarismo, la soberbia y el autoritarismo de los controladores de la Convención, embriagados por la sensación de que están refundando Chile. Ha quedado en evidencia que numerosos convencionales simplemente no creen en la democracia representativa. Ni en el universalismo de los DD.HH. Ni en la igualdad ante la ley.

¿Podría haber terminado de otro modo este proceso si fue concebido bajo el chantaje de la violencia? Hay quienes aún lo creen, y se esfuerzan por explicar cuál era “el verdadero significado” del 80% del plebiscito de entrada, cuando la mayoría de los ciudadanos creyó que era la forma de asegurar la paz. Qué dura lección nos queda. La Convención fue un experimento perfectamente inútil, que incrementó la incertidumbre y metió al país en un laberinto.

Se especula ahora sobre lo que podría venir si triunfa el “Rechazo”. Incluso Boric dio la impresión de ponerse el parche antes de la herida al decir que el gobierno estaba considerando todos los escenarios. Como sea, es preferible que los líderes políticos no se pongan demasiado creativos. El país no puede salir de un atolladero para meterse en otro. Por desgracia, es lo que podría ocurrir si prosperan cosas tan extravagantes como… ¡elegir otra convención! O proponer una segunda boleta, una tercera vía u otras ocurrencias, todo lo cual demandaría nuevas reformas constitucionales. No tiene sentido. Hay que priorizar la estabilidad institucional y, por lo tanto, hacer los máximos esfuerzos para que el país no se deslice hacia una crisis mayor que nadie desea. Ojalá lo entienda el gobierno.

No estamos en tierra de nadie y, para no tropezar de nuevo, solo nos sirve la legalidad democrática. Por lo tanto, corresponde que el Congreso se encargue de encauzar, junto al Presidente, el debate sobre los cambios constitucionales. Lo primero es examinar rigurosamente lo que hemos construido en muchos años. Y luego, precisar aquello que necesitamos conservar y aquello que es sensato cambiar. Esa es la vía que sostiene el pacto de las libertades y protege el interés nacional.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera, el miércoles 4 de mayo de 2022.