Chile bajo reclamación

Por Pilar Molina 

Si la Constitución propuesta es aprobada, tendremos una lenta agonía en todo Chile. No se trata de una bomba, sino que de muchas bombas que los convencionales se han asegurado que exploten a lo largo del tiempo y en todo el territorio nacional. A pesar de que la política de compra de tierras en la Araucanía ha sido un fracaso, la están expandiendo de la peor manera hacia todo el país, desde Arica a Magallanes.

Cuando en los 90 se creó la política de compra de tierras, había 600 comunidades mapuches reclamando menos de 50 mil hectáreas de deuda histórica avalada por títulos de merced. Hoy se han entregado cerca de 250 mil, las comunidades se han multiplicado hasta las 4 mil y no sólo no llegó la paz, sino que a poco andar surgieron los movimientos terroristas que reclaman más y más territorio y la independencia del Estado de Chile, pero no de sus recursos.

Este problema, que ya se ha traducido en delincuencia, violencia diaria y muertes en cuatro regiones del sur con influencia mapuche, se multiplicará de la mano de otros 10 pueblos originarios (la Convención reconoció un undécimo y, además, a los afrodescendientes). Ellos podrán reclamar recursos y territorios porque el pleno aprobó que se reconoce el derecho de los pueblos y naciones indígenas “a sus tierras, territorios y recursos”. Pero consagró además la recuperación vía expropiaciones, señalando su derecho a que “la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general”, criterio éste que justifica la expropiación, pagada “a precio justo”.

Ni los recursos ni las tierras cuyos derechos podrán disputar fueron definidos por los convencionales. “Se trata de una deuda sin límite entre indígenas y los chilenos que sean requeridos para restitución por uno y otro pueblo”, como señala el convencional Alfredo Moreno. Pueden ser interpelados los pescadores artesanales de caletas reivindicadas por quienes dicen ser changos en la costa norte o que 3 millones de chilenos de los alrededores de los ríos Copiapó, Huasco y Elqui sean demandados por los diaguitas que se consideren dueños de esos cursos fluviales. Puede tratarse de reclamaciones de las minas del norte, o puertos y yacimientos de hidrocarburos en el sur. ¿Podrían los mapuches buscar ser compensados por el  80% no indígena que vive en La Araucanía o reivindicar Santiago, como advirtió una convencional? En todo Chile habitaron indígenas, es cuestión de ir reconociendo a sus supuestos descendientes como pueblos-naciones para que surjan nuevas demandas.

“¡Las tierras robadas, serán recuperadas!”, coreaban los convencionales indígenas festejando la restitución de tierras como derecho constitucional el día de la votación. Hay 927 comunidades mapuches calificadas para recibir tierras y el Gobierno estaría dándole solución a unas 30 o 35, aumentando y reasignando recursos este año, según anunció la ministra de Desarrollo Social. Jeanette Vega, sin embargo, ya ha recibido presiones de comuneros para reemplazar el lento y burocrático mecanismo de compra de tierras por el de expropiación que quedó instalado a nivel constitucional. Es obvio, como lo han reconocido expertos indígenas, que esta herramienta va a incentivar la ocupación ilegal en todo Chile, la cual, de la mano de la violencia, sólo expande temor, ahuyenta las inversiones y sumerge a la población en la pobreza.

Los conflictos serán pan de cada día, porque la frustración será proporcional a las expectativas truncadas e inabordables en esta nueva nación definida como plurinacional por la Convención Constitucional. Se levantarán litigios por superposiciones de las autonomías (regionales, comunales, indígenas), de los derechos (indígenas versus los del casi 90% restante); la administración de justicia (los sistemas de los pueblos indígenas versus el Sistema Nacional de Justicia para los demás), o por los escaños reservados en todos los organismos colegiados que rompen con la igualdad ante la ley.

Proponen la Constitución más indigenista que ningún otro país del continente. Hasta unos días atrás, mencionaba 66 veces la palabra “indígena”, solo 8 veces “chileno” y 13 veces “mujer”. El jueves último faltaron solo 3 votos para que el pleno de la Convención aprobara por 2/3 el derecho a la transhumancia, que permitiría, por ejemplo, a los aymarás o a los mapuches la libre circulación, comercio y compartir todo en sus autonomías indígenas a este lado de la frontera con sus pares de Bolivia y Argentina (el sueño de Evo Morales, ¿llegar el Pacífico?).

Pero lo claro es que esta Convención se desvió del camino de pagar la supuesta deuda con los pueblos indígenas. Como denunciaron convencionales de centroizquierda, los del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Colectivo Socialista resolvieron dar este gran paso de hundir a Chile en un conflicto eterno y alejarlo del desarrollo por generaciones a cambio de obtener los 17 votos de los escaños reservados para refundar el sistema político.

Alto precio, ¿no? Sobre todo que no habrá gobernabilidad posible en un país incendiado por reclamaciones amparadas por la Constitución.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el sábado 14 de mayo de 2022.

Las razones para decirle que No a la Convención

Por Sergio Muñoz R. 

Las imágenes jubilosas de los convencionales de la refundación cada vez que conseguían los dos tercios para aprobar los artículos del proyecto de nueva Constitución, han sido reveladoras del estado de exaltación en que han vivido desde julio pasado, entusiasmados con la posibilidad de rearmar Chile a su entero gusto.

Han estado instalados en un microclima, a lo cual incluso contribuyó la atmosfera de trascendencia histórica creada al ocupar el edificio del viejo Congreso. Tanto el gobierno anterior como el actual alentaron el delirio de grandeza.

Desde el primer día, la Convención fue el escenario de una especie de clímax de la izquierda populista y arcaica, a la cual ya no la mueve el deseo de superar las diferencias de raza, sexo, clase social, creencias religiosas, con vistas a promover el principio de ciudadanía y los valores universales propios de la modernidad, sino la búsqueda de la segmentación identitaria, de la división nacional, de la segregación falsamente altruista.

En el fondo, oportunismo y cálculos de poder. Las incongruencias han quedado al desnudo en el intento de desarticular el Estado nación y, al mismo tiempo, promover nuevas estructuras financiadas por ese mismo Estado.

La Convención nos ha recordado cuán devastadoras pueden ser las consecuencias de la ceguera política. Frente a la crucial definición del 4 de septiembre, no podemos perderlo de vista. Si faltaban elementos de juicio respecto de quiénes se sienten completamente identificados con el proyecto de nueva Constitución, Daniel Jadue, excandidato presidencial del PC, admirador de Nicolás Maduro, los aportó el 12 de mayo en Twitter: “La Nueva Constitución está quedando hermosa. Ahora se consagra la educación y el trabajo decente como derechos. Estamos en un camino esperanzador para todo Chile. No es cierto lo que replican algunos medios, la derecha y la vieja política”.

En tal contexto, el gobierno parece arrastrado por una inercia autodestructiva, que revela que Boric y sus cercanos sacaron muy mal las cuentas al comprometerse incondicionalmente con la Convención. Allí está la frase para el bronce pronunciada el 14 de marzo: “Cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por 4 generales”.

Con todo el peso de la Presidencia de la República, Boric entregó un cheque en blanco a la Convención, lo cual fue la negación de su responsabilidad como mandatario. Alentado por su votación de segunda vuelta, parecía convencido de que el único resultado posible en el plebiscito de salida era el triunfo del Apruebo, y que su apoyo estaba inclinando definitivamente la balanza.

En ese compromiso influyó, por cierto, la interpretación eufórica del lejano plebiscito de entrada, (mayo, 2020), que llevó incluso a bautizar la alianza del FA y el PC como “Apruebo Dignidad”. Era la embriagadora sensación de navegar con el viento a favor. Hasta que cambió la dirección del viento, y las encuestas empezaron a mostrar a Boric y la Convención hermanados en la desaprobación.

Nada ha incrementado tanto el Rechazo como la soberbia y el sectarismo de los colectivos de la refundación; la lectura de los artículos aprobados; la percepción del derroche de recursos públicos que ha significado la Convención, etc. Capítulo aparte ha sido escuchar a Atria, Bassa, Daza, Barraza, Vieira, Loncón y otros, los ideólogos incombustibles de la operación de reingeniería del país. No imaginan cuánto han fomentado los motivos para rechazar. En ese cuadro, ha sido lastimoso el papel de los partidos de la antigua centroizquierda, convertidos en segundones de un experimento que avanza inexorablemente hacia el fracaso.

“Al examinar los problemas políticos –afirma el politólogo italiano Giovanni Sartori- hay que tener presente que los medios son escasos, que su empleo es alternativo y que la puesta en práctica de un cierto medio (material o instrumental) puede producir inesperadamente una reacción en cadena que escape a todo control y produzca consecuencias no previstas ni deseadas”.

Es exactamente lo que ha sucedido con la Convención. Los aprendices de brujo desataron un torbellino que no fueron capaces de controlar. Atria dice ahora que no hay que esperar un texto perfectamente escrito y que, además, no todos los convencionales estuvieron a la altura. Frescura constituyente. No obstante, provocaron también otra reacción en cadena: la que está teniendo lugar en estos mismos momentos en la sociedad civil a través de múltiples formas de oposición al estrambótico proyecto de la Convención. Todo indica que, en septiembre, habrá cientos de razones para decir NO.

Cualquier ciudadano puede percibir que las fuerzas que controlan la Convención son más o menos las mismas que están en el gobierno. Así, será inevitable que, al momento de votar, muchos ciudadanos tiendan a rechazar el paquete completo: a sus ojos, el texto propuesto por la Convención será “La Constitución de Boric”.

El gobierno pudo evitar esa simbiosis, pero se metió voluntariamente en una trampa. Aunque los ministros Mario Marcel y Nicolás Grau han tratado de convencer a los ciudadanos de que, en materia económica, no hay nada de qué preocuparse, en realidad sobran los motivos. Los partidos oficialistas ya están embarcados en una campaña del Apruebo que se apoyará en generalidades como justicia, igualdad, dignidad, derechos garantizados, etc. para evitar que los electores reparen en los contenidos del proyecto. Mientras tanto, en La Moneda especulan acerca de lo que puede venir si triunfa el Rechazo.

Qué difícil debe ser navegar contra la corriente en los mismos momentos en que se va perdiendo la fe.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Ex Ante, el domingo 15 de mayo de 2022.

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