La verdad es que ni siquiera combinando los refranes “la realidad siempre supera la ficción” y “las cosas siempre pueden ser peor”, es posible aquilatar las increíbles propuestas que semana a semana surgen de la labor de la Convención Constitucional, al punto que no se acaba de salir del estupor de una, para caer en el que produce la siguiente idea que emana de dicha entidad.

Si bien la lista se va haciendo excesivamente larga (multinacionalismo, fragmentación del país, sistemas judiciales y estatutos jurídicos paralelos, destrucción de la inversión y de la propiedad privada, graves atentados contra la libertad de expresión, la consolidación de un Estado asfixiante, etc.), quisiéramos llamar la atención respecto de la propuesta de consagrar el aborto libre y sin plazos, pues creemos, es un buen botón de muestra de lo que está pasando y de lo que se puede esperar de este proceso político-jurídico.

En efecto, al hacer una propuesta semejante (es decir, poder abortar libremente hasta los nueve meses de embarazo y sin esgrimir justificaciones, salvo la mera voluntad), ello muestra muy a las claras la verdadera dimensión en que está operando la Convención, dada la absoluta falta de contrapeso de su sector más radical, lo que hace, literalmente, que dicho sector se considere dueño y señor absoluto del país y de su futuro. Una peligrosa muestra de lo que ocurre casi sin excepción cuando no existe un adecuado equilibrio en cualquier institución ni fiscalización a su respecto.

En este caso, la Convención estima que puede hacer literalmente lo que quiera, sin importar e incluso contra el sentir y tradición de buena parte o incluso de la gran mayoría de la sociedad chilena. En el fondo, actúa como una especie de Demiurgo que puede moldear a su antojo el material con el que trabaja, cual arcilla, y creyéndose además con derecho a hacerlo.

Sin embargo, de ahí a pasar a propuestas delirantes no hay más que un paso. Piénsese, para volver al caso de la lamentable propuesta respecto del aborto libre, que esto colocaría a Chile al borde de la legalización del infanticidio. En efecto, ¿qué diferencia tiene abortar a un niño de 8 meses de gestación que matar a otro de dos meses de nacido? Y obviamente, la objeción de conciencia desaparece ante esta aberración.

Pero además (y esto llama profundamente la atención), la Convención está actuando como si tuviera el triunfo asegurado, como si no abrigara dudas que su propuesta será acatada, incluso por una gran mayoría; en buen chileno, como si ya estuviera todo cocinado de antemano. Sólo eso explica que no tenga empacho alguno en hacer las propuestas más disparatadas sin siquiera arrugarse, sin el mayor disimulo, incluso con prepotencia. Desde su perspectiva, estiman que se les ha dado un cheque en blanco que les permite con total seguridad, hacer realidad todo lo que desee el grupo dominante que yace en su interior.

La verdadera pregunta que queda por hacer es si realmente el pueblo tiene algo que decir en todo esto; o si se prefiere, si nuestra democracia funciona, e incluso si existe. Lamentablemente, a momentos da la impresión que se ha convertido en un simple trámite validador de las decisiones de quienes detentan el poder, de manera sumisa y obediente, para darle legitimidad. ¿Habremos llegado tan lejos?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián.

    

El pleno de la Convención Constitucional ha aprobado por más de dos tercios varios artículos sobre derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida: “Toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna persona podrá ser condenada a muerte ni ejecutada”. Vemos que desaparece la regla actual de que “la ley protege la vida del que está por nacer”.

No contentos con ello, los convencionales aprobaron otra norma para consagrar los derechos sexuales y reproductivos. Se incluye en ellos “el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción”. No vemos cómo se puede garantizar la decisión libre sobre el placer o la anticoncepción.

Lo más inquietante viene en el párrafo siguiente: se dispone que el Estado garantiza el ejercicio de dichos derechos sin discriminación, con enfoque de género, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, “asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para… una interrupción voluntaria del embarazo…”. Se agrega que se “garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones”.

Ya es curioso que se hable de mujeres y personas con capacidad de gestar, aunque lo más grave es que se haya aprobado que el Estado debe asegurar la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier momento y libre de interferencias de terceros, lo que denota que no se podrá oponer ni siquiera objeción de conciencia.

Se ha dicho que el aborto será limitado por la ley, pero, dado el tenor imperativo de la norma, no puede sino concluirse que estamos ante la consagración constitucional del aborto sin causales y durante todo el embarazo. Tendríamos la única Constitución en el mundo que desconoce tan radicalmente la vida humana prenatal.

Se trata de un precepto totalitario que contradice otras normas y principios aprobados en la misma sesión plenaria. Por ejemplo, que “los derechos fundamentales son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes entre sí”, que Chile “es una República democrática, solidaria y paritaria que reconoce como valores… la igualdad sustantiva de los seres humanos”, y que el genocidio será imprescriptible y no amnistiable. ¿No son los niños y niñas en gestación seres humanos con igualdad sustantiva, derecho a la vida y a no ser exterminados por un genocidio in utero? Se habla mucho de la protección y derechos de los animales y de la naturaleza, pero ¿no es acaso el concebido al menos un ser sintiente que debe estar libre de tratos crueles? ¿Será el feto humano menos valioso que un animal?

El movimiento feminista ha hecho del aborto una falsa causa de emancipación de la mujer. Lo cierto es que el derecho a abortar no es más que una sibilina discriminación de una sociedad machista, porque deja sola a la madre y no la ayuda en su maternidad. Si ella decide tener el hijo, después se le dirá: ¿y por qué no abortaste? Durante un embarazo no deseado, la mujer será objeto de todo tipo de presiones para que elimine al hijo o hija que gesta. La sanción penal puede ser una defensa para que no incurra en esta conducta terrible y desgarradora que le causará un trauma que la acompañará de por vida, quiera o no reconocerlo.

Nadie recuerda que uno de los límites de la Convención es respetar los tratados vigentes. Aquí no se está respetando ni la Convención de Derechos del Niño, que dice que niño es todo ser humano menor de dieciocho años con un derecho intrínseco a la vida, ni la Convención Americana de Derechos Humanos, que dispone que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida” y que “este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”.

Si esta norma se mantiene —de hecho, ayer fue aprobada en particular—, muchas personas, incluidas mujeres que aprecian la vida de sus hijos en gestación —que son la inmensa mayoría, si bien silenciosa—, no podrán aprobar un texto constitucional como este porque se sentirán cómplices de los miles de minihomicidios y minifemicidios que se practicarán bajo su amparo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio, el miércoles 16 de marzo de 2022.

    

No solo no va a alcanzar la plata, es que no va a alcanzar la vida.

La eventual consagración constitucional de decenas y decenas de derechos -algunos evidentemente propios de la naturaleza humana y otros muchos ¡muchos!, un puro invento de la ingeniería social de las izquierdas- va a provocar el destino de recursos económicos tan cuantiosos como inexistentes.

Todos lo sabemos: los que nos oponemos a esa inflación y los que nunca han tenido reparos en provocarla. Las izquierdas lo saben, y en parte lo promueven justamente para producir el descuajeringamiento final de las estructuras humanas. No todas sus revoluciones comienzan con el derramamiento de sangre; algunas tienen su etapa inicial en el afán por tirar la plata la basura.  Sin racionalidad económica -en realidad, sin medios económicos-  al Estado sólo le queda postular la fuerza bruta. Para allá iban los allendistas, que ya se habían farreado la plata de todos, incluso la harina de todos. Y esas son las anchas alamedas que se nos propone volver a recorrer.

Pero no es sólo una cuestión de pesos. Es también materia de espíritus, de vida.

En efecto, el ser humano -en lo más profundo de su espíritu- no soporta una tensión continua y extrema como la que implica la inflación de los derechos que se le proponen, por decenas y decenas. No hay capacidad humana -simplemente no estamos hechos para eso- que pueda hacerse cargo de un ejercicio extenso e intenso de cuanto derecho se le ofrece a su alcance. Definitivamente no, no alcanzamos. Y quien lo pretenda, revienta; revienta de angustia por todo lo que aparentemente se está perdiendo de aprovechar, o revienta de empachamiento. Ya se sabe: nadie puede pedir la carta completa de un restaurante, aunque todos los platos le gusten; y no hay espíritu humano capaz de expandirse hasta un supuesto infinito en sus propias capacidades: chocará con sus obvias limitaciones, comprobará la angustia de su contradicción vital, terminará maldiciendo a quienes le prometieron el fuego eterno disfrazado de derechos.

Lo dijo Solzhenitsyn hace ya 30 años: “Solamente con la autolimitación podrá seguir existiendo la humanidad.”

Y nada diremos, por ahora, de la guerra de todos contra todos que se desata cuando se le dice al ser humano que tiene un derecho absoluto sobre todo. Hobbes ya lo explicó hace casi 400 años.