Crónica de una certificación

La ministra en visita que investiga miles de pensiones “no contributivas” (sin cotizaciones) otorgadas a exonerados políticos y que serían irregulares, sobreseyó a 54 parlamentarios de la Concertación, muchos de los cuales certificaron sin base que los postulantes tenían esa calidad, por no encontrarse completamente justificada la comisión de un delito. Aunque ella misma señaló que hubo “laxitud” al expedir los certificados.

Por Axel Buchheister 

El Presidente del Consejo de Defensa del Estado, organismo encargado de velar en juicio por los intereses fiscales y que no apeló a la resolución, nos explica: es que no se pudo acreditar que las certificaciones hayan sido “mendaces” (mentirosas). ¿No son mentirosas? Sorprendente, puesto que interrogados los parlamentarios, muchos no pudieron recordar de quiénes se trataban, dónde trabajaron ni nada sobre las certificaciones que otorgaron; esto es, cómo es que eran exonerados políticos. El contexto, por lo demás, refuerza la impostura: es posible que un parlamentario conozca a dos o tres exonerados, pero algunos dieron cientos de certificados.

Para justificarse, dieron variadas disculpas, que están lejos de justificar. Por ejemplo, la hoy senadora Isabel Allende emitió 598 certificados de exoneración política. Sin embargo, declara que no lo hizo ella, sino que habría sido su jefe de gabinete, usando un cuño (timbre) con su firma. Entonces, ella no tiene responsabilidad ni es problema suyo. ¿Y qué pasó con el jefe de gabinete? Que se sepa, nada.

Ahora bien, ¿si usted fuese con un certificado con un simple facsímil de firma a cualquier oficina pública para hacer un trámite, cree que se lo aceptarían? La respuesta –usted sabe– es un “no” rotundo. Entonces, ¿alguien siquiera va investigar al organismo público que cursó pensiones en esos términos? Parece que no, porque en Chile se instaló el doble estándar: cuando se trata de adictos a la Nueva Mayoría, difícil que se investigue o juzgue algo, menos a los parlamentarios. Esa es la realidad.

Y es que eran pensiones para la izquierda. El argumento es que fueron exonerados políticos durante el Gobierno Militar de la administración pública, de empresas del Estado o de empresas privadas que fueron intervenidas. No está demás recordar que el ex Contralor Ramiro Mendoza dictaminó que entre estas últimas estaba el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (sí, el MIR), un reconocimiento al emprendimiento. Pero nadie dice que muchos de esos despidos tuvieron lugar en un entorno de una grave crisis económica heredada, en que había una administración pública repleta de funcionarios innecesarios, empresas públicas deficitarias y que las privadas fueron intervenidas en forma ilegal en el gobierno de la UP, todo lo cual exigía de severos e indispensables ajustes. ¿Cómo saber cuáles fueron los despidos “políticos” en ese proceso? Imposible, pero se ideó la solución, que quizás de dónde salió, porque no está en la ley: los parlamentarios certifican. Lo que pasó después, no fue más que “la crónica de una certificación anunciada”, como cualquiera pudo predecir y hoy nadie quiere investigar.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.