Crónica ética de verdades distintas. Para que la verdad —toda la verdad— nunca muera

La pérdida de credibilidad del Poder Judicial, la erosión de la cosa juzgada y el uso selectivo de mecanismos de revisión han abierto una crisis que ya no es solo jurídica, sino ética: cuando la justicia cede a relatos, presiones y estándares diferenciados, deja de corregir errores y comienza a reproducir injusticias que comprometen la dignidad humana y el Estado de Derecho.

19 de enero de 2026 | 01:01

Imagen: elmontonero.pe

Durante años, en Chile, no se habló de crisis judicial. Se habló de justicia. De una justicia tardía, quizá imperfecta, pero necesaria. Se repitió hasta el cansancio que la justicia podía demorarse, pero que finalmente llegaba. Con el tiempo, sin embargo, algo comenzó a resquebrajarse. No por una sola sentencia ni por un caso aislado, sino por la acumulación persistente de señales que hoy ya no pueden ser ignoradas.

La propia presidenta de la Corte Suprema lo ha reconocido recientemente: existe una pérdida profunda de credibilidad del Poder Judicial. El diagnóstico, aunque relevante, no resulta novedoso. Lo inquietante es que ese reconocimiento no ha venido acompañado de una explicación clara sobre qué se va a corregir, qué se va a revisar y bajo qué criterios se pretende reconstruir la confianza perdida.

Desde una perspectiva ética —más allá de ideologías, banderas o trincheras— la pregunta central no es política, sino moral: ¿qué esperamos de la justicia cuando ella misma reconoce que algo no está funcionando bien?

Uno de los núcleos más sensibles de esta crisis es la erosión del principio de la cosa juzgada. Aquello que históricamente fue concebido como una garantía frente al abuso del poder punitivo —la certeza de que una causa cerrada no sería reabierta arbitrariamente— hoy aparece debilitado. No se trata de negar la revisión excepcional de sentencias cuando existen errores graves o pruebas nuevas. Esa posibilidad nació con un sentido profundamente garantista: corregir injusticias, no agravarlas.

Sin embargo, en la práctica reciente, muchas reaperturas han operado en una sola dirección. Se reabre para condenar, para aumentar penas, para incorporar nuevos imputados, incluso para revisar absoluciones firmes dictadas en democracia. Rara vez se reabre para disminuir condenas, corregir excesos o absolver. El mensaje implícito es devastador: recurrir puede transformarse en un riesgo, no en una protección. Cuando pedir revisión expone al condenado a un castigo mayor, el derecho deja de ser garantía y se convierte en amenaza.

Esta lógica no es neutra ni inocua. Tiene efectos concretos, crueles, profundamente humanos. Personas de avanzada edad, enfermos graves, hombres que ya no comprenden por qué están donde están, familias que viven en una espera interminable. Adultos mayores que mueren prácticamente encadenados a una cama, sin atención médica oportuna, aislados, despojados incluso de espacios mínimos de dignidad, como una biblioteca construida por ellos mismos con esfuerzo y modestia. Todo esto ocurre mientras se insiste en que el sistema funciona.

Y, sin embargo, frente a esa realidad, no ha habido indiferencia total. A la sombra del abandono institucional ha surgido una red silenciosa de humanidad. Personas que visitan a los detenidos cuando pueden, que les llevan medicamentos, libros, alimentos, monedas para poder llamar por teléfono. Otros acompañan a sus familias, organizan almuerzos en fechas especialmente duras como Navidad, Año Nuevo o cumpleaños. Algunos aportan recursos, otros tiempo, otros difusión. No hay heroísmo en ello; hay conciencia. Lo verdaderamente inquietante no es lo poco que algunos hacen, sino la comodidad de quienes no hacen nada y creen que reaccionar con un gesto digital equivale a compromiso.

En este debate resulta necesario dialogar con una advertencia legítima planteada por Francisco Martorell, director de El Periodista, cuando señala el peligro de evaluar la justicia solo según si los fallos nos gustan o no. Tiene razón. La justicia no puede ser una extensión de nuestras preferencias morales ni de nuestras afinidades políticas. Pero aceptar ese principio no obliga a renunciar a la crítica fundada. Existe una diferencia sustantiva entre rechazar una sentencia por incomodidad ideológica y cuestionar un sistema cuando se repiten estándares diferenciados, procesos excepcionales y mecanismos de revisión que parecen orientados más al castigo que a la corrección del error.

La duda razonable no es una amenaza al Estado de Derecho; es uno de sus pilares.

Este patrón, además, no es exclusivo de Chile. En otro país de la región, años atrás, un expresidente —José Mujica, en Uruguay— lo reconoció sin estridencias ni teorías conspirativas. Habló de un mea culpa tardío. Admitió que, en nombre de causas consideradas justas, se habían aceptado testimonios falsos para condenar a exuniformados. Dijo algo aún más incómodo: que ese camino, una vez iniciado, tendía a repetirse. Que se volvía mecanismo.

Ese mecanismo se observa también en nuestra historia reciente. El llamado caso Quemados es un ejemplo doloroso. Un oficial que nunca había sido condenado, absuelto en democracia, vio su causa reabierta décadas después. La reapertura se apoyó en testimonios contradictorios de exconscriptos, uno de los cuales reconoció posteriormente haber mentido e incriminado falsamente a un superior. Hubo versiones cambiantes, presiones mediáticas intensas, relatos televisivos instalados como verdad paralela al proceso judicial. Pese a todo, la condena se sostuvo. Incluso solicitar revisión significó un aumento de la pena. El mensaje volvió a ser el mismo: recurrir agrava, callar parece más seguro.

Paralelamente, existe otra historia, casi olvidada, que revela el reverso moral de este fenómeno. Guillermo Farías Pizarro, trabajador civil, fue gravemente quemado con ácido y bombas molotov lanzadas por grupos terroristas en una jornada de protesta en 1986. Su rostro y su vida quedaron marcados para siempre. A diferencia de otros, nunca aceptó modificar su testimonio para atribuir los hechos a militares, pese a que se le ofrecieron beneficios si lo hacía. Murió años después sin reparación ni reconocimiento estatal. No encajó en el relato. No mintió. Y por no mentir, quedó fuera.

Este mismo patrón de construcción anticipada de culpables no pertenece solo al pasado. Se repite hoy. El caso de Julia Chuñil lo demuestra. Tras su desaparición, antes de que la investigación judicial arrojara resultados, se instaló una narrativa cerrada de responsabilidad estatal y política. Hubo movilizaciones, denuncias internacionales, condenas públicas y presión social. El espacio público se transformó en tribunal.

Sin embargo, con el avance de la investigación, los hechos comenzaron a tensionar ese relato. Las diligencias judiciales se orientaron hacia entornos cercanos a la víctima, abriendo hipótesis que no coincidían con la acusación inicial ni con las certezas que habían movilizado a tantos. El giro no fue acompañado por la misma intensidad mediática ni por una revisión proporcional del juicio público ya instalado.

El caso de Julia Chuñil no se menciona aquí para imponer una verdad alternativa ni para absolver anticipadamente a nadie. Se menciona para advertir sobre un riesgo mayor: cuando una narrativa política o moral se instala como verdad definitiva antes del fallo judicial, la justicia queda atrapada entre la presión social y la necesidad de resistirla. Y cuando cede, deja de buscar la verdad para confirmar un relato. Ese es el punto de quiebre. No cuando la sociedad se moviliza —lo que es legítimo—, sino cuando deja de aceptar que la realidad puede ser más compleja que la historia que decidió creer. En ese momento, la justicia deja de investigar y comienza a ratificar. Y cuando eso ocurre, la duda ya no es una amenaza: es la última defensa frente al error irreversible.

Todo lo anterior conduce inevitablemente a una pregunta aún más incómoda que jurídica: la pregunta ética. Porque cuando los errores se repiten, cuando los mecanismos se consolidan y cuando las injusticias dejan de ser excepcionales, el problema ya no es solo institucional. Es moral.

¿Dónde estuvo la ética de algunos jueces que aceptaron testimonios frágiles, contradictorios o tardíos como prueba suficiente para destruir una vida? ¿Dónde la de fiscales que persiguieron una verdad posible, pero no necesariamente la verdad completa? ¿Dónde la de abogados que, en nombre de una causa, relativizaron garantías que deberían ser universales? ¿Dónde la de periodistas que reemplazaron la prudencia por el impacto, la investigación por el relato y la duda por la consigna?

Pero la pregunta no termina ahí. ¿Dónde estuvo —y dónde está— la ética de una ciudadanía que aplaude condenas anticipadas, que exige culpables inmediatos y que se moviliza con furia mientras cree, erróneamente, que la justicia se fortalece gritando más fuerte? ¿Dónde la ética de quienes reducen dramas humanos complejos a etiquetas simples y luego se desentienden cuando la realidad no confirma la historia que ayudaron a instalar?

La ética pública no prohíbe manifestarse ni denunciar. Lo que exige es algo más exigente: respeto por la verdad, por el debido proceso y por la dignidad humana, incluso —y sobre todo— cuando el acusado resulta impopular. Sin ese límite ético, la justicia deja de ser un espacio de razón y se convierte en un instrumento de validación moral del grupo más ruidoso.

Cuando todos los actores fallan éticamente al mismo tiempo —jueces, fiscales, abogados, periodistas y ciudadanos—, el sistema deja de corregirse a sí mismo. Se cierra. Se justifica. Se reproduce. Y entonces la injusticia ya no es un accidente: es una consecuencia.

La pregunta final es inevitable: ¿qué esperamos hoy de la justicia? ¿Qué esperamos de la Corte Suprema, de su nueva presidencia, del nuevo gobierno que se inicia? ¿Que todo quede igual? ¿Que se mire hacia otro lado? ¿Que se siga utilizando la reapertura como herramienta punitiva y no correctiva? ¿Que la prensa vuelva a reemplazar al proceso? ¿O que, por fin, se asuma que la credibilidad no se declara, se reconstruye corrigiendo injusticias concretas?

¿Que grupos interesados en mantener una conveniente verdad a medias se movilicen para impedir la llegada de una verdad completa? ¿Que el Instituto Nacional de Derechos Humanos continúe actuando con sesgos políticos y partidistas?

Más allá de izquierdas y derechas, de etiquetas gastadas, lo que está en juego es algo más profundo: la dignidad humana y la ética pública de una sociedad que ya se ha equivocado demasiadas veces. Cuando la justicia es tardía, selectiva y ensañada, deja de ser justicia. Y cuando la verdad se fragmenta en relatos convenientes, el deber ético es simple y exigente a la vez: no abandonar la duda, no abandonar a las personas y no abandonar la responsabilidad de seguir buscando la verdad completa.

Porque cuando ya ninguno esté vivo y sepamos lo que realmente ocurrió, la pregunta no será quién tenía razón, sino por qué no hicimos nada mientras aún era posible.

Christian Slater Escanilla