DD.HH.y coherencia

Al igual que para casi todo el mundo, la victoria del No en Colombia fue inesperada para el gobierno chileno. Confiados en un triunfo del Sí, tanto la Presidenta de la República como el canciller habían convocado a los colombianos a ratificar el acuerdo con las Farc. El llamado no sólo sorprendió porque implicaba una poco diplomática injerencia en la política interna de un país amigo, sino también por el contenido del acuerdo, que promovía una abierta impunidad y un conjunto de garantías políticas y económicas para quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos durante décadas a través de asesinatos, torturas, secuestros, narcotráfico, reclutamiento forzoso de niños, etc.

Es contradictorio que las autoridades chilenas estuvieran dispuestas a apoyar en Colombia lo que aquí en Chile jamás se han mostrado ni cerca de respaldar. Los militares que violaron los derechos humanos en Chile no reciben ni recibirán nunca los privilegios que pretendía otorgar el acuerdo negociado en La Habana a los milicianos de las Farc: suculentas transferencias de dinero, representación parlamentaria asegurada hasta 2026, estaciones de radio para difundir su mensaje y beneficios que hacían prácticamente imposible ir a la cárcel a quienes reconocieran sus crímenes, incluso los más graves. Por eso instituciones como Human Rights Watch se habían mostrado críticas, y según su director para las Américas, el chileno José Miguel Vivanco, “el acuerdo facilitaba la impunidad”.

La pregunta es por qué las autoridades chilenas se la jugaron públicamente por la opción de la impunidad. Una posibilidad es que Chile, en su calidad de acompañante del proceso de paz, se haya sentido responsable de lo que Michelle Bachelet y Heraldo Muñoz pensaban era un final feliz. Otra, que hayan querido complacer al Presidente Juan Manuel Santos. O que hayan pensado que apostaban sobre seguro, porque el Sí ganaba de todas maneras según todas las encuestas.

Todas estas hipótesis, sin embargo, apuntan a explicar los motivos de la irreflexiva intromisión en un asunto de política interna, pero no resuelven la interrogante más profunda: ¿Por qué lo que parece admisible allá lejos en Colombia resulta impensable acá en Chile, en especial cuando se trata de asuntos de validez universal como los derechos humanos?

Suele ocurrir que banderas como la de los derechos humanos son levantadas con más frecuencia y fuerza para defender a los que piensan como uno y postergadas cuando se trata de apoyar a quienes son rivales políticos. Obviamente, las guerrillas izquierdistas de las Farc están más cerca del corazón de la Nueva Mayoría que los militares presos en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos. Como decía George Orwell en Rebelión en la Granja, resulta que todos los animales son iguales, pero hay algunos más iguales que otros. La manifiesta incoherencia podría haber sido soslayada si se hubiera seguido una de las reglas básicas de la diplomacia: no opinar sobre la política interna de otros países. Pero esa también es una norma extraña para un gobierno que ha mostrado igual imprudencia ante el proceso de juicio político contra Dilma Rousseff en Brasil y en las recientes elecciones argentinas.

Por Juan Ignacio Brito; Publicado en La Tercera